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martes, 18 de mayo de 2010

Europa: lo que no se dice de la crisis


La crisis que están viviendo algunos países mediterráneos –Grecia (en especial), Portugal y España– e Irlanda se está atribuyendo a su excesivo gasto público, que se supone ha creado un elevado déficit y una exuberante deuda pública, escollos que dificultan seriamente su recuperación económica. De ahí las recetas que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo (BCE) y el Consejo Europeo han estado imponiendo a aquellos países: hay que apretarse el cinturón y reducir el déficit y la deuda pública de una manera radical.

Es sorprendente que esta explicación haya alcanzado la dimensión de dogma, que se reproduce a base de fe (el omnipresente dogma liberal) y no a partir de una evidencia empírica. En realidad, ésta muestra lo profundamente errónea que es tal explicación de la crisis. Veamos los datos.

Todos estos países tienen los gastos públicos (incluyendo el gasto público social) más bajos de la UE-15, el grupo de países más ricos de la Unión Europea, al cual pertenecen. Mírese como se mire (bien gasto público como porcentaje del PIB; bien como gasto público per cápita; bien como porcentaje de la población adulta trabajando en el sector público), todos estos países están a la cola de la UE-15. Su sector público está subdesarrollado. Sus estados del bienestar, por ejemplo, están entre los menos desarrollados en la UE-15.

Una causa de esta pobreza del sector público es que, desde la Segunda Guerra Mundial, estos países han estado gobernados la mayoría del periodo por partidos profundamente conservadores, en Estados con escasa sensibilidad social. Todos ellos tienen unos sistemas de recaudación de impuestos escasamente progresivos, con carga fiscal menor que el promedio de la UE-15 y con un enorme fraude fiscal (que oscila entre un 20 y un 25% de su PIB).

Son Estados que, además de tener escasa sensibilidad social, tienen escaso efecto redistributivo, por lo que son los que tienen mayores desigualdades de renta en la UE-15, desigualdades que se han acentuado a partir de políticas liberales llevadas a cabo por sus gobiernos. Como consecuencia, la capacidad adquisitiva de las clases populares se ha reducido notablemente, creando una economía basada en el crédito que, al colapsarse, ha provocado un enorme problema de escasez de demanda, causa de la recesión económica.

Es este tipo de Estado el que explica que, a pesar de que su deuda pública no sea descomunal (como erróneamente se presenta el caso de Grecia en los medios, cuya deuda es semejante al promedio de los países de la OCDE), surjan dudas de que tales Estados puedan llegar a pagar su deuda, consecuencia de su limitada capacidad recaudatoria. Su déficit se debe, no al aumento excesivo del gasto público, sino a la disminución de los ingresos al Estado, resultado de la disminución de la actividad económica y su probada ineficacia en conseguir un aumento de los ingresos al Estado, debido a la resistencia de los poderes económicos y financieros.

Por otra parte, la falta de crédito se debe al excesivo poder del capital financiero y su influencia en la Unión Europea y sus Estados miembros. Fue la banca la que, con sus comportamientos especulativos, fue creando burbujas que, al estallar, han generado los enormes problemas de falta de crédito. Y ahora están creando una nueva burbuja: la de la deuda pública.

Su excesiva influencia sobre el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (este último mero instrumento de la banca) explica las enormes ayudas a los banqueros y accionistas, que están generando enormes beneficios. Consiguen abundante dinero del BCE a bajísimos intereses (1%), con el que compran bonos públicos que les dan una rentabilidad de hasta un 7% y un 10%, ayudados por sus agencias de calificación (que tienen nula credibilidad, al haber definido a varios bancos como entidades con elevada salud financiera días antes de que colapsaran), que valoran negativamente los bonos públicos para conseguir mayores intereses.

Añádase a ello los hedge funds, fondos de alto riesgo, que están especulando para que colapse el euro y que tienen su base en Europa, en el centro financiero de Londres, la City, llamada el “Wall Street Guantánamo”, porque su falta de supervisión pública es incluso menor (que ya es mucho decir) que la que se da en el centro financiero de EEUU.

Como bien ha dicho Joseph Stiglitz, con todos los fondos gastados para ayudar a los banqueros y accionistas se podrían haber creado bancos públicos que ya habrían resuelto los problemas de crédito que estamos experimentando (ver mi artículo “¿Por qué no banca pública?”, en www.vnavarro.org).

En realidad, es necesario y urgente que se reduzca el sobredimensionado sector financiero en el mundo, pues su excesivo desarrollo está dañando la economía real. Mientras la banca está pidiendo a las clases populares que se “aprieten el cinturón”, tales instituciones ni siquiera tienen cinturón. Dos años después de haber causado la crisis, todavía permanecen con la misma falta de control y regulación que causó la Gran Recesión.

El mayor problema hoy en la UE no es el elevado déficit o deuda (como dice la banca), sino el escaso crecimiento económico y el aumento del desempleo. Ello exige políticas de estímulo económico y crecimiento de empleo en toda la UE (y muy especialmente en los países citados en este artículo).

No ha habido una crisis de las proporciones actuales en el siglo XX sin que haya habido un crecimiento notable del gasto público y de la deuda pública, que se ha ido amortizando a lo largo de los años a base de crecimiento económico. EEUU pagó su deuda, que le permitió salir de la Gran Depresión, en 30 años de crecimiento.

El mayor obstáculo para que ello ocurra en la UE es el dominio del pensamiento liberal en el establishment político y mediático europeo, imponiendo políticas que serán ineficientes, además de innecesarias. Y todo para asegurar los beneficios de la banca. Así de claro.

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domingo, 5 de julio de 2009

El BCE y el Banco de España: responsables del desempleo


05-07-2009
Vicenç Navarro
Sistema Digital

Vimos hace unos días al presidente del Banco Central Europeo, el Sr. Jean-Claude Trichet, y al Gobernador del Banco de España, el Sr. Miguel Angel Fernández Ordóñez, enfatizar que la solución al elevado desempleo en España requería una reforma del mercado laboral que, dígase lo que se diga, supondría una pérdida de derechos laborales adquiridos por parte de la mayoría de la clase trabajadora.

Las instituciones que tales señores representan han liderado la promoción de la desregulación de los mercados de trabajo en Europa y en España. También han promovido activamente la reforma de la Seguridad Social, indicando que los sistemas públicos de pensiones no son viables tal como están financiados, exigiendo cambios que -también, dígase como se diga- significarían una reducción muy marcada de los beneficios de los pensionistas. Ambas instituciones financieras se han convertido así en las voces más beligerantes a favor de políticas públicas de claro carácter liberal incluyendo, además de la desregulación de los mercados de trabajo y de la reducción de beneficios sociales y laborales, la privatización de los servicios del Estado del Bienestar. Ambas instituciones, por cierto, son públicas, y los nombramientos del Presidente del BCE y del Banco de España, son públicos. En cierta manera es lógico que Trichet promueva esta línea liberal que corresponde a la propuesta de la mayoría de partidos conservadores y liberales que gobiernan en la eurozona. Pero es llamativo que el Gobernador del Banco de España, nombrado por el gobierno socialista español, se haya convertido en la voz más persistente que hoy existe en nuestro país (además del PP, uno de cuyos dirigentes, por cierto, se ha referido al Gobernador del Banco de España “como uno de los suyos”) en oposición al gobierno Zapatero. Se podría decir, con razón, que lo que también es llamativo y sorprendente es que tal señor, bien conocido por sus posturas liberales, fuera nombrado Gobernador del Banco de España por el gobierno socialista.

Pero lo que es más notorio es que tanto el Banco Central Europeo como el Banco de España, como máxima expresión en la UE y en España de la Banca, han jugado ambos un papel clave en la destrucción de empleo y creación de desempleo (tanto en Europa como en España), siendo un indicador de su gran prepotencia que ahora pontifiquen sobre como resolver el problema que ellos contribuyeron a crear, proponiendo, una vez más, que sean las propias clases trabajadoras las que hagan sacrificios para salir de una crisis que tales sectores populares no causaron. Y lo que adquiere dimensiones de plena irresponsabilidad es que estas propuestas liberales que dañarán a amplios sectores populares, las realicen sin que se haya hecho ninguna autocrítica de las políticas liberales que han promovido y que han beneficiado enormemente a la banca, a costa del bienestar de tales sectores.


¿Cómo contribuyó el BCE al crecimiento del desempleo?

No hay que olvidar que el crecimiento del desempleo en la UE antecede a la crisis financiera y económica actual. Los países que más tarde constituirían la eurozona, tuvieron durante el periodo 1960-1980 tasas de desempleo (como promedio) menores que EEUU. Ello cambió a partir del establecimiento del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea, máximos garantes de la ortodoxia liberal en la nueva entidad conocida como Unión Europea. Tal ortodoxia quedaba institucionalizada, entre otras medidas, con el establecimiento del Pacto de Estabilidad (propuesto primordialmente por el capital financiero) que tenía como máximo objetivo el control de la inflación y no (como tiene su homólogo estadounidense, el Federal Reserve Board , el estímulo del crecimiento económico). Este mandato aparece claramente en el Tratado de Maastrich (artículo 105.1.EC). Y aún cuando tal tratado habla también de “apoyar las políticas económicas de la Comunidad Europea conducentes a un elevado nivel de empleo y protección social” (Art. 105.1 y 105.2.EC), tal objetivo aparece como secundario y supeditado al primero, lo cual se utiliza, por cierto, para exigir una total independencia del BCE de las autoridades políticas de la UE, siendo tal Banco Central el más independiente y opaco (sin ninguna transparencia en sus decisiones) de todos los Bancos Centrales existentes hoy en la OECD. Como varios autores han señalado, es un “Banco de banqueros, para banqueros, y con objetivos de beneficios banqueros” . Tiene enorme poder sin ninguna responsabilidad (accountability) a ningún organismo o institución democrático, siendo el portavoz del capital financiero, y como tal, dogmatizando sobre todos los temas habidos y por haber, incluyendo el mercado de trabajo y el estado del bienestar, siempre promoviendo los intereses de la empresarial bancaria, que no incluyen, por cierto, la defensa de los usuarios de la banca. En realidad, tales usuarios en Europa están menos protegidos que en Norteamérica o Japón (en España, los usuarios de la banca están entre los menos protegidos en la OCDE).


Es importante también subrayar que el criterio que rige los comportamientos del BCE y de la Comisión Europea (y muy concretamente del Comisariado de Economía y Asuntos Monetarios) carece de validez científica y responde única y exclusivamente a criterios políticos de sensibilidad monetaria. El mandato a los países de que reduzcan sus déficits públicos a un porcentaje del PIB por debajo del 3% del PIB, no sigue, por ejemplo, ningún criterio que pueda validarse científicamente. Tal mandato de reducir el déficit del estado tiene como objetivo impedir el crecimiento de la deuda pública, puesto que ésta, además de aumentar las responsabilidades fiscales de las próximas generaciones, dificulta -según el BCE- la disponibilidad de capital al sector privado. Tal supuesto es empíricamente erróneo. No ha habido, ni antes ni ahora, una escasez de capital ni a nivel mundial ni a nivel europeo. Y la falta de disponibilidad de crédito, el mayor problema que existe hoy en el sector financiero, tiene poco que ver con el tamaño de la deuda pública.


Otro supuesto, que es también científicamente insostenible, es el criterio de Maastricht (que rige el Pacto de Estabilidad) que asume que el gasto público es pernicioso, pues el déficit que supone el sostenerlo reduce la disponibilidad de capital. Es más, el Pacto de Estabilidad ocurre en un contexto liberal en el que se estimula la reducción de la carga impositiva, con lo cual la reducción del déficit del Estado pasa por el recorte del gasto público, perdiendo así el carácter estimulante del crecimiento económico que tal gasto determina. No es de extrañar, pues, que la tasa promedio de crecimiento económico de los países de la eurozona haya ido descendiendo, y que la tasa de desempleo haya ido aumentando. Tal criterio de austeridad de gasto público no permite actuar de una manera selectiva en las aplicaciones del mismo, considerando todo gasto público como consumo, lo cual es profundamente erróneo. Gran parte del gasto público (educación, infraestructuras sociales, físicas y humanas, y servicios de investigación y desarrollo, entre otros) son inversiones que beneficiarán a las próximas generaciones y son necesarias para mejorar la eficiencia económica de un país.


Estos criterios alcanzan incluso niveles claramente contradictorios cuando, por ejemplo, definen los intereses bancarios para toda la Eurozona, sin ser suficientemente sensibles a la gran diversidad existente en la eurozona en el nivel de precios, beneficiando indirectamente a los países con mayor inflación. Así, cuando el BCE estableció un interés bancario del 4%, esta cifra aplicó a todos los países, tanto a Alemania (cuya inflación era entonces, en el 2006, un 1%) como a España o Italia (que era un 2,5%). Esta situación indica que para un español o italiano, el interés real era de 4 - 2,5 = 1,5%, y para un alemán era de 4 - 1 = 3%, favoreciendo indirectamente a los que tienen mayor inflación. Esta uniformidad de criterios que caracteriza tanto el Pacto de Estabilidad como la política monetaria del BCE, es un indicador más de la arbitrariedad del criterio que rige el BCE y la Comisión Europea.


¿Cómo ha contribuido el Banco de España a aumentar el desempleo?

El eje del crecimiento económico en España ha sido el maridaje del capital financiero con la especulación inmobiliaria y la industria de la construcción, todo ello realizado bajo la supervisión del Banco de España, que se ha caracterizado por su defensa de los bancos (pero no de sus usuarios), que incluso hoy constan como las entidades empresariales bancarias con beneficios más elevados en la UE-15. La constante argumentación en defensa del Banco de España indica que gracias a tal supervisión y exigencia, la banca española no ha sido afectada negativamente en la crisis actual, sin experimentar quiebras bancarias. Pero una cosa es la salud del empresariado financiero y de los accionistas (que han continuado gozando de amplios beneficios), y otra es la salud de los usuarios de la Banca. En realidad, España continúa teniendo el crédito de mayor coste en Europa, incluyendo el de las tarjetas de crédito, sobre lo cual el Banco de España tiene gran responsabilidad. ¿Por qué el Sr. Miguel Angel Fernández Ordóñez no ha hecho una autocrítica (pues esto ha ocurrido también durante su mandato) y ha hecho tan poco para resolver esta situación? El Banco de España confunde su responsabilidad pública de proteger y apoyar los intereses de los usuarios (empresas e individuos) con la defensa de los intereses empresariales de la banca. No es función pública ayudar a la banca, sino el ayudar a sus usuarios, labor que ha estado muy poco desarrollada en España. El Banco de España únicamente se mueve para proteger a la Banca, pero ninguna de las medidas tomadas hasta ahora por el Banco de España podrá prevenir otra situación semejante a la ocurrida, y que ha creado tanto desempleo. Y ello no sucederá hasta que el gobierno socialista nombre a personas con una ideología distinta a la que su Gobernador del Banco de España tiene, proclama y promueve.








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