Walden Bello
Focus on the Global South
27-12-2009
Discurso ofrecido en la conferencia de Acción Popular Mundial durante el Foro Mundial para la Inmigración y el Desarrollo, Atenas, Grecia, 1 de noviembre de 2009
Los derechos de los inmigrantes deben ser orientados hacia dos frentes: terminar con las políticas neoliberales responsables de haber generado pobreza en sus países de origen, forzándolos a emigrar, y demandar que se les otorguen plenos derechos en sus países de acogida.
La experiencia del trabajador inmigrante se está volviendo cada vez más típica. Comencemos con la mía. Estoy nuevamente de regreso en Filipinas, pero pasé cerca de 20 años como exiliado político en los Estados Unidos durante la dictadura de Marcos. En todo ese tiempo sobreviví trabajando en el periodismo, enseñando, investigando y aceptando trabajos de todo tipo en distintas ciudades de ese país.
Múltiples sitios, identidades múltiples
Esta experiencia de múltiples lugares de trabajo durante mis años activos no es demasiado diferente de la del ingeniero palestino que regresa a Cisjordania o a Gaza, después de trabajar en Kuwait, Egipto y los Estados Unidos. Ni del campesino mexicano que va hacia el norte para emplearse en una variedad de trabajos, regresa a atender su granja en Morelos durante periodos prolongados, y luego vuelve a Chicago. Ni de aquélla del keralí que alterna entre la atención a un pequeño comercio en su ciudad, montado con los ahorros que consiguió gracias a su trabajo en el extranjero, y largas temporadas sirviendo como empleado doméstico en los países del Golfo.
Con múltiples sitios de trabajo han venido múltiples identidades. Con los años, además de nuestra identidad original, comenzamos a considerar a nuestro país de trabajo como nuestro hogar, incluso con afecto, aun cuando ese país no sea hospitalario con nosotros. Y más allá de las identidades forjadas por la nacionalidad y la residencia, está la identidad de clase –que da cuenta de una condición que compartimos con tantos otros de distintas nacionalidades, ese sentimiento de formar parte de una clase trabajadora internacional-.
Realidades positivas y negativas
Pero permítannos no romantizar la suerte del trabajador globalizado. La inestabilidad y la ausencia de seguridad es la condición de muchos.
El capitalismo en la era neoliberal destruye trabajos en casa y los crea por todos lados, forzando a muchos a emprender peligrosos viajes transfronterizos para encontrar esos trabajos. Desregulado como está en la actualidad, el capitalismo se caracteriza por tener periodos de expansión y contracción. Cuando llega la contracción, el grueso de inmigrantes se convierte en algo peligroso, y los políticos oportunistas, desde la cultura dominante, los colocan como chivos expiatorios por la pérdida de sus empleos.
Esta es la situación que se vive hoy en los países desarrollados, donde la discriminación, la represión policial y las deportaciones se han vuelto omnipresentes.
En Europa, esto está acompañado de la estigmatización cultural, con los inmigrantes de origen musulmán definidos como el “otro”.
Pero permítannos no ser tampoco tan negativos respecto de nuestras sociedades de acogida.
A menudo éstas son sociedades democráticas donde hay derechos y libertades institucionalizadas.
Muchos inmigrantes, por supuesto, están privados de algunos de esos derechos y libertades, pero en muchos aspectos, estos países ofrecen un modelo de lo que es posible en nuestras sociedades de origen, donde derechos y libertades son frágiles, si no inexistentes, y la corrupción política aparece por doquier.
Las mujeres de muchas sociedades del llamado Tercer Mundo encuentran en sus sociedades receptoras un nivel de respeto y un estado de igualdad formal con los hombres que están completamente ausentes en las sociedades de donde provienen.
Las mujeres filipinas, por ejemplo, han encontrado en Europa y los Estados Unidos los medios para hacer valer sus derechos reproductivos mediante la contracepción, cosa que las fuerzas ignorantes en sus propios países hubieran hecho imposible. También tienen el derecho de divorciarse de compañeros abusadores, un curso de acción del que hace tiempo están privadas en Filipinas, con su código matrimonial medieval.
Crisis en la economía del país de origen
A pesar de todo lo dicho y hecho, la mayoría de los trabajadores inmigrantes probablemente preferirían quedarse y trabajar en sus países de origen si pudieran encontrar los trabajos que les permitieran una vida decente. Es importante que los defensores de los inmigrantes entiendan las condiciones que han hecho que la emigración desde los países en desarrollo haya sido tan masiva en las últimas tres décadas.
Las condiciones de pobreza y problemas económicos han empujado a las personas fuera de sus sociedades, pero estas condiciones no son naturales. Han sido creadas. Y en el desempeño de los países en desarrollo desde finales de los años ochenta el motor principal de la expansión de la pobreza y las dificultades económicas han sido los programas de ajuste estructural promovidos por el FMI y el BM y la liberalización del comercio empujada por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y los acuerdos comerciales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Promovidos bajo la apariencia de ofrecer eficiencia, estos programas han destruido la agricultura y la industria en un país tras otro. En México, severos recortes en el apoyo estatal a la agricultura, intentos de sepultar la reforma agraria, y el TLCAN, que impuso la liberalización, han hecho de la agricultura un caso perdido, forzando al campesinado mexicano a trasladarse en masa a los Estados Unidos.
En Filipinas, el ajuste estructural ha destruido la base industrial del país y, con ella, cientos de miles de empleos industriales y fabriles, mientras que la liberalización impuesta por la OMC ha hecho poco atractiva la agricultura para aquellos campesinos cuyos productos no puede competir con las materias primas subsidiadas por los Estados Unidos, Europa y otros países. Para muchos de estos campesinos desplazados y sus hijos, la relocalización en las metrópolis urbanas da paso a la emigración.
La economía de las remesas
Entonces lo masivo ha sido el desmoronamiento de nuestra base agrícola e industrial, causado por las políticas neoliberales, por lo que a menudo sólo las remesas enviadas por los trabajadores inmigrantes son las que mantienen a flote a las economías de origen –no es exagerado decirlo así para el caso de Filipinas-.
Las remesas son esenciales y nuestros trabajadores inmigrantes son reconocidos por su heroico papel, pero la economía de las remesas no es sustituta de una economía doméstica saludable. Desafortunadamente, en las Filipinas, nuestros políticos han hecho de las remesas un sustituto de la producción doméstica.
La guerra de dos frentes
Por lo tanto, para encarar con seriedad los problemas que ellos enfrentan, los inmigrantes y sus defensores no pueden sino estar implicados en una guerra de dos frentes.
Por un lado, debemos luchar en nuestros países de origen para terminar con las condiciones de ajuste estructural, la liberalización de mercados y otras políticas neoliberales que han erosionado nuestra base agrícola e industrial y destruido millones de puestos de trabajo.
Debemos decirles al gobierno de los Estados Unidos y a la Unión Europea que no necesitamos ayuda; que lo que necesitamos es que dejen de imponernos acuerdos comerciales bilaterales y acuerdos de asociación económica.
Lo que nuestros países piden es que se detengan los programas de ajuste estructural que siguen realizándose en África, y se ponga fin a la avanzada liberalización del comercio bajo la OMC y a los acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales.
Por supuesto, el desarrollo tiene muchos otros requisitos, pero detener el ajuste estructural y la liberalización comercial indiscriminada es un sine qua non, una condición sin la cual otras iniciativas de desarrollo locales no podrán prosperar.
En cuanto al otro frente, la agenda parece clara. Debemos hacer valer con decisión lo que es una verdad silenciada: que los inmigrantes contribuyen enormemente a la economía y la cultura de sus países de acogida.
Debemos oponernos frontalmente a la represión estatal de los inmigrantes y confrontar a los grupos de derecha populista que los hacen culpables de todos los males. Tenemos que exigir el fin de las deportaciones de inmigrantes indocumentados, su rápida legalización y garantías de plenos derechos de ciudadanía para aquéllos con papeles y sus hijos, y que se facilite la consecución del estatus legal para los que no tienen papeles.
El éxito en la resolución de los dilemas de los inmigrantes necesitará que se progrese en ambos frentes. No hay garantías de que triunfemos en nuestro apoyo, pero a menos que enfrentemos los desafíos en ambos frentes, podemos estar seguros de que no alcanzaremos nuestros objetivos.
Walden Bello, profesor de ciencias políticas y sociales en la Universidad de Filipinas (Manila), es miembro del Transnational Institute de Amsterdam y presidente de Freedom from Debt Coalition, así como analista sénior en Focus on the Global South.
Fuente: http://focusweb.org/the-migrant-condition.html?Itemid=5
martes, 29 de diciembre de 2009
La condición de inmigrante
sábado, 31 de octubre de 2009
El Parlamento español aprueba recortar derechos a las personas inmigrantes
2009-10-29
Rojo y Negro
El Congreso ha aprobado la reforma de la Ley de extranjería, que permite a ONGs y a entidades privadas asumir la tutela de los menores extranjeros no acompañados, amplía el plazo de internamiento a sesenta días, limita dramáticamente la reagrupación familiar, condiciona el acceso a la sanidad y a la educación públicas, y transfiere decisiones a las Comunidades Autónomas. Para la CGT esta reforma está orientada exclusivamente a la criminalización de las personas migrantes que no sean útiles al rendimiento económico nacional.
La norma contó con 185 votos positivos del PSOE, CyU, CC y PNV y 146 en contra del PP, IU, ICV, ERC y Nafarroa Bai.
La reagrupación queda limitada a los hijos menores de 18 años o mayores con discapacidad, y los padres del reagrupante y su cónyuge ’cuando están a su cargo, sean mayores de 65 años y existan razones que justifiquen la necesidad de autorizar su residencia en España’.
También en estos casos las Administraciones públicas promoverán la participación de los reagrupados en ’programas de integración socio-cultural y de carácter lingüístico’.
Además, con la nueva ley las regiones españolas que sean competentes podrán conceder permisos iniciales de trabajo y de residencia circunscrita a su propio territorio, establecer relaciones con terceros países para la contratación y tramitación de visados y cobrar las tasas y sanciones administrativas pertinentes.
También podrán conceder autorizaciones de reagrupamiento familiar ’concedidas en su territorio’.
Además podrán certificar el nivel de integración de los inmigrantes, asumir o traspasar la tutela de menores no acompañados y establecer acuerdos con los países de origen para procurar la ’atención e integración social de los menores’.
Este "informe de integración”, muy parecido al polémico "contrato de integración del PP”, será una traba para miles de inmigrantes que viven en España y que tengan que renovar sus permisos de residencia en los próximos años.
Entre otros puntos negativos figura la posibilidad de multar con hasta 10.000 euros a quienes favorezcan la estancia ilegal de un extranjero en España, situación en la que se pueden encontrar cualquier persona que firme una carta de invitación, uno de los requisitos que deben cumplir los latinoamericanos procedentes de países a los que no se les exige visa, como es el caso de Argentina.
Uno de los temas que más restricciones sufre es que los inmigrantes que no tengan permiso de residencia no podrán empadronarse, un requisito fundamental para acceder a algunos de los servicios básicos como la sanidad y la educación.
La ley también detalla los esfuerzos de integración que deberán realizar los inmigrantes que aspiren a renovar sus permisos de trabajo o residencia y que incluyen la participación en cursos de formación sobre ’valores constitucionales y estatutarios’, derechos humanos ’tolerancia e igualdad’ y conocimiento de las lenguas oficiales.
Otros de los puntos controvertidos de la ley es que se permite que las ONG´s y entidades privadas asuman la tutela de los menores extranjeros no acompañados, con lo que el Estado –concretamente las comunidades autónomas- se desentiende aún más de su obligación de proteger, educar y "regularizar” a este grupo de "sin papeles”, cada vez más numeroso.
La norma amplía el plazo máximo de internamiento de los cuarenta días actuales a sesenta de los "sin papeles" en los denominados Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), pese a que la normativa europea no obligaba a hacerlo.
El texto de esta reforma, la cuarta que se produce en los últimos ocho años, fue aprobado en junio pasado por el Gobierno como propuesta de reforma de la Ley original, de enero de 2000. Ahora pasará al Senado para su aprobación.
Según CGT, esta reforma está orientada exclusivamente a la criminalización de las personas migrantes que no sean útiles al rendimiento económico nacional en vez de garantizar el respeto al acceso y a la protección de los derechos sociales, laborales y políticos de todas y todos.
miércoles, 28 de octubre de 2009
Primero, los nazionales: PP y PSOE pactan sobre la inmigración
Kaos/ InSurGente.-
Después de que en la última campaña electoral el PP acusase al PSOE del "efecto llamada" y el PSOE tachase al PP de derechista por no apoyar a los inmigrantes, los dos partidos han pactado una nueva ley de extranjería que aleja a los extranjeros de ser iguales en derechos a los españoles.
Durante el gobierno del PSOE los inmigrantes han visto como se han endurecido los requisitos para obtener la residencia, la nacionalidad o simplemente para venir a visitar a España procedentes de un país que no esté desarrollado. Además el PSOE ha convertido a los empresarios en el principal motor de la legalización de la situación de los inmigrantes, por eso la mayoría sigue "sin papeles" trabajando mas horas por menos dinero que los españoles.También se está produciendo una criminalización de los inmigrantes ya que el gobierno se reserva el derecho de retenerlos en Centros de Internamiento de Extranjeros, que han sido denunciados por el mal trato que se les dispensa a los que están privados de libertad en esos centros, por más de 60 días antes de devolverlos a un país que puede ser el de origen del inmigrante o no.El diputado de Izquierda Unida en el congreso, Gaspar Llamazares se refirió a la nueva ley de extranjería como, "podría denominarse Ley de restricción o involución en derechos y libertades de los inmigrantes" y declaró que su formación política rechazaba esta nueva ley.Diversos movimientos sociales de la Red Estatal por los Derechos de los inmigrantes denuncian que en base a esta ley, "faltas administrativas que para un nacional no suponen más que una multa económica, para una persona extranjera pueden llegar a suponer su detención e internamiento, por un periodo de hasta 60 días (ampliable hasta 74 días), en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE.) Un tipo de centros que ofrecen menos garantías que las cárceles y que han sido denunciados por el Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo por las condiciones de precariedad e indefensión a las que se ven sometidas las personas privadas de libertad en su interior".También hacen referencia a que "las personas que inviten y acojan en su casa a personas de origen extranjero que, por los motivos que sean, decidan continuar su permanencia en el Estado español más allá de la estancia legal permitida, podrán ser multadas con hasta 10.000 euros". El gobierno del PSOE ha creado la "carta de invitación", documento que si la policía del aeropuerto pide al invitado y éste no la enseña le devolverán a su país sin derecho a llamar a quienes les esperan en el aeropuerto. Los requisitos para conseguir esta carta pasan por unas entrevistas con la policía donde hay que llevar los papeles de la casa, el padrón municipal, el pasaporte original compulsado en la embajada de España del país del que viaja y dar pruebas de la relación existente entre otros muchos requisitos como el pago de más de 100 euros por cada carta.Se ha acusado al gobierno de violar con estas leyes de manera sistemática la declaración de los derechos humanos que entre otras cosas establece el derecho que cualquier persona a viajar y establecerse en cualquier parte del mundo.
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article10668
lunes, 17 de agosto de 2009
España: Extranjeros golpeados desde arriba y abajo
15-08-2009
Tito Drago
IPS
Los inmigrantes reciben en España golpes desde las altas instituciones del Estado y también de empresarios de pequeña y mediana escala que no sólo abusan de ellos, sino que también los maltratan físicamente.
Desde el gobierno no sólo se endurece la legislación sobre los inmigrantes, sino que éstos continúan acosados por las fuerzas policiales.
"En las bocas (salidas) del ‘metro’ (tres subterráneo), locutorios, restaurantes o discotecas nos persiguen, pidiéndonos documentos y deteniendo a quienes no los llevan encima", afirmó Irma Pérez, presidenta de la Federación de Asociaciones de Paraguayos en España.
Pérez encabezó a los representantes de cuatro asociaciones que denunciaron esta semana ante la justicia el acoso policial, práctica que fue negada por el ministro del Interior, el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba.
Los inmigrantes sufren también en manos de sus empleadores, algunos de los cuales llegan a vejarlos. Un caso se produjo el 25 de septiembre, en la isla Santa Cruz de Tenerife, donde Luis Beltrán Larrosa, un trabajador de nacionalidad uruguaya y sin permiso de residencia sufrió un ataque cardíaco, ante lo cual el empresario lo arrastró a la calle y lo abandonó en el suelo.
Su hijo, Pablo Larrosa, denunció el hecho ante la justicia y relató a Radio Club Tenerife que numerosos vecinos presenciaron el hecho, llamaron al hospital y vieron como el equipo médico lo encontró con vida y lo auxilió, pero sin lograr evitar su muerte por infarto. Los médicos pudieron constatar, añadió, que la víctima presentaba hematomas en su cuerpo.
Otra situación vejatoria se produjo en los primeros días de junio en la ciudad de Gandia, ubicada sobre la costa norte del mar Mediterráneo, donde un inmigrante que labora sin contrato sufrió un accidente en su trabajo y perdió un brazo. El empresario tiró el brazo en un contenedor de basura y dejó al herido abandonado en la calle.
Una situación que también preocupa en extremo a las asociaciones defensoras de los inmigrantes es el mal trato que reciben en los centros de internamiento para extranjeros, dependientes del Ministerio del Interior, donde son alojados los llamados "sin papeles" antes de concretar su expulsión del país, que puede tardar meses.
Para tener una idea del rigor que se aplica a los "sin papeles" es bueno tener presente que España se convirtió en 2008 en el país de la Unión Europea (UE) que concede menos visados de asilo y refugio, ya que sólo atendió a 16 por ciento de los solicitantes y de éstos finalmente sólo concedió el estatuto de refugiado a siete por ciento, que equivale a unas 160 personas.
Esto en un país en el que, según el censo 2008 del oficial Instituto Nacional de Estadísticas. 11,3 por ciento de la población es de nacionalidad extranjera, con una tasa de inmigración que en este siglo es cuatro veces mayores que la media de Estados Unidos y ocho más que en Francia, ocupando en la actualidad el decimoquinto lugar por cantidad de inmigrantes en la UE, o sea solo 0,99 por ciento del total del bloque.
La cantidad de extranjeros censados en España llegó el año pasado a 5.220.600 personas, 11,3 por ciento del total de la población del país, y al término del primer semestre de 2009 subió a 5.598.691, es decir 12 por ciento del total.
La organización no gubernamental Amnistía Internacional, en su informe anual 2008, destacó que la tortura y malos tratos a manos de quienes deben "hacer cumplir la ley" continuaron "siendo frecuentes" en España, donde se mantiene "la detención en régimen de incomunicación".
Esta organización humanitaria con sede en Londres sostiene que España se encuentra en el mismo nivel que Kazajistán, Ucrania, Turquía, Rusia y Uzbekistán con su falta de respuesta judicial a las denuncias de torturas y malos tratos de los inmigrantes detenidos y acusa al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de no responder a esas denuncias.
Al término de las vacaciones de este mes, el gobierno llevará al parlamento el debate sobre la reforma de la Ley de Extranjería propuesta por el Ministerio de Trabajo e Inmigración y que, entre otras cosas, incluiría la ampliación del tiempo de reclusión en centro de internamiento de los "sin papeles" de 40 a 60 días.
Además se endurecerán las condiciones para el reagrupamiento familiar, aumentando de tres a cinco años el tiempo de residencia en España del inmigrante que quiera traer a este país a su familia.
También se seguirá adelante con el fortalecimiento de las fronteras, tanto por acuerdos bilaterales con países como con el aumento de las dotaciones de las fuerzas y equipos de seguridad, tanto terrestres como marítimos, para impedir el ingreso de inmigrantes sin papeles.
Ante esta situación, las organizaciones de inmigrantes responden movilizándose.
"Iremos desde Barcelona a Madrid caminando para defender a los inmigrantes que llegan a nuestro país y cuyos derechos no son respetados", dijo a IPS Hugo Colacho, presidente de la Federación de Asociaciones de Inmigrantes del Vallés, ubicada en Barcelona, capital de la Comunidad Autónoma de Cataluña, una de las 17 que integran España.
Colacho añadió que el proyecto impulsado por su Federación consiste en atravesar esos 700 kilómetros en 28 días, acompañados de miles de personas, pertenecientes a organizaciones que apoyan y defienden a los inmigrantes.
Entre ellas están el Consejo de Entidades de Inmigración, América España Solidaridad y Cooperación, SOS Racismo y la Federación de Asociaciones de Paraguayos residentes en España cuyos representantes participarán el 28 de octubre en Madrid en una Asamblea General de Asociaciones de Inmigrantes de todo el país.
Sobre la situación de los inmigrantes también se pronunció con claridad la Comisión Episcopal de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española de la Iglesia Católica, tras una reunión realizada el 25 y 26 de junio en Madrid.
Los obispos expresaron "una seria preocupación ante las propuestas legales que, emanadas de las Directivas europeas, puedan en su caso, afectar a la dignidad de los hermanos emigrantes y sus familias y a las personas e instituciones que promueven su integración en nuestra sociedad".
http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=93006
Condenado por dejar agua en el desierto para los inmigrantes ilegales
15-08-2009
BBC Mundo
Un voluntario de una ONG que dejaba botellas de agua en la frontera con México para los inmigrantes ilegales que cruzan el desierto fue condenado por la justicia en Arizona, Estados Unidos.
Walt Staton, de la organización "No más muertos", fue sentenciado por contaminar la reserva natural de Buenos Aires, cerca de Tucson, en el sudoeste del país.
El joven, de 27 años, deberá enfrentar una pena de un año en libertad condicional, y completar 300 horas de trabajo comunitario recogiendo basura.
El caso generó una gran polémica que va más allá de la cuestión ambiental.
La procuradores federales habían pedido que Staton fuese multado con U$ 5.000 y condenado a 5 años de prisión por, oficialmente, dejar basura en la reserva natural.
Pero según un memorandum que trascendió, la acusación no pasó por alto el hecho de que la ONG dejaba mensajes en las botellas que decían "buena suerte", y consideró que las acciones de los voluntarios buscan ayudar a los inmigrantes indocumentados en su tentativa de entrada al país.
Unos 54.000 inmigrantes cruzaron la reserva en 2008, y según datos que ofreció la propia ONG, las patrullas fronterizas estadounidenses reportaron 161 muertes entre los que intentan llegar al otro lado en lo que va de año.
Cuestión política
Por su parte el abogado defensor de Staton, que se negó a pagar una multa de U$ 175, insistió en que el caso costó al Estado cerca de U$ 50.000 y generó un gran debate público.
Durante el proceso, otras organizaciones humanitarias se pronunciaron en defensa de Staton, y afirmaron que la política migratoria estadounidense -y no las botellas de plástico- son la mayor amenaza para el medio ambiente a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.
El defensor del activista dijo que el episodio responde a una supuesta persecución política contra los que piden leyes migratorias más flexibles, y anunció que apelará a la sentencia.
"Apelaremos porque no creemos que Walt haya cometido ningún crimen al dejar botellas de agua fresca y limpia para salvar vidas humanas", dijo el abogado a la cadena de televisión local NBC.
Staton, de 27 años, es el segundo miembro de la organización No más muertos que es procesado por contaminación.
En el último mes, 13 activistas de la ONG fueron multados por la misma razón.
Medio ambiente vs ayuda humanitaria
El gerente de la reserva Buenos Aires, Mike Hawkes, comentó que espera que la decisión judicial convenza a la ONG para buscar una manera de realizar su tarea humanitaria sin perjudicar el medio ambiente.
Las botellas de plástico contaminan y ponen en peligro la vida silvestre de la zona, argumenta Hawkes.
Los miembros de No más muertos, en cambio, afirman que su organización recoge cada año cientos de bolsas de basura en el desierto y que los oficiales de la reserva obstaculizan sistemáticamente sus intentos de ofrecer agua fresca a quienes ponen en peligro su vida cruzando la frontera.
Según informó en su día la colaboradora de BBC Mundo en Washington, Rebeca Logan, grupos activistas en EE.UU. consideran las patrullas fronterizas como "un símbolo de intimidación" de un sistema migratorio quebrado cuyos problemas no se solucionan con la persecución de emigrantes en busca de una vida mejor.
"La Patrulla Fronteriza está implementando una política migratoria fallida que no nos hace más seguros y que resulta en la muerte de cientos de inmigrantes cada año", le dijo a nuestra colaboradora Jeff Binder, miembro de una de estas organizaciones.
jueves, 30 de julio de 2009
Grecia: Doble ataque fascista contra okupaciones en Salónica enmedio de una tensión contínua
30/07/2009
Lembas
Los fascistas atacan dos okupaciones de Salónica mientras las políticas anti-inmigración se intensifican.
Durante la semana pasada tanto Radio Revolt, una radio pirata anarquista localizada en un vagón de tren abandonado en las instalaciones de la Universidad Aristotélica de Salónica, y la okupación más grande de Europa, la Fábrica Yfanet, sufrieron ataques fascistas.
El vagón de tren de Radio Revolt fue atacado con tres cócteles molotov la noche del martes 21 de julio, por elementos fascistas para-estatales disculpados públicamente por el Ministerio de Orden Público, actualmente dirigido por un fiscal de la antigua Junta militar. Radio Revolt siguió emitiendo teniendo sólo 3 horas de parón. El sábado 25 de julio, la puerta principal de la Fábrica Yfanet fue atacada con un dispositivo de bombona de camping gas. El incendio fue extinguido por gente de la okupación así como por vecinxs, mientras fuerzas policiales que llegaron inusualmente rápido a la escena, sólo minutos después del ataque, acabaron enzarzadas con los okupas y los vecinos en una pelea verbal, simpatizando claramente con el ataque. La Fábrica Yfanet, es un centro de múltiples actividades políticas y recibe amplios apoyos entre la juventud de la ciudad.
Mientras tanto en Atenas, durante la mañana del martes 28, un escuadrón de miebros de Amanecer Dorado, marcharon desde las oficinas del partido neonazi, cerca de la plaza Omonoia, hasta la calle Menandrou en formación militar, y atacaron a hombres y mujeres de raza negra sin importarles la fuerte presencia policial en la zona. La escoria nazi cantaba “hoy los negros mueren” cuando volvían a su guarida de Agios Panteleimonas.
Los ataques contra okupaciones antiautoritarias y libertarias se han venido repitiendo bastante durante el último año, y se consideran como parte de los enormes esfuerzos contrainsurgentes del estado griego, para doblegar el creciente movimiento social contra las formas cada vez más dictatoriales que el gobierno está tomando entre su servicio civil, con unos individuos cada vez más relacionados con la junta. La actividad anti-okupa de elementos paraestatales ha llevado repetidamente a marchas de solidaridad, dibujando una estrategia contraproducente, probando una y otra vez la predisposición del estado griego a ejercer la fuerza bruta, y su incapacidad de razonar incluso en su propio beneficio.
Es característico del nuevo fascismo ciego del estado griego, los nunca vistos actos de censura ejercidos contra un corto animado del director izquierdista Costa-Gavras, que es un dolor de cabeza a ojos del Primer Ministro griego por haber filmado “Z”, la historia del asesinato del Primer Ministro izquierdista Grigoris Lambrakis por matones paraestatales bajo las órdenes del tío del actual P.M. a mediados de los 60. La película de Gavras censurada por el ministerio de cultura iba a ser exhibida en el nuevo Museo Acrópolis, hasta que el ministro obligó a cortar unas escenas que mostraban curas ortodoxos griegos vandalizando el Partenón por orden de la Iglesia. Costa-Gavras ha condenado el acto como una “vuelta a los días más oscuros del país”. La Iglesia ortodoxa griega, sigue siendo el terrateniente más grande del país y una parte integral del mecanismo del estado, reteniendo un control considerable en muchas de sus políticas, en particular en la educación.
A pesar del creciente “terrorismo blanco” y las vacaciones de verano, los movimientos sociales antagonistas están plantando cara a esta colaboración estado-fascismo y a la locura racista.
Desde el viernes 24 de julio, han tenido lugar una serie de bloqueos de barcos que transferían inmigrantes a los campos de detención en la provicia de Macedonia, que han terminado en batallas campales entre manifestantes antirracistas y la policía.
El viernes 24 a medianoche, los manifestantes cancelaron la transferencia de 60 inmigrantes llamados ilegales, en el barco Theofilos en el puerto de Mytilini, Isla de Lesbos, a la ciudad de Kavala. Los manifestantes ocuparon la puerta principal del ferry impidiendo que la policía cargara los inmigrantes deteneidos de origen pakistaní, afgano y somalí. Un número indeterminado de inmigrantes detenidos en el campo Panagi en Lesbos, han iniciado una huelga de hambre contra las transferencias, pidiedo su liberación inmediata.
El domingo 26, manifestantes del PAME, un sindicato controlado por el Partido Comunista (KKE), y el Comité de Solidaridad con los Inmigrantes de Khios se enfrentó a la policía y a civiles auxiliares fascistas en el puerto de la isla de Khios cuando intentaron bloquear la entrada de dos autobuses cargados con inmigrantes detenidos delante del barco con destino a Salónica. Después de que la policía golpeara las espaldas de algunos manifestantes con la habitual fuerza bruta, un miembro del KKE que participaba en el bloqueo cayó al mar entre el puerto y el ferry, impidiendo la partida del barco durante otra hora.
La implicación del KKE en las protestas marca un movimiento interesante aunque polémico en su vieja política de verbalismo y apatía en la práctica respecto a los trabajadores inmigrantes. Durante los enfrentamientos muchos manifestantes resultaron heridos, aunque según el Comité de Solidaridad, la actitud criminal e inhumana de las autoridades de Khios respecto a los inmigrantes llegó a su cima al separar a un chico somalí de 15 años de su madre que seguía detenida en la isla. Los inmigrantes detenidos fueron transferidos al continente encadenados y encerrados en la bodega dentro de los autobuses, poniendo en peligro directamente sus vidas.
Las autoridades dicen que la razón de las transferencias es la superpoblación de los campos de las islas. En Khios, el campo Mersinidi tiene una capacidad de 120, aunque hay 220 detenidos, mientras que el campo Panagi en Lesbos tiene una capacidad de 250 personas y están 400. Los manifestantes dicen que este es el primer paso para empujar a los inmigrantes ilegalmente a través de los campos minados del río Evros hacia Turquía. Dicen que los campos son inhumanos y que las transferencias son medidas de castigo a gente que nunca ha estado convicta por otra cosa que por no tener papeles. Se pide que los detenidos sean alojados en hoteles y que se liberen a los individuos menores de edad.
En el frente de la guerrilla difusa, un dispositivo explosivo fue desmantelado la semana pasada por la policía delante del Consulado Chileno, mientras que la noche del martes vio en 30 minutos un conjunto de ataques de baja intensidad contra objetivos del estado, con 7 oficinas locales anti-inmigración y de partidos parlamentarios (Nueva Democracia, PASOK y LAOS) bombardeadas con bombonas de camping-gas por toda Atenas. La responsabilidad de los ataques la ha reclamado el grupo Senderos Luminosos de Solidaridad en respuesta a la “nazificación” del estado y la colaboración nazis-policía. Las oficinas del ministro de LAOS también fueron atacadas, sin causar heridos.
viernes, 10 de julio de 2009
Inmigrantes, chivos expiatorios de la crisis
LEY DE EXTRANJERÍA Y DE ASILO NUEVOS ATAQUES A LA LIBERTAD DE MOVIMIENTO CON LA CRISIS Y LOS DISCURSOS SECURITARIOS DE FONDO
En junio el Gobierno sacó adelante con el apoyo del PP una nueva Ley de Asilo. Este mes se ha puesto en marcha el debate de enmiendas al proyecto de Ley de Extranjería elaborado por el Gobierno, en un proceso que el Ejecutivo espera cerrar a finales de año.
Diego Sanz Paratcha
9 de julio de 2009.
Ambas normativas vuelven a endurecer unas políticas ya restrictivas y criticadas por limitar y castigar la libertad de movimiento de las personas. DIAGONAL analiza cómo los aspectos más destacables de ambas normas tienen su origen en los discursos que apelan a la escasez de recursos y el miedo al otro. En el fondo, subyace la afirmación: “los españoles, primero”.
Desde la primera propuesta del Gobierno para reformar la Ley de Extranjería hasta el texto enviado al Congreso a finales de junio han pasado seis meses. En nombre de la lucha contra la crisis, en ese tiempo el Gobierno ha salvado de la quiebra a Caja Castilla La Mancha, ha financiado las obras municipales pendientes de ejecución y ha aprobado las ayudas al sector del automóvil.
Ninguna de las 46 páginas del proyecto de Ley sobre “derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social” hace referencia al hecho de que más de uno de cada tres desempleados de la Encuesta de Población Activa es extranjero. Al mismo tiempo, la reforma sí consagra explícitamente “la política de inmigración que vincula la llegada de nuevos inmigrantes a las necesidades del mercado de trabajo”.
“Se trata de una ley con cierto carácter populista y anticrisis”, corrobora Joan Tardá, diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso. Parecido enfoque mantiene Izquierda Unida, que en su informe sobre el proyecto compara la propuesta del Gobierno con “una reforma laboral encubierta” dirigida a la población migrante.
A ras de tierra, las organizaciones que trabajan en asesoría legal a migrantes constatan que esta reforma silenciosa se está produciendo desde la segunda mitad de 2008 en forma de denegaciones para renovar el permiso de trabajo y con la reducción hasta el mínimo del catálogo de puestos de difícil cobertura, aquellos a los que puede aspirar un inmigrante que necesite cambiar de tarjeta o conseguirla por primera vez.
Los sindicatos de concertación, que podrían hacer visible esta realidad oculta en la reforma, dieron el visto bueno al borrador del Gobierno a través del informe del Consejo Económico y Social, uno de los ocho organismos a los que el Ejecutivo ha remitido el texto. Este informe justificaba la orientación general de la reforma por el “contexto de crisis económica”, una relación que no aparece ni siquiera en el texto del Gobierno, que lo oculta en la exposición de motivos aludiendo a la necesidad de adaptar la Ley “a la nueva realidad migratoria existente en España que presenta unas características y plantea nuevos problemas respecto de los que existían cuando se aprobó la última reforma”.
En el Parlamento, la correlación de fuerzas no posibilita cambios sustanciales a este enfoque. El PP reaccionó al borrador de diciembre reclamando la autoría del 80% de las medidas previstas por el Gobierno del PSOE. Pese al discurso de confrontación con el que los populares han recibido la propuesta aprobada en el último Consejo de Ministros de junio, lo más probable es que las dos principales formaciones pacten el texto definitivo.
“La nueva Ley de Asilo ha marcado un precedente nefasto”, apunta Tardá en referencia al consenso entre social-liberales y conservadores para endurecer el acceso de refugiados al Estado español. “En los próximos meses Zapatero y Rajoy se van a disputar el espacio del centro político”, pronostica el congresista republicano, para quien este juego de equilibrios se presta a un nuevo consenso entre Gobierno y oposición conservadora, esta vez en materia de extranjería.
Sin embargo, el Gobierno puede tener margen de maniobra para pactar enmiendas en un sentido garantista, como mínimo con el nacionalismo de izquierda de ERC y BNG, y también con Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. La esencia de la normativa española de extranjería, que es la asimilación de los flujos migratorios a las estadísticas laborales, no será cuestionada tampoco por la izquierda, tal y como reconoce Tardá a DIAGONAL. La dureza de la reforma deja suficiente espacio para una regulación más suave del periodo de reclusión en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), un tratamiento más benigno a los menores no acompañados o la eliminación de las multas y expulsiones para quienes empadronen en su casa y falsamente a personas sin papeles.
El tercer actor
El único actor capaz de situar la cuestión de la extranjería más allá del discurso de los derechos humanos, el propio movimiento migrante, ha tenido hasta ahora una presencia discreta y dispar en el espacio público. Pese a los prometedores avances en las experiencias de autoorganización que se están extendiendo más allá de las experiencias de los trabajadores del campo en Andalucía, los grandes discursos y las grandes movilizaciones le siguen quedando grandes a un sujeto que debe, más que ningún otro, resistir a la represión cotidiana de los controles (con un crecimiento de las expulsiones de un 12% en 2008, según el Ministerio de Interior) y los efectos de la crisis. El relato en primera persona sobre cómo afectó la crisis de 2008/2009 a las primeras generaciones asentadas de inmigrantes tendrá que esperar.
La puntilla a los menores
Las expulsiones ilegales de menores inmigrantes no acompañados son una realidad en el Estado español desde hace años, aunque en algunas autonomías como Madrid y Cataluña la actuación de asociaciones pro derechos humanos ha conseguido parar estas prácticas. Ahora el Gobierno pretende terminar con el problema legalizando la expulsión de este sector de la población. Este ha sido uno de los aspectos más criticados de la reforma desde que se conoció el primer borrador. En el actual texto, el Gobierno admite la posibilidad de que algunos de estos menores puedan recurrir su expulsión ante los tribunales.
lunes, 30 de marzo de 2009
Suecia, corrupción escandinava y europea
