3 de diciembre de 2009
Claudia Cesaroni (APE)
“El campo es el espacio que se abre cuando el estado de excepción comienza a devenir la regla”
(Giorgio Agamben, ¿Qué es un campo?)
El discurso es recurrente: “No se puede vivir”. “No podemos seguir así”. “Nos matan por 20 pesos”. Acto seguido, se reclama: “Que (la hiena, la yegua, esa que tenemos de presidenta) haga algo, lo que sea”.
Luego se explicitan las medidas concretas: pena de muerte, encierro eterno, baja de edad de imputabilidad a los 10 años, más policía, más gendarmería y si es posible, fuerzas armadas en la calle.
Cuando se sostiene que se puede hacer cualquier cosa, porque una situación supuestamente insostenible así lo reclama, estamos a un paso del estado de excepción. Y cuando se habla de excepcionalidad, acto seguido se plantean medidas que, con el argumento de combatir a un enemigo, se llevan por delante derechos elementales.
Algunos se acuerdan porque lo vivieron, otros porque lo leyeron. Para quienes no lo hayan vivido ni lo hayan leído, basta ir a una biblioteca y revisar diarios viejos. En el verano de 1976, el discurso era semejante: “Así no se puede seguir”. “Salís a la calle y te matan”. “Que alguien haga algo, lo que sea”.
Poco después, el 24 de marzo, vino el golpe.
En ese entonces, el enemigo eran los subversivos, y quienes venían a salvar a la sociedad eran los militares.
Ahora, el enemigo son los delincuentes, y a quien se le pide intervención es a la policía, a la que el gobernador Scioli convoca a “recuperar la calle”; y a las demás fuerzas de seguridad.
En uno y otro caso, a los que se define como enemigos se les quitan todos sus atributos de humanidad. Se habla hoy de los delincuentes como entonces se hablaba de los subversivos: no tienen sentimientos, son hienas, bestias, monstruos asesinos.
El que no tiene humanidad, no es persona. Por eso, se lo puede picanear y tirarlo de un avión. O pegarle hasta que desfallezca, someterlo a submarinos secos y húmedos, o encerrarlo por décadas. No sufre, no padece. Una parte de la sociedad cree que se salva a sí misma entregando la vida, la libertad y los derechos de otra parte de la sociedad, formada por los que percibe como ajenos, como otros. No ve -porque no puede, o porque no quiere, enceguecida por el discurso que le machacan día y noche- que la tragedia de esos otros la va a alcanzar también a ella más temprano que tarde.
En esta visión, quienes rozan la definición de enemigo, les pase lo que les pase, no son reconocidos como víctimas. Luciano Nahuel Arruga, por ejemplo. Un adolescente de 17 años que está desaparecido desde hace diez meses. Como es pobre, morocho, y alguna vez fue detenido por la policía, no parece ser considerado como víctima, no aparece su foto en la televisión, el gobernador Scioli no recibe a su familia. Los policías denunciados en su desaparición son restituidos en sus puestos. Una testigo de la causa es detenida y torturada, sin escándalo alguno.
Esta sociedad debe preguntarse si volverá a aceptar para algunos de sus integrantes un destino de campo de concentración, porque aunque se convierta a la ESMA en un museo, la aplicación sistemática de la tortura, los barrios cercados por la Gendarmería, los operativos policiales televisados, las detenciones masivas y la desaparición de Luciano son trágicos ejemplos de que lo que la ESMA significa continúa brutalmente vigente.
viernes, 4 de diciembre de 2009
Hagan algo, cualquier cosa
miércoles, 2 de diciembre de 2009
Argentina:Contra la protesta social, represión
01/12/2009
El gobierno muestra los dientes a la protesta, ¿quién garantiza el límite?
La decisión de impedir por la fuerza que una masiva movilización popular arribe a la Plaza de Mayo, va en sintonía con una serie de hechos represivos recientes que apuntan a la criminalización de la protesta social por parte del gobierno nacional. Durante el último mes se sucedieron balazos de armas de fuego en dos movilizaciones, bastonazos a protestas pacíficas y denuncias penales a referentes de organizaciones de desocupados. Estas medidas configuran una "vuelta de tuerca" en el discurso derechohumanista oficial, que hace tiempo dejó de mostrarse junto al pañuelo blanco para dar lugar a los discursos fascistas de Scioli o justificatorios de la represión de Aníbal Fernández
Durante el último mes, la Federal disparó con 9 mm. durante el acampe en la 9 de julio; apaleó a 40 personas de la Mutual Sentimiento en Plaza de Mayo ante una protesta pacífica; partió el cráneo a golpes de un joven en la repersión durante el recital de Viejas Locas; desalojó con hidrantes a ex combatientes de Malvinas en Congreso.
La bonaerense desalojó por la fuerza la fábrica Kraft y una protesta en la Panamericana, y baleó, otra vez con plomo, a manifestantes en Esteban Echeverría.
El ministro Aníbal Fernández, abanderado oficial de la justificación de la represión, denunció penalmente en dos oportunidades a Juan Carlos Alderete, como respuesta al anuncio de planes de lucha de los desocupados.
El hecho más grave y menos difundido fue el acontecido durante la represión de una movilización de organizaciones sociales en Esteban Echeverría, en el conurbano bonaerense.
El 20 de noviembre pasado la represión que reconoció haber pedido el intendente kirchnerista Fernando Grey dejó 150 heridos de distinta consideración, dos de ellos con heridas de arma de fuego.
El escuadrón GAD (Grupo de Acción Disuasiva, generalmente destinado a contrarrestar los motines carcelarios) fue identificado como el que disparó con cartuchos de plomo hiriendo a Ernesto Castillo, joven de 17 años, quien según el parte médico elaborado por el doctor Juan de Rosas recibió un impacto “en la planta del pie izquierdo, en contacto con los huesos del tarso, otro en el antebrazo izquierdo, presentando además dos orificios de entrada y salida”.
También constató las lesiones de Alejandro Tula, “paciente que presenta orificio de entrada en brazo izquierdo, sin salida, con pequeño proyectil de metal en la profundidad de la musculatura.”.
En el propio oficialismo están dispuestos a asumir el cambio represivo. Según el diario crítica, en la Casa Rosada “están poniendo límites. Se permite la manifestación, pero no las tomas, ni los bloqueos”.
Sin embargo, se sabe, cuando se da via libre a las fuerzas represivas para la acción contra la protesta social, es imposible pensar que podrá haber una frontera entre un tipo de protesta y otra.
El mismo Kirchner lo sabe, y así lo dejó trascender cuando ordenó, años atrás, que no se reprima la toma de la comisaría de La Boca en protesta por el asesinato del militante Oso Cisneros. “No voy a dar la orden de reprimir con estas policías”, había dicho entonces el actual presidente del PJ.
La fuerzas represivas son las mismas ahora que antes, con un agravante: el clima de enardecimiento generado por el discurso que reclama “más poder a la polícia ante la inseguridad”, sumado a un guiño desde las más altas esferas del Ejecutivo para que se empiece a reprimir, generan las condiciones necesarias para que quienes busquen otro “hecho aleccionador” como los asesinatos de Kosteki y Santillán en 2002, encuentren el campo propicio, y las complicidades políticas necesarias.
lunes, 23 de noviembre de 2009
"El estado argentino asesina a una persona cada 28 horas"
20 de noviembre de 2009
Como viene haciendo todos los años desde 1996, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) presentó esta tarde en un acto público en Plaza de Mayo la actualización 2009 del "Archivo de Casos" de personas asesinadas por el gatillo fácil y las torturas por parte del aparato policial provincial y nacional. "Desde que comenzó el gobierno peronista de los Kirchner, que gusta definirse como 'el gobierno de los derechos humanos', ha matado con el gatillo fácil, la tortura, en cárceles o comisarías, a 1.320 personas desde entonces", señala CORREPI en un tramo de su discurso Fotos: ANred.
Por ANRED - C
El acto de la coordinadora comenzó a las 18hs con la tradicional presentación que realiza todos los fines de año en Plaza de Mayo, con la presencia de familiares de chicos asesinados por la policía, y de organizaciones de trabajadores ocupados y desocupados, estudiantiles, sociales y políticas.
Antes de los discursos de los familiares y de los representantes de CORREPI, subieron al palco dirigentes y representantes de organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos a declarar su adhesión a la jornada y, además, denunciar hechos específicos de represión.
Por ejemplo, se hizo presente el Frente Antirrepresivo de Mar del Plata, cuyo vocero contó la situación de los derechos humanos en esa ciudad costera y denunció que hay una circular del intendente marplatense que establece - textualmente - que "se encuentra terminantemente prohibido que las cooperativas tengan asambleas o reuniones", luego de la movilización que realizaron a principios de año, cuando quisieron que el municipio les asigne las viviendas populares que habían sido construídas en las afueras de Mar del Plata, y habían sido duramente reprimidas. En este sentido, emparentó la situación en la ciudad con un "régimen militar".
Por otra parte, Antonio Bitto, del MTR 12 de Abril contó a los presentes la situación represiva que se había dado unas horas antes en Monte Grande: "el gobierno reprimió hoy en el partido de Esteban Echeverría a compañeros que fueron a reclamar puestos de trabajo. Los cagaron a palos, y como si esto fuera poco, detuvieron de ellos. Este es el gobierno democrático, popular y de los derechos humanos con el que quieren hacernos creer que es con el que nos gobiernan."
La palabra de los familiares de víctimas
Antes de la lectura del informe anual de los representantes de CORREPI, los familiares de víctimas de gatillo fácil y asesinatos por torturas policiales se acercaron al escenario y leyeron, turnándose, cada uno un tramo de un documento único consensuado por todas las familias. Aquí los tramos más importantes:
"Las detenciones arbitrarias y la tortura en cárceles son un arma más de control social. Empezamos a luchar por justicia por nuestros familiares. Pronto entendimos que nadie murió de casualidad o porque tuvo mala suerte. Los que asesinaron a nuestros hijos, hermanos o padres no son loquitos sueltos. Son los ejecutores de una política de estado, los encargados de mantener las cosas como son, de mantener la paz social a costa de la vida de los trabajadores.
Y para que las cosas sigan siendo así, tienen que obligarnos a callar y obedecer; mostrarnos que pueden matarnos de hambre o con balas; que si protestamos por trabajo o por hambre, ellos van a mandarnos a sus perros guardianes a mantener su orden.
Nos hablan todo el tiempo de que tenemos que defender "la democracia". Los pobres no conocemos la democracia (…) El gatillo fácil es dueño y señor de los pibes del barrio. Los presos - que son todos pobres - mueren o los matan todos los días. En todas las comisarías y cárceles se tortura.
Nos hablan de inseguridad. Piden mano dura y condenas más altas. Cada tanto insisten con la pena de muerte. Ahí están nuestros familiares: más de 2800 muertos en 26 años de democracia, para probar que la pena de muerte en Argentina existe.
Todos los gobiernos van a reprimirnos, sean más autoritarios o más progresistas; todos necesitan tener las calles vacías de pobres que protesten y las fábricas ordenadas y produciendo para los patrones."
"La represión es siempre de clase"
Finalmente, Ismael Salil y María del Carmen Verdú, de la CORREPI hicieron el discurso de cierre del acto. Salil señaló que en todas las medidas de lucha de los trabajadores, hayan sido huelgas, tomas de fábricas, movilizaciones o cortes de ruta, la represión siempre se hizo presente. "En todas las medidas de lucha los trabajadores debieron enfrentar a la policía, a la gendarmería, a la prefectura, a las patotas de la burocracia sindical y del partido de gobierno. Los gasearon, los apalearon, los balearon, los llevaron presos", expresó. Por su parte, Verdú remarcó que "la represión, adopte la modalidad que adopte es siempre de clase, y tiene como finalidad garantizar y profundizar la explotación."
Algunos parrafos relevantes del informe 2009 de CORREPI (que se puede leer completo en el sitio www.correpi.lahaine.org):
"Si la pertenencia a la clase trabajadora es la regla casi absoluta (…) el análisis del componente etario permite ratificar que los jóvenes son el blanco favorito de esa política preventiva. Los jóvenes son el sector con mayor potencialidad de rebeldía, y, por ende, quienes primero y más profundamente deben ser disciplinados. Más de la mitad de las muertes corresponde a la franja de varones pobres de menos de 25 años, y el 30,50% del total tenían 21 años o menos."
"La dictadura cumplió la tarea, iniciada años antes, de aniquilar la resistencia de trabajadores organizados altamente combativos, de organizaciones revolucionarias y de grupos políticos radicalizados. Reemplazados los gobiernos militares por los "presentables" gobiernos "democráticos", cobró central importancia esta "represión preventiva", cuyo objetivo es disciplinar a la clase de cuyo seno surgen la resistencia y la confrontación."
"Esta décimo cuarta actualización, a fin de 2009, registra 2.826 casos, con un promedio de 20 personas muertas por el estado por mes. EL ESTADO ARGENTINO ASESINA A ALGUIEN CADA 28 HORAS. Desde el 25 de mayo de 2003, el gobierno peronista de los Kirchner, que gusta definirse como 'EL GOBIERNO DE LOS DDHH', ha matado con el gatillo fácil, la tortura, en cárceles o comisarías, a 1.320 personas: 928 entre el 25 de mayo de 2003 y el 10 de diciembre de 2007, y 392 desde entonces."
"El estado hace una defensa irrestricta de las normas que permiten a las policías detener indiscriminadamente "sospechosos", cuyo perfil siempre coincide con lo que ellos mismos describen como "morocho, joven y de barrios conflictivos". Esa defensa institucional de las faltas, contravenciones y la averiguación de antecedentes incluye mantener incumplida la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH en el Caso Bulacio que ordenó a la Argentina, hace más de seis años, derogarlas por ser contrarias al Pacto de San José de Costa Rica."
"Es necesario destacar la persistencia, como política de estado, de la sistemática aplicación de tormentos a personas legal o ilegalmente detenidas, que en muchos casos ocasiona la muerte del torturado. Una parte significativa de las muertes en cárceles y comisarías corresponde a torturas seguidas de muerte, pese a lo cual no llegan a una docena las condenas en todo el país por ese delito. Paralela y complementariamente al uso habitual de métodos de tortura como el apaleamiento, el submarino seco ("bolsita") o la picana eléctrica, el aparato judicial es reacio a calificar hechos obvios de tortura como tales, porque esa figura legal señala con más claridad que ninguna otra la responsabilidad institucional. (…)
"También es constante, aunque con una incidencia muy menor en el total, el número de hechos que podemos denominar "intrafuerza" o "intrafamiliar", es decir, episodios en los que víctima y victimario resultan camaradas de una misma fuerza, o parientes. Se comprueba así que los integrantes del aparato represivo del estado utilizan, para dirimir sus conflictos personales, sus "internas" y hasta sus problemas conyugales o familiares, los métodos, herramientas y recursos que el estado pone a su disposición para cumplir su fin institucional."
"Párrafo aparte merecen las estructuras de seguridad, custodia o vigilancia privadas, generalmente dirigidas por miembros de alto rango del aparato represivo oficial, en retiro o en actividad. (…) A ello se suma el accionar cada vez más visible de patotas paraestatales, en general dirigidas o compuestas por elementos de choque vinculados a la estructura del partido de gobierno (punteros barriales, "batatas" sindicales o miembros de barras bravas de fútbol), que toman en sus manos, en apariencia "privadas", la represión a los trabajadores organizados por fuera de las burocracias. Este mecanismo, que ha usado con particular predilección el gobierno asumido en 2003 y reelecto en 2007, tiene la enorme ventaja de poner al aparato represivo oficial a resguardo de eventuales críticas, al tiempo que sirve para anatemizar la organización independiente de los trabajadores. Siempre que pueden, ante los ataques de las patotas, los medios titulan "batalla entre sectores sindicales", sin distinguir, deliberadamente, entre las burocracias oficialistas y los delegados o comisiones internas no burocráticas."
Marruecos: las flaquezas de la “paz social”
El reino de Marruecos sigue sin reconocer los derechos de miles de licenciados que no encuentran trabajo. A esto se unen las reivindicaciones de los obreros de Khouribga.
Montserrat Emperador Badimón.
Rabat (Marruecos)
DIAGONAL
16 de noviembre de 2009.
Las calles de Rabat y Casablanca, capitales política y económica de Marruecos, han sido testigo a principios de noviembre de los espejismos del “Diálogo Social” concertado entre sindicatos mayoritarios, patronal y Gobierno. La manifestación convocada el viernes 30 de octubre por la Asociación Nacional de Diplomados en Paro de Marruecos (ANDCM) en Rabat fue contestada con una intervención policial que se saldó con la hospitalización de cuatro manifestantes.
El 4 de noviembre, un centenar de trabajadores de la compañía Sociedad Marroquí de Estudios Especiales e Industriales (SMESI) se concentró delante de la sede central de la Oficina Cherifiana de Fosfatos (OCP) en Casablanca para protestar contra su despido. Las constantes protestas organizadas por los despedidos en Khouribga provocaron la toma de la ciudad por las fuerzas del orden, cuyos repetidos abusos (palizas contra los manifestantes, detenciones, interrogatorios e intimidaciones) han motivado la reacción de la opinión pública marroquí e internacional. Esta acción se añade a una lista todavía abierta de movilizaciones que empezaron en verano en la ciudad minera de Khouribga.
Parados sin reconocimiento La manifestación de los parados se enmarca en la semana de actos programados con motivo del 18 aniversario de la ANDCM. La asociación fue la primera en organizar, a principios de los ‘90, a diplomados de la enseñanza secundaria y superior que reivindican la integración en la función pública. El objetivo de la marcha era la apertura de negociaciones con los responsables públicos nacionales y el reconocimiento oficial de la asociación. Pese a las conversaciones que, escasas veces, reúnen a militantes y responsables públicos a nivel local, la ANDCM nunca ha sido autorizada. Éste es el pretexto para el trato violento que reciben sus actos pacíficos de protesta. A lo largo de su trayectoria, el grupo cuenta con un pesado balance de varios centenares de detenciones y juicios, decenas de condenas a cárcel y dos muertes.
El contencioso entre parados, obreros pertenecientes a corrientes autónomas de centrales sindicales y responsables públicos corre peligro de enquistarse. De hecho, la acumulación de incidentes revela la solidificación de los conflictos. El “diálogo social” tripartito (patronal, sindicatos mayoritario y Estado) constituye hoy en día el único espacio oficial de discusión de las cuestiones laborales en Marruecos. Pero la estrechez de miras de su “orden del día”, desconectado de las problemáticas humanas y laborales más acuciantes, sólo puede socavar la posibilidad de encontrar soluciones socialmente justas a las tensiones laborales en aumento.
850 despedidos en la empresa más próspera La administración de SMESI depende de la OCP, empresa de propiedad estatal que cuenta con el balance comercial más exitoso de toda la economía marroquí. La OCP es líder mundial en la extracción y comercialización del fosfato y sus derivados (abono, ácidos fosfóricos, etc.). En julio de este año, 850 trabajadores de SMESI fueron despedidos por haber constituido una sección sindical local. Los trabajadores pretendían denunciar las prácticas de la OCP, que “libera” a empleados para que sean contratados temporalmente por sociedades de subcontratación como SMESI-Régie, constituidas mayoritariamente por directivos de la OCP. Las medidas de presión empezaron en mayo, con reducciones salariales y el despido de los 160 trabajadores de la compañía afiliados al sindicato. A la negativa de reconocer a la sección sindical, lo que constituye una infracción del código laboral aprobado en 2004, se le unió la contratación de obreros jubilados, quienes debían asegurar el nivel de producción. En septiembre se creó un comité de solidaridad internacional, formado por abogados, sindicalistas, periodistas y defensores de los derechos humanos, con el fin de difundir el caso a nivel de instituciones europeas. Los trabajadores despedidos reivindican entablar conversaciones directas con la OCP. El objetivo es la readmisión de los afectados y el reconocimiento de sus derechos sindicales. Por el momento, la OCP rechaza sentarse a la mesa de negociaciones.
domingo, 22 de noviembre de 2009
“Es importante que se sepa que en México no hay justicia”
TITA RADILLA, HIJA DE UN DESPARECIDO POR EL EJÉRCITO
En México, entre los años ‘70 y ‘80, más de mil personas fueron detenidas y desaparecidas en la llamada “Guerra Sucia”. La responsabilidad de estos delitos se atribuye a las fuerzas de seguridad. Ningún caso ha sido aclarado y nadie ha sido condenado.
Alvar Chalmeta
Diagonal
Jueves 19 de noviembre de 2009
Rosendo Radilla, alcalde del municipio de Atoyac, en el Estado de Guerrero, fue detenido en un control militar de carreteras en 1974. Este activista social de 60 años fue visto por última vez en un cuartel días después. Las personas que estaban detenidas con él informaron de que fue torturado. 35 años después su familia sigue denunciando su desaparición.
Al igual que en otros casos de desapariciones forzadas, los sucesivos gobiernos mexicanos se han negado a reconocer su responsabilidad. Tras haber agotado los recursos de la jurisdicción interna, la familia, integrada en la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos, y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), y otras organizaciones, lograron llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El pasado julio el Estado mexicano, representado por su secretario de Gobernación (el equivalente al ministro del Interior), Fernando Gómez Montt, reconoció la responsabilidad institucional en esta desaparición pero rechazó que la Corte Interamericana fuera competente para investigarla. La Afadem estima que en breve la Corte emitirá una resolución sobre este caso.
DIAGONAL: La desaparición de tu padre ha llegado a la Corte Internacional. ¿Servirá para la denuncia de otros cientos de casos?
TITA RADILLA: Sí. Es el primer caso que llega hasta esta instancia internacional. Es muy importante porque lo consideramos un caso paradigmático y porque abre las puertas para que puedan entrar muchos más. Y por el hecho de que esta Corte puede obligar al Gobierno mexicano a investigar.
En nuestro municipio hay una lista de 400 desaparecidos, pero hay muchas familias que no quieren aparecer en esa lista por miedo y lo respetamos, así que estimamos que son muchas más personas. En ese momento en el Estado de Guerrero había unos 25.000 efectivos militares. Eran muchísimos. De verdad que se fueron sobre la población con la excusa de terminar con la guerrilla.
La mayoría de los líderes de las comunidades de aquella época están desaparecidos. Todos los maestros rurales de aquella zona que pudieron salir se escaparon, pero todos los demás fueron desaparecidos. También desaparecieron a los campesinos. Ahí no importaba ni siquiera la militancia, porque algunos eran priistas y también están desaparecidos. Por ejemplo, un profesor llegaba a una comunidad y la comunidad le hacía una fiesta y entonces llegaba el Ejército y se llevaba a esa gente. Se llevaban a los hombres y a las mujeres que hubiesen participado en la organización de las actividades.
Fueron hechas por los mismos militares. Lo sabemos porque nosotros veíamos cuando eran detenidos, y no solamente fueron detenciones arbitrarias sino también ejecuciones y violaciones de mujeres. Cientos de personas detenidas y torturadas en las cárceles. Fue como una guerra contra la población. En el conjunto de México hay unos 1.300 casos denunciados
D.: Hay datos sobre la guerra sucia de los ‘70 y ‘80. Y ahora, ¿hay un nuevo ciclo de represión?
T.R.: Sí, desafortunadamente las desapariciones forzadas han sido desde hace muchos años una práctica que ha sido institucionalizada por el Estado mexicano para deshacerse de personas no queridas, sobre todo denunciadores sociales, a los que hoy llaman ‘levantones’. El Estado sostiene que ya no hay desapariciones forzadas y trata de responsabilizar al narcotráfico o intenta vincular a las organizaciones sociales con grupos armados para justificar las desapariciones, pero hay evidencias claras de que el Ejército y la policía son los responsables.
D.: ¿Qué capacidad de presión sobre México hay desde fuera?
T.R.: Bueno, para México es muy importante la comunidad internacional. El Gobierno quiere siempre tener una imagen de respeto con los derechos humanos cuando en verdad es todo lo contrario. Para nosotros es muy importante que la comunidad internacional sepa que en México no hay justicia. Que tuvimos que salir para buscar justicia en los tribunales internacionales por la falta de voluntad política del Gobierno para investigar
miércoles, 4 de noviembre de 2009
Amnistia Internacional, denuncia la impunidad de las policías españolas en casos de torturas
La Haine -
4 de noviembre de 2009
http://www.nodo50.org/tortuga/Amnistia-Internacional
A.I. ha vuelto a denunciar la impunidad de la que gozan los agentes de las fuerzas policiales de todo el estado español en los casos de tortura
El director de Amnistía Internacional (AI) en el Estado español, Esteban Beltrán, ha presentado el informe "España: sal en la herida: Impunidad policial dos años después", que actualiza el estado de las denuncias contra agentes de las fuerzas de seguridad de todo el Estado de las que informó en otro informe publicado dos años antes y analiza los cambios habidos en el Estado español con respecto a la prevención en investigación de la tortura y malos tratos.
"La investigación y sanción de la tortura policial sigue siendo un agujero negro que cae en la impunidad", ha afirmado Beltrán, quien ha añadido que "esta impunidad de facto se basa en deficiencias estructurales", que ha resumido en cuatro factores: "La falta de voluntad política de perseguir a los torturadores", que los mismos cuerpos policiales que cometen el delito son los que luego "investigan" los casos de tortura y malos tratos; la falta de colaboración de las FSE para identificar a los agentes y las frecuentes "contradenuncias".
Frente a esa situación, la organización internacional recomienda crear un mecanismo independiente que tenga facultad para investigar las denuncias contra los miembros de las FSE y que se suspenda siempre del servicio a los agentes acusados de malos tratos mientras duren los procedimientos contra ellos.
Además, aconseja que se adopten medidas concretas para introducir la grabación en audio y vídeo con cámaras de circuito cerrado de televisión en todas las zonas de custodia y en otros lugares de las comisarías en las que pueda haber personas detenidas, incluidas las que se encuentran en régimen de incomunicación; y que se publiquen memorias anuales completas de las unidades de asuntos internos de la Policía española y la Guardia Civil a fin de que la opinión pública pueda estar plenamente informada de todas las denuncias presentadas contra agentes policiales y de las medidas adoptadas en respuesta a esas denuncias.
Para prevenir tal lacra, según Beltrán, se incidiría en la parte más problemática, las carencias de la investigación, ya que, a su entender, una "investigación rigurosa, imparcial y efectiva de todas las denuncias de tortura es fundamental. La prevención es siempre el mejor remedio". En ese punto, AI aprecia "claros avances" en la Ertzaintza y los Mossos D’Esquadra, como "que los agentes lleven visible su número de identificación o que haya cámaras de seguridad en las comisarías", aunque lamenta que esos "avances no se han visto reflejados en el ámbito nacional".
"En España no hay una política sistemática de tortura y malos tratos, pero va más allá de un problema aislado", ha insistido.
lunes, 5 de octubre de 2009
México: El gobierno derechista incrementa la represión contra los jóvenes rebeldes
5 de octubre de 2009
Pedro Echeverría (especial para ARGENPRESS.info)
1. Acaba de salir de chirona el joven Ramsés Villarreal, destacado universitario e hijo de profesores de la SEP. Lo detuvieron cuando se trasladaba en un autobús urbano en la ciudad de México –sin orden de aprensión o acusación alguna- por el hecho de ser joven, ser rebelde y vestir como joven.
Las acusaciones son las de menos: la Procu (PGR) inventa lo que quiera: colocación de bombas, uso de drogas, te acusa de secuestrador, de agresión a la autoridad, de robo y violación. Este es el punto: para los gobiernos de derecha o proempresariales, con mucha basura en la cabeza, ser diferente a los demás –sobretodo ser distinto a aquellos que viven agachados o de rodillas frente al poder- ya es una persona que causa duda y que, de ser posible, debe extirparse. Es el destino de los jóvenes en estas sociedades donde los multimillonarios son intocables y mandan
2. En algunas universidades públicas se aprende a pensar, a reflexionar, a ser críticos del sistema; contrario a lo que sucede en las universidades privadas donde se enseña a ganar dinero, a acumularlo en beneficio propio y a burlarse del populismo o populacho, como dicen. ¿Cómo quieren que piense un egresado de sociología, filosofía o ciencia política en una universidad pública como la UAM o la UNAM, sobre todo si pertenece a la clase social media, que observa cotidianamente como se desploma su clase social y los millones de humildes que la rodean? Otra cosa es ser “hijo de papi”, crecer con todas las comodidades y lujos, estudiar algo así como “administrador de empresas” en una universidad privada. ¿Y qué decir de los más jóvenes hijos de proletarios explotados que estudian en los CCH y Prepas de la UNAM, los de Bachilleres y escuelas técnicas?
3. Los “cuerpos de inteligencia”, que no son otra cosa que la brutal policía política, han decidido lanzar todas sus baterías de represión contra los jóvenes anarquistas que odian al sistema capitalista de explotación y opresión. Esa policía ha declarado que los anarquistas no asaltan, no roban, no secuestran, no son terroristas, pero sí son enemigos del sistema de explotación y de la destrucción de la ecología. Dice la policía política militarizada que los maduros y los viejos de centroizquierda ya están enchufados al sistema electoral que les está dando todo, pero que el peligro está en los jóvenes que cuestionan de manera permanente, que gritan por todos lados que no se dejan engañar con los discursos de los políticos que han mantenido aplastado a la población y que no quieren a los partidos porque siempre están negociando cargos y subsidios.
4. Mientras el presidente ilegítimo Calderón reconoce que hay más de 20 millones de miserables, sin alimentación en el país –que en realidad son 30 millones- y por otro lado busca usar los ahorros jubilatorios de millones de mexicanos para arriesgarlos en la bolsa de valores mientras los usa para respaldar su presupuesto de gobierno, en ese mismo ritmo del desplome económico, se están incrementando los aparatos de seguridad para reprimir el descontento. El caso de la represión contra el joven sociólogo Ramsés sólo es una muestra de los que ha venido sucediendo y que tiende a incrementarse en la medida en que la crisis económica se profundiza en el país. Al parecer el ejército y la policía tienen todo bajo control, pero sólo lo han logrado incrementándose en decenas de miles los empleados policíaco/militares.
5. Los soldados del ejército, disfrazados de simples policías, después de capacitarse entre las fuerzas armadas de los EEUU y otros países como Francia e Israel, están ahora en proceso de estructurar mejores equipos de vigilancia y represión. Dado el enorme desprestigio de la policía y el ejército en los últimos años –por las funciones de ocupación militar en varios estados de la República con el pretexto del combate contra el narcotráfico- se observa una tendencia a fortalecer y a crear más grupos paramilitares que actúen en el silencio, la clandestinidad, la oscuridad y la ilegalidad, con el fin de acabar con los grupos rebeldes. Sería una funesta estrategia que ya ha usado el ejército en decenas de países, tales como España, Argentina, Chile, etcétera, para desaparecer a los grupos radicalizados.
6. Los anarquistas chilenos acaban de publicar un manifiesto sumamente claro y combativo para reinvindicar sus principios y diferenciarlos de las organizaciones autoritarias: “Los/as Anarquistas chilenos hemos vuelto a manifestarnos, levantando la bandera de la LIBERTAD, de la emancipación de la mayoría de los/as marginados/as, por una sociedad sin Estado, políticos, patrones, ejércitos o jerarquía eclesiástica: una sociedad organizada desde la base, en los barrios, poblaciones y comunas, federada, ejerciendo la democracia directa, sin representantes ni intermediarios, y que mediante la autogestión produce una convivencia basada en el apoyo mutuo y la solidaridad activa en lugar de la caridad egoísta que justifica y promueve las diferencias clasistas”. Ningún ápice de impulso a la violencia, pero tampoco de subordinación o cobardía.
7. Pero a todos los gobiernos –acostumbrados a saquear riquezas para beneficio personal- les asustan los personajes que hablan de barrios y comunidades autogestivas; no pueden tener la capacidad para comprender que hay personas que luchan junto a las colectividades para beneficiarse en conjunto y no de manera individual. ¿Cuándo la población podrá comprender que los valores colectivos, las organizaciones comunales, están por encima del individualismo burgués? Por eso los gobiernos y sus ejércitos buscan destruir a los jóvenes que son la semilla del nuevo mundo posible; pero también los millones de jóvenes -como los miles que son apañados diariamente en el mundo por las llamadas “fuerzas del orden”- tienen que seguir luchando con toda su inteligencia cuidándose de la policía política que cada día se extiende más en todos los países.
sábado, 3 de octubre de 2009
ETXERAT denuncia
Etxerat denuncia que no se respetan los derechos de los presos políticos vascos ni en España ni en Francia
«Mientras se siga aplicando la criminal política penitenciaria vigente y se mantenga la vulneración de los derechos que asisten a los presos políticos vascos, el cariño y la solidaridad seguirá prendido «el quinqué del cariño y la solidaridad»
Kaos en la Red
3-10-200
Así lo anunciaron ayer representantes de Etxerat en una rueda de prensa en Bilbo, tras constatar que los derechos de sus familiares y amigos siguen sin ser respetados por los estados español y francés.
GARA
Los representantes de Etxerat, asociación que ya ha cumplido veinte años defendiendo los derechos de los presos políticos vascos, afirmaron que surgió como «consecuencia de la criminal política vigente».
«No se trata de algo que hayamos elegido -explicaron en su comparecencia-, es algo que hemos tenido que hacer a la fuerza. No nos ha quedado otro camino para poder defender los derechos, una y otra vez pisoteados, de nuestros familiares, amigos y amigas encarcelados. Somos los principales testigos y transmisores de dichas vulneraciones ante la sociedad vasca».
Recordaron que Etxerat es una asociación que reúne a personas «de todos los ámbitos de la sociedad vasca». «Por tanto -insistieron-, estamos hablando de sujetos con derechos que no han tenido otro remedio que organizarse para poner freno a la constante violación de los derechos de nuestros familiares, amigos y amigas encarcelados. No nos ha quedado otro camino frente a la pasividad e inacción institucional». Junto a ello, recordaron que han conocido diversas fases dentro de la política penitenciaria impulsada por los estados español y francés hacia el colectivo de presos. Como ejemplos, señalaron las cárceles post franquistas, el «régimen militar» de Carabanchel o Puerto, la creación de nuevas prisiones de máxima seguridad y la dispersión.
La conclusión que sacaron de esta política penitenciaria es que ambos estados «han tenido siempre el mismo objetivo: vulnerar constantemente los derechos de nuestros familiares en prisión para así poder destruirlos como personas».
«Y no sólo eso -agregaron-, sino que el trabajo de los familiares también ha sido reprimido en numerosas ocasiones». Como ejemplo, apuntaron «el brutal ataque» que sufrió uno de sus autobuses camino de Herrera de la Mancha. A juicio de Etxerat, el objetivo es «perpetuar la carta blanca de la que goza la criminal política penitenciaria vigente» y establecer «un blindaje para la vulneración de derechos».
«Buscan ampliar los espacios de impunidad -precisaron-, tanto dentro como fuera de las prisiones. Quieren que la sociedad vasca sea ciega, sorda y muda. Así, en lugar de buscar una solución definitiva, han optado por saciar sus ganas de venganza». Aun así, se mostraron convencidos de que, «con el compromiso de todos, tendremos a nuestros familiares vivos y en casa, con todos sus derechos respetados».
Pese a los obstáculos, ayer hubo actos de los presos en Antzuola, donde se concentraron 30 personas; en Bilbo, 100; en Lekeitio, 110; en Galdakao, 83; en Zornotza, 105; en Mundaka, 20; en Ugao, 27; en Ondarroa, 152; en Algorta, 63; en Deustua, 220; en Zorrotza, 31; en Getaria, 35; en Zarautz, 170; en Soraluze, 61; en Legorreta, 18; en Lazkao, 72; en Mutriku, 60; en Hernani, 425; en Andoain, 32; en Lezo, 39; en Iturrama, 61; en Barañain, 37; en Iruñea, 320; en Lizarra, 35; en Etxarri Aranatz, 77; en Amurrio, 30; en Berriozar, 50; en Elizondo, 23; en Arbizu, 65; en Bera, 16; en Tafalla, 57; en Gasteiz, 396; y en Errenteria, 245 (según vecinos de esta última, la Ertzaintza retuvo a un joven de 15 años y lo golpeó).
En Lizartza, por su parte, 55 personas protestaron contra la Corporación del PP.
Aralar califica de «arbitrario» el acuerdo entre Eudel y Lakua
Alcaldes de Aralar denunciaron ayer el «Protocolo de actuación para prevenir y eliminar la existencia de pintadas y carteles de enaltecimiento del terrorismo en los municipios vascos» firmado por Eudel y el Departamento de Interior de Lakua, al considerarlo «arbitrario» porque cada cual «lo puede interpretar a su manera».
Los alcaldes de las localidades guipuzcoanas de Elgeta y Aretxabaleta, Oxel Erostarbe e Inaxio Garro, acompañados por el vicecoordinador de Aralar, Jon Abril, coincidieron en la «necesidad de eliminar los carteles y pintadas que contengan amenazas e insultos». Sin embargo, opinaron que el acuerdo «no es efectivo para solucionar los conflictos» de los pueblos.
El convenio es, a su entender, una «huida hacia adelante con una gran falta de concreción porque no fija dónde está el límite», ya que la ley no recoge, por ejemplo, si colocar fotos de presos o carteles pidiendo su traslado a Euskal Herria es o no delito.
Los alcaldes de Aralar no comparten la tesis de que se vulnere la libertad de expresión «con la excusa de que hay que deslegitimar la violencia».
El alcalde de Aretxabaleta, por su parte, denunció lo ocurrido el pasado fin de semana en esta localidad, donde tres personas fueron detenidas por llevar pegatinas que reivindicaban los derechos de los presos.
Los representantes de Aralar se preguntaron asimismo si el hecho de que el presidente de Eudel, Jokin Bildarratz, haya firmado este convenio supone un cambio de actitud del PNV e insistió en que no están de acuerdo con la «política de tensionamiento» que está poniendo en práctica el consejero de Interior, Rodolfo Ares. GARA
domingo, 27 de septiembre de 2009
G-20: El Nuevo Orden Mundial
27-09-2009
En Pittsburgh, sede de la cumbre de los poderosos del planeta, clima de "ley marcial" para afrontar las protestas no-global. De la cumbre, ninguna medida seria para que no se den nuevas crisis. (Traducido para Rebelión por Gorka Larrabeiti)
Las imágenes de la represión de las protestas en Pittsburgh, con motivo de la cumbre del G20, parecen sacadas de una de esas películas de ciencia ficción orwellianas que están ambientadas en un futuro inquietante e indefinido dominado por regímenes policiales y leyes marciales.
Duros con los manifestantes.
Un batallón de la Guardia Nacional, recién regresado de Iraq, monta controles vigilados por blindados Hummer y patrulla las calles que rodean la sede de la cumbre, en las que suena sin cesar un inquietante mensaje a través de los altavoces con una voz monótona, diríase que inhumana, que avisa a los manifestantes: “Aléjense inmediatamente de esta zona, sean cuales sean sus intenciones. Si no se dispersan, serán detenidos y sometidos a otras acciones de policía como la detención física, la intervención de agentes antidisturbios y el uso de municiones no letales que pueden provocar heridas a quienes se queden”.
Del dicho al hecho.
Rabiosos “robocops” de la policía antidisturbios desfilan por las calles en formación militar, azuzan a sus perros contra los peatones, luego montan un cordón y amenazan y pegan a los manifestantes con largas porras de madera, los persiguen y los inmovilizan con lazos de nylon (como a los prisioneros de guerra), disparan contra la muchedumbre pelotas de goma y gases lacrimógenos.
Intervienen también los cuerpos especiales de la policía (SWAT) con blindados y otros medios militares que “disparan” contra los manifestantes ondas sonoras ensordecedoras, y, escena surrealista, soldados del ejército en uniforme mimético bajan de coches civiles y se llevan a la fuerza a un manifestante sin esposarlo siquiera, mientras la gente alrededor presencia atónita este secuestro.
Blandos con los banqueros.
Este clima de ley marcial acogió a los manifestantes “no-global” que se acercaron a Pittsburgh para protestar contra los poderosos del mundo, acusados de haber socorrido a los bancos especuladores responsables de la crisis con subsidios públicos por valor de más de 17 billones de dólares (no 700.000 millones como dicen a menudo), en lugar de ayudar a las víctimas de esta crisis; en concreto, a los millones de trabajadores que perdieron el trabajo y las decenas de millones de ciudadanos que perdieron sus ahorros.
Los manifestantes apuntaban contra el “capitalismo global, que defiende los beneficios de pocos a costa de las necesidades de la población, un sistema cínico en el que todo y todos se convierten en objeto de especulación sin límites, sin reglas.
El G20 de Pittsburgh fue presentado como “el nuevo Bretton Woods”, que debía reformar y reglamentar el mercado financiero global para evitar los excesos especulativos que produjeron la actual recesión.
En cambio -se veía venir- las fuertes presiones del potente lobby bancario y financiero mundial bloquearon todas las medidas radicales sobre las que se discutía a la víspera de la cumbre.
Se excluyeron de la agenda de la cumbre la “tobin tax” relativa a transacciones financieras, la prohibición de especulación sobre materias primas y alimentarias, la obligación de una capitalización adecuada de los bancos para volver a calibrar el peligroso sistema crediticio basado en reservas fraccionarias casi inexistentes y la creación de un calendario claro para combatir el calentamiento global.
De la cumbre de Pittsburg sólo saldrá alguna propuesta demagógica, como la limitación de los bonus para los manager financieros y el compromiso para una mayor coordinación económica global a través del reforzamiento de organismos como el Fondo Monetario Internacional y la Banca Mundial, que tanto les gustan a los “no-global”.
http://it.peacereporter.net/articolo/18003/G20%2C+il+nuovo+ordine+mondiale
