Pese a las detenciones de policías durante los últimos meses acusados por torturas
Gara
11-05-2010
Enrique Múgica Herzog ya ejerce como teórico responsable anti-tortura en el Estado español. Presentó el lunes a enviados de la ONU sus primeros pasos. Dijo que no ha visto un solo caso de torturas, pese a que en estos meses se han producido detenciones de policías por esta razón y la petición fiscal del "caso Portu-Sarasola".
Enrique Múgica Herzog, Defensor del Pueblo y ex ministro de Justicia, presentó el lunes su primer balance como responsable del llamado Mecanismo Nacional contra la Tortura, después de que en noviembre pasado el Gobierno español le encomendara esta labor. Ante representantes de la ONU, aseguró que han empezado a visitar dependencias policiales (aludió a 54 revisiones) y no han encontrado un solo caso de tortura "tras hablar con personas detenidas, algunas de ellas pertenecientes a ETA. Ni un caso de malos tratos", recalcó Múgica Herzog.
Se da la circunstancia de que desde noviembre han trascendido varios episodios de detenciones de policiales por agresiones en comisaría, según recordó a GARA Jorge del Cura, representante de la Coordinadora estatal para la Prevención de la Tortura. La última, este jueves en Arrecife (Tenerife), donde dos agentes fueron detenidos y otros cuatro están acusados de propinar una paliza a dos hermanos arrestados por una pelea callejera. "También ha habido detenciones en Mallorca o en Valencia, así que si Múgica no los ha visto será porque no los ha querido ver", subrayó Del Cura.
Además, en estos meses se ha conocido también la acusación fiscal contra diez guardias civiles a quienes atribuye torturas y maltratos a los vascos Igor Portu y Mattin Sarasola en enero de 2008. El escrito de acusación no recabó ninguna valoración del Gobierno español, por lo que se da por seguro que no se han tomado medidas contra los imputados. De hecho, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, defendió que sus heridas no correspondían a torturas, sino a un enfrentamiento producido en la detención.
Tras obviar estas cuestiones, Múgica puso todo el foco sobre estas visitas. Afirmó que pedirán incluso "un incremento de dotaciones en nuestro próximo presupuesto". En cualquier caso, el presidente del Senado y también dirigente del PSE, Javier Rojo, vio necesario matizar que "esto no obedece a que en España exista un problema de torturas, sino a la necesidad de la prevención mediante visitas sorpresivas y regulares".
¿Por qué no al juez?
Estas explicaciones fueron escuchadas por el vicepresidente del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU, Mario Coriolano, que aconsejó repetir las visitas a los mismos centros de modo periódico para que los policías "sepan que están controlados".
Estas instancias de la ONU han incidido reiteradamente en que la mejor fórmula de eliminar las torturas es suprimir la incomunicación. Coriolano añadió ayer que lo más deseable sería que no haya interrogatorios en los calabozos, sino que los detenidos sean llevados directamente ante el juez.
El resto de organizaciones intervinientes dijeron que seguirán "con mucho interés" las acciones de este Mecanismo, en palabras de Mark Thomson (Asociación para la Prevención de la Tortura, de Ginebra). Esteban Beltrán (Amnistía Internacional) consideró que la tortura "no tiene final, pero se puede reducir" Y Fernando Mariño (Comité contra la Tortura de la ONU) instó a no actuar cuando haya denuncias, sino antes.
Según supo GARA, la sesión fue ocultada a la coordinadora que agrupa a organizaciones del estado (entre ellas TAT, Behatokia, Gurasoak o Etxerat). El 19 de abril escribieron a Múgica para pedirle información sobre el Mecanismo, pero éste se limitó a responderles que "viene funcionando con total normalidad". Además, indicó que no piensa nombrar el preceptivo Consejo Asesor por ahora; alega que su mandato concluye pronto y añade que "su inexistencia no impide el funcionamiento del Mecanismo".
El juicio por torturas a Portu y Sarasola será en octubre
El juicio contra quince guardias civiles acusados de torturas y maltratos a Igor Portu y Mattin Sarasola ha quedado fijado para el próximo mes de octubre. La noticia se conoce curiosamente después de que ambos hayan sido juzgados en la Audiencia Nacional junto a Mikel San Sebastián -detenido más tarde en el Estado francés- sin esperar a que se resuelva si sus declaraciones policiales fueron o no forzadas por la Guardia Civil. Las autoinculpaciones, además, suponen el principal elemento utilizado por las acusaciones para atribuirles la autoría de la explosión de la T-4 de Barajas, por la que se ha producido una petición fiscal final de 1.120 años de cárcel para cada uno.
En la primera sesión de este juicio, Igor Portu y Mattin Sarasola hicieron alusión a las torturas padecidas, una denuncia que avala también la Fiscalía de Gipuzkoa al imputar a diez guardias civiles. Portu, en concreto, explicó al tribunal que no iba a declarar porque todo lo que tenía que decir en la sala ya lo expresó en su denuncia judicial de torturas. Sin embargo, la agencia Efe distribuyó una versión diferente, basada en un error inicial de traducción que luego fue subsanado, según la cual Portu dijo que todo lo que tenía que declarar lo había hecho "bajo torturas". Esta versión incorrecta fue reproducida también por GARA y distorsionaba completamente el sentido de las palabras del preso vasco.
Durante el juicio planeó la sombra de la tortura, aunque el asunto no era juzgado en esta vista, sino en la que se celebrará en Donostia. Las acusaciones no han dudado en usar los testimonios obtenidos en los calabozos como prueba, pese a la probabilidad de que fueran obtenidos mediante torturas (Portu acabó en la UCI). La defensa, por contra, pidió la absolución tras rechazar la recurrente excusa oficial que atribuye las denuncias a un "manual de ETA". De hecho, recordó que San Sebastián no refirió ningún maltrato.
Fuente: http://www.gara.net/azkenak/05/198759/es/Mugica-Herzog-dice-ONU-que-no-halla-casos-tortura
martes, 11 de mayo de 2010
El Defensor del Pueblo y responsable gubernamental contra la tortura asegura a la ONU no conocer ningún caso
viernes, 30 de abril de 2010
Centros de Menores: el negocio de la Tortura
Enviado por Abajo los muros de los centros de menores
29/04/10
«Están jugando a no jugar un juego.
Si les muestro que les veo jugar, infringiré las reglas y me castigarán.
Debo jugar a su juego de no ver que veo el juego.»
R.D Laing, 1970.
El negocio
Fruto de la privatización del sector social, y desde la puesta en escena de la Ley del Menor, se puede observar cómo han ido proliferando diversas entidades (supuestamente) “no lucrativas”, que se han ido adueñando de la gestión de los distintos centros de menores, tanto terapéuticos, como de protección y reforma (centros cerrados o semi-cerrados), que se han ido construyendo con respecto a la aplicación de la mencionada Ley.
Esta proliferación no es casual. Según los últimos informes de la Asociación Pro-derechos Humanos de Andalucía, la Administración dota a las ONG’s que gestionan estos centros con más de 200 euros diarios por cada menor (unos 6500 euros al mes por cada menor). Pero lo interesante no es solamente la cantidad desorbitada con que se subvenciona a estas entidades “sin ánimo de lucro”, sino que también hay que tener en cuenta el uso que se hace de esos fondos públicos. Si echamos un vistazo podremos observar que las instalaciones de los centros de menores tienen carencias de todo tipo. Lo más obvio aparece en lo relativo a personal, alimentación, mobiliario y funcionalidad de las instalaciones. ¿Dónde va a parar entonces tanto dinero si no es gastado en personal, alimentos, mobiliario e instalaciones adecuados para la pretendida integración social de l@s menores?
La filosofía “rehabilitadora” de estos centros parece ser la de la contención y el silencio. Se sustituye al personal por guardias de seguridad y pastillas para los nervios (neurolépticos, ansiolíticos y tranquilizantes). Los golpes, las amenazas, el chantaje, el aislamiento y las pastillas son económicamente más rentables que 10 ó 12 sueldos más al año, que unas instalaciones funcionales, que una buena alimentación, y que un mobiliario adecuado. Ni que decir queda que muy probablemente alguno de los socios de las industrias farmacéuticas haga de vez en cuando donaciones a esta o aquella entidad “no lucrativa”, como recompensa a los dividendos obtenidos de la adicción inducida a l@s menores a distintos psicofármacos.
Teniendo en cuenta todo lo mencionado y recogiendo datos que reflejan que lo que se castiga fundamentalmente es la pobreza, ya que la mayoría de est@s menores procede de familias con escasos recursos económicos, ¿no sería más lógico, por ejemplo, que todo ese dinero que otorga la Administración a las ONG’s fuese a parar a las familias de l@s menores? Por lo que parece, detrás de las cárceles de menores hay muchos intereses ajenos a lo meramente psico-educativo o rehabilitador.
La tortura: Filosofía y Consecuencia
La realidad “terapéutica” de las cárceles de menores es fruto de la filosofía mercantilista de las entidades “sin ánimo de lucro”, y a la vez consecuencia de dicha filosofía. En un centro sin los recursos adecuados no se puede pretender un buen proyecto terapéutico o rehabilitador. Sabemos que hay buenos profesionales intentando hacer bien su trabajo, y que sistemáticamente se ven estrangulados por la inercia de un proyecto que no funciona como se quisiera. Aunque también sabemos que hay personas trabajando en estos centros que se han contagiado de la filosofía mercantilista y anteponen su dinero a fin de mes (su salario) por encima de la integridad de l@s menores para quienes trabajan. No queremos señalar a nadie (en su caso, los máximos responsables serán l@s directores/as de cada centro), pero sí queremos subrayar la responsabilidad de todas y cada una de las personas que participan en esta locura.
No existe una reglamentación uniforme sobre cómo deben funcionar los centros de menores. La Administración colabora con los abusos a menores en la medida en que no inspecciona ni regula los reglamentos internos de los diferentes centros (cárceles). Como cuestiones comunes a todos ellos, a los menores:
· No se les permite “ser excesivos en sus muestras de cariño”.
· Pasan días enteros en celdas de aislamiento si cometen “faltas” según el criterio de l@s profesionales.
· Se viola su derecho a la intimidad sometiéndoles a constantes registros y cacheos con desnudo integral.
· Se escuchan sus llamadas a familiares, y se interviene su correspondencia, sin que medie orden judicial alguna y se prohíbe cualquier contacto con sus amigos, parejas u otros seres queridos.
· Se restringe el acceso a sus objetos personales (incluidos los juguetes).
· Se les medica a la fuerza cuando están excesivamente “nerviosos” sin la apropiada supervisión facultativa.
· Se les impide realizar actividades de ocio y/o deportivas.
· Se les prohíben las salidas para acudir al colegio o instituto.
· Se utiliza el castigo físico, obligándoles a realizar distintas actividades hasta la extenuación, o justificando los golpes como“contención física”.
Además estos centros tienen denuncias por palizas, abusos, agresiones sexuales, “suicidios”...
Qué se puede hacer: El ejemplo de “La Jarosa”
Hace dos años fue clausurado en Madrid el centro “La Jarosa” (barrio la Ventilla), gestionado por la Fundación Internacional O’Belén.
Distintas personas que han sufrido los reformatorios, familiares, ex-trabajadores de centros de reforma, gente del barrio, y otras personas solidarias, se movilizaron y emprendieron diferentes acciones para protestar por la situación que se vive en los centros de menores en general y en el de “La Jarosa” en particular. Entre otras acciones, se realizaron concentraciones en la puerta del centro, se prepararon charlas, se repartió información tanto dentro como fuera del centro, se apoyaron los motines de l@s menores divulgando la información fuera y se presentaron denuncias al Defensor del Pueblo y al Defensor del Menor.
A partir de las primeras acciones se sucedieron distintas inspecciones. También se sabe fehacientemente que tras el comienzo del conflicto, el centro redujo los actos de violencia contra l@s menores y el número de horas de aislamiento al que eran sometid@s sistemáticamente. Creemos que es un buen ejemplo de cómo a través de la solidaridad e implicación de l@s propi@s afectad@s se pueden conseguir objetivos a priori “utópicos”.
Una vez cerrado este centro, sabemos que algun@s de l@s chavales han sido internad@s en el centro “Picón” de Paracuellos del Jarama, gestionado por la Fundación O´Belen.
El resto de l@s menores creemos que han sido encerrad@s en otros centros similares de la misma fundación.
Animamos a todo el mundo a localizar estos centros y actuar en consecuencia. Aprovechemos su nerviosismo para volverles la tortilla, que sepan que ahí donde se encuentren no pensamos permitir sus prácticas. Denunciemos el negocio económico tras los centros de menores, no demos ni un respiro a aquell@s que tras su diploma drogan, aíslan y golpean a l@s chic@s.
Un paso adelante, para seguir caminando.
¡¡¡Denunciemos el negocio de la tortura!!! ¡¡¡Cerremos los centros de menores!!!
¿Dónde puedo encontrar más información?
http://www.centrosdemenores.com/
http://javiersansebastian.blogspot.com/
Programas de radio que nos cuentan de primera mano lo que ocurre en estos centros:
http://lalinguafrancaradio.com/2008/10/27/lingua-franca-1-centros-de-menores/
http://lossonidosdemibarrio.podomatic.com/player/web/2010-04-16T03_11_04-07_00
http://lossonidosdemibarrio.podomatic.com/player/web/2010-03-05T03_28_26-08_00
sábado, 6 de marzo de 2010
La Diputación de Sevilla cede al chantaje de los de siempre y da por clausuradas las IV Jornadas contra la tortura
Tras las presiones de los de siempre, la Diputación de Sevilla se ha apresurado a dar por clausuradas las IV Jornadas contra la tortura, “en pro de las libertades, de la democracia y de los DDHH”...
Kaos. Andalucía. Derechos Humanos.
Para Kaos en la Red
La mafia españolista vuelve a dar su apoyo encubierto a la tortura
Ya lo escribió Isaac Rosa en el prólogo del libro ‘José K. torturado’ del periodista y compañero Javier Ortiz: la tortura es un agujero negro que nadie quiere ver y que se vea.
Este agujero negro, que amenaza con tragarse todo rastro de justicia, dignidad y democracia en el Estado Español si es que alguna vez lo ha habido, ha vuelto a aparecer durante las IV Jornadas contra la tortura, organizadas por la Coordinadora para la prevención de la tortura, cuya celebración estaba prevista para los días 5 y 6 de marzo en la ciudad de Sevilla.
Tras las presiones de los medios de comunicación, en concreto del diario El Mundo, quien apuntaba que la ponente Anne Ituiño había formado parte de una lista electoral de ANV y orientaba su actividad en la abogacía hacia la defensa de los presos políticos vascos –algo que, a día de hoy no es delito en el Estado español-, la denuncia ejercida por la Coordinadora sevillana contra el terrorismo, y las demandas públicas del Partido Popular de la ciudad, cuyo secretario general y portavoz del partido en la Diputación Provincial, Juan Bueno, ya exigió ayer por la mañana al presidente de esta institución, Fernando Rodríguez Villalobos, que negara la entrada en la casa de la Provincia "a la pro-etarra Ane Ituiño", la Diputación de Sevilla se ha apresurado a enviar una nota de prensa en la que se afirma literalmente que “en pro de las libertades, de la democracia y de los derechos humanos” quedaban oficialmente “clausuradas” las jornadas.
El comunicado destaca además que la organización había “abusado de la confianza” de la Diputación, así como considera la no presencia del Defensor del Pueblo Andaluz y del Defensor del Pueblo Español, inicialmente en el programa, como “algo que no tiene nada que ver con la propuesta inicial que se recibió en la Casa de la Provincia”, lugar cedido para las ponencias.
La cuestión final, como siempre, es que las autoridades españolas vuelven a ceder al chantaje de los grupos de presión del españolismo más rancio y casposo, demostrando una vez más la complicidad existente entre ciertas instituciones políticas y administrativas del Estado, y las crueles prácticas de tortura llevadas a cabo de manera sistemática por algunos cuerpos y fuerzas de seguridad del mismo, tal y como han denunciado repetidamente diferentes organizaciones de Derechos Humanos a nivel internacional, entre ellas Amnistía Internacional. Para colmo tienen la desvergüenza y el cinismo de hacerlo en nombre de "la libertad, la democracia y los Derechos Humanos". Vivir para ver.
Reacciones de los convocantes
Por su parte, la Coordinadora para la prevención de la tortura ha manifestado que Ángela Mendaro Torres, gerente de la Casa de la Provincia, les había comunicado la censura de las jornadas horas antes del comienzo de la sesión de tarde. No obstante, ni en la web de la Casa de la Provincia ni en la de la Diputación de Sevilla aparece alguna información al respecto. Tampoco podía solicitarse una comunicación con la gerencia del local, puesto que se encontraba cerrado en la tarde del viernes. Tan sólo un cartel, colocado por la organización y no por la Diputación, indicaba la “prohibición” de las jornadas.
Asimismo, la Coordinadora para la prevención de la tortura se ha defendido de la acusación de la Diputación en torno a la alteración del programa explicando que la presencia de Ituiño ya había sido notificada en el proyecto inicial (donde todos los ponentes se encontraban “sin confirmar”, algo que venía especificado), el cual ha podido ser comprobado por el periodista. Por tanto, no existe relación alguna entre las ausencias de los Defensores del Pueblo y la ponencia de la compañera de Torturaren Aurkako Taldea.
La Sección Andaluza de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura está compuesta por el Grupo 17 de Marzo, Federación Enlace y Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.
Comunicado de los organizadores
Ante la decisión de la Diputación de Sevilla de impedir que las IV jornadas contra la tortura continúen celebrándose en la Casa de la Provincia, la CPT-A desea hacer públicas las siguientes consideraciones:
La solicitud del local de la Diputación se realizó siguiendo el procedimiento establecido. Se facilitó para su visado una copia del programa previsto. A la vista de todo ello, la Diputación resolvió conceder el uso del espacio, así como la Universidad de Sevilla otorgó un crédito de libre configuración a la misma.
En el programa previsto, además de los defensores del pueblo que finalmente no pudieron participar y algún otro participante, aparecían todos los conferenciantes que efectivamente figuran en el programa definitivo.
Las IV Jornadas contra la Tortura pretenden ser un espacio de reflexión jurídica sobre la lucha contra la tortura en el Estado español. Los ponentes de las jornadas incluyen fiscales, letrados del Tribunal Constitucional, profesores universitarios, médicos y abogados de prestigio internacional..
La Diputación nos ha comunicado que no podíamos proseguir con el uso del espacio de manera verbal, saltándose todos los procedimientos previstos y sin motivar adecuadamente su decisión. El único fundamento ha sido la preocupación de la dirección de la Casa de la Provincia por una noticia aparecida hoy en el diario El Mundo.
Se nos comunicó por teléfono, una hora antes de que comenzara la sesión de la tarde y dejando en la calle a los ochenta participantes y estudiantes de la Universidad de Sevilla que acudían a las jornadas.
Ante ello, la CPT-A considera que la Diputación de Sevilla, al ceder al chantaje y la desinformación de grupos ultraderechistas ha demostrado su nulo compromiso con la lucha por los derechos fundamentales.
El modo en que se nos ha comunicado la decisión pone en evidencia una manera absolutamente arbitraria de gestionar los espacios de titularidad pública. La decisión se ha tomado una vez comenzada las jornadas. El uso de la Casa de la Provincia no puede estar sometido a los caprichos de quienes la gestionan ni a su interés por mantener determinada imagen pública.
En definitiva, se trata de una decisión que pone en serias dudas el compromiso de la Diputación de Sevilla por la protección de los derechos humanos.
La CPT-A anuncia que iniciará acciones judiciales pertinentes contra los responsables de este atropello y exigirá todas las responsabilidades posibles, así como lo comunicará a todas las instancias internacionales de defensa de los derechos humanos y de erradicación de la tortura.
Las jornadas continúan a pesar de la “clausura”
No obstante de la censura, las jornadas pudieron completarse en el local de la Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía (C/ Blanco White), de manera exitosa y sin verse mermada la numerosa asistencia.
“La tortura en el Estado español es más que esporádica o incidencial”, Theo Van Boven, relator de Naciones Unidas contra la Tortura.
Link de Kaos anunciando las jornadas:
http://www.kaosenlared.net/noticia/iv-jornadas-contra-tortura-sevilla-5-6-marzo
Más información:
http://www.prevenciontortura.org/
José Antonio Pérez, Pedro Antonio Honrubia Hurtado, para Kaos. Andalucía.
INFORME SOBRE VULNERACIONES DE DERECHOS: Avanzan otro informe contrario a Madrid
2010 Martxoaren 05
GARA > Ultima hora > Euskal Herria
La sesión anual del Consejo de Derechos Humanos de la ONU tendrá sobre la mesa la semana que viene otro informe referido a vulneraciones de derechos en el Estado español. Lo presentará el actual Relator contra la Tortura, Manfred Nowak.
05/03/2010
DONOSTIA-. El informe lo presentará el actual Relator contra la Tortura, Manfred Nowak, y según avanzó ayer la organización Behatokia reiterará tanto la denuncia del régimen de incomunicación como la política de dispersión aplicada a los presos políticos vascos. Sobre esta última, Nowak dice que "presenta un riesgo y una carga económica para la familia, y en algunos casos un obstáculo para la preparación de la defensa".
Behatokia considera que este nuevo informe "busca dar continuidad a las recomendaciones ya dadas sobre la tortura en el Estado español y analizar la evolución que este fenómeno haya podido tener". Para ello, Nowak contrasta la opinión facilitada por el Gobierno español con los datos aportados por otras fuentes. Y el observatorio pro-derechos humanos concluye que "se muestra claramente que las posiciones de una y otra fuente en referencia al fenómeno de la tortura son irreconciliables".
El informe hace seguimiento de las recomendaciones hechas en su día por su antecesor, Theo van Boven. Y analiza la situación en el Estado español junto a las de Azerbaiyán, Brasil, Camerún, China, Dinamarca, Georgia, Indonesia, Jordania, Kenia, Mongolia, Nepal, Nigeria, Paraguay, Moldavia, Rumanía, Sri Lanka, Togo y Uzbekistán.
miércoles, 24 de febrero de 2010
España: Muertes bajo custodia durante el año 2010
Desde el 1 de enero de 2001, tenemos constancia de 765 personas que han muertos en estas circunstancias, si bien las administraciones penitenciarias reconocen que en prisión se producen más de 275 muertes anualmente. Estos son sólo son los casos que conocemos, ¿Cuantas muertes bajo custodia se han producido?.
Somos conscientes de que muchas de ellas no merecen reproche penal, pero ¿Cuándo y cómo se pondrá fin a esta situación?
Muertes bajo custodia en 2010
Prisiones (10)
Policía Nacional (0)
Guardia Civil (1)
Policía Local (1)
Ertzaintza (0)
Mossos d’Esquadra (0)
Centros de Menores (1)
Total (13)
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Muertes en centros penitenciarios durante el año 2010
1.- 3 de enero.- J.R.J., de 35 años, murió al parecer por sobredosis en la cárcel valenciana de Picassent.
2.- 13 de enero.- Dos personas murieron en la enfermería de la prisión madrileña de Estremera
3.- 16 de enero.- A.P.G. de 26 años, apareció muerto en la prisión de Teixeiro (A Coruña), al parecer por suicidio.
4.- 19 de enero.- D.V., de 31 años, apareció ahorcado en la celda que ocupaba en la prisión de Sangonera, Murcia.
5.- 19 de enero.- F.J.V., de 53 años, murió en la enfermería de la prisión de Nanclares de la Oca (Álava)
6.- Finales de enero.- Un hombre murió en el módulo penitenciario del Hospital Miguel Servet, de Zaragoza
7.- 11 de febrero.- P.O.B., de 44 años,murió en la prisión de Badajoz, al parecer por una sobredosis.
8.- 15 de febrero.- J.M.C.R., murió en la celda que ocupaba en la prisión tinerfeña de Taníche.
9.- 18 de febrero.- .F.R.A., murió en la prisión de Morón (Sevilla-II). Fuentes oficiales hablan de una sobredosis como causa de la muerte.
10- 20 de febrero.- J.J.M.B., de 28 años, murió en la cárcel gaditana de Puerto de Santa María - II.
Muertes en dependencias o actuaciones policiales durante el año 2010
11.- 20 de enero.- V.G.P. de 22 años y nacionalidad rumana, murió cuando se precipitó al vacío tras ser detenido y esposado por agentes de la Guardia Civil cuando, al parecer, trataba de huir.
12.- 21 de enero- Un hombre de 51 años, apareció ahorcado en os calabozos del cuartel de la Policía Local de Llucmajor (Mallorca)
Muertes en Centros de Menores durante el año 2010
14.- 13 de febrero.- Y.D, de 17 años y origen magrebí, murió en el Hospital Universitario de Canarias, donde fue ingresado en octubre de 2009, tras precipitarse por la ventana de su celda en el centro de menores no acompañados de La Esperanza, Tenerife.
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El durante el año 2019, al menos 110 personas murieron cuando estaban privadas de libertad o en el momento de su detención.
Prisiones (96)
Policía Nacional (3)
Guardia Civil (3)
Policía Local (4)
Ertzaintza (1)
Mossos d’Esquadra (1)
Centros de Menores (2)
Total (110)
Para mayor información:
http://www.nodo50.org/tortura/spip/article.php3?id_article=12786
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Otros Datos
El informe de la Coordinadora de Solidaridad con las Personas Presas titulado “Muertes bajo custodia en el estado español, 2001-2004” recogía los casos de 262 personas que habían pedido la vida cuando se encontraban privadas de libertad durante los años 2001-2004.
http://www.coordinadoradebarrios.org/documentos/Muertes%20Bajo%20Custodia%202001-2004.pdf
La Dirección General de Instituciones Penitenciarias, reconocde que en 2004, 180 personas fallecieron cuando estaban preso.
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El informe de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, recoge, en su informe correspondiente al año 2005 “La Tortura en el Estado español” recoge 66 casos de personas que fallecieron cuando se encontraban bajo custodia en 2005.
http://www.prevenciontortura.org/informe2005/Informe2005.pdf
II.PP. reconce la muerte de 201 personas en las cárceles
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Durante el año 2006, al menos 115 murieron cuando se encontraban bajo custodia por funcionarios de policía o de Instituciones Penitenciarias.
http://www.nodo50.org/tortura/spip/article.php3?id_article=1377
II.PP. reconoce la muerte de 218 personas en prisión en 2006
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Durante el año 2007, al menos 105 personas murieron cuando se encontraban bajo custodia por funcionarios de policía o de Instituciones Penitenciarias.
http://www.nodo50.org/tortura/spip/article.php3?id_article=5421
II.PP. reconoce que en los primeros seis meses de 2007, habían muerto 105 personas.
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Durante el año 2008, al menos 97 personas murieron cuando se encontraban bajo custodia por funcionarios de policía o de Instituciones Penitenciarias.
http://www.nodo50.org/tortura/spip/article.php3?id_article=9270
martes, 9 de febrero de 2010
Abogados afirman que la Ertzaintza «tortura a las órdenes de Ares»
Abogados y familiares de los arrestados en las últimas semanas por la Ertzaintza denunciaron ayer que la «flamante nueva división antiterrorista» de la Policía autonómica «tortura a las órdenes» del consejero de Interior de Lakua, Rodolfo Ares. También criticaron la actitud de la Audiencia Nacional por «vulnerar derechos fundamentales» y aplicar la incomunicación a los detenidos que «permite la tortura para conseguir declaraciones autoinculpatorias».
GARA
Manex ALTUNA | BILBO
Abogados, familiares, amigos y vecinos de las nueve personas encarceladas en las últimas semanas tras ser detenidos por la Ertzaintza comparecieron ayer en Bilbo para denunciar que han sido torturados durante el periodo que han permanecido en dependencias policiales.
La operación comenzó con la detención, el 26 de enero, de Ibon Iparragirre, Asier Badiola, Xeber Uribe, Jabi Zubizarreta y Jon Iñaki Esnaola en localidades limítrofes de la costa entre Bizkaia y Gipuzkoa. En días posteriores fueron arrestados Urtza Alkorta y Zunbeltz Bedialauneta y la semana pasada Olaitz Lema e Igor Martín. Todos han sido encarcelados y han denunciado amenazas, golpes y presiones por parte de la Ertzaintza.
El letrado Alfonso Zenon, que estuvo acompañado por la también abogada Haizea Ziluaga, criticó la actitud mantenida por la Audiencia Nacional española y la Policía autonómica durante el operativo. Acusó al tribunal especial de actuar como un «tribunal de guerra» vulnerando derechos fundamentales de los detenidos y el derecho a la defensa, además de «permitir» que se puedan producir malos tratos en comisaría aplicando el régimen de incomunicación.
En cuanto a la Ertzaintza, afirmó que «tenemos que decir alto y claro» que la «flamante nueva división antiterrorista» de este cuerpo policial «tortura a las órdenes de Ares», en referencia al consejero de Interior de Lakua.
Zenon explicó que la Ertzaintza ha dejado de aplicar el protocolo contra la tortura que puso en marcha el anterior conse- jero de Interior en Gasteiz, Javier Balza, y que, además de incomunicar a los detenidos, es la propia Policía autonómica la que reclama a la Audiencia Nacional que les aplique ese régimen especial.
Tres hospitalizados
El abogado de los detenidos denunció que el teléfono de atención a los familiares que ofrece la Ertzaintza para las personas detenidas en régimen de incomunicación es un «paripé».
Contó cómo en todas las respuestas a los familiares les dijeron que los detenidos se encontraban en perfecto estado y en dependencias policiales, pero que cuando pudieron estar con ellos se enteraron que tres de ellos habían tenido de que ser ingresados en el hospital. Por ello, censuró que el teléfono de atención a familiares «desinforma y miente».
Según indicó Zenon, en el caso de uno de los arrestados -Asier Badiola- fue el propio médico forense el que pidió su ingreso en el hospital dado el estado en el que se encontraba. Badiola fue hospitalizado en dos ocasiones por las lesiones sufridas en las costillas y Xeber Uribe y Urtza Alkorta fueron observados también por los médicos por sendas contracturas musculares en el cuello, debido al largo tiempo transcurrido en posturas forzadas.
«Testigos incómodos»
Zenon cargó también contra la forma de actuación del tribunal especial en esta operación, ya que impidió a los abogados de confianza hasta permanecer en dependencias judiciales.
El letrado relató que solicitaron la aplicación del protocolo contra la tortura que establece que los arrestados sean visitados por un médico de confianza, que sean grabados en todo momento mientras permanezcan en dependencias policiales y que se comunique a los familiares dónde y en qué estado se encuentran.
Sin embargo, ni siquiera recibieron una contestación, ya que el juez Eloy Velasco argumentó que la causa estaba bajo secreto de sumario y que a los arrestados se les había impuesto por ley un abogado de oficio.
En este sentido, criticó que a pesar de que el sumario era secreto se han publicado en los medios de comunicación informaciones relativas a los detenidos. Añadió que tras pasar ante el juez y levantarles la incomunicación tampoco pudieron estar con los arrestados hasta que ingresaron en prisión y que, a día de hoy, los primeros detenidos no conocen las imputaciones en su contra ni los abogados han recibido auto alguno.
En su opinión, el tribunal especial actúa de esta manera porque los abogados son «testigos incómodos y no quieren que veamos a los detenidos nada más pasar ante el juez».
«Lo que hace la Audiencia Nacional aplicando la incomunicación es permitir la tortura para conseguir declaraciones inculpatorias», recalcó.
Zenon dijo que la aprobación de esa práctica ha hecho posible que los arrestados fueran sometidos a «interrogatorios ilegales continuos, sin abogado presente», que hayan «recibido golpes y amenazas», se les haya obligado a estar «en posturas forzadas» y hayan «recibido presiones y, sobre todo, tortura sicológica con amenazas hacia sus familiares, hijos pequeños y parejas» en dependencias de la Ertzaintza.
En nombre del movimiento pro amnistía y los vecinos de Ondarroa que asistieron a la comparecencia, Kemen Bedialauneta criticó que «utilizar la tortura es una decisión política» y persigue «objetivos políticos claros».
Una «decisión política»
Según declaró, «esos mismos que utilizan términos como paz, Estado de Derecho, democracia y convivencia son los que después deciden los métodos de tortura, preparan a los torturadores y ordenan que se torture».
Añadió que mediante la tortura tratan de conseguir «información política, obligan a los detenidos a realizar declaraciones policiales en su contra y, por supuesto, quieren extender el miedo en Euskal Herria».
Bedialauneta quiso enviar un abrazo a los nueve encarcelados tras la operación de la Ertzaintza e insistió en denunciar la actitud «hipócrita» que muchos mantienen ante la violencia «según de donde provenga».
En este sentido, reclamó la necesidad de adoptar «actitudes claras y compromisos serios» para acabar con la tortura. En nombre del movimiento pro amnistía realizó un llamamiento a la clase política vasca, al Ararteko, a las instituciones y, en especial, a los sindicatos de la Ertzaintza para que «hablen claro» ante las denuncias de torturas producidas.
Asimismo, criticó el «silencio» y la «censura» mantenida por los medios de comunicación con respecto a los testimonios de malos tratos recabados tras los encarcelamientos. Aludieron especialmente a EiTB por haber «silenciado y ocultado» en sus informativos las denuncias de torturas.
La sección sindical de LAB en el Ayuntamiento de Ondarroa, en una nota enviada a los medios, también denunció los arrestos y encarcelamientos de las últimas semanas. Según censuró, «mientras la izquierda abertzale está dando pasos para lograr una solución democrática, el Gobierno español insiste en las vías represivas».
«Ni Franco, ni los nuevos franquistas -PSOE, PP- ni los colaboracionistas de aquí -PNV- van a conseguir detener la libertad de este pueblo», destacó.
Desde el sindicato abertzale denunciaron la actitud mantenida por la Comisión Gestora que gobierna la localidad vizcaina, tras ser ilegalizada la candidatura de la izquierda abertzale que obtuvo la mayoría en las últimas elecciones municipales. Según señalaron, «no han hecho ni dicho nada a pesar de ver la violenta situación que ha padecido el pueblo».
También quisieron mostrar su solidaridad con todos los apresados y, en especial, con Urtza Alkorta, que recordaron fue elegida para ser edil por el pueblo de Ondarroa.
ONDARROA
La sección sindical de LAB en el Ayuntamiento de Ondarroa criticó la actitud de la Comisión Gestora por «no hacer ni decir nada» ante la operación policial ni las denuncias de malos tratos en comisaría relatadas por los detenidos.
COMPROMISOS
En la rueda de prensa reclamaron a la clase política vasca, al Ararteko, a las instituciones y a los sindicatos de la Ertzaintza la necesidad de adoptar compromisos contra la tortura.
EITB
Los vecinos de Ondarroa que acudieron a la comparecencia criticaron «el silencio y la censura» de los medios de comunicación, en especial EiTB, con respecto a las denuncias de torturas.
Movilizaciones el sábado y mesa redonda en Iruñea contra la persistencia de la tortura
Este sábado, 13 de febrero, se cumplirán 29 años desde que el vecino de Zizurkil Joxe Arregi falleciera a consecuencia de los malos tratos sufridos en comisaría. Desde entonces, esta jornada marcada en rojo se destina a denunciar la persistencia de la tortura en Euskal Herria. Arregi fue detenido y permaneció incomunicado durante nueve días en los que fue salvajemente torturado. Al terminar la incomunicación fue ingresado en un estado lamentable en el Hospital de Carabanchel, con todo el cuerpo lleno de moratones y quemaduras, y falleció al poco tiempo.
El movimiento pro amnistía ha anunciado la convocatoria de movilizaciones en varias localidades. Según señala, en los últimos 40 años más de 7.000 ciudadanos vascos han sido torturados en dependencias policiales y se siguen repitiendo las denuncias. En este sentido, recuerda que en 2009 por lo menos 45 personas denunciaron haber sido maltratadas y que en lo que va de año el lizartzarra Pello Olano ha dado a conocer públicamente lo padecido en manos de la Guardia Civil, al igual que los encarcelados tras la última operación de la Ertzaintza.
«Tienen la intención de seguir utilizando la tortura», subrayan desde el movimiento pro amnistía tras constatar que «todos los gobiernos han utilizado la tortura en su locura represiva contra Euskal Herria».
«El Gobierno español utiliza la tortura como instrumento político para acabar con la lucha a favor de la independencia, obtener información política, declaraciones autoinculpatorias de los detenidos y con el objetivo de que el miedo se extienda entre los ciudadanos vascos», insiste este movimiento.
Al margen de ello, en Iruñea una plataforma que viene denunciando situaciones como las macrorredadas, las detenciones «preventivas», las «listas negras» y el uso de la incomunicación ha convocada una mesa redonda sobre la tortura, que tendrá lugar a las 11.30 en los institutos de la Plaza de la Cruz.
Se prevé que en ella tomen parte representantes de Torturaren Aurkako Taldea, Amnistía Internacional y Comité para la Prevención de la Tortura, junto a Martxelo Otamendi -que denunció tormentos tras su detención en el «caso Egunkaria»- y representantes de sectores como la abogacía, la medicina y la siquiatría.
A la sesión han sido invitados además los colectivos con los que ha contactado esta plataforma, que va recabando adhesiones de todo tipo. Hace unos meses celebraron ya en Iruñea una movilización que reunió a unas 2.500 personas en defensa de la viabilidad para todos los proyectos y en contra de la represión, y anuncian ya otra en torno al mes de mayo.
Según recuerdan, tras aquella primera movilización se han producido otros acontecimientos relevantes, como la nueva macrorredada contra la juventud en noviembre de 2009 o el nuevo informe de la ONU que emplaza al Estado español a eliminar el régimen de incomunicación.M. A.
domingo, 24 de enero de 2010
Martxelo Otamendi, director de "Berria" y exdirector de "Egunkaria"
"Me torturaron para obtener información sobre mis entrevistas a ETA".
lunes, 18 de enero de 2010
Cuando la tortura se llama justicia
un artículo de Mikel Arizaleta
inSurGente.- "(...) Es sabido que desde años, en el estado español, gobiernos y jueces colaboran en público y en privado con la tortura, que se mofan de los derechos humanos. Es costumbre vieja. A lo más el indecente-gris se calla. “Cuando vinieron a por los comunistas guardé silencio. Yo no era comunista”. Entre nosotros los torturados, de antes y ahora, son legión, como los torturadores. No es ninguna rara avis un juez colaborador con la tortura. Produce congoja, desaliento, asco…, denuncian a Pinochet, a Franco, a Hitler, a Bush, a la Inquisición, a Videla, pero no por eso dejan ellos de ser también criminales y torturadores. Un ejemplo de hoy: Fernando Grande-Marlaska. Incomunica para que torturen. Y hecho el trabajo en la mazmorra la sala castiga al torturado y absuelve al torturador. (...)"
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Cuando la tortura se llama justicia
por Mikel Arizaleta
Entre nosotros es gangrena putrefacta.
“Corría el año 1944 cuando Vilches Vargas fue detenida e interrogada en el cuartel de la Guardia Civil. La colgaron desnuda, cogida por los pies con un garfio de carnicería. Vilches Vargas era una mujer gruesa y los guardias civiles le fueron cortando la grasa de los costados, no de un tajo sino filete a filete. Quiero decir que no lo paso de una vez. Con vida esa mujer y colgada por los pies como un cerdo y filete a filete. A mí eso no me ha contado nadie, lo he visto, es que lo he visto, esto lo he visto… Le dejaron los huesos mondados al aire” (Consuelo García en Las cárceles de Soledad Real, pág 150).
Cuenta Petra Cuevas en la pág. 101 del libro Cárcel de mujeres que fue interrogada ante Carlos Arias Navarro. Los funcionarios de policía colocaron cables pelados alrededor de sus muñecas y provocaron la descarga, pero no obtuvieron la información deseada, mientras Arias le comentaba que lo habían aprendido de las checas republicanas. Sistemas de tortura refinados, estudiados técnicamente para causar daño y bestialidad. Pero tan sólo fue una de tantas. Luego este hombre hizo carrera en el gobierno de España. Fue, entre otras cosas, director general de seguridad, fiscal, gobernador civil de varias ciudades, jefe del Movimiento, alcalde de Madrid, procurador en cortes, ministro y presidente del gobierno. Bajo su gobierno se ejecutó a Salvador Puig Antich, a Jon Paredes, Txiki, y Anjel Otaegi, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz y Humberto Baena. Tras la muerte de Franco en 1975, el rey Juan Carlos le confirmó como presidente del Gobierno. Así gobierna el rey Juan Carlos. Carlos Arias Navarro fue también gobernador de Navarra entre 1954 a 1957, como Luis Roldán, Jesús García Villoslada o Pedro Luis Ruiz de Alegría Rogel (1992-1994). Mismo perro con collar distinto, aunque a partir de 1982 se les denomine delegados de gobierno. Así se gobierna en España.
Desde la cárcel, a donde fue enviado por el juez Fernando Grande-Marlaska, Pello Olano cuenta que los guardias civiles le impusieron las declaraciones con tortura: "Me ponían boca abajo en el suelo, con las manos atadas atrás y con unas mantas encima y tres personas sentadas sobre ellas. Mientras, otro me metía la cabeza en la bolsa, todo ello entre gritos y amenazas sin parar". Se orinó varias veces encima y se calzó un pantalón de guardiacivil. Olano añade que en los 80 fue detenido en otras tres ocasiones y pasó hasta diez días incomunicado, "pero esta vez ha sido la más dura. Antes te pegaban directamente, pero ahora emplean las bolsas". Al preguntarle si le interrogaron sobre la situación de Lizartza, responde: "No, pero me decían que Regina Otaola estaría muy contenta". Es el último testimonio, pero existen tomos gruesos de relatos inhumanos y criminales.
Ninguno ha sido condenado por torturador. Es sabido que desde años, en el estado español, gobiernos y jueces colaboran en público y en privado con la tortura, que se mofan de los derechos humanos. Es costumbre vieja. A lo más el indecente-gris se calla. “Cuando vinieron a por los comunistas guardé silencio. Yo no era comunista”. Entre nosotros los torturados, de antes y ahora, son legión, como los torturadores. No es ninguna rara avis un juez colaborador con la tortura. Produce congoja, desaliento, asco…, denuncian a Pinochet, a Franco, a Hitler, a Bush, a la Inquisición, a Videla, pero no por eso dejan ellos de ser también criminales y torturadores.
Un ejemplo de hoy: Fernando Grande-Marlaska. Incomunica para que torturen. Y hecho el trabajo en la mazmorra la sala castiga al torturado y absuelve al torturador. Pero sin miedo a errar y con años de experiencia pongan Audiencia Nacional. Lean los numerosos relatos espeluznantes, bestiales, sádicos, detallados y minuciosos de los presos/as políticos vascos. Lean sus denuncias ante el tribunal. Escuchen hoy a Pedro Olano y gritarán de nuevo: ¡Malas bestias!
El día 26 de diciembre de 2009 el periódico Deia relataba a toda página cómo un grupo de voluntarios pasaba la “nochebuena sin jamón” sirviendo de forma altruista la cena de los más desfavorecidos en un comedor social de Bilbao. Entre ellos un antiguo gobernador-delegado civil de Navarra (1992-1994), hoy cordero ante el portal, ayer torturador con el detenido (escuchen los relatos de los torturados bajo su cuarto): Pedro Luis Ruiz de Alegría Rogel. Hipocresía de gobernantes, paz criminal y ensangrentada, verdad que es mentira, generosidad que es mueca y tapadera de cloaca, justicia que es venganza. La España una amasada de tortura con manos ensangrentadas de sus amos.
No vayan lejos, lean Irredentas. Las presas políticas y sus hijos en las cárceles franquistas, reeditado en el 2010, del profesor Ricard Vinyes y lean, a continuación, las confesiones de los presos/as políticos vascos, de sus hijos y visitantes sobre las actuales cárceles españolas. Sólo cambian las fechas, prosiguen el maltrato, la humillación, el desprecio, la tortura eterna, de años, de dictadura. ¿Su respuesta ante la denuncia? Nueva tortura con comentario de impunidad: “…me decían que Regina Otaola estaría muy contenta” (es la alcaldesa del PP del pueblo de Olano, que usurpó el puesto).
En el fondo el mismo mensaje macabro de campo de concentración: “¡Perded toda esperanza!” Pero la esperanza del hombre no es la desesperanza parda de los malvados sino la solidaridad tierna de los generosos.
Vi que estabas…
Volví la frente: Estabas. Estuviste
esperándome siempre.
Detrás de una palabra
maravillosa, siempre (Blas de Otero)
Un beso cálido a los masacrados por la justicia.
jueves, 17 de diciembre de 2009
Amnistía Internacional denuncia maltratos y abusos en centros de menores de toda España
Enviado por otromadrid.org 16/12/09 - 01:04
Un informe de Amnistía Internacional (AI) denuncia que menores internados en centros de protección en España son víctimas de maltratos y abusos, algunos de ellos sexuales. Asegura que son atados, amordazados, medicados sin diligencia y apartados en celdas de aislamiento.
Así lo recoge un informe de AI que se ha hecho a partir de entrevistas a ingresados, familiares y educadores de centros terapéuticos de Catalunya, Andalucía y Madrid.
En el caso de Catalunya, se han recogido denuncias de este tipo en los centros de Font Fregona de Torrelles de Foix (Alt Penedès), La Merced de Tarragona y el Hogar de la Pau de Manresa.
El informe, titulado Si vuelvo, ¡me mato!, denuncia que muchos de los menores que ingresan en los centros bajo la protección y el cuidado de las administraciones, son sometidos a castigos (atados, amordazados), ingresados en celdas de aislamiento y reciben medicación forzada, sin que se investiguen estas situaciones.
Indefensión
"Los menores que ingresan en esos centros están totalmente indefensos, porque nadie sabe cuántos son y cuántos centros existen y las administraciones y las entidades privadas que los gestionan dificultan que se lleve a cabo esas investigaciones independientes", ha dicho el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán.
También lo ha explicado Sara Caras, una de las menores que estuvo ingresada en el centro malagueño Dulce Nombre de María, donde ingresó a los 15 años procedente de un centro de protección, en el que había vivido desde que a su madre le retiraran su custodia.
Actitud común
"Me daban continuamente tranquilizantes, ingresé en celdas de castigo, me ataban a la cama, me ponían esparadrapo en la boca para que no gritara, me pegaban puñetazos y a veces me despertaba sentada en un silla, a la que había estado atada durante doce horas", ha dicho Sara, quien ha explicado que nunca iba al colegio.S
egún la joven, esta actitud la mantenían todos los educadores del centro y ha lamentado "no haber conocido nunca a nadie que se sentara a escucharnos o a darnos consejos".
Su abogado, José Antonio Bosh, ha destacado la paradoja de que la mayoría de estas niñas son trasladadas a estos centros "porque las madres o las familias no pueden atenderles" y cuando cumplen los 18 años "devuelven a los niños, sin estudios y sin redes sociales, totalmente indefensos".
Denuncias del Defensor del Pueblo
Amnistía ha recordado que el Defensor del Pueblo, en su último informe, y varios defensores autonómicos han denunciado estas situaciones, "pero las administraciones no lo han tenido en cuenta y no han hecho prácticamente nada".
Por ello, ha anunciado que habrá movilizaciones, sobre todo en las tres comunidades analizadas, "para exigir que estos menores tengan la protección que se merecen".
De los 58 centros conocidos, tres son de gestión pública y el resto privada, ha señalado la organización.
Ver También:
http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=670655&idseccio_PK=1021
domingo, 13 de diciembre de 2009
ESTADO ESPAÑOL | NUEVO EXAMEN INTERNACIONAL A LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
El Comité contra la Tortura de la ONU pide abolir la incomunicación
Alvar Chalmeta / Redacción
Jueves 10 de diciembre de 2009.
Tras su exhaustivo examen, que se prolongó a lo largo de varias sesiones, los nueve expertos del Comité contra la Tortura de la ONU (CAT), hicieron públicas, el 19 de noviembre, sus conclusiones. Este informe es la única valoración que el CAT hace pública sobre el grado de cumplimiento de cada Estado respecto a la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles. Formado por expertos internacionales, el Comité tiene gran prestigio y peso moral pero no fuerza vinculante y sus propuestas son presentadas como recomendaciones. En el caso español, la reacción a las diez páginas de la valoración del CAT (disponible en: http: //www2.ohchr.org/english/bodies/ cat/cats43.htm) ha sido, sobre todo, el silencio.
Si bien el Gobierno tiene tres meses para contestar si quiere, por escrito al informe del Comité, por ahora ningún representante oficial lo ha valorado públicamente. Tampoco lo han mencionado, salvo excepciones, los medios de comunicación. Así una nota de El Mundo resaltaba la “satisfacción” de los expertos “por la actitud de España con la tortura” en lo que parecía una valoración general positiva del CAT. Las opiniones de organizaciones de derechos humanos son, sin embargo, bien distintas.
“El Comité toma nota” Behatokia, observatorio vasco de derechos humanos, consideró que el Estado español ha vuelto a suspender el examen de la ONU y que al CAT “le sigue preocupando la impunidad de la tortura”. Y resalta que el Comité considera que el régimen de incomunicación español “vulnera las salvaguardas propias de un estado de derecho”.
Por su parte, Jorge del Cura, portavoz de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura (CPT), quien presenció varias de las sesiones, explica que la dureza con la que, en numerosas ocasiones, los expertos interpelaron en Ginebra a la delegación española hacía presagiar un informe muy duro. Sin embargo, reconoce, el informe final ha sido muy diplomático. Lo achaca a que el Gobierno español “posiblemente haya hecho muchas promesas de reforma de las deficiencias señaladas y haya ganado tiempo”. Del Cura se refiere a las respuestas que envió por escrito la delegación española tras haber agotado el CAT el periodo previsto de sesiones para el Estado español sin haber sido contestadas todas sus dudas.
Además resalta el portavoz de la CPT, que una de las frases que más se repite en el informe es: “El Comité toma nota de..., pero el Estado parte debería...”. Considera que “El CAT está diciendo que toma nota del propósito de enmienda del Gobierno, y le deja un plazo para comprobarlo. Es como si un profesor te dijera: “no has estudiado, pero como dices que lo vas a hacer voy a esperar para ver si te suspendo”.
“¿No les parece que ya se les ha repetido suficientemente?”
POR IRATXE URIZAR (ABOGADA DE BEHATOKIA, OBSERVATORIO VASCO DE DERECHOS HUMANOS)
Nada ha cambiado”. Estas fueron las palabras que el presidente del Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas, el chileno Claudio Grossman, pronunció tras escuchar las explicaciones de la numerosa delegación española. Durante dos sesiones, los nueve miembros del Comité escucharon pacientemente las largas exposiciones de la delegación, que se limitaron, en muchas ocasiones, a leer el articulado de los diferentes códigos legislativos o normas específicas. Incluso los representantes gubernamentales sacaron a colación la cantidad de dinero aportada por el Estado español a los diversos fondos voluntarios de la ONU. Por su parte los miembros del CAT recurrieron a frases como “las explicaciones ofrecidas no son suficientes”, “no han aclarado este punto”... Si la delegación española negó hasta la saciedad que exista tortura y siempre tras repetir incansablemente que hay un problema de terrorismo, el CAT contestó recordando la existencia de numerosos informes de organismos internacionales con datos contrarios. Y es que todos estos informes, al igual que las organizaciones que hemos estado en contacto con el Comité (AEDIDH, Amnistía Internacional, Coordinadora para la Prevención de la Tortura, Behatokia..), a las que se refirieron como “personas cualificadas que saben de lo que hablan”, coinciden en mostrar su preocupación. La incomunicación fue sin duda el tema que más preguntas protagonizó, y cuando ya finalizaba la última sesión y tocaba irse a casa, al CAT le quedaron todavía más por formular, por lo que pidió a la delegación española que se las contestara por escrito. Los miembros del Comité se refirieron a la incomunicación como “medida inquisitorial” y “zona gris”. Incluso la marroquí Esadia Belmi afirmó que con este régimen una persona detenida ya es considerada “presunta culpable” puesto que su voluntad está absolutamente anulada, al no poder elegir ni abogado ni médico. La ausencia de posibilidad de elegir es una medida que, en sus intervenciones, los miembros del CAT consideraron inconcebible y que propiciaba espacios de impunidad donde la tortura es posible. El Comité se refirió una y otra vez a las recomendaciones formuladas por todos los organismos internacionales respecto a este tipo de detención, y subrayó reiteradamente que necesitaba una explicación de por qué no se había escuchado ni una sola de las recomendaciones. “¿No les parece que ya se les ha repetido suficientemente?”, espetó un miembro del CAT a la delegación española. Y es que, este mismo Comité ya lo expresaba hace siete años en su anterior examen, en el que no sólo reclamaba la mejora de las garantías para la persona detenida durante la incomunicación, sino la supresión de la misma. El cansancio por repetir hasta la saciedad que este tipo de detenciones podrían “ser una medida no acorde a un Estado de Derecho”, hizo que el presidente del Comité utilizara la ironía. Respecto a la grabación del paso de la persona incomunicada por dependencias policiales y a la aparente incapacidad para realizarla, espetó a la delegación española: “Yo podría recomendarles un sistema barato de grabación”. En conclusión, una vez más, quedó constatado, tal y como dijo el correlator y miembro del CAT, el senegalés Abdoulaye Gaye, que “las medidas internas son suficientes para acabar con la tortura pero son inoperantes. Lo que hay es falta de voluntad de investigar y sancionar”.
jueves, 10 de diciembre de 2009
Trece jóvenes más son juzgados tras sufrir «detenciones preventivas»
Trece ciudadanos vascos se sientan desde ayer en el banquillo de la Audiencia Nacional, seis años después de haber sido detenidos en las «redadas preventivas», bajo el argumento de que sus nombres aparecían en una documenta- ción incautada a militantes de ETA. La mayoría negó haber tenido contacto con la organización armada y afirmó haber sufrido torturas durante la incomunicación. Una manifestación denunciará estos procesos el sábado en Iruñea.
GARA
Los trece jóvenes vascos arrestados en diversas operaciones preventivas en 2003 y que desde ayer están siendo juzgados por la Audiencia Nacional española negaron durante la sesión las acusaciones que les imputa la Fiscalía.
En el banquillo se sentaron Ikerne Indakoetxea, Ramón López, Regina Maiztegi, Zugaitz Izagirre, Maider Egiguren, Carlos Martin, Alberto González, Gorka Iriarte, Galder Bilbao, Iker Casanova, Arantza Martin, Javier Gil y Mikel Garaiondo. Fueron arrestados entre octubre y noviembre del 2003 en dos de las siete «redadas preventivas» realizadas en Euskal Herria bajo el argumento de que sus nombres aparecían en la documentación incautada por la Policía francesa a presuntos «responsables de captación de ETA».
Pese que algunos de los acusados aceptaron haber recibido algún tipo de emplazamiento para colaborar con la organización armada, explicaron que no la aceptaron. Otros desmintieron haber recibido cualquier oferta para entrar en ETA.
Ninguno de los jóvenes respondió a las preguntas del fiscal ni a las de la acusación particular, ejercida por AVT, en la sesión que se desarrolló durante la mañana de ayer. Mientras, a preguntas de la defensa la mayoría de los jóvenes recordó y denunció el trato recibido de la mano de la Policía española en los cinco días que duró la incomunicación.
De siete a diez años
Estos jóvenes se enfrentan a una petición fiscal que oscila entre los siete y los diez años de cárcel. La petición más elevada es por un presunto delito «de integración en ETA» del que acusan a Ikerne Indakoetxea, Ramón López, Zugaitz Izagirre y Carlos Martín, mientras que para el resto solicitan siete años por «colaboración».
La sesión de ayer finalizó hacía el mediodía y no se retomará hasta el lunes con las declaraciones de los instructores y secretarios que participaron en las declaraciones policiales.
Diez de los acusados pudieron poner rumbo a Euskal Herria nada más finalizar la sesión, pero no fue el caso de Mikel Garaiondo, Gorka Iriarte e Iker Casanova, que se encuentran en prisión por otras causas y, por lo tanto, participan en este juicio desde la «pecera».
Los que sí volvieron lo hicieron arropados por decenas de vecinos que acudieron a Madrid a respaldarle, y harán lo mismo en las siguientes sesiones, ya que durante todos los días que dure este juicio un autobús partirá desde Euskal Herria para estar junto a los acusados en el tribunal especial.
El total de ciudadanos vascos arrestados en todas la redadas denominadas como preventivas incluso por las autoridades españolas, y que se desarrollaron entre 2003 y 2005, asciende a 116. La mayoría de ellos, además de ser arrestados, denunciaron haber sido torturados antes de encarcelarlos.
Juicio en París
Por otro lado, durante el juicio contra los zestoarras Julen Eizagirre y Angela Aramendi celebrado ayer en París, y para quienes el fiscal reclamó penas de entre 13 y 15 años de cárcel, una persona del público se levantó y mostró un cartel que decía «Maurice Papon, juzgado por crímenes contra la humanidad fue condenado solamente a 10 años».
Esta persona permaneció durante un minuto levantado hasta que la Policía le quitó el cartel y le obligó a sentarse, pero el juez no lo expulsó de la sala.
Agentes navarros exigen su suspensión y convocan una marcha
Decenas de agentes sociales de Nafarroa han exigido tanto a la Audiencia Nacional como al Estado español en general que suspenda este juicio por «ser injusto y carecer de base jurídica». Además, con el fin de mostrar su solidaridad a los encausados, en especial a los navarros Ikerne Indakoetxea y Ramón López Cid, han convocado una manifestación para el sábado en la capital navarra. La marcha -bajo el lema «No a la tortura, no a los juicios políticos, sí al posible desarrollo de todos los proyectos»- partirá a las 17.00 desde la antigua estación de autobuses.
Como refleja el lema escogido, la suspensión del juicio no es la única exigencia de estos agentes. Tal y como recordaron en la nutrida comparecencia realizada por la mañana en Iruñea, la mitad de las personas arrestadas en las redadas preventivas denunció haber sufrido torturas, por lo que reclaman la derogación de la incomunicación ya que entienden que es ésta la que posibilita la tortura.
Los agentes firmantes, entre los que se encuentran las peñas de Iruñea, Indar Gorri, Salhaketa o Andrea, entre otros muchos, opinan que «se detuvo de manera preventiva a personas comprometidas, porque a lo mejor, en un futuro, podían cometer algún delito».
Cerca de un centenar de vecinos de Altsasu denunciaron este juicio, al igual que en Oiartzun. GARA
martes, 1 de diciembre de 2009
REDADA CONTRA JÓVENES INDEPENDENTISTAS VASCOS
Las denuncias de tortura de los jóvenes se multiplican.
Los relatos de tortura de los jóvenes encarcelados la noche del sábado se suman a las denuncias realizadas por sus compañeros los días anteriores. Estos relatos evidencian que cuanto más largo es el periodo de incomunicación más son las denuncias de tortura e incluso más grave el trato al que someten a los arrestados.
Errepresioaren hordagoari eraikiz erantzun dio gazteriak
GARA
30/11/2009 9:34:00
MADRID-. Tocamientos, simulación de violaciones, continuos golpes en la cabeza y los genitales, amagos con inyecciones de droga, horas en posturas forzadas, insultos y presiones sicológicas.
Estos son algunos de los testimonios recogidos por los familiares y abogados de los treinta y un jóvenes independentistas encarcelados por orden del juez Fernando Grande Marlaska.
Según iban pasando ante el magistrado del tribunal especial y abandonaban la situación de incomunicación en la que habían estado bajo control de la Guardia Civil o la Policía española, los jóvenes encarcelados iban dando cuenta del trato sufrido en manos de sus captores. Trato que se ha ido agravando a medida que se alargaba el periodo de incomunicación, y es que mientras que la mayoría de los jóvenes enviados a prisión el jueves daban cuenta de torturas sicológicas, los jóvenes que estuvieron cuatro días en manos de sus captores alertaban ya de que las torturas no había sido sólo sicológicas.
Las donostiarras Maialen Eldua y Garazi Rodríguez, encarceladas el sábado, relataron haber sufrido tocamientos por parte de los agentes que las custodiaban así como "amenazas con ser violadas y asesinadas".
Ambas indicaron, según recoge el primer resumen de las denuncias de torturas de estos jóvenes emitida por el movimiento pro amnistía, que habían sido obligadas a permanecer tan sólo con la parte de abajo de la ropa íntima durante los interrogatorios y que "han sufrido tocamientos y han sido besadas de cintura para arriba" por los policías.
En este resumen se censura del mismo modo, que otro de los jóvenes encarcelados el sábado, sin que se precise su identidad, fue víctima de "una simulación de violación". Y detalla que a otro lo pincharon por la espalda con una jeringuilla después de se amenazado con drogarlo.
La mayoría de los jóvenes que fueron enviados a prisión el sábado, -además de las donostiarras, el elorrioarra Ibai Esteibarlanda, el sestaoarra Mikel Totorika, el tolosarra Haritz López, el andoaindarra Euken Villasante y los jóvenes gasteiztarras Aitor Liguerzana, Unai Ruiz y Jagoba Apaolaza-, denunciaron haber sufrido continuos golpes en la cabeza, amenazas con ponerles "la bolsa" y que fueron obligados a permanecer en posturas forzadas.
El movimiento pro amnistía recoge también las denuncias realizadas por los gasteiztarras Néstor Silva, Zumai Olalde y Jon Anda; los donostiarras Eihar Egaña y Aitziber Arrieta; los sestaoarras Idoia Iragorri y Nahaia Aguado; la vecina de Barañain Garbiñe Urra; la amezketarra Irati Mujika; Xumai Matxain, de Zaldibia; y el iruindarra Oier Zuñiga, todos ellos encarcelados el viernes. Sus denuncias de torturas también recogen agresiones sexuales, obligación de realizar ejercicios físicos, "la bolsa" y continuos golpes en la cabeza con un libro, entre otros tipos de maltrato.
Un joven ha denunciado además, según el informe emitido, que de camino a Madrid los agentes pararon el vehículo alertando de que irían a ver el lugar en el se encuentra el militante político desaparecido Jon Anza. Otro testimonio recoge que un joven fue "obligado a coger un arma a modo de chantaje", y otros aseguran haber sido encañonados en el trascurso de los interrogatorios.
El movimiento pro amnistía también relata cómo "un joven fue obligado a tumbarse en una camilla donde los agentes se le echaron encima".
En Andoain 120 personas denunciaron este operativo ayer y hoy realizarán otra marcha, al igual que en Sestao.
A la cárcel por organizar marchas montañeras
"Una auténtica academia terrorista". Así describre el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska a una organización juvenil arraigada en la mayoría de los pueblos del país como es Segi.
Marlaska considera que Segi es "un peligro al que se enfrenta la sociedad debido a su fortaleza, a sus estructuras definidas, a sus objetivos a alcanzar y lo más peligroso, con una fuerte base ideológica".
Después de incautarse centenares de camisetas, CDs de música, pegatinas o DVDs que cualquier joven vasco puede adquirir, y es que la mayor parte del auto hecho público por el juez de la Audiencia Nacional la noche del sábado se dedica a inventariar estos elementos, considera que la organización juvenil no es más que "un tentáculo de ETA", hecho que fue difundido por todos los medios.
Debido a "su situación ilegal" dice que la mayor parte de su actividad se desarrolla bajo siglas como Duina y Malatxa, colectivos que hace años dejaron de existir y que la mayoría de los jóvenes arrestados ni siquiera conocerán. Y acusa directamente a Segi de organizar marchas montañeras, Gazte Topagunes, días en favor de la independencia o escuelas de verano.
lunes, 23 de noviembre de 2009
La ONU denuncia que el estado español sigue torturando a sus presos
Kaos. Represión GARA 21-11-2009 a las 12:06 723 lecturas 12 comentarios
www.kaosenlared.net/noticia/onu-denuncia-estado-espanol-sigue-torturando-presos
-->Torturas al vasco Unai Romano en cárceles españolas El Estado español ha vuelto a suspender el examen de la ONU. Su Comité contra la Tortura le insta de nuevo a abolir la incomunicación y muestra su disconformidad con la levedad de las condenas por estos delitos. El Gobierno ha decidido que quien ejerza esta función fiscalizadora sea el Defensor del Pueblo: Enrique Múgica Herzog.
GINEBRA-. El Comité contra la Tortura de la ONU hizo ayer público un nuevo informe sobre el Estado español, tras el examen al que le sometió la pasada semana. La conclusión no podía ser otra, dados los informes anteriores y la insistencia del Gobierno español en mantener su práctica habitual: la ONU le insta de nuevo a abolir el régimen de incomunicación a los detenidos. Sin embargo, la letra pequeña del informe revela otros detalles más noticiables vistos desde Euskal Herria, como la confirmación de que el Gobierno español ha optado por presentar como garante contra la tortura al Defensor del Pueblo, es decir, a Enrique Múgica Herzog.El Gobierno Zapatero ha comunicado a la ONU que las funciones del llamado Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura serán desempeñadas por el Defensor. La creación de este Mecanismo era una obligación para el Ejecutivo después de que suscribiera en abril del 2006 el Protocolo contra la Tortura de la ONU, que impone la implementación de estas y otras medidas. Se trata de un ente encargado de fiscalizar los periodos de detención y que, por tanto, se debería encargar de entrar en calabozos y comisarías para revisar cómo se desarrollan los periodos de arresto.En su día, la Coordinadora para la Prevención de la Tortura formada por decenas de organizaciones de todo el Estado español ya alertó de que Madrid intentaba encomendar las funciones de Mecanismo al Defensor del Pueblo. Tras dos años de consultas reiteradas con organizaciones de este ámbito, hace apenas unas semanas, en vísperas del examen de la ONU, y sin darle publicidad, el Ejecutivo materializó esa intención.El comité con sede en Ginebra da por buena la elección, pero reclama al Estado que dote al Defensor del Pueblo de "recursos humanos, materiales y financieros adecuados para ejercer de manera independiente y eficaz su mandato de prevención en todo el país"."Debe revisarlo"Respecto al fondo de la cuestión, el Comité contra la Tortura explica que "toma nota" de "las disposición adoptadas para mejorar las garantías de los detenidos sometidos al régimen de incomunicación". Cita en concreto el llamado "protocolo Garzón", el Plan de Derechos Humanos y otras medidas.Sin embargo, explica que "debe reiterar su preocupación -compartida por todos los relevantes órganos regionales e internacionales de protección de los derechos humanos- de que el régimen de incomunicación utilizado por el Estado español en los delitos de terrorismo y banda armada, que puede llegar a los trece días, vulnera las salvaguardas propias de un Estado de Derecho contra los malos tratos y actos de tortura. El Comité sigue especialmente preocupado por las limitaciones que este régimen provoca".En consecuencia, establece que "el Estado parte debe revisar el régimen de incomunicación, con el fin de su abolición, y asegurar que todas las personas privadas de su libertad tengan acceso a los siguientes derechos fundamentales del detenido: a) Escoger un abogado de elección; b) a ser visitado por un médico de elección; c) a que se ponga en conocimiento de un familiar o persona que el detenido desee, el hecho de la detención y el lugar de custodia en que se halle en cada momento; d) a entrevistarse reservadamente con un abogado (derecho que actualmente viene restringido, aun cuando éste sea un abogado de oficio)".Las preocupaciones de la ONU no sólo se centran en el régimen de detención, sino también en la levedad de las penas impuestas por delitos de tortura -cuyas sentencias en el caso de Euskal Herria, además, se cuentan con los dedos de la mano-. Tras citar que el Código Penal establece penas de tortura de dos a seis años de cárcel en casos graves y de uno a tres si no lo son, apunta que esta calificación "no parece propiamente ser conforme al artículo 4 (2) de la Convención, que estipula la obligación de todo Estado parte de castigar todos actos de tortura con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad".Critica también que los delitos de tortura prescriban en un plazo máximo de quince años, "mientras que es imprescriptible sólo si es constitutivo de un crimen de lesa humanidad". Para la ONU, Madrid debería garantizar que la tortura no prescribe "en ningún caso". Y le insta también a recopilar los casos de tortura en centros policiales, que actualmente son "imprecisos y discordantes".
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Derechos Humanos
Estado Español
Euskal Herria
Guerra / Criminalización / Represión
La ONU denuncia que el estado español sigue torturando a sus presos
El Comité contra la Tortura de la ONU insta al estado español a abolir su régimen de incomunicación a los detenidos, dado que firmó en el 2006 el protocolo contra la Tortura pero no lo aplica.
Kaos. Represión GARA 21-11-2009 a las 12:06 723 lecturas 12 comentarios
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-->Torturas al vasco Unai Romano en cárceles españolas El Estado español ha vuelto a suspender el examen de la ONU. Su Comité contra la Tortura le insta de nuevo a abolir la incomunicación y muestra su disconformidad con la levedad de las condenas por estos delitos. El Gobierno ha decidido que quien ejerza esta función fiscalizadora sea el Defensor del Pueblo: Enrique Múgica Herzog.
GINEBRA-. El Comité contra la Tortura de la ONU hizo ayer público un nuevo informe sobre el Estado español, tras el examen al que le sometió la pasada semana. La conclusión no podía ser otra, dados los informes anteriores y la insistencia del Gobierno español en mantener su práctica habitual: la ONU le insta de nuevo a abolir el régimen de incomunicación a los detenidos. Sin embargo, la letra pequeña del informe revela otros detalles más noticiables vistos desde Euskal Herria, como la confirmación de que el Gobierno español ha optado por presentar como garante contra la tortura al Defensor del Pueblo, es decir, a Enrique Múgica Herzog.El Gobierno Zapatero ha comunicado a la ONU que las funciones del llamado Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura serán desempeñadas por el Defensor. La creación de este Mecanismo era una obligación para el Ejecutivo después de que suscribiera en abril del 2006 el Protocolo contra la Tortura de la ONU, que impone la implementación de estas y otras medidas. Se trata de un ente encargado de fiscalizar los periodos de detención y que, por tanto, se debería encargar de entrar en calabozos y comisarías para revisar cómo se desarrollan los periodos de arresto.En su día, la Coordinadora para la Prevención de la Tortura formada por decenas de organizaciones de todo el Estado español ya alertó de que Madrid intentaba encomendar las funciones de Mecanismo al Defensor del Pueblo. Tras dos años de consultas reiteradas con organizaciones de este ámbito, hace apenas unas semanas, en vísperas del examen de la ONU, y sin darle publicidad, el Ejecutivo materializó esa intención.El comité con sede en Ginebra da por buena la elección, pero reclama al Estado que dote al Defensor del Pueblo de "recursos humanos, materiales y financieros adecuados para ejercer de manera independiente y eficaz su mandato de prevención en todo el país"."Debe revisarlo"Respecto al fondo de la cuestión, el Comité contra la Tortura explica que "toma nota" de "las disposición adoptadas para mejorar las garantías de los detenidos sometidos al régimen de incomunicación". Cita en concreto el llamado "protocolo Garzón", el Plan de Derechos Humanos y otras medidas.Sin embargo, explica que "debe reiterar su preocupación -compartida por todos los relevantes órganos regionales e internacionales de protección de los derechos humanos- de que el régimen de incomunicación utilizado por el Estado español en los delitos de terrorismo y banda armada, que puede llegar a los trece días, vulnera las salvaguardas propias de un Estado de Derecho contra los malos tratos y actos de tortura. El Comité sigue especialmente preocupado por las limitaciones que este régimen provoca".En consecuencia, establece que "el Estado parte debe revisar el régimen de incomunicación, con el fin de su abolición, y asegurar que todas las personas privadas de su libertad tengan acceso a los siguientes derechos fundamentales del detenido: a) Escoger un abogado de elección; b) a ser visitado por un médico de elección; c) a que se ponga en conocimiento de un familiar o persona que el detenido desee, el hecho de la detención y el lugar de custodia en que se halle en cada momento; d) a entrevistarse reservadamente con un abogado (derecho que actualmente viene restringido, aun cuando éste sea un abogado de oficio)".Las preocupaciones de la ONU no sólo se centran en el régimen de detención, sino también en la levedad de las penas impuestas por delitos de tortura -cuyas sentencias en el caso de Euskal Herria, además, se cuentan con los dedos de la mano-. Tras citar que el Código Penal establece penas de tortura de dos a seis años de cárcel en casos graves y de uno a tres si no lo son, apunta que esta calificación "no parece propiamente ser conforme al artículo 4 (2) de la Convención, que estipula la obligación de todo Estado parte de castigar todos actos de tortura con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad".Critica también que los delitos de tortura prescriban en un plazo máximo de quince años, "mientras que es imprescriptible sólo si es constitutivo de un crimen de lesa humanidad". Para la ONU, Madrid debería garantizar que la tortura no prescribe "en ningún caso". Y le insta también a recopilar los casos de tortura en centros policiales, que actualmente son "imprecisos y discordantes".
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