11-06-2010
Jonathan Cook
Counterpunch
Traducido para Rebelión por LB
¿Por qué los israelíes están tan indignados por el escándalo internacional que ha generado el mortífero ataque que su país llevó a cabo la semana pasada contra una flotilla de buques civiles de ayuda a Gaza?
Los israelíes no han respondido de ninguna de las maneras que podíamos esperar. Ha habido muy poco trabajo de introspección acerca de la moralidad —ni que decir tiene de la legalidad— del hecho de que los soldados israelíes invadieran buques en aguas internacionales y mataran a civiles. En general, los israelíes no han tenido ningún interés en formular preguntas comprometidas a sus dirigentes políticos y militares sobre las razones por las que manejaron el asunto de forma tan desastrosa. Y apenas unos pocos comentaristas parecen preocupados por las nefasta consecuencias diplomáticas del incidente.
En lugar de eso, los israelíes están enfrascados en un debate kafkiano en el que el ataque militar contra los barcos civiles se describe como “acto de legítima defensa”, como lo llamó el Primer Ministro Benjamin Netanyahu, mientras que el asesinato de nueve activistas humanitarios se transforma en un intento de "linchamiento de nuestros soldados" por parte de terroristas.
Benny Begin, un ministro del gobierno cuyo famoso padre, Menachem, llegó a ocupar el cargo de Primer Ministro israelí después de haber sido lo que hoy llamaríamos "un terrorista", como líder que fue de la milicia Irgun, dijo a BBC World TV que los comandos israelíes habían sido brutalmente atacados después de que llegaran [a los barcos] "prácticamente descalzos". Por su parte Ynet, el más popular sitio web israelí de noticias, informó de que los comandos habían sufrido "una emboscada".
Este extraño discurso sólo se puede descifrar si comprendemos los dos temas, aparentemente contradictorios, que han acabado dominando el paisaje emocional de Israel. El primero es la creencia visceral de que Israel existe para realizar el poder judío; y el segundo es el sentimiento igualmente fuerte de que Israel encarna la experiencia colectiva del pueblo judío como víctima eterna de la historia.
A los propios israelíes no les pasa completamente desapercibido este paradójico estado mental, y a veces se refieren a él como “el síndrome de dispara y llora”.
Esa es la razón, por ejemplo, por la que la mayoría de los israelíes piensa que su ejército es “el más moral del mundo". La figura del “soldado como víctima" ha recibido una formulación dramática en el caso de Gilad Shalit, el "inocente" soldado retenido por Hamás desde hace cuatro años que, en el momento en que fue capturado, estaba implementando la ilegal ocupación israelí de Gaza.
Un comentario del periódico israelí Haaretz resumió los sentimientos de los israelíes tras el episodio de la flotilla como “la impotencia de una pobre víctima solitaria enfrentada a la furia de una horda resuelta a lincharla y que siente que está viviendo sus últimos momentos". Esta “psicosis", como la denominó el articulista, no tiene nada de sorprendente: es simplemente consecuencia del sacrosanto lugar que ocupa el Holocausto en el sistema educativo israelí.
Para la mayoría de los israelíes la lección del Holocausto no es una lección de carácter universal susceptible de servirles de inspiración para oponerse al racismo, a dictadores fanáticos, a la rufianesca mentalidad de rebaño que puede apoderarse con excesiva rapidez de cualquier país, o ni siquiera al genocidio patrocinado por el Estado.
En lugar de eso, a los israelíes se les ha enseñado a extraer del Holocausto un mensaje diferente: que el mundo está plagado de un odio antijudío único e inerradicable, y que la única salvación para el pueblo judío reside en la creación de un Estado superpotencia judío que no rinda cuentas a nadie. Para decirlo sin ambages, el lema de Israel es este: sólo el poder judío puede impedir que existan víctimas judías.
Por eso Israel se hizo con armamento nuclear lo más rápido que pudo, y por eso ahora hace todo lo posible para impedir que ningún Estado de la región ponga fin a su monopolio nuclear. Ésa es también la razón por la que la única persona que ha alertado al mundo sobre el programa nuclear israelí, Mordechai Vanunu, siga siendo un paria 24 años después de haber cometido su “delito". Seis años después de haber sido excarcelado para a continuación dejarlo sujeto a una especie de régimen de arresto domiciliario, el acoso al que Vanunu es sometido por las autoridades israelíes —lo volvieron a encarcelar el mes pasado por haber hablado con extranjeros— no ha despertado absolutamente ningún interés ni simpatía en Israel.
Si el abuso constante al que se somete a Vanunu pone de relieve el opresivo anhelo israelí por el poder judío, el sentido de superioridad moral de los israelíes en el caso del ataque de su marina contra la flotilla de Gaza revela la otra cara de su psicosis.
Las coléricas manifestaciones que han barrido Israel contra las denuncias internacionales, los llamamientos hechos para revocar la ciudadanía —o, peor aún, para ejecutar— por traición a la parlamentaria árabe israelí que iba a bordo de la flotilla, y el incesante reciclaje que los medios de comunicación israelíes están haciendo de los testimonios de los soldados explicando cómo fueron "acosados" por los activistas, son prueba de la desesperada necesidad de los israelíes de justificar cualquier injusticia o atrocidad mientras se aferran a la ilusión de ser las víctimas.
Las lecciones extraídas de este episodio —igual que las lecciones que los israelíes extrajeron del informe Goldstone del año pasado sobre los crímenes de guerra cometidos durante el ataque de Israel a Gaza, o de las críticas internacionales por la masiva potencia de fuego desatada anteriormente contra el Líbano— son siempre las mismas: el mundo nos odia y estamos solos.
Si el enfrentamiento con los activistas de la flotilla ha demostrado a los israelíes que los pasajeros sin armas eran realmente terroristas, el rechazo del mundo a permanecer callado ha confirmado lo que los israelíes ya sabían: que todos los no judíos son en el fondo antisemitas.
Por contra, la lección que debemos extraer el resto de nosotros de la mortífera incursión del comando israelí es que el mundo ya no puede permitirse el lujo de consentir tales delirios.
Fuente: http://www.counterpunch.org/cook06092010.html
viernes, 11 de junio de 2010
El culto israelí al victimismo: ¿Soldados descalzos en alta mar?
martes, 1 de junio de 2010
Ataque contra la Flotilla de Gaza: Un ataque contra todos nosotros
01-06-2010
Jonathan Cook
CounterPunch
Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens
Es bastante sorprendente que Israel haya logrado crear en las últimas 12 horas un bloqueo informativo, tal como hizo en su ataque contra Gaza hace 18 meses, en el cual nuestras principales organizaciones mediáticas han permitido de buen grado que los portavoces israelíes se manifiesten sin ser cuestionados.
¿Cuántos civiles resultaron muertos en el ataque al romper el alba contra la flotilla de ayuda en ruta hacia Gaza? Todavía no lo sabemos. ¿Cuántos heridos? Vete tú a saber. ¿Estaban armados los activistas de la ayuda? Sí, dice Israel. ¿Estaban confabulados con al-Qaida y Hamás? Ciertamente, dice Israel. ¿Actuaron razonablemente los soldados? Por cierto, corrían el riesgo de que los lincharan, dice Israel.
Si necesitáramos alguna evidencia del grado en el cual los periodistas televisivos occidentales no son otra cosa que estenógrafos del poder, la BBC, CNN y otros lo prueban ampliamente. Mark Regev, el propagandista en jefe de Israel, dispone de gran parte de las ondas para su propio uso.
Los pasajeros de los barcos, mientras tanto, han sido secuestrados por Israel y no pueden suministrar una versión alternativa de los acontecimientos. Podemos suponer que continuarán en un silencio forzado hasta que Israel esté seguro de que ha fijado la agenda noticiosa.
De modo que, antes de que nos inunde la hasbara (propaganda) israelí, reiteremos unos pocos simples hechos:
Soldados israelíes invadieron esos barcos en aguas internacionales, violando el derecho internacional y, al matar civiles, cometieron un crimen de guerra. La afirmación contraria de que sus soldados respondieron a un inminente “linchamiento” por civiles, debe ser descartarse con el sonoro desprecio que se merece.
El Gobierno israelí aprobó el abordaje de los barcos de ayuda por una unidad de elite de comandos. Estaban armados con armas automáticas para controlar a los civiles a bordo, pero no con equipo de control de multitudes en caso de resistencia. Sean cuales sean las circunstancias de la confrontación, hay que responsabilizar a Israel por enviar soldados y poner en peligro temerariamente las vidas de todos los civiles a bordo, incluidos un bebé y un superviviente del Holocausto.
Israel no tiene derecho a controlar el mar de Gaza como sus propias aguas territoriales y a detener a convoyes de ayuda que lleguen por ese camino. Al hacerlo, demuestra que todavía mantiene una ocupación beligerante del enclave y de sus 1,5 millones de habitantes. Y si está ocupando Gaza, tiene la responsabilidad según el derecho internacional de velar por el bienestar de los habitantes de la Franja. Ya que el bloqueo ha impuesto a los palestinos de Gaza una dieta de hambre durante los últimos cuatro años, Israel debería haber estado hace tiempo en el banquillo de los acusados por cometer un crimen contra la humanidad.
Hoy Israel decidió dirigir su asalto mortal no sólo contra los palestinos bajo la ocupación, sino contra la propia comunidad internacional.
¿Terminará por hacer que nuestros dirigentes actúen?
Jonathan Cook es un escritor y periodista radicado en Nazaret, Israel. Sus últimos libros son “Israel y el choque de civilizaciones: Iraq, Irán y el Plan para rehacer Oriente Próximo” (Pluto Press) y “Palestina desapareciendo: los experimentos de Israel en la desesperación humana” (Zed Books). Su sitio Internet es www.jkcook.net.
Fuente: http://www.counterpunch.org/cook05312010.html
lunes, 31 de mayo de 2010
Los israelíes consideran Cisjordania un “refugio” de guerra
Jonathan Cook
The National
Traducido del inglés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos
31-05-2010
Con la mayoría de los israelíes asumiendo que una nueva guerra en Oriente Medio está a la vuelta de la esquina, los dirigentes de los colonos están tratando de demostrar a sus compatriotas que las aproximadamente 120 colonias judías ilegales en Cisjordania proporcionarán un refugio indispensable en un momento de emergencia.
Las colonias han hecho planes para acomodar a nada menos que medio millón de israelíes obligados a desplazarse dentro de las fronteras reconocidas del país en caso de encontrarse bajo el fuego de misiles en tiempo de guerra.
En una conferencia pronunciada la semana pasada Naftali Bennett, el presidente del principal consejo de colonos, Yesha, consideró que Cisjordania era el “lugar ideal como refugio de la nación”. Sus palabras llegaron en medio de una semana de simulacros para probar la preparación del país en caso de guerra.
Según el periódico de derecha Jerusalem Post, el plan de los colonos tiene el respaldo de los dos principales organismos que se encargan de la protección de los civiles israelíes, el Comando de Frente Interno y la Autoridad de Emergencia Nacional, así como de los comandantes del ejército en Cisjordania.
Bennett afirmó que las colonias sería una opción popular para los evacuados porque no habían sido atacadas con misiles en confrontaciones recientes, como la guerra de Líbano de 2006 y la operación Plomo Fundido en Gaza hace casi dieciocho meses.
Los observadores han constatado que en los últimos cuatro años Hizbolá ha adquirido misiles de mucho mayor alcance que podrían alcanzar la mayor parte de Cisjordania.
Pero parece que Bennett y los colonos cifran sus esperanzas en el hecho de que los grupos enemigos se resistiría a disparar cohetes contra las colonias al estar situadas tan cerca de las comunidades palestinas.
Hagit Ofran, que observa las colonias para el grupo israelí Peace Now, afirmó que la medida era “un cínico ejercicio de relaciones públicas” destinado a que los colonos se granjearan el cariño de los israelíes ordinarios.
“Es claramente una iniciativa de los colonos que esperan que les proporcione una mayor legitimidad”.
El objetivo de los simulacros nacionales es mejorar la coordinación entre los servicios de emergencia después de que un equipo investigador, el Comité Winograd, fuera severamente criticado por sus fallos durante la guerra de Líbano de 2006, una confrontación con Hizbolá de un mes de duración.
La milicia libanesa respondió al bombardeo por parte de Israel de amplias zonas de Líbano disparando miles de misiles en el norte de Israel, lo que provocó que cientos de miles de israelíes huyeran al sur.
Aunque son el cuarto ejercicio de simulacros que se celebran desde 2006, se cree que es la primera vez que que el medio millón de colonos y sus comunidades, que son ilegales según el derecho internacional, se han incorporado a los escenarios de evacuación.
Los ejercicios durante la semana incluían el rescate de civiles atrapados y heridos, su evacuación de zonas sometidas al fuego de misiles y el reasentamiento de civiles en zonas más seguras.
Se ha informado que [la colonia de] Elon Moreh, donde viven más de mil colonos y que está situada cerca de la gran ciudad palestina de Nablús en el centro de Cisjordania, ha hecho prácticas de “absorber” a refugiados de Tel Aviv heridos en un ataque mortal.
Hubo simulacros similares en los que estuvieron implicados estudiantes en el principal instituto de la colonia de Ariel y en alguna de las cuarenta colonias del municipio de Binyamin que rodean a comunidades palestinas cerca de Jerusalén Oriental y Ramala.
Bennett afirmó que en un ataque real hay planes de proporcionar autobuses blindados para transportar personas desde Tel Aviv y otras zonas densamente pobladas del centro de Israel a Cisjordania. Afirmó que la mayoría de las partes de Israel podían acceder fácilmente a una colonia.
Durante la guerra de Líbano en 2006 la mayoría de los israelíes que huyeron se dirigieron a Eilat, el centro turístico situado más al sur del país, o a Tel Aviv, donde algunos hicieron campos provisionales en sus playas. Se informó de que sólo unas 10.000 personas habían elegido Cisjordania, todos ellos por iniciativa propia.
Pero Bennett afirmó que en la próxima guerra sería diferente.
Las colonias ya han concebido un programa para absorber a 100.000 personas en escuelas, edificios públicos, oficinas y hogares. Afirmó que había también un “escenario extremo” en el que se alojaría a medio millón de evacuados, lo que supone doblar de la noche a la mañana la población de las colonias.
Avi Roeh, presidente del consejo de Binyamin, afirmó que los colonos eran “una población que da” y que se organizarían para que se levantaran rápidamente tiendas de campaña y kits de alojamiento sencillos.
Jeff Halper, presidente del Comité Israelí contra la Demolición de Casas, afirmó que podría haber “cierta lógica” en la afirmación de los colonos de que sus comunidades podrían proporcionar refugio para los ataques de misiles.
“Muchos israelíes huyeron de Tel Aviv durante la Primera Guerra del Golfo [en 1991] pero se instalaron en Jerusalén, probablemente porque pensaron, con razón, que [el dirigente iraquí] Sadam Husein no iba a atacar una ciudad en la que vivía una amplia población palestina e incluía santos lugares islámicos”.
Añadió que los colonos probablemente esperaban “consolidar la idea de que ellos no sólo son ‘el corazón de la nación’, como les gusta llamarse, sino también que están ahí para salvar a los israelíes en una emergencia”.
Los simulacros nacionales culminaron el miércoles [26 de mayo] con casi 3.000 sirenas ululando por todo el país mientras se exhortaba a los israelíes a dirigirse al refugio más cercano, ya fuera público o en su propia casa. Se informó de que casi la mitad de los israelíes habían participado.
Los medios de comunicación israelíes informaron de que las restricciones financieras significan que el ejército sólo tiene el 60% de las máscaras antigás que se necesitan para garantizar que toda la población israelí está protegida en un ataque químico.
Hasta el momento sólo al 5% de los israelíes se les ha proporcionado máscaras tras una convocatoria masiva hace unos pocos años para renovarlas.
Mohammed Zeidan, director de la Asociación de Derechos Humanos de Nazareth, que poco después de la guerra de Líbano en 2006 publicó un informe sobre la discriminación de los ciudadanos palestinos de Israel a la hora de proporcionarles refugios contra las bombas, afirmó que cuatro años después no había habido cambios.
“Sigue sin haber refugios públicos en las comunidades árabes y podemos adivinar quiénes no van a obtener máscaras antigás si no hay suficientes”, afirmó.
Se ha informado de que unos treinta visitantes extranjeros de alto nivel, incluyendo el presidente de la Guardia Nacional estadounidense, Craig McKinley, han observado los ejercicios para aprender para sus respectivos países.
foreign.desk@thenational.ae
Fuente: http://www.thenational.ae/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100530/FOREIGN/705299941/1002
viernes, 28 de mayo de 2010
Las armas nucleares de Israel surgen de entre las sombras
Jonathan Cook
CounterPunch
Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández
Israel se enfrenta a presiones sin precedentes para que abandone su política oficial de “ambigüedad” respecto a su posesión de armas nucleares, al mismo tiempo que la comunidad internacional se reúne esta semana en las Naciones Unidas, Nueva York, para considerar la erradicación de tales arsenales de Oriente Medio.
Diversos informes publicados el lunes echaron por tierra la equívoca posición de Israel respecto a su estatus atómico cuando se supo que en 1975 se ofreció a vender misiles Jericó dotados de armamento nuclear al régimen del apartheid sudafricano.
Las revelaciones son profundamente embarazosas para Israel dada su oposición, que viene de antiguo, a firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear, argumentando que es una “potencia responsable” que nunca haría un mal uso de las tecnologías de armamento nuclear en caso de adquirirlas.
Los informes sobre las relaciones nucleares de Israel con el apartheid sudafricano van a servir para impulsar también una propuesta de Egipto en la conferencia organizada por las Naciones Unidas para revisar la no proliferación, por la que a Israel —como única potencia nuclear en la región— se le va a exigir que firme el Tratado.
Las autoridades israelíes han dicho ya sentirse incomodadas por la decisión de Washington de primeros de mes de acordar una declaración con otros miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la que se hace un llamamiento para el establecimiento de un Oriente Medio libre de armas nucleares.
Esta política va fundamentalmente dirigida contra Irán, del que EEUU e Israel piensan que está desarrollando en secreto una bomba nuclear, pero en la que también podría quedar atrapado Israel. EEUU ha venido apoyando la política de ambigüedad de Israel desde los últimos años de la década de los sesenta.
En una reunión del órgano de las Naciones Unidas para el control nuclear, la Agencia Internacional de la Energía Atómica, que tendrá lugar el mes próximo en Viena, se va a someter también a debate el programa nuclear de Israel.
Se ha informado que la administración del presidente estadounidense Barack Obama mantuvo discusiones a alto nivel con Israel el pasado fin de semana para persuadirle de que acepte la propuesta de una conferencia en 2012 que proscriba las armas de destrucción masiva de Oriente Medio.
Como las presiones sobre Israel aumentan, los analistas locales han estado debatiendo los beneficios de mantener la política de ambigüedad, advirtiendo que si ese principio se alterara podría llevar inexorablemente a que Israel se viera forzado a desmantelar su arsenal.
Haciéndose eco del consenso existente en la seguridad israelí, Yossi Melman, un periodista de la inteligencia militar del periódico Haaretz, advirtió también que declarar el estatus nuclear israelí “nos pondrá en manos de Irán” al centrar la atención en Tel Aviv en vez de en Teherán.
Israel se negó a firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear de 1970, tras haber desarrollado, varios años antes, su primera ojiva nuclear con la ayuda de Gran Bretaña y Francia.
Tom Segev, historiador israelí, informó que Israel consideró durante breve tiempo, en 1967, la posibilidad de mostrar su capacidad nuclear cuando Shimon Peres, el actual presidente de Israel, propuso llevar a cabo abiertamente una prueba nuclear que impidiera la inminente guerra de los Seis Días. Sin embargo, Levi Eshkol, el primer ministro de la época, rechazó esa propuesta.
El Sr. Peres, que fue quién planeó y organizó el programa nuclear, formuló después también la política de ambigüedad, por la cual Israel tan sólo declara que “no será el primero en introducir armas nucleares en el Oriente Medio”.
El gobierno estadounidense de Richard Nixon fue el que aceptó, en 1969, esta postura —y la promesa de no llevar a cabo pruebas nucleares—.
Según los analistas, el acuerdo entre Israel y EEUU se impulsó en parte por la preocupación de que Washington no pudiera dar ayuda exterior a Israel —ayuda que hoy alcanza un valor de miles de millones de dólares— si Israel se declaraba estado nuclear pero se negaba a aceptar la supervisión internacional.
Sin embargo, según han pasado los años las revelaciones que han ido apareciendo hacen cada vez más difícil que la comunidad internacional ignore el arsenal de Israel.
Mordechai Vanunu, técnico en la planta de energía nuclear Dimona en el Néguev, proporcionó en 1986 pruebas fotográficas y descripciones detalladas del programa de armamento del país. Se estima en la actualidad que el arsenal israelí cuenta con más de 200 ojivas nucleares.
En 2006, el entonces primer ministro Ehud Olmert se fue de la lengua respecto al estatus nuclear de Israel durante una entrevista en la televisión alemana, cuando ofreció una relación de países con armamento nuclear: “EEUU, Francia, Israel y Rusia”.
Pero fue el periódico británico Guardian el que ofreció esta semana una confirmación más lesiva para Israel, al publicar una serie de documentos desclasificados que se recogen en un libro reciente, The Unspoken Alliance”, de Sasha Polakov-Suransky, un historiador estadounidense, sobre las relaciones entre Israel y el régimen del apartheid sudafricano.
Los documentos, muy secretos, revelan que en 1975 el Sr. Peres, entonces ministro de Defensa de Israel, se reunió con su homólogo sudafricano, P. W. Botha, para discutir la venta a su régimen de misiles dotados de armamento nuclear. El acuerdo fracasó parcialmente porque Sudáfrica no podía permitirse las armas. Más tarde Pretoria desarrolló su propia bomba, y casi podría asegurarse que fue con ayuda de Israel.
Israel, dijo el Sr. Polakow-Suransky, luchó bastante para impedir que se desclasificaran esos documentos.
A pesar de la publicación del Guardian del acuerdo fotografiado que lleva la fecha y las firmas tanto del Sr. Peres como del Sr. Botha, la oficina del Sr. Peres emitió un comunicado el lunes negando la veracidad de la información.
Se considera que el cada vez más claro estatus nuclear de Israel es un obstáculo para los esfuerzos estadounidenses tanto de imponer sanciones contra Irán como de reducir una potencial y más amplia carrera de armas nucleares en el Oriente Medio.
Este mes, los sorprendidos funcionarios estadounidenses en Tel Aviv no consiguieron sacar el programa nuclear israelí de la agencia de la AIEA de la próxima reunión, el 7 de junio. La cuestión se ha discutido sólo en dos ocasiones con anterioridad, en 1988 y en 1991.
Consciente de las crecientes presiones para que Israel se responsabilice de los hechos, Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, rechazó una invitación para asistir a una conferencia sobre seguridad nuclear que se celebró en Washington el mes pasado, en la que los participantes habían amenazado con preguntarle a Israel sobre su armamento.
En la reunión, el presidente estadounidense Barack Obama hizo un llamamiento a todos los países, incluido Israel, para que firmaran el Tratado de No Proliferación.
En la conferencia de revisión de las Naciones Unidas que se celebrará la próxima semana, se está estudiando un proyecto de declaración que de nuevo le exige a Israel, y a los otros dos Estados de los que se sabe que tienen armas nucleares, India y Pakistán, que firmen el tratado.
Egipto ha propuesto que los 189 estados que han firmado ya el tratado, incluido EEUU, prometan que no enviarán equipamiento, información, material o ayuda profesional nucleares a Israel hasta que no lo firme.
Reuven Pedatzur, un analista israelí de temas de defensa, advirtió recientemente en Haaretz que existía el riesgo de que EEUU asumiera la propuesta egipcia, o de que pudiera utilizarse como instrumento para obligar a un recalcitrante Israel a que aceptara mayores limitaciones sobre su arsenal. Sugirió terminar con lo que denominó la “ridícula ficción” de la política de ambigüedad.
Sin embargo, Emily Landau, una experta en control de armas de la Universidad de Tel Aviv, dijo que quienes creían que Israel debería ser más transparente estaban “equivocados”. Acabar con la ambigüedad, dijo, llevaría finalmente a que a Israel se le exigiera un “desarme total y completo”.
La conferencia para la revisión del Tratado de No Proliferación de hace cinco años fracasó cuando EEUU rechazó las peticiones de desarme y se negó a presionar a Israel respecto a su programa nuclear.
Jonathan Cook es escritor y periodista. Vive en Nazaret, Israel. Sus libros más recientes son: Israel and the Clash of Civilizations: Iraq, Iran and the Plan to Remake the Middle East (Pluto Press) y Disappearing Palestine: Israel’s Experiments in Human Despair (Zed Books). Su página en Internet es: www.jkcook.net
Fuente:
http://counterpunch.org/cook05262010.html
Texto de la ONU sobre la Desnuclearización de OM Busca Presionar a Israel
Al-Manar
26/05/2010 Un borrador de un documento final de una conferencia de la ONU publicado el martes señala que se exigirá a Israel que participe en las negociaciones tendentes a convertir a Oriente Medio en una zona libre de armas nucleares.
La cuestión de una zona sin armas nucleares en Oriente Medio es una de las más espinosas abordadas en la reciente conferencia de segumiento del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), el documento firmado por 189 países para limitar la multiplicación de armas nucleares en el mundo.
El proyecto de declaración finalmente prevee la organización “de una conferencia inicial en 2012 a la que deberían asistir todos los estados de Oriente Medio. Ella debe conducir al establecimiento de una zona exenta de armas nucleares y otras armas de destrucción masiva, sobre la base de compromisos concluidos libremente entre los estados de la región.”
La entidad sionista no es citada nominalmente, con excepción de un llamamiento que se le hace para que se adhiera al TNP, cosa que ha rehusado hacer hasta la fechra. Los países árabes habían deseado que Israel fuera denunciado como un estado que posee de forma secreta armas atómicas.
El proyecto de 28 páginas, presentado por el presidente de la Conferencia sobre el TNP, el filipino Libran Cabactulan, busca acelerar la búsqueda de un compromiso después de que dos semanas de discusiones en comisiones no hayan permitido alcanzar un consenso.
“Creo que éste es el espiritu que estamos tratando de conseguir” diez años después de que fuera consensuado el último documento, señaló Cabactulan durante una reunión plenaria dedicada al proyecto.
Según los diplomáticos, las negociaciones son difíciles. En lo que respecta al proyecto sobre Oriente Medio, el párrafo que habla de “compromisos adquiridos libremente entre los estados de la región,” encuentra la hostilidad de los países árabes, que quieren que la creación de una zona exenta de armas nucleares tenga un carácter obligatorio. Israel, que no está presente en la conferencia, posee más de 200 cabezas nucleares.
EEUU y Egipto han negociado intensamente sobre esta cuestión durante más de un mes antes de la apertura de la conferencia el 3 de Mayo. Esta última terminó el pasado viernes.
El TNP se basa en un doble compromiso. Los estados dotados de armas atómicas se comprometen a dar pasos hacia el desarme. Los otros a renunciar a la bomba a cambio de un acceso a la energía nuclear civil.
Los desacuerdos entre los dos campos crean dificultades. Los países en vías de desarrollo quieren que se imponga una fecha para que los estados nucleares se desarmen. Sin embargo, países como EEUU o Rusia se niegan a hacerlo.
domingo, 2 de mayo de 2010
Grandes y pequeños "apartheids" de Israel
Charla pronunciada en la Quinta Conferencia Internacional de Bilín
Jonathan Cook
www.jkcook.net
Traducido del inglés por Carlos Sanchis y revisado por Caty R.
02-05-2010
Los apologistas de Israel tienen la idea de que éste ha sido seleccionado especialmente para ejercer el escrutinio y la crítica. Me gustaría argumentar, sin embargo, que en la mayor parte de las discusiones de Israel, realmente esto se capta muy ligeramente: que muchos rasgos del régimen israelí serían considerados excepcionales o extraordinarios en cualquier otro Estado democrático.
No es sorprendente porque, como voy a argumentar, Israel no es una democracia liberal, ni siquiera «un Estado judío y democrático» como afirman sus partidarios. Es un Estado de apartheid no sólo en los territorios ocupados de Cisjordania y de la Franja de Gaza, sino también dentro del propio Israel. Hoy en los territorios ocupados la naturaleza del apartheid de la dominación israelí es irrefutable –aunque poco mencionada por los políticos o los medios de comunicación occidentales-. Pero dentro del propio Israel en gran parte se vela y se oculta. Hoy mi objetivo es tratar de correr un poco el velo.
Digo «un poco», porque necesitaría mucho más tiempo del que me han asignado para hacer justicia a este asunto. Hay, por ejemplo, unas 30 leyes que explícitamente discriminan entre judíos y no judíos, otra forma de referirse a la quinta parte de la población de Israel que son palestinos y que supuestamente disfrutan de la plena ciudadanía. También hay muchas otras leyes y prácticas administrativas israelíes que conducen a un resultado de segregación étnica incluso aunque no hagan tal discriminación explícita.
Así que en vez de intentar recorrer todos esos aspectos del apartheid israelí, déjenme que me concentre en unos cuantos rasgos reveladores, cuestiones sobre las que he hecho un informe recientemente.
Primero examinemos la naturaleza de la ciudadanía israelí.
Hace unas semanas me reuní con Uzi Ornan, un profesor de 86 años de la Universidad Técnica de Haifa, quien tiene uno de los pocos documentos de identidad israelí que indica la nacionalidad «hebrea». Para la mayoría de los demás israelíes, sus documentos y registros personales indican su nacionalidad «judía» o «árabe». Para los inmigrantes, cuya «judeidad» acepta el Estado pero está cuestionada por las autoridades rabínicas, se han aprobado alrededor de otras 130 clasificaciones de nacionalidad, principalmente relacionadas con la religión o el país de origen de la persona. La única nacionalidad que no podrá hallar en la lista es «israelí». Eso es precisamente por lo que el profesor Oman y dos docenas de personas más están luchando en los tribunales: quieren registrarse como «israelíes». Es una lucha de enorme importancia, y sólo por esta razón están seguros de que perderán. ¿Por qué?
Está en juego mucho más que una etiqueta étnica o nacional. Israel excluye la nacionalidad «israelí» para garantizar que, en el cumplimiento de su autodefinición como «un Estado judío», esto sea capaz de asignar derechos superiores de ciudadanía a la «nación» colectiva de los judíos de todo el mundo más que al conjunto de ciudadanos reales en su territorio, que incluye a muchos palestinos. En la práctica esto se hace creando dos clases principales de ciudadanía: una ciudadanía judía para «nacionales judíos» y una ciudadanía árabe para «nacionales árabes». Ambas nacionalidades fueron inventadas con eficacia por parte de Israel y no tienen ningún significado fuera de allí.
Esta diferenciación de ciudadanía está reconocida en el derecho israelí: la Ley del Retorno para judíos permite la inmigración casi automática a cualquier judío de cualquier parte del mundo que lo desee; y la Ley de Ciudadanía para no judíos determina, en unas bases completamente aparte, los derechos a la ciudadanía de la minoría palestina del país. Lo que es todavía más importante, la última ley suprime los derechos de los parientes de los ciudadanos palestinos, que fueron expulsados por la fuerza en 1948, a volver a su tierra y a sus casas. Hay, en otras palabras, dos sistemas legales de ciudadanía en Israel, que distingue entre los derechos de los ciudadanos en función de si éstos son judíos o palestinos.
Esto, en sí mismo, cumple con la definición de apartheid como quedó establecida por las Naciones Unidas en 1973: «Cualquier medida legislativa u otras medidas destinadas a impedir a un grupo o grupos raciales la participación en la vida política, social, económica y cultural del país y la creación deliberada de condiciones que impidan el pleno desarrollo de tal grupo o grupos». La cláusula incluye los derechos siguientes: «el derecho a salir y volver a su país, el derecho a una nacionalidad, el derecho a la libertad de movimiento y residencia, el derecho a la libertad de opinión y expresión».
Esta separación de la ciudadanía es absolutamente esencial para el mantenimiento de Israel como un Estado judío. Si definiera a todos los ciudadanos de manera uniforme como israelíes, debería haber sólo una ley en materia de ciudadanía; entonces, a continuación, habría consecuencias muy dramáticas. La más significativa sería que se dejaría de aplicar la Ley del Retorno a los judíos o se tendría que aplicar de la misma forma a los ciudadanos palestinos permitiéndoles traer a sus parientes exiliados a Israel -el muy temido Derecho al Retorno-. En un período más o menos largo se erosionaría la mayoría judía del país e Israel se convertiría en un Estado binacional probablemente con una mayoría palestina.
Habría muchas otras consecuencias previsibles de la ciudadanía igualitaria. ¿Los colonos judíos, por ejemplo, serían capaces de mantener su estatus privilegiado en Cisjordania si los palestinos en Yenín o Hebrón tuvieran parientes dentro de Israel con los mismos derechos que los judíos? ¿El ejército israelí seguiría siendo capaz de funcionar como un ejército de ocupación en un Estado correctamente democrático? ¿Y los tribunales de un Estado de ciudadanos iguales serían capaces de seguir haciendo la vista gorda ante las brutalidades de la ocupación? En todos estos casos parece poco probable que se pudiera mantener el statu quo.
En otras palabras, toda la estructura del gobierno de apartheid israelí dentro de Israel apoya y mantiene su régimen de apartheid en los territorios ocupados. O se mantienen ambos o caen juntos.
A continuación veamos el asunto del control de la tierra.
El mes pasado me encontré con una pareja judía israelí excepcional, los Zakais. Son excepcionales principalmente porque han desarrollado una profunda amistad con una pareja palestina dentro de Israel. Aunque he informado sobre Israel y Palestina durante muchos años, no puedo recordar haber encontrado nunca antes a un judío israelí que tuviera un amigo palestino de la manera que los tienen los Zakais.
Es cierto que hay muchos judíos israelíes que presumen de tener un amigo «árabe» o «palestino» porque bromean con el tipo cuya tienda de humus frecuentan o con el que repara su coche. También hay judíos israelíes –y son un grupo sumamente importante- que están firmemente al lado de los palestinos en batallas políticas como las de Bilín o Sheikh Jarrah en Jerusalén. En esos lugares los israelíes y los palestinos, contra viento y marea, han conseguido forjar auténticas relaciones de amistad que son vitales para derrotar al régimen de apartheid israelí.
Pero la relación de los Zakais con sus amigos beduinos los Tarabins no es esta clase de amistad. No se basa ni está configurada por una lucha política enmarcada por la ocupación de Israel. No es una amistad tímida y no tiene ningún objetivo más allá de la propia relación. Es una amistad –o al menos así me pareció- de auténtica igualdad. Una completa e íntima amistad. Cuando visité a los Zakais me di cuenta de que es una visión increíblemente inusual en Israel.
La razón de la gran separación de los mundos culturales y emocionales de los ciudadanos judíos y palestinos en Israel no es difícil de entender: viven en mundos físicos completamente separados. Viven aparte en comunidades segregadas, separadas no por elección, sino según las normas y procedimientos legales obligatorios. Incluso en el puñado de supuestas ciudades mixtas, judíos y palestinos por lo general viven aparte, en barrios distintos y claramente definidos. Y por lo tanto no es sorprendente que la cuestión a la que me condujo la visita a los Zakais fuera la pregunta de si un ciudadano palestino tiene derecho a vivir en una comunidad judía.
Los Zakais quieren alquilar a sus amigos, los Tarabins, su casa en el pueblo agrícola de Nevatim, en el Negev, actualmente una exclusiva comunidad judía. Los Tarabins se enfrentan a un serio problema de vivienda en su propia comunidad beduina vecina. Pero lo que los Zakais han descubierto es que hay aplastantes obstáculos sociales y legales para los palestinos para moverse fuera de sus guetos, en los que se supone que tienen que vivir. No solamente se opone el liderazgo elegido de Nevatim a que la familia beduina entre en su comunidad, sino también los tribunales israelíes.
Nevatim no es excepcional. Hay más de 700 comunidades rurales similares -sobre todo kibutzes y moshavim– donde se impide vivir a los no judíos. Controlan la mayor parte del territorio habitable de Israel, la tierra que una vez perteneció a los palestinos, ya fueran refugiados de la guerra de 1948 o ciudadanos palestinos a los que les han confiscado sus tierras conforme a leyes especiales.
Hoy, después de esas confiscaciones, al menos el 93% de Israel está nacionalizado -es decir, se mantiene en depósito no sólo para los ciudadanos de Israel, sino para el pueblo judío de todo el mundo- (Aquí, otra vez, deberíamos señalar una de las importantes consecuencias de la ciudadanía diferenciada que acabamos de considerar).
El acceso a la mayor parte de estas tierras nacionalizadas está controlado por comités de investigación, supervisada por organizaciones sionistas cuasi gubernamentales y que no tienen que rendir cuentas totalmente, como la Agencia Judía y el Fondo Nacional Judío. Su papel es garantizar que tales comunidades permanecen prohibidas a ciudadanos palestinos, como han descubierto precisamente los Zakais y los Tarabins en el caso de Nevatim. Allí los funcionarios han insistido en que la familia palestina no tiene ningún derecho ni siquiera a alquilar, no digamos a comprar, la propiedad de una «comunidad judía». Esta posición ha sido mantenida con eficacia por el Tribunal Supremo de Israel, que ha convenido que la familia debe someterse a un comité de investigación cuyo objetivo real es el de excluirla.
Otra vez la Convención de las Naciones Unidas de 1973 sobre «el crimen de apartheid» es instructiva: incluye las medidas «diseñadas para dividir la población según criterios raciales por la creación de reservas separadas y guetos para los miembros de un grupo racial o grupos… y la expropiación de bienes raíces pertenecientes a un grupo o grupos raciales o a miembros de éstos».
Si se ha mantenido separados a los ciudadanos judíos y palestinos con tanta eficacia -y un sistema de educación separado y severas restricciones a los matrimonios entre confesiones refuerzan esta segregación emocional y física-, ¿cómo se hicieron los Zakais y los Tarabins tan amigos íntimos?
Su caso es un ejemplo interesante, un hallazgo que descubrí cuando los encontré. Weisman Zakai es hijo de padres judíos iraquíes que inmigraron al Estado judío en sus primeros años. Cuando él y Ahmed Tarabin se conocieron siendo niños en los años sesenta, andando por los mercados de la pobre ciudad vecina de Beersheva, lejos del centro del país, encontraron que lo que tenían en común era más fuerte que las divisiones formales que supuestamente debían mantenerlos separados y temerosos. Ambos hablan el árabe con fluidez, ambos crecieron en una cultura árabe, ambos están excluidos de la sociedad askenazí judía y ambos comparten su pasión por los coches.
En su caso el sistema de apartheid de Israel fracasó en su misión de mantenerlos física y emocionalmente separados. Fracasó en hacerlos temerosos y hostiles uno con respecto al otro. Pero como los Zakais han aprendido por su cuenta, al rechazar vivir conforme a las normas del sistema de apartheid de Israel el sistema los ha rechazado. A los Zakais les han denegado la oportunidad de alquilar a sus amigos y ahora viven como parias en la comunidad de Nevatim.
Finalmente vamos a considerar el concepto de «seguridad» en Israel.
Como ya he dicho, la naturaleza del apartheid en las relaciones entre ciudadanos judíos y palestinos está velada en las esferas legales, sociales y políticas. Éstas no reflejan «el pequeño apartheid», que era una característica sudafricana: aseos, bancos de los parques y autobuses separados. Pero hay un «pequeño» caso explícito, cuando judíos y palestinos entran y salen del país por los pasos fronterizos o por el aeropuerto internacional Ben Gurión. Aquí cae la máscara y el diferente estatus de ciudadanía que corresponde a los judíos o a los palestinos se muestra totalmente programado.
Esa lección la aprendieron dos hermanos palestinos de mediana edad que entrevisté este mes. Residentes en un pueblo cerca de Nazaret, habían apoyado toda la vida al Partido Laborista y con orgullo me mostraron una descolorida fotografía en la que aparecían como anfitriones en un almuerzo para Isaac Rabín a principios de los años noventa. Pero en nuestro encuentro estaban enfadados y frustrados y prometieron que nunca más votarían por un partido sionista.
Su brutal concienciación llegó hace tres años cuando viajaban a Estados Unidos en un viaje de negocios con un grupo de agentes de seguros judíos. Para tomar el vuelo de regreso llegaron al aeropuerto JFK de Nueva York y vieron a sus colegas judíos pasar por el control de seguridad de Aerolíneas Israelíes en unos minutos. Mientras tanto a ellos los interrogaron durante dos horas e inspeccionaron minuciosamente sus equipajes.
Cuando finalmente les permitieron pasar les asignaron una guardia cuyo trabajo consistía en mantenerlos vigilados constantemente –en presencia de cientos de compañeros de viaje- antes de entrar al avión. Cuando uno de los hermanos fue al aseo sin pedir permiso la guardia le reprendió públicamente y su jefe le amenazó con impedirle subir al avión si no pedía disculpas. Este mes, por fin, un tribunal les concedió una compensación de 8.000 dólares por lo que calificó de «trato abusivo e innecesario».
Con respecto a este caso hay que tener en cuenta dos cosas. La primera es que el equipo de seguridad de Aerolíneas Israelíes admitió ante el tribunal que ninguno de los dos hermanos representaba un riesgo de ningún tipo para la seguridad. La única razón del trato especial que recibieron fue su pertenencia nacional y racial. Fue un caso obvio de perfil racial.
Lo segundo que hay que señalar es que su experiencia no es nada fuera de lo común para los ciudadanos palestinos que viajan desde o a Israel. De forma parecida estos incidentes, y mucho peores, ocurren todos los días durante tales procedimientos de seguridad. Lo que tiene de excepcional este caso es que los hermanos hayan llevado a cabo un largo y costoso proceso judicial contra las Aerolíneas.
Lo hicieron así, sospecho, porque se sintieron profundamente traicionados. Habían cometido el error de creer en la hasbará (propaganda) de los políticos israelíes de todos los colores que afirman que los ciudadanos palestinos pueden disfrutar de un estatus igual al de los ciudadanos judíos si son leales al Estado. Pensaron que por ser sionistas podrían convertirse en ciudadanos de primera clase. En la aceptación de esta conclusión habían entendido mal la realidad del apartheid inherente a un Estado judío.
Al ciudadano palestino más culto, respetable y rico siempre le irá peor en el control de seguridad del aeropuerto que al ciudadano judío de peor reputación, peor que al que exprese opiniones extremistas y peor, incluso, que a cualquier ciudadano judío con antecedentes penales.
El sistema de apartheid de Israel está ahí para mantener los privilegios judíos en un Estado judío. Y en el punto donde ese privilegio se siente más visceralmente por los judíos de a pie es en la experiencia de la vulnerabilidad de volar a miles de pies por encima de la tierra, donde a los ciudadanos palestinos hay que mostrarlos como forasteros, como enemigos, sean quienes sean y con independencia de lo que hayan o no hayan hecho.
El régimen de apartheid, como ya he indicado, se aplica a los palestinos tanto en Israel como en los territorios ocupados. ¿Pero no es el apartheid en los territorios mucho peor que en Israel? ¿No deberíamos ocuparnos más del gran apartheid de Cisjordania y la Franja de Gaza que de este apartheid más débil? Este argumento demuestra una idea peligrosamente falsa sobre la naturaleza indivisible del apartheid de Israel hacia los palestinos y sobre sus objetivos.
Es cierto que el apartheid en los territorios es mucho más agresivo que en Israel. Hay dos razones para ello. La primera es que el apartheid bajo la ocupación está mucho menos supervisado de cerca por los tribunales civiles de lo que lo está en Israel. Usted puede, para decirlo sin rodeos, librarse mucho mejor que aquí. Sin embargo la segunda y más importante razón es que el régimen israelí de apartheid en los territorios ocupados se ve obligado a ser más agresivo y cruel, y eso es porque la batalla aún no se ha ganado aquí. La lucha de la potencia ocupante para robar sus recursos –su tierra, su agua y su mano de obra- está en marcha, pero el resultado aún no está decidido. Israel se enfrenta a presiones de tiempo y de legitimidad internacional que se va desvaneciendo a medida que actúa para apoderarse de esas posesiones. Cada día que resisten hacen que esa labor sea un poco más difícil.
En Israel, en cambio, el régimen de apartheid está afianzado, alcanzó su victoria hace decenios. Los ciudadanos palestinos tienen una ciudadanía de tercera o cuarta clase; les han arrebatado casi toda su tierra; sólo les permiten vivir en sus guetos; su sistema educativo está controlado por los servicios de seguridad; sólo pueden trabajar en los pocos empleos que los judíos no quieren; tienen derecho a votar, pero no pueden participar en el gobierno, ni efectuar algún cambio político, etc.
Sin duda un destino parecido está previsto también para ustedes. El apartheid velado es la base para un enmascarado –y más legítimo- apartheid que se está planificando para los palestinos de los territorios ocupados, al menos para aquéllos a los que permitan quedarse en sus bantustanes. Y por esta razón es vital denunciar y derrotar el apartheid en Israel para resistir al apartheid que ha echado raíces aquí.
Es por lo que debemos combatir el apartheid israelí en cualquier parte donde se halle; en Jaffa o en Jerusalén, en Nazaret o en Nablús, en Beersheva o en Bilín. Es la única lucha que puede traer la justicia a los palestinos.
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Este texto corresponde a la charla pronunciada en la Quinta Conferencia Internacional de Bilín, celebrada en la aldea cisjordana de Bilín el 21 de abril de 2010.
Fuente: www.jkcook.net/Articles3/0478.htm
viernes, 16 de abril de 2010
Israel persigue a Haaretz
Un Estado en manos de su policía secreta
Jonathan Cook
CounterPunch
Traducido por S. Seguí
Un miembro árabe del Parlamento israelí exige que se autorice al diario Haaretz a publicar un artículo de investigación suprimido pocos días antes del ataque de Israel a Gaza, en el invierno de 2008.
La investigación, realizada por Uri Blau, que se halla en la clandestinidad desde diciembre para evitar su arresto, se refería a los preparativos israelíes para el inminente asalto a Gaza conocido como Operación Plomo Fundido.
En una medida muy poco habitual, según informan los medios israelíes, el ejército ordenó al diario Haaretz que destruyera todos los ejemplares de una edición que incluía la investigación de Blau, después de haber sido ya imprimida, tras ser aprobada por el censor militar. El artículo nunca se volvió a publicar.
Blau ha pasado a la clandestinidad en Londres, después de que el Shin Bet, la policía secreta de Israel, le exigiera que regresase a Israel para devolver cientos de documentos clasificados que según fuentes de la secreta están en su poder, y para revelar sus fuentes. Blau publicó otros artículos de investigación para Haaretz en 2008 y 2009 que pusieron en serios aprietos a altos mandos militares, por cuanto mostraban que éstos habían dado órdenes que desobedecían deliberadamente determinadas sentencias judiciales, entre otras las relativas a la ejecución de palestinos que pudieran ser aprehendidos sin riesgo.
Haneen Zoubi, una parlamentaria que antes fue responsable de una organización israelí de vigilancia de los medios, dijo que era “indignante” que el informe suprimido siguiera siendo secreto tanto tiempo después del ataque de Gaza. Zoubi presentará hoy una pregunta parlamentaria a Ehud Barak, ministro de Defensa, en la que exige saber por qué el ejército suprimió el artículo, y qué está impidiendo su publicación ahora. Barak debe responder en un plazo de 21 días.
La parlamentaria ha destacado lo importante que es la publicación del artículo, tanto porque Israel ha sido ampliamente criticado por haber matado a cientos de civiles en sus tres semanas de asalto a Gaza, como por los informes posteriores que indican que los comandantes israelíes obtuvieron asesoramiento jurídico meses antes de la operación, a fin de manipular las definiciones aceptadas por el derecho internacional y poder atacar a civiles.
“Tiene que haber por lo menos una fuerte sospecha de que el artículo de Uri Blau contiene información vital, basada en documentos militares, sobre las intenciones del ejército israelí de cometer crímenes de guerra”, dijo la parlamentaria en una entrevista. “Si es así, entonces Haaretz tiene el deber de publicar el artículo. Si no, entonces no hay razón para que el ministro impida su publicación después de tanto tiempo.”
El requerimiento de Zoubi, realizado ayer, siguió a las crecientes críticas públicas hacia Haaretz por su apoyo a Blau, al que recomienda que siga en la clandestinidad y al que sigue pagando su sueldo. En los foros de Internet y las cartas al director, muchos califican al periodista de traidor. Varios parlamentarios han pedido el cierre de Haaretz, o bien su boicot.
Una portavoz de Haaretz se negó a hacer comentarios, pero un periodista afirmó que en el diario se ha desarrollado una “mentalidad de asedio”. “Nos han dicho a todos que no hablemos con nadie sobre el caso”, dijo. “Hay una total psicosis de que van a hacer sufrir al diario por el caso Blau”.
Amal Jamal, profesor de la Universidad de Tel Aviv, que imparte un curso de medios de comunicación, manifestó que estaba preocupado por el timing de la campaña del Shin Bet contra Blau. Señaló que la policía secreta comenzó a entrevistar al periodista sobre sus fuentes y los documentos utilizados el pasado verano, en vísperas de la publicación del informe Goldstone, encargado por las Naciones Unidas y que puso en aprietos a Israel al afirmar que había cometido crímenes de guerra en Gaza.
“El objetivo en el caso actual parece que no sólo es intimidar a los periodistas, sino también deslegitimar determinados tipos de investigación relativos a asuntos de seguridad, dado el nuevo clima de sensibilidad en Israel a raíz del informe Goldstone.” Jamal añadió que Blau, que ha alcanzado en poco tiempo la reputación de ser el mejor periodista de investigación del país, estaba “probablemente acabado” como periodista en Israel.
Shraga Elam, un galardonado periodista israelí, ha dicho que el artículo suprimido de Blau también podría revelar los objetivos de una supuesta “tercera fase”, que no llegó a llevarse a cabo, de la que muchos hablan pero de la que no se conocen todos los detalles, en el ataque a Gaza, tras los ataques aéreos iniciales y una limitada invasión por tierra. Elam sospecha que el plan consistía en empujar a una parte de la población de Gaza hacia Egipto al amparo de una invasión terrestre más amplia. El plan se habría frustrado, considera, porque Hamás ofreció poca resistencia y Egipto se negó a abrir la frontera.
El lunes pasado, una parlamentaria del partido centrista Kadima, Yulia-Shamal Berkovich, pidió el cierre de Haaretz, en apoyo a una demanda similar del también parlamentario Michael Ben-Ari, de la derechista Unión Nacional. Yulia acusó a la dirección de Haaretz de haber “optado por ocultarse” en relación con el caso y le acusó de instar a Blau a permanecer en el extranjero. Dijo también que el periódico “debe garantizar que los materiales que están en poder de Blau se devuelvan. Si Haaretz no lo hace, su licencia periodística debe revocarse sin más demora.” Otro diputado de Kadima, Israel Hasson, ex vicedirector del Shin Bet, instó esta semana al público a que boicotease Haaretz hasta que despida a Blau.
Varios destacados periodistas israelíes han redactado una petición en la que invitan al Shin Bet a poner fin a sus amenazas de presentar cargos contra Blau por espionaje. En la petición afirman: “Creemos que el caso Blau es único, y nos tememos que cree un precedente peligroso.” “Hasta ahora, las autoridades judiciales no han intentado encausar a los periodistas por el delito de poseer información clasificada, un delito en el que la mayor parte de nosotros hemos incurrido de una manera u otra”.
Un grupo de organizaciones israelíes de derechos humanos presentará esta semana una carta dirigida al gobierno en la que le exige que la investigación se centre en las violaciones de la ley por parte del ejército, y no en la “difamación” de Blau y sus fuentes.
Ayer, la Corte Suprema endureció las restricciones a Anat Kamm, una de los principales informantes de Blau, en arresto domiciliario desde diciembre por copiar cerca de 2.000 documentos militares durante su servicio militar. Se le acusa de espionaje con la intención de perjudicar al Estado, un cargo que conlleva una condena de 25 años de cárcel.
Entre los documentos copiados por Kamm, de 23 años, hay órdenes militares que violan las resoluciones judiciales y justifican la violación de la ley por los soldados.
El juez Ayala Procaccia dijo: “Los actos atribuidos a la acusada indican una percepción interna profundamente distorsionada de los deberes de un soldado hacia el sistema militar al que él o ella está obligado a servir, y una perversión grave de la responsabilidad básica que un ciudadano tiene ante el Estado al que pertenece.” Por decisión del tribunal, Kamm no puede salir de su vivienda, y debe ser vigilada por un pariente cercano en todo momento.
La cobertura mediática del caso en Israel ha sido en gran medida hostil tanto a Kamm como a Blau. Gideon Levy afirma en Haaretz hoy: “La verdadera traición ha sido la de los periodistas que han traicionado su profesión, los periodistas que toman partido por el aparato de seguridad contra sus colegas que están haciendo su trabajo echando luz sobre asuntos oscuros.”
Levy califica a Israel “un estado policial”, y añade que “si dependiera de la opinión pública, Kamm y Blau serían ejecutados, y Haaretz sería cerrado en el acto.”
Jonathan Cook es escritor y periodista que vive en Nazaret, Israel. Sus últimos libros son Israel and the Clash of Civilizations: Iraq, Iran and the Plan to remake the Middle East (Pluto Press) y Disappearing Palestina: Israel’s Experiments in Human Dispair (Zed Books). Su página Internet es www.jkcook.net.
S. Seguí es miembro de Rebelión y Tlaxcala, la red de traductores por la diversidad lingüística. Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, el traductor y la fuente.
Fuente: http://www.counterpunch.com/cook04152010.html
miércoles, 17 de febrero de 2010
La guerra de Israel contra las protestas
El ejército israelí deporta a los activistas contra el Muro
17-02-2010
Jonathan Cook
CounterPunch
Traducido para Rebelión por LB
La justicia israelí ordenó esta semana la liberación de dos mujeres extranjeras detenidas por el ejército israelí en Cisjordania en el marco de lo que los abogados de derechos humanos advierten se ha convertido en una gran campaña israelí de represión contra las protestas no violentas protagonizadas por activistas internacionales, israelíes y palestinos.
La detención de las dos mujeres durante una incursión nocturna israelí en la ciudad palestina de Ramala ha puesto de manifiesto una nueva táctica de los funcionarios israelíes: el uso de la policía de inmigración para tratar de deportar a los partidarios extranjeros de la causa palestina.
Una mujer checa fue deportada el mes pasado tras haber sido secuestrada en Ramala por una unidad especial israelí conocida como Oz, constituida originalmente para detener a los trabajadores emigrantes que trabajan ilegalmente en Israel.
Abogados de derechos humanos afirman que la nueva ofensiva de Israel está destinada a socavar la lucha conjunta no violenta que desarrollan activistas internacionales y campesinos palestinos contra la apropiación de tierras por parte de Israel para construir el muro de separación en tierras de cultivo de Cisjordania.
En el marco de lo que el diario israelí Haaretz ha denominado recientemente "guerra a la protesta", durante los dos últimos meses las fuerzas de seguridad israelíes han realizado una serie de incursiones en Cisjordania para detener a dirigentes de la comunidad palestina organizadores de protestas contra el muro.
"Israel sabe que la lucha no-violenta se está extendiendo y que es un arma poderosa contra la ocupación", explicó Neta Golan, activista israelí con base en Ramala. "Israel no tiene respuesta contra la no-violencia, razón por la cual las fuerzas de seguridad son presa del pánico y han comenzado a hacer un montón de detenciones".
La detención esta semana de Ariadna Martí, una catalana de 25 años, y de Bridgette Chappell, una australiana de 22, sugiere un resurgimiento de la larga lucha entre el gato y el ratón protagonizada por Israel y el Movimiento de Solidaridad Internacional (ISM), un grupo de activistas que se han unido a los palestinos para oponerse de manera no violenta a la ocupación israelí.
La última gran confrontación, que tuvo lugar a pocos años de comenzar la segunda Intifada, dio lugar a una breve oleada de muertes y lesiones de activistas internacionales a manos del ejército israelí. El suceso más controvertido ocurrió en el año 2003, cuando una excavadora del ejército israelí aplastó y mató a la estadounidense Rachel Corrie mientras ésta defendía una casa de Gaza amenazada de demolición.
La Sra. Golan, co-fundadora de la ISM, dijo que Israel había intentado de demonizar a los activistas del grupo en los medios de comunicación israelíes e internacionales. "En lugar de representar nuestra lucha como no violenta, nos retratan como `cómplices del terror’”.
La primera vez que la policía de inmigración israelí entró en una zona de Cisjordania bajo control palestino, la llamada "zona A", fue el mes pasado, cuando los soldados israelíes arrestaron en Ramala a una mujer checa, Eva Novakova, de 28 años, que había sido nombrada recientemente coordinadora de prensa del ISM. Los israelíes la acusaron de haber sobrepasado el período de estancia autorizado por su visa y la expulsaron antes de que pudiera recurrir a los tribunales.
Abogados de derechos humanos dicen que tales acciones son ilegales. Omer Shatz, el abogado que representa a la Sra. Martí y a la Sra. Chappell, afirmó que una operación militar en una zona como Ramala no puede justificarse sobre la base de capturar a unos activistas cuyos visados han caducado. "Los activistas no están violando ninguna ley en Ramala", aclaró. "El ejército y la policía de inmigración son quienes los criminalizan al trasladarlos a Israel, donde sí necesitan visado".
Funcionarios de la Autoridad Palestina (AP) están cada vez más descontentos por el modo como los israelíes violan acuerdos de seguridad que datan de la época de Oslo. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, describió recientemente las operaciones israelíes en la Zona A como "incursiones y provocaciones".
Aunque el Tribunal Supremo israelí decretara el lunes la puesta en libertad bajo fianza de las dos mujeres mientras resolvía el asunto de su deportación, les prohibió entrar a Cisjordania y las condenó a pagar sendas fianzas de 800 dólares.
Los jueces cuestionaron el derecho del ejército israelí a entregar a las mujeres a la policía de inmigración desde una prisión militar de Cisjordania, pero dejó abierta la cuestión de si la operación habría sido legal si la transferencia se hubiera producido en territorio israelí.
Se dice que el gobierno español pidió al embajador de Israel en España la promesa de que la Sra. Martí no sería deportada.
La Sra. Martí dijo que a las 3 de la madrugada del domingo fueron despertadas por "entre 15 y 20 soldados que nos apuntaban con sus armas". Los israelíes pidieron a las mujeres sus pasaportes y a continuación las esposaron. Más tarde, dijo, los israelíes les dieron a elegir entre "la expulsión inmediata o ser encarceladas durante seis meses".
El miércoles, poco después de la decisión judicial, el ejército israelí volvió a allanar la oficina del ISM en Ramala, llevándose computadoras, camisetas y brazaletes con la inscripción "Palestina".
"Israel ha logrado impedir la llegada de la mayoría de los activistas internacionales al negarles la entrada en la frontera", dijo la Sra. Golan. "Pero los que consiguen entrar se arriesgan a ser deportados si son detenidos o si intentan renovar su visa".
El ISM ha estado trabajando estrechamente con varios comités locales populares palestinos en la organización de manifestaciones semanales contra el robo israelí de tierras palestinas al amparo de la construcción del muro.
Las protestas han copado los titulares solo de forma intermitente, mayormente cuando los soldados israelíes han herido o matado a activistas internacionales e israelíes. La mayoría de los heridos palestinos han pasado desapercibidos.
En un incidente que puso en un brete a Israel, un estadounidense miembro del ISM llamado Tristan Anderson, de 38 años de edad, sufrió daños cerebrales cuando un soldado israelí le disparó una granada lacrimógena que le impactó en la cabeza durante una manifestación contra el muro en la aldea palestina de Nilin.
Además de las detenciones habituales de manifestantes palestinos, Israel ha adoptado recientemente una nueva táctica consistente en detener a los líderes comunitarios y mantenerlos en detención administrativa prolongada. Un editorial de Haaretz ha llamado a estas prácticas "reminiscentes de los peores regímenes".
Los israelíes han tenido encarcelado desde el mes de diciembre a Abdallah Abu Rahman, un maestro de escuela y jefe del comité popular en la aldea palestina de Bilin al que acusan de posesión de armas. La acusación se refiere a una pantalla que creó en su casa utilizando botes usados de bombas lacrimógenas disparadas por el ejército israelí contra los manifestantes.
El lunes, los israelíes allanaron las oficinas de Stop the Wall, una organización que sirve de pantalla a los comités populares, y se llevaron ordenadores y documentos. A resultas de la creciente presión internacional el pasado mes los israelíes liberaron a dos coordinadores del grupo, Jamal Juma, y Mohammed Othman.
La policía israelí también ha sido duramente criticada por los tribunales por golpear y encarcelar a decenas de activistas israelíes y palestinos que protestaban contra la ocupación de viviendas palestinas por parte de colonos judíos en el barrio de Sheikh Jarrah, en Jerusalén Este.
El mes pasado, Hagai Elad, jefe del mayor centro jurídico israelí de defensa de los derechos humanos, la Asociación por los Derechos Civiles en Israel, era una de las 17 personas liberadas por un juez después de que la policía hubiera mantenido encerrados durante dos días a manifestantes a los que acusó de ser "peligrosos".
Fuente: http://www.counterpunch.org/cook02122010.html
lunes, 15 de febrero de 2010
El alcalde de Jerusalén arrasa 200 hogares palestinos
15-02-2010
Jonathan Cook
CounterPunch
Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández
El alcalde de Jerusalén amenazó la pasada semana con demoler 200 casas de las barriadas palestinas de la ciudad en una medida que incluso él admitió que probablemente haría que se desbordaran las ya largas y agitadas tensiones que rodean el problema de la vivienda en Jerusalén Este.
Su postura representa la última etapa de una prolongada batalla legal sobre un único edificio que domina el revoltijo de modestas casas de Silwan, una atestada y depauperada comunidad palestina que se encuentra justo fuera de las muros de la Ciudad Vieja, a la sombra de la plateada cúpula de la mezquita de Al-Aqsa.
A Beit Yehonatan, o la Casa de Jonathan, se la distingue no sólo por su altura –siete plantas, al menos tres plantas más que las de sus vecinos- sino también por la bandera israelí que ondea en lo alto del tejado que da a la calle.
La avanzada del asentamiento, llamado así en honor de Jonathan Pollard, que cumplió una sentencia de cadena perpetua en EEUU por espiar para Israel en la década de 1980, ha sido el hogar de ocho familias judías desde 2004, cuando una organización de colonos extremistas, conocida como Ateret Cohanim, la construyó sin licencia.
Beit Yehonatan es una de las docenas de casas ocupadas por colonos que fueron apareciendo en las zonas palestinas de Jerusalén Este, tras apoderarse en su mayoría de los hogares palestinos.
Los críticas dicen que el objetivo de estos “puestos de avanzada”, junto con los grandes asentamientos de Jerusalén Este construidos por el estado y que albergan a casi 200.000 judíos, es frustrar cualquier acuerdo de paz que pudiera un día ofrecer a los palestinos un estado viable con Jerusalén como capital.
Pero como algo excepcional en el caso de los colonos, que reciben una mezcla de ayuda abierta o encubierta de las autoridades, los habitantes de Beit Yahonatan corren el riesgo de ser desalojados de sus casas, dos años después de que el Tribunal Supremo israelí emitiera una orden de “urgente” aplicación.
La pasada semana, Nir Barkat, el alcalde de Jerusalén, acordó finalmente “bajo protestas” sellar Beit Yehonatan en medio de cada vez mayores presiones por parte de un conjunto de funcionarios legales. El Sr. Barkat había estado luchando enérgicamente contra el cumplimiento de la orden del tribunal, ayudado por los altos miembros del parlamento, la policía e incluso Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, que se oponía al consejo de su propio fiscal general declarando que el futuro de Beit Yehonatan era “un asunto puramente municipal”.
Pero el alcalde no ha capitulado tan de prisa. Advirtió que Beit Yehonatan se evacuaría sólo a condición de que, al mismo tiempo, se ordenara la demolición de más de 200 hogares palestinos, la mayoría de ellos en Silwan. Defendió que tenía que evitar dar la impresión de que la ley se cumplía de forma “discriminatoria” contra los judíos.
Jeff Harper, director del Comité Israelí contra las Demoliciones de Casas, dijo que la idea de la justicia del Sr. Barkat era “ridícula”.
“En los últimos quince años, se han demolido más de mil casas palestinas en Jerusalén Este frente a absolutamente ninguna casa de ningún colono”, dijo. “De hecho, ningún colono ha perdido nunca su casa en Jerusalén Este”.
Cuando hizo su anuncio, el Sr. Barkat admitió que las 200 demoliciones provocarían “muchas posibilidades de conflicto”. Los palestinos en Jerusalén Este llevan ya décadas de agitación ante las restricciones de planificación que han obligado a muchos de ellos a construir o ampliar ilegalmente sus casas porque es de todo punto imposible conseguir permisos de las autoridades israelíes.
El Sr. Harper dijo que el ayuntamiento había clasificado como ilegales 22.000 casas palestinas de Jerusalén Este, a pesar de saber que en la ciudad hay una escasez de 25.000 hogares para la población palestina, que alcanza la cifra de 250.000 habitantes.
Los hogares objeto de demolición incluyen las casas palestinas de alrededor de Beit Yehonatan que violan las restricciones de planificación que permiten que las familias construyan sólo dos plantas; a pesar de la restricción, muchas casas tienen cuatro y sus propietarios pagan multas.
Además, el ayuntamiento quiere demoler 88 casas de una pequeña zona llamada Bustan porque afirma que está levantada en una zona con riesgo de inundaciones.
Zeinab Jaber vive junto a Beit Yehonatan, en la casa en que nació hace 61 años. El edificio fue declarado ilegal hace veinte años, después de que se ampliara a cuatro plantas para poder acoger a su creciente familia. Hoy ella y sus seis hijos pagan mensualmente multas de más de 1.000 dólares, con la esperanza de evitar su destrucción.
Su hijo Amjad, de 32 años, casado y con dos niños pequeños, dijo que no se atreve a no pagar. “Es así de sencillo: si no pagas, acabarás en la cárcel”.
“¿Qué pasa aquí con los colonos?”, preguntó la Sra. Jaber. “Sólo están aquí porque quieren quitarnos nuestro sitio. No van a sentirse felices hasta que consigan que nos vayamos”.
En la ladera contraria a Beit Yehonatan, al otro lado del valle, Mohammed Jalajil, de 48 años, decía que no le cabía duda alguna que el ayuntamiento demolería las 200 casas. Él, su mujer y sus cinco niños, se han tenido que meter en una habitación en un apartamento de un familiar después de que demolieran su propia casa hace siete años.
El Sr. Jalalil dijo: “Tan sólo meses después de que nos quitaran nuestra casa ví a los colonos construyendo las suyas al lado. Mi abogado me dice que, aunque ya no tenga casa, no acabaré de pagar las multas hasta dentro de diez años”.
Si el Sr. Barkat sigue adelante con su amenaza, las demoliciones provocarán una reprimenda de la comunidad internacional. El pasado mes, Francia y Estados Unidos se unieron en Naciones Unidas para denunciar más de 100 demoliciones en Jerusalén Este en los últimos tres meses.
La decisión del alcalde, advirtió Meir Margalit, un concejal de la ciudad de Jerusalén, puede compararse con la política de “represalia” de los colonos en Cisjordania, que han atacado pueblos palestinos en venganza contra los intentos oficiales por desmantelar unos cuantos de los puestos de avanzada de los asentamientos que salpican el territorio palestino.
“Pero la diferencia aquí es que el precio no lo imponen los mismos colonos sino el ayuntamiento y el gobierno en nombre suyo”, dijo.
Ayer, el ayuntamiento debía emitir un aviso de evacuación en siete días a los habitantes de Beit Yehonatan, pero la operación se canceló en el último momento cuando la policía se negó a cooperar.
Los enfrentamientos han ido aumentando en Silwan a lo largo de varios años a causa de las actividades de otra organización de colonos, Elad, que con apoyo oficial ha estado construyendo un parque arqueológico llamado la Ciudad de David en medio de la barriada palestina. Al expulsar a los palestinos, al menos 80 familias judías se trasladaron a casas cercanas.
Mientras Elad se afianza en Silwan, parece que Beit Yehonatan no está tan seguro. “Habitualmente, los colonos presentan una fachada de legalidad en lo que hacen”, dijo Mr. Harper. “El problema aquí es que construyen de una forma abiertamente ilegal, sin permiso y saltándose las restricciones a la altura de los edificios”.
La resistencia del Sr. Barkat a desalojar a los habitantes de Beit Yehonatan se vió muy clara el pasado mes cuando trató de evitar las presiones legales proponiendo una nueva política de planificación para legalizar los edificios sin licencia en Silwan. El alcalde propuso que se revisaran las normas que limitaban las plantas de las casas a dos y se ampliaran a cuatro.
La reforma se habría aplicado primero a Beit Yehonatan, sellando sus tres últimas plantas pero permitiendo que las familias judías vivieran en el resto del edificio.
Aunque el Sr. Barkat prometió que se salvarían también los edificios palestinos ilegales, Ir Amim, un grupo israelí por los derechos humanos, rechazó la afirmación del alcalde.
La abrumadora mayoría de los hogares palestinos no pueden cumplir las normas porque los documentos del registro de las tierras se han perdido y es “imposible” cumplir con toda una serie de requerimientos relativos a aparcamientos para coches, carreteras de acceso y conexiones al alcantarillado, escribió la portavoz Orly Noy, en el periódico Haaretz el pasado mes.
Añadió que las zonas palestinas de Jerusalén Este carecían de 70 kilómetros de alcantarillado y que ni una sola carretera se había pavimentado en sus barriadas desde la ocupación israelí de 1967.
El pasado mes se publicó un mapa con los planes para Jerusalén Este preparado recientemente por el ayuntamiento de Jerusalén, cuando el Sr. Barkat estaba prometiendo legalizar edificios, que mostraba que más de 300 hogares palestinos –la mayoría de ellos en Silwan- se enfrentaban a una inminente demolición.
Jonathan Cook es escritor y periodista. Vive en Nazaret, Israel. Sus libros más recientes son: “Israel and the Clash of Civilizations: Iraq, Iran and the Plan to Remake the Middle East” (Pluto Press) y “Disappearing Palestine: Israel’s Experiments in Human Despair” (Zed Books). El presente artículo se publicó por primera vez en el periódico de Abu Dhabi The National –www.thenational.ae-.
Fuente:
http://www.counterpunch.org/cook02092010.html
jueves, 11 de febrero de 2010
Israel criminaliza la disidencia
Los políticos árabes se enfrentan a una marea de persecuciones
12-02-2010
Jonathan Cook
Counterpunch
Traducido para Rebelión por LB
Los líderes de la minoría árabe en Israel advirtieron esta semana de que se enfrentaban a una campaña de persecución sin precedentes respaldada por el gobierno derechista de Benjamin Netanyahu y destinada a paralizar su actividad política.
La advertencia se produjo después de que Nafaa Said, un druso miembro del parlamento de Israel, fuera despojado de su inmunidad la semana pasada, despejándose así el camino para que pueda ser juzgado por una visita que realizó a Siria hace tres años.
En las últimas semanas se han interpuesto sanciones legales contra otros dos líderes políticos árabes a raíz de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad israelíes en el curso de manifestaciones contra la ocupación y aumenta la presión para procesar a ambos diputados.
A los políticos árabes les inquieta particularmente un proyecto de ley presentado el mes pasado para exigir a todos los candidatos parlamentarios que juren lealtad a Israel como Estado judío. Si se aprobara la ley quedarían amenazados los escaños de los 10 diputados árabes pertenecientes a partidos no sionistas en el Parlamento de 120 miembros o Knesset.
Uno de esos diputados, Jamal Zahalka, declaró: "Cada semana, bien la Knesset o bien el gobierno tratan de imponer nuevas restricciones sobre nuestras actividades y sobre la libertad de expresión. Constatamos una tendencia creciente hacia la legislación antidemocrática".
Al señor Nafaa, último objetivo de la acción legal, una comisión parlamentaria dominada por la derecha le despojó de su inmunidad parlamentaria la semana pasada.
Mantener su inmunidad era la única esperanza que tenía de evitar ser juzgado tras haber sido acusado en diciembre por el fiscal general Menachem Mazuz con motivo de una visita que organizó en 2007 a Siria, considerado un país enemigo.
El parlamentario había organizado una peregrinación a los lugares sagrados de Siria a través de Jordania para un grupo de 280 clérigos drusos después de que el Ministerio del Interior israelí hubiera negado reiteradamente el permiso. El señor Nafaa ha argumentado que a los clérigos se les niega su libertad religiosa.
Afu Aghbaria, un parlamentario árabe, calificó el asunto como un caso de persecución política y preguntó a la comisión: "¿Creen ustedes que organizó un viaje de espionaje con 280 personas?"
Al señor Nafaa también se le acusa de mantener contactos con un agente extranjero. Según el testimonio de uno de sus ayudantes, que fue interrogado por la policía secreta israelí, el parlamentario conversó sobre la disputa entre Al Fatah y Hamas con Talal Naji, un líder sirio del Frente Popular para la Liberación de Palestina, y trató de reunirse con Khaled Meshaal, el jefe de Hamas en Damasco.
El señor Nafaa, que niega haberse reunido con el señor Naji, sostiene que su visita era de naturaleza puramente política y que las acciones de la Knesset tienen como objetivo impedir que cumpla la función para la cual fue elegido por la minoría árabe, que comprende a uno de cada cinco habitantes de Israel.
Ahmed Tibi, el único diputado árabe en el panel de la Comisión que estudia el caso del levantamiento de la inmunidad parlamentaria, dijo que en lugar de procesar a los políticos árabes habría que animarlos para que construyan puentes con el mundo árabe en favor de Israel.
Orna Kohn, abogado de Adalah, un centro legal que representa al Sr. Nafaa, dijo que aunque a los legisladores judíos se les levanta la inmunidad en casos de corrupción y delitos graves, la revocación de la inmunidad por actividades políticas es "muy rara" y parece aplicarse solamente a los parlamentarios árabes.
El último caso fue contra Azmi Bishara, que fue juzgado en 2001 por dos razones: por una visita a Siria y por presunta incitación durante un discurso. Ambas acusaciones fueron rechazadas por los tribunales.
Los parlamentarios árabes han evitado viajar a gran parte del mundo árabe desde que la llamada Ley Bishara de 2008 otorgara al Gobierno poderes para impedir que cualquier persona que realice una visita no autorizada a un Estado enemigo pueda presentarse como candidato.
En las últimas semanas otros políticos árabes se han visto en problemas.
El mes pasado el jeque Raed Salah, líder del Movimiento Islámico, fue condenado a nueve meses de cárcel tras ser hallado culpable de escupir a un policía durante enfrentamientos cerca de la Explanada de las Mezquitas en 2007. El señor Salah, que negó la acusación, dijo que fue víctima de los esfuerzos concertados para impedir a los musulmanes proteger los lugares sagrados de la Ciudad Vieja de Jerusalén.
Otro líder árabe, Mohammed Barake, jefe del Partido Comunista en la Knesset, será procesado por cuatro cargos de asalto contra funcionarios de seguridad durante manifestaciones realizadas en un período de cuatro años.
La señora Kohn, que también representa al señor Barakeh, dijo que el parlamentario había asistido a centenares de manifestaciones en la que medió entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
"A menudo los soldados actúan violentamente contra los manifestantes y en algunos casos el señor Barakeh resultó agredido. En tales circunstancias suele ser más fácil que los soldados acusen al señor Barakeh de actuar violentamente que sean ellos mismos los acusados".
La señora Kohn dijo que el procesamiento del señor Barakeh era un intento de "criminalizar" su papel político y reflejaba una "escalada" en el uso de la ley contra los políticos árabes.
La avalancha de acusaciones provocó que Mohammed Zeidan, director del Comité Superior de Seguimiento, el principal órgano político de la minoría árabe, protestara el mes pasado por los "continuos ataques" contra los dirigentes árabes.
En la vista sobre el levantamiento de la inmunidad al señor Nafaa, Anastasia Michaeli, miembro del comité y militante del partido ultraderechista Yisrael Beiteinu, que encabeza el ministro de Asuntos Exteriores Avigdor Lieberman, dijo que se proponía introducir un proyecto de ley para que cualquier persona que visite un Estado enemigo pueda ser despojada de la ciudadanía y deportada al país en cuestión.
Sus compañeros de partido ya han puesto en marcha una iniciativa legislativa para exigir a los parlamentarios que juren lealtad a Israel como un "Estado judío, sionista y democrático". En la actualidad el compromiso de lealtad [que se exige a todo parlamentario] habla solo de lealtad al "Estado de Israel".
El señor Zahalka, dirigente del Partido Demócrata de la Asamblea Nacional, declaró: "Imagínese el escándalo si un parlamentario judío de EE.UU. o de Gran Bretaña tuviera que jurar lealtad a su país como un Estado cristiano".
El propio señor Zahalka fue acusado de incitación después de que el pasado mes de diciembre pasado comentara en la televisión israelí que el ministro de Defensa Ehud Barak escuchaba música clásica mientras los niños de Gaza morían. El presentador del programa, Dan Margalit, llamó “impertinente” al señor Zahalka y le ordenó que abandonara el estudio.
Danny Danon, del partido Likud de Netanyahu, presentó posteriormente un proyecto de ley para expulsar de la Knesset a cualquier parlamentario culpable de incitación contra el Estado.
También se han producido demandas para que otro parlamentario del Partido de la Lista Árabe Unida, Taleb Al Sana, sea investigado por haber usado su celular para permitir a Ismail Haniyeh, líder de Hamas en Gaza, dirigirse a un grupo de manifestantes en el primer aniversario de el ataque de Israel contra Gaza.
Yitzhak Aharonivitch, ministro de seguridad pública, es uno de los que reclaman el procesamiento del señor Sanaa.
Fuente: http://www.counterpunch.org/cook02022010.html
domingo, 17 de enero de 2010
La cúpula de hierro
17-01-2010
Jonathan Cook
CounterPunch
Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández
Israel informó la pasada semana acerca de su “Cúpula de Hierro”, un sistema de defensa de misiles diseñado para interceptar los cohetes de corto alcance de la variedad que Hamas y Hizbullah lanzan contra Israel. Se supone que, a corto plazo, la Cúpula de Hierro eliminará la amenaza de los cohetes para las comunidades israelíes cercanas a Gaza cuatro años después de que Hamas ganara las elecciones palestinas.
Ese período intermedio ha venido marcado por una serie de movimientos no concluyentes por ambas partes: el aplastante bloqueo de Gaza por parte de Israel no ha conseguido aún romper la voluntad de los gazatíes; las negociaciones para la liberación de Gilad Shalit, un soldado israelí capturado por Hamas hace más de tres años, no han llegado a puerto alguno; las conversaciones de reconciliación entre las facciones rivales palestinas de Hamas y Fatah no han dado frutos; e incluso la bestial ofensiva contra Gaza del pasado año, la Operación Plomo Fundido, no consiguió gran cosa para Israel a nivel estratégico.
Ahora Israel dice que tiene en su mano la carta ganadora. A partir del mes de mayo, se instalarán las primeras baterías de la Cúpula de Hierro –desarrollada con un coste de 200 millones de dólares- alrededor de Gaza, lo que frustrará los esfuerzos de las facciones combatientes palestinas de continuar su lucha contra una política que niega a los habitantes del enclave todos y cada uno de los elementos humanitarios más básicos.
Los grupos militantes en Gaza han hecho cuanto han podido para mantener su desafío. Un portavoz de la Yihad Islámica declaró la pasada semana a Ma’an News, una agencia de noticias palestina, que el sistema de defensa anticohetes “no podría parar los proyectiles de la resistencia”, mientras, por vez primera desde la Operación Plomo Fundido, se lanzaban varias series de cohetes y proyectiles hacia Israel. Ehud Barak, el ministro de defensa de Israel, ha acusado a Hamas de cerrar los ojos ante esos lanzamientos.
Ciertamente que se plantean varias preguntas importantes acerca del proyecto israelí, a pesar de las enormes proclamas que los oficiales israelíes están haciendo.
El analista Reuven Pedatzur señaló hoy en el periódico Haaretz que Israel estaba vendiendo “engaños y medias verdades” sobre la Cúpula de Hierro. Indicó que el tiempo de vuelo, unos pocos segundos, de los cohetes que se disparan hacia las comunidades cercanas a Gaza, tales como Sderot, es mucho más corto que el tiempo que necesita la Cúpula de Hierro para calcular y hacer la intercepción.
Y otra cosa más importante aún, ¿qué sentido económico tiene para Israel intentar destruir cohetes caseros cuando cada interceptor de misiles cuesta alrededor de 100.000 dólares?
Los analistas militares calculan que, además, Israel se verá obligado a gastar 1.000 millones de dólares en las veinte baterías necesarias para proteger a las comunidades israelíes próximas a Gaza y las que están más hacia el norte, que en estos momentos se encuentran en la línea de fuego de Hizbollah desde el Líbano. Ese coste aumentará rápidamente en cuanto Hamas y Hizbollah amplíen el alcance de sus arsenales. Hay otro sistema, “Varita Mágica”, que puede al parecer derribar misiles de alcance medio, pero cada intercepción cuesta cerca de un millón de dólares. Y además hay costes adicionales a tener en cuenta cuando los grupos en Cisjordania empiecen también a lanzar cohetes.
El asedio de Israel contra Gaza podría rápidamente contestarse con una guerra de desgaste de Hamas y Hizbollah contra el presupuesto defensivo israelí, en un momento en que Israel está considerando gravosas aventuras militares algo más lejos, como la de Irán.
Sin embargo, la pasada semana empezaron a notarse síntomas de inquietud en Gaza. Grupos militantes han vuelto de nuevo a implicarse en enfrentamientos serios con Israel. El pasado domingo, Israel proclamó que en pocos días se habían disparado desde Gaza más de veinte cohetes y misiles de mortero, mientras fuentes palestinas declaraban que al menos ocho palestinos, entre ellos un niño de 14 años, habían muerto asesinados por los ataques aéreos israelíes.
Pero aunque la Cúpula de Hierro fuera poco más que un nuevo desarrollo del programa de guerra psicológica de Israel contra Gaza, Hamas está sintiendo indudablemente esa presión en varios frentes. A lo largo del año pasado, Israel ha ido asfixiando cada vez más al enclave costero.
Una de las medidas más importantes de Israel ha sido forzar a los palestinos a abandonar la tierra rural productiva en Gaza, gran parte de la cual está situada justo pegada al muro que rodea la Franja.
Según las autoridades palestinas, Gaza producía en otro tiempo la mitad de sus propios alimentos y la cuarta parte de su millón y medio de habitantes dependía de la agricultura. En la actualidad, alrededor de la mitad de su tierra no es utilizable. El ejército israelí destruyó parte de la misma durante la Operación Plomo Fundido. Otras zonas, según manifestaron investigadores italianos la pasada semana, están contaminadas con un cóctel de metales tóxicos procedentes del armamento israelí. Y hay mucho más tierra fuera de los límites porque cae en una zona tampón de 300 metros que Israel ha establecido junto al perímetro del muro, como la fuerza aérea israelí recordó a los habitantes de Gaza la pasada semana lanzando octavillas desde el aire. Los campesinos dicen que en realidad la zona penetra a menudo mucho más profundamente en el enclave.
Como Gaza ha perdido velozmente sus principales medios de subsistencia a causa de lo anteriormente expuesto, el salvavidas que proporcionan los cientos de túneles de contrabando desde Egipto a Rafah, bajo la única frontera no controlada por Israel, corre peligro inminente de acabar también eliminado.
Sellar la frontera de Rafah fue uno de los principales objetivos de la Operación Plomo Fundido, pero los bombardeos aéreos israelíes sólo tuvieron un éxito limitado en la destrucción de esos túneles. Pero ahora, en su lugar, Egipto está construyendo un muro de acero subterráneo para acabar con los contrabandistas. Aunque El Cairo está recibiendo críticas por la construcción del muro, y ha puesto entre sus propios intereses castigar a Hamas, las fuerzas impulsoras tras el proyecto son por supuesto Israel y EEUU. Se ha informado que ingenieros estadounidenses están proporcionando la experiencia técnica necesaria para que el muro sea tan eficaz como sea posible.
Esta semana se anunció también la construcción de otro muro, este construido por Israel junto a la frontera con Egipto inmediatamente al sur de Gaza. Aunque el objetivo es fundamentalmente tratar de detener el flujo de refugiados e inmigrantes ilegales que llegan a Israel, también persigue “ajustarle las tuercas a Hamas” bloqueando la única vía hacia Israel para ataques terroristas, según declaró ayer Yaakov Katz, analista del periódico Jerusalem Post.
El creciente aislamiento de la Franja –y el aumento de las presiones- tiene como objetivo enviar un mensaje a Gaza: que Hamas no tiene nada que ganar y todo que perder si se resiste a la ocupación de Israel, y que los gazatíes de a pie deberían volver la espalda al movimiento islámico.
Pero hay también un mensaje para los rivales de Hamas en Cisjordania. A Mahmoud Abbas, el presidente palestino, y a sus seguidores de Fatah, se les recuerda a diario que sus propias posibilidades de conseguir concesiones importantes de Israel –quedándose callados y quietos- son incluso más anémicas que las de Hamas si así no lo hacen.
La esperanza en Israel es que antes o después, el Sr. Abbas, o su sucesor, se den cuenta de que no hay más opción que aceptar las migajas territoriales de Cisjordania que a Israel le de la gana conceder para que se establezca ahí un estado palestino.
Jonathan Cook es escritor y periodista. Vive en Nazaret, Israel. Su libro más reciente es “Disappearing Palestine: Israel’s Experiments in Human Despair” (Zed Books). Su página en Internet es: http://www.jkcook.net/. La primera versión de este artículo apareció en The National (http://www.thenational.ae/), publicada en Abu Dhabi.
Fuente: http://www.counterpunch.org/cook01132010.html
miércoles, 25 de noviembre de 2009
Tras una investigación, Sudáfrica deporta a un oficial de las líneas aéreas israelíes
¿Se han infiltrado los espías israelíes en los aeropuertos internacionales?
25-11-2009
Jonathan Cook
CounterPunch
Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández
La semana pasada Sudáfrica deportó a un oficial de las líneas aéreas israelíes después de que se acusara al Shin Bet, la policía secreta de Israel, de haberse infiltrado en el aeropuerto internacional de Johannesburgo en un intento de recoger información sobre determinados ciudadanos sudafricanos, especialmente en el caso de viajeros negros y musulmanes.
La decisión del gobierno sudafricano se produjo tras una investigación llevada a cabo por la TV local en la que se mostraba cómo un periodista encubierto era ilegalmente interrogado por un oficial de El Al, la compañía de bandera de Israel, en una zona pública del aeropuerto de Tambo OR de Johannesburgo.
El programa ofrecía asimismo el testimonio de Jonathan Garb, un ex guardia de El Al, quien afirmaba que la compañía aérea era desde hacía muchos años una tapadera del Shin Bet en Sudáfrica.
Sobre la secuencia grabada del interrogatorio al periodista encubierto, Garb comentaba: “Aquí, en Sudáfrica, hay un servicio secreto que actúa por encima de la ley. Engañamos a todo el mundo. Hacemos exactamente lo que nos da la gana. Las autoridades locales no saben lo que estamos haciendo”.
Se ha sabido que el ministerio israelí de asuntos exteriores tuvo que enviar un equipo a Sudáfrica para intentar calmar la crisis diplomática abierta después de que el gobierno de Johannesburgo amenazara con deportar a todo el personal de la seguridad de El Al.
Las acusaciones del Sr. Garb se han visto apoyadas por una investigación llevada a cabo por el regulador para las industrias de seguridad privadas de Sudáfrica.
Grupos de derechos humanos en Israel han confirmado asimismo que el personal de seguridad israelí está realizando una serie de perfiles discriminatorios en base a la raza en muchos aeropuertos del mundo, al parecer sin que las autoridades locales tengan conocimiento alguno de sus actividades.
En Sudáfrica, la preocupación por las actividades del personal de El Al ha ido creciendo desde agosto, cuando el principal programa sudafricano de periodismo de investigación, Carta Blanca, trató de forma encubierta de probar las acusaciones del Sr. Garb.
Un cámara escondido captó cómo un oficial de El Al, situado en el vestíbulo de Salidas, afirmaba pertenecer a la “seguridad del aeropuerto” y le pedía al periodista encubierto que le entregara su pasaporte o tarjeta de identidad como parte de las actuaciones exigidas por la “normativa del aeropuerto”. Cuando el periodista protestó diciendo que no iba a volar sino que esperaba a un amigo, el gerente de la seguridad de El Al, identificado como Golan Rice, se acercó para interrogarle. El Sr. Rice le advirtió entonces que se encontraba en una zona restringida y que debía marcharse.
El Sr. Garb comentó en el programa: “Estamos entrenados para buscar la amenaza inmediata: el tipo musulmán. Puedes pensar que es un terrorista suicida, que está recogiendo información. Lo demencial es que estamos discriminando a la gente en virtud de razones raciales, étnicas e incluso religiosas… Eso es lo que hacemos”.
El Sr. Garb y otros dos trabajadores despedidos dijeron a los medios sudafricanos que los agentes del Shin Bet detienen rutinariamente a pasajeros negros y musulmanes, una afirmación que ha encendido la controversia en una sociedad que aún sufre el legado de décadas de gobierno de apartheid.
A los individuos sospechosos, dicen los ex trabajadores, les llevan a una habitación aneja, donde les interrogan, a menudo sobre asuntos que no tienen nada que ver con la seguridad del aeropuerto, e incluso les cachean mientras llevan su equipaje a otro lugar. También se realizan registros clandestinos de sus pertenencias y portátiles tratando de identificar documentos e informaciones útiles.
Todo esto se hace violando la ley sudafricana, que sólo autoriza a la policía, a las fuerzas armadas o al personal designado por el ministro de transportes a llevar a cabo tales registros.
Los ex trabajadores acusan también a El Al de introducir armas –con autorización de la embajada local israelí- por el aeropuerto para uso de sus agentes secretos.
El Sr. Garb hizo público después que le despidieron por haber dirigido una campaña para conseguir mejores salarios y beneficios médicos para el personal de El Al.
Un judío sudafricano ofreció también su testimonio declarando que el Shin Bet le había reclutado hacía diecinueve años. “Fuimos entrenados en un campo secreto [en Israel], el mismo en el que se entrenan las fuerzas especiales israelíes y te enseñan a utilizar revólveres, metralletas y cómo actuar en combates sin armas”.
Añadió que le asignaron a la “seguridad armada” a principios de la década de 1990. “La seguridad armada tiene que ser secreta, tienes que llevar un arma o un revólver y, aunque suene demencial, en aquella época llevábamos maletines Samsonite con una ametralladora Uzi dentro”.
El Sr. Garb afirmó haber hecho para Israel, a lo largo de los últimos veinte años, el perfil de unas 40.000 personas, incluyendo recientemente el de Virginia Tilley, una experta en Oriente Medio que es la investigadora-jefe del Consejo de Investigación de Ciencias Humanas de Sudáfrica. El think tank publicó recientemente un informe acusando a Israel de apartheid y colonialismo en los territorios palestinos.
“La decisión que nos llegó es que había que investigarla de la forma más dura posible debido a sus conexiones”, dijo el Sr. Garb.
La Sra. Tilley confirmó que el personal de El Al la había detenido en el aeropuerto y la había separado de su equipaje. El Sr. Garb manifestó que, durante ese período, un agente “fotocopió toda su documentación y después la remitió a Israel”. Piensa que para uso del Shin Bet.
Los oficiales israelíes se negaron a comentar estas acusaciones. Una carta presentada por el Sr. Garb –firmada por Roz Bukris, el administrador general de El Al en Sudáfrica- sugiere que fue el Shin Bet quien le empleó y no la línea aérea. El Sr. Bukris, según el programa televisivo, se negó a confirmar o negar la validez de la carta.
La Embajada israelí en Sudáfrica declinó discutir las pruebas que indicaban que, más que El Al, eran ellos quienes habían autorizado que los administradores de seguridad de la línea aérea utilizaran armas. La pasada semana, al peguntarle Ynet, el mayor portal de noticias de Israel, a Yossi Levi, portavoz del ministerio israelí de asuntos exteriores, sobre la deportación del oficial de la línea aérea, contestó que no podía “hacer comentarios sobre asuntos de seguridad”.
Un informe publicado en 2007 por dos organizaciones israelíes para los derechos humanos, la Asociación Árabe para los Derechos Humanos, con sede en Nazaret, y el Centro contra el Racismo, halló que el personal de la línea aérea israelí ejercía la discriminación racial en la mayoría de los aeropuertos más importantes del mundo al someter a pasajeros árabes y musulmanes a un trato discriminatorio y degradante, vulnerando tanto el derecho internacional como las leyes del país anfitrión.
“Nuestra investigación mostró que los controles efectuados por El Al en aeropuertos internacionales tenían todos ellos la marca de los interrogatorios del Shin Bet”, dijo Mohammed Zeidan, el director de la Asociación para los Derechos Humanos. “Normalmente, las preguntas se referían menos a la seguridad del vuelo y eran más un intento de reunir información sobre las actividades o simpatías políticas de los pasajeros”.
Los grupos para los derechos humanos se dirigieron a cuatro aeropuertos internacionales –Nueva York, París, Viena y Ginebra-, donde diversos pasajeros se habían quejado de haber sido sometidos a un trato discriminatorio, para preguntar bajo qué autoridad estaban actuando los servicios israelíes de seguridad. Los primeros dos aeropuertos se negaron a responder, mientras que en los de Viena y Ginebra dijeron que no era posible supervisar los procedimientos de El Al.
“Es sorprendente que esos países no hagan esfuerzo alguno para supervisar las acciones que el personal israelí de seguridad lleva a cabo en su territorio, especialmente a la luz de los procedimientos discriminatorios y humillantes que aplican”, afirma el informe.
Jonathan Cook es escritor y periodista. Vive en Nazaret, Israel. Sus libros más recientes son: Israel and the Clash of Civilizations: Iraq, Iran and the Plan to Remake the Middle East (Pluto Press) y Disappearing Palestina: Israel’s Experiments in Human Despair (Zed Books).
Su página en Internet es: www.jkcook.net. La versión original de este artículo apareció publicada en The National, en Abu Dhabi (www.thenational.ae).
Fuente:
http://www.counterpunch.org/cook11232009.html
