31-10-2009
Dave Lindorff
CounterPunch
Traducido para Rebelión por S. Seguí
La próxima vez que vea a un drogadicto tirado en una acera del centro de su ciudad más cercana o que lea que alguien murió de una sobredosis de heroína, imagínese junto a él o ella un gran anuncio publicitario que diga: “Los dólares de sus impuestos federales funcionan.”
Demos la enhorabuena al New York Times y a los periodistas Dexter Filkins, Mark Mazzetti y James Risen por su artículo de primera página de hoy en el que informan de que Ahmed Wali Karzai, hermano del increíblemente corrupto presidente de Afganistán, Hamid Karzai, y cabecilla importante de los traficantes de droga del país productor de la mayor parte del opio que circula en el mundo, ha estado durante ocho años en la nómina de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense.
En realidad el artículo carece de suficiente perspectiva histórica (volveré sobre esto) y permite entrever las tijeras de los altos responsables del diario, en particular por el tono extremadamente cauto (me encantó el tercer párrafo, que dice:
“Los vínculos financieros y la estrecha relación de trabajo de la CIA con Karzai plantean importantes interrogantes sobre la estrategia de guerra de Estados Unidos, actualmente en revisión en la Casa Blanca.”
Qué tontería; lo que debería plantear interrogantes es la razón de nuestra presencia en Afganistán, o qué miembro de la CIA debería ir a la cárcel, o cómo puede explicar todo esto el gobierno tras los más de 1.000 soldados y marines muertos supuestamente por ayudar a construir un nuevo Afganistán).
Sin embargo, el periódico que contribuyó a llevarnos alegremente a la estúpida y criminal invasión de Iraq en 2003 y que impidió que un periodista como Risen publicase su artículo de denuncia de la masiva operación de espionaje electrónico llevada a cabo ilegalmente por la National Security Agency del gobierno Bush-Cheney hasta después de la elección presidencial de 2004, esta vez ha abierto sus páginas a una exposición crítica importante, e incluso, apropiadamente, ha incluido una entradilla en el artículo de primera página en la que indicaba que octubre ha sido el mes más mortal para las tropas de EE.UU. en Afganistán.
Lo que el artículo no menciona en absoluto es que estamos aquí ante un patrón histórico claro. Durante la Guerra de Vietnam, la CIA y su aerolínea camuflada Air America estuvieron metidas hasta el cuello en el comercio de heroína del sudeste asiático. En ese momento, era el sudeste asiático, no Afganistán, el principal productor y exportador de opio, sobre todo a EE.UU., donde hubo una epidemia de heroína.
Una década más tarde, en los años 80, durante la administración Reagan, el desaparecido periodista de investigación Gary Webb documentó brillantemente, primero de una serie de artículos titulada Dark Alliance, publicada en el diario San José Mercury, y más tarde en un libro con este mismo nombre, la estrecha participación de la CIA en el desarrollo y el contrabando de cocaína hacia EE.UU., que sufrió una epidemia de crack que sigue destruyendo aún hoy las comunidades afroamericanas y otras comunidades pobres en todo el país.
(El papel del New York Times en esta historia fue sórdido –al igual que el del Washington Post y Los Angeles Times– al publicar noticias despreciables sobre Webb que destrozaron su trabajo y su carrera, y en última instancia, lo llevaron al suicidio, aunque los hechos que reveló han resultado ser ciertos.
Para conocer esta historia en su totalidad, léase Whiteout: the CIA, Drugs and the Press, de Alex Cockburn y Jeffrey St. Clair.)
En aquella ocasión, Webb reveló que la CIA estaba utilizando la droga para financiar el flujo de armas que luego transportaba en sus propios aviones y entregaba a la contra nicaragüense con el fin de derribar el gobierno sandinista de Nicaragua, en un momento en el Congreso había prohibido a EE.UU. apoyar a la contra.
Y ahora tenemos Afganistán, que antes fue un remanso tranquilo con poca conexión con las drogas (los talibanes, antes de su derrocamiento por fuerzas de EE.UU. en 2001, habían prácticamente eliminado la producción de opio, según informaciones de la ONU), pero que ahora es responsable de hasta el 80 por ciento de la producción de opio del mundo.
Y esto sucede en unos momentos en que EE.UU. financia y dirige el país con un ejército de ocupación que, junto con las fuerzas del gobierno afgano que controla, supera los talibanes en una proporción de 12 a 1, según un reciente artículo de Associated Press (1).
La verdadera historia aquí es que cuando EE.UU. llega, el tráfico de drogas viene a continuación, y el papel principal en el desarrollo y fomento del comercio de estupefacientes aparentemente lo desempeña la CIA.
Los dólares de sus impuestos funcionan
La cuestión aquí no debería ser cuántos soldados estadounidenses más deben enviarse a Afganistán. Ni siquiera debería ser si EE.UU. deben subir la puesta o reducir su presencia en función de un objetivo más limitado de la caza de terroristas. La cuestión debería ser lo rápido que EE.UU. puede sacar sus tropas de Afganistán, lo pronto que el Congreso puede iniciar sus audiencias sobre corrupción y tráfico de drogas a cargo de la CIA, y lo pronto que la oficina del Fiscal General puede establecer un jurado de acusación que investigue el tráfico de drogas que lleva a cabo la Agencia.
Los estadounidenses que durante años han apoyado una estúpida, chapucera e ineficaz “guerra contra las drogas” en este país, y que apoyan sin reflexión alguna la política de “tolerancia cero” hacia las drogas en las escuelas y en el trabajo, deberían exigir una política de “tolerancia cero” para con los traficantes de drogas en el gobierno y la política exterior, entre otros la CIA.
Durante años se nos ha contado el cuento de que los talibanes se financian con sus impuestos a los cultivadores de opio. Esto puede ser cierto en parte, pero recientemente hemos descubierto que no es la verdadera historia. Los talibanes, se ha sabido, han sido fuertemente subvencionados con dinero de protección que les pagan las organizaciones de ayuda civil, entre ellas los programas financiados por el gobierno estadounidense, e incluso, al parecer, por las fuerzas militares de algunos de sus aliados de la OTAN (hay actualmente un escándalo en Italia en relación con tales pagos por las fuerzas italianas).
Pero, al margen de este asunto, la industria del opio está lejos de ser controlada por los talibanes. En cambio, en gran medida está controlada por los mismos señores de la guerra con que EE.UU. se ha aliado, y, según informa ahora el New York Times, por el propio hermano del presidente, Ahmed Wali Karzai.
Filkins, Mazzetti y Risen nos cuentan también que Karzai fue un factor clave en la fabricación de cientos de miles de votos fraudulentos en el robo electoral perpetrado por su hermano, Hamid Karzai, este mismo año. Nada se dice sobre si la CIA pudiera haber desempeñado también un papel en este fraude. En un país donde encontrar imprentas es sin duda difícil, y donde el transporte de fajos de votos falsificados implica bastante riesgo, cabría preguntarse si una agencia como la CIA, que dispone de acceso a las máquinas impresoras y los helicópteros puede haber tenido algo que ver en el mantenimiento en el poder de sus hombres de Kabul.
Seguro que se trata de una pura especulación de mi parte, pero cuando uno se entera de que la agencia oficial de espionaje de Estados Unidos ha mantenido en nómina no sólo a Karzai sino también a otros muchos impresentables señores de la guerra afganos, dicha especulación resulta natural.
La actitud real de la CIA se ilustra mejor con una cita anónima, recogida en el artículo de Filkins, Mazzetti y Risen, de un “ex funcionario de la CIA con experiencia en Afganistán”, que explica el respaldo de la Agencia a Karzai: “Prácticamente todas las figuras importantes de Afganistán han tenido que ver con el narcotráfico. Si ustedes buscan a la Madre Teresa, no vive en Afganistán.”
“El fin justifica los medios” es sin duda el lema de la política exterior y la política militar de Estados Unidos.
El artículo del Times que descubre el vínculo de la CIA con el gran traficante de drogas que es el hermano del presidente de Afganistán debería ser la gota que colme el vaso para los estadounidenses. La “guerra necesaria” del presidente Obama en Afganistán no es sino una broma de mal gusto.
El opio, y la heroína derivada, que está inundando Europa y América gracias al apoyo activo de la CIA a esta industria y sus propietarios en Afganistán está haciendo un daño mucho más grave a nuestras sociedades que el que ningún terrorista de turbante armado de un chaleco cargado de explosivos podría esperar infligir.
Hay que poner fin a la guerra de Afganistán inmediatamente
Y que comience el juicio contra los traficantes de drogas del gobierno de Estados Unidos.
Una nota sobre el senador John Kerry, demócrata por Massachusetts. Este senador y ex candidato a la presidencia, que ha ido a Afganistán para presionar, en nombre del gobierno de Obama, a su “buen amigo”, el presidente Hamid Karzai, para que aceptase realizar una segunda vuelta electoral tras el robo de la primera, ha tenido en todo esto un papel vergonzoso.
Una vez, llevado por los principios que demostró tener cuando denunció, como veterano, la Guerra de Vietnam, Kerry presidió las audiencias sobre la operación de la CIA de trueque de cocaína por armas en América Central. Ahora, en este viaje, se ha dejado ver dando abrazos a los traficantes de drogas vinculados a la CIA.
http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5jWM24PqWpJg-935bFXbYANhGJ_lQD9BJLDVO0
Dave Lindorff es reportero y columnista residente en Philadelphia. Su último libro es The Case for Impeachment (St. Martin’s Press, 2006). Su correo electrónico es: dlindorff@mindspring.com
S. Seguí es miembro de Rebelión y Tlaxcala, la red de traductores por la diversidad lingüística.
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sábado, 31 de octubre de 2009
Por deferencia de la CIA: Otra avalancha de droga
martes, 20 de octubre de 2009
Proyecto Censurado: Senadores y representantes invierten en contratistas del Pentágono
20 de octubre de 2009
Lindsay Renick Mayer (OPENSECRETS)
Traducción: Ernesto Carmona
(especial para ARGENPRESS.info)
Más de 151 miembros del Congreso -Senado y Cámara de Representantes- invirtieron hasta 195 millones de dólares en las mayores empresas contratistas proveedoras del ministerio de Defensa, obteniendo ganancias por la ocupación militar de EEUU en Iraq y Afganistán, según un estudio del Centro para la Política Responsable (CRP, por su sigla en inglés), un organismo independiente.
Cuando en abril de 2008, el general David Petraeus, el más alto oficial del ejército de EEUU en Iraq, fue a la Colina del Capitolio para informarle al Congreso, en realidad se dirigió a unos legisladores que tenían mucho más que una preocupación política por la invasión de Iraq. Los mismos senadores y representantes que convocaron a informar al general y al embajador de EEUU en Iraq tenían millones de dólares de dinero propio invertido en corporaciones que participan del negocio de la guerra como proveedoras al departamento de Defensa (DoD, por su sigla en inglés, conocido también como el Pentágono).
En 2006, las carteras de inversiones de 151 miembros activos -más de la cuarta parte del Congreso, que tiene 100 senadores y 435 representantes- tenían entre 78,7 y 195,5 millones de dólares invertidos en corporaciones que suscriben contratos con el Pentágono por cantidades superiores a 5 millones de dólares. Las carteras de inversión incluyen participación en compañías del complejo militar-industrial que cada mes reciben miles de millones de dólares por fabricar y vender a las fuerzas armadas de EEUU casi todas las aplicaciones militares, desde aviones y armas a suministros médicos y refrescos.
Entre los legisladores que han invertido su dinero en corporaciones contratistas del DoD se encuentra John Kerry, senador demócrata por Massachusetts y candidato presidencial en 2004, hasta con 38.209.020 dólares; el representante republicano por Nueva Jersey Rodney Frelinghuysen, con 49.140.000 dólares; el representante republicano por Carolina del Norte Robin Hayes, con 37.105.000; el representante republicano por Wisconsin James Sensenbrenner Jr., con 7.612.653; el representante demócrata por California Jane Harman, con 6.260.000; el representante republicano por Michigan Fred Upton, con 8.360.000; el senador demócrata por West Virginia Jay Rockefeller, con 2.000.002; el representante republicano por Wisconsin Tom Petri, con 5.800.000; el representante republicano por Texas Kenny Ewell Marchant, con 1.163.231; y el representante republicano por Texas John Carter, hasta con 5.000.000.
Cuarenta y siete miembros del Congreso (o el 9% de los 435 miembros de la Cámara y 100 del Senado) invirtieron en 2006 en compañías que trabajan principalmente para el sector Defensa. El precio actual de las acciones promedio de estas sociedades es casi dos veces más alto que en 2004. El CRP estableció que las inversiones de los legisladores en estas empresas contratistas les rindieron utilidades personales de 15,8 a 62 millones de dólares entre 2004 y 2006, incluyendo dividendos, ganancias sobre el capital, derechos e intereses.
Las compañías que tienen inversionistas en el Congreso recibieron más de 275,6 mil millones de dólares del gobierno en 2006. El valor mínimo de las inversiones personales de los miembros del congreso en empresas contratistas de Defensa aumentó 5% entre 2004 y 2006. Empero, debido a que los legisladores están obligados a divulgar sus activos solamente en gamas amplias muy generales, el valor de estas inversiones pudo subir tanto como 160%, o incluso caer en 51%.
El senador demócrata John Kerry y el representante republicano James Sensenbrenner, considerados los dos miembros más ricos del Congreso, estuvieron entre los legisladores que entre 2004 y 2006 obtuvieron mayores ganancias por sus inversiones en corporaciones contratistas del ministerio de Defensa: Sensenbrenner ganó por lo menos 3,2 millones de dólares y Kerry cosechó un mínimo de 2,6 millones.
La mayoría de los miembros de los comités del Senado de Relaciones Exteriores y de Fuerzas Armadas son inversionistas importantes en las compañías de Defensa, aunque los participantes en otros comités relacionados con Defensa también tienen inversiones semejantes. El senador Joe Lieberman -independiente por Connecticut-, presidente de los comités del Senado de Seguridad de la Patria y de Asuntos Gubernamentales, invirtió por lo menos 51.000 dólares en compañías contratistas de Defensa en 2006. El representante Howard Berman -demócrata por California-, que dirige el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, invirtió por lo menos 30.000 dólares en compañías de Defensa.
Como las operaciones militares en Iraq y Afganistán se ampliaron y transformaron, también necesitaron bienes y servicios que se extendieron más allá de helicópteros, vehículos blindados y armas. Las corporaciones gigantes ajenas al sector de Defensa, tales como Pepsico, IBM, Microsoft y Johnson & Johnson, también recibieron contratos del Pentágono y todas constituyen inversiones bastante populares entre los miembros de ambas ramas del Congreso y el público en general.
Un portavoz de Sensenbrenner, quien apoyó la política de la administración Bush en Iraq, dijo que las acciones del representante fueron heredadas de sus abuelos y que son manejadas casi enteramente por sus consejeros de inversión. Según un portavoz del senador Kerry, quien fue particularmente crítico de la estrategia y las políticas de la administración Bush en Iraq, el legislador es beneficiario de inversiones de confianza de su familia que él no controla.
Actualización de Lindsay Renick Mayer (de “Opensecrets”)
Cuando nos sentamos a escribir esta historia, teníamos en mente a algunos de los contratistas de guerra más obvios: Boeing, Lockheed Martin, General Dynamics, etc. Pero cuando terminamos, supimos que casi cada legislador invirtió en contratistas de Defensa porque el alcance de la guerra llegó a un punto en que involucró los servicios de corporaciones nada sospechosas, más bien inverosímiles, por ejemplo Pepsi y Johnson & Johnson. Significa que no sólo fue difícil que los legisladores evitaran poseer tales inversiones, también fue igualmente duro para cualquiera del público dirigir claramente una cartera diversificada de primer orden.
Sin embargo, los miembros del público no tomaban decisiones sobre la legislación de Defensa que podría afectar al valor de esas inversiones. Los legisladores por supuesto continúan haciéndolo así y continúan aferrándose a estas inversiones: en 2007, sus activos relacionados con Defensa valían entre 5,3 y 11,1 millones de dólares (resulta imposible calcular el valor exacto porque los legisladores declaran el valor de sus inversiones en gamas amplias). Los informes personales del acceso financiero de 2008 ahora también están disponibles en OpenSecrets.org [en inglés] en: http://www.opensecrets.org/pfds/search_cid.php.
Los legisladores no sólo se benefician personalmente de las corporaciones del sector Defensa, sino también políticamente. En los primeros tres meses de 2009, las compañías del sector aportaron casi 2 millones de dólares a los candidatos, a los comités de partidos y a los comités de acción política, con el 57% del total yendo a los demócratas. En el ciclo de la elección 2008, el sector entregó 23,5 millones de dólares. El representante John Murtha (demócrata por Pennsylvania), presidente del subcomité de Asignaciones de Defensa de la Cámara, recogió 2,6 millones, más dinero colectado del sector que cualquier otro legislador desde 1989. Murtha consiguió algo de leña -y mucha atención- este año por sus conexiones con la ahora difunta empresa de lobby PMA Group, investigada por el FBI por denuncias de violación de leyes de financiación de campañas. Los clientes de la empresa eran sobre todo compañías de Defensa que buscaron asignaciones del subcomité de Murtha.
Ya que el puntero de la cronología del presidente Obama para comenzar a traer de vuelta a las tropas se dirigió de Iraq, será interesante averiguar si los legisladores continuarán invirtiendo en contratistas de guerra, especialmente si disminuye su necesidad durante los años que vienen (y, por lo tanto, los lucrativos contratos con el DoD).
Hemos quedado satisfechos de que la gran prensa principal se haya interesado en sus portadas por las finanzas personales de los legisladores, además de sus variadas conexiones financieras con la industria de Defensa. La prensa frecuentemente toma datos de OpenSecrets.org y cita informes nuestros como éste, incluyendo al Wall Street Journal, Washington Post, New York Times, prominentes bloggers y muchos “perros guardianes” (“watchdogs”, denominación que alude a los observatorios críticos de los medios). Es relevante que el público entienda la relación completa entre los legisladores y las compañías afectadas por sus decisiones legislativas. Sólo entonces el grueso público puede determinar si se están tomando decisiones basadas en el dinero o los méritos.
Para leer más acerca de cómo legislan el lobby, las finanzas personales y el tráfico de influencias, revisar el blog del CRP en http://www.opensecrets.org/news/.
Y para hacer cualquier investigación, basta con sumergirse en nuestra base de datos personal sobre acceso financiero: http://www.opensecrets.org/pfds/index.php.
Fuente:
Opensecrets, 3 de abril de 2008, “Strategic Assets”, por Lindsay Renick Mayer.
Estudiantes investigadores: Leora Johnson y Michael Seramin.
Evaluador académico: Peter Phillips Ph.D., Sonoma State University.
Foto: Estados Unidos, Poder Legislativo - El representante republicano James Sensenbrenner y el senador demócrata John Kerry, considerados los dos miembros más ricos del Congreso, estuvieron entre los legisladores que entre 2004 y 2006 obtuvieron mayores ganancias por sus inversiones en corporaciones contratistas del ministerio de Defensa.
