EN RABAT. Jose Luis Rodríguez Zapatero, Miguel Angel Moratinos y Mohammed VI.
Acuerdos económicos y geoestratégicos marcan las buenas relaciones de la UE y el Estado español con Marruecos. A cambio el reino alauita es una pieza clave para el control migratorio y la seguridad.
Ramón Couso,
Madrid
Miércoles 23 de diciembre de 2009.
El nuevo acuerdo comercial entre la UE y Marruecos en el ámbito agroalimentario y pesquero o la charla en Madrid, con el patrocinio de BT, Asisa y Red Eléctrica Española, del ministro de Asuntos Económicos alauí en el Nuevo Economía Forum muestran las estrechas relaciones entre los reinos español y marroquí. Ambos también coincidieron el día en que Haidar regresaba a El Aaiun. En el acuerdo, la Comisión Europea anunciaba la rebaja de los aranceles a productos marroquíes, mientras que Salaheddine Mezouar destacaba el impacto positivo que tendría para la economía española la inversión en su país. Sus mejores bazas: suelo a bajos precios para la construcción o subvenciones para la inversión en energías renovables.
En este aspecto, la balanza comercial es claramente favorable a España entre 1999 y 2008: España ha invertido 3.263 millones en Marruecos, frente a los 17,3 millones procedentes del reino marroquí en España en ese mismo periodo.
El pacto agrario es el último de una serie de acuerdos comerciales y de beneficios diplomáticos y políticos que conforman un trato privilegiado a Marruecos. Todo ello complementado con “un armazón de intereses, confesables e inconfesables, que van desde la venta de armas hasta los centros secretos de detención para presuntos terroristas (Haidar estuvo cuatro años desaparecida en la siniestra “cárcel negra”), pasando por el tráfico de drogas y los negocios inmobiliarios entre sus respectivas oligarquías”, denuncia el periodista Rafael Cid.
Como primer paso en la cimentación de esta relación, Rabat lleva décadas vendiendo el derecho de acceso a sus caladeros, incluidas las aguas del Sáhara Occidental, a los barcos españoles y europeos ver DIAGONAL nº 114. El Acuerdo de Cooperación sobre Pesca Marítima entre ambos reinos de 1983, sucesor del suscrito en 1977, es el primer peldaño de relevancia para el desarrollo de las relaciones económicas bilaterales.
En paralelo a estas relaciones comerciales, se han ido constituyendo pactos políticos para el acercamiento entre ambas riberas del Mediterráneo, como el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación entre ambos reinos firmado en 1991, año del alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario para celebrar un referéndum.
Gracias al recorte del principio de Justicia Universal aprobado recientemente, con el acuerdo de PSOE y PP, se han anulado las denuncias que desde hace años había en la Audiencia Nacional contra el régimen de Mohamed VI por las torturas y desapariciones en sus cárceles de saharauis; se ha impedido que la denuncia de Aminatou Haidar por su deportación fuera admitida; y tampoco Hosni Benslimán, jefe de la gendarmería marroquí responderá ante la Audiencia a pesar de que recientemente un juez de París dictara contra él una orden de detención internacional como presunto responsable en 1965 del asesinato en Francia de Ben Barka, líder de la oposición socialista. En cambio, Benslimán fue condecorado en España con la Gran Cruz de la Orden Isabel la Católica en 2005.También a nivel político destacan iniciativas posteriores como el Proceso de Barcelona (1995) o su heredera, la Unión por el Mediterráneo (2008), dirigidas en conjunto a los países de la ribera sur del Mediterráneo, pero que siempre han tenido en Marruecos uno de los referentes, puesto que el régimen alauí es una pieza clave de la UE para la externalización del control de fronteras y para la seguridad.
Aunque Marruecos ejerce de colchón ante el viaje hacia el norte de migrantes subsaharianos, no duda en facilitar su paso hacia Ceuta, Melilla y Canarias como medida de presión política.
Un trato preferencial
Otros acuerdos son el de asociación UE-Marruecos de 1996, que entró en vigor en el año 2000, o el Estatuto Avanzado de 2008. Estos textos serían únicamente acuerdos simbólicos de no ser por que abren la puerta a una profundización radical de las relaciones y a las compensaciones que obtendría Marruecos.
Por ejemplo, el Estatuto Avanzado recoge en su texto la futura firma de un Acuerdo de Libre Comercio e incluso fija la fecha de 2012 para su culminación. También establece el “acceso a los medios comunitarios de financiación apropiados” que podría traducirse en alguna fórmula para la concesión de fondos estructurales a Marruecos. Una de las opciones planteadas para presionar al reino de Mohamed VI es la eventual suspensión de este proceso abierto con el Estatuto Avanzado. En cualquier caso, “mandaría indudablemente un mensaje de insatisfacción de la UE con Marruecos”, explica Iván Martín, del Instituto Complutense de Estudios Internacionales.
Como contrapeso, Marruecos no cuenta con el apoyo unánime de los Estados de la Unión, ya que “por sí solo, Marruecos cuenta con muy pocos elementos de presión”, aseguró Martín. El Gobierno español ocupa la presidencia de turno de la UE en el primer semestre de 2010, durante la que se celebrará además la I Cumbre UE-Marruecos, así como la II Cumbre de la Unión por el Mediterráneo. Desde esta posición privilegiada, España tendrá, indicó Martín, la responsabilidad total de “impulsar, o no, estas vías abiertas que sin duda son de un interés estratégico para Marruecos”.
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La vuelta de Haidar a El Aaiun “reverdece” la lucha por la autodeterminación saharaui
El mercado lucrativo de los ‘call center’
R.C. Las empresas españolas también se han instalado en Marruecos aprovechando los menores costes laborales. Así Atento, una filial de Telefónica participada por el BBVA, está establecida en Marruecos desde 2000 y en sus centros de Casablanca, Tánger, Mequinez y Tetuán emplea a unos 3.000 trabajadores que cobran aproximadamente 3.500 dirhams al mes, es decir, unos 308 euros. Cada vez que llames a la DGT, a Transmediterránea o a cualquier número de información de Telefónica probablemente estés hablando con Marruecos, aunque Atento tiene también call centers en Colombia, Perú y Uruguay. BBVA y SCH también tienen presencia en Marruecos mediante la propiedad de participaciones en bancos locales, mientras que Inditex, El Corte Inglés o Cortefiel cuentan con plantas de producción de confección y electrónica. Otras grandes empresas como Endesa, Ferrovial, Iberdrola, FCC o Gas Natural también tienen intereses en Marruecos.
jueves, 31 de diciembre de 2009
Mucho más que buenos vecinos
martes, 14 de julio de 2009
Bolivia: Indígenas defienden la amazonía y enojan a Evo
13 de julio de 2009
ECONOTICIASBOLIVIA (especial para ARGENPRESS.info)
Pueblos originarios y comunidades campesinas conminan a frenar las operaciones mineras y petroleras que no cuentan con su expreso consentimiento y que destruyen el medio ambiente. El Presidente cuestiona a los líderes de la protesta y dice que están manipulados por las ONGs ambientalistas.
La decisión de las organizaciones indígenas y campesinas de Bolivia para impedir que se emprendan nuevas operaciones petroleras y mineras en sus territorios, en la Amazonía, los valles y el Altiplano, sin su expreso consentimiento y previa consulta, han enojado al presidente Evo Morales.
Reunidos en La Paz el 7 y 8 de julio, los representantes de los pueblos indígenas originarios y campesinos de Bolivia habían exigido al gobernante, indígena como ellos, que consulte y respete la decisión de los pueblos sobre las actividades mineras e hidrocarburíferas en sus comunidades.
Los indígenas conminaron a Morales a detener los trabajos petroleros que se han iniciado en la Amazonía y otros emprendimientos mineros que se realizan en el Altiplano atentando contra el medio ambiente, la salud y la vida de las comunidades.
“Exigimos respeto a la Pachamama y lugares sagrados, la conservación de la biodiversidad, agua, suelo, lagos, ríos y otros recursos naturales en todo el territorio nacional, especialmente en áreas protegidas, territorios indígenas originarios y campesinos, restringiendo el desarrollo de actividades hidrocarburíferas y mineras, y de acuerdo a los usos y conocimientos tradicionales”, advirtieron los originarios.
Los representantes indígenas y campesinos retaron a los gobernantes, además, a debatir sobre un nuevo modelo de desarrollo sostenible y a definir una justa distribución de las riquezas generadas por la explotación del gas y los minerales.
Todo ello, molestó al presidente Morales, quien este viernes acusó a las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) defensoras del medio ambiente de estar “manipulando” y “confundiendo” con intereses políticos a los líderes indígenas.
"No solamente (hay) una oposición que son los neoliberales, sino también alguna oposición de algunas ONGs que van desorientando al pueblo boliviano (…) Algunas ONGs decían “Amazonía sin petróleo (...) eso quiere decir que no haya gas ni petróleo para los bolivianos. Entonces ¿de qué Bolivia va a vivir si algunas ONGs dicen Amazonía sin petróleo?", cuestionó Morales.
"Algunas ONGs usan a algunos dirigentes sindicales o al movimiento indígena para oponerse y se oponen y no nos facilitan las licencias ambientales para que haya más pozos y más petróleo; por supuesto, cuidando el medio ambiente. Es nuestra obligación", advirtió el Presidente.
Contaminación minera
En el pasado reciente, las comunidades campesinas e indígenas han ocupado varias minas de empresarios locales y extranjeros, para frenar las operaciones de extracción de minerales a fin de defender su territorio y su modo de vida.
Así, a principios de mayo, y convencidos de que la explotación capitalista de las minas sólo deja socavones vacíos, contaminación ambiental y tierras y ríos envenados con mercurio, las comunidades indígenas quechuas del sur de Bolivia conminaron a la transnacional canadiense Vista Gold Corporation para que abandone la zona y olvide sus intentos de hacerse de una gran fortuna con la explotación de oro de la mina Amayapampa.
En aquella ocasión, el ministro de Minería, Luis Alberto Echazú reconoció que ni la empresa canadiense ni el gobierno del presidente indígena Evo Morales habían podido convencer hasta ahora a los comunarios para que acepten las operaciones mineras.
Entre los indígenas y campesinos hay el convencimiento de que las operaciones mineras destruyen a la “madre tierra” y sólo enriquecen a las compañías privadas que se llevan al exterior los minerales y las millonarias ganancias, dejando en la zona de explotación sólo desolación, pobreza, contaminación y muerte.
Vista Gold Corporation es una más de la decena de grandes transnacionales que hasta ahora operan con gran éxito en Bolivia. En los tres años del primer gobierno indígena de la América morena (2006-2008), estos grandes consorcios mineros virtualmente han continuado saqueando la ingente riqueza minera de Bolivia y se han apoderado de más de cuatro mil millones de dólares. Ellos obtienen el 95% del valor bruto de la producción y de las exportaciones, dejando para el Estado sólo el 5% en impuestos y regalías (ver: Indígenas expulsan a transnacional Vista Gold).
Saqueo petrolero
En el ámbito petrolero, las comunidades indígenas también han rechazado la incursión de las petroleras en la Amazonía. El ingreso de la norteamericana Geokinetics, para ejecutar labores sísmicas de exploración petrolera en la Amazonía Sur de Bolivia, ha comenzado a afectar el territorio y a las comunidades del pueblo indígena Mosetén y Leco-Larecaja, y hay amenazas para los pueblos Chimán, Quechua-Tacana, Tacana, Ese Ejja, Toromona y Leco-Apolo, así como a colonias campesinas instaladas en el área y a poblaciones ribereñas como Rurrenabaque y San Buenaventura.
Dirigentes indígenas y activistas ambientalistas han denunciado que en la zona ya se han instalado dos grandes campamentos, hay apertura de caminos de penetración, vuelos de helicópteros diarios e incesantes, lo mismo que las detonaciones, la parte más dramática del trabajo exploratorio, y con ello, la destrucción irreversible del medio ambiente, de los ríos y los bosques, de la flora y de la fauna, de la cual dependen las comunidades indígenas para la sobrevivencia de su modo de vida y su cultura (ver: ¿A qué juega Evo Morales en la Amazonía?). Todo ello se lleva adelante con anuencia gubernamental, pero sin aval indígena ni campesino, por lo que las protestas ya se han hecho sentir, mucho más cuando los funcionarios gubernamentales del Ministerio de Hidrocarburos han amenazado con enviar tropas militares y al Ejército para romper la resistencia indígena.
Manifiesto Indígena
En la reunión en La Paz, los líderes de las organizaciones indígenas y campesinas, --que en su generalidad apoyan en casi todos los temas públicos al presidente Morales, pero que no comparten con la política gubernamental de desarrollar las operaciones mineras y petroleras a expensas del medio ambiente y los pueblos originarios--, conformaron la “Comisión Nacional de Secretarios de Recursos Naturales de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos de Bolivia”, con la participación de las siguientes organizaciones: Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Sindical de Mujeres Indígenas Originarias Campesinas-“Bartolina Sisa” (CSMIOC – “BS”), la Confederación Indígenas de Bolivia (CIDOB), Movimiento Sin Tierra de Bolivia (MST–B) y el Pueblo Afroboliviano.
Todos ellos lanzaron el siguiente manifiesto para defender la vida y la naturaleza frente a la salvaje explotación petrolera y minera que realizan las grandes transnacionales que operan en Bolivia, algunas en sociedad con las empresas estatales y otras ligadas a empresarios locales.
Resoluciones del encuentro
*Las organizaciones Indígenas Originarias y Campesinas del país, CONAMAQ y sus Suyus, CSUTCB, CSMIOC-BS, CIDOB (OICH, CPILAP, COPNAG y APG), MST – B, el Pueblo Afroboliviano, representantes nacionales y regionales de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos, reunidos en la ciudad de La Paz, los días 7 y 8 de julio, en el Encuentro Nacional Ampliado de Secretarios de Recursos Naturales.
*Amparados en la Constitución Política del Estado, el Convenio 169 de la OIT, Ley del Estado Nº 1257, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de ONU, Ley del Estado Nº 3760.
*Ante los inminentes conflictos socioambientales por el desarrollo de actividades extractivas existentes en nuestros territorios, mismos que violan nuestros derechos colectivos reconocidos en la Constitución Política del Estado, Leyes y Tratados Internacionales.
*Nosotros como afectados de los impactos negativos a los sistemas económicos, sociales, culturales y ambientales, que se producen por la extracción de los recursos hidrocarburíferos y mineros en nuestros territorios, sin que los mismos tengan solución por parte del Gobierno y sus Ministerios.
*Conocedores que a la fecha el Órgano Ejecutivo desarrolla la elaboración de normas en relación a la industria minera e hidrocarburífera, normas que afectan a nuestros derechos como Pueblos Indígenas Originarios y Campesinos, construidas sin participación de los mismos y omitiendo lo establecido en la Constitución Política del Estado.
*Que los conflictos suscitados por la extracción de los recursos naturales, entre las organizaciones indígenas originarias campesinas con empresas privadas/públicas y el Gobierno, por el desarrollo de actividades extractivas en hidrocarburos y minería, se originan por no dar cumplimiento a la Consulta y Participación previa, libre, informada y obligatoria.
*Que el Ministerio de Hidrocarburos no ha estado aplicando el proceso señalado en el Reglamento de Consulta y Participación a Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas para actividades hidrocarburíferas, afectando a las instancias de representación de las naciones y pueblos indígenas originarios y dividiendo a sus organizaciones, con el fin de promover el desarrollo de los proyectos hidrocarburíferos.
*Que el Ministerio de Minería pretende aplicar procesos de consulta pública, sin respetar lo estipulado en la Constitución Política del Estado, el Convenio 169 de la OIT, Ley del Estado Nº 1257, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de ONU, Ley del Estado Nº 3760.
POR TANTO,
RESOLVEMOS:
PRIMERO.- Se dispone la creación de la Comisión Nacional de Secretarios de Recursos Naturales de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos del país, con la participación de las siguientes organizaciones: CONAMAQ y sus Suyus, CSUTCB, CSMIOC-BS, CIDOB (OICH, CPILAP, COPNAG y APG), MST – B, el Pueblo Afroboliviano, representantes nacionales y regionales de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos, la misma que dispone ser ampliada a la participación de otros actores.
SEGUNDO.- En lo referido a la problemática minera, exigimos:
La promulgación del Reglamento de Consulta y Participación en actividades mineras propuesta por las organizaciones indígenas originarias y campesinas del país; la paralización de los procesos denominado como de “Consulta Pública en Democracia”, desarrollados y aplicados por el Ministerio de Minería, para iniciar proyectos mineros, hasta que no se tenga promulgado el Reglamento de Consulta y Participación en actividades mineras.
La realización de la consulta y participación a pueblos indígenas originarios y campesinos, debe respetar las estructuras orgánicas, las normas y procedimientos propios y la territorialidad de cada nación y pueblo.
La paralización de las actividades mineras en los territorios indígenas originarios y campesinos que no hayan cumplido con el proceso de consulta y participación a los pueblos afectados, de acuerdo a la Constitución Política del Estado.
TERCERO.- En lo referido al tema Hidrocarburífero, exigimos la participación de las organizaciones indígenas originarias y campesinas en las decisiones que tome el órgano Ejecutivo (Ministerio de Hidrocarburtos, Ministerio de Medio Ambiente y Agua, YPFB, etc.), respetando los derechos indígenas originarios campesinos establecido en la Constitución Política del Estado y las leyes.
CUARTO.- Repudiamos las acciones del Ministerio de Hidrocarburos en las visitas a las comunidades de Mozeten y Lecos, integrantes del CPILAP, para obtener respaldo y otorgar la licencia ambiental a la empresa YPFB-Petroandina S.A.M. de la Fase II del Proyecto Lliquimuni, y exigimos la nulidad de este procedimiento por no haberse respetado las estructuras orgánicas como manda el Art. 118 de la Ley Nº 3058 de Hidrocarburos y el D.S. 29033, debiéndose aplicar la consulta y participación conforme a la normativa y lo señalado en la Constitución Política del Estado.
Exigimos la nulidad de los procesos de consulta desarrollados omitiendo y vulnerando los derechos, lo que puede implicar incluso la revisión y en su caso la nulidad de la licencia ambiental para las operaciones hidrocarburíferas y mineras. Caso del proyecto de exploración sísmica 2D Fase II Bloque Liquimuni (CPILAP), proyectos hidrocarburíferos de la APG, respecto a la explotación minera de Coro Coro, Amayapanpa y otros proyectos y actividades mineras que se desarrollan en territorios de los suyus, marcas y ayllus del CONAMAQ.
QUINTO.- Exigimos la participación conjunta con las instancias competentes del Gobierno en las modificaciones al D.S. 29103 de Monitoreo Socioambiental de Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas en actividades hidrocarburíferas respetando las estructuras orgánicas originarias para que las instancias de monitoreo local, regional y nacional funcionen efectivamente garantizando los derechos colectivos reconocidos por la Constitución Política del Estado. En las modificaciones se deberán incluir a las actividades mineras.
SEXTO.- Exigimos elaborar reglamentos ambientales para el sector hidrocaburífero (RASH) y minero (RASM) con participación de los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas, en ejercicio del derecho a la consulta en materia de medidas legislativas y/o administrativas que puedan afectarnos.
SÉPTIMO.- Exigimos a YPFB y COMIBOL (empresas estatales de hidrocarburos y minería, respectivamente, NdR) generar información pública sobre sus operaciones, medidas ambientales, sociales, planes de trabajo, nuevos proyectos, costos, recursos humanos y EEIA.
Exigimos la aprobación de una política de transparencia y control social de YPFB y COMIBOL, y una política de relación con comunidades indígenas, sobre la base de las propuestas de las organizaciones.
Exigimos respeto a la Pachamama y lugares sagrados, la conservación de la biodiversidad, agua, suelo, lagos, ríos y otros recursos naturales en todo el territorio nacional, especialmente en áreas protegidas, territorios indígenas originarios y campesinos, restringiendo el desarrollo de actividades hidrocarburíferas y mineras, y de acuerdo a los usos y conocimientos tradicionales.
OCTAVO.- Exigimos la adecuación a la normativa existente que permita contar con un sustento legal en el período de transición que vive el país, construida con la participación de las Organizaciones Sociales.
NOVENO.- Exigimos una reglamentación consensuada con las organizaciones sociales para la elaboración de los EEIA porque son la base para la ejecución y seguimiento de planes y proyectos de actividades hidrocarburíferas y mineras.
DÉCIMO.- Hay necesidad de diferenciar dos procesos, uno para compensaciones (en proyección) y otro para indemnizaciones (imprevistos). La indemnización no puede operar como un procedimiento emergente de la expropiación. Su valoración debe ser estimada por el daño ambiental, no como pago de obras o bienes de beneficio comunal. La indemnización no puede estar restringida a los casos en trámite.
DÉCIMO PRIMERO.- Para determinar la compensación e indemnización, exigimos respeto a la territorialidad de los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (TCO, comunales, territorio ancestral, etc), que comprende los componentes de la naturaleza: agua, aire, suelo, fauna y flora, culturales, sociales, económicos, jurídico-institucionales y humanos en todas sus expresiones. No son suficientes los criterios de pérdida de producción, conocimientos tradicionales y/o aprovechamiento de recursos naturales. Deben estar también los criterios de manejo y conservación de los recursos naturales de acuerdo a nuestras normas y procedimientos propios.
DÉCIMO SEGUNDO.- Exigimos que no existan plazos para iniciar demandas de indemnización. La demanda, que no es reclamo, debe ser presentada al o los Ministerios del ramo, no así a la empresa. Las inspecciones para determinar daño deben ser hechas por técnicos del gobierno y de las organizaciones.
La decisión final, concertada entre los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas y el Estado, no pueden ser objeto de conciliación.
La compensación no puede depender del proceso de Consulta y Participación, con el Convenio de Validación de Acuerdos donde se incluya una propuesta de compensación, ya que en este no se identifican posibles daños socioambientales, sino en los EEIA.
El monto de compensación debe estar en el EEIA, y aprobado por el Gobierno a través de la Consulta a los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Art. 30 Constitución Política del Estado).
DÉCIMO TERCERO.- El reglamento que se proponga o disponga debe especificar y separar muy bien las compensaciones de las indemnizaciones. La propuesta de compensación no puede formar parte de los acuerdos relacionados a la consulta, sino formar parte de los EEIA. El régimen de indemnizaciones debe estar relacionado al monitoreo socioambiental.
DÉCIMO CUARTO.- Exigimos que se dé espacio al control social con concurso de las organizaciones indígenas, originarias y campesinas de tierras altas y bajas al interior del Directorio de YPFB.
DÉCIMO QUINTO.- Convocamos a un debate nacional de las organizaciones indígenas originarias campesinas con las instancias del Gobierno sobre la necesidad de generar un nuevo modelo de desarrollo sostenible, más allá de las actividades hidrocarburíferas y mineras, y sobre la distribución de la renta del gas y minerales, como señala la CPE promulgada este pasado 7 de febrero de 2009.
Es dado en ciudad de La Paz, a los ocho días del mes de julio de 2009.
