"Desde que Obama anunció la retirada de Iraq, ha crecido en un 25% la cifra de mercenarios"
29-12-2009
Mirari Isasi
Gara
En su época universitaria, Haifa Sangana (Bagdad, 1950) se unió a una facción del Partido Comunista de Iraq que practicaba la lucha armada contra el régimen del Partido Baaz. Detenida y encarcelada en 1972, al salir de prisión en 1975, se exilió en Damasco, donde trabajó para la OLP, y luego en Londres.
Haifa Sangana ha visitado recientemente Euskal Herria de la mano de GITE-IPES para ofrecer varias conferencias sobre cómo afectan los conflictos a las mujeres y cómo los enfrentan. En Iraq, desde la resistencia -que no insurgencia- a la ocupación extranjera, en la que toman parte tanto hombres como mujeres y que no sólo es armada.
No duda al afirmar que la gente «tiene que resistir», porque «es su propia tierra la que están defendiendo», y recuerda que la ONU y la legislación internacional «reconocen que la resistencia armada es un derecho frente a la ocupación».
Es contundente cuando niega que el objetivo de la resistencia armada sea ahora la población civil y asegura que sigue siendo «luchar contra la ocupación». «La resistencia tiene el derecho moral y legal de resistir y las tropas extranjeras son objetivos legítimos», defiende.
En abril de 2010 se cumplirán siete años de la invasión y ocupación de Iraq. ¿Algún sector de la sociedad albergó entonces alguna esperanza?
Obviamente. Se pensaba que era el único modo de acabar con el régimen de Saddam. Se aprovechó la situación generada por la aplicación de sanciones por parte del Consejo de Seguridad de la ONU contra Iraq y la gente que padecía sus consecuencias creía que para revertir esa situación se tenía que quitar de en medio a Saddam. Incluso altos responsables de Naciones Unidas se referían a las sanciones como un genocidio. Parte de la población, porque quería el fin de las sanciones, y otra parte, la que practicaba la resistencia contra Saddam, porque consideraba que favorecería a su causa.
¿Cuáles fueron las razones reales de la invasión?
Las razones son tres: el control del petróleo (no sólo su extracción), la geopolítica (instalación de bases), y la postura que ha mantenido siempre Iraq en defensa de la creación de un Estado palestino, lo que EEUU y Gran Bretaña consideraban una amenaza para su aliado, Israel.
¿Ha aportado algo positivo a alguna comunidad?
Los kurdos no se han visto muy beneficiados en estos años, porque en 1991 su causa obtuvo un gran reconocimiento. No se han beneficiado porque la guerra sigue y afecta a todos. El lema de los ocupantes ha sido el de dividir para vencer. Sistemáticamente, la agenda de EEUU se ha dirigido a dividir a las distintas comunidades, diciendo que Iraq es un país construido por los británicos con distintas poblaciones: kurdos, árabes, chiíes, suníes... y argumentando la necesidad de dividir para recuperar una buena situación.
Pero la guerra está llegando a todas las familias y a todos los sectores de la población. La destrucción de los servicios públicos, el retroceso de los derechos humanos en general, y de los derechos de las mujeres, en particular... Es una ironía que los chiíes estén más enfadados con el Gobierno actual, que es chií, que lo que estaban con Saddam, que era suní, porque no hay una mejora en los servicios públicos.
¿Qué consecuencias ha tenido para la sociedad iraquí?
En este momento, el 17% de la población iraquí ha sido desplazada de sus hogares. En la actualidad, hay 4.700.000 refugiados, 200.000 de los cuales viven fuera de Iraq y 2.700.000 desplazados en su propio país. En número de víctimas mortales desde el comienzo de la invasión, según un informe de un centro ubicado en Washington, supera el millón. La invasión ha sido un fracaso para los iraquíes, porque supuso un incremento del 70% en el número de refugiados y un 60% en el de los detenidos.
¿Cómo se hace frente a la ocupación extranjera?
Hay diferentes formas de resistencia y en ellas participan tanto hombres como mujeres, pero el papel de estas últimas es, en muchos casos fundamental. El primer nivel es la resistencia política, que no recurre a la lucha armada y en la que participan redes que agrupan a colectivos de mujeres independientes.
El segundo nivel se refiere a la resistencia dentro de la comunidad, de la sociedad civil, y se trata de un trabajo muy ligado a las mezquitas, donde se instalan clínicas y escuelas, atendidas por mujeres. En este caso, las mujeres están construyendo, llevando las riendas de la sociedad civil. Según datos de la ONU, en Iraq hay un millón de viudas y cinco millones de huérfanos y el peso de ese trabajo social de atención a esos sectores recae sobre las mujeres.
El tercer nivel es la resistencia cultural, un ámbito en el que hay un gran potencial y una calidad extraordinarias.
El cuarto nivel sería la resistencia armada. La propia ONU y la legislación internacional reconocen que la resistencia armada es un derecho frente a la ocupación. Las mujeres también la ejercen.
La gente tiene que resistir. Es su propia tierra la que están defendiendo.
¿Por qué rechaza el término insurgencia?
La palabra resistencia tiene una significación histórica asumida por la gente. Para los europeos está relacionada con la resistencia francesa contra los nazis y estadounidenses y británicos no quieren utilizarla porque no quieren asociar la resistencia iraquí con ese tipo de lucha. Para nosotros también está relacionada con la resistencia argelina contra la ocupación francesa y con la resistencia palestina contra la ocupación israelí. Insurgencia es un término diluido que pretende representar algo menor, a grupos de gente no organizados y fanáticos. No se asocia con algo heroico ni tan siquiera relacionado con la idea de justicia, como la resistencia.
Con el paso de los años los objetivos de la resistencia armada parecen haber cambiado. Antes eran los ocupantes y las autoridades y ahora la sociedad civil.
Nunca ha habido intención de atacar a civiles. Desde el principio, el objetivo de la resistencia es luchar contra la ocupación, porque los ocupantes no vinieron a Iraq con música, danza, cultura... vinieron con aviones no pilotados. La resistencia tiene el derecho moral y legal de resistir y las tropas extranjeras son objetivos legítimos. La situación hoy no ha cambiado, la idea sigue siendo luchar contra la ocupación y sus militares. Lo que ocurre es que los estadounidenses, para protegerse, se mueven dentro de las ciudades, entre civiles, a los que utilizan como escudos humanos, como hicieron en Falujah y Mosul, donde ocuparon el hospital y lo convirtieron casi en zona militar. Utilizan a estudiantes y pacientes como escudos humanos. Si se han producido víctimas civiles colaterales no ha sido de forma deliberada, porque la resistencia es apoyada por la gente. La razón por la que EEUU no ha podido acabar con ella es porque es una resistencia insertada en las comunidades y su fuerza es su apoyo. No tiene sentido matar a tu propia gente. Un resistente no ataca a su madre, a sus hermanos, a su hospital, a su gente... Los ocupantes matan de cualquier forma y nos dan 250 dólares, que es el precio de la vida de un iraquí.
¿Por qué no se reconoce el apoyo social de la resistencia?
Sería admitir que han cometido un error. Puede que la Administración Obama acepte el que hay gente que no les quiere pero cómo puede justificar ante su propia gente en EEUU el coste humano y financiero de esta guerra. Tiene que crear una idea de victoria y de que no existe resistencia sino «terrorismo» y de que mantiene una guerra contra el «terrorismo».
Se intenta dar una imagen negativa hablando de combatientes extranjeros vinculados a Al-Qaeda.
Incluso los estadounidenses reconocen que los combatientes extranjeros o de Al-Qaeda son menos del 5%. No hay información fidedigna, pero no veo por qué no puede venir gente de fuera a apoyar a la resistencia en Iraq. En los años 70 yo me uní a la resistencia palestina contra la ocupación israelí. Es muy tradicional en el mundo árabe. Ante una injusticia, ayudas.
¿Cuál es el rol de las autoridades derivadas de la ocupación?
Tienen que defender su existencia y dependen de la protección y apoyo de las tropas extranjeras, de forma que tienen que trabajar conjuntamente con ellas. Hicieron un daño tremendo a Iraq al firmar con los estadounidenses el acuerdo de seguridad en 2008. Tienen que jugar al juego de la democracia, de la falsa democracia...
Se dice que las autoridades iraquíes ya tienen en sus manos el control del país y las potencias ocupantes anuncian la retirada. ¿Por qué se decide el repliegue?
Porque fue una de las promesas de Obama a su gente en campaña, pero mientras anuncia la retirada progresiva de las tropas incrementa el número de mercenarios en Iraq, donde en la actualidad hay dos ejércitos paralelos. Por un lado, 145.000 soldados regulares del Ejército de EEUU y, por otro, un contingente de 160.000 mercenarios. Desde que Obama anunciara la retirada de sus tropas -que serán enviadas como refuerzo a Afganistán- se ha incrementado en un 25% el número de mercenarios, que son más peligrosos porque los militares están sujetos a las leyes de EEUU, pero éstos no están sujetos a ninguna ley internacional ni iraquí y actúan con total impunidad.
Es en el enorme coste económico y humano de esta guerra donde está la razón del repliegue. Cada soldado estadounidense en Iraq le cuesta a su país un millón de dólares anual.
Y no es cierto que las autoridades iraquíes tengan el control del país, el nivel de caos es enorme. Si tuvieran el control retirarían a todo el mundo.
¿Qué futuro le augura a Iraq?
El caos seguirá durante muchos años, no acabará pronto. Tenemos que desarrollar nuevas formas de resistencia porque la ocupación utiliza distintos medios como la influencia cultural, la hegemonía y la dominación sobre organizaciones de mujeres y gente joven que colaboran con ella. Hay tantas organizaciones estadounidenses trabajando en Iraq que están influyendo en la propia estructura social y que planean quedarse mucho tiempo. Aunque las tropas se vayan, ellas seguirán allí. Tenemos que trabajar para abrir la conciencia de la gente.
Es importante recalcar que el hecho de que la política de EEUU esté fallando en Iraq no quiere decir que nosotros estemos ganando, porque nos está costando tanto... la destrucción es tan enorme que será muy difícil para la gente que está resistiendo seguir con su vida y construir el país. Queda un gran trabajo para el futuro.
«Las mujeres iraquíes sufren dos tipos de violencia, una como iraquíes y otra de género, como mujeres»
¿Cómo afectó la invasión a las mujeres?
Iraq era el país de la región con el mayor mayor de mujeres con estudios y carreras universitarias, porque la enseñanza era gratuita y obligatoria. Ocupaban puestos tradicionalmente femeninos, pero también en la ingeniería petrolera y otros ámbitos, ya que la primera guerra del Golfo destinó a los hombres a luchar. En los 70, existían la ley de la familia y la ley del trabajo, que apoyaban y protegían a las mujeres. La situación se empezó a deteriorar con las sanciones de la ONU. Por ejemplo, el salario mensual de una profesora universitaria pasó de 160 a tres dólares, lo que les obligó a embarcarse en la industria doméstica. Pasaron del ámbito laboral público al privado. No había dinero y el Estado no podía ingresarlo.
¿Cuál era su situación antes y después?
Con Saddam se adoptaron ideas de los regímenes socialistas y comunistas que decían que no se puede construir una nación sin las mujeres. Había cuestiones positivas, pero no libertad política para llevarlas a cabo ya que sólo se permitía el Partido Baaz y te podían matar por discrepar. Claro que se ha dado un retroceso en sus derechos. Se presenta a la mujer en una situación de victimismo, de que no hace nada. Antes también, y no era cierto, pues había una gran diferencia con el resto de la región. Como no pudieron convencer a la opinión pública mundial de la existencia de armas de destrucción masiva en Iraq y de su vinculación con Al-Qaeda, se usó el pretexto de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres. Se utilizó incluso a grupos de mujeres que defendían la necesidad de la guerra para su liberación, cuando es algo contrario al antibelicismo que defienden las mujeres.
Denunció la violencia contra las mujeres tras la invasión. ¿En qué se diferenció de la sufrida por los hombres?
Las mujeres sufren dos tipos de violencia: una como iraquíes y otra de género, por ser mujeres. Sólo se habla de la violencia física, y eso es una insensatez. La violencia y arbitrariedad de las redadas, la imposibilidad de alimentar y educar a sus hijos, el alto índice de malformaciones por el uso de fósforo blanco y uranio empobrecido y el miedo a ser madre por temor a parir niños con malformaciones... eso también es violencia. Además, por supuesto, de la violencia específica por cuestión de género que ejercen contra ellas cuando son arrestadas y se les viola.
Sólo entre entre los refugiados iraquíes en Jordania se han constatado 4.516 casos de mujeres que sufrieron abusos sexuales. Ahora se han conocido también 300 casos de hombres que los padecieron.
¿Puede ser ésa la razón que lleva a las mujeres a sumarse a la resistencia?
Las mujeres participan en la resistencia por un cúmulo de razones. Antes de la invasión, muchas ya dijeron que tomarían parte en la resistencia, otras se han sumado tras sufrir la humillación, la opresión y el maltrato.
Fuente: http://www.gara.net/paperezkoa/20091228/174236/es/Desde-que-Obama-anuncio-retirada-Irak-ha-crecido-25-cifra-mercenarios
martes, 29 de diciembre de 2009
Entrevista a Haifa Sangana, escritora y periodista iraquí exiliada en Londres
sábado, 12 de diciembre de 2009
Las sin papeles que denuncien maltrato se enfrentarán a un expediente de expulsión
La nueva Ley de Extranjería sólo permite su regularización si logran que se condene al agresor. Según varias organizaciones, la medida las discrimina y no responde a la realidad del maltrato.
Joana García Grenzner
Redacción Diagonal
Jueves 10 de diciembre de 2009.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) critica que la violencia de género “es el único delito que implica la apertura de un expediente de expulsión” si lo denuncia una sin papeles. Asegura que ello “desincentiva la presentación de denuncias –que de por sí son menos que el número de agresiones– por el miedo de las víctimas a ser sancionadas por su situación irregular”.
Afirma que implica “desconocimiento de la realidad del maltrato, que muchas veces no se condena por la falta de pruebas o porque algunas mujeres retiran la denuncia antes del fin del proceso”. María Naredo, investigadora de violencia de género en Amnistía Internacional (AI), coincide en que “hay un nivel de archivo y de absoluciones impresionante en casos de violencia de género. Según el Consejo General del Poder Judicial, en 2008 se archivaron el 46% de las denuncias. En juzgados de lo penal se absolvió al 48% de acusados de maltrato”. Naredo remarca que “con una sentencia condenatoria, el expediente se extingue y la mujer podría incluso acceder a un permiso de residencia por circunstancias excepcionales, pero si no la hay, el expediente de expulsión se reabre y puede resultar en una orden de expulsión o sanción económica”. Además, explica que “no son muchas mujeres en situación irregular las que denuncian y obtienen la residencia, y el número de expulsadas por este motivo no se conoce”. Tanto CEAR como AI constatan la dificultad de obtener datos oficiales al respecto.
La Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía denuncia que la Ley “prima la condición de mujer inmigrante sobre la de mujer víctima de violencia de género”, pero valora que brinde un permiso provisional de residencia y trabajo a las ‘sin papeles’ que puedan acreditar la violencia de género. AI también considera un avance que tanto las ‘sin papeles’ que acrediten el maltrato, como las que obtengan permiso de residencia por reagrupación familiar reciban un permiso de trabajo. Desde 2003, AI venía reclamando equiparar a ambos colectivos y, junto con la residencia, darles permiso de trabajo “para paliar la falta de autonomía económica”, dado que ésta es un factor que posibilita la violencia de género.
ENTREVISTA // MARÍA NAREDO, INVESTIGADORA Y ACTIVISTA DE AMNISTÍA INTERNACIONAL
“Se les está diciendo que aguanten”
María Naredo, investigadora y autora de varios informes sobre violencia de género en Amnistía Internacional, habla sobre la significación de la nueva Ley de Extranjería.
DIAGONAL: ¿Cómo valoras que la nueva Ley de Extranjería ordene abrir expediente de expulsión a las inmigrantes sin papeles que denuncien violencia de género? M.N.: Hasta la reforma de la Ley, eso venía regulado por una norma de rango menor, la instrucción 14/2005 del Secretario del Estado de Seguridad. En nuestras investigaciones vimos que muchas dependencias policiales lo incumplían, por lo que las mujeres no tenían tanto miedo e incluso algunas abogadas recomendaban ir a denunciar donde no la aplicaban. Ahora se ha convertido en ley orgánica y los mandos policiales que hasta ahora podían hacer la vista gorda probablemente, no la hagan. La espada de Damocles del expediente, la orden de expulsión y la sanción está sobre las sin papeles que se decidan a denunciar. El Secretario de Estado de Seguridad siempre dice que no hay ninguna inmigrante expulsada por este motivo, pero hace poco estuve en un municipio donde los funcionarios de policía me dijeron que abrían expedientes de expulsión a mujeres en situación irregular que sabían que sufrían maltrato para forzarles a denunciar y a ver si obtenían sentencia condenatoria. El Gobierno y algunas organizaciones se escudan en que no se las expulsa, pero es muy importante denunciar que pueden hacerlo y tienen órdenes para ello. Estas mujeres no tienen seguridad jurídica si dependen de que el policía de turno quiera o no cumplir una ley abiertamente discriminatoria. Más allá de la retórica, al Gobierno le preocupa más controlar la inmigración irregular que proteger los derechos humanos de las mujeres. Es un incumplimiento de obligaciones del Estado al máximo nivel.
D: ¿Cómo puede incidir esto en el ciclo de la violencia de género? M.N.: Cuando se pone un obstáculo de tal envergadura ante la mujer que quiere denunciar, se le está diciendo “aguanta, ten cuidado con acudir a una comisaría”. Si ya tiene las trabas internas y externas de la desconfianza, de la presión de la familia, del agresor, esto la desincentiva totalmente y la invisibilidad propicia la impunidad de los abusos. El ciclo de la violencia es in crescendo: cuanto más dura, más fuerte es la violencia. Si vuelve con el agresor por falta de ayuda, de servicios de atención que le garanticen un apoyo en condiciones, todo ello se convierte en una mayor dosis de riesgo para ella.
D: Proponéis que la denuncia de violencia de género no sea condición para acceder a ayudas y se acredite el maltrato con mecanismos alternativos. ¿Se hace? M.N.: Galicia, Catalunya y Castilla- La Mancha reciben a mujeres en centros de acogida y en todo tipo de recursos sin necesidad de acreditar la denuncia ni la orden de protección. En cambio, en Madrid se pide la denuncia y, cada vez más, la orden de protección para entrar en centros especializados para la atención y la acogida de media, larga e incluso de corta estancia. He- CARLO GIULIANI. La violencia policial apenas ha sido cuestionada por la justicia. mos documentado casos de mujeres que siguen teniendo que acudir como único alojamiento seguro a centros inadecuados, no especializados, donde conviven mujeres y hombres… Los recursos no se adaptan a las necesidades, vivencias y situaciones de las mujeres y más aún de las migrantes. Éstas afrontan enormes trabas, no sólo por el peligro que les supone ir a una comisaría de policía si están en situación irregular, sino porque a cualquier mujer le cuesta entrar en el minuto cero de poner una denuncia.
D: ¿Hay un doble rasero en la protección de los derechos de las mujeres en función de si son autóctonas o inmigrantes? M.N.: Yo lo veo clarísimo. Me pregunto qué alarma social generaría que a una española que va a denunciar violencia de género el comisario de turno le empezara a investigar si defrauda a Hacienda. Sería impensable, la gente diría que la violencia de género es mucho más importante. Y es mucho más grave defraudar a Hacienda, que es un delito, que estar en situación irregular, que es una mera infracción administrativa. Algo que nos parecería una traba inadmisible en el caso de las españolas se está tolerando a nivel político, legislativo y social con las extranjeras. Además, si el Estado no palia las desventajas añadidas que trae consigo toda mujer inmigrante, se convierten en discriminaciones: desconocer el idioma en muchos casos, la institucionalidad, las instancias jurídicas, no tener redes de apoyo... Por ejemplo, el Plan estatal de prevención y atención a la violencia de género en población inmigrante ni menciona a los intérpretes, cuando hemos constatado que son una traba fundamental para que las que no entienden el idioma puedan acceder en igualdad a información sobre derechos o a un juicio justo. No hay formación, debería existir un grupo de intérpretes especializado para atender con la debida empatía y garantías a las que sufren maltrato.
jueves, 10 de diciembre de 2009
Bolivia: Ocuparán las mujeres el 30% de los espacios en la Asamblea Legislativa

9 de diciembre de 2009
Las mujeres ocuparán el 30 por ciento de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, con una histórica presencia de 47 por ciento en el Senado y 25 por ciento en la Cámara de Diputados, producto de las elecciones del pasado domingo.
La Coordinadora de la Mujer, con base a los datos de conteo rápido de las elecciones, destacó hoy que el porcentaje de mujeres con representación en el Poder Legislativo de Bolivia superó la máxima participación femenina alcanzada en 2002, con 18,5 por ciento en Diputados y 14,81 por ciento en el Senado.
En las elecciones generales del pasado 6 de diciembre, el presidente boliviano Evo Morales, candidato del gobernante partido Movimiento Al Socialismo (MAS), se impuso con 62 por ciento de los votos, según el conteo rápido de las encuestadoras.
Las mujeres bolivianas en la época de la colonia y de la república, fueron por tradición postergadas y relegadas al papel de amas de casa, debido a la fuerte influencia del machismo imperante en la región.
Desde la promulgación en febrero de 2009 de la Constitución Política del Estado y la aprobación de la Ley de Régimen Electoral Transitoria, las organizaciones de mujeres del país realizaron un trabajo de vigilancia y exigencia del cumplimiento de los planteamientos constitucionales de equidad de género.
En un balance de los resultados electorales, "verificamos que los esfuerzos desplegados por más 200 organizaciones de mujeres en todo el país han dado frutos que se traducen en que la Asamblea contará con 30 por ciento de presencia femenina", señaló la responsable de Incidencia de la Coordinadora de la Mujer, Mónica Novillo.
Sin embargo, el análisis de los datos mostró también la debilidad de la participación de mujeres como diputadas uninominales, con sólo 11 por ciento, ninguna mujer como diputada electa en circunscripciones especiales.
En su momento, las organizaciones feministas denunciaron la baja presencia de mujeres como candidatas titulares en las circunscripciones uninominales.
Una vez conformada la Asamblea Legislativa Plurinacional, estos grupos demandarán el desarrollo de leyes que garanticen el cumplimiento de los principios de equidad de género, igualdad de oportunidades y equivalencia y los derechos de las mujeres establecidos en la Constitución.
En este sentido, las organizaciones de mujeres también exigieron que se haga efectivo el compromiso del presidente Morales de contar con la presencia paritaria de mujeres en todos los órganos de poder, con 50 por ciento de mujeres en la designación del próximo gabinete ministerial.
Novillo señaló que este desafío pasa por la superación de los obstáculos socioculturales e institucionales, así como los prejuicios sobre la participación de las mujeres en política que son manifestaciones de una sociedad aún machista y patriarcal.
lunes, 9 de noviembre de 2009
El atractivo sexual como un Valor Social es la causa de ls discriminaciones
Discurso del Embajador de la República Islámica de Irán en México,
Dr. Mohammad Hassan Ghadiri Abyaneh
La Visión en el Islam.
Foro internacional de “Mujer y Discriminación”.
30 de septiembre de 2009”.
www.embajada.ir iranembmx@gmail.com
En el Nombre de Dios Clemente y Misericordioso.
Dios no es ni hombre ni mujer, no es ni padre ni madre, según
el Islam. Es el Creador de todo el Universo. El Dios que creó
a Adán y a Eva.
Mujeres en Irán.
Me permitirán hablar primero de las mujeres en Irán.
Tenemos cuatro millones de estudiantes universitarias, 64% de ellos
son mujeres, 60% de médicos, 35% de profesoras
universitarias, 80% de maestras, 30% de empleadas del
gobierno Son mujeres. Por la razón que 64% de estudiantes
universitarios, son mujeres, en un futuro las mujeres tendrán mayor posición en la sociedad.
Mujeres en el Islam.
La discriminación y la opresión contra las mujeres no es
reciente, es histórica. Casi siempre ha sido así.
La discriminación contra las mujeres es un discurso muy
importante y yo quiero hablar de esto. Pero mi discurso es
desde el punto de vista de un musulmán. Tal vez no han
escuchado nunca directamente la posición de un musulmán sobre este tema.
Mi discurso será diverso, critico y tal vez un
poco provocativo.
Para hablar de la Mujer se debe hablar también de la relación
entre hombre y mujer.
En el Islam, la relación matrimonial no es un mal permitido
por la creación. Es considerado un bien necesario. Una
necesidad biológica humana. Por eso el profeta del Islam (la
paz sea con él), ha dicho: “Casarse es la mitad de la fe”.
También existe el derecho al placer. Entonces ser atractivo o
atractiva sexualmente, físicamente, es considerado una
bendición de Dios. La atracción física el Islam es un valor, pero
en es un valor intimo, matrimonial, y no se debe convertir en
un valor social o comercial.
Por esto las mujeres musulmanas en casa no se cubren. Aún
más,cuando están en la intimidad con sus esposos, si la mujer
se presenta lo más atractiva posible para su esposo y el esposo se
presenta lo más atractivo posible para su esposa y intentan
darse más placer uno al otro, reciben las bendición de Dios.
Pero cuando salen de casa no deben salir mostrando su atracción
física y sexual, por esto cuando salen de la casa se cubren.
No quieren ser valoradas por su atractivo sexual. Ni hombres
ni mujeres, según el Islam, tienen el derecho de entrar en la
relación social haciendo gala de su atracción física.
El valor social de una mujer según el Islam no depende del
tamaño de su cintura, sino que depende de su sabiduría, no
depende de su altura, peso, color de su piel o raza sino de su
fe, acción humana, social, política y de su capacidad de
trabajo.
Nosotros consideramos un insulto para las mujeres cuando
usan su cuerpo para vender productos. Consideramos un
insulto, opresión y humillación a las mujeres pedirles que, para
que trabajen en una tienda, deben exponer su atractivo físico.
Si el sexo se convierte en un valor social o comercial, es la causa de la
discriminación, porque quien no tiene un atractivo debe
perder muchas ocasiones y también obtiene menor respeto.
Justicia en los Derechos.
Reconocemos la diferencia entre hombre y mujer, en la
creación, no se puede negar la diferencia entre ellos. Es la
mujer quién puede ser madre, por tanto tiene exigencias
diferentes al hombre. En muchas cosas ambos son iguales, y en
algunas son diferentes.
Hombre y Mujer son complementarios.
Por esto en Irán las mujeres que trabajan para el gobierno
pueden decidir trabajar medio día si desean. Este derecho
los hombres no lo tienen. Ya que la mujer tiene niños y/o
tiene sus necesidades ella puede decidir si trabaja medio día.
Por esto nosotros no hablamos de igualdad de derechos,
hablamos de justicia en derechos, considerando esta
diferencia entre mujeres y hombres.
No considerar esta diferencia y hablar totalmente de igualdad,
significa que el hombre no debe ser responsable de gastos de
la familia, por que va contra igualdad. En el Islam si es
necesario participar en la guerra, eso es un deber de hombres.
Por esto en Irán el servicio miliar no es obligatorio para las
mujeres. Es obligatorio para los hombres. Pero si las mujeres
quieren hacer servicio militar es su voluntad. Nadie puede
obligarles.
Por tanto, no reconocer esta diversidad y no pedir
derechos especiales y diversos para las mujeres y hablar solo
de igualdad, según nosotros, no es algo que vaya a favor de las mujeres. Se deben siempre considerar estas diferencias.
El profeta del Islam (la paz sea con él) dice: “Una hora de justicia es
mejor que setenta años de rezar a Dios”. Esta justicia se debe
aplicar con todos, especialmente con las mujeres y niñas.
Nuestro profeta (la paz sea con él), ha dicho “Las Mujeres
son semejantes a las flores, no las trates con violencia”.
Niños
En esta conferencia han hablado de niños y niñas. Antes, del
Islam se enterraban vivas a las niñas, porque tener niñas
fue considerado una vergüenza para la familia. Nuestro
profeta ha dicho que: “Los niños son la bendición de Dios y las
niñas son la clemencia y misericordia de Dios”. Cuando Dios
quiere ser muy clemente y muy misericordioso para una
familia le da niña Y cuando quiere dar la bendición, le da
niño.
La opresión contra las mujeres, no es solo oprimir a las
mujeres. El hombre que oprime a las mujeres, de esta manera
se oprime a sí mismo.
Tanto la mujer como el hombre deben tener una vida sana entre ellos, oprimir al otro es oprimirse a sí mismo, porque de hacerlo el hombre pierde una vida sana.
El imam Ali, el segundo gran hombre del Islam dice: “Aquel que
acepta la opresión se vuelve cómplice del opresor”.
Un musulmán no tiene el derecho a oprimir a nadie y tampoco de
aceptar la opresión de nadie.
Según nosotros, las mujeres que aceptan mostrar su atractivo
sexual dentro de sus relaciones sociales o comerciales se
vuelven cómplices de aquellos quienes las utilizan.
En el Islam la satisfacción sexual debe de utilizarse solamente
dentro de la relación matrimonial, mas nunca se debe usar la
provocación sexual en las relaciones comerciales y sociales,
ya que cuando existe la provocación, esta conduce a la
agresión y violación, por eso en el Islam la pornografía es
prohibida.
En Irán, si en una ciudad de un millón de habitantes, en un
año, existe una violación contra una mujer, esto es
considerado como un grave escándalo. Mientras que en muchos países occidentales, donde la atracción sexual es un
valor social o comercial, el índice de violaciones es muy alto.
Derecho a no exhibir el atractivo físico
En muchos países donde se permite a las mujeres salir
vestidas como quieren, donde también es aceptado el
homosexualismo, si una mujer no desea mostrar su cuerpo
públicamente es objeto de discriminación y rechazo.
En Francia por ejemplo, las estudiantes musulmanas que no
desean mostrar su físico no tienen derecho a ir a la escuela y
son objeto de discriminación, tampoco tienen derecho de
trabajar, si Santa María Virgen viviera ahora, no tendría estos
derechos fundamentales en Francia.
A pesar de todo esto, no hemos escuchado nunca que las
organizaciones de mujeres en occidente se proclamen en
contra de la discriminación hacia las mujeres musulmanas por
querer cubrir sus cuerpos en público, cosa que deberían
hacer, mas nunca lo han hecho.
Homosexualismo e incesto
En esta conferencia se ha hablado y justificado mucho el
derecho al homosexualismo, ya que se habla del derecho y
voluntad de dos personas maduras. Siguiendo la misma
lógica podrán justificar el incesto entre padres e hijos o entre
hermanos. De seguir así en un futuro no lejano se estarán
organizando foros nombrados “Relaciones sin
discriminación” defendiendo el derecho a las relaciones
incestuosas.
Algunos hablan de la madre naturaleza o madre tierra,
nosotros no vemos las relaciones entre seres del mismo sexo
creados por Dios como algo normal, en el Islam, nosotros
consideramos al homosexualismo como una desviación y un
pecado.
Estudios hechos en EE UU de han demostrado que las
personas homosexuales viven en promedio 25 años menos
que las personas normales.
Permítanme terminar mi discurso diciendo que siempre el
hombre tiene la última palabra. No importan su país o su
religión. Esas palabras son: “Si mi amor lo que tu digas”
Gracias.
martes, 6 de octubre de 2009
Ciudad Juárez: matanza de Mujeres
Conferencia de Humberto Robles
Lunes 5 de octubre de 2009,
por http://mexico.indymedia.org
CUMBRE MUNDIAL DE LA PAZ Mesa: Mujeres y cultura de paz
“Recuerdo, recordamos. Ésta es nuestra manera de ayudar a que amanezca sobre tantas conciencias mancilladas, sobre un texto iracundo, sobre una reja abierta, sobre el rostro amparado tras la máscara. Recuerdo, recordemos Hasta que la justicia se siente entre nosotros.”
Ciudad Juárez se encuentra enclavada en una zona desértica, al borde del Río Bravo, en la frontera que separa a México de Estados Unidos. Tiene una población de alrededor de 1, 300,000 habitantes; es la ciudad más poblada de Chihuahua, el estado más grande del país, y este año el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública la declaró la urbe más violenta del mundo.
Es aquí donde desde hace más de 16 años se ha venido ejecutando una serie de asesinatos a niñas y mujeres de edades que oscilan entre los cinco y los 35 años.
Desde 1993 a la fecha, según reportes de diversas organizaciones, se han cometido más de de 576 crímenes de mujeres en Ciudad Juárez y en la ciudad de Chihuahua, y hay aproximadamente 600 desparecidas. En lo que va del año 2009, se han encontrado 88 cuerpos sin vida, y se ha reportado la desaparición de varias jovencitas, con una edad promedio de 17 años.
Las víctimas son mujeres de escasos recursos, estudiantes, obreras, empleadas de maquiladoras (las cuales son empresas ensambladoras transnacionales que importan materiales sin pagar aranceles), muchas son migrantes de otros estados que van a Ciudad Juárez “buscando una vida mejor”.
En su mayoría son jóvenes, bonitas, pobres, morenas, de cabellos y ojos negros. Muchas son madres solteras o con hijos que mantener.
Ellas suelen ser secuestradas, torturadas durante varios días, golpeadas, violadas tumultuariamente, mutiladas partes de su cuerpo y finalmente asesinadas, ya sea amarradas con alambre de púas hasta desangrarse, estranguladas, apuñaladas o quemadas.
Muchos de los cadáveres muestran los pezones arrancados por dientes humanos, la piel con huellas de quemaduras de cigarros, la carne mordisqueada, violencia sexual extrema y señales de prolongados tormentos.
A este fenómeno, digno de las peores películas de terror, se le ha catalogado como feminicidio: el asesinato brutal y sistemático de mujeres, el cual involucra al crimen organizado y a autoridades del gobierno.
No hablamos de violencia doméstica, que también la hay. En este caso se trata de una serie de asesinatos perfectamente planeados, organizados y sistematizados que han alarmado y llamado la atención de investigadores del FBI, de periodistas, de defensores de derechos humanos y de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, entre otras. Irónicamente, Ciudad Juárez fue llamada alguna vez “la mejor frontera de México” ya que, a raíz del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, en esta ciudad, así como a lo largo de la frontera, se instalaron las maquiladoras. Desde entonces comenzaron estos asesinatos.
Después del crimen, las siguientes víctimas son las madres y familiares de estas niñas y mujeres masacradas. Ellos encuentran el cuerpo sin vida de su hija, madre, novia, esposa, prima o hermana, abandonado en un lote baldío o apenas cubierto por las arenas del desierto, descubriendo así la forma brutal en la que murió la joven, e imaginándose todo lo que habrá sufrido. Cabe mencionar que invariablemente, los cuerpos han sido encontrados por gente que pasaba por ahí, jamás por elementos policiacos.
En muchos casos, las víctimas son reconocidas sólo por sus ropas, por la dentadura o por alguna seña particular, ya que el resto del cuerpo se encuentra irreconocible. Por otro lado, las otras víctimas de las que poco se habla, son las huérfanas y huérfanos de estas mujeres asesinadas. Como si este dolor no fuera suficiente, las familias deben enfrentar la total ineficacia, ineficiencia, negligencia e insensibilidad de la policía, de las autoridades locales, de los gobernadores del estado y de los propios presidentes de México. Porque desde hace 16 años las autoridades competentes (a las que habría que llamarlas “incompetentes”), junto con los medios de información (a los que habría que llamarlos de “desinformación”), se han dedicado a desprestigiar a las víctimas acusándolas de ser prostitutas, drogadictas, personas sin valores, mujeres que salen de sus casas a buscar el peligro. Este no es el caso, pero si lo fuera, no habría nada que justificara la tortura, la violación y el asesinato de prostitutas o de drogadictas. Constantemente el gobierno minimiza las cifras de los crímenes. Además, los gobernadores del estado y los presidentes del país hacen caso omiso de las recomendaciones internacionales. Tampoco prestan oídos a los reclamos de justicia de las madres, familiares y organizaciones de derechos humanos. Los procuradores de justicia, así como los y las fiscales especiales pierden o desaparecen pruebas de vital importancia como la ropa de las víctimas en las que se encuentran muestras de sangre, cabellos o semen.
Para colmo, los medios de comunicación y los empresarios locales acusan a aquellos que claman justicia (a las madres y a las organizaciones) de “vende-patrias” y “de ensuciar el buen nombre de Ciudad Juárez”. Esto se suma a otras intimidaciones y amenazas a quienes exigen que termine esta ola de crímenes. Todas y todos los que nos hemos participado, solidarizado y comprometido con esta causa hemos recibido desde pequeños “sustos”… hasta persecuciones, disparos e incluso amenazas de muerte.
Por su parte, el gobierno, lejos de investigar, juzgar o castigar a los responsables de tantas y tantas irregularidades, los premia. Por ejemplo, al ex gobernador del estado de Chihuahua, Francisco Barrio Terrazas, a quien se le acusa de una actitud misógina y de denigrar a las mujeres juarenses justificando sus asesinatos con argumentos tales como que “las mujeres son responsables por vestir minifaldas”, “por salir a altas horas de la noche”, acusarlas de vivir una doble vida, y declarar que el número de mujeres asesinadas «es normal», minimizando las tragedias, en abril de este año se le nombró embajador en Canadá. Otro caso para documentar la historia de la ignominia: en marzo de 2005, mientras Marisela Ortiz Rivera, co-fundadora y co-presidenta de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, daba una conferencia sobre los asesinatos y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez, el ombudsman mexicano José Luis Soberanes acaparó la atención de todos… ¿Por qué? Porque se durmió durante la conferencia. Otro ejemplo indignante es el de Arturo Chávez Chávez, quien, sin importar el rechazo y la oposición de la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos, la semana pasada fue ratificado como procurador general de la República. Las investigaciones hechas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch y Amnistía Internacional sobre los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez coinciden en que Arturo Chávez Chávez, siendo procurador de justicia de Chihuahua, cometió graves irregularidades durante las indagatorias en los crímenes de mujeres en Ciudad Juárez, pues hubo retrasos en la búsqueda de las mujeres que eran reportadas como desaparecidas, hubo deficiencias en la integración de las averiguaciones previas y no se ejecutaron órdenes de aprehensión contra presuntos responsables. Por ejemplo, él expresó que las mujeres eran culpables de sus propios crímenes por vestir ropas provocativas. Debido a lo anterior, es inaceptable e indignante que Felipe Calderón y el senado de la república hayan entregado la procuraduría a un enemigo de la justicia. Hasta la fecha y a más de 16 años de asesinatos, no se ha resuelto satisfactoriamente ni uno de los más de 576 crímenes de mujeres en Ciudad Juárez. Ni uno. La mayoría de las personas que están en la cárcel acusadas por estos crímenes son chivos expiatorios; con amenazas y bajo torturas fueron obligados a firmar sus declaraciones inculpatorias. Algo que enturbia aún más el tema del feminicidio en México, y que genera graves sospechas, es que los casos de las mujeres asesinadas no se han atraído al fuero federal (esto es, dejar que sea un problema local para convertirse en un problema nacional), porque el gobierno arguye, falseando como siempre las cifras, que “sólo se trata de unos 300 asesinatos”.
Entonces nos preguntamos, ¿cuántas muertes necesitará el gobierno mexicano para atraer estos casos y declarar zona de desastre humano a Ciudad Juárez? ¿Cuántas mujeres más deberán ser masacradas para que se tomen cartas en el asunto? ¿No basta una sola mujer asesinada para actuar? La barbarie parece no tener límites: las niñas Brenda Berenice Delgado Rodríguez de 5 años, Airis Estrella Enríquez de 7 años y Anahí Orozco de 10 años, fueron atacadas sexualmente, torturadas y asesinadas. ¿No existe alguien en el gobierno mexicano que se conmueva y decida hacer algo para prevenir y acabar con esta guerra de baja intensidad contra las niñas y las mujeres? Parece que la respuesta es simple y llana: no.
Para seguir documentando la infamia: el Código penal de Chihuahua determina que el violador de una mujer «recibirá una pena de tres a nueve años de prisión». En cambio, para los ladrones de ganado, el Código Penal prevé una pena de seis a cuarenta años de cárcel. Queda claro que en Chihuahua vale más una vaca que una mujer. A su vez, tampoco a las maquiladoras que emplean a mujeres pobres y obreras les importan sus vidas. Deberían, pero no hacen nada, porque si matan a una, afuera de la fábrica hay una fila de ciento de mujeres esperando conseguir trabajo por unos míseros dólares. Ahora, las hipótesis que se manejan con respecto a quiénes son los probables asesinos son muy variadas, pero algunas son las siguientes: La realización de películas de cine snuff. Estas cintas son grabaciones de asesinatos reales con el fin de registrar estas atrocidades y posteriormente distribuirlas comercialmente como macabro “entretenimiento” de mentes enfermas. Otra hipótesis es: Traer el pezón de una mujer, violarla o asesinarla puede ser prueba suficiente de valor y virilidad para los nuevos integrantes de pandillas o de bandas de narcotraficantes que abundan en el país. Se habla también de ritos satánicos, y de fiestas, que son orgías, de ricos empresarios y gente vinculada a los gobiernos locales y federales donde se viola a jovencitas y se les sacrifica. Sin embargo, aunque no sepamos quiénes son los asesinos y cuál es su verdadero móvil, lo que sí sabemos es que la policía, las autoridades y los gobiernos estatal y federal no hacen nada para prevenir, investigar y erradicar esta violencia de género. Como la impunidad en torno a estos asesinatos es absoluta, Ciudad Juárez se ha convertido en tierra fértil para que, por los motivos que sean, se cometan homicidios contra las mujeres. Porque la ecuación es elemental: la impunidad genera más crímenes. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿A quién encubren los gobiernos mexicanos? ¿A quiénes protegen? ¿Qué ganancias y beneficios obtienen de estos asesinatos? Porque al entorpecer las investigaciones e impedir la justicia surgen, entre otras, estas interrogantes. Así que definitivamente el gobierno mexicano es, de menos, cómplice, por omisión, encubrimiento y negligencia, de los asesinos. Alarmantemente estos crímenes contra las mujeres se han ido extendiendo a otros estados del país. En el estado de Morelos, en sólo un año se reportaron 84 feminicidios. En el estado de Sinaloa, en lo que va del año 2009, se han registrado 31 asesinatos. En el Estado de México, en los recientes 4 años, han habido 672 crímenes, de los cuales el 89% de los casos permanecen impunes, lo cual ha convertido a esta entidad en la mayor tasa de feminicidios en el país, superando con creces las cifras de Ciudad Juárez. Resumiendo números: en el país, cada año mueren víctimas del feminicidio mil 200 mujeres. A lo largo y ancho de México se aplica la siguiente frase: Cuerpo de mujer, peligro de muerte. Como una luz de esperanza, el 23 de febrero del año en curso, dos organizaciones de derechos humanos presentaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una denuncia sin precedentes contra el Estado mexicano por el caso de 3 mujeres que fueron asesinadas, con signos de tortura, violación y mutilación de sus cuerpos. La Corte Interamericana está analizando en estos momentos la responsabilidad del Estado en relación con la violencia que se ejerce contra las mujeres, la violencia institucional, así como la falta de protección y prevención de estos crímenes. El caso es emblemático, no sólo porque es el primero que asume la Corte Interamericana por asesinato de mujeres con connotaciones sexuales, sino porque es el primero que juzga de entre los casi 600 homicidios que han ocurrido en Ciudad Juárez desde 1993. La Corte tiene previsto dictar sentencia el próximo mes de noviembre. Desgraciadamente este no es el único problema de la terrible injusticia y de la absoluta impunidad que aqueja a México en cuanto a derechos humanos y en específico contra los derechos de las mujeres. A la impunidad que reina en torno a los feminicidios, se suman otros casos aún no resueltos como estos: El anunciado asesinato en 2001 de la abogada y defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido, crimen que el gobierno insiste en declarar como “suicidio”. La violación de más de 25 mujeres por parte de la policía en San Salvador Atenco en 2006. En este caso, las mujeres fueron el botín de guerra de los elementos policiacos, y a la fecha no se ha castigado a ninguno de los responsables. El único policía detenido por el cargo que llamaron “actos libidinosos”, salió libre con una fianza equivalente a unos 800 dólares. En cambio, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, quien asumió ser el artífice del criminal Operativo Atenco, mantiene como presos políticos a 12 luchadores sociales, tres de ellos, Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, con penas que suman más de 430 años de cárcel en prisiones de alta seguridad, superando así las condenas que reciben muchos secuestradores, narcotraficantes y delincuentes de alta peligrosidad. Y el gobernador Peña Nieto ha comenzado su campaña para lanzarse como candidato a la presidencia de la república para el año 2012. Prosigo: La violación tumultuaria por militares y la posterior muerte de la indígena de la sierra de la Zongolica doña Ernestina Ascencio, en 2007. Para proteger al ejército, Felipe Calderón y el ombudsman mexicano aseveraron que la muerte de doña Ernestina se debió “a males gastrointestinales y anemia”. El caso de violación tumultuaria y crimen de la activista estadounidense de derechos humanos Marcella Sali Grace, asesinada en septiembre de 2008. Los asesinatos de Felícitas Martínez y Teresa Bautista, locutoras de la radio comunitaria La voz que rompe el silencio, ocurrido en la región Triqui de Oaxaca en 2008. En 1994 tres hermanas indígenas tzeltales de 12, 15 y 17 años fueron violadas en Altamirano, estado de Chiapas, por un grupo de soldados que participaban en acciones militares contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En 1997, doce indígenas zapotecas del estado de Oaxaca fueron violadas por soldados. Ese mismo año, en el estado de Guerrero, Aurelia Méndez Ramírez y Delfina Flores Aguilar, indígenas tlapanecas, fueron violadas por cinco soldados. En 1999, en el mismo estado, dos indígenas mixtecas, Victoriana Vázquez Sánchez, de 50 años, y Francisca Santos Pablo, de 33 años, fueron violadas por miembros del ejército. En 2002, Valentina Rosendo Cantú, indígena tlapaneca de 17 años, es violada por ocho militares, e Inés Hernández Ortega, también indígena tlapaneca de 27 años, es violada por once soldados, ambos casos en el Estado de Guerrero. Seis años de recomendaciones internacionales y nacionales de los principales organismos defensores de derechos humanos no han valido para lograr que los militares que violan los derechos humanos en México, incluidos los casos de violación sexual contra mujeres, sean juzgados por la vía civil. Con el pretexto, y en el contexto de la fracasada lucha contra el narcotráfico, los militares violan los derechos humanos de norte a sur gozando de plena impunidad y contando con “fuero militar”. Para engrosar la trágica lista que pone en evidencia la total falta de justicia y de la impunidad que impera México, menciono otros casos: El asesinato del joven estudiante y luchador social Pável González en 2004, crimen que el gobierno también insiste en declarar como “suicidio”. En los últimos años, ser periodista en México se ha convertido en una «profesión de alto riesgo». Del año 2000 al 2008, han habido 41 muertes y 8 desapariciones de periodistas y trabajadores de medios informativos, entre ellos el asesinato del norteamericano Brad Will, de la red Indymedia, acaecido en Oaxaca en 2006. Juan Manuel Martínez Moreno, de oficio panadero y padre de 3 hijos, ha sido injustamente encarcelado desde octubre de 2008 acusado por este asesinato, cuando el propio Brad Will grabó con su cámara la imagen de los asesinos al momento de dispararle. El Gobierno Federal de México trata de cerrar el caso, porque de éste dependen recursos retenidos del convenio económico–militar conocido como Iniciativa Mérida o Plan México. El Congreso de Estados Unidos condicionó parte del envío del dinero a la situación de derechos humanos en México y específicamente al esclarecimiento del asesinato de Brad Will. Para lograrlo, una vez más, se ha inculpado a una persona inocente. Otro caso es el de los 49 niños y niñas, todos menores de 5 años, que murieron calcinados en una guardería en Hermosillo, Sonora. “Curiosamente” algunos dueños y responsables de la seguridad de esta guardería están emparentados con la esposa de Felipe Calderón, y varios de ellos están prófugos. El próximo 5 de octubre se cumplen 4 meses de este crimen, y hoy no hay un solo responsable detenido. Y sumándose a esta sangrienta lista que parece interminable, agregamos los casos no resueltos de los asesinatos perpetrados por el gobernador Ulises Ruiz en Oaxaca durante el movimiento magisterial de 2006. La red de pederastas y pornografía infantil denunciada por la valiente periodista Lydia Cacho, red que involucra a empresarios y funcionaros gubernamentales como el gobernador de Puebla Mario Marín, quienes permanecen libres e impunes. A esto hay que añadir la masacre de Acteal, Chiapas, de 1997, donde perecieron 45 personas, la mayoría de ellos niños y mujeres embarazadas. Con machetes y balas, mientras oraban, fueron abatidas 14 niñas, 4 niños, 4 mujeres embarazadas, otras 15 mujeres y 8 hombres. Ése fue el primer crimen, el segundo ocurrió en agosto pasado cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación decretó la libertad inmediata de una veintena de los responsables de este crimen. Y continúa la vergonzosa lista: las masacres de El Charco, de Aguas Bancas y de El Bosque, así como la matanza de el “Jueves de Corpus”, también conocido como el “halconazo”, de 1971, y la matanza de estudiantes en Tlatelolco, ocurrido precisamente un día como hoy, hace 41 años, el 2 de octubre de 1968. Y un largo, larguísimo etcétera de crímenes sin castigo. Todos estos casos que he mencionado permanecen impunes, los responsables gozan de plena libertad y, con un gobierno como el actual, seguramente va a pasar mucho, muchísimo tiempo para que se haga justicia a estos crímenes de lesa humanidad. Porque aunque México siga promoviendo en el extranjero la imagen de defensor de derechos humanos, y firme tratados y acuerdos internacionales, actualmente es el primero en violarlos en su propio país. A esta incongruencia entre el discurso y la realidad, Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, en su pasada visita a México en 2007, la llamó “política esquizofrénica”. Por todo lo anterior, afirmo categóricamente que en México reinan la corrupción y la impunidad. En México se practica cotidianamente la tortura. En México se violan los derechos humanos de lunes a domingo. En México se criminaliza la lucha social. Porque para el gobierno son más peligrosos los que luchan, que los que secuestran o trafican con drogas, menores de edad o personas. En México ser activista y defensor de derechos humanos es vivir en peligro de muerte. En México se matan mujeres por ser mujeres. El caso de los feminicidios en Ciudad Juárez y el resto de México es una vergüenza nacional. La falta de acción, la indolencia y la indiferencia ponen en evidencia el sexismo, machismo, misoginia, clasismo y racismo de los gobiernos mexicanos. Ante este panorama, y en el marco de esta Cumbre Mundial de la Paz, las preguntas que surgen inevitablemente son: ¿Qué hacer en un país cuyo gobierno que lejos de garantizar la paz de sus habitantes, la quebranta día con día? ¿Qué hacer si los responsables de preservar la indispensable paz la violentan cotidianamente? ¿Qué hacer para acabar con la impunidad que fomenta el gobierno mexicano y cómo poder alcanzar la elemental justicia? El gobierno mexicano es un lobo con piel de oveja. Tras la máscara, su rostro se asemeja más al de una dictadura que al de una democracia. En México estamos gobernados por delincuentes y criminales. ¿Cómo hablar de “Cultura de Paz” si en México la justicia es para unos cuantos y la impunidad es el cobijo de los poderosos? Nosotras, nosotros, la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos buscamos la paz y luchamos por ella cada día, anhelamos un país donde las niñas y las mujeres puedan caminar tranquilas, ir a sus trabajos o escuela, y poder volver de regreso a casa. No queremos un estado policiaco ni al ejército en nuestras comunidades. Repudiamos que se burlen de nosotras, de nosotros, al encumbrar a individuos como Francisco Barrio Terrazas y Arturo Chávez Chávez, de oscuros antecedentes y nefasta reputación. Nosotras, nosotros deseamos la paz, pero el Estado mexicano no pone el menor empeño en garantizar este derecho fundamental y es el primero en violentarlo. Actualmente, en México la única paz que existe, la única paz que promueve el Estado mexicano… es la paz de los sepulcros. Y a tres metros bajo tierra, las niñas y mujeres asesinadas en Ciudad Juárez: Lilia Alejandra, Alma Mireya, Brenda Berenice, Sagrario, Perla, Patricia, Airis Estrella, Araceli, Elizabeth, Erika, Esmeralda, María Elena, y el resto de nuestros muertos, claman justicia. Solamente justicia. Desde esta importante reunión, exhorto al gobierno mexicano a que nos devuelva la paz. Nuestras Hijas de Regreso a Casa, la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos, las mujeres y hombres conscientes exigimos que cese la impunidad en torno a estos asesinatos y que haya voluntad política para combatir la violencia de género. Aprovecho este foro para hacer un llamado a la comunidad internacional a fin de que se juzgue, se condene y se sancione al Estado mexicano por el feminicidio que se extiende desde Chihuahua hasta Chiapas. Para finalizar, quiero compartir con ustedes un fragmento del poema de Juan Ríos Cantú titulado ¿Hay un dios cerca de Juárez?: “Juárez, qué se alce tu voz hasta curarle a la justicia la sordera. Qué se alce también tu razón y tu cordura, Que te regrese la calma.
Juárez, mi más sentido pésame. Si mis manos no hacen nada que lo haga mi palabra.
Qué regrese la hija, la hermana y la madre del trabajo a la casa cuando caiga la tarde.”
Humberto Robles
viernes, 5 de junio de 2009
Venezuela Las mujeres ganan compromiso y protagonismo en la actividad comunitaria
Humberto Márquez
IPS
En Venezuela "hay un enamoramiento de la mujer con la actividad comunitaria, de mayor compromiso y protagonismo, y por eso en las asambleas hay una gran participación femenina", dijo a IPS Alba Rojas, portavoz en un consejo comunal de Tacagua, en la vía de la capital al vecino litoral caribeño.
"Más de 60 por ciento de los consejos comunales son dirigidos por mujeres", explicó a IPS María León, titular del recién creado Ministerio de la Mujer y la Igualdad de Género. "Ya no estamos más confinadas a las tareas domésticas, ganamos el derecho a participar y hablar en la tribuna, como en la Revolución Francesa", añadió.
En Venezuela se han constituido más de 10.000 consejos comunales, con hasta 200 familias cada uno, según cifras ofrecidas por diversas autoridades. Muchas comunidades también organizan "mesas técnicas" de agua, salud, energía o comunicaciones, según los requerimientos de cada vecindario.
El peso de la mujer se potencia porque "aquí no se hace nada que no sea aprobado por los ciudadanos en asamblea. Es parte de la transformación que impulsamos, que la gente se apropie de sus proyectos, de sus procesos", comentó Rojas.
El consejo opera en una pequeña sede, a la vez oficina, biblioteca, sala de reuniones y aula de computación, en una de las tantas viviendas informalmente construidas en el sector Tacagua, una amalgama de barriadas marginales cruzadas por calles desordenadas y empinadas sobre las ásperas colinas que por 20 kilómetros bajan desde Caracas hasta el mar Caribe.
En el sector viven 6.000 personas y lo marca la quebrada Tacagua, un río de aguas servidas a cielo abierto, que desciende desde otras barriadas del oeste caraqueño. Lo domina una colina donde se hacen terrazas y galpones para albergar la primera comuna del área metropolitana, Gual y España, apellidos de dos precursores de la independencia de los españoles.
Rojas anima una "mesa técnica de telecomunicaciones", que gestiona con la corporación estatal de telefonía básica la instalación del servicio en toda Tacagua. Los consejos manejan pequeños expendios de alimentos y escuelas. En total, el gobierno dice haber entregado a proyectos comunales unos 3.000 millones de dólares en tres años.
Los cinco consejos que componen la pionera comuna Gual y España proyectan "una cría de gallinas y conejos, y su sala de matanza, siembras de tomates y pimentones, y una bloquera (alfarería)", dijo Rojas, "porque queremos que las comunidades sean productivas por sí mismas y no dependan de ninguna institución".
"Avanzamos por ensayo y error, y tenemos nuestros 'atajaperros' (encontronazos) con la burocracia, porque la comunidad va más rápido que las instituciones", sentenció.
En Venezuela, con una población en torno a 28 millones de personas, algo más de la mitad mujeres, éstas han asumido tradicionalmente la tarea de hacer más habitables los cinturones de barrios marginales que circundan Caracas y otras ciudades, mediante diferentes formas de organización, cuya nueva expresión son los consejos comunales.
MÁS CARGOS Y MÁS MUJERES
Las instituciones aumentaron en Venezuela con la Constitución de 1999, que reemplazó la de 1961 y sumó dos poderes a los tres tradicionales del Estado: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y Moral, subdividido éste en la Fiscalía General, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo.
A la cabeza de cinco de esas siete instituciones se encuentran mujeres, que presiden la unicameral Asamblea Nacional (dominada por el oficialismo tras el retiro de la oposición en los comicios de 2005), el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General.
En la Asamblea hay 128 hombres y 29 mujeres (17 por ciento), aunque varias ocuparon el escaño como suplentes de varones que fueron a otros destinos. El Poder Electoral estableció desde 2005 una paridad total de género en candidaturas a cuerpos deliberantes, pero los varones han ocupado las posiciones con mayor opción de victoria.
También son mujeres un tercio de quienes integran los 24 parlamentos regionales, 60 de las 335 alcaldías, cinco de los 22 ministerios y tres de las 24 gobernaciones de estados, según cifras del Ministerio de la Mujer. Con excepción de las alcaldesas, las cifras son parecidas a las anteriores a 1999.
"En los últimos 10 años hemos tenido un avance inimaginable para cerrar la brecha histórica entre la acción constructora de las mujeres y su papel en la toma de decisiones políticas, sociales y económicas, no sólo en los altos poderes públicos, sino en el poder popular", aseveró la ministra León.
Flor Ríos, de la Comisión de Familia, Mujer y Juventud de la Asamblea, observó a IPS que "aunque la mujer ocupa ahora bastantes cargos y encabeza poderes públicos, todavía está lejos de la paridad y de posiciones relevantes para la administración de fondos y conducción ejecutiva del país".
"Puede haber progresos en organizaciones de base, como consejos comunales, que se benefician del interés y la capacidad de la mujer para participar en la búsqueda de solución a los problemas", dijo a IPS María Guzmán, de la no gubernamental Fundación para los Derechos de la Mujer Latinoamericana.
"Pero la representación en altos cargos no es sinónimo de empoderamiento de género", puntualizó.
CONTRADICCIÓN EN LOS DISCURSOS
"Yo me declaro feminista. ¡Que vivan las mujeres! Como decía Simón Bolívar, la mujer no es igual al hombre, sino que nos supera", repite con frecuencia el presidente Hugo Chávez.
Este mes invitó "a todos los hombres de este país, a que nos declaremos feministas", pues "no habrá liberación de los pueblos sin liberación de la mujer".
Horas después, Chávez descalificó a Cecilia García Arocha, primera mujer elegida rectora de la Universidad Central, la principal del país, por haber criticado al Ministerio de Educación Superior durante una marcha universitaria contra recortes presupuestarios.
"No sé cómo una señora tan irresponsable y embustera es rectora de una universidad", dijo Chávez, en la más reciente frase con la que, según adversarios y organizaciones de mujeres, exhibe el machismo, paternalismo o militarismo que signaría su gobierno.
Analistas y medios críticos recuerdan que el mandatario expone un discurso que contradice sus otras expresiones a favor de las causas de la mujer y la equidad de género, en su presencia ante los micrófonos, a través de los cuales ha hablado más de 3.000 horas.
Por ejemplo, cuando estaba casado con Marisabel Rodríguez, su segunda esposa, le anunció públicamente que "esta noche te doy lo tuyo". Otra vez dijo que la ex secretaria de Estado (canciller) de Estados Unidos, Condoleezza Rice, requeriría que "le hagan el favor" y ofreció a un alcalde para ello, al argumentar sus discrepancias con Washington.
En otra ocasión anunció que vencería a los opositores en una elección y con ellos "jugaremos al rojo", un soez juego de palabras que evoca la sodomía y es propio de bares para varones.
"El discurso de cualquier líder político, sea de la oposición o del oficialismo, debe tener elementos modélicos. Las formas importan mucho, y más en una sociedad con índices de maltrato doméstico y violencia tan altos y una discriminación de género importante", dijo a IPS Liliana Ortega, de la coalición de organizaciones humanitarias Foro por la Vida.
Hace cinco años eran mujeres el uno por ciento de las víctimas de homicidios y en 2008 fueron seis por ciento, precisó Ortega. "En la TV estatal se burlan de la orientación sexual de la gente, y en sus programas de opinión, las mujeres de oposición a veces son tildadas de amantes o mantenidas de fulano o zutano", deploró.
"Así se reafirman modelos indeseables en una sociedad moderna", afirmó.
Además, opinó Ortega, las mujeres que encabezan actualmente poderes públicos "no han sido contradictoras o independientes sino seguidoras de decisiones del Ejecutivo".
Guzmán abundó que "la mujer es afectada por la división política del país en dos pedazos, y por el discurso oficial, que agregó al machismo y paternalismo del que progresivamente nos alejábamos, el componente del militarismo y el uso de imágenes confrontacionales como guerra, batalla, enemigo, escuadras y cañones".
Pero León sostuvo que "por encima de cualesquiera circunstancias, la revolución que lidera el presidente Chávez ha sido la más esperanzadora en la historia venezolana. Hemos logrado cambios institucionales, como tener un Banco de la Mujer, y las políticas públicas hacia la mujer tienen, por primera vez, una fuerte interlocución en las bases".
“El islam no hace diferencias entre mujeres y hombres”
ÁNGELES ESPINOSA
Zoreh es nombre de mujer. Y Zoreh Sefaty (Abadán, 1948) es reconocida como ayatolá, o signo de Dios. Ese rango, uno de los más elevados en el islam chií, no se alcanza con un título o un examen, sino con el reconocimiento de los maestros y los pares. “No me extraña que les sorprenda. En Occidente se desconoce que el islam no hace diferencias entre mujeres y hombres”, señala la fundadora de la primera escuela femenina de Qom, el centro escolástico chií en Irán.
“En el islam, una mujer puede llegar al mismo nivel de conocimiento, y de reconocimiento, que un hombre”
“Nada en el islam ni en nuestra Constitución impide que una mujer sea presidente”
Bajo el testimonial chador con el que se cubren las piadosas chiíes, viste con discreción, pero no de negro. Una larga bata gris y un pañuelo del mismo color festoneado de flores asoman por debajo de la capa negra que tiene buen cuidado de cerrar para las fotos. No va maquillada y apenas un discreto anillo adorna sus manos. Tampoco lleva reloj. Sefaty tiene cuatro hijas y dos hijos, todos titulados universitarios, y al acabar la entrevista habla orgullosa de sus tres nietos.
Pregunta. Una mujer ayatolá es una sorpresa. ¿Desde cuándo ostenta usted ese rango?
Respuesta. No me extraña que les sorprenda. En Occidente se desconoce que el islam no hace diferencias entre mujeres y hombres. Por lo tanto, una mujer puede llegar al mismo nivel de conocimiento, y de reconocimiento, que un hombre. Por eso he intentado hacer lo que hago. Empecé a estudiar la doctrina [islámica] hace 40 años. Primero fueron los estudios, luego la investigación y, finalmente, la enseñanza. Sí, se puede decir que soy una ayatolá, pero ese es un reconocimiento que te otorgan los demás. El título escolástico es mujtahida. La formación como tal es idéntica a la de los hombres. Pasamos los mismos exámenes. Lo importante es lo que se hace y todos mis esfuerzos han estado orientados en esa dirección. Pero también tengo que admitir que los hombres me han ayudado a alcanzar mi objetivo. Cuando propuse abrir una escuela para mujeres en el Seminario hubo clérigos que me apoyaron. Y eso es importante decirlo. Como lo es que se sepa que hombres y mujeres somos iguales.
P. ¿Por qué decidió dedicarse a la religión? ¿Había algún precedente en su familia?
R. Comencé mis estudios en la época del Shah. Acudí al colegio y al instituto como una más, pero cuando estudiaba el bachillerato empecé a asistir a una madraza. ¿Por qué? Pues porque me di cuenta de que las mujeres no conocían el islam, y me pareció el mejor camino para lograrlo. Hacen falta largos años de estudio para comprender la doctrina islámica. Tanto mi padre como mi madre eran personas religiosas, pero no había ningún clérigo en la familia. De hecho, en aquella época Abadán, donde nací, era una ciudad que estaba llena de extranjeros que trabajaban en la industria del petróleo y no se vivía un ambiente muy islámico. Precisamente fue esa laguna la que me impulsó a emprender este camino con el objetivo de ayudar a comprender el islam a las mujeres iraníes primero, y a nivel mundial, después.
Si me permite un paréntesis, he de decir que desde el nacimiento del islam, siempre ha habido mujeres destacadas a lo largo de nuestra historia en la religión, la filosofía, la literatura... incluso poetas. Y como mujtahida, desearía destacar a la señora Amín, que durante la época del Shah sobresalió en la filosofía y el islam. Fue una mujer excepcional.
P. ¿Quién ha sido su guía espiritual hasta alcanzar el grado de mujtahida?
R. Desde los 18 años siempre he seguido las grandes líneas de conducta del imam Jomeini. Es la mejor doctrina que se puede aceptar para comprender el islam porque no ha sido comprendido a nivel mundial.
P. De todas formas, no todos los ulemas aceptan que una mujer sea guía espiritual. ¿Recibe consultas de hombres o sólo de mujeres? ¿Qué relaciones tiene con otros ayatolás?
R. No hay una limitación porque se sea hombre o mujer para que alguien venga a consultarme. Lo importante es que quien venga traiga deseos de aprender y que quien responda tenga el nivel suficiente para enseñar de forma pedagógica. Hombres y mujeres asisten juntos a la universidad. Hay mujeres en el profesorado. En ocasiones algunos ayatolás hombres me llaman por teléfono para consultarme cuestiones religiosas o me envían a alguna mujer que ha acudido a ellos con una duda. El marja-e taqlid [literalmente, fuente de emulación, pero suele traducirse como guía espiritual] es alguien con gran conocimiento. Igual que cuando enfermamos necesitamos un médico que nos recete un remedio, a nivel religioso, también nos hace falta alguien que aclare nuestras dudas y puntos oscuros. Para eso está el marja-e taqlid, y en el Islam no hay diferencia entre hombre y mujer. Lo que cuenta es que se sea competente.
P. Sin embargo, ustedes apenas hay cuatro o cinco mujeres mujtahida. ¿Cuántas han pasado por el seminario? ¿Qué les impide llegar a la cumbre?
R. Es difícil calcular porque entran y salan. Pero en total se habrán inscrito unas diez mil en estos años. ¿Por qué no hay más? Es falta de voluntad de las mujeres, no un impedimento o una ley del Islam. Las mujeres no han querido hacerlo.
P. ¿No será que los hombres se lo ponen difícil?
R. No, no es por causa de los hombres. El problema es que se trata de una vía larga y difícil. Se requiere una dedicación de muchos años. Incluso entre los hombres, apenas dos de diez mil llegan hasta el final. Los genios son raros, por eso son genios. En Europa también las mujeres tienen problemas, en el mundo entero. Y además, al final una mujer es una mujer y un hombre es un hombre.
P. ¿Quiere eso decir que exige renunciar a la vida privada? ¿Ha podido usted formar una familia?
R. En absoluto. Una mujer debe de tener vida privada. Es parte de su ser como mujer. Lo importante para poder tener una vida de pareja es ponerse de acuerdo con la otra persona. Yo he tenido la suerte de haber conocido a alguien con el mismo concepto vital que el mío. Mi marido también es un ayatolá. Los esfuerzos que una mujer hace en la vida tienen el cien por cien de éxito cuando logra encontrar a alguien con las mismas ideas. Las mujeres felices que he conocido tenían detrás un marido con similares conceptos de la vida y con quien podían entenderse en todos los ámbitos.
P. ¿Es posible entonces que una mujer alcance la presidencia de la República Islámica?
R. Nuestra elección es el Islam y en el Islam no está prohibido que una mujer llegue a la presidencia. Ahora bien, no sólo aquí, sino en su país o en cualquier otro europeo, ¿cuántas mujeres han alcanzado ese nivel? Con todas las responsabilidades que tienen las mujeres, ¿pueden dirigir un país? Nada en el Islam ni en nuestra ley constitucional lo impide, pero la tarea es dura. Nuestra revolución islámica nos ha dado una buena experiencia en todos los aspectos de la vida, también en la política y el gobierno, pero para llegar [a la presidencia] hay que estar a la altura y es difícil que alguien joven esté preparado. Además hace falta que las mujeres trabajen más para que todos puedan confiar en ellas.
P. Sin embargo, el Consejo de Guardianes ha vetado hasta ahora todas las candidaturas de mujeres...
R. Es cierto, porque se trataba de mujeres que no eran adecuadas. Incluso nosotras nos oponemos a que las registren. Antes de la Revolución, las mujeres no estaban preparadas en lo político, lo social y lo religioso, pero aunque desde entonces han profundizado sus conocimientos, todavía no están suficientemente preparadas. Algunas de las que se han presentado ni siquiera serían capaces de dirigir una escuela de pueblo. Pienso que eso pasa también en otros países.
P. ¿No debieran de ser los ciudadanos quienes decidieran?
R. La ley en Irán es muy permisiva respecto a quién puede presentarse como candidato. Incluso permite que alguien sin ninguna formación pueda inscribirse. Por eso necesitamos el Consejo de Guardianes como filtro.
P. ¿Qué le parece la decisión del presidente Ahmadineyad de permitir el acceso de las mujeres a los estadios de fútbol?
R. El fútbol, como el resto de los deportes, es interesante de ver. Las mujeres tenemos igual derecho que los hombres a hacerlo. ¿Por qué no se nos ha permitido hasta ahora? Por nuestra seguridad, porque en los estadios siempre hay bastante tensión entre los simpatizantes de uno y otro equipo, y al final como tiene que haber un ganador y perdedor, siempre hay alguien que encuentra un motivo para la pelea...
P. En su opinión, ¿los clérigos deben intervenir directamente en la política o quedarse detrás como meros consejeros?
R. Si un religioso quiere dedicarse a la política, como ministro por ejemplo, no me parece mal siempre que se dedique a ello de forma profesional. Actualmente, a las mujeres religiosas los ministerios nos consultan sobre asuntos de mujeres o relacionados con nuestra especialidad.
P. Pero ¿quién debe tener la última palabra en política, los religiosos o los políticos?
R. En función del asunto, y del bien del pueblo y de la nación. En nuestro país, la gente cree en el Islam, por lo tanto está bien que la religión tenga un papel importante.
domingo, 31 de mayo de 2009
MANDATO DE LA I CUMBRE CONTINENTAL DE MUJERES INDIGENAS DE ABYA YALA


31 Mayo 2009
Las mujeres indígenas reunidas en las tierras sagradas del Lago Titikaka después de dos días de debates, deliberaciones y siendo quienes aportamos al proceso histórico de transformación de nuestros pueblos con nuestras propuestas y acciones en las diferentes luchas gestadas desde los movimientos indígenas, elevamos nuestra voz en estos tiempos en que el vientre de Abya Yala esta nuevamente con dolores de parto libertario, que engendrará el nuevo Pachakutik para el Buen Vivir del planeta.
Siendo las mujeres portadoras, trasmisoras de la identidad, generadoras y criadoras de la vida, ejes de las familias y la sociedad en complementariedad con los varones, unimos nuestros vientres al vientre de la madre tierra para parir los nuevos tiempos, en la que en diversos países de Latinoamérica millones de empobrecidos por el sistema Neoliberal levantan su voz para decir BASTA a la opresión, explotación y saqueo de nuestras riquezas, por lo que nos unimos a las luchas libertarias que han sido desplegadas a lo largo y ancho de nuestro continente.
Con el propósito de buscar alternativas para eliminar la injusticia, la discriminación y la violencia contra las mujeres, el machismo y volver a las formas de respeto mutuo y armónico en la vida planetaria, nos congregamos en esta Cumbre y unimos nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras manos y nuestros vientres.
Considerando que las mujeres somos parte de la naturaleza y el macrocosmos, estamos llamadas a cuidarla y defenderla puesto que de ella se desprende nuestra historia milenaria y nuestra cultura que nos hacen ser lo que somos pueblos originarios bajo la protección y la guía espiritual de nuestros padres y abuelos que engendraron a todos los seres que habitan en este maravilloso planeta, mismo que unos pocos oligarcas e imperialistas pretenden plagarlo de muerte en nombre de su dios llamado codicia.
Por ello, ante la memoria de nuestros mártires, héroes, líderes y lideresas, presentamos a nuestros ayllus, a las comunidades y a los pueblos y nacionalidades del mundo las conclusiones de nuestros corazones rebeldes:
RESOLUCIONES Y ACUERDOS
* Construir una agenda continental en la que refleje la defensa de los derechos colectivos y derechos humanos de las mujeres indígenas y dar seguimiento a los mandatos emanados de la I Cumbre Continental de Mujeres Indígenas.
* Constituir la Coordinadora Continental de las Mujeres Indígenas de Abya Yala, para defender la Madre Tierra; fortalecer nuestras organizaciones, impulsar propuestas de Formación Política y generar espacios de intercambio de experiencias en distintos ámbitos, económico, político, social cultural entre otros. Asimismo, será el ente representativo y referencial de las mujeres de Abya Yala, ante todos los organismos nacionales e internacionales.
* Exhortamos a los Organismos Internacionales la reforma de los Instrumentos relacionados a Pueblos Indígenas, de manera que se incorpore los derechos de las mujeres. Asimismo, presentar informes alternativos de los avances y cumplimiento de los mismos.
* Nos solidarizamos y respaldamos las luchas de los pueblos amazónicos del Perú y demandamos al gobierno del Perú, de manera inmediata, derogar todas las leyes y decretos que atentan contra los Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas de la Amazonía, y al mismo tiempo exigimos que se derogue el estado de emergencia en los departamentos en donde se ha decretado.
* Manifestamos toda la solidaridad y apoyo al gobierno del presidente Evo Morales.
*Respaldamos la Minga de Resistencia emprendida por los Pueblos Indígenas de Colombia y condenamos los actos de genocidio y exterminio en contra del Movimiento Indígena Colombiano y de otros países.
* Rechazamos enérgicamente la persecución de la protesta social y la represión oficial a las manifestaciones y acciones de defensa de los derechos de los territorios y de la vida de los pueblos indígenas.
* Exigimos a los Estados nacionales una verdadera reforma agraria integral, que garantice la tierra para conservar la soberanía alimentaria.
* Que los Estados crean instancias y políticas de atención y defensa de las y los migrantes, tomando en cuenta la diversidad cultural.
* Demandamos al Estado que se declare inembargables, inalienables e inajenables nuestras tierras y territorios, exigiendo la titulación respectiva.
*Apoyamos la instauración del Tribunal de Justicia Climática para exigir a los países desarrollados y a las empresas transnacionales para reparar y no dañar la biodiversidad de la Pachamama.
* Rechazamos los biocombustibles porque empobrecen la tierra y ponen en riesgo la soberanía alimentaria y toda la vida del ecosistema natural.
* Demandamos la despenalización del cultivo de la hoja sagrada de COCA.
* Que cese el genocidio y el etnocidio, que afectan especialmente a nuestros pueblos indígenas, perpetrados por militares, paramilitares y otros actores, que agreden, intimidan y violan los derecho de nuestros pueblos en todos los países. Las mujeres de la I Cumbre Continental de Mujeres Indígenas, no queremos más viudas, más huérfanos. Luchamos por la paz, por la vida y por la dignidad del mundo.
* Detener la violencia implementada por parte de: militares y multinacionales, trasnacionales y algunas ongs, que generan divisiones al interior de nuestras comunidades, especialmente en las mujeres. Esto trae consigo diferentes tipos de violencia; fisica, psicologica, sexual, politica, economica, simbolica, institucional , entre otras.
* Libertad de mujeres y hombres que se encuentran detenidos en cárceles militares y civiles por su luchan en defensa de la Madre Tierra y Territorios y defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, como en el caso de Leonard Peltier, condenado a cadena perpetua en cárceles de los Estados Unidos.
* Exigimos el retiro inmediato de las empresas extranjeras multinacionales que se encuentran en nuestros territorios y que están explotando nuestra madre tierra y deteriorando el ecosistema ambiental.
* Las mujeres indígenas de Abya Yala, exigimos al gobierno de Alan García, no dar asilo político a personas violadoras de derechos humanos, como en el caso de los ex ministros de Gonzalo Sánchez de Losada.
* La I Cumbre Continental de Mujeres Indígenas decide que la II Cumbre se realizará en Bolivia en el marco de la V Cumbre Continental de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas.
* Dar seguimiento de la implementación de la declaración de los derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas en los diferentes países, en especial a los temas que correspondan a las mujeres indígenas.
* Impulsamos la movilización continental en defensa de la Madre Tierra a ser realizada el 12 de octubre.
“He andado por todos los lugares, pero jamás he negociado con la sangre de mi pueblo”
Transito Amaguaña
miércoles, 13 de mayo de 2009
Las mujeres nicaragüenses entre la situación de pobreza y los reclamos de ciudadanía

13-05-2009
María Teresa Blandón Gadea
Pueblos
Muchos de los problemas que afectan a la mayoría de la población nicaragüense son consecuencia directa de políticas macroeconómicas impuestas por gobiernos del Norte y aplicadas entusiastamente por una clase política doméstica con un anémico interés por reducir la pobreza y las brechas de iniquidad.
Baste recordar que, de acuerdo con fuentes oficiales de información, de cada diez personas, cuatro viven con menos de un dólar al día y más del 75 por ciento de la población sobrevive con menos de dos dólares al día. En consecuencia, de cada diez familias nicaragüenses, cuatro son receptoras de remesas, las cuales financian el consumo de dichas familias hasta en un 93 por ciento. En el caso nada particular de las mujeres, éstas representan la mayoría de trabajadores del sector informal (80 por ciento) en donde laboran 87 de cada cien trabajadores empleados. El cuarenta por ciento de estas mujeres son "jefas de hogar".
A la situación de pobreza antes descrita debemos sumar, o más bien multiplicar, otras dimensiones de la discriminación acumulada por las mujeres en Nicaragua. La violencia, el no reconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos, los evidentes retrocesos en materia de participación en instancias de toma de decisiones; son datos expresivos de la gravedad de un problema estructural que tiene su origen, evolución y actualidad, en la existencia de un orden social sexista, machista y racista.
Según datos de una reciente investigación realizada por UNICEF en Centroamérica, el 26 por ciento de las mujeres nicaragüenses ha sufrido abusos durante la niñez. Tan sólo durante el año 2007 la Policía Nacional recibió 91.500 denuncias por violencia perpetrada contra mujeres, niñas, niños y adolescentes. El número de denuncias bajó drásticamente durante el 2008, en parte como consecuencia de los altos niveles de impunidad con los que el sistema judicial "revictimiza" a quienes se atreven a denunciar y estimula a los agresores.
Se plantean en este panorama algunos interrogantes que saltan a la vista de cualquier ciudadano o ciudadana medianamente consciente de lo injusto de la situación antes descrita. ¿Cómo hacen las mujeres para sobrevivir ellas y sus descendientes? ¿De dónde sacan energías para seguir viviendo esas vidas? ¿Qué tipo de estrategias desarrollan para no sucumbir? ¿A quiénes recurren? ¿Qué tipo de apoyo reciben y por cuánto tiempo? ¿Cuáles son los actores locales, nacionales e internacionales que muestran disposición a invertir en mujeres pobres para que salgan de la pobreza?
No hay respuestas fáciles, ni unívocas. Tampoco podemos limitar nuestro análisis al accionar público de determinados actores, aunque cada cual tiene un peso específico. La situación de discriminación que padecen la mayoría de mujeres nicaragüenses se ve constantemente agravada por la cómoda complicidad, las actitudes "tolerantes" y hasta la negación con que diversos actores abordan esta realidad tan evidente.
Desde la década revolucionaria pasando por tres períodos de gobiernos autodenominados liberales, las mujeres pobres han ensayado una multiplicidad de estrategias que en la mayoría de los casos les han asegurado la supervivencia y que, en otros, les han permitido avanzar de manera sostenida hacia la mejora de su calidad de vida.
La profundidad de los cambios en la vida de las mujeres ha dependido de diversos factores, entre los que se destacan la capacidad de resistencia de las propias mujeres y su vocación de cambio, los apoyos deliberados de las activistas feministas, y el aporte de algunas agencias de cooperación al desarrollo. Por su parte, los principales poderes del Estado en general van a la zaga de los conocimientos, críticas y demandas construidas desde las propias mujeres, desde el movimiento feminista, las agencias del Sistema de Naciones Unidas y otros actores comprometidos con los objetivos de igualdad y desarrollo.
En el mejor de los casos, desde algunas instituciones públicas se han promovido programas focalizados dirigidos a mujeres pobres, más por cuidadoras de otros/otras, que por ser mujeres con derechos. Tal fue la esencia del programa de asistencia social desarrollado por el anterior Gobierno y los programas "Hambre cero" y "Usura cero" desarrollados por el actual Gobierno de Nicaragua.
A continuación dedicaré algunos párrafos al análisis de tres ámbitos prioritarios en la ciudadanía de las mujeres, a saber: la violencia, los derechos sexuales y reproductivos y la participación en la toma de decisiones.
Violencia y derechos sexuales y reproductivos
En el ámbito de la violencia, antes como ahora, las políticas, planes y programas para prevenir la violencia contra las mujeres han sido obra de las organizaciones de mujeres con apoyo financiero de la cooperación internacional. La tendencia de los últimos años es hacia el debilitamiento de los mecanismos institucionales creados para la prevención, la atención a las víctimas y la sanción a los agresores. Tal es el caso de las comisarías de las mujeres, actualmente desprovistas de recursos humanos, técnicos y financieros para poder ejercer su labor con eficacia. La percepción generalizada es que las mujeres están cada vez más en una situación de indefensión producto de la falta de voluntad política del poder judicial. Así lo revelan estudios recientes realizados por la Red de Mujeres Contra la Violencia y diversas organizaciones de mujeres que acompañan a las víctimas de este flagelo.
En materia de derechos sexuales y reproductivos la situación no ha sido favorable para las mujeres, dado el sesgo conservador y oportunista de la clase política y de los gobernantes. El dato más emblemático es la penalización del aborto terapéutico, que niega a las mujeres la interrupción de un embarazo por indicación médica, como única alternativa para preservar la salud y hasta la vida de las mujeres. A lo anterior debemos agregar la negativa de los gobiernos anteriores y el actual a desarrollar programas de educación sexual en los centros públicos de enseñanza, que afirmen la sexualidad y la reproducción como Derechos Humanos universales. Por el contrario, la tendencia invariable de los gobernantes ha sido la de otorgar poder de veto en este ámbito a los grupos más conservadores de la sociedad, destacándose entre estos la jerarquía de la iglesia católica.
En el mismo sentido, poco han hecho los gobiernos para desarrollar programas que contribuyan a prevenir embarazos no deseados, embarazos en adolescentes, propagación del VIH y de otras infecciones de transmisión sexual. Prueba de ello es que Nicaragua continúa siendo el segundo país en América Latina y el Caribe con la más alta tasa de embarazo en adolescentes (uno de cada tres nacimientos se da en adolescentes) y que el patrón de propagación del VIH está afectando de manera severa a las mujeres heterosexuales en edad reproductiva.
Participación en la toma de decisiones
En cuanto a la participación de las mujeres en la toma de decisiones, la tendencia es más bien de claro retroceso en el actual contexto nacional. Al respecto diremos que frente a la misoginia y autoritarismo de las elites partidarias, las mujeres con aspiraciones de optar a cargos electivos se han visto en la necesidad de renunciar a la defensa de ciertos derechos, sobre todo, de aquellos que afirman la ciudadanía plena de las mujeres.
Lo anterior explica por qué las feministas no contamos con "aliadas" en los partidos ni en las instituciones públicas para promover derechos como los sexuales y reproductivos. Peor aun, la mayoría de diputadas de la Asamblea Nacional votaron a favor de la penalización del aborto terapéutico.
El actual gobierno del FSLN, a pesar de haber prometido la conformación de un gabinete paritario, de forma reiterada ha nombrado y despedido de forma arbitraria a mujeres en puestos de dirección. Son ejemplos expresivos los despidos de directoras, subdirectoras y ministras del Instituto Nicaragüense de la Mujer, el Instituto Nacional de Cultura, el Instituto de Transferencia Tecnológica, el Ministerio de Salud y el de Agricultura y Ganadería.
A nivel local la tendencia predominante fue la de "seleccionar" (ya que no hubo un proceso democrático de elección a lo interno de los partidos) a hombres como candidatos a alcaldes y mujeres como vicealcaldesas o concejalas, en el mejor de los casos.
Amenazas al movimiento de mujeres
Probablemente uno de los ámbitos más problemáticos en torno a la participación de las mujeres en la toma de decisiones en el ámbito público, es la relación conflictiva entre el actual Gobierno y diversas organizaciones feministas con participación protagónica dentro del movimiento de mujeres. Hechos promovidos desde el partido gobernante permiten afirmar que el actual Gobierno tiene entre sus objetivos la desarticulación de un movimiento de mujeres que durante las últimas dos décadas se afirmó en su carácter autónomo.
La aceptación por parte de la Fiscalía de la República de una acusación sin fundamento legal presentada por una organización fundamentalista en contra de nueve feministas; la campaña de desprestigio en contra de destacadas activistas del movimiento feminista a través de los medios de comunicación del FSLN; el allanamiento ilegal a las oficinas de una organización de mujeres (MAM); las intervenciones selectivas en contra de algunas organizaciones de mujeres realizadas por el Ministerio de Gobernación, son parte de los hechos ocurridos durante los dos primeros años del Gobierno encabezado por Daniel Ortega.
Asimismo, el partido gobernante hace esfuerzos por despojar al movimiento feminista de las movilizaciones emblemáticas que se vienen realizando en las últimas décadas. El 25 de noviembre, día internacional de lucha contra la violencia, el diputado y coordinador del oficialista Frente Nacional de los Trabajadores (FNT) llamó a las mujeres simpatizantes del FSLN a marchar por la misma ruta por la que lo harían las diversas expresiones del movimiento de mujeres, por lo que la Policía Nacional presionó a las organizadoras de la marcha para modificar el rumbo originalmente acordado.
La hostilidad del Gobierno hacia el movimiento se expresa de forma contundente en el no reconocimiento de las redes y otras formas de articulación constituidas desde el movimiento de mujeres en los espacios establecidos por ley. Éste es el caso del Consejo Nacional de Planificación Económica y Social, el Concejo Consultivo del Instituto de la Mujer y los Comités de Desarrollo Local.
A manera de conclusión diremos que en un escenario de pobreza creciente que afecta de manera rotunda a las mujeres, y de tensión entre las organizaciones de mujeres y los poderes del Estado, de hostilidad y acoso hacia aquellas expresiones del movimiento de mujeres que reclaman ciudadanía plena para todas las mujeres, es posible prever el recrudecimiento de enfoques discursivos y políticas públicas que asumen a las mujeres únicamente en su condición de pobres necesitadas de ayuda y las despojan de su condición de ciudadanas con derechos.
Bajo esta lógica, el Gobierno y los partidos políticos seguirán disputándose a las mujeres, ya sea para ganar adeptas o para utilizarlas como punta de lanza en las contiendas patriarcales que les permitan hacer nuevos arreglos de poder, al margen de los intereses estratégicos de las mujeres.
El desafío que hemos asumido las organizaciones autónomas de mujeres es el de profundizar procesos iniciados hace más de treinta años, gracias a los cuales ha sido posible construir un entramado político y organizativo vital, desde el cual desarrollamos múltiples formas de resistencia y de cambio a favor de la igualdad. Frente a tanta adversidad contamos con un acumulado de fortalezas en miles de mujeres dispuestas a no renunciar a una Nicaragua sin discriminación ni pobreza.
Es hora de volvernos a preguntar quiénes mantendrán la disposición de acompañarnos en este particular trayecto de un camino que estuvo y está plagado de obstáculos; de conflictos entre necesidades perentorias y demandas emancipatorias; entre aspiraciones de libertad y reclamos de justicia social; entre la situación de pobres y la condición de ciudadanas.
María Teresa Blandón Gadea es activista del Movimiento Feminista de Nicaragua. Presidenta del Programa Feminista Centroamericano "La Corriente", y miembra honoraria de la Fundación Entre Mujeres (FEM).
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