Tras las declaraciones sobre los activistas de la 'Flotilla de la Libertad'
La Plataforma Estatal de Derechos Humanos pedimos la dimisión del ministro Moratinos
Rebelión
09-06-2010
La Plataforma Estatal de Derechos Humanos que incluye a más de 200 organizaciones sociales de España queremos contestar públicamente a las declaraciones del Ministro de Asuntos Exteriores Miguel Angel Moratinos que aparecieron ayer en la prensa y manifestar que nos parecen tan graves que el Ministro debería dimitir.
Según la noticia que recoge Europa Press: El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Angel Moratinos, ha pedido hoy [por ayer] que no se escuche "únicamente" el discurso de los activistas de la flotilla humanitaria a Gaza que piden que se tomen represalias contra Israel porque, subrayó, "la paz se hace con las dos partes", palestinos e israelíes.
El gobierno de España no ha prestado ningún tipo de ayuda, ni siquiera ofrecieron pagarle el billete de avión de regreso a los tres activistas españoles víctimas del ataque de Israel a la flotilla de la libertad. Tenemos conocimiento que desde Asuntos Exteriores pretenden reunirse el próximo lunes, vegonzosamente más de 10 días después de lo ocurrido, pero con esta afirmación de Moratinos consideramos que el trato que desde el gobierno se está dando a los tres activistas españoles que podían perfectamente haber perdido la vida es de un menosprecio e insulto absoluto y también, por supuesto hacia el resto de activistas pacíficos que acompañaron la misión humanitaria. Entendemos que todos los afectados, incluidas las familias y el país de los fallecidos, Turquía, entre en cólera cuando reciba estas desafortunadas declaraciones que ya hemos enviado.
Desde nuestro punto de vista, en el ataque a la flotilla de la libertad por parte de Israel no hay dos partes enfrentadas como para que se tengan que escuchar a ambas porque no ha habido ningún conflicto, sino un ataque militar en aguas internacionales. Tampoco son “represalias” lo que piden los activistas sino que se condene y juzgue internacionalmente al gobierno de un país que ha cometido una grave ilegalidad y un crimen de lesa humanidad hacia activistas pacíficos.
Lo que se entrevé con las palabras de Moratinos es la más clara justificación que hemos oído del ataque ilegal hacia la flotilla de la libertad y pone en la misma balanza al que ha cometido la ilegalidad y ha matado, que a las víctimas, de las que no olvidemos que tres son nuestros conciudadanos.
Creemos que este ministro con su discurso se hace cómplice del estado de Israel pues en vez de condenar la clara ilegalidad internacional contra la que todo el mundo ha reaccionado está encubriéndola y disfrazando esta acción pretendiendo desviar la atención y que se ignoren las graves denuncias que estos activistas víctimas y testigos presenciales hacen, incluso con la presentación de pruebas en vídeo que demuestran la secuencia de los hechos de la agresión y las salvajes acciones de Israel, y se limita muy desafortunadamente a igualarla con el conflicto israelí-palestino.
Pedimos su dimisión o cese inmediato porque no se puede permitir que el máximo representante, que ha de ser el defensor, de unos españoles que han sido víctimas de un ataque, secuestro y robo, encima defienda y aliente al agresor poniéndolo al mismo nivel que las víctimas.
miércoles, 9 de junio de 2010
¡Dimisión del ministro Moratinos!
viernes, 14 de mayo de 2010
Assad a Moratinos: Israel Socava la Seguridad en Oriente Medio
Al-Manar
13/05/2010
El presidente sirio, Bashar al Assad, acusó el jueves a Israel de socavar la seguridad y estabilidad en Oriente Medio durante unas conversaciones con el ministro de Exteriores español Miguel Ángel Moratinos. “Las políticas de Israel de rechazar la paz y amenazar continuamente con la guerra socavarán la paz y seguridad en la región,” dijo Assad en declaraciones recogidas por la agencia oficial SANA.
Durante su encuentro, Assad reiteró el compromiso de Siria con la paz “para restaurar sus derechos.”
Él pidió a la Unión Europea, cuya presidencia España ocupa este semestre, que “apoye la mediación turca” que en 2008 impulsó unas conversaciones de paz indirectas, ahora bloqueadas, entre Siria y la entidad sionista.
Assad pidió también que la Unión Europea “ejerza una presión sobre Israel para que detenga sus prácticas en los territorios palestinos ocupados, especialmente en Jerusalén Este, y levante el embargo que pesa sobre la Franja de Gaza.”
SANA citó a Moratinos, que dijo que tanto España como Europa estaban interesados en “buscar el fin del clima de tensiones que prevalece en Oriente Medio.”
ISRAEL TRANSMITE GARANTÍAS A SIRIA: NO PLANEAMOS ATACAR
El miércoles, el primer ministro israelí, Benyamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Ehud Barak, transmitieron sus garantías a Siria de que Israel no tiene intención de atacarla.
Ellos pidieron a Moratinos, que estaba visitando la entidad sionista, que transmitiera el mensaje al presidente sirio.
Moratinos accedió a hacerlo y dijo que estaba convencido de que Assad estaba interesado en la paz con Israel y en una aproximación a los países occidentales, según diplomáticos españoles y altos resposables israelíes.
Netayanu preguntó a Moratinos si Assad acudiría a la conferencia de líderes mediterráneos que tendrá lugar el próximo mes en Barcelona. Moratinos dijo que los sirios no han respondido aún y pidió a Netahyahu que asista a la cumbre, donde podría encontrarse con otros líderes, como el presidente de la AP, Mahmud Abbas, y el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan.
Moratinos dijo en un encuentro con el presidente israelí, Shimon Peres, que las tensiones entre Israel y Siria se habían incrementado con respecto a su visita anterior a la entidad sionista en febrero.
Por su parte, el ministro de Exteriores israelí, Avigdor Lieberman, atacó de nuevo el miércoles a Siria en una conferencia de prensa en Tokio, afirmando que había una cooperación militar entre Siria y Corea del Norte que estaba amenazando la estabilidad en Asia y Oriente Medio. Él declaró que Corea del Norte, Siria e Irán eran el nuevo “eje del mal” y señaló que unas armas norcoreanas confiscadas en Bangkok en diciembre iban dirigidas a Hamas y Hezbollah.
jueves, 11 de marzo de 2010
Moratinos: "Uribe es uno de los dirigentes que mayor compromiso ha mostrado en el respeto de los derechos humanos"
"La política de seguridad aplicada por Uribe es más una política de violencia aparentemente democrática, con grupos paramilitares muy relacionados con las instituciones": Joan Nuet, senador catalán
Agencia Prensa Rural | Para Kaos en la Red
El martes 9 de marzo, en horas de la tarde, compareció ante el pleno del Senado de España el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, para responder de forma oral a la pregunta que sobre la situación de los derechos humanos en Colombia le formuló Joan Josep Nuet i Pujals, senador de Izquierda Unida, quien visitó recientemente el país con otros seis legisladores en el marco de una comisión parlamentaria de observación de la situación de derechos humanos en Colombia, organizada por las plataformas de pro-derechos humanos del estado español.
El senador Nuet preguntó: "Dada la gravedad de los hechos denunciados (durante la comisión, nota de APR) y el trascendental papel del Gobierno de España en su relación con Colombia y como puente privilegiado en las relaciones entre la UE y América Latina formulo la siguiente pregunta:
¿Qué posición va a adoptar el Gobierno de España ante las graves denuncias realizadas por una misión plural de parlamentarios y parlamentarias españoles que han constatado un alto nivel de degradación en Colombia del respeto a los derechos humanos civiles,políticos, económicos, sociales y culturales?"
El ministro Moratinos afirmó, al responder, que el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, es uno de los dirigente del continente americano que "mayor compromiso" ha mostrado en el respeto de los derechos humanos en los ocho años en los que ha estado en el poder. Moratinos, además elogió la tarea de Uribe al asegurar que la situación de los derechos humanos "ha mejorado" con Uribe desde que llegó a la presidencia en 2002, aunque haya aún "un camino largo por recorrer". "El modelo político de Uribe es un modelo de seguridad democrática y podemos decir, lógicamente, con las sombras y las luces que ha tenido todo ese proceso difícil en la lucha contra las FARC y la guerrilla, que si hacemos un balance del mandato de Uribe, siendo objetivos, es extremadamente positivo", ha resumido. En concreto, citó la mejora en los espacios de libertad y la creación de "nuevos mecanismos de vigilancia" en el sector sindical.
Para Moratinos, hay que valorar que el Gobierno de Bogotá sea el primero que reconozca que hay una "situación negativa" que afecta a colectivos como las mujeres, los niños, los sindicalistas y los defensores de derechos humanos.
El ministro ha destacado las mejoras en la consolidación del estado de derecho y en los espacios de libertad y el que Colombia tenga voluntad de dialogar en el plano multilateral para ir remediando los déficit existentes.
España y Colombia inauguraron su mecanismo bilateral sobre derechos humanos el pasado 11 de febrero, según ha informado Moratinos. También expresó que se ha garantizado que el acuerdo de asociación, que prevén firmar la UE y Colombia el próximo mes de mayo en Madrid en el marco de la presidencia española de turno, establezca garantías de respeto a los derechos humanos.
Nuet ha pedido a Moratinos supeditar la firma de este tratado a que se exija el "respeto escrupuloso" a las libertades individuales y a la actividad de las organizaciones que las promueven. Urgió al ejecutivo colombiano a respetar el trabajo de los defensores de los DDHH, sindicalistas, campesinos, indígenas, estudiantes, mujeres y periodistas.
El senador catalán (EUiA) ha discrepado de que haya habido mejoras y ha opinado que la política de seguridad aplicada por Uribe es "más una política de violencia aparentemente democrática", cuestionada por el accionar de grupos paramilitares "muy relacionados con las instituciones".
Uribe abandonará el poder después de las elecciones del próximo 30 de mayo una vez que la Corte Constitucional haya cerrado la posibilidad a que pueda aspirar a un tercer mandato.
Debate sobre el TLC con Colombia en el Parlamento Europeo -PE
En Bruselas, entre diciembre y enero ha habido al menos 4 debates parlamentarios sobre el tema TLC UE-Colombia.
El 27 de enero, el ministro de comercio de España, Miguel Sebastian Gascón, presentó ante el PE las prioridades comerciales de España para el semestre. Varios euro-diputados lo cuestionaron sobre el acuerdo con Colombia, debido a la grave situación de derechos humanos en el país.
Sebastián eludió las respuestas diciendo que la Vicepresidenta del gobierno español, María Teresa Fernández, acudiría al PE para "explicar" la situación de los sindicalistas en Colombia y "convencer" al legislativo europeo sobre la oportunidad de la firma del tratado comercial.
En otro nutrido debate anterior se observó claramente la unión de los parlamentarios españoles del PSOE (en el gobierno) y del Partido Popular (en la oposición), presionando la firma del acuerdo y excusando al gobierno colombiano. Otros 4 partidos diferentes, expresaron fuertes criticas por la situación negativa de derechos humanos en Colombia y manifestaron serias dudas sobre la oportunidad de un TLC con este país.
El pasado 6 de Marzo, el Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado (MOVICE), denunciaba que actualmente la fiscalía colombiana investiga más de 1200 casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por el ejército durante el mandato de Uribe Vélez, que 430 sindicalistas han sido asesinados durante el gobierno de la "seguridad democrática" y que diariamente son desplazadas de manera forzada un promedio de 1.250 personas. El MOVICE aseguró que en Colombia operan más de 22 grupos paramilitares
http://www.prensarural.org
Entrevista a Sandra Gamboa, abogada de derechos humanos "Bajo Uribe casi se han triplicado los asesinatos de civiles por fuerzas estatales"
Adolfo Mena
Rebelión
Sandra Rocío Gamboa es abogada defensora de derechos humanos y forma parte del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, uno de los blancos recurrentes de las diatribas del presidente Uribe contra quienes defienden a las víctimas del terrorismo de Estado y lo denuncian. Actualmente, participa como abogada de las víctimas en el proceso que se sigue ante la Suprema Corte de Justicia contra el ex Director del Departamento Administrativo de Seguidad, organismo de "inteligencia" que en Colombia depende directamente de las órdenes del presidente de la República, y del que se ha descubierto que perseguía, amenazaba y facilitaba listas de víctimas a los grupos paramilitares, con quienes se están probando los nexos.
¿Podría explicarnos resumidamente qué es el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, donde usted ejerce como abogada?
El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo es una organización no gubernamental colombiana que lleva ya treinta años dedicada a la defensa de los derechos humanos en Colombia. Tenemos una concepción de los derechos humanos como una integralidad. Eso ha implicado que en el derecho interno colombiano representemos a víctimas y defendamos a detenidos políticos y de conciencia, y emprendamos otro tipo de acciones en orden a asegurar la Verdad, la Justicia y la Reparación en diversas jurisdicciones del sistema judicial colombiano. Asimismo hacemos un litigio internacional ante el Sistema Interamericano y el de Naciones Unidas. Actualmente esperamos que la Corte Penal Internacional pose sus ojos prontamente sobre la realidad colombiana, e igualmente hacemos un trabajo en derechos económicos, sociales y culturales, así como tenemos un equipo de acciones constitucionales. Igualmente contamos con una oficina de prensa que reproduce las noticias del acontecer en materia de derechos humanos en Colombia y constituye un importante espacio de expresión de los movimientos sociales, sindicales, organizativos en Colombia.
Sobre el Colectivo de Abogados se han lanzado muchas calumnias desde el ámbito estatal y paraestatal colombiano. ¿Podría aclararnos cómo se financia el Colectivo y cuál es su ámbito de acción?
La Corporación Colectivo de Abogados se define desde el humanismo social. Ésa es, por decirlo de alguna forma, "la ideología política" del Colectivo de Abogados. Nosotros nos financiamos con proyectos que aseguran, primero, una independencia del Estado: cuando hay independencia tienes la posibilidad de decir lo que piensas y de ejercer una labor crítica y en defensa real de los derechos fundamentales. La asistencia que prestamos a las víctimas es gratuita. Si hay algún ingreso por algunas acciones que ganamos, esto entra a aumentar nuevamente lo que es el fondo para defensa de las víctimas. No hay un enriquecimiento a título institucional o individual, sino una permanente ubicación de recursos para poder seguir atendiendo la situación de los derechos humanos en Colombia, que es grave. Cuando se es un abogado defensor de los derechos humanos, el pertenecer a una organización como ésta constituye no sólo un honor, sino un espacio donde precisamente el tema económico no sigue siendo el límite que normalmente es en la asistencia a las víctimas y a los perseguidos por razones políticas.
Un honor, pero también un riesgo. ¿Podría explicarnos qué supone para un abogado el estar vinculado a una organización como la Alvear Restrepo?
Realmente es una situación que se comparte, no sólo con los abogados del Colectivo, sino en general con todos quienes ejercen, de una forma u otra, la defensa de los derechos humanos en Colombia. Particularmente, se está en este momento procesando ante algunos estrados judiciales, entre ellos ante la Corte Suprema de Justicia, una persecución existente, organizada desde lo más encumbrado del Estado colombiano, contra organizaciones de derechos humanos, contra líderes sindicales y sociales. Son aproximadamente cuatro procesos, uno de ellos en la Corte Suprema de Justicia contra Jorge Noguera donde, entre otras muchas cosas, se determina su responsabilidad en el suministro de listados de sindicalistas, políticos de oposición, dirigentes sociales, etc. con destino al paramilitar Jorge 40, muchas personas de las cuales fueron efectivamente asesinadas. Actualmente, este caso se adelanta por tres de estos homicidios, y estamos ante la Corte surtiendo la etapa de juicio, esperando que finalmente la Corte tenga las condiciones para poder administrar justicia en un ambiente sensato, un ambiente de paz, lo cual por ahora es un poco imprevisible, en la medida en que se han denunciado intentos de asesinato de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así como algunos testigos han denunciado que han sido de una forma u otra presionados en relación con los testimonios que han de vertirse.
La situación en las regiones de Colombia realmente es lamentable. Hay un número de abogados que son asesinados, pero últimamente y con mayor crudeza durante estos dos períodos presidenciales de Uribe, se han presentado lo que son las detenciones arbitrarias: hemos llegado al extremo de que un dirigente del Movimiento Nacional de Víctimas de Estado está soportando la criminalización de su accionar y está siendo acusado de ser un paramilitar de ultraderecha. Es una cosa absurda, y en este contexto también están las posibilidades de la desaparición forzada, de una ejecución extrajudicial, de una detención arbitraria...
Pero no nos vamos a callar. Nuestro compromiso con los derechos humanos sigue, a pesar de entender los alcances de una peligrosa comprensión de los derechos humanos por parte del Estado. Lo que se ha ventilado en estos procesos es que organismos estatales verificaban incluso los informes de derechos humanos que sacaban incluso organizaciones de derechos humanos como una práctica consuetudinaria, por considerar que podrían afectar la institucionalidad que ellos reflejan en una persona, que es Álvaro Uribe Vélez.
Sería conveniente que nos aclarara la dimensión del caso en el que usted actúa como abogada de las víctimas, porque muchas veces, se habla del "escándalo de las chuzadas del DAS" y mucha gente entiende que son escuchas ilegales, pero que "al fin y al cabo se hicieron para preservar la seguridad de todos los colombianos". En este caso, ¿de qué estamos hablando exactamente, y por qué hay tanto miedo por parte del Estado colombiano de que se sepa la verdad?
Realmente, el caso de Noguera es sólo uno de los múltiples casos que evidencian la existencia de un aparato organizado de poder, de un aparato criminal, que emergía del Estado, que accionaba con funcionarios estatales, que tenía diversos ejecutores, y que, entre otras cosas, lo más mínimo que realizaban, que ya es de por sí muy grave, eran las escuchas, los seguimientos permanentes, las interceptaciones de todo tipo de comunicaciones de los miembros del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, sus amigos, sus familiares, las víctimas y todas las personas con las que tenían alguna relación personal o laboral, sino que además, también se ha determinado el envío de sufragios, de coronas fúnebres, la redacción y la existencia de unos manuales de redacción de amenazas, amenazas que efectivamente fueron verificadas.... La historia de persecución que habíamos sufrido, los ataques, los hechos que habíamos venido denunciando con el hallazgo de unos archivos dentro de la misma sede del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) han tomado sentido y han explicado cómo en realidad no se trata de un tema de simples intervenciones telefónicas o de correos electrónicos, sino que en realidad nos encontramos frente a un crimen de lesa humanidad; un crimen de lesa humanidad de persecución que coincide además con un crimen de lesa humanidad de tortura, porque son niños, son mujeres que entregan su trabajo por la construcción de la paz en Colombia quienes han sido las víctimas predilectas de este aparato de poder criminal.
¿Cuál es la tesis sobre la que ustedes trabajan para demostrar la culpabilidad de Jorge Noguera en este caso, y del Estado colombiano? ¿Cómo se puede llegar a establecer ese vínculo entre los crímenes del paramilitarismo y el Estado colombiano?
Frente a eso hay dos cosas que hay que tener presentes. La primera, es que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) es un organismo estatal que depende de manera directa del presidente de la República. No existe ningún punto intermedio entre el presidente de la República y el Director del DAS. Estas actuaciones que se desarrollan tanto en el proceso que actualmente conoce la Corte Suprema, contra Jorge Aurelio Noguera, como las demás investigaciones, como las demás investigaciones que se desarrollan en diversas fiscalías, entre ellas, ante el Despacho del Fiscal General de la Nación, lo que evidencian es la creación y la implantación de una estructura. La jurisprudencia de Derecho Penal Internacional se ha ocupado en evidenciar cómo hay muchos aparatos que se organizan desde el mismo poder estatal para perseguir o exterminar a determinados grupos. A partir Welzel y de unas críticas que le hace Roxin a Welzel, se viene a configurar una observación dogmática denominada la autoría mediata. Esta autoría mediata ha sido discutida por las Salas de Cuestiones Preliminares 1 y 3 de la Corte Penal Internacional, y lo que se ha observado es la aplicación inicialmente por parte de las Salas de Cuestiones Preliminares, de lo que se llama la coautoría mediata en los aparatos organizados de poder, y ya con el caso Al Bashir tenemos el primer caso donde el Fiscal de la Corte Penal Internacional directamente imputa y solicita medidas a la Sala de Cuestiones Preliminares fundándose en esta teoría.
Nosotros en la observación del caso de Noguera Cotes en particular llegamos a la conclusión de que analizando el caso desde un codominio funcional, es decir, una lógica de coautoría dogmáticamente reconocida, podía concluirse su responsabilidad; pero también podría hacerse desde la empresa criminal común, o mediante la coautoría mediata. La cantidad de medios de prueba documentales, testimoniales y de toda índole que obran en contra de Noguera Cotes permiten determinar su responsabilidad de forma absolutamente concluyente.
En esta vía, y teniendo en cuenta que éste es sólo un pequeño asomo hacia la punta del iceberg, en este caso hemos venido fundamentándolo en la coautoría mediata porque a nuestro juicio revela de una forma más completa y adecuada cuál es la estructura criminal que subyace a la verificación de crímenes de lesa humanidad contra la población colombiana.
Asistimos en las últimas semanas a una serie de ataques por parte del mismo presidente Uribe hacia refugiados colombianos que están en el exterior haciendo una actividad de defensa de los derechos humanos en diferentes puntos de Europa, incluso con la afirmación de que "hay que acabarlos". Aquí en España incluso la aparición de un auto que llega a acusar incluso al Gobierno de Venezuela de haber colaborado con las FARC y con ETA, pero sin que se sepa en qué pruebas se está basando, y arremetidas contra personas que trabajan en el acompañamiento a los derechos humanos en Colombia. ¿Estamos ante un mecanismo nuevo o en Colombia también es habitual que la Justicia se utilice para perseguir?
Lamentablemente uno de los mecanismos más utilizados contra la población civil colombiana ha sido los procesamientos y las detenciones arbitrarias, que han sido un lugar común. Hace unos años hubo un reconocimiento a nivel internacional del tema de estas detenciones masivas arbitrarias. La impresión que existe en muchos casos es que estas detenciones masivas arbitrarias se han finiquitado, pero lamentablemente esto no es así. En Colombia son perseguidas las personas por la región donde residen, por su pensamiento, por su ejercicio académico, etc. Actualmente están procesados el periodista William Parra, el profesor Miguel Ángel Beltrán... casualmente estas personas son acusadas por el mismo fiscal, en unos procesos que se han distinguido por la vulneracion del debido proceso, y en unas condiciones de tal magnitud, que consideramos que la independencia judicial puede estar seriamente afectada, en la medida en que si una decisión tomada por la Corte, necesariamente o con mucha frecuencia, es discutida en términos absolutamente hostiles desde el Ejecutivo, ¿qué puede esperar un juez de inferior rango que no tiene el nivel de protección que puede tener la Corte Suprema para administrar justicia? Nosotros tenemos muchos casos en las regiones donde los jueces no tienen siquiera un policía que esté a la entrada de su despacho, a pesar de llevar casos absolutamente graves.
El panorama no es el mejor. No obstante, los defensores de derechos humanos seguiremos aplicando y exigiendo el respeto a nuestros derechos fundamentales. Para dar un ejemplo, en el caso del periodista William Parra, después de que debimos presentar una acción de tutela que ganamos para que no nos escondieran el expediente y para poder tener acceso a que se definieran unas pruebas, yo fui conminada por el fiscal a comportarme "como una dama" -según sus palabras- "no como una simple abogada litigante". El ejercicio es limitativo, hay vulneración del debido proceso, pero nosotros seguiremos en nuestra labor de denuncia y de exigencia de los derechos de nuestros defendidos y de las víctimas, y necesariamente se precisa rodear la administración de Justicia, con formación, con medidas de protección que permitan tomar las decisiones conforme a la ley y sin necesidad de ningún tipo de presión.
Ayer hubo una pregunta parlamentaria en el Congreso de los Diputados español. Un diputado preguntó al ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, por la situación de los derechos humanos en Colombia y las relaciones con este gobierno. La respuesta del ministro de Exteriores fue que el presidente Álvaro Uribe ha hecho mucho por la mejora de la situación de derechos humanos en Colombia y que se ha venido notando la mejora. ¿Cuál es la respuesta que desde los profesionales que trabajan día a día con las víctimas y que ven la realidad se le puede dar al canciller español?
Lo que yo puedo decir es que en Colombia tenemos un conflicto armado, tenemos una situación de vulneración absoluta de los derechos fundamentales que, lamentablemente, se ha agravado con la presencia de Álvaro Uribe Vélez en el poder. Tenemos unas cifras grandísimas de ejecuciones extrajudiciales, y observamos que la tasa de ejecuciones extrajudiciales donde incluimos a las personas civiles que han sido asesinadas directamente por fuerzas estatales, es una tasa que se ha más que duplicado y casi triplicado en los dos períodos de Uribe. Y comparando estos dos períodos, usted lo que observa es que se ha sostenido el incremento de ejecuciones extrajudiciales en Colombia. Y no es una situación insular, en algún departamento, es una situación generalizada, además sistemática, que plantea una política. Ejecuciones que se incrementaron con posterioridad al año 2005, a través de un decreto, expedido desde el Ministerio de Defensa, estando como ministro de Defensa el actual candidato Santos, donde ponían precio por la cabeza de supuestos insurgentes que fueran asesinados. Nosotros hacemos un llamado a los buenos oficios que puedan hacerse desde el exterior para contribuir a que en Colombia se reconozca que hay un conflicto armado, para que se pueda aplicar y respetar el Derecho Internacional Humanitario por todas las partes. La cooperación con Colombia debe ser una cooperación para la paz, y hago un llamado a la importancia de la solidaridad internacional, de la que depende la vida y la muerte de los defensores de derechos humanos en Colombia.
viernes, 12 de febrero de 2010
Moratinos en Guinea Ecuatorial
Una siempre espera que Moratinos haya tocado fondo, que ya no pueda caer más bajo, o que alguna de sus esperpénticas actuaciones acabe, por fin, en un cese fulminante. Sin embargo, siempre es capaz de llegar aún más lejos. Tras un breve viaje como agente empresarial de un grupo de "emprendedores" a los democráticos Kazajistán y Uzbekistán, el imparable Moratinos emprendió una circense visita a Guinea Ecuatorial acompañado por un grupo de empresarios y políticos que comparten su falta de escrúpulos, una visita que pasará a la historia como uno de los episodios más vergonzosos de su ejercicio.
Poco importa que al mismo tiempo Human Rights Watch hiciera público un demoledor informe sobre el país, Well Oiled. Moratinos se deshacía en elogios hacia el dictador y su "afán modernizador", negaba impúdicamente las evidencias, rehabilitaba para la historia a un siniestro ex ministro franquista elogiándole por ser el "padre de la independecia de Guinea" e incluso criticaba a la prensa española por no ofrecer "una imagen más ponderada y objetiva del país".
La codicia usurpaba impunemente su lugar a la diplomacia. Tamaño ejercicio de cinismo ha dado sus frutos y las empresas españolas (incluida las armamentísticas, que tiene un filón en las dictaduras) podrán sacar tajada, aunque esa tajada vaya manchada de sangre, mucha sangre. Ramón Lobo, básandose en el informe de HRW, nos ofrece abundantes datos sobre la verdadera situación en el país, que amplía Ahmar en un interesante comentario:
"Desde que se descubrió y comenzó a extraer petróleo en los años noventa, el PIB guineano se ha multiplicado por 5.000. [...] El informe de HRW señala algunos de sus logros capitales durante el boom petrolero. La mortalidad infantil ha pasado de 103 fallecimientos por cada mil en 1990 a 124 por cada mil en 2007. La mortalidad de los menores de cinco años también aumentó, de 170 por cada mil en 1990 a 2006 por cada mil en 2007. El expolio no tiene corazón."
Hoy, en una entrevista aparecida en Público, le piden su opinión sobre el citado informe y Moratinos responde diciendo que los datos hay que valorarlos en su contexto y que se han dado "pasos positivos", como "ratificar en el Parlamento la ilegalización de la tortura". Sobran los comentarios.
A continuación, añade que a finales de año se celebrarán elecciones y habrá observadores internacionales. Ramón Lobo, de nuevo, pone las cosas en su sitio: "[En las elecciones] de mayo de 2008, el PDGE de Obiang se hizo con 99 de los 100 escaños. Dejó uno para la oposición del CPDS. Pese a la estafa, tres observadores españoles (Fátima Aburto (PSOE), Francesc Ricomá (PP) y Jordi Xuclá (CiU), que espero no vuelvan a observar nada al menos a cargo de los presupuestos generales del Estado, declararon que los comicios representaban un avance". En cualquier caso, siempre nos quedará su posible sucesor: "En 2006, el hijo mayor de Obiang, Teodorín, compró una propiedad en California valorada en $35 millones. En 2004, se gastó alrededor de $8.45 millones en mansiones y automóviles de lujo en Sudáfrica. Su único ingreso conocido era un salario mensual de $4,000 como ministro del Gobierno. Los $43.45 millones que se gastó entre 2004 y 2006 para mantener su fastuoso estilo de vida superan los $43 millones que el Gobierno gastó en educación en 2005" (HRW).
Para un seguimiento detallado de la rocambolesca expedición pos(neo)colonial, recomiendo las excelentes crónicas del enviado especial de ABC, Alfonso Armada: 1 - 2 - 3.
Y por si alguien aún tiene dudas sobre la catadura moral de Moratinos, que no se pierda las respuestas que da en la entrevista concedida a Público a las preguntas sobre la limitación de la justicia universal y la represión china de la revuelta uigur en Xinjiang. Toda una declaración de su falta de principios.
jueves, 10 de diciembre de 2009
“Marruecos sabe realmente quién es Aminetu Haidar pero España no”
La activista saharaui continúa su huelga de hambre
10-12-2009
Héctor Rojo Letón
Diagonal
Con estas palabras recibía Haidar al representante del Ministerio de Asuntos Exteriores, cuando llevaba más de dos semanas en huelga de hambre y la preocupación ya desbordaba a La Moncloa.
“Estaba convencida de que la iban a detener, porque ya lo habían hecho con los siete activistas que regresaban de los campamentos. Nosotros volvíamos con ella para grabar la detención. Aunque nos quitaron alguna cinta, tenemos el momento de la detención”, explica a este periódico Pedro Barbadillo, uno de los periodistas que acompañaban a Haidar en su regreso a El Aaiún y que están grabando un documental sobre la activista saharaui, que posteriormente inició una huelga de hambre en el aeropuerto de Lanzarote.
Tanto la detención y expulsión de Marruecos, como la huelga de hambre no tuvieron en sus inicios la consideración de grave conflicto internacional. Y para ambas situaciones las reacciones desde EE UU han sido fundamentales. Según Barbadillo, hasta que el hijo del ex senador Robert F. Kennedy no se empezó a preocupar, la situación fue muy complicada en el aeropuerto de El Aaiún, totalmente sitiado por fuerzas policiales y militares. Haidar regresaba de EE UU tras recoger el Premio de Derechos Humanos Robert Kennedy.
Según el actor y presidente de la Plataforma Todos con Aminetu, Willy Toledo, “al principio nadie del Gobierno, ni del PSOE, dieron señales de vida. Ningún tipo de comunicación. Pero desde que apareció una nota de prensa del Departamento de Estado de EE UU todo cambió”. Quince días después del inicio de su huelga de hambre, el primer responsable de Asuntos Exteriores visitó a la activista saharaui. Haidar recibió a Agustín Santos con estas palabras: “Respecto a mi situación que es ante todo inhumana, una situación en la cual se están violando todas las convenciones internacionales, sobre todo aquellas firmadas por el propio Marruecos, sobre todo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos… No vine a España por mi propia voluntad. Vine obligada a viajar, después de una detención abusiva que duró 24 horas en el Sáhara Occidental. Después de que se tomó la decisión abusiva de expulsarme de manera ilegal de mi tierra y con la decisión de llegar hasta el final”.
Toledo explica a DIAGONAL que no van a dejar morir a Haidar, aunque reconoce que todo dependerá de la saharaui. “La respuesta de Moratinos fue la típica de un país totalitario: desacreditarla a ella y a su entorno”, dice Toledo. “Es una reacción provocada al descubrir que alguien tiene la dignidad y determinación de Aminetu. Eso les hace tambalearse. Por suerte, parece que han dejado de lado a Moratinos, que estaba muy enfurecido”, continúa, en referencia a las muestras de nervios que el titular de Exteriores desplegó ante los periodistas en la Cumbre Iberoamericana de Lisboa, y ante sus adversarios en el Parlamento.
Las acciones realizadas por los Gobiernos de Marruecos y España, a través de sus agentes y autoridades, han vulnerado la legalidad internacional, la legislación interna de Marruecos y España y los derechos humanos de Aminetu Haidar, según denunciaba en un comunicado la defensa de Haidar el 2 de diciembre.
Por su parte, Marruecos no puede denegar la entrada o expulsar a un nacional. Y en el Estado español se repiten las irregularidades, empezando por la compañía áerea, que la trasladó forzosamente y contra su voluntad, ya que no existe resolución alguna de expulsión de El Aaiún y Haidar no posee la documentación necesaria para entrar en territorio español. “La recibimos legalmente, posee tarjeta de residencia”, explica la máxima responsable de Asuntos Internacionales del PSOE, Elena Valenciano. “Por razones humanitarias tiene un permiso de residencia, podría entrar si ella quiere, pero llegó obligada y esto no se puede hacer sin su pasaporte”, contradice la abogada de la saharaui, Inés Miranda.
Además, Haidar ha sido condenada a una multa de 180 euros sin ni siquiera estar presente ella ni su defensa en la vista oral. A la vez su denuncia contra el Estado español y marroquí ha llegado a la Audiencia Nacional, sin ser informados como parte del proceso. “Nos hemos enterado por la prensa”, reconoce Miranda, quien resume la situación de Haidar como un atentado contra su libertad de movimiento, ya que es obligada a montar en un avión y durante días no la han dejado regresar.
“No sé si servirá para que el conflicto saharaui empiece a solucionarse, pero sí que el pueblo tiene un nuevo referente, que necesitaban desde la muerte de El Uali en 1976”, afirma Toledo. “Gracias también a los distintos galardones que se me ha dado en el extranjero, [Marruecos] pensó en tirarle el balón a España. Marruecos sabe realmente quién es Aminetu Haidar pero España no”, explicaba a Santos la propia Haidar.
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/Marruecos-sabe-realmente-quien-es.html
martes, 8 de diciembre de 2009
Haidar rechaza cualquier ayuda médica tras la presión española
as presiones del Gobierno español para obligar a Aminatu Haidar a abandonar su huelga de hambre han provocado que la activista saharaui rechace cualquier atención médica. El juez denegó ayer por la noche el ingreso forzoso de Haidar en un centro sanitario.
GARA
ARRECIFE
La activista saharaui Aminatu Haidar ha asegurado que la actuación la noche del domingo del juez de guardia en Arrecife, Jerónimo Alonso, al visitarla con un médico forense para analizar su estado de salud, la ha empujado a renunciar a toda atención médica.
Así lo manifestó a través de un comunicado que leyó Fernando Perahíta, miembro de la Plataforma de Apoyo a Aminatu Haidar en el aeropuerto de Lanzarote, donde la activista cumple hoy 23 días en huelga de hambre.
Haidar aseguró sentirse aterrorizada por la forma violenta en la que el juez entró en el habitáculo en el que se encuentra la ciudadana saharaui en el aeródromo, comparando la actuación de Alonso y las personas que le acompañaban -el secretario judicial, un médico forense y agentes de la Policía judicial- con la de la Policía marroquí, encendiendo la luz y expulsado a las personas que en ese momento se encontraban con ella, incluida su abogada, a quien no se permitió presenciar el trámite judicial.
Ante ello, Haidar reiteró que esta manera de actuar del juez la ha «empujado a tomar esta decisión de renunciar a cualquier atención médica pública o privada».
Junto a ello, denunció que la amenazaron con la alimentación forzosa, «lo que viola mis derechos, está contra la Ley y va contra los derechos humanos».
Sin ingreso forzoso
La visita del juez Alonso se produjo a instancias de la delegada del Gobierno español en Canarias, Carolina Darias, y es el primer paso destinado a alimentar forzosamente a Haidar, una práctica calificada como tortura por la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero que el Estado español ya ha aplicado con anterioridad a presos políticos vascos y del PCE(r) y los GRAPO.
Alonso decidió ayer que no ingresará a Haidar en un centro sanitario de Lanzarote porque ella ha mostrado claramente su oposición a esta medida.
La decisión de iniciar los trámites para la alimentación forzosa se produjo después de que el viernes el Gobierno español decidiera unilateralmente embarcar a Haidar en un avión hacia El Aaiún y dejarla sin ninguna protección en manos de las autoridades ocupantes marroquíes. Finalmente, Marruecos no otorgó el permiso para que el avión despegase.
Haidar denunció que Madrid «la enviaba a la muerte» y enmarcó esta maniobra en un intento de quitarse el problema de encima obligándola a abandonar su huelga de hambre.
En este contexto se enmarca también la iniciativa parlamentaria que ayer impulsó el ministro español de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, que se reunió ayer en Madrid con los portavoces del Congreso para tratar de consensuar un documento en el que se insta a Haidar a abandonar su huelga de hambre.
En la reunión de Madrid también participó el jefe de Gabinete del ministro, Agustín Santos, que negoció con la activista saharaui en el aeropuerto de Lanzarote y que ha sido recusado por la Plataforma de Apoyo a Aminatu Haidar al considerar que su objetivo ha sido engañarla para que dejara la huelga de hambre. También acudieron José Antonio Alonso (PSOE), Soraya Sáenz de Santamaría (PP), Pere Macías (CiU), Gaspar Llamazares (IU), Emilio Olabarria (PNV) y Carlos Salvador (UPN, en representación del Grupo Mixto).
La proposición no de ley que prepara el PSOE pretende buscar una posición común para que todos los grupos soliciten a Haidar que abandone la huelga de hambre. Asimismo, se pide a la ONU que se involucre en «la gestión de un problema humanitario que le concierne con la intervención de su representante especial para el Sahara», destacó José Antonio Alonso.
«Debe abandonar su huelga de hambre. Puede continuar con su protesta usando otros medios porque España es una país democrático», insistió Alonso.
A instancias de Llamazares, se introdujo un punto en el que se insta al Gobierno español a «redoblar esfuerzos» con el Ejecutivo marroquí.
El PP se mostró dispuesto a apoyar la iniciativa, pero reclamó al Gobierno que no espere a un pronunciamiento del Congreso. «Estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea posible, vamos a ayudar al Gobierno en este callejón sin salida, pero hay que actuar desde ya. Si el Gobierno nos pide que le instemos a actuar, nosotros ya le estamos instando», declaró Sáenz de Santamaría.
Llamazares censuró el «seguidismo del Gobierno español respecto a Marruecos en el conflicto saharaui, bien sea por complicidad o por ingenuidad. No antepusieron el derecho internacional y la conveniencia política y al permitir la entrada de Haidar han provocado un mal mayor».
Mientras, Rabat continúa con su ofensiva contra los saharauis. El ministro marroquí de Exteriores, Tayeb Fassi-Fihri, denunció, en el marco de la Cumbre UE-Marruecos que se celebró ayer en Bruselas, lo que calificó de «chantaje» de Haidar. «La señora Aminatu Haidar ya no es una defensora de los derechos humanos puesto que actúa en función de una agenda política», declaró.
Amenazas marroquíes
Junto a ello, amenazó con suspender la colaboración con la UE en materia de control de la inmigración y de lucha contra activistas islamistas si se aceptan las demandas de Haidar.
El ministro marroquí añadió que la protesta de Haidar tiene como objetivo impedir que se retomen las conversaciones entre Marruecos y el Frente Polisario bajo supervisión de la ONU.
«El Consejo de Seguridad de la ONU ha convocado una negociación basada en el compromiso y el realismo. Desgraciadamente, la otra parte [el Frente Polisario y Argelia] no ha dado muestras ni de compromiso ni de realismo», añadió.
Según las tesis de Rabat, el Frente Polisario se encuentra en una situación de debilidad, puesto que en el seno de la ONU cada vez tiene más fuerza la propuesta marroquí de conceder una autonomía limitada a Sahara Occidental, desconvocando así el referéndum de autodeterminación saharaui.
Advierten de la ilegalidad de la alimentación forzosa
El presidente de la Comisión de Deontología, Derecho Médico y Visado de la Organización Médica Colegial (OMC), Marcos Gómez, advirtió ayer de que alimentar sin su consentimiento a Haidar sería un delito, «ya que está en su derecho de dejar de comer hasta las últimas consecuencias, hasta suicidarse».
«Se trata de una mujer libre y en su sano juicio, que ha tomado una decisión conscientemente y que, amparada por la ley, está en su perfecto derecho de llegar hasta las últimas consecuencias, aunque esté en un sitio público», señaló a la agencia Europa Press el doctor Gómez.
Según este experto, quien trate de alimentar forzosamente y contra su voluntad a la activista estaría incurriendo «en un delito contra la Ley de Autonomía del Paciente, de 2002, que dice que todo ciudadano tiene derecho a decidir si quiere o no un tratamiento o si quiere comer».
Para Gómez, este caso concreto es «absolutamente diáfano» y no plantea «ninguna duda ni ética ni deontológica, como las que, por ejemplo, podrían surgir cuando la huelga de hambre es de un preso o de otra persona que se encuentre en un proceso judicial, ya que en este caso, estarían privados de libertad y podría surgir un conflicto a interpretar de muchas maneras».
En este sentido, destacó que «se supone que está correctamente informada de las consecuencias de su decisión y que se le está haciendo un buen seguimiento por si cambiara de opinión».
«Si queremos que esta mujer vuelva a comer, está muy claro lo que hay que hacer, darle un pasaporte y cumplir con lo que se había dicho», añadió.
