Un estudio del Banco de Pagos Internacionales (BPI, también conocido bajo las siglas BIS correspondientes a Bank for International Settlements, ver explicaciones al respecto) enviado a todos los gobernadores de los bancos centrales señala que los Estados desarrollados nunca podrán pagar sus actuales deudas.
En países como Estados Unidos y Francia, la deuda nacional se elevará al 100% para el año 2011 y se acumulará después alcanzando rápidamente un importante nivel de insolvencia (más del 400% hacia el año 2040, si no hay cambios en los parámetros).
No es la primera vez que Estados acumulan deudas masivas, pero esto sucedía en tiempos de guerra y de acentuado crecimiento demográfico. Hoy en día, la deuda es consecuencia de un sistema cuyo desequilibrio se acentúa aun más debido al envejecimiento de la población.
El BPI señala que cuando los acreedores exijan que se les pague pondrán en quiebra a los Estados. Sólo los países que hayan alargado la vida activa de sus ciudadanos tendrán entonces alguna posibilidad de soportar el inevitable golpe.
En realidad, la cuestión de la jubilación no es sino un parámetro más entre tantos otros y sólo se menciona como una variable con el fin de preservar el desequilibrio del sistema, que funciona en primer lugar mediante una remuneración deficiente del trabajo en relación con el capital.
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Para comprender el problema estructural, ver «La gran transformación desde los años ochenta hasta la crisis actual, tanto en el Sur como en el Norte», por Eric Toussaint, Red Voltaire, 9 de septiembre de 2009.
Sobre la insolvencia de los Estados desarrollados, ver el texto íntegro del estudio del BPI (en inglés) «The future of public debt: prospects and implications», por Stephen G Cecchetti, M S Mohanty y Fabrizio Zampolli, Voltaire Network, 12 de abril de 2010.
miércoles, 14 de abril de 2010
Según el BPI, los Estados industrializados no tienen cómo pagar sus deudas
miércoles, 28 de octubre de 2009
Reabrir el canje de deuda es violar el derecho soberano del pueblo argentino
27 de octubre de 2009
El ministro de Economía, Amado Boudou, anunció que girará al Congreso Nacional el proyecto de modificación de la denominada ley cerrojo que convalidó el canje de deuda llevado adelante a principios de 2005, por la administración del entonces Presidente Néstor Kirchner.
En ese momento, el Gobierno nacional aseguró rotundamente, con esta ley, que no existía posibilidad alguna que los tenedores de bonos, que se negaban a aceptar la propuesta oficial pudieran tener acceso a un nuevo canje de deuda. Esta posición fue sostenida como una medida soberana del Gobierno argentino. Fue defendida en distintas instancias internacionales frente al avance de los juicios iniciados por los “holdouts” y los fondos buitres, alentados por las casas matrices de los bancos, quienes tuvieron una gran cuota de co-responsabilidad en el engaño a sus clientes, algo de lo que nunca se hicieron cargo.
Cuatro años después, con la propuesta de una quita mayor, pero con la intención de pagar esa porción de deuda, que en su momento quedo en cesación de pagos por no entrar en el canje –U$S 20.000 millones en un principio, hoy más de U$S 29.000 millones gracias a los intereses acumulados-, el Gobierno anunció su reapertura y echó por tierra la supuesta bandera de soberanía financiera ganada a partir del canje y el pago de la deuda reclamada por el Fondo Monetario.
Hoy, reabrir el canje es violar el derecho soberano del pueblo argentino a sostener decisiones unilaterales en defensa de la vida y en beneficio de los derechos humanos. ¿Cómo se puede sostener una medida así y seguir diciendo que es en beneficio del pueblo? Cuando se sabe claramente que es a favor de los fondos buitres y de la banca internacional, especialmente del Citi Bank, el Barcklays y el Deutch con quienes el gobierno firmó una “Carta Mandato” para llevar adelante el canje. Al mismo tiempo, continúa la sangría de recursos de nuestro Presupuesto Nacional para el pago de una deuda ilegítima e ilegal, por encima del asignado a salud, educación o vivienda.
Esta medida debemos entenderla y analizarla dentro de la lógica que viene proponiendo el Gobierno nacional y las Instituciones Financieras Internacionales, que significa continuar tomando deuda en los mercados de crédito y endeudando al país. Pero para esto se plantea la necesidad de saldar la deuda odiosa reclamada por el Club de París, previo acuerdo y revisión de nuestra economía por parte del FMI, para lo cual también hace falta llegar a un acuerdo con los “holdouts”. Toda una cadena que vuelve a poner en evidencia que el país continua inmerso en el círculo vicioso de la deuda, que cuanto más pagamos más debemos y que es necesario romperlo de una vez por todas para efectivamente empezar a construir una soberanía financiera al servicio de los derechos del pueblo argentino y no del capital concentrado. En ese sentido, el Gobierno y el Congreso Nacional deberían avanzar en una auditoría integral y participativa de las deudas ilegítimas reclamadas, antes de seguir priorizando su pago por sobre las necesidades del país.
¡NO al pago de la deuda ilegítima! ¡Auditoría YA!
Buenos Aires, 26 de octubre de 2009
Primeras Firmas:
Diálogo 2000 – ATTAC Argentina – Espacio Ecuménico – Liga Argentina por los Derechos del Hombre – Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos – Movimiento Nacional Campesino Indígena, MNCI Vía Campesina – Programa de Incidencia sobre Deuda Externa Ilegítima, Federación Luterana Mundial - Comisión Justicia y Paz Misioneros Claretianos – Federación Judicial Argentina – Convocatoria por la Liberación Nacional y Social – Sec. Organización ATE Nacional – Periódico “El Espejo” – Movimiento por la Soberanía e Integración de los Pueblos, MoSIP – MOCASE – Autoconvocatoria América Viva, Luján – Comunidad Teológica Rajab – Pastoral Popular Iglesia Metodista, Región Metropolitana – Asamblea Justicia para Todos- Asociación Guadalupe – Servicio Paz y Justicia – Causa Olmos.
Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz – Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo LF – Beverly Keene, coordinadora de Jubileo Sur – Alejandro Olmos Gaona - Hna. María Bassa – Pastor Arturo Blatezky – Rev. Ángel Furlan – Rev. Juan Pedro Schaad – María Lanusse.
jueves, 25 de junio de 2009
"Animo a todos los Estados a que hagan auditorías de la deuda"
22-06-2009
Entrevista a Cephas Lumina, experto independiente de la ONU sobre la deuda externa
CADTM
Traducido para Rebelión por Caty R.
El 5 de junio de 2009, se celebró en Ginebra la undécima sesión del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, en la que el experto independiente sobre la deuda externa, Cephas Lumina, presentó su informe preliminar (1) a los Estados, las agencias de la ONU y las ONG acreditadas.
El Banco Mundial no participó, mostrando su desinterés por los asuntos relativos a los derechos humanos… El CETIM (2) y el CADTM estuvieron presentes en dicha sesión y organizaron una conferencia paralela en el palacio de las Naciones Unidas, sobre la auditoría de la deuda, en presencia de la ministra de Economía y Finanzas de Ecuador, María Elsa Viteri, y de Cephas Lumina. Este último, además, nos concedió una entrevista sobre su informe intermedio. Su mandato finalizará en 2010 con la entrega de un informe final. Los temas de esta entrevista son la auditoría de la deuda, la deuda ilegal y las obligaciones de las IFI y los Estados de respetar los derechos humanos. Señalamos que ese informe utiliza la publicación del CADTM «Las cifras de la deuda» (3) y que afirma explícitamente que las obligaciones de respetar los derechos humanos prevalecen sobre las obligaciones financieras de los Estados.
En el informe que ha presentado hoy al Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, usted insiste sobre el vínculo entre la deuda externa y los derechos humanos, y propone un marco conceptual para comprender esa relación, ¿puede explicarnos este enfoque?
Uno de los principales objetivos del mandato que me ha confiado el Consejo de los Derechos Humanos en su resolución 7/4 del 27 de marzo de 2008, es el desarrollo de directrices para los Estados, las instituciones financieras internacionales (IFI) y las instituciones privadas con el fin de garantizar que el cumplimiento de los compromisos de los Estados con respecto a la deuda externa no afecte a sus obligaciones de respetar los derechos humanos. Mi predecesor, el experto independiente Bernard Mudho, ha elaborado una primera versión de las directrices. Mi trabajo consiste en perfeccionar esas directrices vinculándolas con los Tratados de protección de los derechos humanos con el fin de que éstos tengan más peso. Así, tengo que recordar las obligaciones jurídicas internacionales que no sólo se imponen a los Estados, sino también a las instituciones internacionales como el Banco Mundial. Para elaborar dicho marco conceptual que vincula la deuda externa con los derechos humanos, he examinado los efectos de la deuda y las políticas de ajuste estructural sobre los derechos fundamentales. Mi informe intermedio evidencia el impacto negativo del mecanismo de la deuda externa sobre los derechos económicos, sociales y culturales, tales como los derechos a la educación o la salud. Por ejemplo, en 2005, Líbano dedicó el 52% de su presupuesto al reembolso de la deuda frente a sólo el 23,1% para educación y sanidad. También explico que el alivio de la deuda concedido por la Iniciativa PPTE (Países pobres muy endeudados), promovida por el Banco Mundial y el FMI, no han resuelto el problema de la deuda, puesto que países como Burkina Faso o Níger se vuelven a encontrar con un grado de endeudamiento todavía mayor después del final de la Iniciativa PPTE. Además, para conseguir el alivio de sus deudas, esos países deben aplicar políticas que conllevan la violación de los derechos sociales. Por ejemplo, en 2004, Zambia se ha visto obligada a congelar los salarios de los funcionarios públicos conminada por el FMI. Los derechos civiles y políticos, como el derecho a la participación, también se violan en el proceso de adopción de los DSRP (Documentos estratégicos de reducción de la pobreza). En efecto, en la mayoría de los casos no se consulta a los parlamentos nacionales y la adopción final de dichos documentos siempre está condicionada por el acuerdo final de las IFI.
¿Este enfoque de la deuda basado en los derechos humanos tiene un apoyo amplio de los Estados y las IFI?
No, en absoluto. La resolución 7/4 que instituye mi mandato se aprobó por una mayoría de 34 votos contra 13. De los 34 Estados que votaron a favor de esta resolución, ninguno es un país acreedor del norte. En realidad, el principio de mi mandato estuvo marcado por las tradicionales tensiones entre los países ricos acreedores y los países en desarrollo. En efecto, desde la designación de la ONU del primer experto sobre la deuda externa, en 1977, los Estados del norte consideran que la problemática de la deuda no tiene ninguna relación con los derechos humanos, que es puramente económica y que, por lo tanto, se debe tratar al margen del Consejo de los Derechos Humanos y de la Asamblea General de la ONU. Los Estados del norte promueven que el reglamento se establezca en el Club de París, ya que en la Asamblea General y en el Consejo de los Derechos Humanos dichos Estados se encuentran en minoría puesto que cada país tiene un voto. Lo que, naturalmente, va contra los intereses de los países acreedores. Desde el principio de mi mandato, me he entrevistado con diversos actores (Estados, IFI, ONG) pero tengo que reconocer que son las organizaciones de la sociedad civil y algunos Estados, como Ecuador y Noruega, quienes más me han apoyado. Los responsables del Banco Mundial a quienes he consultado tienen posiciones diferentes entre sí. Algunos rechazan categóricamente el enfoque basado en los derechos humanos, porque sólo tienen en cuenta la dimensión económica de la deuda. Sin embargo, las IFI están vinculadas jurídicamente por textos obligatorios como la Carta de las Naciones Unidas o los dos Pactos de 1966 sobre los derechos económicos, sociales y culturales y sobre los derechos civiles y políticos. Esta actitud se debe especialmente al hecho de que las IFI se crearon en 1994, es decir, antes de que se adoptasen esas convenciones internacionales.
¿Qué medidas inmediatas relativas a la deuda externa preconiza usted para hacer frente a la crisis económica mundial que afecta a los derechos humanos y que, irremediablemente, viene acompañada por una nueva crisis de la deuda? ¿Está, por ejemplo, a favor de una moratoria del reembolso de la deuda, como propone el secretario general de la CNUCED, Supachai Panitchpakdi?
Estoy en contra de una simple moratoria porque esa medida no es viable. Es necesario ir más lejos e instaurar una moratoria condicional: es decir, una suspensión del pago de la deuda seguida de la anulación de la deuda externa si la situación del Estado no ha mejorado a la expiración de la moratoria. En efecto, me temo que si los PED asumen el compromiso de suspender el reembolso de la deuda durante un tiempo determinado, se arriesgan a quedarse enganchados por ese compromiso y reanudar después el reembolso de la deuda en detrimento de los gastos sociales. Por lo tanto, se debería establecer un acuerdo entre los PED y los acreedores para que la moratoria se combine con la anulación de la deuda cuando la situación de endeudamiento permanezca insostenible. Yo preconizaría más bien que se sigan los ejemplos de Noruega y Ecuador (4), que han llevado a cabo auditorías de la deuda y han anulado a una parte de sus acreedores, siempre reconociendo su corresponsabilidad (en el caso de Noruega). Hay que tener en cuenta que dicha corresponsabilidad es un principio fundamental desde el Consenso de Monterrey en 2002. Por lo tanto incito, en especial a los poderes públicos, a que efectúen auditorías de la deuda como han hecho Noruega y Ecuador. Dichas auditorías, que son herramientas de control democrático, al mismo tiempo permitirán conocer el origen de las deudas y basar jurídicamente la anulación o repudio, por ejemplo, de todas las deudas contraídas en violación del derecho interno de los Estados. También es necesario reformar el entramado financiero internacional con la democratización de las IFI, que son defensoras de los intereses de los acreedores.
La deuda ilegal constituye uno de sus ejes prioritarios para 2009 y 2010. ¿Cómo va a trabajar exactamente sobre este concepto?
Las experiencias de auditorías en Ecuador y Noruega han sacado a la luz el concepto de deuda ilegal. Pero todavía no existe una definición internacional de deuda ilegal. Por lo tanto deseo, en estrecha colaboración con la CNUCED, definir los contornos de este concepto haciendo hincapié en la corresponsabilidad de los acreedores y los deudores para promover una financiación responsable. Este concepto debe aplicarse en el futuro para prevenir la aparición de nuevas deudas ilegales, pero también en el pasado con el fin de anular sin condiciones todas las deudas ilegales. Con respecto a esas cuestiones ya estoy en contacto con la CNUCED, ya que ésta recibió el año pasado financiación de Noruega, en el marco de un proyecto de tres años, para el desarrollo del concepto de deuda ilegal. Así, nuestro interés común consiste en establecer las posiciones más cercanas posibles con respecto a la deuda ilegal. Para aclarar su contenido, consultaremos a los Estados y las ONG, pero también a las IFI. Finalmente, también pretendo desarrollar, a partir de ahora, la relación entre la deuda externa y el comercio internacional para poder explicar ese vínculo en mi informe de 2010. En efecto, la deuda externa y el comercio internacional son indisociables, puesto que los Estados deudores deben exportar sus materias primas para reembolsar la deuda en dólares estadounidenses. Ese mecanismo los vuelve muy dependientes de los precios de esos productos, fijado por los mercados internacionales.
¿Cómo articula las auditorías nacionales de la deuda y el arbitraje internacional de la deuda externa?
Es una gestión en dos etapas. En primer lugar, animo a los Estados a que lleven a cabo auditorías de la deuda, a la manera de Ecuador. Las auditorías, en tanto que actos soberanos de los Estados, no necesitan el consentimiento de los acreedores. Dichas auditorías podrían basar las anulaciones o repudios incondicionales de todas las deudas ilegales. Pero si tras la decisión resultante de esas auditorías, como la anulación, el repudio o la suspensión del pago de las deudas, aparece un litigio, éste podrá ser resuelto por un tribunal de arbitraje. Dicho tribunal podrá, además, establecer las responsabilidades compartidas de las partes. Señalamos que esos arbitrajes sobre la deuda soberana ya se han abordado en las Naciones Unidas, en especial por el ex secretario general Kofi Annan. Por lo tanto, la crisis actual se debería aprovechar para establecer este tipo de arbitraje. Finalmente, quiero señalar que mi informe, ciertamente, no será del agrado de los acreedores. Por eso será necesario un amplio apoyo de los ciudadanos, en el norte y en el sur, y una presión popular sobre los gobiernos, porque, en realidad, mi informe no tiene ninguna fuerza vinculante.
Notas
(1) http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/11session/reports.htm
(2) http://www.cetim.ch/
(3) http://www.cadtm.org/IMG/pdf/LAS_CIFRAS_DE_LA_DEUDA_2009-1.pdf
(4) El experto independiente presentará en 2010 el informe completo de sus visitas oficiales a Noruega y Ecuador.
http://www.cadtm.org/spip.php?article4483
sábado, 20 de junio de 2009
Ecuador cancela gran parte de su deuda pública
19.06.09
Adital
La semana pasada, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, cumplió una promesa de gobierno al cancelar gran parte de la deuda del país, representada por los bonos Global 2012 y 2030. Estimulada por el ejemplo ecuatoriano, la entidad brasilera Auditoría Ciudadana de la Deuda está presionando a Brasil y sugiriendo a los demás países latinoamericanos que realicen auditoría y que no reconozcan parte de la deuda pública nacional, considerada ilegal e ilegítima.
Los dos bonos juntos correspondían al 85% de la deuda externa comercial de Ecuador. El 91% de los detentores de los bonos aceptó la propuesta ecuatoriana de reconocer sólo entre el 30 y el 35% del valor total de la deuda. El 65% reducido llega a cerca de US$ 2.000 millones. La economía total equivale a más de US$ 7.000 millones hasta 2030.
En nota divulgada la semana pasada, Auditoría Ciudadana de la Deuda, entidad brasilera que participó de la auditoría de la deuda ecuatoriana, evalúa que la deuda de Ecuador fue "perdonada" debido a las "flagrantes ilegalidades e ilegitimidades de esa parte de la deuda externa con bancos privados". La entidad integró la Comisión para la Auditoría Integral de la Deuda Pública Ecuatoriana (CAIC), creada en 2007 por el gobierno ecuatoriano.
En la evaluación de la CAIC, el caso del país va a representar un ejemplo positivo para todo el mundo, en especial, para América Latina. El caso "muestra que es posible que los gobiernos enfrenten la cuestión de la deuda con soberanía, especialmente en un momento de crisis, cuando tales problemas se acentúan".
Según el informe de la Auditoría Ciudadana de la Deuda, el proceso de auditoría de la deuda ecuatoriana constató muchas semejanzas con el cuadro financiero de los demás países latinoamericanos. En la opinión de la comisión, este hecho "debería estimular a todos los países para realizar también auditorías para investigar sus respectivos procesos".
El informe técnico de auditoría de la CAIC señaló a Ecuador como "víctima de una verdadera estafa por parte de los bancos privados internacionales". La comisión afirma que, durante años, el país "ni siquiera recibió el producto de los préstamos que eran históricamente cobrados" por los bancos acreedores.
Brasil
El ejemplo ecuatoriano reforzó el cuestionamiento que ya se hacía en países como Brasil, que no realiza auditorías de sus deudas públicas desde 1931, aunque está prevista en su Constitución. En esa época, fue constatado que sólo el 40% de la deuda estaba documentada por contratos. Actualmente, la deuda "interna" brasilera llega a R$ 1,6 billones.
Este mes, Auditoría Ciudadana de la Deuda lanzó una campaña para que se envíen cartas a los partidos políticos brasileros, pidiendo la nominación de representantes partidarios para constituir la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de la Deuda. El PT, PSC y PSB ya nombraron a sus representantes para conformar la comisión. El PMDB y el DEM ya eligieron a parte de sus representantes, pero el PSDB y el PP todavía no adhirieron a la CPI. No son necesarios miembros suplentes para la instalación de la CPI.
El economista de la entidad brasilera, Rodrigo Ávila, considera que "Ecuador abrió un precedente y demostró que es posible combatir la deuda a través de auditorías. La deuda termina siendo pagada sin ningún cuestionamiento y hasta de modo anticipado", puntualiza el economista.
Detalles sobre la CPI y un ejemplo de carta para ser enviada a los partidos políticos pueden encontrarse aquí: http://www.divida-auditoríacidada.org.br/artigos/artigo.2009-03-24.9638611316/document_view
Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com
viernes, 22 de mayo de 2009
Noticias Censuradas (XXI): Ecuador declara ilegítima la deuda y Latinoamérica refuta política antidroga
21 de mayo de 2009
Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)
En noviembre de 2008, Ecuador se convirtió en el primer país en emprender un examen de la legitimidad y la estructura de su deuda exterior. Una auditoría independiente de la deuda encargada por el gobierno de ese país documentó centenares de reclamos de irregularidad, ilegalidad e ilegitimidad en los contratos de deuda con prestamistas internacionales depredadores.
La comisión reveló que la reestructuración de la deuda desautorizada contraída por Ecuador en 2000 con una filial del Citigroup condujo a tipos de interés desorbitados que, combinados con préstamos ilegales a las dictaduras anteriores, ha convertido al país, junto con muchos de sus vecinos del sur, en los mayores exportadores de capital a sus “benefactores del norte”. Durante años, Ecuador ha estado pagando una deuda que supera lejos el monto principal que pidió prestado, intereses en exceso y penalidades devastadoramente usurarias.
Los costos humanos son escalonados. Cada dólar obtenido en fuentes internacionales ilegítimas de crédito está menos disponible para luchar contra la pobreza. En 2007 el gobierno del Ecuador pagó 1.750 millones de dólares solamente en servicios de la deuda, más de lo que gastó combinadamente en atención sanitaria, servicios sociales, medio ambiente, vivienda y desarrollo urbano.
Bajo el sistema del Banco Mundial, que supervisa los tratados de inversión, no existen responsabilidades públicas, reglas estándares judiciales ni éticas y ningún proceso de apelación. Ecuador ha expuesto así un agujero enorme en el sistema financiero internacional: la ausencia de un mecanismo internacional independiente para que los países resuelvan conflictos sobre deuda potencialmente ilegítima e ilegal. Hasta ahora lo más parecido a un “tribunal” es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) …del Banco Mundial, o sea, un tribunal “de mentira”. (1)
Líderes latinoamericanos refutan guerra anti droga de EEUU
La Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia difundió en marzo de 2009 su informe “Drogas y Democracia: Hacia un Cambio de Paradigma”, que pide la creación de una política latinoamericana ante la droga. La comisión, integrada por los ex presidentes de Brasil, México y Colombia, Fernando Henrique Cardoso, Ernesto Zedillo y Cesar Gaviria, respectivamente, indicó que las pruebas disponibles indican que la guerra actual de EEUU contra las drogas simplemente ha fracasado.
La comisión propuso tres acciones específicas bajo un nuevo paradigma; tratar a los adictos como pacientes en los sistemas de salud, evaluar la despenalización de la posesión de marihuana para uso personal y reducir el consumo con una educación focalizada en la juventud. Según el informe, América Latina es el exportador global más grande de cocaína y marihuana e incrementa su producción de heroína, opio y drogas sintéticas.
El tráfico de drogas y la narco-violencia han aumentado, a pesar de la inversión inmensa de recursos dispuestos para la guerra anti drogas, especialmente en Colombia y México. La comisión indicó que la solución a largo plazo radica en reducir la demanda de drogas en los principales países consumidores, EEUU y la Unión Europea.
La comisión llamó a estos países a que compartan la responsabilidad y apliquen políticas que tengan como objetivo reducir la demanda de drogas ilícitas en EEUU y Europa, donde está el mercado que actúan como motor perpetuo del tráfico a escala internacional.
*) Resúmenes de historias periodísticas ocultadas por la gran prensa de EEUU y el mundo, elegidas entre cientos de noticias estudiadas por el Proyecto Censurado de la Universidad Sonoma State de California para la selección final de 25 historias relevantes a publicarse en el anuario Censored 2009/2010.
Fuentes:
1) Estudiante investigador: Rosemary Scott / Evaluador académico: Tim Ogburn
–“As Crisis Mounts, Ecuador Declares Foreign Debt Illegitimate and Illegal”
Daniel Denvir, AlterNet, November 26, 2008 http://www.alternet.org/story/108769/
–“Invalid Loans to Ecuador: Who Owes Who”
Committee for the Integral Audit of Public Credit, Jubilee USA
Part 1: http://www.youtube.com/watch?v=UxG7YBbM5Eg&feature=related
–“Ecuador's Debt Default: Exposing a Gap in the Global Financial Architecture”Neil Watkins and Sarah Anderson, Foreign Policy in Focus, December 15, 2008 http://www.fpif.org/fpiftxt/5744
2) Estudiante investigador: Rosemary Scott / Evaluador académico: Sheila Katz
“Latin American Leaders Say ‘No’ to US Drug War” Marina Litvinsky, IPS News, February 12th 2009 http://ipsnews.net/news.asp?idnews=45753
