La lucha social y, especialmente, la lucha por la reforma agraria vuelven a ser fuertemente criminalizadas. Otra vez se enviste de manera grotesca contra el Movimiento Sin Tierra (MST) de Brasil. En este momento, decenas de “sin tierra” están presos en varias ciudades del país, y otros tantos fueron condenados a largas penas por el simple hecho de buscar tierra para sobrevivir y producir, una acción que el propio Superior Tribunal de Justicia ya decidió que no configura los delitos de “despojo posesorio” y “formación de cuadrilla”, por los cuales muchos de los militantes han sido acusados.
La ofensiva, articulada en conjunto por los grandes medios de comunicación, latifundistas, agronegocio, diversos sectores de la Policía y del Poder Judicial, se muestra más evidente con nuevas represiones y encarcelamientos de trabajadores en São Paulo y en Santa Catarina. Estas configuran un escenario agravado de criminalización que ya estaba presente en otros estados (como Río Grande do Sul, Pará y Pernambuco, entre otros). Medidas represivas que se suman y se articulan también, milimétricamente, con el inicio de una investigación parlamentaria sobre el MST (como desea la gran prensa), que, a su vez, está siendo usada por la bancada rural y por otros sectores reaccionarios como un gran escenario y verdadero instrumento para las disputas electorales de 2010, que ya están en pleno desarrollo en todo Brasil.
La intensificación de la criminalización y de la estigmatización del MST, así como la tentativa forzada de vincular al MST con grupos, candidatos y partidos políticos, apuntan, por lo tanto, no sólo a la represión contra los militantes sociales que luchan por tierra y dignidad, sino que pretenden confundir y manipular la opinión pública brasileña, atentando contra la frágil democracia del país.
Estado de São Paulo
El estado de São Paulo es uno de los lugares donde la situación es más grave y escandalosa en este momento. El 25 de enero, la policía puso en marcha un cerco a los asentamientos y campamentos de la reforma agraria en la región de Iaras, interior del estado, portando órdenes de “búsqueda, incautación y cárcel”, con el objetivo de intimidar, reprimir y aprehender militantes del MST. Nueve militantes asentados y acampados fueron detenidos y llevados a la comisaría de Bauru, de donde fueron conducidos a diferentes cárceles de la región, para dificultar su contacto y su asistencia. Entre ellos, se encuentran el ex alcade de Iaras -SP, Edilson Granjeiro Xavier, y la actual concejala por la ciudad, Rosimeire Pan D'Arco de Almeida Serpa, ambos del Partido de los Trabajadores (PT). EL intento de uso electorero de la situación es evidente, ya que los propios “investigadores” involucrados en el caso admiten que no efectúan ninguna acción sin el total conocimiento del Secretario de Seguridad Pública del Gobierno de São Paulo, de la administración José Serra.
De aquí para allá, en un proceso oscuro, lleno de arbitrariedades políticas y fragilidades jurídicas, más de 50 militantes del MST ya fueron sindicados; 20 militantes ya tenían sus “detenciones” decretadas; y 7 militantes continúan presos, sin posibilidad de salida. Además, otros procesos antiguos contra militantes del MST, en diversas regiones del estado – como Campinas, Ribeirão Preto, Puntal y el Vale del Paraíba -, están siendo resucitados en una increíble “coincidencia”. Sólo en el Vale del Paraíba hay más de 11 militantes condenados, siendo que dos de ellos (Eulino Oliveira - Suyo Lino - y Luciano Correia) están cumpliendo penas de más de 6 años de reclusión. Hay la posibilidad de más detenciones y otros tipos de represión en el estado.
En el caso específico y urgente de Iaras, tal represión representa todo un proceso de criminalización y persecución que fue acelerado a partir del circo espectacularmente montado por la gran prensa (sobre todo por la Red Globo), y de los acontecimientos políticos ocurridos con ocasión de la ocupación de la hacienda Capín, una inmensa área grilada (1) por la transnacional Sucocítrico Cutrale. El MST reivindica desde hace años para la reforma agraria aquellas áreas públicas del Complejo Monzones, comprobadamente griladas a la Unión por esta poderosa empresa del agronegocio. Es lamentable que, en lugar de acelerarse el proceso de reforma agraria y la democratización del uso de la tierra, una vez más lo que hay es mayor arbitrariedad, represión y violencia, tan acelerada cuanto más indeciso ha sido el Estado para recuperar tierras públicas y expropiar tierras desocupadas para fines de reforma agraria y democratización del acceso a la tierra.
En un clima de terror, además de apresar a militantes de Iaras-SP, los policías cercaron casas y barracas, amedrentando a las familias y también tomando pertenencias personales. Todo eso con el objetivo de forjar pruebas contra los agricultores, induciendo que los objetos habrían sido robados durante la ocupación de octubre de 2009 a las tierras griladas por la Cutrale. Lo curioso es que, pasados más de 4 meses desde la ocupación y de los hechos calificados como delitos, el comisario de la Policía Civil ya escuchó a más de 47 personas entre funcionarios y exfuncionarios de la Cutrale e integrantes del MST (acampados y asentados) en la región de Iaras, que participaron de la ocupación. Sólo no diligenció para oír a los 20 investigados antes mencionados. En relación al comprobado grillo efectuado por la transnacional a las tierras públicas, obviamente ninguna diligencia o medida concreta ha sido tomada.
Otro elemento grave es que el juez que firmó las órdenes de captura se valió de hipótesis, conjeturas y subjetivismo personal, articulados por el comisario de Policía y endosados por el Promotor de Justicia, para decretar la cárcel temporal de los investigados, por cinco días, ya prorrogada por un tiempo mayor. La "justificación" es que, si las 20 personas continuas libres, podrían obstaculizar las investigaciones, ya que son “peligrosas, violentas, que ejercen influencias sobre los demás “sin tierra” y que causan temor y miedo a las personas y, que por ser del MST, pueden fácilmente esconderse en un lugar u otro”. Ocurre que, en cuatro volúmenes de investigación, no existe una prueba siquiera que respalde el acuerdo de estas tres autoridades oficiantes en los autos. Eso muestra la ilegalidad de las órdenes de detención. Desde hace más de 5 años, la billonaria transnacional Cutrale ha sido acusada e investigada por prácticas monopólicas en el sector de las naranjas y por beneficiase de las peores formas de utilización de agrotóxicos y venenos, así como de relaciones laborales absolutamente precarias, generando perjuicios y destrucción para centenas de miles de trabajadores rurales, sin embargo ninguna medida ha sido tomada, ni tampoco sus billonarios propietarios son considerados “peligrosos, violentos” para la sociedad brasileña.
El hecho es que las detenciones de los “sin tierra” no encuentran motivación fáctica, están desviadas de las exigencias legales, no atienden a los dictámenes de la Justicia sino al egoísmo de quienes las requieren, de quien las endosó y de quien las decretó, pues, con ellas, pasaron a ganar notoriedad y evidencia en los mass media, sobre todo en la Red Globo (vía su filial local, TV TEM). Emisora esta que, a diferencia del tratamiento dado a los abogados de los trabajadores, los cuales deberían tener constitucionalmente asegurada una amplia información sobre los autos, siempre tiene de primera mano, en cuestión de minutos, lo que se pasa en los autos de la investigación. Y más grave aún: muchas veces, obtienen con anticipación informaciones que deberían ser secretas y restringidas a la Justicia. Medidas que, lejos de ser imprescindibles para el curso de las investigaciones criminales y para la información de la opinión pública, están orientadas a satisfacer las demandas políticas de los latifundistas, del agronegocio y de la elite local, opuestos a la realización de la reforma agraria en la región.
Los abogados de los trabajadores están intentando, con mucha dificultad, acompañar la situación y obtener información sobre los procesos, pues la policía no asegura a las partes plenamente el derecho constitucional de la información sobre los autos y, sobre todo, sobre las cárceles.
Santa Catarina, Río Grande do Sul, Pará, Pernambuco...
En Imbituba (SC), Altair Lavratti, uno de los coordinadores del MST catarinense, fue arrestado el 28 de enero. Cerca de 30 policías militares realizaron la “detención preventiva” en el momento en que el dirigente del MST realizaba una reunión pública, en un galpón de reciclaje de basura de la ciudad. La acusación fue que Lavratti, junto con otros sindicalistas y militantes sociales, preparaba una ocupación de tierras en la región. Al igual que en otros lugares, fue llevado bajo la acusación de “formación de cuadrilla”. Otras dos personas también fueron detenidas, una de ellas, Marlene Borges, presidenta de la Asociación Comunitaria Rural, está embarazada. Su casa estaba vigilada desde la madrugada del mismo día y fue llevada a Criciúma (SC). El otro militante, Rui Fernando da Silva Junior, fue llevado a Laguna (SC).
Desde neutro punto de vista, claramente se trata de un nuevo “globo de ensayo”, semejante a los ya realizados en estados como Río Grande do Sul – donde el Ministerio Público regional llegó a listar, en las actas de las reuniones, una serie de estrategias buscando la “disolución del MST”-, igual como en los estados de Pará – región en la que entre 1982 y 2008, fueron asesinados más de 680 trabajadores rurales, según la Comisión Pastoral de Terra (CPT), y prácticamente ningún latifundista fue juzgado o castigado- y de Pernambuco –que está viviendo un aumento de encarcelamiento y asesinatos significativos de trabajadores rurales y militantes sociales “sin tierra”. En todos estos estados, siguiendo el ejemplo de los montajes recientes de São Paulo, los grandes medios de comunicación, se han especializado en convertir en crimen y anarquía, el derecho constitucional a la reunión y organización popular por reivindicación de derechos. Para eso actúan cada vez más descaradamente junto a la policía y las elites locales, forjando “reportajes”, “pruebas” y “escándalos” que son utilizados para aumentar la criminalización y estigmatización de los luchadores sociales y de la población más pobre en general, describiéndolos como “anarquistas”, “bandoleros” y “terroristas”. Así contribuyen, de forma absolutamente ilegal e irresponsable, al aumento de la tensión en el campo.
Criminalización y Derechos Humanos
Un cuadro terrible que sólo ratifica la creciente criminalización de los pobres y sus movimientos sociales en todo el país, el cual viene siendo ampliamente denunciado y detallado, de forma muy amplia, por cientos de organizaciones sociales, sindicatos de trabajadores y trabajadoras, foros sociales, medios de comunicación independientes, movimientos populares, y militantes de derechos humanos.
Un escenario que sólo refuerza la urgencia de la aprobación e implementación integral del Programa Nacional de Derechos Humanos 3 (PNDH-3), firmado por decenas de ministros y por el propio Presidente de la República, el cual prevé una serie de medidas y avances importantes en el sentido de disminuir la violencia y garantizar los derechos humanos fundamentales a la sociedad brasileña y a su incipiente democracia. En el caso específico de los conflictos rurales, se orienta a la creación de nuevos mecanismos de mediación previa antes de la concesión de providencias de reintegración de posesión y de las órdenes de prisión en el medio rural brasileño, con el objetivo de disminuir la violencia contra los trabajadores rurales.
Otro elemento importante, que coincide con ese cuadro de violencia y criminalización agravado en el campo brasileño, está relacionado al hecho de que el gobierno Lula no ha cumplido con la meta (ya rebajada) de reforma agraria, y no haber tenido la voluntad de ordenar al Ministro de la Agricultura, Reinhold Stefanes – representante del latifundio en su Gabinete –, que firme la instrucción de actualización de los Índices de Productividad –, aspecto que fue mencionado por el Presidente en 2009, y que está también previsto y reiterado en el PNDH-3.
Solidaridad y libertad
Se trata de una situación urgente, vivida ahora con más violencia por el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y sus militantes, pero que tiene motivaciones y estrategias muy semejantes a aquellas utilizadas contra militantes sindicales en sus huelgas y movilizaciones (que cada vez más sufren “interdictos prohibitorios”); contra militantes de la comunicación popular, de radios comunitarias y otros medios (expropiados, presos y criminalizados); contra mujeres que se levantan contra el machismo y el sexismo, dentro de casa y en el espacio público (sobre-violentadas); contra comunidades indígenas, quilombolas, ribereñas y de poblaciones afectadas por inundaciones y represas (victimizadas y desatendidas); y sobre todo contra trabajadores pobres y negros de las periferias urbanas, donde se vive desde hace tiempo un verdadero genocidio clasista y racista.
Es obvio que no somos nosotros, trabajadores y trabajadoras pobres, quien estamos llevando a cabo este verdadero proyecto de destrucción, vía explotación de las personas y de los recursos naturales del país. Es obvio que el dinero de toda esta explotación y de toda esta destrucción no sale de nuestras manos, mucho menos regresa en forma de lucro y corrupción a nuestros bolsillos; sin embargo somos nosotros quien estamos sufriendo, cada vez más, las violencias de este proceso de segregación y de acumulación sin limites, teniendo aun que sufrir en nuestra piel con más intensidad los terribles daños socio-ambientales de una elite irresponsable, además de ser cada vez más criminalizados, reprimidos y estigmatizados por un Estado y por unos grandes medios serviles a los intereses de sus propietarios y financistas. Ahora, la organización social se tornó, para ellos, en sinónimo de “formación de cuadrilla”.
Por todo esto es urgente que nos solidaricemos unos con otros, en nombre de la democracia y de la libertad. En este momento, “somos tod@s sin tierra” y exigimos la inmediata liberación de los presos y presas políticas del MST. Convocamos también a todos los simpatizantes políticos, organizaciones de derechos humanos y periodistas comprometidos con la lucha por la reforma agraria y con la lucha del pueblo brasileño a divulgar ampliamente y acompañar más de cerca toda esta urgente situación. Es necesario que se formen Núcleos de Denuncia de la Criminalización y de Solidaridad entre los trabajadores y trabajadoras de cada región. Y, así, deberemos hacerlo en cada sector, en cada movimiento, en cada persona de nuestra clase social que esté siendo víctima de violencias y abusos semejantes.
Traducción Minga Informativa de Movimientos Sociales.
Nota:
1) NdT. Grillar significa apoderarse de tierras ajenas con falsos títulos de propiedad.
domingo, 14 de febrero de 2010
Brasil: Campaña por la liberación inmediata de los presos políticos del MST
viernes, 20 de noviembre de 2009
Entrevista en la clandestinidad a Charles Trocate, líder del MST amenazado por los latifundistas y perseguido por el sistema judicial brasileño
20-11-2009
“Estamos volviendo a la represión de los ochenta con la aparición de pistoleros y sicarios que amenazan de muerte a los dirigentes populares"
Pascual Serrano
Rebelión
Con 32 años y miembro del Movimiento de los Sin Tierra de Brasil desde los quince, Charles Trocate es el coordinador nacional de esta organización en el Estado de Pará. Se encuentra en la clandestinidad desde que los jueces dictaron contra él orden de encarcelamiento y los sicarios de los latifundistas intentan asesinarlo.
Usted procede de un Estado donde los conflictos entre el Movimiento Sin Tierra por un lado y latifundistas y gobernantes por otro, son frecuentes, ¿qué razones hay para ello?
Vivimos en un Estado con muchas contradicciones: sociales, ambientales y agrarias. El modelo de desarrollo está centrado en el uso de la tierra. Hay un proceso de desterritorialización de las comunidades indígenas y quilombolas (comunidades afrodescendientes aisladas). Al mismo tiempo se produce un impedimento jurídico para la creación de nuevos asentamientos. Es evidente que tanto en el gobierno federal como los estaduales existe el claro objetivo de fundamentar lo que denominan desarrollo en un proceso de explotación agrícola y minera por la empresa VALI (antes pública pero hoy privada). Toda la lucha de los trabajadores están siendo atacada por diputados federales, estaduales y latifundistas. Por ello denunciamos públicamente la violencia del Estado y de milicias y sicarios contratados por los latifundistas. La realidad es que estamos volviendo a la represión de los años ochenta con la aparición de pistoleros y sicarios que amenazan de muerte y eliminación a los dirigentes populares.
¿Cuál es esa situación de violencia?
En los últimos veinte años fueron asesinados 826 trabajadores. El 25 de julio del año pasado 22 trabajadores fueron tiroteados en Pará, uno de ellos murió. Menos del 2 por ciento de estos crímenes fueron investigados y ningún caso terminó en condena.
¿Cuál es su opinión respecto a la gobernadora de Pará?
La gobernadora de Pará, Ana Julia, del Partido de los Trabajadores (PT) es más progresista que otros gobernadores que tuvo este Estado, pero en las cuestió agraria está siendo igual que todos.
¿Y qué acciones está adoptando ante la situación el MST?
El MST está enfrentando los intereses de grandes grupos empresariales como la minera VALI y las agropecuarias Quaguatos y Santa Bárbara, ésta última ligada a un banquero con larga trayectoria delincuente. El resultado de esta confrontación es que 38 dirigentes del MST estamos procesados en el Estado de Pará. En concreto a mí se me acusa judicialmente de incentivar la violencia y de sedición. Nuestra organización participó en una ocupación en una hacienda del grupo Santa Barbara. Se produjo un saqueo en la casa, pero eso no tuvo ninguna relación con el MST. El pasado mes de abril hubo una emboscada en esa hacienda y fueron tiroteados once campesinos, de eso no hay ni un solo acusado, en cambio a mí me acusan de incitar a la violencia por un discurso tras ese tiroteo. En él dije que la grave situación de Pará no se resolverá hasta que no se acaben los abusivos monopolios de esas empresas. A los campesinos sólo les queda una salida, con MST o sin MST: continuar con más ocupaciones. Por decir eso fui procesado. Pero quiero dejar claro que no tengo miedo de que me detengan, sino de que me asesinen.
¿Cómo se plantea su futuro, ahora en la clandestinidad?
La idea es reivindicar una reacción en defensa de la reforma agraria y del MST. Los abogados del MST trabajan para anular esa orden de prisión porque no tiene fundamento. Mientras tanto, yo estaré en cualquier parte de Brasil.
¿Qué le pide a Ana Julia, la gobernadora del Estado brasileño de Pará?
Nosotros estamos trabajando para que el gobierno cree programas de emergencia. Hoy hay diez mil familias acampadas esperando tierra, 3.200 de ellas son del MST. Debe haber también una efectiva participación del gobierno para condenar los asesinatos de dirigentes campesinos. Y, como tercer punto, que asuma la defensa del movimiento social, porque estamos haciendo algo que el Estado no hace, construir dignidad, porque sólo la lucha hace valer este derecho.
http://www.pascualserrano.net/
viernes, 6 de noviembre de 2009
EL MST denuncia ofensiva en contra de movimientos sociales y sindicatos: “Quieren criminalizarnos para frenar las movilizaciones sociales en Brasil”
6 de noviembre de 2009
Sergio Ferrari
(E-CHANGER)
La primera semana de noviembre fue la del inicio de la contra-ofensiva internacional. Primero, el lunes 2, la denuncia fue presentada en Ginebra ante Juan Somavía, Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), quien la acogió con gran respeto y preocupación. Cuatro días más tarde, en Washington, en una comisión de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA). El grito de alarma del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) es preciso: “...la represión a los movimientos sociales, en particular al MST, expresa el irrespeto a la Constitución Federal, al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el mantenimiento de la injusticia en las relaciones agrarias”.
El portavoz de este maratón internacional que lo llevó de Ginebra a Washington en pocas horas, es João Paulo Rodrigues, miembro de la dirección nacional del MST y responsable de la oficina en San Pablo. Entrevista exclusiva realizada después de su visita a la OIT en Ginebra.
P: Difícil entender desde afuera la represión que viven el MST y otros movimientos sociales y sindicales en un país con un Gobierno democrático. ¿Cómo se explica esta realidad contradictoria?
João Paulo Rodrigues: El MST vive una situación muy difícil. Porque al mismo tiempo que tenemos un Gobierno, el de Lula, que no reprime al movimiento social, nos confrontamos a un conjunto de aparatos e instrumentos del Estado brasilero que continúa con la vieja práctica de reprimir y no acepta que las organizaciones del movimiento popular o sindical tengan autonomía tanto en la movilización como en la organización de su base.
P: Puede darnos ejemplos precisos de esos mecanismos o instrumentos...
JPR: Me refiero, por ejemplo, al Poder Judicial; y al Ministerio Público tanto a nivel federal como estadual, con poder para investigar y criminalizar a los movimientos sociales, sean urbanos o rurales. También el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) que es un órgano parlamentario de mucho poder. Y no podemos olvidar, además, a muchos de los principales medios de comunicación, que, a su modo, criminalizan a los movimientos populares.
P: ¿Su misión a Ginebra y Washington, es alertar sobre una ofensiva en su contra?
JPR: Denunciar en importantes espacios internacionales esta situación preocupante. Y promover una activa presión internacional para asegurar, sobre todo, la libertad de organización de los trabajadores, tanto del movimiento social como de los sindicatos. Fuimos muy bien acogidos por nuestros interlocutores en Ginebra y por el mismo Director General de la OIT. Es importante que nuestros movimientos sean realmente reconocidos y respetados por el Estado brasilero. Un buen funcionamiento de la democracia, por más que ésta sea capitalista, burguesa, debe respetar la libre organización y movilización de los trabajadores.
P: Hace algunos años se hablaba más de la represión militar contra el MST y sus militantes. Ahora, pareciera que los métodos son más jurídicos-institucionales.... ¿O se combinan formas diferentes de represión?
JPR: En nuestro caso percibimos una combinación de métodos. Hay Estados, como Sao Paulo o Río Grande del Sur, donde hay una represión militar de parte del mismo Estado.
En otros lugares, como Pernambuco y Pará, el principal instrumento represivo son las milicias armadas de empresas privadas ligadas al agro negocio.
En las últimas semanas, otro hecho especialmente preocupante, es la instalación de una Comisión Parlamentaria, propuesta por la bancada ruralista, los grandes terratenientes, los más atrasados, para investigar al MST.
Lo que más nos preocupa es que esta escalada represiva se da aunque nosotros, como movimiento, no hemos modificado ni radicalizado nuestros métodos de lucha a pesar que no hemos sido beneficiados por la reforma agraria. Nuestros enemigos, sin embargo, pasan a la ofensiva. Son los banqueros, los grandes terratenientes, los que defienden el agro-negocio, la bancada ruralista.
P: En sí mismo una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), vista desde el exterior, no sería un elemento tan preocupante.
JPR: El problema, en nuestro caso, es que es ya la tercera CPI formada para investigar al MST en los últimos cuatro años. Se convierte en una especie de palco ideológico, aprovechado también por los medios de comunicación, para enjuiciar al MST ante la sociedad.
No tememos para nada que nos investiguen. Ya las dos Comisiones anteriores no pudieron probar ni un solo acto o acción incompatible con la democracia. Tenemos 25 años de existencia y nunca pudieron acusarnos de nada antidemocrático. Pero insisto, esa CPI implica un desgaste político ante la sociedad. Pareciera que el MST debe estar permanentemente demostrando su inocencia.
Es evidente que el objetivo no es sólo desgastar al MST sino a nuestra propuesta-reivindicación de Reforma Agraria.
P: ¿Qué relación tiene esta ofensiva contra el movimiento social en el marco de la etapa pre-electoral? ¿Puede ser también entendida como un medio de desgastar la base social de las fuerzas políticas progresistas?
JPR: 2010 será año de elecciones pero también de movilizaciones sociales, ocupación de latifundios improductivos, exigencia al Gobierno para que las tierras improductivas sean destinadas a la reforma agraria etc. Y en el marco del debate electoral se pondrán de relieve, en el plano político, dos proyectos básicos y confrontados que están ligados a dos visiones o programas de nación. El de los patrones ruralistas. Y el nuestro, con una agricultura familiar, de asentamiento. Hay estudios que demuestran que nuestro modelo es mucho más productivo y más económico, sustentable y ecológico. En ese sentido, la actual criminalización del movimiento social, tiende a parar las movilizaciones sociales, a ponernos a la defensiva.
P: Imposible finalizar este diálogo sin tratar de comprender mejor el papel del presidente Lula en esta situación tan ambigua del Estado hacia los movimientos sociales...
JPR: Ese es el término: ambigüedad. El Gobierno Lula impulsa una política seria de no criminalizar a los movimientos sociales. Pero peca en no realizar la reforma agraria. Hay un dicho en Brasil que sostiene: “El Gobierno Lula es nuestro amigo pero es también amigo de nuestros enemigos”. El mismo grupo que propuso la Comisión Parlamentaria de Investigación contra nosotros, está entre los aliados del Gobierno.
Otro elemento importante. El Gobierno Lula invirtió 15 billones de reales para apoyar la agricultura familiar y de asentamiento, lo que es un monto considerable. Pero al mismo tiempo, destina 90 billones para los ruralistas. ¡Seis veces más! Esperamos que el 2010, último año de su gestión, el Gobierno invierta esas prioridades para priorizar las familias acampadas que son 90 mil sin tierra en Brasil.
Foto: Brasil, Movimientos populares - João Paulo Rodrigues, miembro de la dirección nacional del MST y responsable de la oficina en San Pablo. / Autor: Sergio Ferrari - E-CHANGER
sábado, 24 de octubre de 2009
“Uno de los principales desafíos es la unidad de campo y ciudad”
ROSANA FERNÁNDEZ, DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL MST
La entrevistada repasa la coyuntura política de Brasil en torno a las elecciones de 2010 y los principales retos del MST para construir una Vía Campesina Internacional.
Berta Iglesias Varela. Madrid (Quién Debe a Quién)
Viernes 23 de octubre de 2009.
DIAGONAL: ¿Cómo valora el MST la coyuntura política brasileña actual?
ROSANA FERNÁNDEZ.: El contexto de lucha de clases en Brasil continúa cada día más fuerte, especialmente desde los años ‘90, en que [el entonces presidente] Collor de Mello inició el proceso privatizador que luego continuó Cardoso. La llegada de Lula a la Presidencia supuso una conquista de la clase trabajadora. Sin embargo, la esperanza que el pueblo organizado del campo y de la ciudad tenía, se esfumó cuando la política gubernamental dio continuidad al proyecto neoliberal, incentivando aún más la especulación de las empresas, bajo el dominio del capital financiero internacional. En el caso del campo, se había comprometido a llevar a cabo la reforma agraria. Pero estamos llegando al final del segundo mandato y los asentamientos que se han conseguido para las familias han sido conquistados mediante la lucha permanente. La reforma agraria prometida se ha quedado en mero discurso. A la vez, las grandes empresas nacionales e internacionales están acaparando más tierra para monocultivos de exportación (caña, eucalipto, pino, soja...) por no hablar de las grandes áreas de experimentos con transgénicos, de soja y maíz. Todo esto apoyado con ayudas fiscales, para continuar explotando los bienes de nuestro país.
D.:¿Cómo veis el futuro electoral en Brasil?
R.F.: Es pronto para tener una visión clara del proceso electoral de 2010. Hay muchas especulaciones sobre posibles candidaturas, tanto de extrema derecha como de la izquierda. El Partido de los Trabajadores, la izquierda gobernante, mantiene el propósito de asegurar un sucesor para Lula. Sin embargo, la derecha se está articulando con fuerza para evitarlo. Creemos que el proceso electoral debe ser entendido como una estrategia dentro del proyecto de transformación social que anhelamos. Podemos acumular fuerzas conquistando algún gobierno, sea municipal, de Estado o federal, pero sin la pretensión de que sea ahí donde se resuelva el problema de la clase trabajadora. Aprovecharemos el momento electoral para politizar el debate y evidenciar un proyecto popular para Brasil, construido por varias fuerzas de la izquierda.
D.: ¿En qué nivel de desarrollo se encuentra la reforma agraria?
R.F.: En Brasil no existe política de reforma agraria. Lo que ha existido han sido políticas de asentamientos, como respuesta a la presión que los movimientos sociales hacen para que el Gobierno federal adquiera latifundios, a través de la compra directa o la expropiación. La lucha por la tierra es una constante en la historia brasileña. Entendiendo que la sola conquista de la tierra no resuelve el problema de los agricultores, es necesario que haya una política de reforma agraria en la que se garanticen los subsidios para la producción, créditos para infraestructuras, vivienda digna, educación, salud, ocio... Un conjunto de cuestiones necesarias para que una familia pueda vivir en la tierra conquistada.
D.: ¿Cómo valoran las jornadas de lucha que organizaron en el mes de agosto en todo el país?
R.F.: Fue otro paso importante por recolocar la cuestión de la reforma agraria en el debate público, implicando al Gobierno. Hubo logros políticos importantes, como la expropiación de un área emblemática del Estado de Minas Gerais en la que habían sido asesinados cinco compañeros, la fazenda Alegria.
D.: Ante el panorama mundial de deterioro ambiental, ¿qué dificultades y qué líneas de trabajo tienen para fomentar la agroecología?
R.F.: Ésta es una cuestión muy compleja. Es necesario entenderla dentro de todo un proyecto de reforma agraria popular que estamos debatiendo, en el marco general de la relación del ser humano con la tierra, con todas las formas de vida. Es un debate que, en primer lugar, cada compañera y compañero necesita mantener en su propia conciencia, ya que hemos sido formados en la visión capitalista de explotación de los otros seres y de la naturaleza. Es necesario deconstruir algunos vicios y reconstruir nuevos valores. Otro elemento es la formación y capacitación técnica en la línea agroecológica, que es preciso intensificar, especialmente formando a jóvenes agricultores para poder esparcir la idea en la práctica en las áreas de asentamientos. También el propio Gobierno debería crear políticas de incentivos para este tipo de producción en la agricultura familiar y campesina.
D.: Es frecuente escuchar noticias sobre la violencia policial en las favelas. Menos frecuente es tener noticias sobre la represión en el campo. ¿Qué tipos de violencia sufren las personas sin tierra?
R.F.: La primera violencia es la negación del derecho a la tierra, garantizado en la Constitución. A partir de ahí, la violencia llega de mano de las fuerzas represoras del Estado contra quienes buscan, mediante la organización social, ejercer ese derecho. Todos los movimientos sociales sufren de alguna manera violencia institucional. El MST, desde su origen, sufre violencia directa de las milicias armadas privadas de los terratenientes o de la propia policía cuando desaloja los latifundios ocupados. Si hablamos de violencia física, registramos altos índices de muertes, masacres de trabajadores... Pero existe también una violencia psicológica, para disuadir a las personas de organizarse. Es la satanización del movimiento organizado, tachando de alborotadores a quienes forman parte de él. Este tipo de violencia la ejercen sobre todo los medios de comunicación de masas. Además, sufrimos la criminalización de los movimientos sociales y de sus líderes. Ahora están tramitando en el Senado y la Cámara Federal una propuesta de fiscalizar todas las entidades jurídicas del MST para imposibilitar cualquier colaboración con instituciones gubernamentales en favor de los trabajadores.
D.: ¿Cómo os planteáis las relaciones con los movimientos sociales urbanos?
R.F.: Uno de los grandes desafíos que tenemos como clase trabajadora brasileña es la unidad del campo y la ciudad. De hecho, el MST está construyendo relaciones políticas con distintos movimientos urbanos. Creemos que son grandes defensores de la lucha por la tierra, especialmente las centrales sindicales. Aunque también es complejo hablar sobre esto, porque en Brasil hay una división enorme entre las organizaciones de trabajadores. En el campo, por ejemplo, existen al menos 90 movimientos sociales, y en las grandes ciudades, unas siete centrales sindicales, además de sindicatos y movimientos autónomos.
D.:. ¿Qué líneas de acción tiene previstas el MST?
R.F.: Son muchas y en diferentes frentes. En primer lugar, construir el Proyecto Popular para Brasil. Para ello, defendemos no sólo el reparto de la tierra, sino también un nuevo modelo de agricultura que produzca alimentos sanos para el pueblo, cuide de las semillas y sustituya los agrotóxicos por la agroecología y la producción cooperativa. Otra línea es elevar el grado de escolarización en el campo, desde la infancia a los cursos de enseñanza superior. Ampliar la fuerza social del movimiento en número y en aumento de la conciencia política e ideológica es otra línea, articulándonos con la clase trabajadora de América Latina, especialmente en la construcción de la Vía Campesina Internacional.
D.: ¿Cuáles son para ti los motivos para la esperanza
R.F.: Me gustaría responder a esta pregunta con un poema de Casaldáliga: Confesiones del latifundio: Por donde pasé/ planté la alambrada/ planté la quema provocada/ Por donde pasé planté la muerte matada/ Por donde pasé maté la tribu callada/ la siembra sudada/ la tierra esperada... Por donde pasé/ conforme a la ley/ planté la nada. Los motivos para la esperanza son los contrarios de las Confesiones del latifundio de Casaldáliga: la tierra para los sin-tierra, el cuidado de la naturaleza, el respeto a las etnias, los alimentos saludables... plantar la vida.
MST, SIN PAUSA
El MST organizó en agosto unas jornadas de lucha por la reforma agraria con ocupaciones de organismos públicos y empresas de agronegocio, entre otras acciones. Estas jornadas se enmarcaron en el seno de Vía Campesina Brasil y centraron el foco crítico en las políticas productivistas del Gobierno del PT, especialmente el impulso del agronegocio en detrimento de la agricultura campesina, que supone el 75% del empleo rural.
miércoles, 29 de abril de 2009
El MST de Brasil denuncia intento de masacre en el Estado de Pará
26/04/2009
HUBO SIETE TRABADORES HERIDOS CON ARMAS DE FUEGO
Por Brasil de Fato.- El pasado 18 de marzo, integrantes del MST fueron atacados por milicias armadas en la Hacienda Espiritu Santo, ubicada en el sur de Pará, luego de una emboscada por parte de la seguridad del lugar.
Los trabajadores rurales realizarán una manifestación el próximo martes para reclamar investigación de lo sucedido y justicia, además de exigir otro uso de esas tierras. A continuación, reproducimos una entrevista realizada por Brasil de Fato Ulisses Manaças, de la coordinación nacional del MST.
Un grupo de entidades, entre ellas el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierras (MST), la Orden de Abogados de Brasil (OA y la Comisión pastoral de Tierra (CPT), realizará en la mañana del próximo martes 28, en Belén do Pará, una manifestación para denunciar el intento de ejecución de trabajadores rurales en esa provincia.
El último 18, siete integrantes del MST fueron heridos en un tiroteo en la Hacienda Espírito Santo, ubicada en el municipio de Xinguara, en el sur de Pará.
De acuerdo con el MST, no hubo confrontación, y sí un intento de emboscada armada por la seguridad de la empresa Agropecuaria Santa Bárbara, que pertenece al grupo Opportunity, cuyo principal accionista es el banquero Daniel Dantas.Hace dos meses quienes acampan en la Haciendo Espiritu Santo denunciaron que el área, comprada irregularmente, es usada para lavado dinero y exigen por eso que sea usada para proyectos de Reforma Agraria.
En la entrevista que sigue, el integrante de la coordinación nacional del MST, Ulisses Manaças, relata el intento de emboscada armada por la seguridad de la hacienda y la violencia que casi termina en una masacre de campesinos.
-Podría contarnos que ocurrió en la Hacienda Espírito Santo el 18?
-El 18, en la Hacienda Espírito Santo, a las cuatro de la tarde, un grupo de trabajadores salió del campamento para buscar leña para cubrir las barracas y fueron abordados en el medio del camino por una milicia armada del grupo de la empresa Agropecuaria Santa Bárbara. Ese grupo golpeó a los trabajadores y agarró y se llevó a un trabajador llamado Djalma. Los trabajadores entonces volvieron al campamento y fueron hasta la sede de la Hacienda para rescatar a ese trabajador. Allí fueron recibidos a los tiros por la milicia armada, que es contratada por el grupo Opportunity, que posee la Agropecuaria Santa Bárbara. Siete trabajadores fueron heridos, uno inclusive fue transferido a Belém para recibir atención médica. Esos trabajadores fueron penalizados por la acción armada de ese grupo ligado al sistema financiero. Y nosotros entonces encontramos que fue una emboscada armada por ellos. Los trabajadores solamente se dirigían hasta la sede de la hacienda, que queda a 32 kilómetros del campamentos donde estábamos, para rescatar al dirigente del MST y allí fueron recibidos a los tiros. La verdad eran tiros selectivos, de armas de grueso calibre, las imágenes de televisión demostraron eso. Tanto que las balas alcanzaron el abdomen y el pulmón de las personas e inclusive la cabeza de uno de nuestros trabajadores.
-Cuál es la situación de las familias en este momento?
-Las personas, luego de un primer momento, fueron atendidas en los hospitales de Xinguara, Marabá y Redenção, con excepción de de Valdecir Nunes Castro que fue llevado a Belém. Los trabajadores prestaron declaración a la policía y algunos todavía están bajo tratamiento médico. La familias están en un clima de aprehensión muy grande porque la milicia armada continua en la sede de la Hacienda, no hubo todavía una incursión policial en el sentido de desarmar a ese grupo que se mantienen en la propiedad. El viernes pasado, un grupo de policías militares de Pará, segundo elles, iba a hacer una operación para mantener el orden en la región. Lo que el MST exige: Nuestro campamento está abierto para cualquier tipo de investigación policial para averiguar si tenemos armas. Pero exigimos que ellos vayan a la sede de la propiedad para desarmar y encarcelar lo que para nosotros es una milicia armada y hacer una investigación real para saber si esa empresa tiene registro. Un pistolero conocido en la región, llamado Diva, que ya asesino a varias personas, fue identificado por nuestros compañeros intentando matar a varios trabajadores el último sábado. Nosotros queremos que se resuelva realmente esta situación, que se desarme a la milicia en el campo y que sea responsabilizado el grupo Agropecuaria Santa Bárbara por el intento de masacrar a nuestros compañeros.
-Como es la situación de las empresas de seguridad en el sur de Pará?
- Nosotros lo caracterizamos como un cambio en la naturaleza del enfrentamiento del latifundio en Pará. Hoy el latifundio que domina en Amazonia especialmente, ya no es aquel latifundio atrasado. Son empresas transnacionales que tienen compradas tierras en el Amazonas para hacer que esas tierras tengan valor de mercado suficiente para exploración y para luego explotar la flora. La Agropecuaria Santa Bárbara es un caso ejemplar de un conjunto de transnacionales, empresas y grupos del sistema financiero que tiene compradas tierras en la región y contrata grupos de seguridad armados. En la mayoría de los casos, estos grupos no tienen registros. Entonces son milicias clandestinas que actúan combatiendo los movimientos sociales del campo y persiguen selectivamente a nuestros referentes.
-Cuáles son las denuncias del MST en relación a esas áreas ocupadas?
- Esa propiedad forma parte de un conjunto que tiene otras 48 propiedades. Son 49 haciendas compradas solamente en el estado de Pará por el grupo Agropecuaria Santa Bárbara, que es el nombre de fantasia creado por el grupo Opportunity, cuyo mayor accionista es el banquero acusado de corrupción Daniel Dantas. El Ministerio Público Federal está denunciando ese grupo por práctica de lavado de dinero, corrupción activa. Para nosotros, esas propiedades están envueltas en ese sistema de lavado y del corrupción del sistema financiero nacional. Por eso el MST decidió ocupar tres propiedades para intentar que esas tierras sean devueltas a la Unión. Antes, la hacienda Espírito Santo, tal como la hacienda Maria Bonita, en Eldorado dos Carajás, y Cedro, que queda en Marabá, son áreas que pertenecían, teóricamente, a la familia Mutran. Pero la familia Mutran recibió del estado esas áreas a título de préstamo, que tenían que devolver al estado posteriormente. Y esas áreas tenían toda la vegetación nativa destruida para el criado de ganado y para la plantación de pasto, fue destruida una región muy rica llamada Polígano de los Castanhais y esas tierras fueron comercializadas de forma ilegal. Inclusive hay un bloqueo en la Justicia del título de comercialización de esa propiedad. Hasta ahora, fue negado el pedido de reintegración de posesión, pedido por el grupo Agropecuario Santa Bárbara por cuenta de esas irregularidades. Entonces, el MST exige que esas tierras sean devueltas a la Unión a título de creación de proyectos de asentamientos de reforma agraria.
-Qué pretende hacer el MST ahora, en relación a ese crimen?
-El MST, en conjunto con otras entidades como la Orden de Abogados de Brasil, la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos, la Comisión Pastoral de la Tierra y la Vía Campesina están acompañando paso a paso el proceso criminal envuelto en la tentativa de masacre. Exigimos al estado la investigación rigurosa de los hechos y la condena de los responsables. Ahora estamos exigiendo, también de Incra, la inspección de la propiedad. Y más, estamos construyendo un dossier para denunciar la acción de esas milicias en el campo y la acción del sistema financiero en la compra de tierras en la Amazônia. En Belén, nosotros ya hicimos varias reuniones con movimientos sociales, y estaremos el próximo 28 haciendo un gran acto público por la condena de los responsables del intento de masacre y también exigiendo que el poder judicial, pene con el rigor de la ley, a esos es criminales. Exigimos todavía el fin de la criminalización de los movimientos sociales en el estado de Pará y en todo Brasil.
