En los centros de menores cerrados se producen malos tratos de todo tipo: físicos, psicológicos e incluso ambientales
No a O'Belen
16-8-2009
www.kaosenlared.net/noticia/que-pasa-con-centros-menores
Recientemente la llamada opinión pública se ha visto sacudida al presentar el Defensor del Pueblo su Informe sobre centros de protección de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social, en el que se denuncia la terrible situación que viven los menores en los llamados centros terapéuticos.
Lo mismo ocurre en los centros de reforma. Los centros de reforma están destinados al cumplimiento de medidas judiciales, es decir, donde se interna a los menores condenados por haber cometido algún delito. En los centros terapéuticos se interna a aquellos menores a los que se diagnostica un trastorno de conducta, menores que no han cometido ningún delito pero que son psiquiatrizados. En estos centros se interna a niños incluso menores de 10 años, y que al estar en situación de protección, no tienen un tiempo definido de internamiento, pudiendo estar encerrados hasta la mayoría de edad.
Así, antes de profundizar en la institucionalización de los niños, convertidos al instante en menores, es necesario puntualizar brevemente algunas ideas: en primer lugar es necesario reiterar la muy dudosa capacidad de los psicólogos para etiquetar a los niños que se encuentran en situación de pobreza. son diagnósticos de escasísima base científica que sirven a intereses de índole muy distinta a los que luego haremos referencia.
Asumida la ausencia de base científica, nos ocupamos a continuación de otro equívoco socialmente aceptado: el concepto de delincuencia juvenil no es más que un equívoco rentable formado a base de extrapolaciones injustas, atribuciones erróneas y sobre todo estudios interesados a cargo de instituciones determinadas encargadas de garantizar la estructura social efectivamente existente.
Si nos ceñimos a la realidad y dejamos de lado eufemismos, buenas intenciones y neolenguas de las leyes escritas pensando siempre en el bien posterior del menor, sólo podemos decir que ambos tipos de centros no son sino cárceles para niños (estando además los terapéuticos en un limbo jurídico), cumpliendo exactamente la misma función que tienen las prisiones para adultos: venganza institucionalizada y ocultamiento de las consecuencias de la exclusión social generada por el sistema socioeconómico capitalista. Las consecuencias sobre el individuo encarcelado son igualmente destructivas.
Malos tratos en los centros de menores
En los centros de menores se producen malos tratos de todo tipo; físicos, psicológicos e incluso ambientales.
La propia estructura arquitectónica de los centros es maltratdora o contenedora como aseguran los inventores del nuevo lenguaje sobre menores. Todas las instalaciones se diseñan pensando en la vigilancia y las medidas de seguridad, no en su habitabilidad. Las habitaciones son celdas, generalmente con graves problemas de ventilación debido a las ventanas de seguridad. Las celdas de aislamiento, "mazmorras medievales" según Múgica, son indescriptibles. Todas las dependencias se rigen por la seguridad, todo a base de puertas metálicas, ventanas de seguridad, cerrojos y demás. Los espacios de los que disponen los menores son mínimos, y su libertad de movimientos es nula. Incluso para ir al baño se abren y cierran puertas, cerrojos, controles, etc.
El mobiliario, muy limitado, suele estar bastante deteriorado y es de tipo carcelario (camastros de metal amarrados al suelo, lavabos metálicos, etc). Las carencias materiales son la norma, al igual que los problemas de climatización (frío/calor).
En definitiva, los centros son físicamente hostiles e inhóspitos. La estancia en ellos es sensorialmente muy desagradable, a todos los niveles. Y debemos recordar que estos centros son instituciones totales, de donde los chavales no pueden salir, quedando mucho tiempo todo su mundo reducido al interior del centro. Por tanto, su mundo físico se limita a un entorno hostil, desagradable, incómodo, despersonalizador... y no pueden cambiar esta situación. Estas condiciones ambientales generan por sí solas un continuo malestar, elevados niveles de ansiedad y como dicen los propios chavales, mucho "agobio".
Este agobio se vuelve insoportable al estar la vida en el centro totalmente regulada por la normativa interna (la escrita y la no escrita, una especie de "tradición de centro"). Aunque existen variaciones entre la de un centro y otro, todas son muy similares. Estas delirantes normativas, cuya aplicación es capaz de desquiciar al adulto más estable, se basan en una durísima y absurda disciplina cuya única finalidad es anular por completo la resistencia y la voluntad del menor. El menor ni siquiera puede decidir cuándo ir al baño, cuándo beber agua o cuando y sobre qué temas hablar con sus compañeros. En algunos centros esta situación es llevada hasta la psicosis permanente, llegando a prohibirse todo contacto físico del menor con los demás menores o con los trabajadores del centro. Incluso se llega a sancionar la "comunicación visual no autorizada" como manera de prevenir que los menores "preparen algo".
Este ambiente terriblemente opresor convierte la existencia del menor en un esfuerzo continuo por evitar ser sancionado. Algo prácticamente imposible, ya que aunque mantenga una constante alerta, el acoso y derribo "educativo" de los trabajadores le llevarán a perder los nervios en alguna ocasión, empezando así el ritual sancionador, llevando al menor a un auténtico infierno.
Aislamiento
El abanico de posibles sanciones es amplio (sobre todo en los centros terapéuticos, donde la falta total de control externo posibilita que todo tipo de vejaciones se cuelen como medidas educativas creativas). Pero sin duda la estrella es la separación de grupo. Bajo este eufemismo se esconden las penas de aislamiento, que pueden durar hasta siete días consecutivos. Pero como las sanciones se pueden ir acumulando, los periodos de aislamiento se encadenan y el menor puede llegar a pasarse meses en aislamiento. Para un menor es muy fácil terminar en esta situación, ya que un insulto, una mala contestación, la negativa a obedecer una orden, eructar o "mirar de manera desafiante" conlleva separación de grupo.
El aislamiento es una tortura, un atentado directo contra la dignidad y la salud mental de cualquier persona, más para un niño. De hecho, es relativamente frecuente que durante el aislamiento se produzcan conductas autolíticas, y se dispara el riesgo de suicidio. Este hecho es tan evidente que Naciones Unidas prohibe el aislamiento en el caso de los menores de edad.
Medicación
Otro tema controvertido es la medicación. En los centros terapéuticos y en algunos de reforma, los chavales están literalmente drogados, obligados a ingerir de manera crónica altas dosis de psicofármacos (generando graves problemas a los menores, también a largo plazo). Incluso esta medicación se llega a utilizar como sanción. A todo lo anterior, por tanto, se suma una nueva forma de anulación personal, sibilina pero muy poderosa: la camisa de fuerza química. Muchas veces personal sin formación sanitaria suministra esta medicación, pero generalmente ésta es supervisada por psiquiatras. En realidad esto no tiene gran importancia, Mengele también era médico. Todo esto se hace no sólo vulnerando una vez más la normativa internacional, sino que también se viola la propia legislación española (Ley de Autonomía del Paciente).
Malos tratos físicos
El maltrato físico también es habitual, normalmente camuflado en las llamadas contenciones físicas realizadas por vigilantes de seguridad y/o educadores. Durante estas contenciones, de las que se abusa constantemente siendo muchas veces utilizadas como forma de vejar, someter y agredir al niño, se pueden producir lesiones, ya que suelen realizarse con mucha violencia. Y aunque no sea un fenómeno generalizado, también se producen agresiones físicas directas, en ocasiones auténticas palizas, que por supuesto quedan impunes. Se recurre de manera habitual también a la llamada contención mecánica, que no es más que el engrilletamiento de los niños, llegando en algunos centros a pasar horas e incluso días atados a la cama.
Otras barbaridades educativas
Muchas otras vulneraciones de derechos básicos se cometen en nombre de la normativa. Perder el tiempo de ocio es tan habitual o más que la separación de grupo (además, conlleva que el menor esté separado del grupo mientras los demás menores realizan actividades de ocio). Y aunque el menor no sea sancionado, da relativamente lo mismo, ya que el tiempo libre es muy escaso (el resto del tiempo se emplea en actividades sin ningún tipo de valor real), y siempre está supervisado. Generalmente consiste en estar sentado en una sala viendo la televisión o escuchando música, y se verá o escuchará lo que decida el educador. Y si el educador decide que se juega al parchís, pues se tiene que jugar al parchís. Un ocio controlado, supervisado y siempre en una habitación. Dentro del ocio no se contempla la posibilidad de practicar deporte, ya que esta es una actividad del centro, obligatoria para todos. Salvo los sancionados, que no harán ningún tipo de ejercicio físico (con el aumento de la ansiedad que esto conlleva, y más a estas edades).
En ocasiones se utilizan formas encubiertas de maltrato físico, como obligar a realizar ejercicio hasta la extenuación. Se permiten los registros con desnudo integral, y en algunas ocasiones se ha denunciado que los menores son obligados a realizar flexiones mientras se encuentran completamente desnudos en presencia del personal del centro.
A todo esto hay que sumar el trato despectivo, humillante, los insultos, la violencia verbal, los continuos gritos y amenazas, etc, que son el pan nuestro de cada día.
El acceso a la cultura se mutila en nombre de la educación, ya que el equipo del centro también se convierte en tribunal inquisidor que decide incluso qué lecturas, películas o tipo de música pueden ser contraproducentes para el supuesto proceso educativo que se está llevando a cabo con el menor. Es tan lamentable que podemos ver a educadores escuchando determinadas canciones para discernir sobre su idoneidad para los menores. Por supuesto todo tipo de material político está vetado.
Las comunicaciones del menor con el exterior están muy limitadas, tanto las visitas como las llamadas telefónicas (contraviniendo una vez más las indicaciones de Naciones Unidas). Sólo las personas previamente autorizadas podrán comunicar con el menor, y por regla general sólo se autoriza a familiares directos (pareja, amigos, etc. suelen quedar así excluídos del mundo del menor durante su encierro). Esto es especialmente grave en los centros terapéuticos, donde al no haber control judicial, la decisión sobre las comunicaciones recae exclusivamente en el equipo directivo del propio centro. En teoría la correspondencia es libre, pero no es infrecuente que sea leída y/o retenida si lo consideran oportuno.
En cuanto a la formación, en teoría importante para esa entelequia que llaman reinserción, poco hay que decir, salvo que existe más en el papel que en la realidad. El modelo de escuela que ya fracasó con el menor antes de su encierro, difícilmente va a funcionar entre rejas. Y más ante la falta de medios de todo tipo. En los centros terapéuticos muchas veces los niños no están escolarizados (recordemos que hablamos de criaturas incluso de ocho añitos). En cualquier caso, sólo parece garantizarse, en reforma, la Educación Secundaria Obligatoria, y para menores de dieciséis años. En general, el acceso del menor a la cultura (fundamental para su desarrollo) se considera una pérdida de tiempo. Y la formación laboral se suele limitar a la explotación del menor, al que se le encomiendan las labores de mantenimiento del centro que deberían desarrollar los inexistentes equipos de mantemiento profesionales. En algunos centros la explotación laboral es más directa, al realizar éstos trabajos de manufactura de productos que se venderán en el mercado y cuyos beneficios económicos obviamente nunca repercutirán en los chavales.
Consecuencias
El paso de los chavales por estos centros de aniquilación personal no resuelve ninguno de los problemas reales que tenían antes de ser privados de libertad, y que no eran pocos.
No podemos olvidar el perfil de estos muchachos. Aunque últimamente se esfuercen en tergiversar la realidad y tratar de convencernos de que los menores internados en centros son jóvenes de clase media, descontrolados porque nunca han tenido límites en casa sino que han sido colmados de caprichos y parabienes y por eso se han convertido en "pequeños dictadores", la verdad es bien distinta. Sin olvidar que cada niño es especial, único e irrepetible, es fácil encontrar un hilo conductor en la vida de la mayoría de estos chicos: la pobreza y la exclusión social. Provienen de barrios marginales, nacidos en el seno de familias con muchas carencias de todo tipo, donde el paro crónico de los progenitores y sus consecuencias psicosociales son la tónica general, donde con frecuencia asoman el abuso del alcohol y otras drogas. Casi invariablemente, estos chicos son también víctimas del fracaso escolar (del que no está demás recordar que no son culpables), lo que determinará que sus recursos cognitivos sean generalmente limitados a la hora de resolver problemas de la vida diaria.
En definitiva, niños que desde la cuna han vivido en un ambiente hostil y estimularmente empobrecido, con la violencia social añadida que supone su situación de exclusión social (recordar aquí que la condición de excluido es un hecho pasivo, no se elige sino que viene impuesta). Estos poderosos condicionantes llevan al niño a ir adquiriendo unos patrones de conducta y pensamiento que le permiten sobrevivir con normalidad en este ambiente anormalizado, pero que choca con los patrones ideales de conducta y pensamiento de los no excluidos.
Las relaciones que el niño establece con el medio van generando una estructura de personalidad determinada en la que podemos reconocer ciertos rasgos identitarios (siempre teniendo en cuenta que cada niño es único e irrepetible). Dentro de estos rasgos sobresalen algunos de especial relevancia:
Comenzamos por un rasgo cuya relevancia obliga a dejarlo aquí sistematizado:la confusión de rasgos de su perfil psicológico y fisiológico que denotan un evidente retraso, y de características que dejan entrever una biografía en la que el niño ha debido hacerse cargo de responsabilidades anticipadamente. En definitiva, no se trata de un crecimiento acelerado o excesivamente lento sino, más exactamente, de una distorsión completa de su desarrollo a todos los niveles: fisiológico, cognitivo y emocional fundamentalmente.
La capacidad de digerir el sufrimiento y la soledad. Si tuviéramos que buscar un origen desde el que fundamentar un estudio de la personalidad de los adolescentes que nos ocupan, quizá fuera la soledad su piedra angular. Una soledad que muchos de ellos cuando comienzan a madurar asumen como innegociable, imposible de eliminar. A esta soledad va siempre adherida la fuerza interior para digerir dolores de cualquier índole, como si ellos fueran un ingrediente necesario para construir el día a día; conviven con él quizá porque les falta la estima necesaria para acudir al adulto más cercano y quejarse, pero esto sólo se explica desde la certeza aprendida de que sus dolores nunca son lo primero para nadie a su alrededor. Cobra aquí especial relevancia la crueldad de la ausencia de figuras de referencia dentro de los educadores, tal y como trataremos más adelante.
Desatención selectiva: han desarrollado mecanismos psíquicos para desatender todo aquello que no les resulta adaptativamente útil desde su situación de excluidos. Tienen una espectacular habilidad para reconocer situaciones o ambientes cercanos a la clandestinidad, están sobreadaptados a situaciones de tensión o de conflicto, pero, a la vez, se muestran incapaces de seguir el discurso del maestro durante una clase entera o demuestran una indiferencia total hacia todo lo relacionado con los aprendizajes inútiles desde su condición de excluido.
Otro rasgo de singular relevancia es la actitud defensiva y la agresividad como mecanismo de defensa. Para comprender porqué saltan instintivamente estos resortes incluso cuando desde nuestra perspectiva están injustificados, exponemos la cadena causal que los genera: primero son las condiciones de explotación y la falta de calidad de vida; como consecuencia el desequilibrio vivencial entre satisfacciones y frustraciones, y cuando esto es muy frecuente, la consiguiente vivencia de la realidad como intolerable; luego la necesidad de poner en juego mecanismos de defensa basados en una aparente dureza emocional.
Extrema dependencia o falta de autonomía. Podemos asumir la autonomía como el rasgo fundamental de la madurez del sujeto. Esta autonomía, que nos permite sentirnos a un tiempo solos y dueños de nuestro proyecto vital, es justamente aquello que hemos logrado merced a un proceso de maduración cognitiva y afectiva que a estos niños les ha sido negada desde siempre: las relaciones que los adultos han generado con ellos y que los centros reproducen sistemáticamente han estado basadas en la dominación y en el abuso y nunca han logrado un espacio en el que establecerse y ser respetados, en ninguna de las esferas de su vida. Para ser autónomo es necesario haberse sentido antes a salvo en algún lugar y en algún momento y esto es justamente aquello de lo que estos niños adolecen.
Tomando como punto de referencia estos rasgos identitarios que el contexto ha generado se produce su catalogación de delincuente juvenil que puede ir acompañada de un diagnóstico psiquiátrico sobrevenido.
Llegados a este punto en el que prevalece la etiqueta social sobre su condición de persona, pasa de ser un niño en peligro a un menor peligroso y por tanto pasa a ser objeto de represión. Y llega al centro de menores. Y allí su vida se convierte en un continuo sinsentido. Porque le han dado el cambiazo: aunque siga llevando muy adentro el paro familiar, el alcoholismo paterno y la desesperación de sus hermanitos, sus problemas pasan a ser los que le marcan en la vida cotidiana del centro. No tiene que preocuparse por tener para comer, sino por evitar el aislamiento y ganarse el privilegio de poder hablar por teléfono con su madre. Ya no tiene que enfrentarse a los problemas reales que le planteaba su dura condición vital, porque ya no tiene vida propia, sino que debe defenderse como pueda de los constantes ataques del centro hacia su condición de persona. Su mundo real desaparece poco a poco de su mente, ya que su mundo pasa a ser la mentira del centro de reeducación (¿qué es eso de reeducar?). Se van debilitando poco a poco sus vínculos sociales, porque ahora vive en la sociedad artificial del centro, con reglas y formas ajenas a la vida real. "Lo de fuera" poco a poco se convierte en algo ajeno al niño.
Cuando recupere su libertad, el chaval tendrá totalmente destruída la poca autoestima que tenía antes de ser preso. Tendrá serias dificultades para relacionarse de nuevo con la gente "de fuera", incluso con los suyos, ya que separar de la sociedad no sólo impide aprender a socializarse correctamente, sino que merma las habilidades previamente adquiridas por el chaval. Muchos de ellos además sufrirán un fuerte estrés postraumático, y mucho tiempo después de estar libre seguirá escuchando los cerrojos al cerrar los ojos. Su afectividad estará embotada, aturdida, descontrolada, y tardará mucho tiempo en recuperarla, si es que alguna vez lo consigue. En resumen, aunque físicamente esté en libertad, su mente puede que siga encarcelada. Y la libertad vigilada posterior al encierro afianzará esta sensación de seguir preso de alguna manera.
Pero cuando el menor recupere su libertad, el paro familiar seguirá presente, al igual que el alcoholismo y todas las carencias de su barrio. Sólo que posiblemente algunos de los suyos ya no estén, o ya no estén para él. Su situación vital será la misma que la anterior a su ingreso en el centro, pero su capacidad de adaptación a esa realidad será menor, y sus lazos sociales estarán más deteriorados. Muchos terminarán en la cárcel, algunos encontrarán una muerte prematura, otros conseguirán salir adelante pero a pesar de y no gracias a su estancia en los centros de menores. Aun así, estos supervivientes, dignos de admiración, también habrán sufrido un gran daño interior, que de una forma u otra les acompañará durante toda su vida.
Comentarios
un educador17-08-2009 13:08
El artículo sólo se queda en la superficie, y no va a la raíz del problema: la privatización de los servicios sociales. La mayoría de estos servicios se han dejado en manos de "asociaciones" ( que al final son simplemente empresas privadas), cuyo principal objetivo es llenarse los bolsillos de dinero publico. La mayoria de estas "asociaciones" tienen una indiscutible relación con el poder politico (PP) y clerical (opus dei y demas chusma), cuya "etica" es de dudosa honorabilidad. La degradacion de estos servicios es paralela e inseparable a su privatizacion, y la precarizacion laboral del colectivo de educadores es otra de sus consecuencias. Criminalizar a los educadores (el eslabon más débil de los trabajadores de los centros), es un discurso "muy facil", y me gustaria ver al autor del articulo currando en un sitio de estos. En todo caso el autor se sorprenderia de la dificil tarea de los educadores, que luchan dia a dia contra viento y marea, y tratan dentro de sus posibilidades de inculcar a estos/as chavales valores progresistas y avanzados (luego tambien hay algunos "educadores" que son basura humana, que mala gente hay en todas partes). En todo caso el autor tiene razón en que la politica general de los centros es basicamente carcelaria (politica dictada por las "asociaciones"), no tienen supervision alguna por parte de las instituciones, y la cosa va de mal en peor...pobres menores
#2.- Réplica de uno de los autores...
Colectivo No a O´Belen17-08-2009 14:37
Prácticamente en todo estoy de acuerdo...de hecho, lo que ha aparecido publicado es la primera parte del articulo (es un artículo mucho más amplio, tiene otras dos partes, una de ellas precisamente para explicar el porqué de esta situación...en cuya raíz obviamente está la privatización).
Solo aclarar que los autores del artículo lo hemos escrito sabiendo lo que es currar en centros de menores, porque somos educadores, ya con varios años de experiencia laboral en todo tipo de centros.
En el fondo, estamos deacuerdo. Un saludo!
lunes, 17 de agosto de 2009
¿Qué pasa con los centros de menores?
domingo, 16 de agosto de 2009
Casas de horror y torturas
17 de agosto de 2009.
Nodo50
Jaime Barrientos y Javier Faurié - Tiempo
Fue hace cuatro meses, en marzo, cuando una menor que había pasado una semana en un hospital se arrojó en marcha del coche que la devolvía al centro Casa Joven de Azuqueca de Henares, en Guadalajara, donde permanecía interna. La joven, de 14 años, que falleció tras permanecer una semana en coma, aparentemente prefirió arriesgar su vida a volver al centro de menores. Un centro que, como muchos otros en toda España, ha sido acusado de brutales maltratos a los jóvenes que tutela.
Juanga, un joven que hoy tiene 19 años, fue a parar a Casa Joven cuando aún no había cumplido los 12. “Desde el principio -afirma- los educadores te dejan las cosas claras: ‘Si yo te digo que es de noche, aunque sea de día, para ti es de noche’. Siempre era igual. Contenciones físicas en las que te tiraban al suelo y te retorcían los brazos y las piernas hasta hacerte moratones. Educadores que decían que no te quejaras porque ellos tenían abogados para defenderse y tú no. No me dejaban hablar por teléfono en caló con mi madre, que es gitana. A veces me insultaban diciéndome que mi familia no me quería. Todo eran abusos. Todo estaba prohibido y no podías quejarte de nada. Todos teníamos brotes de ansiedad”.
El escándalo comenzó el pasado febrero, cuando Enrique Múgica, Defensor del Pueblo, presentó un informe incendiario. Denunciaba maltratos y vejaciones en varios centros de menores con problemas psicológicos de la Comunidad de Madrid y Castilla La-Mancha. Poco tiempo después se destaparon otros casos de abusos, en esta ocasión en centros de acogida y reformatorios, que en no pocas ocasiones se mezclaban con acusaciones de racismo. Así, a mediados de marzo de este año, la asociación SOS Racismo acompañó a una veintena de menores inmigrantes de nacionalidad marroquí a denunciar los malos tratos de su centro de acogida, en este caso en Deba, Guipúzcoa. Estos jóvenes relataban escenas escalofriantes. Afirmaban, por ejemplo, que los insultos y los maltratos eran cotidianos; que en una ocasión un educador agarró a uno de los jóvenes y le estampó la cabeza contra un árbol; y que en numerosas ocasiones desde la dirección del centro les presionaron para que firmaran el alta voluntaria y se fueran a otras comunidades autónomas, amenazándoles, si no, con devolverles a Marruecos.
Maite Etxaniz, diputada foral de Política Social, ha señalado que se está investigando si hubo maltrato en Deba. Sin embargo, le reprochó a SOS Racismo que difundiera mensajes “equívocos” sobre los centros de atención de menores de la provincia. También reprochó a la ONG que apoyara a los menores en su enfrentamiento con el equipo educativo y que cuestionara la profesionalidad de todos los educadores de la red, hablando de los derechos de los menores pero nunca de sus deberes. Etxaniz añadió que el papel que estaba jugando SOS Racismo respecto a la atención de menores extranjeros ha sido “claramente distorsionador y perturbador”, y afirmó: “[los adolescentes extranjeros] Han originado altercados y ha sido necesario emplear la contención”.
El epicentro del maltrato
De toda la geografía del presunto maltrato a los jóvenes internos, el centro de Picón del Jarama, en la Comunidad de Madrid, es de los que sale peor parado en el informe del Defensor del Pueblo. Se denuncia la existencia de una sala de reclusión “siniestra, sin ventanas y recubierta de una goma negra que desprende un olor muy fuerte y desagradable, casi irrespirable” donde se encerraba a los menores para castigarlos. Se habla también de “sanciones degradantes”, como que los trabajadores obligaban a los niños a desnudarse íntegramente durante los registros de las habitaciones. Estos métodos de trabajo provocaron que en 2008 hubiera un total de ocho bajas voluntarias en una plantilla de 23 trabajadores.
Estas gravísimas acusaciones, sin embargo, fueron desmentidas por Gema Fernández-Cueto, directora de la Red de Centros Especializados de la Fundación O’Belén, asociación que gestiona el centro de Picón del Jarama, el de Azuqueca de Henares y varios más denunciados por el Defensor del Pueblo. Según Fernández-Cueto, existen al alcance de los menores hojas para remitir quejas, y se registra cada sanción disciplinaria. Niega que se haya castigado nunca a ningún menor por hablar caló, árabe o cualquier otro idioma, y sostiene que las contenciones físicas están controladas por psiquiatras.
Sin salir de la Comunidad de Madrid, sobrecogen las cartas que algunos cuidadores y jóvenes de los reformatorios Los Rosales 1 y Puerta Bonita, gestionados por la fundación y asociación Respuesta Social Siglo XXI, mandaron denunciando las situaciones de abuso. Escribían a la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (Arrmi), y según Carmen Balfagón, directora gerente de este organismo, las cartas le fueron reenviadas al Defensor del Pueblo, que actualmente estudia su veracidad.
En estas cartas se narran episodios como el que supuestamente tuvo lugar en diciembre de 2005. Entonces, un educador de Los Rosales 1, que luego pidió la baja voluntaria, narra que comentó a otro compañero que el subdirector del centro le estuvo golpeando en la cara con un walkie-talkie a un joven que estaba inmovilizado en el suelo por un cuidador. Otro ex empleado del centro afirma que un menor se orinó de miedo al entrar en su celda uno de los educadores. “Cuando un chaval se queja más de lo normal -afirma este antiguo cuidador en una de sus cartas- se le pide a ciertos educadores de confianza que le provoquen para poder engrilletarle y hacerle una contención física y mecánica”.
En otra carta otro ex empleado del centro sostiene que se concebían las actividades deportivas como una “tortura física”, ya que los supuestos entrenamientos eran de una intensidad “brutal”. Un joven que estuvo internado en el centro coincide en esta acusación en una carta desesperada: “El viernes 4 de julio de 2008 una educadora nos manda a diez menores hacer 100 flexiones seguidas. Solicitamos que resuelvan y terminen con esta rutina y malvivir... Muchas gracias y perdonen las molestias causadas: vengan lo antes posible por favor para terminar con esta pesadilla”.
“Putos negros, sois cucarachas”
“Hay tres patios para sacar a los menores -explica otro ex empleado-. Uno de ellos tendrá unos 25 pasos de largo por cinco de ancho. Si el chico está sancionado, no puede dejar de andar. Tiene prohibido estar sentado ni pararse, apoyado en la pared o en cuclillas. Prohibido cantar, silbar o correr. Si hace algo de esto se le sube a la celda”.
Lo que sigue son declaraciones de los propios menores del centro extraídas de las cartas que ha recibido el Defensor del Pueblo: “Hola, soy un menor infractor. Aquí en Los Rosales 1 pasamos todos mucha hambre. También sufrimos malos tratos psicológicamente. Aprovechan su autoridad para humillarnos. A muchos inmigrantes (ecuatorianos, colombianos, dominicanos, marroquíes...), a los que somos de color negro como es mi caso y a algunos de mis compañeros nos dicen: ‘Putos negros váyanse a vuestro puto país que sois cucarachas’, etc. Y quiero que sepan que no pongo mi nombre por miedo a lo que nos puedan hacer. Atentamente: un menor que se arrepiente más de estar aquí que por lo que hice”.
Otro menor denuncia: “Siempre están diciéndonos que somos unos delincuentes y que vamos a quedarnos por ahí tirados como perros. Nos preguntan irónicamente si alguien nos quiere (...) Si salimos con ropa no adecuada nos sancionan, pero es que no tenemos ropa”.
Otro adolescente asegura que su carta está escrita anónimamente “por el miedo” a lo que pueda pasarle. “Quiero informar -dice-que en este centro pasamos mucha hambre. Nos humillan diciéndonos que no somos nada y que somos basuras para la sociedad. A veces utilizan términos como ‘negro de mierda’. No me he sentido reformado sino con más odio por estar ahí dentro y sin tener que ver con la privación de libertad. Hay abusos por parte de vigilantes y algunos educadores. Me refiero a abusos físicos, agresiones. Al entrar te tratan como a un perro (...) La mayoría se dedica no a educarte, sino a hacerte la vida imposible; a buscarte sanciones y a provocarte para que saltes. Yo no guardo rencores, yo quiero que cambien a esas personas y que las echen y que les den su merecido legalmente porque son malvadas y malas”.
Comida fría, escasa y con bichos
Uno de los ex empleados citados anteriormente sostiene que la comida es “asquerosa”: “La mayoría de las veces está quemada y fría y en poca cantidad. No es raro encontrar pelos o pequeños bichos. La subdirección ha llegado a comentar lo arriesgado que es comer en el centro porque el aceite se reutiliza muchas veces y es de bajísima calidad”. Carmen Balfagón reconoce que, efectivamente, hubo problemas en el pasado con la comida y que, al comprobarlo, despidió a las dos cocineras inmediatamente. “Prueba de que el problema ha sido subsanado -afirma- es que los menores de ese centro, con los que me reúno a solas y a puerta cerrada para escuchar sus quejas, no han vuelto a referirme nada en ese sentido”.
El primero de los ex trabajadores citados continúa: “La dirección no se preocupa por proveerse de tallas adecuadas. La ropa está sucia y, además, se comparte: los calzoncillos son comunes. Muchas veces las tallas son desproporcionadas, facilitando los insultos o motes por lo ridículo de su vestimenta. (...) Es habitual que los menores corran con zapatillas dos o tres números más pequeñas”.
Carmen Balfagón desmiente tajantemente que esto sea verdad, cosa que también niega el responsable del ramo de Comisiones Obreras, Jorge Corgayón: “Mienten descaradamente. En los centros sabe todo el mundo que Carmen Balfagón se presenta sin avisar y que habla con los chavales. Hasta que se creó la Arrmi había problemas, pero ahora no. Hay dos protocolos de actuación y dos de inspección. Uno de la propia Arrmi, que se entrevista periódicamente con los educadores y los chicos. Y otro dependiente de la Fiscalía y el juez de menores. Ambos hacen que, en la práctica, sea imposible lo que los trabajadores de CGT denuncian: el 99% de los casos de maltrato no son ciertos, como tampoco lo es que se les provoque para que sean sancionados”.
“No me han llegado tampoco protestas sobre la ropa -prosigue Corgayón-. Soy sindicalista y de izquierdas y, lógicamente, poco tengo que ver políticamente con los responsables de la Comunidad de Madrid. Pero hay que reconocer que Carmen Balfagón nos ha desarmado: no hay una sola región en toda España que funcione con los menores con la claridad y eficiencia que aquí se lleva a cabo”.
Otro trabajador que estuvo en el centro de 2006 a 2008 asegura que un día escuchó a un coordinador hablándole a los chicos de métodos para suicidarse. Habla también de edificios en muy mal estado, “potencialmente peligrosos para la integridad física de menores y trabajadores”. Esta persona denuncia también que, si se producía cualquier situación embarazosa para el centro, como un gran número de cartas a la Arrmi, los menores “eran sometidos a fuertes interrogatorios con amenazas de quedarse sin ciertos derechos”.
::Fuente: Tiempo -Tortuga
sábado, 30 de mayo de 2009
Colocan ante las Cortes trece lápidas de niños muertos en centros de menores
29 Mayo 2009
EFE, Madrid
Trece lápidas de niños muertos en centros de reforma, colocadas hoy en la Plaza de las Cortes de Madrid por la Coordinadora de Barrios, pretenden llamar la atención de los dirigentes políticos ante la "lamentable" situación en la que se encuentran más de 30.000 menores sometidos a medidas de protección.
Iñigo Ortiz, portavoz de esta plataforma, ha declarado en una rueda de prensa que el fallecimiento de estos niños, en los últimos cinco años, es el "más dramático" síntoma de la "incapacidad" del sistema de protección para dar respuesta a las necesidades de personas que proceden de los sectores sociales más desfavorecidos.
Este acto es el primero de una protesta de veinticuatro horas en solidaridad con los niños "presos" en recintos donde se "tortura", como puso de manifiesto el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, sin que "nadie haya tomado cartas en el asunto".
La protesta cuenta con el apoyo de la Asamblea contra los Centros de Menores y No a Belén, entidad que denuncia las prácticas de la fundación que gestiona algunos recintos donde "se han suicidado internos y donde se han denunciado abusos físicos".
Ortiz ha resaltado que estos menores se sienten "maltratados y desamparados", ya que sus denuncias "no suelen ser tomadas en cuenta" y son víctimas de "cacheos, aislamiento, celdas de contención, sometimiento a reglamentos arbitrarios y abusivos, intervención de las comunicaciones, abuso de la violencia y prescripción de psicofármacos sin control".
"La Administración tiene que responder de la muerte de los niños que tiene a su cargo", reza el manifiesto que ha leído Olga Morla, miembro de la Coordinadora de Barrios.
Morla ha hecho hincapié en que la realidad ha demostrado que la figura del Ministerio Fiscal resulta "claramente ineficaz" para cumplir con el cometido legal de supervisar la actuación de la Administración pública en materia de menores.
Por esta razón, la ONG insiste en la necesidad de que exista un control judicial sobre estas instalaciones, así como una supervisión por parte de las familias y entidades sociales conocedoras de la realidad de los internos.
"Consideramos inconstitucional la gestión privada de la privación de la libertad", alega la organización, al tiempo que critica el que se haya creado un modelo que facilita que la guarda de estos niños suponga "un negocio" para algunas de las "mal llamadas" entidades sin ánimo de lucro.
Ortiz ha abundado en que el informe del Defensor del Pueblo, presentado el pasado mes de marzo, pone en evidencia la "gravísima" situación en la que se encuentran los menores, por lo que ha exigido el cierre de estos centros así como un cambio en el modelo de atención terapéutica que reciben.
Desde esta tarde a las seis del domingo están convocados varios actos, entre ellos una asamblea de debate, espectáculos de magia y teatro y la lectura continuada de la obra "El Canijín".
Esta acción se produce más de cinco meses después de que el menor interno Hamid el Amrani muriera ahorcado cuando se encontraba aislado en su celda de este centro gestionado por la Fundación O’Belén. Esto, lejos de constituir un hecho aislado, es denunciado por los activistas como un paso más en una dinámica diaria que incluye agresiones físicas y psicológicas; aislamiento como forma de castigo y medio "terapéutico"; violaciones constantes del derecho a la intimidad; medicación forzosa, indiscriminada y suministrada por personal no sanitario; y castigos humillantes. Como agravante, la reclusión de los menores no se produce bajo gestión pública, sino en el interior de una institución privada, con intereses económicos detrás.
L@s activistas han manifestado su firme voluntad de continuar las movilizaciones hasta que termine la impunidad de estas cárceles para menores, enfrentando esta situación a base de acción directa.
Decenas de activistas toman el Instituto del Menor para exigir el fin de los malos tratos en el centro de menores Picón del Jarama
Madrid, 29 de mayo de 2009
Ocupación del IMMF en solidaridad con los chavales del centro de menores Picón
En la mañana de jueves, 28, alrededor de 30 personas han irrumpido en la sede del Instituto Madrileño del Menor y la Familia para exigir la clausura inmediata del centro de menores Picón.
Varias personas han subido a los balcones del edificio desplegando una pancarta, otro grupo de solidari@s se ha mantenido en el hall gritando en solidaridad con l@s chavales y varias personas más han permanecido en el exterior con una segunda pancarta.
Además, se ha hecho público el siguiente comunicado:
CENTRO DE MENORES PICÓN DE JARAMA.
Realizamos esta acción para solidarizarnos con los adolescentes encerrados en el centro de menores Picón de Jarama. Hace ya varias semanas que se hizo pública la situación de malos tratos que se vive en ese centro, gestionado por la Fundación O´Belén, y sin embargo los adolescentes allí internados no han sido liberados y los malos tratos continúan completamente impunes o han sido paliados temporalmente.
Hace más de 5 meses que Hamid el Amrani murió ahorcado cuando estaba aislado en su celda de Picón de Jarama. Han pasado otros 2 meses desde que el Defensor del Pueblo presentase un informe señalando que existen al menos 12 procesos judiciales abiertos respecto al mismo centro y señalando negligencias de todo tipo.
Sin embargo “Picón” continúa funcionando y no sólo no se ha derivado responsabilidad alguna, sino que siguen produciéndose violaciones de los derechos humanos y malos tratos en su interior. Temporalmente se han adoptado algunas medidas paliativas; los menores afirman que se han reducido los periodos de aislamiento, los insultos y las agresiones, pero la entidad gestora se mantiene, el equipo “educativo” es prácticamente el mismo y la situación es de completa impunidad. Los responsables de la Comunidad de Madrid, comenzando por la Consejera de Familia y Asuntos Sociales en lugar de tomar medidas contundentes han negado que existiesen denuncias, quejas, y los propios malos tratos, faltando a la verdad públicamente, criminalizando y restando credibilidad a los chicos y chicas a quienes supuestamente “protegen”.
La principal circunstancia que denunciamos es que Picón de Jarama se constituye de hecho como un centro de detención para menores desamparados que no han tenido la posibilidad de defenderse en juicio alguno. Sometidos a distintos regimenes (desde aquellos que permanecen constantemente en el interior del recinto hasta aquellos a quienes se permite acudir a centros educativos y laborales o salir por periodos determinados de tiempo), estos menores son privados de libertad en base a criterios subjetivos de funcionarios o incluso trabajadores de entidades privadas. Se está violando lo dispuesto en los artículos 763 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, 271.1 del Código civil y 6 del Decreto 246/2005 que señalan claramente que ninguna persona puede ser sometida a internamiento psiquiátrico sin ser escuchada previamente y sin la previa autorización judicial, independientemente de su edad o capacidad intelectual.
Como agravante, la reclusión no se produce bajo gestión pública sino en el interior de una institución privada tras la cual se encuentran intereses económicos que hasta el momento no han sido aclarados.
Respecto a las violaciones de los derechos humanos que se producen y se han producido en Picón de Jarama, destacamos:
o Agresiones físicas y psicológicas. En Picón de Jarama se han producido agresiones que han requerido tratamiento ambulatorio por parte tanto de vigilantes como de educadores. Algunas de estas agresiones han sido denunciadas y la Comunidad de Madrid en lugar de favorecer la investigación ha puesto obstáculos a ésta. Los insultos y las agresiones psicológicas son constantes.
o Aislamiento como forma de castigo y medio “terapéutico”. El aislamiento, definido por la HCFA (Administración sanitaria estadounidense) como “encierro involuntario de una persona en una habitación o espacio del cual se le impide físicamente salir” se aplica por periodos que pueden ir desde unas horas a varios días. A esto hay que sumar la existencia, desvelada por el defensor del pueblo, de cubículos especiales de castigo donde se aísla a los menores por periodos de hasta varias horas. Las Naciones Unidas prohibieron en 1990 el uso de aislamiento como castigo a menores, puesto que es una forma de tortura que genera riesgo de suicidio, autolesiones y trastornos mentales a corto, medio y largo plazo.
o Violación del derecho a la intimidad. Desnudos integrales, exploraciones físicas del ano o la vagina, escucha de llamadas, lectura de diarios y cartas, retirada de fotos u otros objetos personales son prácticas vejatorias efectuadas constantemente en el centro Picón de Jarama.
o Medicación forzosa, indiscriminada y suministrada por personal no sanitario. A menudo los fármacos son dispensados por educadores que no están capacitados legalmente para ello. Tenemos constancia de varios casos en que los menores han sido sedados a la fuerza o bajo coacciones.
o Castigos humillantes. Los menores internos en Picón están sometidos a las “medidas educativas creativas” que escojan sus “educadores”, medidas que pueden consistir en todo tipo de humillaciones.
Tanto la Comunidad de Madrid, como la Fiscalía de Menores y el Defensor del Menor tienen constancia de estos hechos, no sólo a través del reciente informe del Defensor del Pueblo, sino mediante multitud de cartas, denuncias y quejas que han recibido, de los cuales presentamos públicamente varias hoy. Somos conscientes de que tras la Fundación O´Belén se encuentran poderosos intereses económicos y políticos, y lamentamos constatar que estos han sido más fuertes que el respeto a los adolescentes y trabajadores que han pedido ayuda. Por ello optamos por la vía directa: mientras continúe la impunidad seguirá habiendo movilización social contra el maltrato.
Otro "suicidio" en un instituto de menores en Argentina
CORREPI
29 de mayo de 2009
En 5 meses, de más de 100 personas asesinadas por el estado, 50 murieron, como Germán y Rodolfo, en cárceles, comisarías o institutos de menores.
El 6 de mayo, Rodolfo Arancibia (19) fue encontrado ahorcado, en una celda del Instituto de Menores Agote.
La médica forense que revisó el cuerpo en el lugar, escribió que “presentaba una tela sobre la boca a modo de mordaza".
Cuado se la quitaron, encontraron dos medias forzadas dentro de la boca. También, tenía marcas de golpes en la cara. Sus muñecas mostraban las típicas lesiones por esposas muy apretadas. Pero lo más intenso estaba en sus manos. No tenía ninguna de sus diez uñas.
Rodolfo era uno de los 16 hijos de una extensa familia que vive en la villa de Soldati. Estuvo pocos días en el Agote. Fue detenido el 26 de marzo de este año, por orden del Tribunal Oral de Menores número 3, por un viejo pedido de captura en una causa por lesiones, de la que él no estaba enterado, ni tampoco su familia.
Del expediente surge que el subayudante Aldo Ramón Zerba, del Cuerpo Especial de Seguridad y Vigilancia del Sennaf (Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia) apagó las luces del pabellón a la 01:50.
En el libro de novedades dice que la última ronda se hizo 0:50. Cuando Zerba fue a abrir las celdas a las 7:00, dice que lo vio muerto por el ventiluz, y sin tocar nada fue a dar el aviso.
La policía y el fiscal recién fueron llamados a las 8:11...Nada se dice de donde están sus uñas. Ni la médica, ni el juez y su secretaria, ni el fiscal, que llegaron al instituto a las 10 de la mañana, notaron el curioso y sangriento “faltante”. Pero las fotos tomadas por los hermanos en el velorio muestran los diez dedos ensangrentados, sin uñas...
En ese sector del instituto Agote hay 5 celdas individuales que dan a un salón. De día están abiertas, de noche se cierran con una traba de seguridad y candado desde afuera. Ninguno de los testigos vió ni escuchó nada.
La versión oficial sostiene que Rodolfo sufría una fuerte depresión, angustia, que hablaba de matarse y que no tenía contacto con la familia...
Pero el 5 de mayo, apenas horas antes de morir, había hablado cuatro veces con sus hermanos. La última llamada fue a las diez menos cuarto de la noche. Le pidió a su hermana Flavia unos compacts y ropa interior nueva. Nada que indicara que Rodolfo Arancibia estaba deprimido o con ganas de suicidarse.
De la misma forma que en el caso de Germán Medina (16) también ahorcado, pero en el instituto Rocca, y de muchos otros, se sostiene la tesis de que el menor se encontraba bajo un fuerte estado depresivo.
En 5 meses, de más de 100 personas asesinadas por el estado, 50 murieron, como Germán y Rodolfo, en cárceles, comisarías o institutos de menores. ¿Todos estaban deprimidos?
Si Rodolfo, por ejemplo, mostraba “indicadores de autoagresión”, ¿Por qué estaba en una cárcel, en un calabozo solitario, y no en un hospital, con atención psiquiátrica? ¿Cómo pudo arrancarse primero todas las uñas de las manos, lastimarse la cara y las muñecas, meter dos medias en su boca, ponerse una mordaza y luego colgarse?
Sea porque lo torturaron y mataron, o aun en la improbable hipótesis de un suicidio, no hay otro responsable que el propio estado, que lo mató, o lo dejó morir.Esta es “la protección integral”, la política de reinserción y cuidado que promueve el gobierno para los hijos de los pobres. Régimen penal juvenil, modernos institutos, derechos y garantías... Aunque se disfracen de cuidadores, son los verdugos de siempre.
martes, 26 de mayo de 2009
Madre cuida a tu niño, vienen por él
26 de mayo de 2009
Alberto Morlachetti (APE)
Lo digo bajito, como en secreto. Porque es incómodo ser pequeño: hay que andar siempre con la cabeza levantada. Todo ocurre tan arriba, tan por encima de uno mismo. Uno se siente poco importante, rebajado, débil y como perdido.
Puede que por eso nos guste andar al lado de los adultos cuando están sentados; porque entonces podemos ver sus ojos.Janusz KorczakLa infancia ya no tiene su abrigo más precioso en las generaciones anteriores. La situación de la mayoría de los niños y niñas se corresponde con el mayor desamparo, cuando todo es incierto y el frío y el hambre estiran las noches, meten miedo y provocan el abrazo fetal sobre uno mismo como tratando de protegerse de este país resquebrajado que lastima. Apuntar a los niños pobres, a su manera manantial de ser, muestra la crueldad de una parte de la sociedad donde los valores que la sustentan se han vuelto necesariamente impugnables.La ofensiva contra esos pequeños con tres malabares y muchos desamparos, no es un oscuro episodio de la retaguardia del sistema. Para esa mirada todo lo que sobrevive y tiene destino de muerte está inscripto en una desviación criminal. Esos pibes que luchan por su vida amenazada por los días que terminan y no alimentan, saben a resistencia.-I-Los nuevos tiempos enfatizan la necesidad imperativa de disociar las causas sociales de la responsabilidad individual, conforme a la visión neoliberal. La “cultura de la indulgencia” promovida por los programas de prevención y de tratamiento social fue reemplazada por un nuevo “principio de realidad”. Definido el enemigo interno, la caza del niño forma parte de la nueva organización del poder, para los que la vieja familia y la vieja escuela son demasiado laxas e ineficaces.En otros términos. El control de las clases populares a través de lo que Pierre Bourdieu llamó “la mano izquierda” del estado simbolizada por la educación, la salud, la asistencia y la vivienda social, es sustituida rápidamente por la “mano derecha”, policía, justicia y prisión, cada vez más activa e inserta en las zonas inferiores del espacio social.-II-El hambre pone cifras, decenas de niños mueren por día antes de cumplir su año de vida. Sin embargo, las estadísticas tienen los bolsillos desiertos. Nuestras palabras luchan tenazmente contra el silencio, como una plegaria o una voz colectiva que le preste “goces y auxilios a nuestros días”. Mientras la mayoría de los pibes viven sus “malas vidas” en una larga tanda publicitaria que tiene distraído al resto de la sociedad.Machaconamente la sociedad del espectáculo los condena y repite como consigna que a fuerza de disculpar siempre a los autores de la violencia urbana, se corre el riesgo de fomentar los delitos. Sea cual sea la razón profunda y real de la fractura social, “es inaceptable buscar excusas para actos inexcusables”. En pocas palabras, no dejar pasar nada, sancionar desde el primer delito, desde la primera travesura.-III-El cuerpo glorioso de la publicidad -mientras tanto- ha convertido la responsabilidad penal juvenil en una máscara tras la cual el frágil y diminuto cuerpo de los pibes podrá ser punible desde los 12, 13 o 14 años continuando su precaria existencia entre las palabras lacerantes del Código Penal. Aunque todos sepamos que la función natural del sistema penal es conservar y reproducir la realidad social existente.Argumentan que los niños y niñas tendrán las garantías del debido proceso. Aunque todo hace presumir que mientras esperan su sentencia serán alojados “en celdas para uso propio de animales peligrosos” como denunciaba la Suprema Corte Bonaerense el 29 de abril de 1997 o en comisarías y cárceles donde se han naturalizado los “tratos crueles, inhumanos y degradantes”, señalados por la Corte Suprema de la Nación el 3 de mayo del año 2005.Quizás debamos decir como Giorgio Agamben que el fin último de la norma es la producción del juicio, pero este no se propone castigar ni premiar, ni hacer justicia ni descubrir la verdad. El juicio es en sí mismo el fin y esto constituye el misterio del proceso. La pena no sigue al juicio, sino que éste mismo es la pena.
viernes, 1 de mayo de 2009
El lucrativo negocio de los centros de menores
Pablo Elorduy
Diagonal
Desde la aprobación de la ley del menor en el año 2000, diversas empresas y entidades han copado las adjudicaciones de centros de tutela, tratamiento y reforma de menores, al tiempo que la Administración se ha desentendido de su supervisión.
En abril de 2008, el BOE hacía pública la adjudicación del contrato de seguridad de dos centros de acogida (destinados principalmente a menores extranjeros no acompañados) a la empresa Levantina de Seguridad. Esto supone que más de 300.000 euros irán a parar a la empresa de José Luis Roberto, el conocido líder del partido de ultraderecha España 2000. Es otro ejemplo de lo que denuncian las asociaciones de defensa de los derechos de los niños, a saber, que empresas privadas han encontrado en la gestión de centros de menores (sean de acogida, de protección o de reforma), “un gran pastel a repartir”.
Así se expresa José Luis Calvo, de la Asociación Pro Derechos del Niño y la Niña (Prodeni), que considera que el sistema de protección se ha convertido en una industria, que “recoge la herencia de orfanatos y hospicios de antaño, regentados por la caridad de entidades religiosas o municipales y diputaciones, donde cada cual hacía de su capa un sayo”. Se ha convertido pues, en un negocio híbrido en el que se mezclan proclamas de índole caritativa con la lógica del mercado.
Algo que no era el objetivo de la Ley Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores (Ley Orgánica 5/2000), según el testimonio del fiscal Félix Pantoja, uno de sus redactores: “La idea inicial no era permitir que se privatizaran los reformatorios. Incluimos una disposición para que algunas asociaciones de barrio colaboraran en medidas como los trabajos en beneficio de la comunidad o la libertad vigilada, pero no imaginamos que se iba a utilizar para delegar la ejecución de la privación de libertad”.
Como indica el informe del Defensor del Pueblo Centros de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social, en el momento de elaboración del mismo “41 entidades privadas gestionaban 55 de los 58 centros [terapéuticos] existentes”. Otro dato que prueba la dinámica de privatización es que, según el mismo informe, aproximadamente el 80% de estos centros se han puesto en marcha en los últimos diez años. El grupo para Menores de la Asociación para el Seguimiento y Apoyo a Personas Presas en Aragón (Asapa) se lamenta, en un documento reciente, de que en la atención a menores “no parece que exista una voluntad política de tener un sistema de protección y apoyo a las niñas y niños dentro de la Comunidad más allá de los mínimos legales exigidos”. Así, junto a la omisión por parte de los Gobiernos autonómicos, responsables a partir de la Ley 5/2000 de la gestión de la protección de menores, se produce una “caza” de las adjudicaciones de centros de protección y de reforma. Como señala José Luis Calvo: “Hay entidades que, en principio defienden la igualdad y han abierto centros de menores y reforma. Otras se dedican a cuidar a personas con discapacidad o a la cooperación internacional y ahora gestionan centros de menores. Las administraciones autonómicas, por haberse visto desbordadas, han aceptado cualquier solicitud sin tener en cuenta requisitos mínimos imprescindibles, ni la profesionalidad y especialización del personal. Todo ello ha derivado en una mala calidad del servicio que ha sido detectada por el Defensor del Pueblo”.
Sin ánimo de lucro
Calvo explica que estas fundaciones y ONG funcionan a modo de subcontratas, y denuncia la complicidad de las administraciones: “Por poner un ejemplo, la Junta de Andalucía informó al Defensor del Pueblo de la existencia de un servicio de inspección a cada centro una vez al año, pero se calla, claro, que dicha inspección suele advertirse con 15 días de antelación con el propósito de facilitar a la respectiva ONG o fundación que todo esté en orden. Y en esas inspecciones no se requiere diálogo o conversación alguna con los niños y niñas, es decir, no se les pregunta”.
Para Asapa, la lógica empresarial en este campo es equiparable a la privatización de la educación o de la sanidad. A la falta de control por parte de los gobiernos autonómicos se unen conceptos del mundo de la empresa “como el de mercancía, contrata, cliente, productividad, rentabilidad, etc.”. Según Calvo, estas asociaciones funcionan por medio de órganos de gobierno desproporcionados “con numerosos cargos directivos (presidente, vicepresidente, directores generales,...). Y de ahí salen los sueldos de sus directivos, sus coches oficiales, sus comidas, sus encuentros, etc.”.
Según el informe del Defensor del Pueblo, como media, las administraciones abonan 3.810,30 euros al mes por la atención a los menores. Uniendo a este montante las aportaciones de distintas empresas a través de sus “obras sociales”, que funcionan como patrocinadoras, y las donaciones de suelo público por parte de las comunidades, estas organizaciones acumulan pronto un importante patrimonio. Calvo señala que, además, algunas de ellas –es el caso de Grupo Norte– pertenecen a grupos empresariales que cuentan con servicios de seguridad o catering “que lógicamente se llevan la adjudicación de dichos servicios”.
Negro futuro
La mayoría de los cuidadores, denuncia Prodeni, son elegidos por su fortaleza física o “por su mal carácter”, para contener a los adolescentes.
El informe del Defensor del Pueblo también ha puesto el acento sobre las malas condiciones laborales al asegurar que una de las características del personal educativo es su alto índice de rotación: “Además consideran que sus sueldos no se corresponden en absoluto con el trabajo realizado, y son excesivamente bajos (800 euros de media), y por último se lamentan del hándicap que supone para ellos la práctica inexistencia de una formación continua”. Asapa denuncia la realización de turnos ilegales en los centros de Aragón de hasta 52 horas seguidas.
Los menores, por su parte, quedan prácticamente abocados a una espiral que transita por el fracaso escolar y que, como señala el informe de la asociación aragonesa, refuerza “las vías de paso” del centro de protección al reformatorio y de ahí a la prisión. A este respecto, su informe subraya la semejanza (“es, literalmente, una réplica a escala”) entre el centro de reforma de Juslibol y la cárcel de Zuera.
En las circunstancias actuales, concluye el portavoz de Prodeni, el “sistema de protección es un factor importante de riesgo para buena parte de sus niños tutelados. Es un riesgo en sí mismo”.
Muere otro adolescente en un centro de menores del Estado español.
29 de Abril del 2009
La jueza de Instrucción número 1 de Coslada (Madrid) ha decretado el archivo provisional de la causa que abrió por la muerte de Saray G.M., que falleció tras saltar de un vehículo en el trayecto hasta un centro de menores de Azuqueca de Henares (Guadalajara) y cuya familia ha presentado una denuncia para que se investigue lo ocurrido.
Mientras la justicia y los políticos hacen la oídos sordos, otro menor muere en condiciones poco claras en Pamplona
El pasado 25 de marzo Miguel, de 17 años, fallecía en el Centro de Menores de Ilundain, en Pamplona. La noticia le llegaba a su madre a través de una llamada telefónica del centro donde le comunicaban que había sucedido un accidente. A preguntas de su madre de qué accidente, el centro le indicaba que su hijo se había suicidado. Parece que Miguel se ahorcó en la habitación en que permanecía encerrado.
Miguel, conocido como “Txapelo” por sus amigos y vecinos de Tudela, donde vivía, llevaba dos meses internado en el centro de Pamplona cumpliendo una medida cautelar.
Margarita, su madre, se queja de la falta de atención y del mal trato que viene recibiendo por parte de las autoridades del centro y de los servicios sociales, así como de la confusión que existe respecto a las circunstancias de la muerte de su hijo. En ningún momento han sido claros y precisos con ella.
Esta es la tercera muerte conocida de un menor en menos de 6 meses en los centros de menores del estado español. En los tres casos, el centro estaba gestionado por una entidad privada.
El Centro de Menores de Ilundain está gestionado por la entidad privada Fundación Ilundain Haritz-Berri.
Margarita está luchando para que se esclarezca lo que ha sucedido y para que se investigue cómo funcionan los centros de menores y qué pasa en el interior de los mismos. “Yo lo que quiero saber es lo que le ha sucedido a mi hijo y que la gente lo conozca, saber qué ocurre en estos centros. Que ninguna madre ni ningún chaval tengan que pasar por esto.”
Margarita se ha puesto en contacto con la asamblea a través de Paqui, la madre sevillana de la que hemos publicado anteriores noticias. Animamos a toda la gente que quiera apoyar a estas madres a que se ponga en contacto con ellas.
Seguiremos informando.
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Así lo han indicado a Efe fuentes de la representación legal de la familia de la chica, que murió el pasado 19 de abril a los 14 de años tras permanecer una semana en coma en el Hospital Niño Jesús de Madrid a causa de las lesiones que sufrió al saltar de la furgoneta que la trasladaba desde la estación de Atocha al centro de menores Casa Joven de Azuqueca.
Saray, que estaba internada en el centro desde mayo de 2008 bajo la tutela de la Junta de Castilla-La Mancha, volvía de pasar las vacaciones de Semana Santa en Ciudad Real con sus tíos y su abuela, encargada de su acogimiento al estar los padres de la menor en prisión.
Las fuentes consultadas han explicado que la jueza decretó el pasado 22 de abril el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones y que dos días después, el viernes 24, la abuela de la menor presentó una denuncia en ese mismo órgano judicial para que se investiguen los hechos.
En concreto, ha pedido que se tome declaración judicial al monitor que conducía la furgoneta, a las dos menores que viajaban en ella junto a Saray y al responsable del centro de menores Casa Joven de Azuqueca, que es gestionado por la Fundación O'Belén.
Las fuentes consultadas han confiado en que la jueza reabra la causa a partir de esta denuncia, pues cuando decidió archivarla no había practicado ninguna prueba y en el expediente sólo constaba el atestado de la Guardia Civil.
La muerte de Saray, además del proceso judicial, motivó la apertura de sendas investigaciones por el Defensor del Pueblo y por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
El Defensor del Pueblo, que criticó el funcionamiento de Casa Joven en el informe que presentó en febrero en el Senado sobre los centros de menores en España, volvió a visitar sus instalaciones el martes pasado, según las fuentes consultadas por Efe.
Más info: http://www.centrosdemenores.com
Declaración Colectivo No a O´Belen 1º Mayo
2 de mayo del 2009
Desde el año 99, se vienen sucediendo numerosos informes que alertan de la grave situación que soportan los menores internados en los centros gestionados por la Fundación O´Belen (Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Defensor del Pueblo de Castilla La Mancha, informes de los técnicos de Bienestar Social, y el reciente informe del Defensor del Pueblo presentado hace tan sólo tres meses).
Este último informe relata el maltrato que sufren los menores, consistente en abuso de psicofármacos, celdas de aislamiento que parecen "mazmorras medievales", empleo de la violencia física contra los niños, no escolarización de los menores e incluso denuncia las nefastas condiciones de habitabilidad de los centros gestionados por la fundación de Emilio Pinto. Cada vez son más los colectivos que denuncian mediante actos públicos, manifestaciones, etc. su repulsa por la situación de los niños y las niñas tutelados por las administraciones públicas. Recordemos que O´Belen tiene a sus espaldas la muerte de al menos tres niños.
Todo esto se debe a la privatización del sector, que ha convertido el sistema de protección de menores en un rentable negocio. Por eso, consideramos que el papel de los sindicatos de clase es fundamental a la hora no sólo de garantizar la dignidad y la estabilidad del empleo en el sector, sino en la protección de los derechos de la infancia desamparada. En este sentido, saludamos la lucha iniciada por FES-UGT al denunciar que "estas entidades son empresas con ánimo de lucro que están haciendo negocio con la vida de los menores" y ha pedido que se les retire los servicios de protección de menores que tiene O´Belen.
En la misma línea, CCOO de Ceuta ha denunciado las torturas que sufren los menores internados en el centro Punta Blanca de dicha localidad, y ante las críticas e incluso las agresiones físicas que han sufrido los compañeros tras denunciar el caso, han dejado claro que "Comisiones Obreras siempre defenderá los derechos de los ciudadanos en general y los menores son los más desprotegidos de nuestra sociedad". Este es el camino.
Sin embargo, lamentamos profundamente la actitud de la Federación de Enseñanza de CCOO de Castilla La Mancha, que en un comunicado firmado por su secretario general no hace sino justificar a O´Belen e insultar a un sindicato hermano como es UGT, utilizando demagógicamente la defensa de puestos de trabajo. Esta federación se ha convertido en la correa de transmisión de la patronal del sector en cuestión, como queda claro al estar en el comité intercentros de O´Belen por CCOO Rafael Pinto, sobrino del presidente de la FIOB. ¡Incluso el sindicato vertical cuidaba más las formas! Ante esta forma de actuar, indigna de un sindicato de clase, nos vemos obligados a denunciar públicamente a Alfonso Gil Simarro, secretario general de CCOO Enseñanza de Castilla La Mancha, y a exigir su dimisión inmediata.
CIERRE DE LOS CENTROS DE O´BELEN.
POR UNOS SERVICIOS SOCIALES PÚBLICOS
DIMISIÓN DE ALFONSO GIL SIMARRO
COLECTIVO NO A O´BELEN
Centro de retención Yarl’s Wood: La vergüenza de Gran Bretaña por los menores retenidos
Cerca de 2000 menores son recluidos cada año en los centros de inmigración en UK
01-05-2009
Emily Dugan
The Independent
Traducido para Rebelión por Christine Lewis Carroll
Un informe realizado por el Defensor del Menor para Inglaterra denuncia que a los menores retenidos en el centro infame para inmigrantes Yarl’s Wood se les deniega tratamiento médico urgente, son tratados con agresividad y expuestos a graves peligros.
La investigación llevada a cabo por Sir Al Aynsley-Green pinta un cuadro espantoso de negligencia y hasta crueldad hacia los menores atrapados dentro de los muros y alambradas del centro, e informa que hay “pruebas importantes de que la retención perjudica a los menores”.
Desde su apertura en 2001, el centro de retención de Bedfordshire ha pasado por huelgas de hambre, incidentes de auto-lesión, un suicidio y motines. El centro se incendió y sufrió importantes daños en 2002. A pesar de repetidos escándalos – y los resultados que denuncia esta investigación – se concedió permiso el mes pasado para doblar la capacidad del centro desde 405 plazas a casi 900.
Cerca de 2000 menores son retenidos cada año en los centros de inmigración – la mitad de ellos en Yarl’s Wood, gestionado por una compañía privada, Serco, desde 2007. Lo que describe el informe es una cárcel en todo menos el nombre. Políticos, expertos en inmigración y médicos han hecho un llamamiento para poner fin a la retención de menores y para tomar medidas urgentes que aseguren que los retenidos son tratados con humanidad.
El informe revela que las garantías más básicas para los menores están fallando en Yarl’s Wood. Asuntos graves relativos al bienestar de los menores fueron ignorados y éstos seguían retenidos estando enfermos o en peligro a causa de la salud mental de sus padres. Su bienestar también está bajo mínimos durante su detención y traslado al centro.
En cambio, las reuniones celebradas entre servicios sociales, la UKBA (Agencia de Fronteras del Reino Unido) y el personal de Yarl’s Wood para discutir las implicaciones que representa para el bienestar de un menor encerrarlo durante 28 días, se centraron en temas legales y de relaciones públicas. El Defensor del Menor pide urgentemente “que se tenga en cuenta los intereses del menor, cuestión fundamental al tomar decisiones sobre la retención”.
La UKBA afirma que se han tomado medidas para proteger a los menores desde la inspección de mayo pasado, pero Lisa Nandy, responsable de planes de acción de la Children’s Society (empresa que se ocupa del bienestar de los menores), cuestiona esto. “La agencia no ha llevado a cabo las mejoras necesarias para proteger a estos menores. El Secretario de Estado del Menor debe intervenir inmediatamente, ya que este informe expone riesgos graves sobre la protección de los menores que no han sido abordados adecuadamente.”
El Defensor del Menor halló que se denegó tratamiento hospitalario a menores que se encontraban gravemente enfermos, mientras la burocracia demoró considerablemente el traslado al hospital de otros en condiciones críticas. Un bebé con neumonía y un adolescente con graves problemas mentales estaban entre los afectados. A pesar de ser el principal centro de retención para menores, el informe denuncia que nadie en el equipo sanitario de Yarl’s Wood tiene titulación en salud del menor.
Al Aynsley-Green halló grandes deficiencias sanitarias en el centro, describiendo las instalaciones como inadecuadas y por debajo de los niveles del NHS (Sistema Nacional de Salud). A dos menores con anemia falciforme no se les permitió coger la penicilina que necesitaban cuando fueron arrancados de sus hogares. En consecuencia, enfermaron y necesitaron tratamiento urgente. En vez de enviarlos al hospital para recibir líquidos por vía intravenosa y antibióticos, sólo se les dio paracetamol. En el Sistema Nacional de Salud, esto sería considerado un “Grave Incidente Adverso”.
Menores que padecían graves problemas médicos y los mentalmente enfermos seguían retenidos rutinariamente, a pesar de directrices que indican no hacerlo. Una menor diabética tuvo que ser atendida de urgencia tres veces durante los 24 días de su retención – incluyendo dos ocasiones en que el nivel de azúcar en sangre no permitió despertarle – y tampoco le liberaron. Un bebé de ocho meses con asma ni fue liberado ni se le administró el inhalador.
Se les denegó inmunizaciones a menores con acreditación que las necesitaban, creando un riesgo sanitario. A un menor se le administró una vacuna equivocada, y el protocolo del centro para la prevención de la malaria contenía “graves errores” y era “inaceptablemente deficiente”.
Médicos de la organización Medical Justice (Justicia Médica) que facilita asistencia médica voluntaria a las familias de Yarl’s Wood insisten que hay más pruebas de abuso médico más allá del informe del Defensor del Menor. Afirman tener pruebas documentadas de un niño menor de 12 años al que se le administró los medicamentos antidepresivos de su madre al ser trasladado; de un menor con anemia falciforme al que se denegó analgésicos porque no podía hacer el camino hasta la clínica para cogerlos; y de menores que al volver a sus países de origen han contraído malaria por no recibir tratamiento preventivo previo.
De acuerdo con el pediatra Fred Martineau: “La retención de menores, sean bebés o adolescentes, les causa invariablemente sufrimiento emocional o físico. Los doctores de Medical Justice ven los efectos de la retención con regularidad, desde no administrar vacunas contra enfermedades mortales hasta la depresión clínica... La única manera de impedir este daño es poner fin a su retención.
La [falta de] sanidad en Yarl’s Wood ha sido un problema desde hace mucho tiempo, con brotes de microbios que hacen vomitar y varicela siendo comunes. En estos momentos se ha confirmado que el centro se halla en medio de otra cuarentena de varicela.
El informe describe la odisea de las “redadas al alba” – donde hasta 20 agentes asaltan los hogares para llevarse a las familias a altas horas de la madrugada. A los menores se les trata con violencia, tirándolos y arrastrándolos por el suelo. El Defensor del Menor dijo que ha comprobado por si mismo la existencia de lesiones.
Los menores han relatado cómo la experiencia los ha traumatizado, con los policías riéndose de ellos y alegrándose por la angustia de la familia. En la mayoría de los casos, los menores hablan de la agresividad de los agentes, de su grosería y a veces de su violencia.
A veces los menores fueron observados mientras se vestían por agentes del sexo opuesto, lo que el informe calificó de “un comportamiento inaceptable que debe abordarse inmediatamente”. También tuvieron que presenciar cómo se esposaban y reducían a sus padres – una vulneración directo de las directrices de la UKBA. Una madre, tan angustiada por ser esposada delante de su familia y arrojada dentro de una furgoneta con jaula, intentó ahorcarse con los cordones de los zapatos de su hijo.
Las furgonetas con jaula carcelarias son utilizadas de forma rutinaria para trasladar a los menores al centro de Bedford, a pesar de la promesa de usar vehículos de otro tipo. Los menores fueron privados de visitas al retrete, comida y líquidos. El informe constata que las furgonetas están “manchadas de orina y vómitos”.
El Defensor del Menor también dijo estar preocupado por el aumento en el tiempo que están retenidos los menores, lo que amenaza su bienestar mental. La semana pasada, la Secretaria del Interior Jacqui Smith, informó a los parlamentarios “la retención sólo se utiliza como la opción final y durante el período más corto posible”. Pero el Defensor del Menor informa que “el tiempo medio de retención de menores está aumentando y la decisión de retener ni es la opción final ni es por el período más corto posible, de acuerdo con el Artículo 37 de los Derechos del Menor de Naciones Unidas”.
Resumiendo, Al Aynsley-Green hace un llamamiento para que cese la retención de menores. “Cada año en el Reino Unido, retenemos a cerca de 2000 menores a efectos administrativos. Esto tiene que acabar.”
El liberal-demócrata Nick Clegg hizo eco de este llamamiento: “El encarcelamiento de miles de menores sin estar acusados de ningún delito, a menudo durante meses, es inhumano. El tratamiento de estos menores vulnerables en Yarl’s Wood es una prueba bochornosa de la política de inmigración fallida del gobierno.
El ministro de Fronteras e Inmigración Phil Woolas dijo: “Si los inmigrantes se niegan a volver a casa, entonces la retención es necesaria. No queremos separar a las familias, así que retenemos a los menores junto con sus padres, y mientras están bajo nuestra responsabilidad, los tratamos con sensibilidad y compasión”.
“Nos vinieron a buscar por la noche”
Dominic Mwafulirwa, de ocho años de edad, se pone a temblar al oír las palabras Yarl’s Wood. Él y su madre Cecilia, de 35 años, estaban dormidos cuando la policía irrumpió en su hogar de Swansea a altas horas de la madrugada hace tres meses.
Llegaron al Reino Unido desde Malawi cuando Dominic tenía un año. Cecilia había huido de un marido que le maltrataba para empezar una nueva vida en Gales, donde Dominic sacaba sobresalientes en el colegio. Esa vida terminó bruscamente al irrumpir la policía en su hogar.
“Dominic no habló desde el momento que nos llevaron retenidos hasta que nos encerraron”, dice Cecilia. “Fue duro mantenerlo animado. Cuando lo pregunté por qué no iba a la escuela en Yarl’s Wood, él contestó porque no aprendo nada.” Se negó a lavarse y empezó a romper cosas. Todavía está enfadado y confuso.
“Pasamos 50 días en aquel lugar. Perdí 20 kilos. Tengo anemia falciforme y después de los 50 días, mi nivel de hemoglobina en sangre estaba muy bajo. Estoy anémica y ellos sabían que tenía depresión. Cambiaron mi medicación y me amenazaron con quitarme a mi hijo.”
Cecilia y Dominic ya no están en Yarl’s Wood desde finales de marzo. Todavía no saben si pueden quedarse en el Reino Unido.
Fuente: http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/inside-yarls-wood-britains-shame-over-child-detainees-1674380.html
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