por Franz Chávez
Por la vía de los hechos, 36 pueblos indios bolivianos han logrado imponer gobiernos propios en tierras que por siglos les han pertenecido. Ahora, el gobierno boliviano reconoce legalmente a las autoridades indígenas y entrega títulos de tierras comunitarias de origen
La Paz, Bolivia. En un proceso sin retorno, los pueblos indígenas de Bolivia comenzaron la marcha hacia la creación de gobiernos autónomos, regidos por sistemas y cosmovisión anteriores a la dominación española.
Un total de 36 grupos étnicos, donde los aymaras y quechuas son mayoría, tienen como objetivo autogobernarse en los territorios que ocupan y en los que el gobierno del también indígena Evo Morales ha cedido a título de tierras comunitarias de origen.
La nueva Constitución Política del Estado, vigente desde febrero de 2009, reconoce las formas de autonomía departamental, regional y municipal, así como la llamada indígena originaria campesina.
Simultáneamente a las elecciones para integrar la Asamblea Legislativa Plurinacional (parlamento) y presidenciales del 6 de diciembre de 2009, cuando Morales fue reelegido, los departamentos (provincias) de Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí también aprobaron en las urnas la autonomía administrativa de cada uno de esos distritos.
Ya habían seguido igual ruta, en 2006, los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, que conforman la llamada Media Luna Oriental. Ahora, los nueve departamentos del nuevo Estado Plurinacional de Bolivia tendrán el mismo rango por el resultado favorable de esos plebiscitos.
En esa instancia electoral, también la innovadora carrera por las específicas autonomías indígenas originarias campesinas ha marcado sus primeros pasos con la consulta democrática a los habitantes de 12 municipios, de los 327 existentes en todo el Estado boliviano.
Los datos, procesado por el Órgano Electoral Plurinacional, determinaron que 11 abandonan su condición de municipios y pasan el rango de autonomías indígenas.
Un seminario organizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) examinó los alcances de las autonomías indígenas originarias y los procesos políticos del movimiento indígena en Bolivia y en el resto de América Latina.
El debate sacó a flote el rechazo de los dirigentes de pueblos originarios a continuar con el modelo municipal, por lo cual exigen una forma de organización basada en las antiguas culturas, cada una con su particular modo de gobierno basado en las costumbres centenarias.
Un resurgimiento de la corriente indigenista en Bolivia, entre las décadas de 1980 y 1990, se vio fortalecida con los resultados del Censo Nacional de Población que en 2001 determinó que más del 60 por ciento de los habitantes del país se adscribía a un grupo cultural originario.
A nueve años de esa encuesta y tras la llegada del aymara Morales a la presidencia de Bolivia, en enero de 2006, los sectores conservadores generaron otra corriente que prefiere hablar de un país con alto porcentaje de mestizaje, en lugar de una población con elevada participación indígena.
En el municipio de Tinguipaya, del suroccidental departamento de Potosí, el presidente del Consejo Orgánico del Ayllu Urinsaya, Paulino Menacho Fernández, tiene el firme deseo de constituir una autonomía indígena originaria ajena o en lugar del actual gobierno municipal, según expresó a IPS.
Un gobernador que tiene el nombre de “Kuraka” debe reemplazar al alcalde bajo una autonomía indígena originaria, comenta entusiasta por la posibilidad de crear un modo de gobierno propio.
La cultura ancestral de estos pueblos originarios señala que el gobernador es elegido del seno de una familia, la cual cumple un ciclo y transfiere el mando a otra, bajo la modalidad de rotación (muyu).
La máxima autoridad se encarga de cuidar por el bienestar común, realiza negocios con otras regiones y vela por mantener en buen estado los servicios de riego y otros relacionados a la producción.
El gobernador acompañado de su esposa (mama t’hala) se rodea de colaboradores de las 27 comunidades a quienes atribuye funciones específicas para vigilar el buen desempeño productivo sobre las 80 mil hectáreas de tierra que se distribuyen entre valles, altiplanos y zonas rocosas que se elevan hasta los 4 mil 350 metros sobre el nivel del mar.
Pero Menacho Fernández está preocupado por la falta de tierra para los 16 mil habitantes de la comuna, a quienes se podría asignar como máximo parcelas de 200 metros cuadrados, insuficientes para sostener a la región mediante la agricultura, considerando la variedad de terreno que incluye zonas accidentadas.
Ante esa eventualidad, los miembros de los ocho “ayllus” desean una redistribución de los ingresos por coparticipación gubernamental que ascienden a 1.7 millones de dólares aproximadamente, de los cuales actualmente sólo perciben la mitad y tienen dudas sobre el destino del resto de dinero.
A ello desean agregar y crear ingresos por derechos de explotación de minerales, piedra caliza, agua y otros recursos naturales.
El ingreso de empresas a la zona no está excluido, pero a cambio de contratos de explotación y pago por arrendamiento en términos razonables.
A cientos de kilómetros de allí, en la zona selvática y de llanuras del norteño departamento de Beni, el secretario general de los Pueblos Étnicos Moxeños del Beni, Francisco Maza, estima que el momento de los gobiernos propios ha llegado.
Para los habitantes de estas zonas ricas en madera, vegetación y agua, la lucha nació en 1990 cuando marcharon 640 kilómetros desde Trinidad, la capital departamental, hasta La Paz, la ciudad sede del gobierno nacional, con la demanda por tierras y la Asamblea Constituyente.
“Pedimos ser autónomos no sólo en el uso del territorio, sino en la obtención de utilidades por la explotación de la madera y otros recursos de la región”, dijo a IPS el dirigente indígena.
Por ahora buscan una legislación administrativa apegada a los valores sociales y culturales dirigidos a un desarrollo científico y tecnológico con identidad propia y modos de gobierno de los pueblos originarios.
El pueblo moxeño, del cual es miembro Maza, se gobierna por un cabildo que representa a una casa del pueblo, dirigida por un corregidor, y otra autoridades, elegidas por aclamación y no por voto individual.
Pero otros 29 pueblos orientales tienen su propio modo de gobierno, cada uno diverso, y representan el desafío de ese rompecabezas que queda por armar en materia de legislación que aún se encuentra en fase de proyecto marco.
Gran parte de las tierras de Moxos están bendecidas por la riqueza petrolera, abundante cantidad y variedad de madera, una biodiversidad envidiable, y representan la esperanza de habitantes que emergen para escribir su historia.
El investigador del Cedla para las Políticas Públicas, Juan Luis Espada, anticipó a IPS que, en el futuro, el Estado debe aumentar las transferencias de dinero a las nuevas autonomías indígenas, porque serán pocas las que obtengan regalías adicionales por otros conceptos como la explotación de petróleo.
Anuncia un camino de aprendizaje en materia administrativa, en la captación de nuevos ingresos por la creación de impuestos regionales, en la asignación de competencias y funciones, en la medida de las capacidades administrativas de cada gobierno autónomo.
Hay muchos desafíos políticos y sociales en la búsqueda de un modelo que responde a las demandas históricas de pueblos que exigen atención del gobierno y desean participar en la administración del aparato estatal, expresó Espada.
Franz Chávez
martes, 23 de febrero de 2010
Bolivia: autonomías indígenas en camino
jueves, 17 de diciembre de 2009
Panamá: gobierno nacional desaloja a comunidades de pueblos originarios, para entregar sus territorios a las transnacionales y terratenientes
Comarca Ngäbe Bukle y Campesino - República de Panamá
Celio Guerra Miércoles 16 de diciembre de 2009
INFORME ESPECIAL
Luego de la caminata que emprendiéramos un conjunto de organizaciones de pueblos originarios Nasos, Ngäbes, Bukles y campesinos desde el 17 de septiembre hasta el 6 de octubre, desde San Félix Chiriqui hasta la ciudad de Panamá, caminando más de 400 km, con miras a llamar la atención al gobierno nacional, acerca de un sinnúmero de problemas relacionados al acaparamiento de tierras y recursos que están sucediendo en la comarca Ngäbe Bukle, por parte de transnacionales mineras, hidroeléctricas, terratenientes y empresas dedicadas al turismo transnacional.
La Respuesta del actual gobierno fue la indiferencia y el órgano ejecutivo dirigido por Ricardo Martinelli no nos recibió el dia 12 de octubre del 2009, para escuchar nuestras demandas.
La comisión de diputados que nos atendió, dirigido por el Diputado Lepoldo Archibold, propuso estudiar el contenido de pliego presentado para dar respuestas posteriormente, sin establecer un tiempo; pero que ellos llamarían a los dirigentes para dar las respectivas respuestas.
En la práctica ha habido respuestas con respecto al pliego, pero no la que esperaban las comunidades de pueblos originarios y campesinos; sino aquellas que favorecen a las empresas transnacionales y a los terratenientes. Las cuales citamos a continuación.
TERRATENIENTE PRETENDE ACAPARAR TIERRAS DE NGÄBES BUKLE
Por el conflicto de tierras en Quebrada de Oro, cerca de Cerro Pelado, el día 8 de noviembre Rolando Morales Araúz terrateniente residente en Bugaba, Chiriquí, con arma de fuego en mano asesina al compañero Ngäbe Bukle Bernardo Pascasio de 55 años, residente en la comunidad de Cerro Pelado, quedando huérfano su esposa y sus 6 (seis) hijos.
El asesino también incendia la vivienda de los compañeros Victor Aguila y Victoriano Aguila quienes fueron recluidos por graves quemaduras en el Hospital chicho Fábrega de Santiago de Veraguas.
El terrateniente pretende acaparar 48 hectáreas de tierras ocupadas muchos años antes por los indígenas, situación a la cual las autoridades le han puesto oídos sordos.
SEGUNDO DESALOJO DE LOS NASOS
El día 19 de noviembre más de 200 hermanos de la etnia Nasos son desalojados por la Policía Nacional en el sector de San San Drui, en Bocas del Toro por órdenes del gobernador de la provincia. Luego los empleados de la Ganadera Bocas S.A. arrasan con maquinaria las viviendas y pertenencias de las familias Nasos desalojados, todo esto con la complicidad y bajo la protección de más de 200 unidades de la policía antimontines.
Los compañeros Nasos han estado a la interperie sin techo y agua y alimentos.
TERCER DESALOJO DE FAMILIAS AFECTADOS POR ACTIVIDADES MINERAS
El día 20 de noviembre en el sector de Quebrada Hacha, cerca de Soloy, la Policía Antimotines volvió a desalojar a las familias Ngäbes afectadas por las crecientes del Rio Fonseca en el año 2008, producto de las actividades mineras que han deforestado la cuenca alta de los ríos, rociado desfoliantes sobre los árboles y dinamitado una serie de lugares y sitios de perforación.
Hasta el momento el gobierno nacional no ha brindado ninguna respuesta concreta al problema que enfrentan estas 512 personas humildes, de contar con una parcela donde puedan construir una viviendas y tener los demás servicios sociales.
SE ANUNCIA INICIO DEL POLÉMICO PROYECTO MINERO DE CERRO COLORADO
El Lunes 23 de noviembre anuncio de la exploración minera en cerro Colorado. El gobierno de Ricardo Martinelli, a través del Ministro de Comercio e Industria anuncia el interés de este gobierno de Cambio Democratico de reiniciar las actividades mineras de Cerro Colorado, sin considerar los posibles impactos negativos sobre la cultura y el pueblo Ngäbe Bukle.
Este proyecto significaría la muerte de los ríos Cricamola (80 km) y el Rio San Félix y el peligro inminente sobre las poblaciones que se ubican al margen de estos ríos. La empresa Corriente Resources, es la encargada de realizar el trabajo sucio de dividir a las comunidades, prometer cosas que el gobierno debe realizar y de comprometer a los indígenas en abierta violación a la Ley 10 del 7 de marzo de 1,997, para que cedan sus tierras a las exploraciones y explotación minera.
PRETENDEN DESALOJAR INDIGENAS QUE UTILIZAN AGUAS TERMALES PARA MEJORAR SU SALUD
En la política de desalojar a los indígenas de sus recursos colectivos y de medicina tradicional, cierne una amenaza de desalojar a los indígenas Ngäbe Bukles que utilizan los pozos termales ubicados en la comunidad de Galique, área anexa a la Comarca Ngäbe Bukle.
El objetivo según las autoridades es convertir este pozo en piscina que para sean utilizadas por los turistas para su curación y en donde se desarrollaran un complejo hotelero para turistas nacionales y extranjeros; pero que impedirá que las comunidades sigan utilizando estos recursos para curar sus padecimientos.
BAJO INTIMIDACION, ARBITRARIEDADES Y REPRESION AVANZA EL PROYECTO HIDROELECTRICO SOBRE EL RIO CHORCHA
Al amparo del terror avanza el proyecto Hidroeléctrico sobre el rio Chorcha, en donde la empresa colombiana AGUA Y ENERGIA S.A. y CODESA S.A., cuyo dueño es José Levy Levy, y sus empleados han venido ejerciendo actuaciones de terrorismo paramilitar en contra de las comunidades y vecinos opuesto al citado proyecto.
Dos agentes de seguridad privado han sido armados por CODESA S.A., quienes han estado intimidando a familias que tienen terrenos en el sitio del proyecto, para que se vayan; portando armas de fuego han ido a las viviendas de los indígenas a pedirles que negocien o perderan todo e inclusive se han dedicado amenazar de muerte a algunos de los jefes de familia.
Los señores Marin Cubilla y Ramón Contreras que son empleados de CODESA S.A., golpearon a la señora Juana Cianca de 56 años, quien fue al campamento a preguntar acerca del proyecto. Otro individuo que provoca amenaza contra los moradores es Felipe Palacio promotor de la represa, quien reside en San Lorenzo. Y como si esto fuera poco el día 1 (uno) de diciembre en una reunión realizada en la comunidad de Emplanada de Chorcha el gobierno envío una unidad de la Policía Nacional disfrazado de civil, quien portaba arma de reglamento, para que se infiltrara y recogiera información de la reunión que se estaba dando.
Ésta reunión fue convocada por la empresa CODESA, que no asistió. El mismo día cerca del campamento, en el camino real, que conduce de Los Angeles de Gualaca a Quebrada Arena- Comarca Ngäbe Bukle, fueron amenazados de muerte un grupo de alrededor de 30 indígenas, por el Capitan Quiel, a eso de las 7:00 PM, quien estaba con alrededor de 10 unidades de la Policía Nacional, so pretexto de estar en propiedad privada y que tenía orden de matar a cualquier cosa que se moviera.
Mientras la empresa CODESA S.A. llama a las comunidades a dialogar y no asiste, envía sus maquinarias, equipos para continuar con el proyecto hidroeléctrico; el gobierno por su parte envía las fuerzas policiacas represivas del estado panameño.
Todo apunta a que la comunidad de Quebrada Arena, será ocupada por las fuerzas antimontines, para que luego la empresa colombina ingrese a la comarca Ngäbe Bukle para adueñarse de las tierras, ríos, bosques,etc. Actualmente la Policia Nacional ha creado un estado de sitio en los alrededores del proyecto en Rio Chorcha y tiene órdenes de matar a cualquiera que se avecine al proyecto.
GOBIERNO INCUMPLE MEDIDA CAUTELAR DICTADA POR LA CIDH, EN EL CASO DEL PROYECTO HIDROELECTRICO CHAN-75 Y LA EMPRESA AES AVANZA A DIESTRA Y SINIESTRA CON EL CITADO PROYECTO
El actual gobierno de Ricardo Martinelli ha incumplido con la medida cautelar dictada por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), en abierta violación a los convenios internacionales que rigen en materia de los Derechos Humanos y sobre todo el convenio 107 de la OIT, ratificado por Panamá.
La jugada del gobierno fue aparentar la firma de un acuerdo con supuestos afectados por el proyecto, quienes en realidad fueron o son trabajadores de la empresa AES, todo esto para desviar la atención en materia de violación de los derechos humanos que sufren los Ngäbes que residen en la cuenca del Rio Changuinola a manos de la empresa AES, la Policia Nacional y el mismo gobierno nacional.
El proyecto avanza a punta de dinamitazos y movimientos de maquinaria cercano a las viviendas de las familias Ngäbes, sin consideración alguna, a pesar de la oposición que tienen todavía residentes de las comunidades de Charco La Pava, Guayabal, Changuinola Arriba y diversas organizaciones ambientalistas, ONG’S y sectores populares panameños.
El pueblo Ngäbe Bukle ha reclamado por años estos territorios que no se han incorporado a la comarca Ngäbe Bukle, pero que de un plumazo fueron entregados más de 6,000 hectáreas por la ANAM, a la empresa AES, todos estos territorios pertenecientes a los Ngäbes que lo han ocupado desde hace mucho tiempo, pero que le fueron negados los derechos posesorios por que fueron incluidos de manera arbitraria dentro de un Parque Nacional, ahora queda como propiedad privada de una transnacional norteamericana.
LOS PUEBLOS ORIGINARIOS SEGUIMOS ESPERANDO RESPUESTA
Mientras las comunidades de pueblos originarios afectados por los terratenientes, empresas mineras, hidroeléctricas y de turismo esperan respuesta del actual gobierno de Ricardo Martinelli, el mismo ha dicho que continuará con estos proyectos de muerte iniciadas bajo el gobierno anterior del PRD (Martin Torrijos).
Mientras llegan las respuestas positivas del gobierno hacia las comunidades afectadas, las transnacionales levantan sus campamentos, ingresan maquinarias, violan derechos de domicilio, libre tránsito y atemorizan a las humildes familias indígenas y el gobierno por su parte defiende a la empresa, enviando las fuerzas represivas del estado como son los anti-motines y la policía fuertemente armada con M-16, que imponen estados de sitio y protegen las actuaciones de las transnacionales en Rio Chorcha en detrimento de las honras y bienes de los verdaderos panameños.
BASES MILITARES DE E.U. CERCA DE TERRITORIOS INDIGENAS PARA PROTEGER A LAS TRANSNACIONALES GRINGAS
Por otra parte es preocupante que en los lugares de conflictos o cercanos a ellas; entre transnacionales y las comunidades indígenas, el gobierno pretende instalar bases militares norteamericanas, supuestamente dirigida por panameños, pero con equipo norteamericano y personal preparado por los Estados Unidos.
Esto más que resolver la situación puede agravarlo. Estos hechos son parte de las políticas de concesiones de tierras de la comarca hecha a las transnacionales norteamericanas con fines económicas, realizados por el anterior gobierno P.R.D.
Ahora estas transnacionales en asocio con algunos panameños para salvaguardar sus intereses le han exigido al actual gobierno que otorgue concesiones militares, para salvaguardar sus intereses en la región. Estas bases militares se ubicarían en Chiriquí Grande Y Bocas del Toro, cerca a las operaciones de la empresa Dominions Minerals, Bell Haven, Aurum Exploration, Cuprum S.A., AES Changuinola (AES E.U.), dueños de hidroeléctricas y mineras en la comarca Ngäbe Bukle y los nuevos proyectos como Cerro Colorado, en donde existen orden de desalojo contra cientos de familias Ngäbes en el archipiélago de Bocas del Toro, Rio Changuinola y Chorcha.
El actual gobierno parece estar dispuesto a entregar los territorios indígenas a los extranjeros y desalojar a los pueblos originarios de sus bienes, mediante el uso de la fuerza, apadrinando las actuaciones paramilitares y terroristas de las transnacionales y de ser posible con el apoyo del ejército yanqui. Las transnacionales en complicidad con el actual gobierno por su parte ha lanzado una serie de persecuciones legales en contra de los dirigentes opositores a los proyectos de muerte, tal es el caso de Rio Chorcha y Cerro Pelado.
Si el gobierno hubiese atendido a los indígenas para solucionar sus problemas a esta fecha no hubiera ninguna muerte, cuantos muertes más debemos poner el pueblo Ngäbe Bukle, para que las autoridades nos escuchen y respeten los territorios ancestrales de los pueblos originarios.
El pueblo Ngäbe Bukle sigue esperando el cambio, pero no el continuismo impulsado por los mismos partidos políticos burgueses de siempre, como sucede actualmente con el gobierno del supuesto cambio encabezado por Ricardo Martinelli, quien fue parte del gobierno PRD (1994-1999) y del gobierno Arnulfista (2000-2004). Grupos politiqueros como estos solamente han engañado a los pueblos originarios y al pueblo panameño; se han rotado en el poder desde 1903, cambiando de bandos políticos y económicos, para sucederse en la presidencia de la República, manteniendo su actitud y práctica entreguista y vendepatria.
El cambio que esperamos los pueblos originarios es el respeto a nuestra etnia, nuestros territorios y sobre todo que nuestros derechos ancestrales, políticos, económicos, culturales, ambientales y sociales sean respetadas y nos permitan decidir acerca del destino de nuestro territorio y el país en general.
Frente a esta situación el pueblo Ngäbe Bukle le hace un llamado a todos sus ciudadanos, los pueblos originarios y al pueblo en general a defender sus territorios y recursos colectivos, otorgados mediante la Ley 10 del 7 de marzo de 1,997; para que no sean acaparados y saqueadas por las empresas transnacionales, nacionales y terratenientes y especuladores de tierras, bajo el pretexto de sacar de la pobreza a los indígenas y el desarrollo del país.
“NUESTRA TIERRA NO SE VENDE, NUESTRA TIERRA SE DEFIENDE”
Por: Celio Guerra
Fiscal X Congreso General
Miembro de la Dirección Nacional de FRENADESO
COMARCA NGÄBE BUKLE Y CAMPESINO, 7 DE DICIEMBRE DE 2009
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domingo, 26 de julio de 2009
Indígenas sudamericanos buscan patentar los conocimientos ancestrales
Por Argenpress -
Organizaciones sociales de Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia plantearán a sus gobiernos que los conocimientos ancestrales sean patentados para su protección ante el posible saqueo extranjero de este patrimonio cultural mediante acuerdos como el Tratado de Libre Comercio (TLC).
Con ese objetivo, las organizaciones se reunirán en la casa de retiro de Vinto en Cochabamba en el "Encuentro Regional de los Pueblos Indígenas Originarios, Campesinos y Comunidades Interculturales", que considerará la propiedad intelectual y conocimientos tradicionales, a realizarse del 24 al 26 de julio.
A esta reunión asistirán autoridades del gobierno boliviano, como el canciller David Choquehuanca, además de representantes de la Unión Europea y del Fondo Indígena.
Se prevé crear el Observatorio de Propiedad Intelectual y Conocimientos Tradicionales que alcance a países de la Comunidad Andina (CAN), para que la "patentación" sea regional y no sólo de países.
El evento internacional es organizado por la Coordinadora de Organizaciones Indígenas, Campesinas y Comunidades Interculturales de Bolivia (Coincabol), instancia técnica del Pacto de Unidad integrada por la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb).
Las organizaciones sudamericanas que participarán son la Confederación de los Pueblos de Nacionalidad Quichua del Ecuador (Ecuarunari), la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígena (CAOI).
El coordinador de la Coincabol, Freddy Condo, señaló que existen grandes empresas transnacionales de países desarrollados como Europa que intentan patentar el germoplasma andino (material que se conserva como semillas, cultivo de tejido o plantas establecidas en colecciones de campo) para hacerlo parecer como si fuera suyo.
En el caso de la medicina tradicional, las corporaciones pretenden adueñarse de las pócimas, cuando en realidad esos conocimientos son parte de los usos, costumbres y cultura de los pueblos indígenas de Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia.
En el encuentro también se pronunciarán contra la decisión que tomaron los gobiernos de Perú, Colombia y Ecuador de negociar bilateralmente con la Unión Europea un TLC.
Jueves 23 de julio de 2009
www.argenpress.info/2009/07/indigenas-sudamericanos-buscan-patentar.html
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viernes, 24 de julio de 2009
Frente al avance de los movimientos indígenas, se recurre a la criminalización de sus protestas
La respuesta represiva de los Estados
Wilwer Vilca Quispe
Alai-amlatina
24-07-2009
El viernes 5 de junio una noticia conmovió al mundo: en la amazonía peruana, la represión policial provocó 34 muertes (24 policías y 10 indígenas). La indignación nacional e internacional ante esta matanza provocada por el Estado peruano se expresó de inmediato en una corriente de solidaridad pocas veces vista antes.
¿Cómo se llegó a esta situación? Desde el 2008, los pueblos indígenas de la amazonía venían pidiendo al Estado peruano el respeto sobre sus derechos territoriales, reconocidos por la Constitución e instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y en la primera semana de abril, los indígenas amazónicos se declararon en huelga indefinida exigiendo la derogatoria de varios decretos legislativos que atentan contra el derecho de posesión sobre su territorio.Sucede que el gobierno de Alan García, haciendo uso y abuso de las facultades conferidas por el Congreso mediante Ley 29157 con la finalidad de implementar el TLC celebrado entre el Perú y los Estados Unidos, emitió 102 decretos legislativos, ocho de los cuales afectan directamente los derechos de los pueblos indígenas, específicamente los derechos a la consulta previa e informada, a la libre determinación y a su territorio. Estas normas priorizan la inversión privada a costa desproteger a los pueblos y sin importar el derecho a la libre determinación sobre su desarrollo y forma de vida.Luego de 54 días de paro, obstinado en su negativa de solucionar el pedido de los pueblos, el 5 de junio el gobierno ordenó la intervención policial en la zona conocida como Curva del Diablo (Bagua, Amazonas), lo que provocó un enfrentamiento entre los indígenas que defendían sus derechos y los policías que tenían el mandato de poner orden e imponer los decretos legislativos del TLC. La represión no terminó (ni había empezado) ahí: fue seguida por la persecución judicial a los dirigentes indígenas, denunciándolos por secuestro, asesinato, alteración del orden social, entre otros graves delitos.NeoliberalismoLa criminalización de la protesta se inició en la dictadura de Alberto Fujimori. Y se fue agudizando al punto que en julio del 2007 el gobierno de Alan García emitió once decretos legislativos gracias a los cuales las fuerzas armadas son inimputables ante el uso de su arma reglamentaria cuando se trata de protestas sociales, es decir tienen licencia para matar; el bloqueo de carreteras o vías publicas puede ser condenado hasta con 30 años de privación de la libertad, pena más drástica a la que recibe un asesino; y las autoridades locales y regionales están prohibidas de apoyar las movilizaciones de sus pueblos, entre otras medidas que atentan contra el derecho nacional e internacional.¿Cuál es el meollo del asunto? La historia reciente muestra que en el Perú, desde el gobierno de Alberto Fujimori, continuado por Valentín Paniagua, Alejandro Toledo y el actual Alan García, se ha aplicado una política económica de libre mercado, diseñada para favorecer el crecimiento económico y la inversión privada, sin importar los derechos de los pueblos históricamente olvidados, discriminados y menospreciados.Esta política económica aplicada desde los años noventa, ha generado una serie de conflictos en todo el territorio nacional, principalmente por la presencia de empresas extractivas como las mineras, petroleras y forestales, que han incursionado en territorios de las comunidades y pueblos indígenas del ande y la amazonía sin el permiso ni la autorización de los pobladores, sólo con el consentimiento legal otorgado por los gobiernos, que declara los proyectos extractivos “de interés nacional” para que nadie se oponga a tales inversiones.A la fecha, según información de la Defensoría del Pueblo, se registran 47 conflictos mensuales, en 3300 comunidades afectadas, solo por la presencia de la actividad minera. Producto de estos conflictos, el gobierno viene persiguiendo a más de 740 líderes indígenas, a quienes se les imputan los más graves delitos con tal de silenciar y desarticular el sistema organizativo de las comunidades y pueblos indígenas.Lacra continentalEsta realidad no sólo se da en el Perú. Casos similares de criminalización, exclusión total y violación a los derechos de los pueblos indígenas se repite con las mismas fórmulas en países como Colombia, Chile, Argentina y Ecuador, por mencionar algunos en Latinoamérica.En Colombia la historia oscura de la actuación del Estado marca que desde 1974 hasta el 2007 un total de 339.323 indígenas Nasa en el departamento del Cauca afectados por asesinatos, lesiones graves, torturas, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, secuestro, violencia sexual, allanamiento, amenazas, entre otros. En el periodo de Álvaro Uribe (entre el 2001 y el 2006), 211 mil indígenas Nasa fueron victimizadas. Y; entre los años 2008 y 2009 los asesinatos a líderes indígenas no han parado, los últimos fueron el de Edgar Legarda, esposo de la líder del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) Aída Quilcue, que fue acribillado por las fuerzas militares. Sólo en el último periodo de gobierno de Alvaro Uribe se suma más de 1200 indígenas masacrados. Estos genocidios al que están sometidos los pueblos indígenas queda en la más absoluta impunidad.Dicho incremento en la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas está asociado con la expansión geográfica del conflicto y especialmente con la implementación de la política de Seguridad Democrática de los dos últimos gobiernos de Álvaro Uribe, cuya justificación es terminar con la presencia de las FARC, cuando se trata en realidad de la imposición de políticas económicas privatizadoras que benefician a las empresas transnacionales, especialmente forestales y mineras.“Democracia” chilenaEn el caso chileno, los pueblos indígenas mapuches, al igual que sus similares en otros países del continente, históricamente fueron sometidos al despojo de sus tierras. En el proceso de pacificación de la Araucanía (segunda mitad del siglo XIX), el Estado Chileno de manera unilateral despojó el 95% del territorio mapuche. Ya en el siglo XX, tras el golpe militar de Augusto Pinochet, las tierras dejaron de ser indígenas porque se entregó títulos de propiedad individual a empresas forestales.En los últimos años se expanden proyectos viales para favorecer a las empresas madereras que operan dentro de territorios de pueblos indígenas. También está la construcción de las hidroeléctricas que despojan aguas para desviar para el consumo de las empresas mineras y abastecimiento de las ciudades, dejando sin agua los campos agrícolas de las comunidades. Otro proyecto es el de la celulosa que desplaza a las comunidades aledañas al mar. Con todo esto, los pueblos indígenas ya no solo están negados del acceso a sus tierras sino hasta del mar.Por estas realidades, los pueblos mapuches se organizaron alrededor de la Iglesia Católica y en partidos políticos. El Estado reaccionó creando la Ley Antiterrorista, al amparo de la cual se procesa y encarcela a líderes indígenas. Entre noviembre de 2001 y octubre de 2003 se registraron 209 mapuches procesados, sólo en la región de la Araucanía. A esto se debe agregar la práctica común de allanamientos ilegales a las viviendas, detenciones, vigilancia policial, maltratos en operativos, interrogatorios sin ser procesados, torturas, etc.Expropiaciones en ArgentinaLuego de la crisis económica y social de fines del 2001, que se agudizó en el 2002, a partir de 2003 Argentina crece económicamente por la exportación, en especial de la soja. En ese contexto, de 2003 hacia adelante, el bienestar de la población dejó de ser prioridad para las políticas del Estado, que se concentró en las exportaciones con el objetivo de lograr un mayor avance del crecimiento económico, dejando de lado las políticas agrarias, de salud, educación y otros sectores.Pero las políticas de expropiación de territorios comunales no habían empezado con las crisis económica del 2001, sino desde años atrás. Entre 1995 y 2000, en el Chaco se vendieron más de 700 mil hectáreas de tierras, por lo que la provincia del Chaco tuvo que reformar su Constitución para detener la venta de tierras indígenas hasta que se entregue titulo de propiedad a los pueblos originarios. Sin embargo, hasta la actualidad no se otorga esos títulos, pero se sigue vendiendo territorio de pueblos indígenas a empresas transnacionales norteamericanas, sobe todo en el norte de Argentina, donde existen 1500 yacimientos mineros.En el norte, además de los hidrocarburos y la minería, esta la tala de árboles del monte nativo. En la provincia de Salta se tala 103 hectáreas por hora. Todo por la política económica que prioriza la inserción en la economía global de mercado.Producto de estos despojos de tierras, existen 347 conflictos indígenas que comprenden a un millón 300 mil hectáreas, sin considerar otros conflictos que no se reportan. Por ejemplo, en Santa Rosa se reclaman 535 hectáreas de territorio que fue despojado por la Compañía Benenton. Frente a las legítimas demandas de los pueblos indígenas, se criminaliza su protesta con persecución judicial, secuestro, tortura, vigilancia permanente, entre otras acciones.Respuesta globalEcuador, en el contexto del boom petrolero, los pueblos indígenas son perturbados por el desastre de la naturaleza, al punto que en la actualidad hay 30 mil personas afectadas y muchos casos de cáncer. En el periodo de Lucio Gutiérrez se empezó una ofensiva apostando por la inversión privada en el sector minero, producto de lo cual se llegó a asignar unas 4,500 concesiones. Este modelo de economía dejó como secuela un incremento en la deuda externa y la migración de alrededor de tres millones de ecuatorianos.Frente a estas políticas económicas, los indígenas levantan permanentes movilizaciones. En uno de los casos, en 1992, por defender la tierra fueron asesinados 18 líderes indígenas, inaceptable solución política dentro de un estado democrático y de derecho.Todas estas formas de operar por parte de los estados frente a conflictos sociales, se convierten en una plantilla en todos los países, que en vez de dar soluciones políticas y prevenir conflictos, lo que hacen es agudizar las crisis para luego justificar la intervención policial y militar con la finalidad de desarticular a las organizaciones indígenas.Además, no sólo es una forma de operar política y militarmente en contra de los pueblos indígenas, sino de desprotegerlos jurídicamente y negarles una adecuada administración de justicia. Todo bajo el silencio de los medios de comunicación de alcance nacional, que no visibilizan los problemas a los que se enfrentan los pueblos, excepto cuando estos son objetos de noticia policial o para burlarse de sus formas de vida, diferentes a las habitantes de las ciudades capitalinas.Por ello, frente a un problema global, la respuesta debe ser global: la articulación de los movimientos indígenas en el continente avanza, y con ella se fortalecen sus organizaciones y se unifican sus propuestas. La criminalización no detendrá su lucha contra la imposición de la economía neoliberal.* Este artículo se basa en los testimonios de líderes de organizaciones indígenas de los cinco países mencionados.- Wilwer Vilca Quispe, es M.Cs. Derechos Humanos, Especialista en Derecho de Pueblos Indígenas y Miembro del Consejo Consultivo de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas.
miércoles, 8 de julio de 2009
INDÍGENAS COLOMBIANOS: UNA IDENTIDAD TRANSGRESORA DE ESTEREOTIPOS
José Antonio Morán Varela
06 de julio de 2009´
“Los extraños no son una invención moderna, pero sí lo son los extraños que siguen siendo extraños durante mucho tiempo, tal vez para siempre” (Z. Bauman)
Desde los lugares más recónditos de Colombia, donde los fusiles siguen activos y el Estado se hace presente sólo para entorpecer, los indígenas reclaman el derecho a que nadie les robe su identidad. Ellos, los olvidados de entre los olvidados comparten con el movimiento indígena global una soterrada lucha tanto para salir de la impuesta invisibilidad como para huir de las domesticadas identidades en las que los vencedores les quieren colocar. Su lucha se opone a los planes que los poderosos tienen para ellos y que están a medio camino entre dejarles como reserva para el folclore y la caridad, o incluirles al mundo normalizado ya sea desde la tolerancia, los derechos humanos, la lucha de clases o el neoliberalismo. Tomando como referencia a los indígenas colombianos, el objetivo de estas líneas es preguntarnos hasta qué punto nuestros estereotipos sobre lo otro (lo diferente a nosotros) son inofensivas categorías gnoseológicas o larvados mecanismos ideológicos. Un artículo de José Antonio Morán Varela
Occidente construye al indio.
Cada sociedad estereotipa a su manera a sus marginados. La nuestra, en relación a los indígenas, siempre ha mantenido una incómoda aunque provechosa ambivalencia: de desprecio y miedo por un lado, y de exotismo y compasión por otro. En efecto, para que los primeros conquistadores de sus tierras, cuerpos y almas, consiguieran el beneplácito de sus coetáneos, construyeron al indígena como salvaje, dañino y retrasado; y para que los criollos independentistas con ideas liberales añadieran un plus de fuerza en su lucha contra el español y carta blanca para el expansionismo de los terratenientes, no dudaron en rescatar a los indígenas de la segregación proclamando su igualdad en los Decretos de Bogotá de 1818. Sin embargo la realidad mostró que con segregación o sin ella los indios eran abandonados a su suerte y en inferioridad de condiciones, máxime cuando de fondo latían las corrientes del darwinismo social que justificaban la desaparición del más débil como algo natural y moral. Fue a principios de XX cuando comenzó a desarrollarse una nueva sensibilidad indigenista que trataba de integrar al indio en la sociedad y los valores modernos como medio para evitar su atávica explotación. Poco a poco la construcción de la imagen del indio se impregnó de connotaciones positivas pasando a ser concebido como bueno por naturaleza, en armonía con su entorno natural, y poseedor de una sabiduría ancestral.
A nadie se le escapa que todos estos imaginarios están hechos desde los no indios para los indios, y que tienen algo en común: que brotan del dominador y sirven, con buena o mala fe, para perpetuar su poder. Y a poco que indaguemos se nos mostrará que incluso detrás de esta reciente concepción roussoniana -hoy compartida por organismos económicos, políticos, ONGs, universitarios, etc- también se esconde una concepción del indio como subdesarrollado y necesitado de ayuda y orientación. El problema está servido, ya que el poderoso no solo le estereotipa, sino que le indica el camino a seguir, occidental por supuesto, para abandonar su estado carencial. Ustedes son los que saben, pero nosotros les decimos cómo hacerlo, sería el contradictorio mensaje que se les envía.
Debemos constatar un error de base en todos estos planteamientos: el de definir lo indígena de una manera esencialista. Y tan esencialista puede ser pensarlos como rurales, analfabetos, frágiles, tristes, explotados o necesitados de ayuda, como hacerlo como sabios, fuertes, exóticos, alegres o guardianes de la naturaleza; el matiz está en ver estas categorías como fijas e inalterables. Ello, además de negar la evidencia de que dichos estereotipos son construidos, implica enclaustrar a estos hombres en esquemas inamovibles que evitan cualquier buceo en su robada memoria histórica, y lo que es peor, se les obliga a no concederles un futuro más allá de los naturalizados parámetros asignados. (Añadamos inmediatamente que el peligro esencializador también acecha a los propios protagonistas ya que, de autodefinirse desde estas categorías, les haría congelarse en los mismos clichés).
El indio se construye a sí mismo.
La larga noche de quinientos años que sufrieron los indígenas no pasó en balde y les sirvió para construir fuertes mecanismos de resistencia que a la postre forman parte de su bandera identitaria; más en concreto, el estado de violencia e ilegalidad de la actual Colombia al impedir la supremacía de cualquiera de los contendientes, favorece indirectamente que los indígenas se conviertan en sujetos políticos negociando entre los actores bélicos (guerrilleros, militares y paramilitares). Paradójicamente es la violencia la que les empuja a fortalecer su identidad, a hacerse visibles, y a mirar hacia el futuro a pesar de que el trayecto no es ni fácil ni lineal. Pero este accidentado camino en el que literalmente se juegan la vida, les ha equipado de una armadura protectora cuya pieza principal es la comunidad. A ella se subordinan otras formas de resistencias que también se han convertido en símbolos identitarios; destaquemos las movilizaciones pacíficas de comunidades para oponerse a las acciones armadas, las marchas (como la del pasado noviembre) que reúnen a decenas de miles de personas, la Consulta Popular sobre el Tratado de Libre Comercio, la creación de la guardia indígena armada con bastones de mando, el ofrecimiento de zonas para dialogar entre los distintos ejércitos, la defensa de los cultivos de la hoja de coca como lucha contra el veneno que los norteamericanos les lanzan desde el aire, el respeto a la autoridad chamánica como forma de conjugar la autoridad política con los principios espirituales, o la apuesta por las hierbas naturales que más allá de lo curativo les unen con sus ancestros. Resistir en comunidad para hacerse un hueco en vez de para vencer, es a la postre un arma revolucionaria, es otra forma de ser guerrillero de ejércitos y guerrillas.
Desde los años sesenta estos sentimientos étnicos se fueron encarnando en asociaciones indígenas que proclaman que no son sobrantes humanos ni menores de edad, y que reclaman la territorialidad y el derecho a gobernarse que finalmente les reconoce la Constitución de 1991. Para poder ser reconocidos constitucionalmente como indígenas y aspirar a la equiparación de derechos han debido enfrentarse a una paradoja: la de mostrar su esencial diferencia para aspirar a la común igualdad. Definirse como indígena es imprescindible y trascendental porque les permite obtener derechos, pero el precio a pagar es la esencialización anteriormente rechazada. ¿Hasta dónde el esencialismo aceptado por los indígenas es únicamente estratégico, o hasta dónde el legislador (no indígena, por supuesto) utiliza el multiculturalismo para cumplir sibilinamente una tarea neocolonizadora? Lo que ha ocurrido en las casi dos décadas desde que se promulgó la Constitución nos puede ir aclarando la respuesta.
Tiempos revueltos pero reveladores.
La Constitución de 1991 se convirtió en punto neurálgico: los indígenas, el 2% de la población, consiguen que se les reconozca el 27% de las tierras colombianas donde llevar a cabo sus sueños autonómicos y territoriales, y como consecuencia, dejaron de luchar contra el Estado para pasar a defenderle. Pero los hechos posteriores van desvelando la cara menos amable de la puesta en práctica de lo legislado, la que nos muestra que lo que se esconde detrás es el liberalismo de siempre; así deben interpretarse tanto las infinitas trabas institucionales para bloquear la autonomía indígena, como las nefastas normativas del Plan Colombia, la Ley de Desarrollo Rural, y la Ley Forestal, o el que organismos que como el Banco Mundial y multinacionales farmacéuticas y madereras apoyen dicha autonomía. La diferencia es que ahora esta ideología liberal ha sabido adaptarse a las sensibilidades multiculturales de los nuevos tiempos y apoya constitucionalmente la autonomía indígena para así obtener un gran botín con menos controles estatales. No es sencillo desvelar la red de artimañas -a veces aparentemente contradictorias- que utiliza, y sería un error determinista pensar en el liberalismo como exclusivamente económico ya que junto a él cabalga todo una forma de entender el mundo, una visión que se nutre de construcciones ideológicas creadas desde y para los occidentales. Es un neocolonialismo aderezado con pinceladas humanitarias para que cuente con el beneplácito de la sociedad; es en definitiva el occidente que no se conforma con vencer, sino que también quiere convencer. Sin embargo los indígenas ya no son los de antes y, aunque padecen las reglas del juego, ahora al menos saben leer su letra pequeña. Detengámonos a observar desde esta nueva perspectiva colonizadora a cuatro de los iconos occidentales entre los que se camufla el neoliberalismo. Los cuatro tienen en común que tratan de no conceder a los indígenas el poder comunitario que la Constitución les confirió, posiblemente porque se dan cuenta de que una cosa es aceptar las identidades culturales en abstracto, y otras constatar que esa aceptación tomada en serio puede comprometer muchos intereses creados.
El primero se refiere al omnipresente multiculturalismo. En principio sirvió para dar cabida a las distintas identidades evitando que una cultura sea la protegida en detrimento de las demás, pero el paso del tiempo ha mostrado a los indígenas que el mero reconocimiento sirve de poco si no va acompañado de medidas redistributivas. Por eso, desde decisiones y propuestas comunitarias, entienden que deben luchar también contra la desigualdad económica, pero esto les trae nuevos problemas ya que dichas luchas superan los márgenes que el multiculturalismo les había asignado. Y así puede verse la cara menos amable de esta moda intelectual: la de ser utilizada como un instrumento correctamente político que sirva de coartada a la globalización económica, o como dice Bauman: “el nuevo culturalismo, igual que el antiguo racismo, se orienta a aplacar los escrúpulosmorales y a reconciliarse con el hecho de la desigualdad humana”. El multiculturalismo, lejos de ser liberador, puede convertirse en un arma conservadora apoyada, eso sí, por los intelectuales. Los indígenas han visto cómo la Constitución de 1991 se transforma en una trampa si siguiendo los consejos del Banco Mundial y organismos similares acaban aceptando políticas integradoras en las que sí cabe folclorizar su cultura y recibir consejos y ayuda enlatada y caritativa, pero no plantearse modelos económicos alternativos que estarían en la base de una verdadera política de la diversidad.
El segundo afecta a la democracia. El tiempo va mostrando cómo la oligarquía político-económica colombiana (y la del resto del mundo) se siente muy cómoda con la democracia representativa que permite corruptelas oligopólicas para perpetuarse en el poder; no les interesa legalizar ni legitimar la democracia participativa o directa que estuvo en el origen de las guerrillas y que es reclamada no sólo por los indígenas en Colombia, sino también en países como Bolivia, Ecuador, Brasil o Venezuela. De hecho, la guerra en Colombia siempre ha sido la gran excusa para impedir la participación directa decisoria de las comunidades en los asuntos públicos.
El tercero tiene que ver con los derechos humanos. Los indígenas llevan lustros tratando de incluir el enraizamiento étnico y comunitario como derecho fundamental, pero esta petición de protección de la identidad cultural entra en contradicción con la protección del individualismo como valor universal; es como si la máxima dignidad humana implicara individuos abstractos y sin atributos comunitarios. Sin embargo son muchos los que hoy entienden que mientras los derechos no sean tanto individuales como colectivos, los indígenas seguirán siendo uno de esos grupos que sufren sin el amparo ni siquiera de unas leyes a las que poder acogerse. Es necesario ver hasta qué punto unos derechos que ignoran lo comunitario y que priman la libertad política sobre la igualdad económica son derechos universales o simplemente occidentales y por tanto fruto de la etnia dominante.
Y en cuarto lugar, el que 50 millones de indígenas, el grupo social más pobre de América Latina, no estén representados como tales en organismos como la Organización de Estados Americanos (O.E.A.), nos habla de cómo el Estado-nación es un paradigma discutible y estrecho en cuanto a su capacidad para representar a grupos que se salen de ciertos parámetros institucionales. Los indígenas no pelean por el independentismo porque no aspiran a repetir los mismos moldes en ámbitos más pequeños, sino por el derecho a existir con su forma de entender la vida, y a buscar cauces en igualdad de condiciones con los que poder convivir en el mundo actual; no es de extrañar que perciban al Estado-nación como una camisa de fuerza que les obliga a acomodarse a imaginarios unitarios en los que ellos no son más que folclore obediente y pasivo.
Conclusiones inconclusas.
Algo tendrán estos indígenas que luchando sin armas ni dinero están en la vanguardia de las reivindicaciones en su país; algo molestarán al gobierno colombiano cuando éste reclama ayuda a sus poderosos amigos del norte, algo nos dirán a los occidentales tan acostumbrados a intelectualizar desde nuestros bien formados estereotipos lo que pasa en el mundo sin levantarnos de la butaca. Muchos desearían que el indio se conformara con seguir museificado, dando color étnico, y siendo un agradecido receptor de ayuda caritativa, pero la realidad es otra ya que aspira a salir de su impuesta guetificación y se opone a ser tratado como residuo más o menos reciclable. Obviar esta realidad es seguir concibiendo el mundo desde el imaginario del afuera-adentro, que es otra forma de fundamentalismo cultural o de racismo sin raza; es un neotribalismo empeñado en diseñar vallas mentales y muros legales para defender el megacastillo occidental. Esta actitud como repite Castells contribuye a aumentar la polarización e incomunicación entre distintos mundos. La pregunta que surge inmediatamente es si los muros y fosos que ponemos serán para no tener que enfrentarnos a identidades formadas, pero precisamente porque no tenemos clara la nuestra. Tal vez se trate de un estratégico narcisismo que evita la mirada sobre los otros porque podrían devolvernos una imagen no deseada de nosotros mismos. Es posible que el sentido y la responsabilidad que para los indígenas representa la comunidad, nos hiciera percibir la nuestra como una masa apática, traslúcida y con más cohesión estadística que social como dice Bauman, o que su concepción de la vida y el trabajo, al no considerarse como consumidores frustrados, cuestione ese referente pantocrático del homo consumenssentimiento de insuficiencia. que vive a costa de un provocado
Tiene razón Castoríadis al insistir en que la crisis del mundo occidental “reside en el hecho de que dejó de cuestionase a sí mismo”. En efecto, la ausencia de autocrítica le incapacita tanto para conocerse como para conocer a los demás. No niega, porque no puede, la existencia de lo otro en cuanto diferente, pero sí lo distorsiona a base de informaciones fragmentadas, pensamientos teledirigidos y presentaciones exotizadas. Urge por motivos de salud mental situarse de vez en cuando fuera de los cauces habituales de observación para descubrir las distorsiones discursivas, o cuando menos para cuestionar lo que de ideológico se esconde detrás de los estereotipos que poco a poco se van (nos van) imponiendo; y es urgente porque el hipotético y fatal éxito de quien aspira a arrasar a lo diferente no tiene otra salida que la de un acto de canibalismo al estilo del pictórico Saturno goyesco.
Desgraciadamente las noticias que a diario llegan desde Colombia no hacen sino incrementar las dificultades que les ponen a los indígenas, pero de ser cierto que hasta de la violencia sacan aprendizajes, entonces la ilusión por el futuro aún la tienen intacta. A nosotros nos queda desenmascarar la ideología agazapada detrás de las construcciones mentales que nos presentan como naturalizadas e inofensivas; solo así podremos no responder con indiferencia a los retos de la diferencia.
José Antonio Morán Varela
(fuente: PROLEPSIS)
REFERENCIAS:
Baudrillard, J. (2007) Cultura y simulacro. Barcelona. Kairós.
Bauman, Z. (2008) Comunidad. Madrid. Siglo XXI.
Borrero, C. (2003) Multiculturalismo y derechos indígenas. Bogotá. Centro de investigación y Educación Popular.
De Lucas, J. (2003) Globalización e identidades. Barcelona. Icaria.
De Sousa Santos, B. (2004) Reinventar la democracia. Reinventar el Estado. Quito. Abya-Yala.
Etnias y Política. Revista de los Pueblos Indígenas de Colombia. Bogotá
Kymlicha, W. (1996) Ciudadanía multicultural. Barcelona. Paidós.
König, J. (ed.) (1998) El indio como sujeto y objeto de la historia latinoamericana. Madrid. Iberoamericana.
Morán Varela, J.A. (2007) Los indígenas no son guardianes de nada o cómo se desmonta el mito de Tarzán. En la revista electrónica: eutsi.org
Villa, W. y Houghton, J. (2005) Violencia política contra los pueblos indígenas en Colombia. Bogotá. CECOIN-OIAS-IWGIA.
miércoles, 24 de junio de 2009
PERU Triunfo de los pueblos amazónicos
Por Raúl Zibechi
Habrá un antes y un después del 9 de abril de 2009, día en que comenzaron los cortes de carreteras y las tomas de ductos que transportan gas y petróleo al exterior. No luchan para negociar, para obtener algún beneficio sectorial o alguna demanda disfrazada de derechos, sino para salvar la vida y evitar que la naturaleza sea convertida en mercancía
Tras dos meses de intensa movilización, los pueblos de la Amazonia peruana lograron enfrentar exitosamente la represión de uno de los gobiernos más derechistas de América Latina, cosecharon amplia simpatía nacional e internacional y están haciendo retroceder los proyectos de privatización del pulmón del planeta. Habrá un antes y un después del 9 de abril de 2009, día en que comenzaron los cortes de carreteras y las tomas de ductos que transportan gas y petróleo al exterior. Y habrá un antes y un después del 5 de junio, cuando la firmeza de miles afrontó la militarización y la masacre en la población de Bagua, cerca de la frontera con Ecuador.
Luego de la matanza, el Gobierno de Alan García comenzó a dar marcha atrás con algunos de los decretos legislativos (DL) más polémicos. Primero se suspendió la aplicación de los DL 1.090 y 1.064 durante 90 días por parte del Congreso dominado por el oficialista APRA y los seguidores del procesado ex dictador Alberto Fujimori. El 1.090, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, deja fuera del régimen forestal 45 millones de hectáreas, o sea, 64% de los bosques del Perú, con lo que podrían ser vendidos a trasnacionales. Tampoco contempla que la mayor parte de las comunidades no han titulado sus tierras. El DL 1.064, Régimen Jurídico para el Aprovechamiento de las Tierras de Uso Agrario, deja sin efecto el requisito de acuerdo previo de las comunidades para emprender proyectos en la Amazonia.
Días después, ante la férrea decisión de los pueblos amazónicos de seguir adelante con sus movilizaciones e intensificar las acciones, el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, se comprometió a derogar los dos decretos y anunció el levantamiento del estado de sitio en Bagua. Fue más lejos: el lunes 15, durante un encuentro con representantes indígenas en la provincia de Chanchamayo, dio disculpas a los pueblos amazónicos y aseguró que el Gobierno no vetará a la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).
Pese a formar parte de un gobierno derechista, Simon es el paradigma del guerrillero convertido en hombre de estado. En los 80 fue activo simpatizante del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), por lo que fue preso durante el régimen de Fujimori. Ahora decidió poner sus conocimientos sobre los movimientos sociales al servicio de las trasnacionales que buscan apropiarse de los bienes comunes: agua, biodiversidad, riquezas mineras, madereras e hidrocarburíferas. Pero está chocando con los mismos actores que en la guerra interna frustraron la expansión del MRTA y Sendero Luminoso hacia la selva, los pueblos que defienden sus territorios.
El segundo gran éxito de los pueblos amazónicos lo sintetiza Hugo Blanco en el editorial más reciente de Lucha Indígena: Puede ser que el mayor logro de estas jornadas sea visibilizar esas nacionalidades, tejiendo lazos entre los diversos sectores del país, tan divididos por quienes nos dominan. Al defender la Amazonia están defendiendo la vida de toda la humanidad; y al no ceder ante los engaños del Gobierno, están rescribiendo la historia, recuperando para todos el sentido de la palabra dignidad.
Las grandes marchas y los masivos paros registradas en todo el país el 11 de junio, incluyendo 30 mil manifestantes en Lima, la mayor concentración desde los últimos días del régimen de Fujimori, evidencian la solidaridad con los pueblos amazónicos y el aislamiento del Gobierno de García. Los pronunciamientos de decenas de organismos internacionales, incluyendo algunos de Naciones Unidas, muestran que la simpatía traspasó fronteras.
De nada valió el intento del presidente peruano por culpar a Bolivia y Venezuela de instigar la protesta. No sólo acusó a los amazónicos de terroristas, sino que sostuvo que esos países quieren evitar que Perú extraiga petróleo y sea competidor. Sus argumentos fueron pulverizados por la contundencia de la movilización. Los pueblos amazónicos consiguieron incluso que se instalara una mesa de diálogo sin frenar sus acciones. Cuando comenzaron las sesiones del Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, el 15 de junio, con presencia de la Iglesia católica, las comunidades y la Defensoría del Pueblo, el Gobierno sólo consiguió que los indígenas ampliaran de dos a cuatro la apertura al tránsito de la carretera La Merced-La Oroya-Lima.
La tercera enseñanza de esta movilización es que no importa la cantidad, sino la potencia. Los pueblos amazónicos agrupados en AIDESEP son unas 300 mil personas pertenecientes a mil 350 comunidades, en un país que sobrepasa 28 millones de habitantes. Sin embargo, la justeza de su causa y la sólida decisión comunitaria de luchar hasta el final, haciendo de sus territorios trincheras y de sus cuerpos escudos, consiguió frenar la máquina de guerra estatal y granjearles simpatías en todo el país. Han mostrado que no luchan para negociar, para obtener algún beneficio sectorial o alguna demanda disfrazada de derechos, sino para salvar la vida y evitar que la naturaleza sea convertida en mercancía.
Mostraron que cuando se pelea por la sobrevivencia, por seguir siendo pueblos, de nada valen los cálculos de costos y beneficios que han llevado a la crisis ética y política de buena parte de las izquierdas institucionales. Camino muy similar al que meses atrás caminaron los nasas de Colombia al poner en marcha la Minga por la Vida, también para evitar que el TLC con Estados Unidos los sepulte como pueblo al convertir sus bosques en monocultivos para biocombustibles. Estas luchas colocan en lugar destacado un necesario debate sobre el desarrollo y los bienes comunes, que algunos gobiernos autoproclamados progresistas, como el de Brasil, deberían tomar en cuenta si no quieren ser los sepultureros de la Amazonia y de sus pueblos.
FUENTE: La Jornada
viernes, 19 de junio de 2009
Una victoria para los indígenas peruanos
19-06-2009
El Congreso anuló las leyes privatizadoras de las tierras de la Amazonia
Carlos Noriega
Página 12
Fueron dos meses de protestas y bloqueos de carreteras, con un saldo de al menos treinta y cuatro muertos, más de sesenta desaparecidos y más de un centenar de heridos. La convulsión social no le dejó al presidente García otra salida que retroceder.
El movimiento indígena peruano logró una histórica victoria, luego de que el Congreso anuló ayer las llamadas “leyes de la selva”, por una abrumadora mayoría de 82 votos a favor, doce en contra y dos abstenciones. “Hemos ganado, nos sentimos triunfadores, pero es lamentable que el gobierno, que pudo haber solucionado esto antes, haya esperado que se dé tanta violencia, que hayan tantos muertos, para derogar estas leyes”, le dijo a Página/12 Salomón Awananch, presidente del comité del paro amazónico. Fue un triunfo que les costó sangre a los nativos de la Amazonia. Fueron dos meses de protestas y bloqueos de carreteras, con un saldo de al menos 34 muertos, más de 60 de-saparecidos y más de un centenar de heridos. Además, los indígenas han debido soportar la persecución contra sus principales dirigentes y una implacable campaña de satanización en su contra.
Con la decisión del Congreso quedó sellada la mayor derrota política del presidente Alan García desde que asumió el poder, hace tres años. La protesta indígena y la reacción en contra de la represión policial lo dejaron aislado y enfrentado a un creciente movimiento social que se multiplicó por todo el país, y no tuvo otra alternativa que retroceder. Fue el propio gobierno el que le pidió al Congreso que se anulen las leyes. La convulsión social que tenía jaqueado al gobierno no le dejó al presidente García otra salida que retroceder.
Con la anulación de las leyes rechazadas por los indígenas por facilitar el ingreso de las transnacionales a sus tierras, el movimiento indígena llamó a sus bases a terminar la huelga que empezó el 9 de abril y a desbloquear las carreteras. Los nativos comenzaron a replegarse. Daysi Zapata, quien reemplaza en el liderazgo del movimiento indígena a Alberto Pizango, asilado en Nicaragua, calificó la jornada de ayer como “un día histórico”. “Se ha demostrado que nuestras demandas eran justas”, dijo Zapata. La oposición también celebró la derogatoria de las cuestionadas leyes. Los congresistas del oficialismo insistieron en defender las leyes rechazadas por los indígenas, pero al final votaron por su anulación.
“Apoyamos estas leyes, pero votamos en contra de ellas por razones de Estado”, dijo Mauricio Mulder, congresista y secretario general del oficialista partido aprista, justificando el cambio de posición de su bancada, que hace dos semanas, antes de que se produzca la matanza de Bagua, había impedido la anulación de estas leyes. El cambio de postura del oficialismo comenzó el último domingo, cuando el presidente García varió su discurso confrontacional, dejó de lado sus amenazas de endurecer la represión y, por primera vez, habló de diálogo. Al día siguiente, el primer ministro, Yehude Simon, firmó un acta con los indígenas para anular las leyes, lo que finalmente se concretó ayer. El miércoles en la noche, García dio un mensaje al país admitiendo que el gobierno había cometido errores en su trato con los indígenas y dijo que había que “volver a empezar”.
Golpeados y todavía conmocionados, los indígenas celebraron en silencio su victoria. En Bagua, epicentro de la represión contra los nativos amazónicos, nadie salió a las calles a celebrar el triunfo. La mayoría de los indígenas han regresado a sus comunidades, selva adentro, pero algunos permanecen en Bagua, reclamando por los detenidos y los desaparecidos. Entre ellos se respira un ambiente de desconfianza y temor. La derogatoria de las leyes rechazadas por los indígenas fue tomada con satisfacción y alivio por la población no indígena de la ciudad de Bagua, que apoyó la lucha de los nativos y que también sufrió la represión policial. Ahora, la ciudad exige que se eliminen el estado de emergencia y el toque de queda, que rige a partir de las nueve de la noche.
Con la anulación de las leyes se reanudará el diálogo entre los representantes de las comunidades nativas, que reúnen a unos 300 mil pobladores, y el gobierno. Pero ese diálogo no será fácil. La primera exigencia de los indígenas será el cese de la persecución contra sus principales dirigentes, que tienen orden de captura. El líder indígena, Alberto Pizango, debió viajar el martes a Nicaragua como asilado político, luego de que el gobierno lo acusara de “azuzar a la violencia” a los nativos y se ordenara su captura. “Para continuar el diálogo, vamos a exigir que se anulen las órdenes de captura contra nuestros dirigentes, incluido Pizango. Son cerca de veinte dirigentes que tienen orden de captura. También exigiremos que se libere a los que siguen encarcelados (quedan 18 detenidos). Si el gobierno no hace eso, entonces nos retiraremos del diálogo. Estamos felices por la anulación de las leyes, pero seguimos muy afectados y dolidos por la forma cómo nos trató el gobierno”, le señaló a este diario Salomón Awananch antes de viajar a Lima para incorporarse al diálogo con el gobierno.
El gobierno se la jugó a fondo por unas leyes que buscaban facilitar el ingreso de las transnacionales a la Amazonia y terminó perdiendo. Ahora debe comenzar un diálogo con los indígenas con las heridas de la represión todavía abiertas y en una situación de mucha desconfianza. Lo que se viene no será fácil.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-126876-2009-06-19.html
domingo, 7 de junio de 2009
Indígenas toman aeropuerto en el nororiente de Perú
TeleSUR
La tensión se mantiene en la amazonia peruana cuando alrededor de mil 300 nativos, en su mayoría, de las etnias ashaninkas, han tomado el aeropuerto de Trompeteros, Provincia Taten del Marañón, en la zona nororiental de Perú.
Los nativos están exigiendo las mismas reivindicaciones que la de los indígenas de Bagua, la derogaroria de los decretos legislativos que atentan contra sus territorios.
Según informes de la zona, los nativos fueron desalojados de la pista de aterrizaje pero no de la terminal aérea.
Uno de los voceros de los indígenas, en conversación con una emisora capitalina, aseguró que en el transcurso del día se esperaba la llegada de más contingentes de pobladores indígenas al lugar.
Los manifestantes aseguraron que también han tomado control del Lote 8, en la zona selvática, cuya concesión está a cargo de la firma argentina Pluspetrol.
Por su parte, las autoridades hicieron un llamado de advertencia y le dieron de plazo hasta las 16:00 hora local de este domingo para que abandonaran las instalaciones bajo amenaza de desalojarlos por la fuerza.
Sigue toque de queda
Mientras tanto sigue bajo toque de queda la provincia de Bagua tras las jornadas sangrientas donde la desmedida arremetida policial dejó, según fuentes indígenas más de 40 nativos muertos y cientos de heridos.
Las comunidades nativas apoyadas por la población mestiza de la zona, llevaban más de 50 días reclamando que se respeten sus derechos sobre la tierra que habitan desde tiempos milenarios.
Por su parte, el Gobierno dirigido por Álan García ha justificado la brutal arremetida aérea en contra de los indígenas peruanos, señalando que "No tienen corona. No son ciudadanos de primera clase. No vamos a sobreponer los intereses de estos indígenas por encima de los de 28 millones de ciudadanos" y además que para su Gobierno parece no haber más muertos que los 22 policías fallecidos, puesto que los más de 40 indígenas muertos que reportan las organizaciones amazónicas, no entran dentro del parte oficial
El presidente peruano ha insistido en negar que se cometió una masacre con los indígenas de la Amazonia peruana y volvió, este domingo, a desvirtuar el objetivo de la protesta aborigen al acusar a su dirigencia de pretender desestabilizar con apoyo extranjero a lo que diferentes organizaciones sociales emitieron un pronunciamiento al respecto desde la capital.
"Sí hay injerencia extranjera y es de las transnacionales de Estados Unidos y de otros países que le han dado un ultimátum a García, para decirle zanja el tema y zánjalo ya, o sea, el tema de la huelga. Sí hay efectivamente injerencias extranjeras", afirmó este domingo el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Mario Huamán.
Este frente de organizaciones también consideró prudente que el representante de las comunidades nativas, Alberto Pinzango, se mantenga "a buen resguardo", ya que las autoridades ha pedido su captura, lo que calificaron como un evidente juicio político.
De igual manero, el secretario de CGTP, aseguró que de no corregirse los atropeyos que se han llevado a cabo en los últimos días, la organización convocará un paro nacional de trabajadores.
"Si hasta el 11 de junio no hay la derogatoria (de las leyes), no cesa la política represiva, no se preserva la vida de Alberto Pizango, no se derogan los decretos legislativos, vamos a materializar un paro nacional" afirmó.
Según reportó la corresponsal de teleSUR en Perú, Yamira Albán, por el momento los enfrentamientos en Bagua han cesado, pero los Apus han solicitado la intervención de la Defensoría del Pueblo para garantizar la integridad de los 42 nativos detenidos en la estación policial de El Milagro.
Las comunidades indígenas han anunciado que continuarán con su lucha.
Alan, el Apra y su verdadero rostro asesinoy antidemocrático
Por Jorge Agurto
5 de junio de 2009
La masacre de indígenas armados de palos y lanzas realizada hoy por las fuerzas especiales de la Policía confirma la naturaleza fascista y autoritaria del régimen aprista, hoy más servil que nunca al interés de las transnacionales y totalmente reñido, en contenido y forma, con la democracia demoliberal
El gobierno ha preferido disparar balas a quemarropa contra líderes indígenas antes que derogar normas inconstitucionales que han sido impuestas violando tratados internacionales de derechos humanos como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Para el régimen aprista no ha tenido ningún valor que una comisión multipartidaria haya concluido que los decretos legislativos deben ser derogados por inconstitucionales o que la Comisión de Constitución haya dictaminado en igual sentido derogar el D.L. 1090, uno de los más cuestionados por la parte indígena. Tampoco, que un organismo imparcial y legítimo como la Defensoría del Pueblo haya respaldado la petición indígena.
El gobierno y su bancada parlamentaria han venido dilatando -con argucias criollas “a lo Mulder”- la única solución legal y pacífica al conflicto, porque para el régimen aprista los argumentos jurídicos o las formas democráticas no tienen ningún valor ni ideológico ni práctico en sí mismos. Lo único que pesa en sus decisiones políticas es servir de la mejor manera al gran capital transnacional. Ejemplos al canto: Se lotiza casi toda la amazonía para extraer gas y petróleo no para abaratar el consumo de los peruanos, favorecer a nuestra industria nacional o promover la reconversión energética, sino para venderla a otros países, aún a riesgo de generar una crisis energética que nos llevará dentro de poco a comprar combustible a un precio mayor que el que lo vendemos.
- Se favorece, alienta y defiende en foros internacionales a los productos transgénicosa, a pesar que todas las opiniones sensatas recomiendan que no son aconsejablea en un país megadiverso como el Perú y amenaza la producción orgánica de nuestros productos nativos, uno de nuestras ventajas competitivas en el mercado mundial. Esto se hace únicamente para favorecer a poderosas empresas como Monsanto que usufructúan el mercado mundial de transgénicos. No hay que olvidar que una comitiva de Monsantose se reunió en privado el año pasado con el propio Jefe de Estado.
- Se ha incluido en la Ley 29317, que aprueba y modifica el decreto legislativo 1090, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y que dice a la letra:“Artículo 6.- (…) No habrá cambio de uso en las tierras que pertenecen al patrimonio forestal cualquiera sea su categoría, salvo cuando se trate de proyectos declarados de interés nacional en cuyo caso la autoridad encargada de determinar la procedencia del cambio de uso es el Ministerio del Ambiente en coordinación con la entidad del sector público correspondiente.”
Esas diez palabras resaltadas en negrita son precisamente las que desnaturalizan la Ley Forestal y de Fauna Silvestre porque el gobierno ha declarado ya de interés nacional los agrocombustibles para producir etanol. Es decir, se está abriendo paso a un modelo agroindustrial de monocultivos que significará precisamente la destrucción de los bosques tropicales.
No está demás recordar, como lo advirtió el diario La Primera,que el poderoso Grupo Romero -muy amigo del inquilino de Palacio de Gobierno- está detrás de estas y otras inversiones amazónicas como los bonos por captura de carbono.
Basta con interpretar un poco de información sobre lo que hace el gobierno aprista para darnos cuenta que el trasfondo de sus acciones no es defenderla patria, los intereses nacionales, o los trabajadores del campo o la ciudad, ni mucho menos asegurar un desarrollo sostenible para el país,sino gobernar para los amigos de Palacio de Gobierno, aquellos que sin participar en las elecciones políticas, ni perder su tiempo en el parlamento, al final terminan tomando entre bambalinas las principales decisiones de Estado.
¿Quién votó o eligió a Ántero Flores-Araoz para que haga y hable disparate y medio como Ministro de Estado en la cartera de Defensa? ¿Quién votó o eligió a Mercedes Araoz para que firme tratados de libre comercio con Chile, Singapur, China, Japón y todo país que se le ocurra, sin la aprobación siquiera del Congreso de la República y comprometiendo el porvenir de todos los peruanos?
La tendencia fascista y autoritaria del gobierno no es una simple ocurrencia o algo adjetivo o circunstancial del régimen actual. El Apra-como partido- no practica la democracia, ni hacia adentro ni hacia afuera. Siempre ha sido un partido caudillesco, mafioso, de cúpulas y zancadillas.
La última y más fehaciente prueba han sido sus elecciones internas. Con planillones fraguados, con tribunales electorales recompuestos a pocas horas de las elecciones, con militantes de larga trayectoria desaforados o expulsados, e innumerables vicios que demuestran el grado de corrupción y lenidad a que ha llegado el partido de la estrella.
No olvidemos que el Apra es el partido cuyo Secretario General y persona de alta confianza de Alan García recibió dinero contante y sonante de Vladimiro Montesinos para un “plan” que nunca ha sido esclarecido. A Don Agustín Mantilla se le encontró cuentas por varios millones de dólares en el exterior, sin que hasta ahora haya explicado su proveniencia. Pero ahí está, don Agustín, paseándose como hombre fuerte del partido e incluso observando discretamente los mítines de la Fraternidad que celebra el Apra anualmente.
No son pocas las ocasiones en que voceros del partido aprista han expresado la conveniencia de salirnos de la jurisdicción de la Corte interamericana, liquidar el Tribunal Constitucional, aplicar la pena de muerte, entre otras medidas reñidas con un régimen democrático.
Por lo expuesto, no nos debe sorprender que el Apra haya decidido llenarse las manos de sangre y preferir la muerte -de policías e indígenas- antes que un diálogo sincero y democrático que lo lleve a cautelar los interes del país antes que favorecer a los grupos de poder a quienes sirve con obsecuencia.
La justa y pacífica protesta amazónica ha obligado a que el Apra y Alan García se saquen la careta democrática -muy útil en épocas electorales- y hoy muestren al Perú y al mundo su verdadero rostro fascista y asesino, a quién no le importa la vida ni de humildes civiles ni de efectivos policiales.
Comentarios sobre un drama que se debió evitar
Fernando Eguren
Director de la Revista Agraria
No podemos desligar la protesta de las poblaciones nativas y los luctuosos hechos de Bagua, que ha cobrado hoy día la vida de pobladores y de la policía, del discurso presidencial expuesto en el manifiesto “El síndrome del perro del hortelano”.
Recordemos algunos pasajes del artículo de Alan García publicado por El Comercio el 28 de octubre del año 2007 (las cursivas son mías):
“Hay millones de hectáreas para madera que están ociosas, otros millonesde hectáreas que las comunidades y asociaciones no han cultivado nicultivarán, además cientos de depósitos minerales que no se puedentrabajar y millones de hectáreas de mar a los que no entran jamás lamaricultura ni la producción.” “Para que haya inversión se necesita propiedad segura [de la tierra], perohemos caído en el engaño de entregar pequeños lotes de terreno a familiaspobres que no tienen un centavo para invertir…” “Pero la demagogia y el engaño dicen que esas tierras no pueden tocarseporque son objetos sagrados y que esa organización comunal es laorganización original del Perú…”. “Este es un caso que se encuentra en todo el Perú, tierras ociosas porqueel dueño no tiene formación ni recursos económicos, por tanto su propiedades aparente. Esa misma tierra vendida en grandes lotes traería tecnologíade la que se beneficiaría también el comunero….” “..aquí todavía discutimos si la técnica minera destruye el medioambiente, lo que es un tema del siglo pasado, claro que antes lo destruíay los problemas ambientales de hoy son básicamente por las minas de ayer,pero en la actualidad las minas conviven con las ciudades sin que existanproblemas…” “..el viejo comunista anticapitalista del siglo XIX se disfrazó deproteccionista en el siglo XX y cambia otra vez de camiseta en el sigloXXI para ser medioambientalista.” “…existen verdaderas comunidades campesinas, pero también comunidadesartificiales, que tienen 200 mil hectáreas en el papel pero solo utilizanagrícolamente 10 mil hectáreas y las otras son propiedad ociosa, de 'manomuerta', mientras sus habitantes viven en la extrema pobreza y esperandoque el Estado les lleve toda la ayuda en vez de poner en valor sus cerrosy tierras, alquilándolas, transándolas porque si son improductivas paraellos, sí serían productivas con un alto nivel de inversión o deconocimientos que traiga un nuevo comprador.” Con claridad el presidente García va al fondo del problema: ¿quién debedisponer de los recursos naturales del país que, constitucionalmente, sonde toda la nación? La gran inversión. ¿Quiénes no deben disponer de ellos?Las comunidades. ¿Por qué? Porque no tienen ni la educación ni losrecursos económicos suficientes. Y como no tienen educación ni economía,sus derechos de propiedad no son plenos, son aparentes. Los decretos legislativos de junio del 2008 son la expresión normativa deeste discurso, que es claramente excluyente de las comunidades campesinasy poblaciones nativas amazónicas. La reacción de estas poblaciones escontra la violación a sus derechos sobre sus tierras y territorios. Loscanales formales para atender la de-manda de que estos decretoslegislativos sean cambiados desgraciadamente no han funcionado y más bienhan mostrado que las mesas de concertación han servido para ‘mecer’ a laspoblaciones, corrompiendo lo que debía ser un legítimo método denegociación. No es de extrañar que, entonces, se hayan utilizado otros medios, como lasmovilizaciones y tomas de carreteras, pues la experiencia ha mostrado quesólo con medidas de fuerza el gobierno y el Congreso prestan atención.Vistas así las cosas, los principales responsables de estas movilizacionesson el gobierno y el Congreso. Tampoco es de extrañar que, si a pesar de estas manifestaciones deprotesta sigue la ‘mecida’, éstas se radicalicen hasta llegar,lamentablemente, a la situación actual que ha cobrado la vida de decenasde ciudadanos, entre pobladores amazónicos y policías. ¿De quién es laresponsabilidad principal? De quienes toman las decisiones políticas: elgobierno y el Congreso. ¿Qué hacer? Un camino es negociar de verdad. Con lo ocurrido, el Ejecutivoy el Congreso han perdido legitimidad como interlocutores. La únicainstitución pública con legitimidad es la Defensoría del Pueblo, quedebería tomar la iniciativa y convocar a dicha negociación con losrepresentantes de las poblaciones amazónicas. Además, deberían renunciardos de los principales responsables políticos del drama que estamosviviendo, el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simons, y laministra del Interior, Mercedes Cabanillas.
MANIFIESTO AL PUEBLO PERUANO
COMUNICADO SOBRE LA MASACRE EN PERÚ DEL PARTIDO SOCIALISTA REVOLUCIONARIO (PSR)
Primero.- Hoy, informaron los dirigentes de AIDESEP, que el gobierno de Alan García Pérez, acaba de cometer un acto más de genocidio, en la ciudad de Bagua, la policía nacional desde cuatro helicópteros baleó con armas de guerra a los manifestantes, matando a más de 25 personas, entre ellos al dirigente Santiago Magnui Valera, expresidente del Consejo Aguaruna-Huambisa y Presidente del Frente de Lucha de Condorcanqui, y causando cientos de heridos, todos ellos pertenecientes al sector más pobre y olvidado del Perú.
También, en esta sangrienta acción del estado murieron 7 policías, lo que nos puede llevar a una imparable espiral de violencia. Con estas muertes, este gobierno ya tiene en su haber más de 45 compatriotas muertos por reclamar sus derechos a la vida y al trabajo, cosa que los peruanos honrados no podemos permitir
Segundo.- Con este acto tan repudiable, ha demostrado el gobierno que se encuentra de espaldas al país y totalmente al servicio de las empresas extranjeras y de la oligarquía peruana
Tercero.- Una vez más, ha quedado demostrado que este régimen es un peligro para nuestra patria, porque para hacer valer el TLC con Estados Unidos y cumpliendo con su famoso artículo "El perro del hortelano", estátalizando parte de nuestro país, sólo en la amazonía a los grandes grupos económicos internacionales y nacionales les ha rematado 44 millones de hectáreas, lo que representa el 68% del territorio amazónico, poniendo en peligro la existencia de las comunidades amazónicas, permitiendo que con el saqueo y la brutal explotación petrolera y gasífera se vaya destruyendolos bosques, contaminando las aguas, crezca el narcotráfico y se multiplique la corrupción
Cuarto.- Este hecho de sangre contra peruanos humildes, que estaban haciendo uso de su derecho constitucional a la protesta y que se encuentran protegidos por el CONVENIO 169-OIT, en el cual se estipula la protección del Estado al derecho a la vida y la tierra de los pueblos originarios, debe ser investigado y sancionado como ACTO DE GENOCIDIO, cayendo todo el peso de la ley sobre los verdaderos responsables políticos de esta barbarie
Quinto.- Por todo lo manifestado, a la Dirección Nacional del PSR, le llama poderosamente la atención que gran parte de la bancada congresal del PNP y UPP no se hayan encontrado en el momento en que se discutía la derogación del DL 1090.
Lamentable, muy lamentable, esta acción de irresponsabilidad de sus integrantes, para quienes solicitamos se investigue y sancione por los más altos organismos de estos partidos, que ha permitido que la bancada aprista y fujimorista se salga con la suya
Sexto.- Saludamos la actitud valiente y patriótica de las nacionalidades amazónicas, especialmente de los dirigentes de AIDESEP y llamamos a las organizaciones populares, a las de defensa de los derechos humanos, a los partidos políticos e iglesias, a defender la vida y la integridad física de Alberto Pizango, Saúl Puerta, Marcial Mudarra (CORPI), Teresita Antazú López (Yanesha), Marzano Campos (OIRA) y Servando Puerta (ORPIAM), los que han sido injustamente denunciados penalmente por el Procurador del Consejo de Ministros.
Séptimo.- Emplazamos al gobierno para que deje de mentir y calumniar a los dirigentes de AIDESEP, e intentar destruir a esta organización, con el consabido cuento del mal uso de los fondos económicos. Y es falso que ellos esten al servicio del narcotráfico, tal como lo ha manifestado la ministra de Comercio Exterior, Mercedes Araoz.
Finalmente, el PSR, heredero del General Juan Velasco Alvarado, recuerda al país, que cuando estuvo al frente del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, dio la Ley de Comunidades Nativas, con la que se protegía y garantizaba la propiedad comunal, y su reconocimiento como un país multiétnico y lingüístico.
La Dirección Nacional del PSR, ha orientado a su Militancia que trabaja en el área de conflicto, de apoyar las justas reivindicaciones de nuestros hermanos amazónicos
Llamamos al PUEBLO PERUANO, A LOS PARTIDOS DE IZQUIERDA, A LOS MOVIMIENTOS REGIONALES Y COMUNALES, ha constituir un gran FRENTE NACIONAL, para hacer nuestra soberanía y recuperar nuestras riquezas de la voracidad de las transnacionales y de la oligarquía nativa
Lima, 05 de Junio de 2009
¡POR LA PATRIA, CON EL PUEBLO!
¡VELASCO VIVE!
COMITÉ EJECUTIVO CENTRAL
sábado, 6 de junio de 2009
Perú: Indígenas latinoamericanos impulsan juicio internacional contra Alan García
07-06-2009
TeleSur
Tras las violentas acciones policiales regristradas el viernes en la Amazonia peruana, en la que murieron al menos 40 nativos, la Coordinadora Andina de las Organizaciones Indígenas (CAOI) impulsa la realización de un juicio internacional contra el mandatario peruano Alan García por genocidio.
"Impulsar el juicio internacional a Alan García Pérez y su gobierno, por su entreguismo y la represión", es la demanda que anunció llevar a cabo la CAOI.
En un contacto telefónico, colaborador de teleSUR en la localidad de Baguas (norte), Jeinner Cubas, informó el fallecimiento de 40 nativos. Por su parte, el Gobierno peruano no ha ofrecido en ningún momento cifras de la muerte de los indígenas, pero si ha reportado la defunción de una decena de funcionarios policiales.
"El gobierno aprista de Alan García Pérez ha desatado una represión sangrienta en la Amazonía Peruana la madrugada de hoy", expresa la CAOI, en referencia a los hechos violentos contra indígenas que se iniciaron a primeras horas del viernes, cuando una concentración de los aborígenes fue atacada por aire y tierra en la zona de la Curva del Diablo, de la Amazonia Peruana, según reportes.
El colaborador de teleSUR, Jeinner Cubas, denunció el viernes que las autoridades peruanas no permiten el acceso de los representantes de los medios de comunicación a esta zona, lo que dificulta tener acceso a la información y obtener detalles sobre los hechos que se desarrollan en este lugar.
Las acciones contra los indígenas peruanos fueron consideradas por la CAOI como "la respuesta dictatorial luego de 56 días de lucha pacífica indígena y de supuestos diálogos y negociaciones, que terminan en las balas de siempre, las mismas de más de 500 años de opresión".
La CAOI representa a los nativos pertenecientes a Bolivia, Perú, Ecuador, Chile, Colombia y Argentina.
Desde el pasado nueve de abril, los nativos se mantienen en protesta para luchar no sólo por la derogación de unos decretos, sino "para defender un modelo de vida", según ha manifestado el líder indígena, Alberto Pizango.
Entre los reglamentos que rechazan cerca de 60 etnias amazónicas, está la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre y la Ley de Recursos Hídricos.
Los nativos han insistido en que estas legislaciones vulneran sus derechos a la propiedad y el control sobre sus propios recursos naturales. También se oponen a a los tratados de libre comercio con Estados Unidos y Chile.
La Coordinadora Andina de las Organizaciones Indígenas (CAOI), convocó a todas las organizaciones y pueblos del mundo a solidarizarse con los pueblos amazónicos peruanos, con la realización de "plantones ante las embajadas del Perú en todos los países, todos los días, hasta que se detenga el baño de sangre y se deroguen los decretos legislativos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos".
De igual manera la CAOI hizo un llamdo a las organizaciones indígenas, movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos de todo el mundo, a tomar acciones concretas.
"Cartas al gobierno peruano, al Relator Especial de las Naciones Unidas para Pueblos Indígenas, a Amnistía Internacional, Survival International, a los Premios Nóbel de la Paz, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Organización Internacional del Trabajo (Convenio 169), para que envíen de inmediato misiones al Perú, para detener esta violencia y se respeten los derechos indígenas"."Hay que detener la masacre", afirma la Coordinadora
http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/51497-NN/indigenas-latinoamericanos-impulsan-juicio-internacional-contra-alan-garcia/
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Bolivia condena masacre en el Perúy responsabiliza del hecho al Gobierno de Alan García
La Paz, 6 Jun (Erbol).- La ministra de Justicia boliviana, CelimaTorrico, y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos deBolivia (CSUTCB) condenaron este sábado la sangrienta masacre registrada en el departamento de Amazonas de Perú, donde perdieron la vida decenasde campesinos y policías, y responsabilizaron de los hechos al Gobiernode Alan García.
“El único responsable de este hecho es el gobierno actual del vecino país(Perú). Es reprochable la actitud que asumió el presidente (Alan García)que no atendió las demandas de los indígenas, ahora esperamos que asumanla responsabilidad sobre este hecho. La vida humana no se recupera ni contoda la plata del mundo”, manifestó la ministra boliviana, quien tambiénes de origen indígena. Isaac Ávalos, ejecutivo de la CSUTCB, también repudió la masacreprotagonizado por ccontingentes de la policía peruana, que desalojaronayer violentamente a indígenas que bloqueaban una carretera en eldepartamento de Amazonas, con apoyo de helicópteros, lo que dejó un saldode una treintena de muertos (la mayoría indígenas y campesinos) y 113heridos, y desató en la ciudad de Bagua una serie de desórdenes, quema deedificios públicos y saqueos. “Quiero sinceramente repudiar ese asesinato a los hermanos indígenas,humildes como nosotros, somos solidarios, el gobierno neoliberal corrupto(de Alan García), sometido a gringos, está empezando a atacar a loshermanos peruanos, queremos decirles que estamos con ellos porque soncompañeros que también luchan por liberarse por un nuevo país sin miseriay hambre”, aseveró, en un breve contacto con la radio estatal boliviana“Patria Nueva”. PIDEN PROCESO CONTRA GARCÍA POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD El máximo representante de los campesinos bolivianos pidió a la comunidadinternacional y los Derechos Humanos intervenir en este caso paraprocesar al presidente García y su Gobierno por delitos de lesahumanidad. “Tiene que pronunciarse la comunidad internacional y los DerechosHumanos, deben sancionar al gobierno peruano. Alan García se convirtió enun títere de los gringos, por eso nuestro repudio frente a estos hechos,se tiene que seguir un proceso por delitos de lesa humanidad, para quepaguen por los asesinatos”, dijo Ávalos
