Al-Manar
25/12/2009
El alto negociador nuclear de Irán, Said Yalili, dijo que EEUU debería ser privado de su derecho de veto y desarmado por la utilización de armas nucleares contra Hiroshima y Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial. “La pena menor para EEUU sería su desarme y la privación de su derecho de veto en la ONU,” dijo Yalili durante su visita a Hiroshima.
“Desgraciadamente, EEUU no sólo no ha condenado la masacre de Hiroshima sino que también se adjudicó el derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU,” señaló. Durante las últimas fases de la Segunda Guerra Mundial en 1945, EEUU lanzó dos bombas atómicas contra Japón. Las bombas mataron a unas 140.000 personas en Hiroshima y 80.000 en Nagasaki hacia finales de 1945. Sólo la mitad de esas muertes ocurrieron en los días de los bombardeos. El resto se fue produciendo a lo largo de los años. Yalili continuó diciendo que la tragedia de Hiroshima mostró que algunas potencias, tales como EEUU, no muestran ningún pesar haber matado a personas inocentes con el fin de servir a sus intereses. La negativa de EEUU y otras grandes potencias a eliminar sus armas nucleares es “la mayor amenaza a la seguridad global,” dijo Yalili, que es también secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán. Él realizó un llamamiento a la comunidad internacional para que presione a Washington para erradicar su arsenal atómico. Con respecto a la estrategia militar norteamericana tras la Segunda Guerra Mundial, Yalili criticó a Washington por equipar al régimen de Saddam Hussein con armas químicas y suministrar armas nucleares al régimen sionista. Él también cuestionó la presencia militar de EEUU en Afganistán y su política tendente al desarrollo de una nueva generación de armas nucleares. Yalili indicó que Irán planea llevar a cabo una conferencia en Teherán sobre no proliferación y desarme nuclear.
viernes, 25 de diciembre de 2009
Irán: las Armas Nucleares de EEUU, la Mayor Amenaza a la Seguridad Global
sábado, 8 de agosto de 2009
Japón: Hiroshima conmemora el 64º aniversario de la bomba atómica
Mientras Taro Aso y las víctimas de las bombas atómicas firman un problemático acuerdo de ayuda.
6 de agosto de 2009
La ciudad japonesa de Hiroshima recordó el jueves el 64º aniversario del lanzamiento de la bomba atómica en esa ciudad por parte del ejército estadounidense a finales de la Segunda Guerra Mundial.
El alcalde de la ciudad, Tadatoshi Akiba, emitió una declaración por la paz, instando a la abolición de las armas nucleares en 2020.
"Las hibakushas (o víctimas de la bomba atómica) todavía sufren un infierno que aún continúa" dijo el alcalde.
"El gobierno nipón debe apoyar a los hibakushas, incluidas las víctimas de la lluvia negra y las que viven en el exterior", señaló Akiba.
"El gobierno japonés debería apoyar a los 'hibakusha', incluyendo a aquéllos que fueron víctimas de la lluvia negra y a los que viven en el extranjero".
Akiba también dijo que "el año 2020 es importante porque deseamos entrar en un mundo sin armas nucleares".
"Instamos al mundo a unir fuerzas con nosotros para eliminar todas las armas nucleares en 2020", manifestó.
El referencia a movimientos como los ecologistas, Akiba dijo que "la democracia global que respeta la voluntad del mundo y respeta el poder del pueblo ha empezado a crecer".
"Tenemos el poder. Tenemos la responsabilidad. Somos la 'obamajority'. Y podemos abolir las armas nucleares. Sí, podemos", dijo el alcalde.
Japón: Taro Aso y víctimas de las bombas atómicas firman un acuerdo de ayuda
El primer ministro japonés Taro Aso y las víctimas de enfermedades ligadas a radiación causadas por las bombas atómicas lanzadas en 1945 en Hiroshima y Nagasaki, firmaron este jueves una acuerdo de ayuda ofreciendo una resolución general a 306 querellantes.
El acuerdo se produjo después de seis años de batallas legales que involucran a 306 querellantes, de los cuales 109 aún debe ganar reconocimiento, incluyendo a 63 que no lograron obtener una certificación en la corte o quienes esperan por la decisión judicial.
Las nuevas medidas de ayuda estatales garantizan una certificación a los querellantes después de su victoria oficial a nivel de cortes distritales, aún cuando altos tribunales aún deben entregar su decisión sobre los casos.
La certificación oficial brinda a las víctimas tratamiento médico con recursos públicos, al igual que una pensión médica mensual.
Bajo el acuerdo, el gobierno compensará a los querellantes que fallaron en sus intentos por ganar un reconocimiento legal en sus primeros juicios, estableciendo un fondo que será realizado a través de una nueva legislación.
Sin embargo, la incertidumbre permanece sobre si el acuerdo realizado bajo la administración de Aso será mantenido más allá de las elecciones de la cámara bajo programadas para el 30 de agosto, según observaron analistas.
