Vicenç Navarro
PÚBLICO
22 de abril de 2010
Este artículo cuestiona la expresión utilizada por el Juez Varela en su auto contra el Juez Garzón en la que indica que la judicatura ha mostrado una labor encomiable en la protección de las víctimas del fascismo. Este artículo muestra la enorme tolerancia (cuando no complicidad, como en el caso del Tribunal de Orden Público) que tal judicatura tuvo y continúa teniendo (ahora como Audiencia Nacional) hacia las enormes violaciones de los derechos humanos que aquella dictadura realizó, habiendo mostrado una enorme insensibilidad hacia las víctimas de tales violaciones.
Las instituciones que llevaron a cabo la enorme represión durante la dictadura, que el golpe militar de 1936 impuso a las distintas naciones y pueblos de España, fueron el Ejército, la Falange (el partido fascista), la Policía Nacional, la Iglesia y muchos sectores de la judicatura y, muy en especial, el Tribunal del Orden Público (TOP). Mientras que se ha criticado mucho el papel represivo que el Ejército, la Iglesia, la Falange y la Policía Nacional tuvieron durante la dictadura, poco se han examinado estos aspectos del sistema judicial, lo cual es sorprendente, puesto que estos sectores –y muy en particular el TOP– eran los que sostenían la dimensión represiva de aquel régimen dictatorial. El sistema judicial de la dictadura se basó, en gran parte, en la eliminación y expulsión de los jueces que habían permanecido fieles a la República, siendo condición para su permanencia mostrar apoyo al régimen, de la gestión de cuyas leyes se encargaban los jueces. Tal como señalaba la Escuela Judicial (donde se formaban los jueces), estos “eran la milicia del Derecho siempre dispuesta e identificada con los firmes ideales del Estado Nacional, que el Caudillo está construyendo”.
La represión durante aquel régimen tuvo dos periodos. El primero, inmediatamente después de la victoria del golpe militar, fue protagonizado primordialmente por el Ejército y por la Falange, hecho bien documentado en la historiografía crítica que se ha publicado durante la democracia. En la segunda etapa, una vez ya consolidada la dictadura, el sistema judicial, junto con la Policía, fue el responsable de mantener el orden dictatorial. Fue durante 1962, año en el que el régimen fascista declaró dos veces el Estado de excepción para reprimir las movilizaciones obreras que se iban extendiendo por España, cuando se pensó en establecer el TOP, continuador de los Tribunales de Responsabilidades Políticas, de la Masonería y del Comunismo. Se estableció así, en 1963, el Tribunal de Orden Público, cuyas actividades y recursos aumentaron a medida que la resistencia contra la dictadura se fue incrementando.
Un instrumento al servicio del TOP era la policía política, conocida como la Brigada Político Social (BPS), que era temida y odiada por las fuerzas opositoras al régimen por su función represora y por la brutalidad de sus métodos. La etapa más activa del TOP tuvo lugar en el periodo 1974-1976, en que se tramitaron 13.010 procedimientos, incrementándose su número a medida que aumentaba la oposición a aquel régimen –ver El TOP. La represión de la libertad (1963-1977), de Juan José del Águila–. Estos procedimientos iban frecuentemente precedidos por detenciones de la BPS, en las que la tortura era sistemáticamente aplicada en las sedes policiales, realidad que era ampliamente conocida por el Tribunal de Orden Público. Tal tribunal era plenamente consciente de las torturas, y demostraba, con su silencio y aquiescencia, su complicidad con tales prácticas. No hubo investigaciones ni denuncias de tales prácticas por parte de ningún juez durante la dictadura.
El TOP se transformó en la Audiencia Nacional el 5 de enero de 1977, coincidiendo con la publicación de la Ley de Reforma Política. La Audiencia Nacional, continuadora del TOP, pasaba a ser el tribunal para la defensa del Estado, una función que en la mayoría de sistemas democráticos carece de homologación. La Audiencia Nacional nunca criticó la labor nefasta del TOP, y nunca se ha distinguido por asistir a las víctimas de la represión de aquel régimen dictatorial. De ahí que el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo cuestionara, con razón, el auto del juez Varela en el que se hacía la asombrosa declaración de que la labor de los jueces a favor de las víctimas de la dictadura había sido encomiable. Todo lo contrario: la mayoría de la judicatura mostró siempre una enorme pasividad ante los conocidos atropellos realizados por la Policía Nacional y por la Brigada Político Social. Tales jueces nunca investigaron o denunciaron las detenciones, torturas y asesinatos de la Brigada Político Social; nunca honraron u homenajearon a los jueces que fueron asesinados o expulsados por su lealtad a la República; nunca juzgaron a los jueces del TOP; y la gran mayoría no ha hecho nada para ayudar a las familias de los asesinados desaparecidos a encontrar sus cuerpos y darles la sepultura y el homenaje debidos.
En realidad, un objetivo del enjuiciamiento de Garzón es parar las investigaciones sobre el paradero de los desaparecidos, y la muestra de esto está en que la gran mayoría de jueces asignados para encontrar a los desaparecidos ha dejado de hacerlo. Y ello a pesar de la demanda explícita, en las leyes que el Estado español ha firmado en tratados internacionales, que instruyen al Estado a buscar los desaparecidos y a encontrar a los responsables de sus asesinatos. Y ahora, tal “labor encomiable” de los jueces incluye el proceso al único juez, el juez Garzón, que ha intentado ayudar a las víctimas a enjuiciar los asesinatos ocurridos durante la dictadura, a propuesta del partido fascista, la Falange, heredero de los responsables de aquella enorme represión. Y que tienen ahora la osadía (por llamarlo de una manera amable) de pedir respeto para las instituciones que representan y piden que no se les critique.
En realidad, tal como muestra el rechazo unánime de la prensa internacional a su comportamiento, son ellos los que están desacreditando todavía más la institución a la que sirven. Tales jueces debieran saber que en Alemania, que sufrió un régimen parecido, la Falange estaría prohibida y los jueces del TOP habrían terminado en la cárcel. Y que algunos de los jueces del Tribunal Supremo, que han declarado su simpatía y comprensión hacia el golpe militar, promoviendo los trabajos del mayor apologista de aquel golpe, serían expulsados del cuerpo judicial.
jueves, 22 de abril de 2010
Los jueces y las víctimas
sábado, 17 de abril de 2010
La Audiencia Nacional se delata en Euskal Herria y el Estado español se retrata en el mundo
En una charla ofrecida en Iruñea en enero de 2006, un juez de la Audiencia Nacional definió de modo muy nítido cuál es el papel de esta instancia. Un papel que va más allá del que corresponde a un tribunal, por muy especial que sea, en cualquier estado que se define como democrático y en el que, por tanto, las decisiones deberían ser tomadas por las instituciones elegidas por los ciudadanos.
«Como órgano especializado, arriesgamos y anticipamos la necesidad de reformas legislativas -confesó-. A veces nos parece que una ley tiene que cambiar; entonces, se abre esta opción con una sentencia y se hace que decida el Tribunal Supremo por la vía del recurso. Y a veces se revocan nuestras sentencias, pero se nos admite que eso se hace sólo porque `con la ley actual no se puede', y automáticamente ésta se reforma».
Aquel juez detalló que así habían procedido, por ejemplo, para ilegalizar a Batasuna: «Todo el mundo decía que no había opción de actuar ahí, pero encontramos el artículo 129 del Código Penal, hicimos una interpretación inexistente hasta entonces, y la suspendimos. Fue una solución práctica». A base de decisiones judiciales similares -ni siquiera sentencias firmes, sino meros autos de instrucción-, la Audiencia Nacional, autoconvertida en ariete represivo del Estado, ha ido atropellando a todo tipo de colectivos sociales vascos, desde instituciones como Udalbiltza a organismos solidarios como el movimiento pro-amnistía o la Fundación Zumalabe, desde partidos y listas electorales a diarios como «Egin» y «Egunkaria»...
Han tenido que pasar doce años -desde las redadas de 1998- para que Euskal Herria, y el sentido común, logren una victoria en ese territorio judicial decididamente enemigo. Doce años para que un tribunal de la propia Audiencia Nacional admita que uno de esos macroprocesos fue un montaje de grandes dimensiones y terribles efectos, imputable lógicamente al juez de esa misma Audiencia Nacional que lo avaló, a la Guardia Civil que lo cocinó y al gobierno de turno que lo alentó. Por eso, la sentencia absolutoria de «Egunkaria» es una noticia importante. Por eso y porque el firmante se llama Javier Gómez Bermúdez, es presidente de la Sala de lo Penal de ese tribunal especial, y también la persona que en aquella charla de Iruñea reivindicó el papel de avanzadilla para la Audiencia Nacional.
La excepción y la norma
Quizás la conclusión más inesperada de la sentencia para muchos vascos haya sido la de apreciar que incluso una instancia tan marcada como la Audiencia Nacional puede hacer sentencias justas, aunque sea tan tarde, tan mal y de modo tan insuficiente. Afrontar el conflicto en otros parámetros no deja de ser una cuestión de voluntad. Cuando quiere, el Estado puede. De momento, sin embargo, el desenlace del caso «Egunkaria» queda como una mera excepción dentro de la norma, una norma que la Audiencia Nacional, la Guardia Civil y el gobierno de turno rápidamente se han apresurado a apuntalar con una nueva redada que mantiene a once ciudadanos vascos en los calabozos.
Poco han aprendido algunos del fallo de «Egunkaria». De nuevo la incomunicación ocultando incluso por qué han sido llevados al hospital varios detenidos, de nuevo las versiones oficiales amplificadas al máximo y la presunción de inocencia reducida a la nada, de nuevo agresiones que alcanzan incluso a abogados y registros sin las mínimas garantías legales. Ingredientes todos ellos que han hecho que el Estado español sea señalado con el dedo por múltiples instancias internacionales. Unas instancias que son conscientes de que los mecanismos represivos del franquismo nunca han dejado de estar vigentes en el Estado español. Y sobre todo en lo que respecta a Euskal Herria, porque es aquí donde se incomunica, donde se ilegaliza o donde se prohíben consultas, aunque sean sobre el TAV o una línea de alta tensión.
De aquellos polvos, estos lodos
En ese ámbito internacional, la eficaz maquinaria propagandística que durante muchos años ha vendido la «transición» como un proceso modélico y al rey español como su héroe hace aguas ahora. Todo el mundo ha podido ver cómo un juez español que ha perseguido leyes de punto final por todo el planeta no puede investigar la propia ley de punto final impuesta en su país para cientos de miles de crímenes. Cuando su dedo acusador apuntaba a otros continentes lejanos, las fosas estaban justo debajo de sus pies. Y, lógicamente, de aquellos polvos vinieron estos lodos; de aquella impunidad, estos atropellos; de aquel TOP, esta Audiencia Nacional; de aquella gran chapuza, estos déficits democráticos.
Más extraño resulta que la progresía española ponga la misma cara de pasmo ante una realidad que lleva 35 años ante sus ojos y nunca ha querido ver. El desconcierto se palpa en las diferentes reacciones del PSOE: mientras en Madrid disculpa la actuación del Tribunal Supremo contra Baltasar Garzón, en Euskal Herria anuncia mociones de apoyo al juez y de repulsa de la Falange. Como si éste fuera un problema de filias y fobias de magistrados concretos y no de un marco trampeado, que sólo empezará su transición cuando deje de encerrar a la ciudadanía de Euskal Herria o Catalunya.
martes, 2 de marzo de 2010
Un nuevo Juez Estrella nace en la Audiencia Nacional
Eloy Velasco acusa sin pruebas al Gobierno venezolano de apoyar a las FARC y a ETA
Carlos Martínez
"La Audiencia cree que el Gobierno de Chávez ayuda a ETA y las FARC". Así titula El País una noticia del 1 de marzo. Eloy Velasco, juez instructor de la Audiencia Nacional, dictó ayer un auto de procesamiento contra seis presuntos miembros de ETA y siete de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC) por supuesta colaboración con banda armada e intento de asesinato.
Estos hechos son antiguos y conocidos, pero lo que ha llamado la atención de todos los medios es que en la parte dispositiva del auto, el juez, en el mismo párrafo que solicita la cooperación de los gobiernos venezolano y cubano, establece literalmente: “Líbrese copia del presente Auto y remítase copia al Ministerio de Asuntos Exteriores y al Ministerio del Interior para que practiquen las gestiones pertinentes ante las Autoridades Cubana y especialmente Venezolana para que cooperen a la entrega extradicional de algunos de los procesados, pues obran diligencias en este procedimiento que ponen de manifiesto la cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración entre las FARC y ETA y en especial de ARTURO CUBILLAS FONTAN, que tiene o ha tenido un cargo público en ese país”.
Veamos primero las omisiones de la resolución judicial. El auto de Eloy Velasco en ningún momento hace referencia a que el procesado Arturo Cubillas reside legalmente en Venezuela desde el mes de mayo de 1989 como producto de los acuerdos entonces alcanzados por los presidentes Carlos Andrés Pérez y Felipe González. Mientras que el juez, como advierte la nota de prensa de la Embajada Venezolana en Madrid, se toma la molestia de referirse reiteradamente y de manera irrespetuosa al Presidente de los venezolanos, Hugo Chávez, haciendo señalamientos tan tendenciosos como infundados acerca del actual gobierno bolivariano.
El juez español también debería reseñar que prácticamente todos los hechos contenidos en la resolución judicial son producto de la utilización de archivos contenidos en el computador de Raúl Reyes, cuya eficacia probatoria es mucho más que dudosa por haber sido manipulados por el ejercito colombiano. Siendo archivos manipulados y obtenidos con violación del derecho internacional, ningún tribunal imparcial podrá tenerlos en cuenta para dictar una sentencia condenatoria, aun tratándose de delitos de “terrorismo”.
Sobre el contenido del auto, cualquier lector que dedique unos minutos a leer los antecedentes de hecho del auto dictado podrá comprobar que los supuestos vínculos entre el Gobierno de Venezuela y las FARC y ETA no tienen ningún sustento. Se basarían en tres cuestiones: que el procesado Arturo Cubillas es funcionario del Ministerio de Justicia, que está casado con una ciudadana venezolana que ostenta cargo público en aquella república. Y que, según el magistrado, un vehículo militar venezolano escoltó a algunos procesados en un desplazamiento terrestre por Venezuela, hechos que narra sin ningún sustento probatorio. Los autos judiciales deben estar motivados. Por ello deben contener “antecedentes de hecho” y “fundamentos jurídicos”. En este caso, el magistrado se ha “saltado” todo razonamiento y ordena al Gobierno español que pida explicaciones por este caso, lo que el Ministro de Exteriores español ha verificado nada más enterarse por los medios.
Mención aparte requiere el procesamiento en este mismo auto de la ciudadana española Remedios García Albert, que tampoco encuentra ninguna justificación probatoria en la resolución judicial que así lo acuerda. De hecho, como recuerda su defensa, Remedios García Albert nunca ha tenido nada que ver con ETA y siempre ha condenado a dicha organización. Ni siquiera la policía española la ha interrogado a este respecto ni la ha acusado nunca de tener ningún vínculo con esta organización. Sí hubiera tenido el papel de la que el Juez la acusa, la policía española la hubiera acusado, sin duda, de un delito de colaboración con banda armada.
El sinsentido no sólo es jurídico, sino también procesal. Nadie puede explicar cómo en un auto de procesamiento en el que se atribuyen presuntos delitos a los procesados, el magistrado da por probados los hechos y, basándose en suposiciones, se inmiscuye en las relaciones diplomáticas entre diferentes Estados. Pero lo más grave es que estamos hablando de un sumario que por ley es secreto, como hasta los legos en derecho saben. Sin embargo, nada más dictarse se entregaron copias a los periodistas para que lo difundieran de inmediato. Todo esto hace pensar que, más que ante una resolución judicial, nos encontramos con un documento pensado por y para la prensa, la cual ávidamente se ha hecho eco1.
Todo lo anterior se puede explicar por la personalidad y la ideología del magistrado Eloy Velasco. Anteriormente a su reingreso estuvo ocho años al servicio del Partido Popular de la Generalitat Valenciana como Director General de Justicia, cargo del que fue cesado por los conflictos internos que causó en aquella administración. Desde su llegada a la Audiencia Nacional también se ha hecho notar, siendo el único Juez que secundó la ilegal huelga de Magistrados en la Audiencia u ordenando la actuación de la Erztaina fuera de Euskadi.
Resoluciones como la de ayer le auguran una larga y brillante carrera, sustituyendo al Juez Garzón como “juez estrella”... con la ventaja de que Eloy Velasco nunca investigará el franquismo ni a ningún otro terrorismo a gran escala.
http://carlosmartinez.info/content/view/221/1/
NOTAS
1 Algunas de las noticias publicadas inmediantamente dictado el auto judicial:
- También intentaron asesinar a Pastrana. La Audiencia procesa a seis presuntos etarras y siete miembros de las FARC por intentar asesinar a Uribe http://www.europapress.es/nacional/noticia-audiencia-procesa-seis-presuntos-etarras-siete-miembros-farc-intentar-asesinar-uribe-20100301124001.htm
- ABC (ESPAÑA) 12.55 pm Juez procesa 6 miembros de ETA y 7 de FARC por intentar atentar contra Uribe. http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=292052
- RTVE, ETA apoyó a las FARC para atentar contra Uribe en España y bajo la "cooperación" de Venezuela. El juez Velasco dicta prisión para a seis etarras y siete miembros de las FARC. Les acusa de conspirar atentados contra los presidentes Uribe y Pastrana. Uno de los etarras tuvo un cargo público en el Gobierno de Chávez
fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=101416
lunes, 7 de diciembre de 2009
La Sala Cuarta: guerra de jueces en la Audiencia
En febrero de 2002 la Audiencia Nacional fue el escenario de una durísima batalla en la que se enfrentaron el garantismo judicial y la razón de Estado. Un oportuno escándalo mediático permitió acabar con un tribunal incómodo y díscolo.
DAVID FERNÁNDEZ. BARCELONA
Lunes 30 de noviembre de 2009.
Dada su enorme incidencia en la vida pública, la Audiencia Nacional ha sido escenario de encarnizadas luchas. La ‘purga’ de su Sala Cuarta de lo Penal es todo un ejemplo.
Desde finales de los ‘90 tres magistrados de la Audiencia Nacional estaban entorpeciendo la estrategia antiterrorista del Gobierno español del “todo es ETA”. Venían revocando y cuestionando, una tras otra y abiertamente, las instrucciones de Baltasar Garzón contra la izquierda abertzale. El titular del juzgado de instrucción nº 5 es un instructor con facultades enormes, pero sus decisiones se pueden revisar y recurrir en un nivel jurisdiccional superior. Cada publicitada megaoperación del superjuez “contra el entorno de ETA” se deshacía pocos meses después, con base en una sólida argumentación jurídica de la Sala Cuarta, que criticaba veladamente la forma de instruir de Garzón y, sobre todo, rechazaba una espuria literatura policial, en la que la ausencia de material probatorio y la falta de individualización concreta del delito se había vuelto norma. Hasta que se desató la guerra.
Frente judicial de ETA
Empezó Rajoy, a la sazón ministro de Interior, afirmando sin tapujos que “algunos jueces tiran por tierra, con sus decisiones, la labor de años de la policía”. Algunos medios de comunicación llegaron a calificar a la propia Sala como el “frente judicial de ETA”. La drástica presión política y mediática no amedrentó entonces a los magistrados, que siguieron decretando libertades de personas encarceladas. Fue el caso sintomático del periodista vascogallego Pepe Rei. En un auto que decretaba su tercera puesta en libertad sin cargos, los magistrados de la Sala Cuarta consideraron totalmente normal la existencia de la revista de investigación Ardi Beltza, aduciendo que una publicación independentista, internacionalista y marcadamente anticapitalista se ubicaba perfectamente en los derechos fundamentales y la libertad de expresión.
En febrero de 2002, la Sala Cuarta recibe un informe psiquiátrico sobre el reo Carlos Ruiz Santamaría, ‘El Negro’, que alerta del elevado riesgo de suicido del preso, a punto de ser juzgado. Decretan su libertad bajo fianza de cinco millones de pesetas y comparecencias obligadas cada 15 días. Pero el narcotraficante huye. Y ‘estalla’ un escándalo. Los tres magistrados sufren una campaña de desprestigio. Son suspendidos cautelarmente, la propia fiscalía presenta una querella por prevaricación y son apartados de la Audiencia fulminantemente. Ningún escándalo relacionado con el tráfico de drogas ha sido tan explotado mediáticamente ni tan rápidamente sancionado.
La Audiencia tomada
Tras aquella drástica sanción, en sus pasillos la letanía de su personal fue la misma: “Cotino (entonces director general de la policía) y Garzón han tomado la Audiencia Nacional”. En mayo de 2004 el Tribunal Supremo descartó cualquier indicio de delito contra los tres magistrados. Las medidas disciplinarias impuestas por el CGPJ habían sido levísimas. Posteriormente, los magistrados fueron rehabilitados y se reincorporaron a la Audiencia.
Pero desde entonces ninguna sala se ha atrevido a cuestionar las decisiones de Garzón. Sin aquella batalla es hoy imposible comprender instrucciones y sentencias como la del macroproceso 18/98 o el cierre de los periódicos Egin y Egunkaria o la equiparación de desobediencia civil y terrorismo.
