Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)
Ciudad De Este, en la triple frontera de Paraguay, Brasil y Argentina, se ha convertido en el nudo de un intrincado sistema de tráfico sexual y explotación de mujeres jóvenes, en tanto Brasil va a la cabeza en las estadísticas latinoamericanas de esclavas sexuales exportadas a la Unión Europea, reveló el sitio “Noticias de Mujeres”.
Se estima que hasta 2 millones de mujeres y niños son traficadas al año como esclavas sexuales y domésticas, al servicio incluso de diplomáticos y burócratas internacionales de Washington, en un negocio mundial de varias decenas de miles de millones de dólares, según reportes ignorados por los grandes medios. La esclavitud sexual es hoy la mayor categoría de servidumbre humana, aseguró John Miller, director de la Oficina Federal de EEUU para la Vigilancia y Combate a la Trata de Personas.
La frontera triple en que está enclavada Ciudad del Este facilita el tráfico de adolescentes femeninas pobres, quienes enfrentan cada vez mayores riesgos debido al entorno de pobreza y la ausencia de regulaciones o indiferencia de las autoridades. La vorágine comercial y la incipiente industrialización del entorno de esa ciudad “puerto libre” atraen a mujeres del campo rural que viven desesperadas por un ingreso para alimentar a sus familias. Los traficantes engañan a jóvenes de 10 a 20 años con la falsa promesa de ganar un buen salario en trabajo doméstico o como mesoneras de restaurantes, pero una vez atrapadas como prisioneras las muchachas a menudo son forzadas por hambre y violencia a integrarse y permanecer en el trabajo del sexo, a la vez que las convierten en adictas a drogas baratas que circulan en abundancia en la región.
El empobrecimiento de muchas familias en Paraguay se agrava por la sobrepoblación de niños causada en parte por la oposición de la iglesia católica al control de la natalidad, según la óptica de Andy Footner, quien abordó el tema en Womens E-News de enero de 2009 (www.womensenews.org/story/the-world/080108/paraguays-traffic-hub-imperils-female-teens). La noticia apareció entre varios cientos de historias periodísticas nominadas en la primera etapa de la investigación anual de Proyecto Censurado.
Otro factor clave que hace al Paraguay vulnerable al comercio de mujeres es la limitada y compleja cooperación anti-tráfico de los tres países involucrados. Los funcionarios deben ocuparse in situ de la logística legal en tres niveles: local, nacional y regional, y prácticamente en tres lenguas, situación que alarga y frustra la comunicación entre las autoridades.
Brasil encabeza índices
Brasil tomó medidas para salir del triste liderazgo de principal país latinoamericano proveedor de esclavas sexuales enviadas a trabajar a Europa, principalmente a España. El gobierno de Lula da Silva abordó más activamente el problema tras la aprobación de leyes contra la trata y la asignación de fondos para romper redes de prostitución y ayudar a las mujeres atrapadas en la esclavitud sexual a construirse una nueva vida. Naciones Unidas y la Federación Internacional para los Derechos Humanos con sede en Helsinki calculó en 2005 que 75.000 mujeres brasileñas trabajaban como prostitutas en la Unión Europea, mientras otras 5.000 se encontraban en América Latina y un millar en Estados Unidos.
En todas partes el engaño sigue siendo el principal anzuelo para atrapar a las mujeres pobres que se van al exterior bajo falsas promesas. En Brasil, "los reclutadores convencen a mujeres humildes para viajar al extranjero bajo falsas promesas", dijo Paulo Marchins Da Cunha, jefe de la sección policial de la Policía Federal de Sao Paulo, encargado de interceptar a las mujeres contrabandeadas por las fronteras de Brasil, según otro informe de Womens e-News” (http://womensenews.org/story/prostitution-and-trafficking/050619/brazil-tries-stem-tide-sex-slavery). "Se hacen promesas de trabajo y la opulencia de un trabajo en el extranjero, a veces incluso con promesas de matrimonio, pero sólo cuando llegan se dan cuenta que están destinadas a trabajar en el comercio sexual".
Aparte de las mujeres engañadas, dijo Da Cunha, otras salen furtivamente del país por su cuenta y recurren a la prostitución por carecer de documentación para otros trabajos. Algunas saben que serán prostituidas, pero perciben demasiado tarde la condición de esclavas sexuales que les asignaron las redes de traficantes. "Hemos conocido casos en que las mujeres han sido encarceladas en una casa del extranjero durante años, sin saber siquiera el nombre de la calle: eso marca la diferencia con la prostitución regular. Es por eso que la caracterizan como esclavitud sexual", añadió.
Esclavitud sexual en EEUU
Cada año se trafican en todo el planeta entre 700.000 y dos millones de mujeres y niños. La propia CIA estima que 50.000 de esas mujeres y niños son traficados a ciudades importantes de Estados Unidos, donde existen mecanismos ilegales de recepción y explotación de mujeres y niños cautivos, que terminan en burdeles disfrazados como salas de masaje, salones de belleza, solariums y “spas”. Los burdeles también operan en viviendas unifamiliares suburbanas para evitar sospechas.
Las mujeres pobres y sus niños se trafican a EEUU bajo el engaño de que vivirán el “sueño americano”, con la promesa de un trabajo bien remunerado y condiciones de vida decentes, pero sólo después descubren su verdadera situación de esclavitud. A las víctimas se les confiscan los documentos de viaje y reciben amenazas de violencia contra ellas mismas, sus hijos o sus familiares en el país de origen. Estos prisioneras del siglo 21 son forzadas a restituir mediante la prostitución su deuda con los reclutadores. En el proceso de adaptación, las víctimas del tráfico sufren severos daños mentales y abusos físicos que incluyen encarcelamiento, violación y abortos forzados. Sin embargo, Estados Unidos niega oficialmente que exista tráfico humano y prostitución infantil en esa nación.
El Centro Católico Español de Washington DC ha manejado por lo menos 50 casos anuales durante 20 años, prestando atención a un total de 1.000 mujeres que fueron sometidas a explotación severa o sufrieron condiciones similares a la esclavitud impuestas por diplomáticos y burócratas internacionales, pero abogados de derechos humanos creen que esto es solamente la punta del témpano. Muchas mujeres son confinadas a hogares, forzadas a prestar servicio doméstico sin horario durante 7 días a la semana, sin pago por tiempo de trabajo, a veces con un estipendio de 100 a 400 dólares por mes y en muchos casos sin pago alguno durante años.
Miles de otros trabajadores domésticos trabajan para particulares ricos extranjeros bajo condiciones similares a la servidumbre involuntaria. La mayoría de los individuos ricos que trafican mujeres a EEUU comenzaron como emigrantes primarios de países con grandes disparidades sociales y de ingreso, como Indonesia, Bangladesh, Tailandia, Filipinas y Nepal.
Se estima que 10.000 mujeres asiáticas trabajan en burdeles clandestinos de Los Ángeles. El Servicio de Inmigración y Nacionalización (INS, por su sigla en inglés) ha descubierto más de 250 burdeles en 26 ciudades diferentes, donde es probable que trabajen víctimas de tráfico. Se estima que cada mes ingresan de contrabando a EEUU y Canadá entre 20 y 30 mujeres tailandesas destinadas a los burdeles. Los abogados de DDHH creen que millares de burdeles operan como institutos de belleza en EEUU, con LosAngéles como una de las ciudades principales en la recepción de las mujeres traficadas.
sábado, 22 de mayo de 2010
Noticias censuradas de América Latina (IV): Paraguay, eje del tráfico sexual de adolescentes
viernes, 21 de mayo de 2010
Noticias censuradas de América Latina (III): Haití. ONGs estafan con la ayuda y profitan de la grave situación
Foto: Haití, Terremoto - Pobladores del barrio Cité Soleil, en la capital haitiana Puerto Príncipe, esperan la distribución de alimentos. / Autor: Marcello Casal - ABR
Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)
Las transnacionales de caridad más grandes del mundo -CARE, CRS, World Vision y ADRA- que ejecutan a su amaño las políticas institucionales, gubernamentales y del lobbysmo identificaron las ventajas comparativas que ofrece Haití, tales como salarios bajos -es decir pobreza- y de este modo, las organizaciones caritativas que deberían ayudar a los más desvalidos están logrando que la gente de Haití sea incluso más pobre.
Mientras algunas Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), tales como “Partners in Health” (Socios en Salud), han hecho y están haciendo un trabajo asombroso para proporcionar sus servicios a las víctimas del terremoto, a pesar de eso, la catástrofe en Haití revela los peores aspectos del gobierno de EEUU y de “la industria de la ayuda de las ONGs”.
EEUU utilizó de hecho su operación de “alivio” para disfrazar la ocupación militar de Haití, puesta en marcha para prevenir que una inundación de refugiados alcance sus costas, e incluso imponen grandes trabas al desarrollo de Haití. La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por su sigla en inglés) divulgó que “más de 3 millones de personas -uno de cada tres haitianos- fueron afectados seriamente por el terremoto y de ellos, 2 millones necesitan regularmente ayuda alimentaria. Más de 1,1 millones de personas están sin hogar, entre ellos muchos todavía viven debajo de cartones y frazadas en campos de damnificados. El gobierno de Haití estima que por lo menos 300.000 personas resultaron heridas durante el sismo”.
EEUU concentra 379 millones de dólares en ayuda a través de sus propias agencias y mediante las OINGs. Según la agencia de noticias Associated Press, un análisis de cada dólar estadounidense ofrece revelaciones tan ásperas como éstas: 42 centavos tienen como destino la ayuda al desastre, 33 centavos conciernen a la ayuda militar de EEUU, 9 centavos son destinados a comida, 9 centavos para transportar comida, 5 centavos se destinaron a pagar los esfuerzos humanitarios para el rescate de supervivientes haitianos, apenas menos de 1 centavo fue destinado al gobierno haitiano y más de la mitad de 1 centavo a República Dominicana.
Bajo el título “La estafa de la ayuda” este artículo de Ashley Smith fue publicado por “Socialist Worker” (Trabajador Socialista), el 24 de febrero de 2010 (http://socialistworker.org/2010/02/24/the-aid-racket) y desenterrado por Peter Phillips, del Proyecto Censurado de la Universidad Sonoma State.
Bill Clinton, nuevo enviado de la ONU para “estabilizar” Haití
Entretanto, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Kimoon, designó a Bill Clinton como nuevo enviado especial de la ONU en Haití, un país que Clinton contribuyó a desestabilizar mientras fue presidente. El entonces presidente Clinton puso en marcha una agenda neo-liberal para Haití, mientras al mismo tiempo minaba los esfuerzos emprendidos por la administración populista y progresista de Jean Betrand Aristide.
No existe razón alguna para suponer que como enviado de la ONU el ex presidente Clinton introducirá o apoyará esfuerzos para sustraer a Haití de la pobreza calamitosa que trajo consigo como significativa consecuencia la dominación de EEUU. La nueva posición de Bill Clinton en Haití resulta tremendamente irónica debido a que sus políticas ayudaron puntualmente a dañar a la nación y a su gobierno. Aunque la administración Clinton ostenta el crédito de cierto esfuerzo para la vuelta al poder de Aristide, Clinton atascó su retorno todo lo que pudo y colocó apremios significativos que dificultaron al gobierno de Aristide una vez reinstalado en el poder.
“Bill Clinton fue nombrado nuevo enviado de la ONU para ‘estabilizar’ Haití, un país que él ayudó a desestabilizar”, escribió Jeremy Scahill, el 24 de mayo de 2009, en HaitiAction.net (http://www.haitiaction.net/News/JS/5_24_9.html). Esta noticia censurada fue saca a la luz por la estudiante Sharilyn Heinkel y validada por el académico Eric McGuckin.
viernes, 14 de mayo de 2010
Proyecto Censurado destaca ayuda médica cubana a Haití
Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)
Cuba proporcionó la mayor ayuda médica a Haití después del terremoto, señala una de las 400 noticias más ocultadas por la gran prensa latinoamericana, europea y estadounidense preseleccionadas por el Proyecto Censurado de la Universidad Sonoma State de California para competir en la confección del ranking anual de “las 25 noticias ‘top’ más censuradas” de este año.
Esta historia periodística fue nominada en la investigación de profesores, estudiantes y ciudadanos realizada durante el año docente 2009-2010 que se dará a conocer en septiembre, como viene haciéndose desde hace más de 30 años.
La ayuda cubana a Haití comenzó mucho antes del terremoto, porque desde diciembre de 1998 la isla viene proporcionando atención sanitaria a los haitianos mediante un Programa de Salud Integrado, en el que han trabajado 6.094 colaboradores, quienes han conducido más de 14 millones de revisiones médicas, realizaron sobre 225.000 cirugías, participaron en más de 100.000 nacimientos y han salvado 230.000 vidas haitianas.
Al producirse el terremoto, cerca de 400 trabajadores cubanos de la salud ofrecieron sus servicios libre y desinteresadamente en Haití, rubricó el Proyecto Censurado. La ayuda médica cubana fue la más importante recibida por el pueblo haitiano durante las 72 horas posteriores al sismo y hasta ahora continúa siendo casi la única asistencia médica extranjera disponible en esa nación. El 13 de enero se trasladó a Haití un equipo de salud de 60 personas, incluyendo especialistas del Contingente Henry Reeve para emergencias, con vasta experiencia en desastres similares en otras partes del planeta, quienes reforzaron al equipo cubano que ya se encontraba en Puerto Príncipe, la capital haitiana. Veintinueve días después del terremoto, los trabajadores cubanos de salud habían tratado a 70.000 pacientes y practicado 3.800 procedimientos quirúrgicos.
Sin embargo, la gran prensa internacional ha ignorado la colaboración cubana y un ejemplo claro de esta omisión deliberada la ofreció el diario EL País, de España, que –por ejemplo– preparó una tabla informativa de la asistencia internacional en salud, pero omitió la participación cubana.
La investigación de Proyecto Censurado consultó, entre otras fuentes, a Rebelión (http://www.rebelion.org/noticia.php?id=99233), Aporrea (http://www.aporrea.org/internacionales/a93827.html), Rumbo México (http://rumbodemexico.com.mx/articulo/salario-social-10210), notas informativas de embajadas cubanas (http://www.ain.cubaweb.cu/2010/enero/14cv-haiti-ayuda-cubana.htm), “La otra realidad de Haití y la ayuda de 400 médicos cubanos”, Emilio González López, Público (Madrid), Cartas al editor, 7 de febrero de 2010 (http://rreloj.wordpress.com/2010/01/15/intensa-actividad-de-los-medicos-cubanos-en-haiti/), La Oficina Panamericana de la Salud califica de ‘excelente’ la ayuda médica cubana a Haití (http://www.radiosantacruz.icrt.cu/noticias/internacionales/califica-excelente-ops-ayuda-medica-cubana-haiti.htm), EEUU olvidó la inmensa ayuda de médicos cubanos a Haití (http://actualidad.rt.com/actualidad/america_latina/issue_3106.html) y ¿Olvidan los medios la ayuda cubana a Haití? (http://actualidad.rt.com/actualidad/america_latina/issue_3106.html).
La indagación del tema estuvo a cargo de los estudiantes Alberto Ardèvol Abreu, Ciro Enrique Hernández Rodríguez y Cruz Alberto Martínez Arcos, supervisados por los académicos Dr. José Manuel Pestano Rodríguez y Dr. José Manuel de Pablos Coello. El Proyecto Censurado está a cargo de los académicos Mickey Huff y Peter Phillips.
Ernesto Carmona Periodista y escritor chileno, miembro del Jurado de Proyecto Censurado.
lunes, 10 de mayo de 2010
Testimonios de veteranos de Irak y Afganistán
Soldados estadounidenses veteranos de la invasión en Irak y Afganistán desatada por la administración Bush y hoy en día continuada por Obama dando una conferencia para denunciar las atrocidades y mentiras de estas guerras. A la derecha [con un gorro en la cabeza], aparece el sargento mayor Jimmy Massey, autor del libro "Cowboys del Infierno". Cuenta su editor en castellano que cuando lo vio por primera vez en 2005 le preguntó porque había hecho un acto en sí tan valiente, el de denunciar la invasión de Irak por su país, el de denunciar que [los EEUU] habían ido en realidad por el petróleo y que no había armas de destrucción masiva. El editor sabía también que en su país la prensa norteamericana ya lo nombraba como traidor a la patria, había perdido su empleo a causa de eso y muchas amistades. La CIA había constituido además una célula para espiarlo y vigilarlo. Y cuenta el mismo editor que el soldado le respondió: «sabe usted que yo me voy a ir al infierno por todas [las matanzas], las barbaridades que hecho en Irak, y este testimonio escrito es la última cosa que me queda para salvar mi conciencia». El editor se quedó muy sorprendido del sufrimiento y sinceridad de estos soldados, víctimas de un engaño, de una guerra hueca sin sentido y manipulada. Su libro ha sido publicado en varios idiomas, pero hasta hoy día no ha sido publicado en su original en inglés en los Estados Unidos.
por Aaron Glantz *, Aimee Allison, Laila Al-Arian, Esther Manilla, Chris Hedges, Soldado de Invierno (Colectivo)*
Gracias a valientes y honestos testimonios de combatientes veteranos estadounidenses de las guerras de Irak y Afganistán que la opinión pública internacional puede tener una información verídica y realista —a falta de una cobertura honesta por parte de la prensa comercial —de los acontecimientos de estas invasiones así como las verdaderas causas y razones que empujaron al ex presidente George W. Bush a cometerlas, hoy continuadas por el premio Nobel de la Paz Barack Obama.
Veteranos de guerra de Irak y Afganistán se están presentando para narrar el impacto brutal de las actuales ocupaciones de esos dos países.
Una investigación de la revista The Nation (EEUU), de julio de 2007, y las contribuciones informativas del colectivo llamado «Soldado de Invierno» (Winter Soldier en inglés) presentadas en [el pueblo de] Silver Springs, Maryland, en marzo de 2008 -éstas últimas organizadas por Veteranos de Irak contra la Guerra» y que reunió a más de 300 ex militares estadounidenses-, han hecho públicas sus experiencias.
Los desgarradores testimonios de los soldados sobre las atrocidades presenciadas por ellos, o en las que participaron directamente, son indicadoras de un problema estructural en el Ejército de EEUU que ha creado una atmósfera de anarquía.
Expertos en derecho internacional señalan que las declaraciones de los soldados muestran la necesidad de investigar potenciales violaciones del derecho internacional de altos funcionarios de la administración de Bush y del Pentágono.
Aunque la [televisión británica] BBC predijo que el episodio [y testimonio del colectivo] del Soldado de Invierno predominaría en los titulares de todo el mundo esa semana, hubo casi un silenciamiento total de este acontecimiento histórico en los medios corporativos de prensa EE.UU. [1].
Decenas de veteranos de la ocupación de Irak y de Afganistán declararon públicamente durante la reunión de cuatro días [organizada por el colectivo llamado] Soldado de Invierno sobre los crímenes que cometieron durante el transcurso de la batalla –muchos de los cuales fueron provocados por las órdenes o las políticas establecidas por los oficiales superiores.
Tales crímenes incluyen la selección como blanco de civiles desarmados e inocentes para asesinarlos o detenerlos, la destrucción de sus propiedades, la profanación de los cadáveres, y graves abusos a los detenidos (a menudo torturándolos hasta la muerte) y el uso de los cadáveres para prácticas [y experimentos] médicos.
[El colectivo] Winter Soldier [su nombre en inglés] 2008 se organizó para demostrar que los incidentes bien divulgados de la brutalidad de EEUU, incluyendo el escándalo de la prisión de Abu Ghraib y la masacre de toda una familia de iraquíes en la ciudad de Haditha, no fueron incidentes aislados perpetrados por «unas cuantas manzanas podridas», como han afirmado muchos dirigentes políticos y militares.
Son parte de un patrón, según los organizadores, «de una ocupación cada vez más sangrienta».
Los veteranos también pusieron énfasis en las similitudes entre las ocupaciones en Irak y Afganistán, «...unidades que reciben exactamente el mismo entrenamiento y exactamente las mismas órdenes son enviadas a Irak y a Afganistán», explicó un ex médico del Ejército de EEUU.
La investigación de [diario estadounidense] The Nation documenta y testimonia las experiencias vividas de cincuenta veteranos de combate de la ocupación de Irak.
Sus testimonios revelan que las tropas estadounidenses carecen de entrenamiento y de apoyo para comunicarse con los civiles iraquíes o entenderlos.
Se les ofreció poca o ninguna educación cultural o histórica sobre el país que controlan. Hay pocos traductores y a menudo son incompetentes.
Los veteranos entrevistados dijeron que los estereotipos que tenían los soldados e infantes de marina sobre el Islam y los árabes tendían a solidificarse rápidamente en un crudo racismo en los estrechos confines de los militares y en las riesgosas calles de las ciudades iraquíes.
Los veteranos dijeron que la cultura de esta guerra de contrainsurgencia, en la que se asume que la mayoría de los civiles iraquíes son hostiles, imposibilitó que los soldados se compadecieran de sus víctimas -por lo menos hasta que volvían a casa y tenían oportunidad de reflexionar.
El ex sargento del ejército de EEUU Logan Laituri argumentó: «El problema que enfrentamos en Irak es que los responsables de formular las políticas de dirección han sentado un precedente de anarquía en la que no acatamos el principio de la ley, no respetamos los tratados internacionales, de modo que cuando se crea esa atmósfera, ésta se presta a la actividad criminal».
El experto en derecho internacional Benjamín Ferencz, que sirvió como fiscal principal de los crímenes de guerra nazis en Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial, dijo a OneWorld [2] que ninguno de los veteranos que prestaron declaración en Soldado de Invierno se debe procesar por crímenes de guerra.
En su lugar, dijo, se debía enviar al Presidente Bush al banquillo de los acusados por haber comenzado una guerra «de agresión».
«Nuremberg estableció que la guerra de agresión es uno de los mayores crímenes internacionales».
Dijo que la Carta de las Naciones Unidas, escrita después de la carnicería de la Segunda Guerra Mundial, contiene una disposición que señala que ninguna nación puede utilizar la fuerza armada sin el permiso del Consejo de Seguridad de la ONU.
Muchos veteranos de Irak y de Afganistán han regresado a sus hogares con graves problemas emocionales debido a la disparidad entre la realidad de las ocupaciones y la manera en que el gobierno de EEUU y los medios estadounidenses las representan.
La ocupación que describen los veteranos es una oscura e incluso una depravada empresa, de un poderoso parecido con otras guerras y ocupaciones coloniales equivocadas y brutales, desde la ocupación francesa de Argelia hasta la guerra estadounidense en Vietnam y la ocupación israelí del territorio palestino.
Aunque los medios internacionales e independientes de EEUU cubrieron [la información dada por el colectivo] Soldado de Invierno con omnipresencia, hubo un casi completo bloqueo informativo de este acontecimiento en los grandes medios de EEUU. (Véase el Capítulo 12)
Actualización de Aaron Glantz
Aimee Allison y Esther Manilla (de Radio Pacífica)
Los veteranos que intervinieron en Soldado de Invierno habrían podido quedarse callados. Habrían podido aceptar los desfiles y los elogios de heroísmo y haberse mezclado nuevamente en la sociedad, y el mundo jamás hubiera conocido las terribles atrocidades que cometieron o que presenciaron en Irak o Afganistán.
Sin embargo, al presentarse para compartir sus historias arriesgando considerablemente su honor, estos veteranos han prestado un gran servicio, cambiando permanentemente el registro histórico de «lo que sucedió» en las zonas de guerra [y especialemente lo que ocurre en Irak y Afganistán].
Sus palabras no fueron inútiles, aunque sus testimonios continúan siendo en buena parte ignorados por los medios dominantes (hasta la fecha, el New York Times, CNN, ABC, NBC y CBS no los han cubierto).
Nuestros tres días de difusión [por Radio Pacífica] condujeron a una sesión en el Congreso de los EEUU, frente al Comité Progresista del Congreso.
Durante nuestra transmisión de marzo, conversamos, vía telefónica desde California, con la copresidente del Comité, la congresista Barbara Lee, y permitimos que dos veteranos se nos unieran en la conducción de la entrevista.
En sus comentarios de apertura de Soldado de Invierno en el Congreso, Lee hizo alusión a esa entrevista:
«Recuerdo que una de las personas con quienes hablé quería saber por qué no estaba presente ningún miembro del Congreso», dijo.
Y alguien me preguntó durante la entrevista: «Bueno, ¿qué le parece una sesión en Washington DC?», y respondí: «Bien».
El 15 de mayo de 2008, nueve veteranos de Irak y Afganistán se presentaron ante el Comité Progresista del Congreso, copresidido por Lee y por la congresista Lynne Woolsey.
Otra media docena de miembros del Congreso participó en el testimonio de tres horas o lo escuchó.
Muchos de los representantes presentes estaban visiblemente emocionados con las declaraciones, y la congresista Maxine Waters aplaudió a los veteranos por su valor.
Las radioemisoras KPFA y Pacifica difundieron la sesión en vivo.
Igualmente importante fue que nuestra transmisión en directo durante tres días mostró a muchos veteranos que no estaban solos.
Durante el desarrollo de ambas transmisiones llovieron las llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes de blogs de miembros en servicio, de veteranos y de familias de militares agradeciéndonos por romper el estándar cultural del silencio sobre la realidad de la guerra.
Desde entonces, muchos veteranos nos han referido la importancia de nuestra transmisión y el impacto que ha tenido en ellos.
Un soldado, el Sargento Matthis Chiroux, dijo que conocer sobre Soldado de Invierno lo hizo negarse a acatar las órdenes de desplegarse en Irak.
Antes de [saber las verdad presentada por] Soldado de Invierno, Chiroux dijo que era suicida [de alistarse en el ejército para ir a Irak].
«Simplemente me sentaba en mi habitación a leer las noticias sobre Irak y me sentía completamente desesperado, me obligarían a ir y nadie nunca sabría cómo me sentía», dijo. «Me estaban enlazando para participar en un crimen contra la humanidad y todo con plena conciencia de que nunca deseé estar allí, en primer lugar».
El momento crucial, dijo Chiroux, se produjo cuando uno de sus profesores en la Universidad de Brooklyn en Nueva York le sugirió que escuchara un programa sobre las sesiones de marzo de Soldado de Invierno. «He aquí una organización de soldados y veteranos que se sienten como yo», dijo. «Toda esta alienación y depresión que sentía comenzó a disminuir. Los encontré, y he estado expresándoles mi opinión desde entonces».
Desde la reunión y presentación realizada en el pueblo de Silver Springs en marzo, se han estado organizando sesiones regionales de Soldado de Invierno en todo el país.
Otros veteranos se están presentando para contar sus historias y los que hablaron en Maryland revelaron mucho más sobre la realidad de su servicio.
Hasta la fecha, se han llevado a cabo sesiones regionales para escuchar los testimonios de los veteranos. Se espera que se organicen muchas más en el futuro. Con sus continuos testimonios, las historias de los veteranos se han convertido en sus armas más poderosas.
Para más información y escuchar los testimonios de marzo y de mayo de 2008, por favor, visite:
www.warcomeshome.org y
www.ivaw.org
Aaron Glantz
Periodista
Los artículos de esta autora o autor
Aimee Allison
Laila Al-Arian
Esther Manilla
Chris Hedges
Soldado de Invierno (Colectivo)
Colectivo de soldados estadounidenses veteranos de las guerras de Irak y Afganistán, ellos denuncian los crímenes de guerra y otras mentiras oficiales en las invasiones que ha desatado el ejército de los EEUU en esos países.
Fuentes:
Iraq Vets Against the War, March 13-16, 2008.
Título: “Winter Soldier: Iraq & Afghanistan Eyewitness Accounts of the Occupations”.
War Comes Home, Pacifica Radio, March 14-16, 2008.
Título: “Winter Soldier 2008 Eyewitness Accounts of the Occupations”.
Co-hosts: Aaron Glantz, Aimee Allison y Esther Manilla.
One World, March 19, 2008.
Título: “U.S. Soldiers ‘Testify’ About War Crimes.
Author: Aaron Glantz.
Tripa Proyecto censurado final 26/10/08 19:04 Página 103.
The Nation, July 30, 2007.
Título: “The Other War: Iraq Vets Bear Witness”.
Autores: Chris Hedges y Laila Al-Arian.
Estudiantes investigadores: April Pearce, Erica Elkington y Kat Pat Crespan.
Evaluador de la comunidad: Bob Alpern.
[1] Ver: “Why Are Winter Soldiers Not News?” Fairness & Accuracy in Reporting, 19 de marzo de 2008.
[2] OneWorld es una organización a carácter asociativo que desarrolla una información alternativa en línea y desarrollo sostenido
miércoles, 5 de mayo de 2010
Guest Workers Inc.: Fraude y tráfico de personas
La crisis financiera en los EEUU y la recesión económica han desatado una campaña contra los trabajadores inmigrantes, campaña con rasgos racistas y fascistas de la cual se han aprovechado ciertos sectores para culpabilizar al trabajador extranjero ilegal como la causa de los problemas. Sin embargo como lo demuestran nuestros colegas investigadores del Proyecto Censurado, los trabajadores inmigrantes son las primeras víctimas de un sistema de chantaje, expoliación y abuso, que obtiene mucho dinero del mercado del trabajador inmigrante.
por Mary Bauer*, Sarah Reynolds*, Felicia Mello*, Chidanand Rajghatta*
Aunque el programa de trabajadores extranjeros en Estados Unidos ha sido alabado y fue recomendado para su expansión por el ex-presidente Bush y probablemente el Congreso lo considere como plantilla para futuras reformas de inmigración, defensores de los derechos humanos advierten que el sistema discrimina seriamente a los trabajadores inmigrantes.
Trabajadores, organizadores sindicales, abogados y los responsables de la política señalan que el programa, diseñado para abrir el mercado de trabajo legal y proporcionar a los inmigrantes un pedazo del sueño americano, ha atrapado en realidad a miles de personas en una forma de servidumbre contratada de nuestro tiempo.
El congresista Charles Rangel (demócrata por Nueva York) ha llamado al programa del trabajador extranjero «lo más cercano a la esclavitud que haya visto jamás».
En el proceso de obtener una visa H2 de trabajador extranjero, los emigrantes son típicamente víctimas de esquemas de vara y cebo que los obligan a pedir prestadas enormes sumas de dinero a altas tasas de interés (a menudo instalándose en la casa paterna) para conseguir trabajos de períodos cortos y bajo salario que con demasiada frecuencia terminan por ser mucho más cortos y con menos remuneración de lo prometido.
Bajo apremiantes deudas y legalmente obligados a trabajar sólo para el empleador que los solicitó, estos trabajadores a menudo enfrentan las más duras y peligrosas condiciones laborales en lugares como astilleros, el departamento forestal, o en la construcción, sin cobertura médica para accidentes del trabajo ni acceso a servicios legales.
Con frecuencia retienen los documentos de los trabajadores para asegurarse de que no «salten a otro empleo».
En el actual programa del trabajador extranjero existen dos niveles:
- H-2A, para trabajos agrícolas, y
- H-2B, para trabajos no agrícolas.
Aunque el programa H-2A proporciona protección legal a los trabajadores extranjeros de granjas, tales como la garantía de por lo menos tres cuartas partes del total de horas de empleo prometidas, hospedaje gratis, compensación por transporte, beneficios médicos y representación legal, muchas de estas protecciones existen solamente en el papel. Los trabajadores H-2B, por otra parte, no tienen ningún derecho o protección.
La explotación de los trabajadores extranjeros comienza con el reclutamiento inicial en su país de origen, un proceso que a menudo los deja en una precaria situación económica y, por lo tanto, extremadamente vulnerables al abuso de los inescrupulosos empleadores en este país.
Los empleadores de EEUU confían casi para todo en las agencias privadas para encontrar y reclutar a trabajadores extranjeros en sus países de origen.
Por este trabajo de reclutamiento usualmente le cobran derechos al trabajador -a veces varios miles de dólares para cubrir costos de viaje, visas y otros gastos, incluyendo ganancias para los reclutadores.
Los trabajadores, que en su mayoría viven en la pobreza, obtienen con frecuencia préstamos con altas tasas de interés para conseguir el dinero necesario para pagar los derechos.
Además, muchas veces los reclutadores exigen que se les deje en depósito una garantía adicional, tal como la escritura de una casa o un automóvil, para asegurarse de que los trabajadores extranjeros cumplan los términos de su contrato de trabajo individual.
El negocio del reclutamiento, enteramente libre de regulaciones, es bastante lucrativo. Con más de 121.000 trabajadores reclutados sólo en 2005, estuvieron en juego decenas de millones de dólares en honorarios de reclutamiento.
Este filón financiero proporciona un poderoso incentivo a los reclutadores y a las agencias para importar a tantos trabajadores extranjeros como sea posible, con poco o ningún respeto por el impacto que cause en los trabajadores individuales y sus familias.
Aunque el Centro Meridional de la Ley de la Pobreza informó que el programa H-2 trajo a EEUU cerca de 121.000 trabajadores extranjeros en 2005, con aproximadamente dos tercios de la cantidad en la sección H-2B, la periodista Felicia Mello reportó en The Nation que el número aumentó a más de 150.000 para junio de 2007. Mientras la participación en el programa del H-2ª -con sus requisitos de vivienda y garantías salariales- se ha mantenido casi fija en los últimos años, ha florecido el sistema H-2B más liberal, con el gobierno dispuesto a ajustar el tope varias veces para hacer frente al disparado aumento de la demanda de los empleadores.
«La tendencia del programa H-2 ha sido la de pasar a un sistema que se aproxima al mercado de trabajo explotador, ilegal y clandestino que (en parte) había sido diseñado para sustituir”, escribió el antropólogo David Griffith en su libro American Guestworkers (Trabajadores Extranjeros Estadounidenses) de 2006. «De hecho, hay ciertos indicios de que sin esta tendencia descendente en las condiciones... los trabajadores extranjeros legales serían menos atractivos para los empleadores de EEUU».
El caso de los trabajadores indios
En marzo de 2008, más de 500 trabajadores de astilleros de la India presentaron una demanda colectiva contra la empresa Signal International, subsidiaria de Northrop Grumman en Luisiana y Mississippi, y contra los reclutadores en la India y EEUU, por cargos de trabajos forzados, tráfico de personas, fraude y violaciones de los derechos civiles.
Los trabajadores alegaron que fueron atrapados en un tinglado de tráfico dentro del programa H-2B del gobierno federal para trabajadores extranjeros.
En un típico esquema de vara y cebo ocurrido en 2006, más de 600 indios pagaron hasta 25.000 dólares cada uno por una promesa de permiso de trabajo y residencia permanente en EEUU.
En su lugar, se encontraron atrapados en condiciones miserables y peligrosas, amarrados mediante el programa de trabajadores extranjeros H-2B a un empleador, bajo lo que se conoce como «esclavitud del siglo XXI». Durante un incidente de protesta, Signal envió guardias armados a prender a los manifestantes en un allanamiento antes del amanecer.
Los demandantes, mientras presentaban su pleito de demanda colectiva, le habían preguntado al gobierno indio que protegiera a sus familias en la India contra los vengativos reclutadores.
Cuando Mello le preguntó a un norteamericano de origen africano, un superviviente del huracán Katrina que se solidarizó con la queja de los trabajadores extranjeros, cómo justificaba la comparación del trabajo del extranjero con la esclavitud, respondió: «¿Conoce usted la historia del Medio Viaje? …En la esclavitud, usted enviaba a cazadores de esclavos, quienes hablaban con los jefes tribales y hacían un trato. Decían: ‘vamos a llevar a su gente al cielo’ y les mostraban algunas cosas bonitas del cielo. Los subían a las naves y sólo cuando salían al mar se enteraban que eran esclavos. Los llevaban ante un dueño, y si se escapaban se convertían en fugitivos. Bueno, con los trabajadores extranjeros…».
Se calla, dijo Mello, comprendiendo claramente el significado.
Actualización de Mary Bauer
En el año transcurrido desde la publicación de «Lo más parecido a la esclavitud» (Close to Slavery) no han mejorado las condiciones para los trabajadores extranjeros en EEUU. Un caso presentado recientemente por el Centro Meridional de la Ley de la Pobreza ilustra todo esto en términos convincentes.
Centenares de trabajadores extranjeros de la India, atraídos por falsas promesas de residencia permanente en EEUU, pagaron decenas de miles de dólares cada uno para obtener trabajos temporales en los astilleros de la Costa del Golfo sólo para verse forzados a la servidumbre involuntaria y a una vida en atestados y custodiados campamentos de trabajo, según el pleito de demanda colectiva presentado en marzo de 2008.
Signal International LLC y una red de reclutadores y agentes de trabajo ingeniaron un método para estafar a los trabajadores y obligarlos a trabajar en contra de su voluntad en las instalaciones de la empresa. Signal International es una compañía marina que fabrica embarcaciones en astilleros de Mississippi y Texas. Es subcontratista de la compañía de defensa global Northrop Grumman Corp.
Varios de los trabajadores fueron detenidos ilegalmente por guardias de seguridad de la compañía que allanaron sus habitaciones antes del amanecer, después que algunos comenzaran a organizar a otros compañeros para quejarse de los abusos que enfrentaban.
Después de que el huracán Katrina dispersó a su personal, Signal utilizó el programa federal de trabajadores extranjeros H-2B para importar empleados para desempeñarse como soldadores, plomeros, operarios, y otras labores. Cientos de indios hipotecaron sus futuros a finales de 2006 para pagar a los reclutadores 20.000 o más dólares por concepto de viaje, visa, reclutamiento y otros derechos, después de habérseles dicho que ello los conduciría a un buen empleo, el permiso de trabajo, y la residencia permanente en EEUU.
Muchos de los trabajadores abandonaron otros empleos y vendieron sus casas, granjas familiares, joyas, y otros objetos de valor para juntar el dinero exigido.
A muchos también se les dijo que por 1.500 dólares más por persona podrían traer a sus familias a vivir en Estados Unidos.
Cuando los hombres arribaron a principios de 2007, descubrieron que no recibirían los permisos de trabajo y residencia según lo prometido, sino solamente visas de trabajador extranjero H-2B por diez meses. Los forzaron pagar 1.050 dólares mensuales por vivir hacinados en viviendas de la compañía en campamentos de trabajo cercados, donde veinticuatro hombres compartían un trailer de sólo dos baños.
Cuando intentaron buscar su propio alojamiento, los funcionarios de la compañía les advirtieron que les seguirían deduciendo el alquiler de sus sueldos. Excepto en raras ocasiones, como en Navidad, no se les permitían visitas en los campamentos, que estaban rodeados por cercas. Los empleados de la compañía registraban regularmente los objetos personales de los trabajadores.
Los trabajadores que se quejaban de las condiciones que tenían eran amenazados con la deportación. Para el 9 de marzo de 2007, los trabajadores habían comenzado a organizarse. Signal respondió con una incursión de madrugada en el campo de trabajo de Pascagoula, Mississippi, con hombres armados. Tres de los organizadores fueron encerrados en una habitación durante horas. Se les dijo que serían despedidos y deportados.
Uno de los trabajadores, Sabulal Vijayan, quien había vendido las joyas de su esposa y pedido dinero a los amigos para construir una vida mejor en Estados Unidos, se cortó las venas de las muñecas. Se recuperó después de ser hospitalizado. El incidente dio lugar a que centenares de trabajadores fueran a la huelga. Signal despidió a los organizadores.
Actualización de Felicia Mello
Aunque ha transcurrido un año desde que “Venga a Estados Unidos” detallara la difícil situación de los trabajadores extranjeros de los programas H2A y H2B, el Congreso no ha podido decretar ninguna extensión de los programas, a pesar de la insistencia de los grupos empresariales y de la administración de Bush. Sin embargo, el tema de la inmigración continúa ocupando la arena nacional.
En una ofensiva del gobierno a escala nacional, el Servicio de Inmigración y Aduana (Immigration and Customs Enforcement, ICE) arrestó en 2007 a más de 30.000 inmigrantes supuestamente indocumentados, el doble de la cifra de 2006. Mientras los agentes del ICE dicen estar simplemente haciendo cumplir la ley, algunos defensores de los inmigrantes creen que las batidas están diseñadas para incrementar el apoyo a un nuevo plan de trabajadores extranjeros.
En febrero de 2008, el Presidente Bush propuso cambios en el programa H2A que haría más fácil y rápida la importación de obreros agrícolas por parte de los cultivadores, pero haría muy poco por proteger los derechos de los trabajadores. Bajo el plan de Bush, los granjeros podrían ofrecer cupones de alojamiento en vez de proporcionar directamente abrigo a los trabajadores -un método con poca probabilidad de funcionar en zonas con escasez de alojamiento- y ya no se les pediría que probaran que primero trataron de emplear a trabajadores de EEUU.
La fórmula utilizada para calcular los salarios de los poseedores de visas H2A también cambiaría, para convertirse en una que, según los defensores de los trabajadores extranjeros, daría lugar a salarios más bajos.
El doble enfoque de cumplimiento más estricto y apoyo a los programas de trabajadores extranjeros también está ganando terreno a nivel de los estados. Arizona, donde se han promulgado algunas de las sanciones más estrictas del país contra la contratación de inmigrantes indocumentados, ahora considera realizar su propio esquema independiente de trabajadores extranjeros para aliviar la escasez de mano de obra en las granjas del estado.
Entretanto, los trabajadores extranjeros y sus aliados están aumentando su organización.
Los trabajadores indios que pagaron a los reclutadores hasta 20.000 mil dólares por sus puestos en la constructora naval Signal International demandaron a la compañía en marzo, afirmando que cometió fraude al prometerles la residencia permanente y deducir alquileres exorbitantes de sus salarios mientras los alojaban apretujados en remolques.
Dos meses después, veinte de esos trabajadores hicieron una huelga de hambre durante un mes, acampando en las cercanías de la embajada de la India en Washington DC. Exigieron el derecho a permanecer en el país mientras continuaban con su caso, que el Congreso celebrara sesiones sobre el abuso contra los trabajadores extranjeros, y negociaciones bilaterales entre EEUU y la India sobre los derechos de los trabajadores extranjeros indios. El Departamento de Justicia inició entonces una investigación sobre sus demandas.
Continúa sin resolverse el asesinato del organizador sindical Santiago Rafael Cruz, quien ayudó a los trabajadores extranjeros mexicanos a desafiar la explotación de las empresas de reclutamiento.
Mary Bauer
Investigadora.
Sarah Reynolds
Investigadora.
Felicia Mello
Investigadora.
Chidanand Rajghatta
Investigador.
Fuentes:
Southern Poverty Law Center, March 2007.
Título: “Close to Slavery: Guestworker Programs in the United States”.
The Nation, June 25, 2007.
Título: “Coming to America”.
Times of India, March 10, 2008.
Título: “Trafficking racket: Indian workers file case against US employer”.
Estudiantes investigadores: Cedric Therene, Sam Burchard, April Pearce, y Marley Miller.
Evaluador académico: Francisco Vazquez, Ph.D.
Psicólogos cómplices de la CIA en la tortura
por Katherine Eban*, Mark Benjamin*
La utilización de la tortura va en contra de todas las reglas humanas del mundo civilizado, contra la ética, la moral, el derecho internacional. Entonces uno se pregunta ¿porqué los EEUU la utilizan a gran escala a sabiendas que esto los situará en el banco de acusados de la comunidad internacional? Todo indica que los EEUU quieren alterar su significación: imponerla como imperativo moral contra el «terrorismo» y dominar aterrorizando. Este acondicionamiento se va efectuando gradualmente en la opinión pública mundial, en nuestras sociedades, banalizándola, bajo el falso pretexto de ser un mal menor ante un mal mayor: el «terrorismo». Como lo decía ya el poeta francés Jean de la Fontaine en el siglo XVII, respecto al ser humano: «prefiere sufrir que morir, esa es la divisa de los hombres». Y los especialistas de la tortura lo saben bien.
Cuando en 2005 las noticias periodísticas denunciaron que había psicólogos trabajando con militares de EEUU y la CIA para desarrollar métodos brutales de interrogatorio, los dirigentes de la Asociación de Psicólogos Estadounidenses (APA) reunieron un grupo de trabajo para examinar la cuestión.
Después de dos días de deliberaciones, el grupo de diez miembros llegó a la conclusión de que los psicólogos desempeñaban «un papel valioso y ético» al asistir a los militares.
Un alto nivel de confidencialidad alrededor del grupo de trabajo prohibía revelar las actas y los miembros y asistentes. No fue hasta un año después que se dieron a conocer los nombres de los miembros de este grupo, en Salon.com [1], revelando que seis de los nueve miembros con derecho al voto pertenecían a agencias militares y de inteligencia con conexión directa a los interrogatorios en Guantánamo y sitios oscuros de la CIA que funcionan ignorando las convenciones de Ginebra.
El grupo de trabajo de la entidad Ética Psicológica y Seguridad Nacional (PENS, en inglés) se reunió en respuesta a las pruebas cada vez mayores de que los psicólogos no sólo participaban en los procedimientos que han horrorizado a la humanidad, sino que de hecho estaban a cargo de diseñar esas brutales tácticas y de entrenar a los interrogadores en esas técnicas.
En particular dos psicólogos desempeñaron un papel central: James Elmer Mitchell, que fue contratado por la CIA, y su colega Bruce Jessen. Ambos trabajaron en el programa de entrenamiento militar clasificado conocido como Supervivencia, Evasión, Resistencia y Fuga (SERE, en inglés), que condiciona a los soldados para soportar el cautiverio en manos enemigas.
De una manera bastante cuasi-científica, según psicólogos y otras personas con conocimiento directo de sus actividades, Mitchell y Jessen retroinvirtieron las tácticas infligidas a los aprendices de SERE para usarlas en los detenidos en la «guerra global contra el terror».
Con la completa adopción de las técnicas de SERE para los interrogatorios por parte de los militares de EEUU, la CIA puso a Mitchell y a Jessen a cargo del entrenamiento de los interrogadores en las técnicas brutales, incluyendo el «submarino» [técnica de tortura], en su red de sitios oscuros.
Entretanto, resulta cada vez más claro que EEUU ha sacrificado su conciencia y su imagen global por tácticas que son, con mucho, ineficaces.
Con cerca de 150.000 afiliados, la APA es la mayor organización psicólogos en el mundo. A diferencia de la Asociación Médica Estadounidense y de la Asociación Psiquiátrica Estadounidense que, desde 2006, han prohibido totalmente la participación de sus doctores, la APA continúa permitiendo que sus miembros intervengan en los interrogatorios de detenidos, alegando que su presencia garantiza interrogatorios seguros y evita los abusos.
La Dra. Jean Maria Arrigo, uno de los tres miembros civiles del grupo de trabajo PENS 2005, cuya tarea fue considerar lo apropiado de la participación de psicólogos en métodos severos de interrogatorio, asegura que los más altos niveles del Departamento de Defensa (DOD, en inglés) predeterminaron las conclusiones de los grupos de trabajo.
Al citar una serie de irregularidades que incluyen la prisa, la intimidación y el secreto, Arrigo sostiene que el grupo de trabajo estaba lejos de ser equilibrado o independiente.
Reveló que el Presidente de APA, Gerald Koocher ejerció un fuerte control fuerte sobre las decisiones del grupo de trabajo y censuró a los disidentes. Seis de los diez miembros ocupaban altos puestos en el DOD, claramente en atención a que representaban decisiones que ya se habían tomado. Estas fueron:
- a) la adopción de la definición permisiva de la tortura en las leyes de EEUU, a diferencia de la estricta definición en el derecho internacional, y
- b) la participación de psicólogos militares en los escenarios de los interrogatorios.
Muchos psicólogos molestos insisten en que la política de la APA ha hecho de la organización una entidad que posibilita la tortura.
En la convención anual de APA de agosto de 2007, los miembros presentaron ante su Consejo de Representantes una enmienda moratoria de la resolución de la APA:
«Se resuelve que los objetivos de la APA serán el desarrollo de la psicología como ciencia y profesión y como medio de promover salud, la educación y el bienestar. Por lo tanto, el papel de los psicólogos en escenarios donde los detenidos han sido privados de una protección adecuada de sus derechos humanos se debe limitar a ser el de un personal de salud que proporcione tratamiento psicológico».
Una abrumadora mayoría del Consejo votó en contra de esta medida que habría prohibido la participación de sus miembros en interrogatorios abusivos a detenidos.
En una encendida reunión de profesionales que siguió a la convención, decenas de enfurecidos psicólogos testificaron. Entre ellos, el Dr. Steven Reisner, miembro de la Coalición por una APA Ética, quien preguntó por qué el Consejo de Representantes votó por el rechazo a la moratoria, en clara contradicción con las convicciones de una amplia mayoría de la membresía de APA.
Reisner reflexionó sobre la falta de estándares éticos esenciales para una asociación como esa y para sus miembros. «Esto se refiere a la esencia de quiénes somos como psicólogos éticos. Si no podemos decir ‘No, no participaremos en interrogatorios realizados en sitios oscuros de la CIA’, pienso que tenemos que preguntarnos seriamente qué somos como organización y, para mí, cuál es mi lealtad a ella, o si habría que criticarla desde afuera en este momento».
Actualización de Mark Benjamin
Un mes después de que Salon publicara «Los profesores de tortura de la CIA» le siguió [la revista] Vanity Fair en julio de 2007 con un artículo a fondo que revelaba más detalles acerca del pequeño conciliábulo de psicólogos que ayudó a crear el programa de brutales interrogatorios de la CIA; un modelo que hizo metástasis en la Bahía de Guantánamo, Afganistán y en Irak en lugares como Abu Ghraib.
Para diciembre, llevaba a los lectores a un viaje al interior de los secretos «sitios oscuros» de la CIA, cuando Salon publicó la primera entrevista a profundidad con un ex preso de la agencia, Mohamed Farag Ahmad Bashmilah. Bashmilah incluso proporcionó dibujos escalofriantes de su estéril celda. Aparentemente, el yemenita era culpable nada menos que de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado: la CIA lo liberó después de diecinueve meses de duro encarcelamiento.
«Cada vez que veía una mosca en mi celda, me llenaba de alegría» -me dijo, hablando de la apabullante privación sensorial y el aislamiento-, «aunque deseaba que se escabullera por debajo de la puerta, para que no fuese prisionera como yo».
El 22 de abril de 2008, el Washington Post publicó un artículo sugiriendo que el gobierno de EEUU había ido mucho más allá del abuso a los detenidos, sometiéndolos a posiciones estresantes, privación del sueño y humillación sexual, y quizás hasta recurrido a drogas que alteraban la mente para desorientar aún más a los presos. De algún modo, la agencia parecía creer que con esto les sacaría información confiable. A fines de ese mes, los senadores Joe Biden, Jr. (Demócrata por Delaware), Carl Levin (Demócrata por Michigan), y Chuck Hagel (Republicano por Nebraska), solicitaron a los inspectores generales del Pentágono y la CIA que investigaran el asunto.
En mayo de 2008, el inspector general del Departamento de Justicia dio a conocer un informe individual mostrando que durante años los agentes del FBI se habían quejado de las duras tácticas de interrogatorio empleadas por la CIA y el Pentágono. Esa preocupación cayó en oídos sordos en el Consejo de Seguridad Nacional.
Sería grandioso decir que al final prevalecerá la justicia. Sin embargo, cuando se trata de tortura, la mayoría de los esfuerzos del Congreso para investigar el comportamiento de la CIA y de los militares han sido, con mucho, anodinos.
Al menos en teoría, al momento de escribir estas líneas, el Comité del Senado para las Fuerzas Armadas aún investigaba las actividades de James Mitchell y Bruce Jessen, los dos psicólogos identificados por primera vez por Salón que supuestamente ayudaron al gobierno a aplicar la retroingenieria a las tácticas creadas para ayudar a los soldados de elite a resistir la tortura de las técnicas de interrogación.
El Comité Judicial de la Cámara de Representantes también investiga el asunto.
Pero pocos esperan que alguien de la administración sea llevado por la fuerza delante de cualquier clase de tribunal, y con una Casa Blanca completamente convencida de que el abuso es una táctica eficaz de interrogatorio -e igualmente comprometida a proteger a aquellos que la utilizan- pocos expertos piensan que la justicia será servida.
Eso es válido para los psicólogos que crearon el diabólico programa y a los que les dieron autoridad para llevarlo a cabo.
Médicos por los Derechos Humanos ha perseguido sistemáticamente esta noticia. Usted puede aprender más sobre esta organización y descubrir cómo puede participar visitando:
http://physiciansforhumanrights.org/
Katherine Eban
Investigadora.
Mark Benjamin
Investigador.
Fuentes:
Salon.com, June 21, 2007.
Título: “The CIA’s torture teachers”.
Author: Mark Benjamin.
Vanity Fair, July 17, 2007.
Título: “Rorschach and Awe”.
Author: Katherine Eban.
Democracy Now! August 20, 2007.
Títulos: “American Psychological Association Rejects Blanket Ban on Participation in Interrogation of U.S. Detainees,” “APA Interrogation Task Force Member Dr. Jean Maria Arrigo Exposes Group’s Ties to Military,” “Dissident Voices: Ex-Task Force Member Dr. Michael Wessells Speaks Out on Psychologists and Torture,” and “APA Members Hold Fiery Town Hall Meeting on Interrogation, Torture”.
Estudiantes investigadores: Dan Anderson, Corey Sharp-Sabatino, Lindsey Lucia y Andrea Lochtefeld.
Evaluador académico: David Van Nuys, Ph.D.
[1] Salon.com es una revista estadounidense únicamente en Internet.
EEUU: derrota de la ley contra el «terrorismo nacional»
por Lindsay Beyerstein, Jessica Lee, Matt Renner
La oligarquía estadounidense trató de crear e imponer una ley llamada «contra el terrorismo nacional» que no era otra cosa que una manera de controlar y reprimir a sus conciudadanos, especialmente destinada para todos aquellos que pongan en tela de juicio la política imperial de Washington, o que protesten contra sus decisiones. Con esa nueva ley hubiese sido muy fácil culpabilizar a un ciudadano bajo la etiqueta de «terrorista» y condenarlo, un método eficaz de eliminar a los contestatarios.En sorprendente afrenta a las libertades de expresión, privacidad y asociación de los estadounidenses, la Cámara de Representantes votó el 23 de octubre de 2007 la Ley de Prevención de la Radicalización Violenta y el Terrorismo Nacional, aprobándola con una votación de 404-6, en tanto el Senado examina un proyecto de ley que la acompaña, el S. 1959.
La ley, llamada H.R. 1955, establecería una comisión nacional y un «Centro para la Excelencia» con sede en una universidad para estudiar y proponer leyes para prevenir la amenaza de «radicalización» de los estadounidenses.
La autora del proyecto de ley, la representante demócrata por California Jane Harman, explicó: «Estamos estudiando el fenómeno de las personas con creencias radicales que pueden convertirse en personas que utilicen la violencia».
La ley señala que «aunque EEUU debe continuar sus vigilantes esfuerzos para combatir el terrorismo internacional, también debe aumentar sus esfuerzos para combatir la amenaza que representan los terroristas del país que radican y operan dentro de Estados Unidos.
Comprender los factores de motivación que conducen a la radicalización violenta y al terrorismo local, y la violencia basada en ideologías constituye un paso de vital importancia hacia la erradicación de estas amenazas en Estados Unidos».
Sin embargo, el propósito de la ley va más allá de la indagación académica. En un comunicado de prensa, Harman escribió: «La Comisión Nacional les propondrá al Congreso y [al Secretario de Seguridad de la Patria] Michael Chertoff iniciativas para interceder antes que los individuos radicalizados se tornen violentos».
La ley, estipula: “La prevención del aumento potencial de los terroristas nacionales auto-radicalizados y no afiliados no se puede lograr fácilmente sólo mediante los esfuerzos tradicionales de la inteligencia federal o de imposición del cumplimiento de la ley, y puede beneficiarse de la incorporación de esfuerzos locales y estatales».
Harman, que preside el Subcomité de de la Cámara de Representantes para la Inteligencia, Compartimiento de Información y Evaluación de Riesgos de Terrorismo, también tiene estrechos lazos con la Corporación RAND [1], un «centro de investigación y desarrollo» de derecha que parece haber influido en la iniciativa legislativa. Dos semanas antes de la presentación del H.R. 1955 el 19 de abril de 2007, Brian Michael Jenkins, de RAND, dio al subcomité de Harman testimonio sobre «Radicalización y Reclutamiento Jihadista».
En junio, Jenkins habló nuevamente ante el subcomité de Harman para discutir el papel de la Comisión Nacional. «El terrorismo interno es la principal amenaza que enfrentamos como país y, probablemente sea la principal amenaza que enfrentaremos durante décadas... A menos que encontremos la forma de intervenir en el proceso de radicalización, estamos condenados a pisar sólo una cucaracha a la vez», indicó.
En un informe de RAND divulgado en 2005 con el título «Tendencias en el Terrorismo», se dedica todo un capítulo a la «amenaza terrorista nacional» no musulmana -la amenaza de los opuestos a la globalización.
En un esfuerzo por prevenir que la gente se vuelva «propensa» a la radicalización, esta medida preventiva de control del pensamiento identifica específicamente a Internet como herramienta de radicalización: «Internet ha ayudado a facilitar la radicalización violenta, ideológicamente basada en la violencia y el terrorismo nacional en Estados Unidos, mediante la provisión de acceso a los ciudadanos estadounidenses a las amplias y constantes corrientes de propaganda relacionada con el terrorismo», dijo la demócrata Harman.
La legislación autoriza una Comisión Nacional de diez miembros (el proyecto del Senado solicita doce miembros) designados por el Presidente, el Secretario de Seguridad de la Patria, líderes del Congreso y los presidentes de los comités para la Seguridad de la Patria y Asuntos Gubernamentales del Senado y de la Cámara de Representantes.
Tras reunirse, la Comisión suministrará informes a intervalos de seis a dieciocho meses al Presidente y al Congreso, indicando sus resultados, conclusiones y recomendaciones legislativas «a fin de que se tomen contramedidas inmediatas y a largo plazo… para prevenir la radicalización violenta, el terrorismo nacional y la violencia con base ideológica».
Esta comisión tiene alarmantes semejanzas con Cointelpro, el Programa de Contrainteligencia que fue investigado en 1974-75 por un selecto comité del Senado de EEUU para las actividades de inteligencia, el Comité [Frank] Church. Este comité descubrió que desde 1956 hasta 1971, «la Oficina [FBI] realizó una sofisticada operación de vigilancia federal directamente dirigida a evitar el ejercicio de los derechos de expresión y asociación consagrados por la Primera Enmienda, basada en la teoría de que la prevención del crecimiento de grupos peligrosos y de la propagación de ideas peligrosas protegería la seguridad nacional e impediría la violencia».
El proyecto H.R. 1955 otorgaría poder al secretario del Departamento de Seguridad de la Patria (DHS, en inglés) para establecer un «Centro de Excelencia», un programa de investigación con sede en una universidad que «reúne a destacados expertos e investigadores para realizar tareas de investigación y educación multidisciplinarias a fin de dar soluciones para la seguridad de la patria».
El DHS tiene actualmente ocho centros en instituciones académicas en todo el país, fortaleciendo lo que muchos ven como un creciente complejo militar, académico y de seguridad. Harman, en un comunicado de prensa del 23 de octubre, indicó que el Centro «examinaría las raíces sociales, criminales, políticas, psicológicas y económicas del terrorismo nacional».
Hope Marston, organizador regional del Comité de Defensa de la Declaración de Derechos (BORDC) advirtió del peligro de los términos vagamente definidos en esta legislación, los cuales, abiertos a cualquier interpretación, reflejan un patrón histórico represión gubernamental generalizada.
Jules Boykoff, autor y profesor de política y gobierno en la Pacific University, se mostró alarmado ante la definición viciada, por ejemplo, de «violencia basada en ideologías» concepto que en sí mismo no logra definir los términos «amenaza», «fuerza» o «violencia».
Boykoff comentó que el proyecto de ley utilizó, los términos «extremismo» y «radicalismo» de manera intercambiable. «La palabra ‘radical’ comparte su raíz etimológica con el término ‘radish’ (rábano, en español), que significa llegar a la raíz del problema», dijo. «De modo que, si el gobierno desea llegar a la raíz real del terrorismo, entonces hablemos realmente acerca de ella.
Necesitamos hablar de las raíces económicas, de las grandes inequidades en términos de riqueza entre ricos y pobres».
Caroline Fredrickson, directora de la Oficina Legislativa de Washington de la Unión Americana para los Derechos Civiles, dijo acerca de la Ley: «La imposición del cumplimiento de la ley debe centrarse en la acción, no en el pensamiento. Necesitamos preocuparnos más bien de los que cometen crímenes que de quienes abriguen creencias que el gobierno puede considerar ‘extremas’».
Actualización de Jessica Lee
Mientras grupos que abogan por los derechos civiles y la libertad de religión les atribuyen a periodistas independientes y a activistas de base el haber ayudado a paralizar la discusión de la Ley de Prevención de la Radicalización Violenta y el Terrorismo Nacional de 2007, algunos miembros del Congreso continúan presionando por la censura de Internet y la reseña racial como acciones necesarias para prevenir el «terrorismo nacional».
La Cámara de Representantes aprobó la Ley de Prevención de la Radicalización Violenta y el Terrorismo Interno en octubre de 2007 por una votación de 404-6, pero la amplia oposición forzó al Senado a archivarla. A partir del 1ro de junio del 2008 no se programó ninguna votación para el año legislativo.
Supe de esta ley a comienzos de noviembre de 2007. Con excepción del artículo de Lindsay Beyerstein, «Análisis de la Ley de Prevención del Terrorismo Nacional» (In These Times, 11/1/07), ninguno de los medios masivos importantes informó sobre el tema, a pesar de los peligros que representaba para los derechos civiles, la privacidad, y las comunidades musulmanas y árabes en Estados Unidos. No obstante, sí descubrí una activa discusión en línea sobre el proyecto, principalmente en blogs y videos de YouTube.
Isabel Macdonald, directora de comunicaciones para la Imparcialidad y Exactitud en la Información, comentó: «Quizás, debido a la relación simbiótica entre los medios corporativos y los funcionarios del gobierno, los medios corporativos han mostrado una constante aversión a ofrecer cobertura crítica sobre la erosión de los derechos civiles. Los medios independientes -y específicamente el The Indypendent- desempeñaron un papel de importancia fundamental en cuanto a hacer pública la noticia de este proyecto de ley, y por medio de la cobertura de blogs y en Democracy Now!, mantener viva la noticia».
Un mes después de publicado el artículo del Indypendent, se llevaron a cabo mítines desde Maine a California, y numerosas organizaciones de derechos civiles, de libertad religiosa, y de musulmanes y árabes de EEUU realizaron acciones de alerta para animar a la gente a entrar en contacto con sus representantes del Congreso en un esfuerzo por detener el proyecto del Senado de ley acompañante, el S.1959.
Según miembros de grupos de presión por los derechos civiles, la protesta generalizada obligó al presidente del comité, el Senador Joseph Lieberman, demócrata por Connecticut, a dejar el proyecto de ley en suspenso.
Sin embargo, Lieberman y la líder de oposición del comité, la senadora republicana por Maine, Susan Collins, continúan afirmando que el «terrorismo nacional» islamista es una grave amenaza, y el 8 de mayo de 2008 publicaron su propio informe, sin el respaldo público de otros miembros del comité, que advertía que «la amenaza del terrorismo nacional está en aumento, instigada por la capacidad de Internet de difundir el reclutamiento básico y el mensaje de entrenamiento de violentos grupos terroristas islámicos».
En respuesta, más de treinta grupos de activistas por los derechos civiles y la libertad religiosa enviaron una carta al comité del Senado el 30 de mayo, expresando su preocupación de que el informe afectara a la libertad de expresión, apuntando injustamente a los musulmanes y definiendo la Internet como «un arma».
Un grupo de organizaciones representativas de las comunidades árabes y musulmanas estadounidenses también presentó una carta en respuesta al informe y a las sesiones del Senado, aduciendo que habían sido en gran parte excluidas del proceso legislativo y que el informe se basa en una desacreditada información de 2007 del Departamento de Policía de Nueva York, que trató de explicar el proceso de «radicalización violenta» de los musulmanes.
Poco después de la publicación del informe, Lieberman exigió que Google quitara los videos de YouTube producidos por «organizaciones terroristas tales como Al-Qaeda». Google respondió el 19 de mayo retirando ochenta videos que la compañía aceptó que violaban las Directrices Comunitarias de YouTube, que representaban violencia gratuita, abogaban por la violencia o utilizaban el lenguaje del odio.
Google, sin embargo, rechazó acceder a todas las demandas de Lieberman, que incluían la censura de todos los videos que mencionaban o mostraban a grupos que figuraban en la lista del Departamento de Estad de EEUU como organizaciones terroristas extranjeras, como por ejemplo Al-Qaeda.
«El senador Lieberman expuso su opinión... de que todos los videos que mencionan o muestran a estos grupos se debían quitar de YouTube, aún cuando fueran legales, no violentos o no incluyera lenguaje de odio», respondió Google. «YouTube apoya la libertad de expresión y defiende los derechos de cada cual a expresar puntos de vista impopulares».
Chip Berlet, analista principal del grupo de investigación Political Research Associates de Boston, dijo que, en su opinión, las acciones de Lieberman constituían un “sucio truco político” motivado por el intento de hacer que los candidatos presidenciales aceptaran una postura más agresiva en el Medio Oriente.
Las organizaciones que encabezan el esfuerzo de oponerse a la legislación incluyen a la Defending Dissent Foundation (www.defendingdissent.org), Bill of Rights Defense Committee (www.bordc.org), Center for Constitucional Rights (www.ccrjustice.org), American Civil Liberties Union (www.aclu.org) y Council on American-Islamic Relations (www.cair.com).
Actualización de Lindsay Beyerstein
El proyecto de ley para el “Terrorismo Nacional” se ha empantanado en el Senado desde octubre. El proyecto navegó por la Cámara con poco comentario público, pero posteriormente encontró una fuerte oposición del espectro político. Hasta hace poco, parecía que los grupos de derechos civiles y las organizaciones cívicas musulmanas habían bloqueado con éxito la versión del Senado del proyecto.
La iniciativa parecía destinada morir en el comité -es decir, hasta que el Senador Joe Lieberman, presidente del Comité del Senado para la Seguridad de la Patria, indicó su impaciencia por revivir el tema publicando un nuevo informe y buscando pelea con YouTube.
El 8 mayo, el senador Lieberman y la senadora Susan Collins dieron a conocer «El violento extremismo islamista, la Internet y la amenaza del terrorismo nacional», un informe bipartidista basado en las sesiones ante el Comité del Senado para la Seguridad de la Patria.
Incluso antes de darse a conocer al público, el informe llamó la atención de una coalición de organizaciones de derechos civiles encabezada por la ACLU.
La coalición expresó sus preocupaciones acerca del informe el 7 de mayo en un memorando dirigido a los miembros del Comité.
«Nuestra preocupación es que esta concentración en Internet podría ser precursora de propuestas de censura y regulación del discurso en Internet. De hecho, algunos encargados de formular políticas han abogado por cerrar sitios Web censurables», explicaba la nota.
Lieberman reafirmó esos recelos el 19 de mayo cuando escribió al Director Ejecutivo de Google (sociedad matriz de YouTube [2]) exigiendo que un número no especificado de videos de propaganda islámica fueran eliminados del popular sitio de videos compartidos. En su carta, Lieberman alegó que los videos clips eran resultado del trabajo de una sofisticada red de propaganda islámica analizada en el reciente informe de su comité. También alegó que estos videos violaban las directrices comunitarias de YouTube.
Las normas de YouTube prohíben expresamente la violencia gratuita, los discursos de odio, las amenazas, el hostigamiento y las descripciones de delitos tales como la fabricación de bombas. Cientos de miles de videos son subidos diariamente al sitio. En vez de revisar previamente sus contenidos, YouTube confía en que los usuarios señalen con una bandera aquellos que violen las normas comunitarias. Los contenidos que infringen las reglas se eliminan automáticamente.
Después de revisar los clips, YouTube se negó a quitar el grueso del material marcado con banderas por el personal de Lieberman. Se eliminó un puñado de videos que violaban los estándares comunitarios, pero el resto permaneció en el sitio.
«La mayoría de los videos que no contenían discursos de odio o violencia no fueron eliminados, porque no violan nuestras directrices comunitarias», señalaba una declaración publicada por el equipo de YouTube. La declaración continuaba afirmando el derecho de los usuarios de YouTube a expresar puntos de vista impopulares.
Lieberman no quedó satisfecho con la respuesta. «Sin importar su contenido, los videos producidos por organizaciones terroristas como Al-Qaeda, dedicados a atacar a los EEUU y a matar a los estadounidenses no se deben tolerar. Google debe reconsiderar su política», indicó Lieberman el 20 de mayo.
No ha sido programada ninguna votación, pero la batalla de Lieberman con Google ha centrado nuevamente la atención en el proyecto de ley sobre el terrorismo nacional. Después de meses de silencio, los medios establecidos finalmente comienzan a preguntar sobre el creciente entusiasmo del gobierno por monitorear el discurso «radical» en línea.
El New York Times criticó con dureza a Lieberman y al proyecto de ley en su editorial del 25 de mayo, llamándolo «censor en ciernes» cuyos esfuerzos por restringir el discurso de YouTube constitucionalmente protegido «contradice los valores fundamentales estadounidenses».
Los lectores pueden dar a conocer sus opiniones acerca del proyecto de ley sobre el terrorismo nacional entrando en contacto con sus senadores y con los miembros del Comité del Senado para la Seguridad de la Patria. Los dos punteros de la carrera presidencial de 2008 eran senadores.
Ahora es un buen momento para que los votantes presionen a los candidatos presidenciales a fin de que tomen posiciones claras con respecto al proyecto de ley sobre el terrorismo nacional. El senador Barack Obama, demócrata por Illinois, tiene un asiento en el Comité de Seguridad de la Patria, pero no contribuyó al informe. El senador John McCain, republicano por Arizona, está estrechamente aliado al senador Lieberman, especialmente en los temas concernientes al terrorismo.
Actualización de Matt Renner
Un polémico plan para estudiar y hacer un esbozo del terrorismo nacional fue abandonado después que la presión popular lo hiciera retroceder, pero el espíritu de la legislación sigue vivo en la oficina del senador Joe Lieberman.
El HR 1955, “Ley de Prevención de la Radicalización Violenta y el Terrorismo Nacional” fue aprobado por la Cámara de Representantes en octubre de 2007 con un apoyo casi unánime. El proyecto de ley cayó inmediatamente bajo el fuego de los guardianes de los derechos civiles debido a lo que muchos vieron como un interés deliberado en apuntar a los musulmanes y árabes y al efecto perjudicial que pudiera tener en la libertad de expresión.
El proyecto de ley original tenía la intención de crear una comisión gubernamental para investigar la supuesta amenaza de terroristas producidos nacionalmente y las ideologías que sustentan su radicalización.
A la comisión de diez miembros debía otorgársele poderes «para realizar sesiones y sentarse y actuar en tal momento y lugar, recoger tal testimonio, recibir tales pruebas y administrar tales juramentos como la Comisión considerara recomendable para cumplir sus deberes».
El proyecto de ley también señaló a Internet como un vehículo para que los terroristas diseminaran su ideología con la intención de reclutar y entrenar a nuevos terroristas.
Después de una significativa presión pública, el proyecto de ley se estancó en el Senado. Sin embargo, el senador Joe Lieberman (demócrata por Connecticut), presidente del Comités para la Seguridad de la Patria y los Asuntos Gubernamentales del Senado, abrazó la idea central de la legislación y ha estado trabajando por empujar hacia adelante algunos de los objetivos del proyecto de ley original, incluyendo un intento de eliminar de Internet la propaganda terrorista.
El 19 de mayo Lieberman envió una carta a Eric Schmidt, Director Ejecutivo de Google Inc., exigiendo que Google, la sociedad matriz de YouTube, «eliminara inmediatamente de YouTube los contenidos producidos por organizaciones terroristas islamistas».
«Al actuar para restringir el uso de YouTube para diseminar las metas y métodos de quienes desean matar a civiles inocentes, Google hará una contribución singularmente importante a este significativo esfuerzo nacional», escribió Lieberman.
Google reaccionó negándose a quitar los materiales que no violaran el código de conducta del sitio. «Aunque respetamos y entendemos sus opiniones, YouTube estimula la libertad de expresión y defiende el derecho de cada cual a expresar puntos de vista impopulares», señaló la respuesta de Schmidt, añadiendo: «creemos que YouTube es una plataforma más rica y para los usuarios precisamente porque alberga una diversa gama de opiniones, y más que reprimir la discusión, permitimos a nuestros usuarios que vean todos los contenidos aceptables y tomen sus propias decisiones».
Google eliminó algunos de los videos que violaban sus reglas contra discursos dirigidos al odio y la violencia, pero hizo una observación para escribir: «La mayoría de los videos, que no contenían discursos violentos o de odio, no se eliminaron porque no violan nuestras Directrices Comunitarias».
Según activistas de los derechos civiles, el senador Lieberman encabezó un esfuerzo por censurar el discurso en Internet. Recientemente, su comité dio a conocer un informe titulado «El extremismo islamista violento, la Internet y la creciente amenaza del terrorismo nacional», que detallaba el uso de los sitios Web como herramientas de Internet para difundir propaganda pro- terrorista.
El informe culpa repetidamente de «radicalización» a sitios Web y tertulias digitales (chats), llamando “portales” a los sitios a través de los cuales terroristas potenciales pueden «participar en el violento movimiento global islamista y reclutar a otros para su causa». Como lo han señalado grupos por los derechos civiles, el informe se centra únicamente en una visión del terrorismo asociado al Islam.
Caroline Fredrickson, directora de la oficina legislativa de la ACLU en Washington D.C., dijo que Lieberman «está tratando de decidir lo que él cree que debe aparecer en Internet», lo cual, dijo, «huele a un interés por censurar toda clase de diálogo diferente». «Si alguien critica el trato de Israel a los palestinos y favorece a Hamas, ¿debe ser censurado?», preguntó Fredrickson.
Comentario de Mickey Huff, autor del capítulo 14:
La cobertura de esta noticia por estos periodistas resulta altamente encomiable. Sin embargo, otro elemento que parece haber sido censurado con respecto a la posible aplicación de las H.R. 1955 y S. 1959, incluso en cobertura de prensa independiente y progresista, es la especificidad de los posibles activistas locales mencionados en las sesiones que la Representante Jane Harman realizó en Washington DC.
Aunque los autores ya mencionados se refieren a los activistas a favor de los derechos de los animales y contrarios a la globalización como blancos potenciales de este proyecto de ley, ninguno menciona a los activistas y especialistas de «La verdad del 11 de Septiembre» (9/11 Truth) aun cuando fueron citados por nombre en las sesiones de Harman en el Capitolio. (Para posibles explicaciones y más información sobre el modelo de propaganda dentro de la prensa progresista de izquierda, ver el Capítulo 7 de Proyecto Censurado 2008).
Entre las reclamaciones de quienes testificaron ante el Congreso sobre la «necesidad» de la H.R. 1955 estaba la de que todo el que cuestione la línea oficial del gobierno es afín a un terrorista o un partidario esencial del terrorismo. Uno los que hablaron, Mark Weitzman, del Centro Wiesenthal (irónicamente, fundado por el sobreviviente del holocausto Simon Wiesenthal para educar al público sobre los crímenes de guerra), afirmó que los arquitectos, ingenieros y científicos que duden de la narración oficial del 11 de Septiembre son iguales a los presuntos grupos jihadistas violentos.
Esto se dio a entender, aún más, en una presentación de Powerpoint en la que Weitzman mostró el sitio Web del arquitecto Richard Gage http://AE911Truth.org junto a los sitios jihadistas acusados de violencia. Gage ha criticado la historia oficial sobre la destrucción de las torres gemelas y el WTC 7 ocurrida el 11 de Septiembre. Sobre la base de su pericia profesional en edificios de estructuras de acero, Gage sostiene que los edificios no pudieron venirse debajo de la forma explicada por el gobierno y ofrece teorías alternativas apoyadas por pruebas. Sin tener en cuenta si uno cree los contraargumentos acerca de los hechos del 11 de Septiembre, no se debe criminalizar la libertad de expresión y el cuestionamiento de la versión del gobierno en asuntos tan cruciales.
Ésta es la última vuelta de la confrontación oficial entre terroristas y activistas en EEUU. ¿Existe algún vínculo comprobado entre los grupos antes mencionados? No, no existe, pero eso no evitó que alguna gente simplemente dijera eso para el archivo público sin proporcionar ninguna prueba. Jane Harmon, copatrocinadora del proyecto de ley por los demócratas, no solicitó ninguna, ni invitó a la refutación. Esto es una reminiscencia del macartismo del período de la Amenaza Roja de los años 50 del siglo pasado.
Escribí originalmente sobre esta cuestión aquí:
http://mythinfo.blogspot.com/2007/1...
http://www.911truth.org/article.php...
El video de la sesión puede verse aquí (39 minutos de duración):
http://www.c-spanarchives.org/libra...
Otros vínculos:
Violent Islamist Extremism, the Internet, and the Home Grown Terrorism Threat
http://hsgac.senate.gov/public/_fil...
New York Times Editorial on Lieberman’s attempt to censor YouTube
http://www.nytimes.com/2008/05/25/o...
Lieberman’s Response to New York Times Editorial:
http://www.nytimes.com/2008/05/25/o...
Lindsay Beyerstein
Jessica Lee
Matt Renner
Fuentes:
Indypendent, November 16, 2007
Título: “Bringing the War on Terrorism Home”
In These Times, November 2007
Título: “Examining the Homegrown Terrorism Prevention Act”
Truthout, November 29, 2007 Título: “The Violent Radicalization Homegrown Terrorism Prevention Act of 2007”
Autor: Matt Renner
Estudiantes investigadores: Dan Bluthardt and Cedric Therene
Evaluador académico: Robert Proctor, Ph.D.
[1] Lobby del complejo militar-industrial estadounidense. Ofrece servicios de investigación y análisis a las fuerzas armadas de ese país. Sitio web: http://www.rand.org/
[2] YouTube es un sitio Web que permite a los usuarios compartir videos digitales en Internet.
domingo, 18 de abril de 2010
ILEA: ¿Resurgen las guerras sucias de EEUU en América Latina?
por Wes Enzinna, Benjamin Dangl*
Tema 4 - Investigaciones del Proyecto Censurado 2009. Control y formación de las fuerzas de represión
El resurgimiento del viejo militarismo estadounidense amenaza nuevamente la paz y la democracia en América Latina. Hasta el 2005, la ayuda militar de EEUU a la región había aumentado 34 veces con respecto a la cantidad utilizada en el 2000. En un notable cambio de su estrategia militar, EEUU descentralizó el callado entrenamiento de militares y policías latinoamericanos que solía tener lugar sólo en la bien conocida Escuela de las Américas en Fort Benning, Georgia, entrenamientos que incluyen técnicas de tortura y ejecución.
El presupuesto federal de EEUU de 2008 incluyó 16.5 millones de dólares para financiar una Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (International Law Enforcement Academy, ILEA) en El Salvador, [igualmente] con operaciones vía satélite en Perú.
Es decir que con estas nuevas iniciales: ILEA, se esconde la nueva cara de la tristemente célebre Escuela de las Américas.
Con inmunidad estipulada ante eventuales acusaciones de crímenes contra la humanidad, cada academia entrena anualmente en «técnicas de contraterrorismo» a un promedio de 1.500 oficiales de policía, jueces, fiscales y otros cuerpos encargados de imponer el cumplimiento de la ley en toda Latinoamérica.
La academia de El Salvador forma parte de una red de ILEAs creada en 1995 bajo el gobierno del presidente Bill Clinton, quien promocionó las instalaciones de entrenamiento como una serie de escuelas estadounidenses «en todo el mundo para combatir el tráfico de drogas, la criminalidad y el terrorismo internacionales por medio del fortalecimiento de la cooperación mundial».
Hay ILEAs en Budapest, Hungría, Bangkok, Tailandia; Gaborone, Botsuana; y en Roswell, Nuevo México [EEUU].
Según directores de ILEA, el centro de El Salvador se creó para que América Latina fuera «segura para la inversión extranjera» al «proveer seguridad regional y estabilidad económica y combatir el crimen».
La mayoría de los instructores provienen de agencias de EEUU, como por ejemplo la DEA (Drug Enforcement Administration), el ICE (Immigration and Customs Enforcement) y el FBI.
Éste último ha tenido una presencia notablemente grande en El Salvador desde que abrió su propia oficina allí en 2005. La mayoría de los gastos de la escuela se pagan con dólares provenientes de los contribuyentes de EEUU.
Los salvadoreños se refieren a la ILEA como una nueva Escuela de las Américas (School of the Americas, SOA) para policías.
Las sospechas se agravan con comparables políticas de secreto. Al igual que en la SOA, la lista de asistentes y graduados de la ILEA es confidencial, así como el contenido de los cursos.
A muchos observadores les preocupa este secreto, teniendo en cuenta las atrocidades de la SOA que salieron a la luz en septiembre de 1996 con el descubrimiento de la reportera Dana Priest del Washington Post de los manuales de la SOA de entrenamiento para la tortura, y después con la adquisición, por parte del Padre Roy Bourgeois, fundador del SOA Watch (Observadores de la Escuela de las Américas) de una lista previamente clasificada de graduados de la SOA, muchos de los cuales fueron reconocidos como líderes del escuadrones de la muerte y notorios grupos de contrainsurgencia.
Después del anuncio de Condoleezza Rice de nuevos planes para la ILEA en San Salvador durante una reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Miami en junio de 2005, el Padre Bourgeois escribió:
«El legado del entrenamiento de fuerzas de seguridad por parte de EEUU en la SOA y por toda Latinoamérica es el derramamiento de sangre, la tortura, el tiroteo dirigido a poblaciones civiles, los desaparecidos... (...) El reciente anuncio de Rice sobre los planes para la creación de una academia internacional para el cumplimiento de la ley en El Salvador debe suscitar serias preocupaciones en cualquier persona interesada en los derechos humanos».
Las sospechas se agravaron aún más con la cláusula de inmunidad autorizada por EEUU que exime al personal de la ILEA de cualquier crimen contra la humanidad.
Aunque la falta de transparencia hace imposible conocer el contenido de los cursos, la conducta de la policía salvadoreña -que constituye el 25 por ciento de los graduados- ha demostrado un alarmante empeoramiento desde que se inauguró la ILEA.
A principios de mayo de 2007, la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado (the Archbishop’s Legal Aid and Human Rights Defense Office) emitió un informe implicando a la Policía Nacional Civil salvadoreña (PNC) en ocho asesinatos del tipo de los cometidos por los escuadrones de la muerte sólo en 2006.
Entretanto, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos del Salvador también publicó informes que conectaban a la PNC con los escuadrones de la muerte y repetidos casos de corrupción y falta de ética profesional.
Mientras el interés de EEUU en las ILEAs consiste en asegurar un ambiente que proteja al libre comercio y a los intereses económicos estadounidenses, la PNC ha desempeñado un activo papel en cuanto a medidas enérgicas contra los derechos civiles, dirigidas a reprimir las protestas sociales y el crimen. Los acuerdos de libre comercio como el Tratado de Libre Comercio para Centroamérica (CAFTA, en inglés) han sido muy polémicos y la administración del presidente Saca hizo todo lo posible para asegurar que tuvieran éxito -incluyendo la aprobación de una ley contra el terrorismo en septiembre de 2006, inspirada en la Patriot Act de EEUU, que ha sido utilizada para arrestar desde activistas opuestos a la privatización del agua hasta vendedores ambulantes que violan las normas de propiedad intelectual del CAFTA (Ver posteriormente el tema # 11 que será publicado).
A medida que los graduados de ILEA son empleados en toda Latinoamérica, los militares de EEUU también establecen mecanismos similares de cooperación en toda la región.
La ILEA se une a una gran cantidad de centros de entrenamiento policial y militar dirigidas por agencias estadounidenses, tales como el FBI, el ICE y la DEA, así como en los programas dirigidos por compañías de seguridad privadas de EEUU, como DynCorp International y Blackwater.
El periodista Ben Dangl observa que continuando el legado de las «guerras sucias» de América Latina de los años 70 y 80 del siglo pasado, cuando los secuestros, torturas y asesinatos eran utilizados para aplastar a la disensión y los opositores políticos, Colombia y Paraguay también ponen de manifiesto cuatro características del militarismo de derecha en Suramérica: ejercicios conjuntos con los militares de EEUU en el entrenamiento de la contrainsurgencia; seguimiento de disidentes potenciales y organizaciones sociales; uso de mercenarios privados para la seguridad; y criminalización de la protesta social mediante tácticas y leyes «antiterroristas».
Actualización de Wes Enzinna
El 22 de mayo, el Congreso de EEUU aprobó la «Iniciativa de Mérida» que, como parte de un paquete de 450 millones de dólares para un programa contra las bandas y el crimen en México y América Central, proporciona 2 millones de dólares para el presupuesto de 2009 de la ILEA de San Salvador.
Con estos nuevos fondos, la academia intensificará sus esfuerzos, entrenando a la policía de todo el hemisferio, sin supervisión pública o transparencia en cuanto a las operaciones o el plan de estudios de la academia. Lo que exactamente se estudia en la escuela continúa siendo un secreto, y la implicación de la Policía Nacional Civil (PNC) en la academia, no ha disminuido en lo más mínimo, al igual que los presuntos abusos de la PNC.
Aunque la presencia en la escuela de Benjamín Cuéllar, director del IDHUCA (Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas») en El Salvador ha sido motivo de desprecio y crítica -un tópico en el que me centré en mi artículo— la organización estadounidense de derechos humanos Washington Office on Latin America (WOLA) ha salido públicamente en defensa de Cuéllar.
Al mismo tiempo, WOLA negocia con el Departamento de Estado un trabajo conjunto con Cuéllar y el IDHUCA para monitorear los ILEA.
Aunque la lógica de WOLA es que espera «presionar para que haya una mayor transparencia y responsabilidad dentro de la institución», no ha articulado un plan para idear cómo exactamente van a conseguir lo que Cuéllar no ha podido lograr (una escuela más transparente haciendo público su plan de estudios), ni han explicado la forma en que su presencia en la escuela, como la de Cuéllar, podría ofrecer legitimidad a las actividades de los ILEA sin producir realmente ningún cambio en la manera en que funciona la academia.
Como precisaba Lesley Gill en mi artículo original, el uso del discurso de los derechos humanos y la manera de [captar a los] defensores de los derechos humanos por parte de las instituciones militares y policiales de EEUU en América Latina es un viejo truco en la estrategia de las relaciones públicas de la que fue pionera la tristemente célebre Escuela de las Américas, y NO -recuerda Gill- «un indicio de esfuerzo alguno de EEUU por reformar las fuerzas militares o policiales con las que están involucradas».
Sólo el tiempo dirá si la asociación con el Departamento de Estado planeada por WOLA para monitorear los ILEA ayudará o no a hacer más transparente la escuela, o si le dará legitimidad a una academia que continúa estando ligada a abundantes abusos de los derechos humanos.
Las señales, sin embargo, no son prometedoras. En marzo, fue rechazada la solicitud sobre la base de la Ley de Libertad de Información (FOIA, en inglés) hecha por este escritor para obtener los materiales del curso de los ILEA, porque, como señala la carta de rechazo, «podría razonablemente esperarse la revelación de estos materiales de entrenamiento y correr el riesgo de que se burle la ley. Además, las técnicas y procedimientos en cuestión no son bien conocidos por el público».
Desde la publicación de mi artículo, han continuado los abusos y los asesinatos políticos de la PNC en El Salvador, y el secreto de los ILEA sólo parece haberse afianzado más, a pesar de la participación de Cuéllar y del IDHUCA y a pesar de la creciente protesta internacional.
Todavía no está claro si los ILEA resultarán o no ser «otras escuelas de asesinos», como los detractores llaman a la academia. No obstante, si la situación actual constituye algún indicio, estas críticas pueden resultar ciertas.
Actualización de Benjamín Dangl
Varios acontecimientos recientes han cambiado de manera espectacular el panorama militar y político de América Latina. Mientras algunas victorias electorales en América Latina señalan un cambio regional hacia la izquierda, Washington continúa ampliando su presencia militar y naval por todo el hemisferio.
El 20 de abril de 2008, Fernando Lugo, de tendencia izquierdista, fue elegido presidente de Paraguay. Su victoria rompió el reinado de 61 años del derechista Partido Colorado.
Lugo, un ex obispo que comparte la Teología de la Liberación, se unió a una creciente lista de líderes de centro izquierda de toda la región y ha prometido tomar medidas enérgicas contra las violaciones de los derechos humanos en Paraguay vinculadas con las relaciones militares paraguayo-estadounidenses.
Poco después su victoria, Lugo dijo a los reporteros que Washington debería reconocer el nuevo ambiente regional en que los gobiernos latinoamericanos «no aceptarán ningún tipo de intervención de país alguno, sin importar cuán grande sea».
En la vecina Bolivia, el presidente izquierdista indígena Evo Morales ha enfrentado una creciente resistencia de la oposición de derecha.
Documentos y entrevistas del gobierno de EEUU sobre el terreno en Bolivia prueban que Washington ha gastado millones de dólares en otorgarle poderes a la derecha boliviana por medio de la USAID -Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (US Agency for International Development)- y la Fundación Nacional para la Democracia (National Endowment for Democracy).
(Para conocer más sobre el tema, ver “Undermining Bolivia”, The Progressive, febrero de 2008: www.progressive.org/mag_dangl0208).
El 1 de marzo 2008, los militares colombianos bombardearon un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en suelo ecuatoriano, desencadenando una crisis regional.
Este ataque fue parte de un conflicto de varias décadas alimentado por el entrenamiento militar y el financiamiento de EEUU a los militares colombianos.
Al mes siguiente, el 24 de abril, el Pentágono anunció que la IV Flota de la Marina de Guerra de EEUU se colocaría nuevamente para monitorear las actividades en el Caribe, la América Central y Suramérica.
La IV Flota había cesado sus operaciones en el área en 1950.
Los analistas en la región sugieren que la reactivación de la IV Flota es una advertencia a los líderes latinoamericanos, como Hugo Chávez en Venezuela, que trabajan para construir un bloque regional progresista fuera de la influencia de Washington.
Aunque Washington continúa expandiendo su alcance por una América Latina cada vez más izquierdista, las alianzas regionales como la Alternativa Bolivariana para las Américas crecen entre los líderes latinoamericanos progresistas. Tal cooperación política, económica y militar está contrarrestando eficazmente la hegemonía de EEUU.
Al mismo tiempo, el futuro de las relaciones estadounidense-latinoamericanas dependerá en gran parte de cómo el próximo presidente de EEUU [es decir el actual presidente Barack Obama] interactúe con esta región radicalmente transformada.
Mientras la mayoría de los medios corporativos [de prensa] ignoran a América Latina, su cobertura de la región está por lo general predispuesta contra los líderes izquierdistas y los movimientos sociales de la región.
Dos publicaciones en línea que proporcionan coberturas y análisis continuos en la región son UpsideDownWorld.org, un sitio Web que cubre el activismo y la política en América Latina, y Toward Freedom.com, una perspectiva progresista de los acontecimientos mundiales.
Los activistas interesados en conocer más sobre la agresión militar de EEUU en América Latina pueden visitar el sitio Web de Americas Watch: Soaw.org.
Para mayor información sobre las operaciones militares en la región y la esperanzadora respuesta de gobiernos progresistas y movimientos sociales, ver mi libro “The Price of Fire: Resource Wars and Social Movements in Bolivia” (El precio del fuego: Guerras de información y movimientos sociales en Bolivia, AK Press).
FUENTES:
• Upside Down World, June 14, 2007.
Título: “Exporting US ‘Criminal Justice’ to Latin America”.
Autores: Community in Solidarity with the People of El Salvador.
• Proyecto Censurado 2009 Peter Phillips, Andrew Roth y Project Censored NACLA Report on the Americas, March/April 2008.
Título: “Another SOA? A Police Academy in El Salvador Worries Critics”.
Autor: Wes Enzinna.
• CISPES, March 15, 2007.
Título: “ILEA Funding Approved by Salvadoran Right Wing Legislators”.
Autores: Community in Solidarity with the People of El Salvador.
• AlterNet, August 31, 2007.
Título: “Is George Bush Restarting Latin America’s ‘Dirty Wars’?”.
Autor: Benjamin Dangl.
• Estudiantes investigadores: Courtney Snow, Erica Elkinton, and April Pearce.
• Evaluador académico: Jessica Taft, Ph.D. and Jeffrey Reeder, Ph.D.
Wes Enzinna
Benjamin Dangl
Journalist and Editor of www.UpsideDownWorld.org, an online magazine about activism and politics in Latin America.
