Miércoles 21 de abril de 2010.
Nodo50
Jorge del Cura
Los abajo firmantes nos vemos en la obligación de hacer ciertas precisiones ante las iniciativas llevadas a cabo por asociaciones de derechos humanos e intelectuales de diversos ámbitos geográficos para respaldar al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, imputado por delitos de prevaricación por los procesos que instruye por desaparición de personas durante la guerra civil y el franquismo.
Antes que nada, tenemos que reconocer que nos encontramos en un terreno terriblemente resbaladizo. Terreno en el que se vierten denuncias contra sus acusadores que también se podrían achacar al ahora acusado, y solidaridades y palabras de apoyo para con éste que, desde nuestro humilde punto de vista, deberían ser matizadas.
En efecto, hemos alzado la voz de forma rotunda contra la intromisión de los tribunales de justicia para bloquear iniciativas que tienen un evidente cariz político, la defunción de debates públicos vivos y necesarios por la acción de los estrados. En este caso concreto, la iniciativa en favor de las víctimas del alzamiento fascista, no la circunscribimos al impulso del juez Garzón, sino que consideramos que responde a la acción anónima, decidida y consecuente de cientos de asociaciones e individuales que han luchado denodadamente por el conocimiento y reconocimiento de la verdad y la justicia. Es a ellos a quien se corta el camino ante los tribunales de justicia.
Por otra parte, no podemos sino remarcar que el reproche a la intervención inaceptable de la Justicia en el libre debate político es imputable también al propio Sr. Garzón. Paradójicamente, es ahora víctima de una politización de la justicia que él magistralmente diseñó e impulsó. Su apelación a la ambigüedad de las acusaciones que ahora se vierten contra él, la «patente desviación de los hechos objeto de esta causa» que denuncia en su recurso, o la instrucción «sesgada» de que se considera víctima, «que sólo cabe explicarse desde una idea preconcebida de este asunto, que le impide analizar con objetividad los hechos que contempla» no es sino su propia medicina, esa que se ve obligado a probar él mismo. Y que ahora denuncia por amarga.
Pero es que, además, se regala solidaridad a Garzón por parte de varias organizaciones, con el apelativo de «defensor de derechos humanos» sin repasar su currículum al respecto.
No es vano recordar que realiza su actividad jurisdiccional desde la herencia más envenenada recibida de la Justicia franquista, la Audiencia Nacional, sustituta del TOP -Tribunal de Orden Público-. Más aún, sabiendo perfectamente que las jurisdicciones especiales son la esencia de los regímenes totalitarios. La naturaleza arbitraria de este tribunal fue oportunamente señalada por el propio Relator para los Derechos Humanos en la Lucha Antiterrorista, Martin Scheinin.
No es baladí apuntar que en su actuación ha impulsado casos contra medios de comunicación, asociaciones populares, partidos políticos e incluso defensores de derechos humanos, que se deben calificar como una agresión directa a la libertad de expresión y al derecho de libre asociación pacífica. El propio Comité de Derechos Humanos hizo recientemente patente su preocupación al respecto.
No es gratuito traer a estas líneas que Garzón, en su actividad diaria al frente del Juzgado especial que dirige, da orden de detener a personas acusadas de terrorismo bajo el régimen de incomunicación, verdadero espacio de impunidad en el que se producen brutales torturas. Organismos como el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa -CPT-, el Comité contra la Tortura -CAT- o diferente Relatores Contra la Tortura del sistema de Naciones Unidas han reclamado reiteradamente la abolición de esta modalidad de detención, cuya aplicación lleva la rúbrica de este magistrado.
No es trivial recordar que el juez, ahora elevado a la condición de defensor de derechos humanos por varias asociaciones, se ha mostrado impasible ante las denuncias de tortura que le narraban detenidos bajo su responsabilidad. Entre otros, el ciudadano vasco Josu Arkauz, cuyo testimonio de tortura fue considerado por el CPT «detallado y coherente» y que reprochaba al Juzgado nº 5 que no adoptó medidas «repetidamente recomendadas por el CPT» para evitarlas. Esta es la línea argumental seguida también en el caso de los detenidos en Catalunya en la llamada «Operación Garzón» durante los Juegos Olímpicos de Barcelona, caso ante el que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentenciaba el 2 de noviembre de 2004 que las investigaciones de tortura no habían sido «los suficientemente profundas y efectivas para cumplir con las exigencias de los tratados internacionales».
Conocemos, pues, la actitud de Garzón en el ámbito internacional, así como la conocemos en el doméstico. Sabemos de su interés por aparecer como el juez progresista, para poder así llevar a cabo una actitud represiva sin parangón, desde los despachos del tribunal excepcional de la Audiencia Nacional. Hemos visto de primera mano su pasividad con la tortura en sus quehaceres diarios, así como hemos podido constatar que su actividad en el ámbito internacional en el ámbito de los derechos humanos no es más que un ligero barniz, sin que sus acciones en ningún caso hayan pasado de ser testimoniales.
Verificamos, por fin, los excesos de su tribunal, que denunciamos de la misma manera que denunciamos los excesos que otros tribunales comenten ahora con el juez Garzón. La admisión a trámite de la presente querella por querer investigar los crímenes contra la humanidad cometidos durante el periodo franquista, es atentatoria contra la declaración de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad por el Comité de Derechos Humanos de la ONU y contra el sentido común.
Desde esa legitimidad, no podemos sino oponemos a la designación de este juez como defensor de derechos humanos, cuando su actuación ha sido, mientras le era favorable a sus intereses, idéntica a la que ahora denuncia.
(*) Junto a Jorge del Cura, firman este artículo Ramom Lôpez-Suevos Fernándes y Elvira Souto (Esculca-Observatório para a Defensa dos Direitos e Liberdades), Ramón Piqué (Associació Memòria Contra la Tortura), Eva Pous (Alerta Solidària), Montserrat Munté (Acció dels Cristians per l’Abolició de la Tortura), Maite de Miguel y Eduardo Rivero (Independientes), Ane Ituiño y Lorea Bilbao (TAT-Torturaren Aurkako Taldea), Julen Arzuaga, Iratxe Urizar y Edurne Iriondo (Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokia), Andoni Hernández (Eskubideak Euskal Abokatuen Elkartea), José Ramón Pérez (Salhaketa - Araba), Carlos Hernández (Salhaketa - Bizkaia), Iñaki Rivera Beiras (Universidad de Barcelona), Gemma Ubasart i Gonzàlez (Universidad Autónoma de Barcelona-UAB), Amalia Alejandre (abogada, Madrid), José Manuel Hernández (abogado, CAES), Luis Ocaña Escolar y Emma Valiente (Grupo 17 de Marzo, Sociedad Andaluza de juristas para la defensa de los Derechos Humanos).
miércoles, 21 de abril de 2010
La paradoja de Garzón
jueves, 18 de febrero de 2010
El juez Garzón es victima de su propia medicina
Carlos Aznárez
Baltasar Garzón, símbolo de la represión contra los luchadores vascos, tiene ahora dificultades con los mismos que lo han mimado y premiado hasta el cansancio.
El juez Baltasar Garzón empieza a recibir parte de la medicina que siempre él ha propiciado. Ahora, los tribunales continuistas del franquismo (como la Audiencia Nacional que tanto "brillo" le ha dado al superjuez) le advierten que no meta su narizota en investigar los crímenes del franquismo. La advertencia es clara: que no investigue a los inspiradores de quienes actualmente arropan a Garzón para que castigue sin piedad a los luchadores vascos.
Asustado porque puede dejar de ser una joya preciada de la corona, el juez pide auxilio a "demócratas" de su entorno y a la progresía mundial, y como el planeta está lleno de desmemoriados y "mal informados" (eso sí que no se lo cree nadie), ya ha recolectado una buena lista de adherentes. Entre ellos algunos respetables intelectuales como el gran poeta argentino, Juan Gelman, autor de un reciente artículo solidario con el juez, titulado "No se entiende".
"Garzón es mala hierba", dijo en su momento un hombre que lo conoció de cerca, el juez Joaquín Navarro, lamentablemente fallecido.
En ese sentido hay mucho para historiar. Un hombre que administra "injusticia" a pedido de quien lo contrata. Y es por eso, que se ha convertido con el tiempo en el buque insignia de la arremetida represiva contra el independentismo vasco y otros tantos luchadores que hayan osado desafiar al establishment español.
Garzón convalida la tortura, que habitualmente aplican las fuerzas policiales españolas a los jóvenes vascos que caen en sus manos. Garzón mira a un costado, sonríe cínicamente, bosteza y hasta se irrita si alguien le endilga este mal comportamiento, cuando en los juicios en su querida Audiencia Nacional, chicas y chicos, casi adolescentes, denuncian las barbaridades que le han hecho los guardias civiles o policías del Reino, picana en mano, aplicando el "submarino", practicando violaciones por doquier, utilizando alucinogenos suministrados por el Mossad sionista y otros tormentos por el estilo. Métodos estos, que buscan quebrar voluntades, machacar cuerpos, aterrorizar, e intentar convertir a los detenidos en delatores de sus propios compañeros.
No olvidar tampoco que Garzón es el hombre que no dudó en apoyar al presidente colombiano Uribe en su idea de acabar con la insurgencia por métodos "múltiples", con todo el alcance que encierra esa palabra.
Garzón estuvo también en Venezuela para solidarizarse con los gusanos anti chavistas y protestar por lo que llamó "violación de la libertad de prensa". Se refería así a la no renovación de licencia a la cadena golpista RCTV. Pero alli, no se las llevó de arriba y obtuvo una digna respuesta de su colega venezolana, la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estrella Morales: "Estamos frente a un juez que vino como un mercenario, que vino a parcializarse con una posición que no le estaba dada porque realmente debemos comprender que ya 500 años fueron suficientes, y que Venezuela no acepta, y su poder judicial menos, un neocolonialismo que venga a usurpar lo que es la competencia y la jurisdicción de nuestro país".
El propio canciller bolivariano, Nicolás Maduro, lo calificó de "triste y cobarde" y aseguró que "el Señor Garzón con sus posiciones sobre el proceso revolucionario venezolano no tiene nada que envidiarle a Aznar y a Bush". Más claro, agua.
Por eso, sorprende ahora toda esta alharaca victimista por parte del rebuscado "club de amigos" del juez. Y molesta más aún leerlo a este Gelman pro-Garzón, ex montonero que también luchó en su momento, con los mismos métodos, que otros utilizan hoy en Euskal Herria. Precisamente porque se trata de un hombre que en el pasado no era tan condescendiente con leguleyos y represores, debido a que otros "Garzones" argentinos, como los jueces Quiroga, Perriaux y otros tantos serviles del poder militar, actuaban sin piedad contra la militancia revolucionaria.
No pega con nada que Juan Gelman, cuyo cuerpo está lleno de cicatrices por las pérdidas familiares sufridas a manos de la represión, venga a decir ahora, refiriéndose a un encuentro que tuvo con Garzón en Madrid: "Nos recibió con la misma deferencia y con un rostro que el sufrimiento ajeno le había escrito".
¿El sufrimiento de quien? ¿De los cientos de militantes vascos, tan jóvenes y tan idealistas como el hijo y nuera de Gelman asesinados por luchar contra la dictadura argentina?
O es que Gelman, que escribe habitualmente excelentes crónicas internacionales no sabe que en las mazmorras policiales españolas, similares a la ESMA argentina, se tortura, se humilla, se destrozan cuerpos como lo hacían los uniformados del Río de la Plata.
Gelman, o los Gelman que hoy apoyan a Garzón, ignoran o no quieren saber, que recientemente, un militante vasco llamado Jon Anza (al igual que el argentino Julio López) fue secuestrado y asesinado en la tortura, y que su cuerpo no apareció jamás.
¿Gelman no quiere enterarse, o prefiere pasar de largo, como hizo hace unos años, en la localidad asturiana de Gijón, cuando quien escribe esta nota, y que compartió la misma organización político-militar que el poeta, lo fue a saludar y le pidió que firmara un manifiesto de protesta por el cierre del diario vasco "Egin" y contra la represión a sus periodistas. En esa ocasión, el autor de "Gotan" y "Mundar", eludió el compromiso expresando: "Esto es una emboscada, ¿cómo te voy a firmar esto si tengo que verlo a Garzón?. Lo siento, a mi sólo me preocupan los represaliados argentinos". Y se marchó ofuscado. Allá él y su pensamiento aggiornado que le permitió derramarse en elogios con el Borbón Juan Carlos en ocasión de recibir el Premio Cervantes.
Mientras tanto, el juez Garzón seguía, como siempre, condenando sin pruebas, sacando del medio a abogados defensores, generando una política de indefensión que en cualquier país del mundo más o menos democrático no tendría cabida. Pero claro, el Estado Español, cogobernado por "socialistas" y "popular-fascistas" no entra hoy en la pequeña lista de naciones que respeta los derechos humanos.
De allí, que los mismos que siempre ponderaron las mañas de Garzón para convertirse en "símbolo de la represión anti-vasca", como con toda claridad señaló hace unos días el intelectual argentino Atilio Borón, hoy lo quieran quitar de en medio. Suele pasar con quienes comen de la mano de los poderosos: cuando dejan de servirles para todo tipo de tareas, les envían un telegrama de despido y ni siquiera le dan las gracias por los servicios prestados.
viernes, 4 de septiembre de 2009
El juez estrella Garzón marca otro gol a la ya de por sí mermada democracia española
04-09-2009
Pablo A. Martín Bosch
Rebelión
Poner en duda que el reino de España sea una verdadera democracia o un Estado de Derecho homologable a otras de su entorno, o si se trata más bien de una dictadura blanda o disfrazada de cordero es algo que ya no se le escapa ni tan siquiera –aunque se deba más a motivos electorales y propagandísticos– a la tan manida “derechona” de Alfonso Guerra.
El PP ha venido denunciando en las últimas semanas el “estado policial” al que nos vemos sometidos por las supuestas escuchas a dirigentes del partido. No se quiere hablar de los intentos de infiltración del CNI en NaBai, y mucho menos de los fehacientemente demostrados actos de espionaje a formaciones como HB, hoy en día ilegales, pero con todos los derechos cuando se cometieron los delitos. Delitos que, por cierto, no tuvieron condena.
Dejo, pues, en manos del Partido Popular su denuncia a la falta de libertades en el reino. Les cedo esa lid, y sólo espero que su resultado sea de aplicación tan universal cual exige el cumplimiento de la Ley, que, si bien es dura, es Ley, y no pueda ser reinterpretada o reconducida ad hoc en función de los supuestos delincuentes a los que se deba aplicar –como se hizo con De Juana Chaos, del cual se afirmó que si tenía más delitos habría que inventárselos; o con la llamada Doctrina Parrot, de aplicar las condenas en su totalidad, sin atender a los beneficios penitenciarios; o el Caso Botín, que permite personarse a la acusación particular en unos casos y en otros no; o a la Ley Garaikoetxea, que prohíbe al presidente de una Comunidad (la CAV) estar empadronado en otra (CFN)–. ¿Se han dado cuenta de que ciertas Leyes del reino poseen nombre propio?
Así, desde la Ley de Extranjería, pasando por los cierres de medios de comunicación, leyes de excepción encubiertas y persecuciones de índole político –y no sólo judicial–, hasta la retirada de carteles pro-amnistía –algo que denunciamos como propio de la dictadura de Birmania, pero que sufrimos en nuestro país sin pestañear, la estancia preventiva en las cárceles durante años sin celebrarse juicio alguno, y un largo etcétera, el reino de España ha dejado de ser un Estado de Derecho incluso para la extrema derecha, eso sí, si toca la Justicia a sus peones.
Hoy en día la mesa Nacional de HB sigue encarcelada, representantes parlamentarios de EHAK se ven sometidos al enjuiciamiento y al pago de multas y fianzas de gran cuantía para evitar su paso por las prisiones del Estado. El delito de opinión se va extendiendo peligrosamente a lo largo de la geografía española, y la sospecha de connivencia con el terrorismo se amplía a sectores ajenos a la lucha armada.
A su vez, la Falange Española y el Cristo Rey renace con fuerza. Realizan pintadas, agreden a inmigrantes, destrozan mobiliario de las víctimas del franquismo, amenazan de muerte y actúan con total impunidad ante la indiferencia de las autoridades, que prefieren mirar hacia otro lado antes de tomar partido, si no aplauden sus reivindicaciones como respuesta “patriótica” frente a “amenazas” externas. El peligro del “pensamiento único” va tomando forma poco a poco, sin que nos enteremos y con el beneplácito de una población despolitizada.
En los últimos quince días se ha dado un nuevo paso en favor del Estado Autoritario de Derechas (fascismo). El Gobierno francés ha concedido y ejecutado la orden de extradición de la militante de ETA Maite Aranalde. No es cuestión plantear si dicha medida responde o no al derecho de asilo que le asiste a la detenida en éste caso, eso les corresponde a los jueces internacionales y no ha de ponerse en duda su imparcialidad.
El hecho es que Maite Aranalde es extraditada al reino de España, y es puesta en manos de una policía cuyas prácticas de torturas han sido repetidamente denunciadas por AI. El juez de instrucción de turno –Eloy Velasco– decide, vista la situación de la detenida, su caso y sus circunstancias, dejarla en libertad bajo fianza. La activista (o terrorista, como se prefiera) queda libre por decisión de un juez que interpreta las leyes.
A continuación, el juez estrella Baltasar Garzón decide que las medidas anteriores no le complacen –a él–, y propone su encarcelamiento inminente. La policía no la encuentra, la da por huída, y da orden de busca y captura. Hasta aquí nada extraño en un Estado de Derecho.
Pero el juez Garzón va más allá, y hace declaraciones en contra de su homólogo, Velasco, a quien acusa veladamente de favorecer la huída de la reclusa, sin mencionar que no estaba siquiera sometida a la vigilancia preceptiva por parte de la policía. La crítica la hace en los medios de comunicación –no en los órganos competentes de la Judicatura– dando así un doble mensaje: nadie se puede oponer a lo que él dicta, y él dicta la línea –política– que deben seguir los jueces en lo sucesivo. La crítica, así, pasa de ser judicial –que se debería dirimir en los órganos competentes– a política –lo que conlleva la identidad de los poderes político y judicial impropio de los Estados de Derecho–.
Si el Consejero de Interior del Gobierno Vasco (Ares) y el Ministro de Interior del Gobierno Español (Rubalcaba, el defensor de los GAL, tal y como denuncia el PP) han criminalizado la mera exhibición de carteles de solidaridad con los presos (no de apoyo o apología del terrorismo), ahora el juez Garzón aprieta la tuerca un poco más en favor del régimen fascista que se nos quiere imponer al politizar la Judicatura, que ya no atiende a la universalidad de la Ley, sino al capricho del gobernante.
¡Basta ya de arbitrariedades! ¡No al fascismo encubierto! ¡No a las Leyes de Excepción!
Pablo A. Martín Bosch (Aritz) es Doctor en Filosofía por la UPV/EHU, Licenciado en Filosofía por la UD, Licenciado en Antropología Social y Cultural por la UD, Especialista Universitario en Ciencia, tecnología y sociedad por la UNED.
