Segunda entrega de "Lo mismito que in Spain"
18-05-2010
ABN
“Antes, cuando los viejitos iban a reclamar por su pensión, les lanzaban bombas lacrimógenas y los bañaban con la ballena, cargada de agua sucia. Eso lo vi yo, cuando era joven, y me aterrorizaba la idea de que algún día yo podría pasar por eso. Gracias a Dios llegué a la tercera edad con Hugo Chávez de Presidente”.
Así lo dice Tomasa Linares, quien aspira a completar en un sólo pago las cotizaciones que le restan para empezar a recibir, mes a mes, la pensión que otorga el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) a mujeres y hombres mayores de 55 y 60 años, respectivamente.
A través de Decreto Presidencial 7.401, publicado en Gaceta Oficial número 39.414 de fecha 30 de abril de 2010, quedaron establecidas medidas que beneficiarán a miles de personas de la tercera edad, entre ellas quienes tengan menos de 700 cotizaciones, incluso sólo una, a través del pago de la cantidad equivalente a las cotizaciones que les falten.
Tal es el caso de Tomasa, quien a sus 75 años sólo acumula 150 cotizaciones. Con un crédito cancelará la diferencia, pues asegura necesitar una entrada mensual adicional a la pensión por discapacidad que recibe su esposo.
En 2006, cuando la medida entró en vigor por primera vez, esta abuela caraqueña no pudo tramitar su solicitud, pues la osteoporosis que padece comenzaba a generarle grandes dolencias.
“Yo hacía yogures para obtener una entradita extra, pero hasta eso tuve que dejar de hacer por mi enfermedad”, relata.
El Instituto Nacional de Servicios y Asistencia al Adulto y Adulta Mayor (Inass) le procura a Tomasa algunas de sus medicinas, pero no todas las que necesita para mantener a tono sus huesos y su circulación. En tales circunstancias, sus ojos se empañan de alegría frente a la posibilidad concreta de acceder a la pensión del IVSS.
“Le agradezco mucho a mi Presidente esta ayuda, él nos ama mucho a nosotros los viejitos y yo por eso siempre estoy pendiente de él, le sigo los pasos por televisión y lo cuido con las oraciones. Siempre lo he apoyado y así lo haré mientras yo viva”.
Cosas nunca antes vistas
Néstor Bravo, de 65 años, se alegra del decreto implementado por la Presidencia de la República. No lo hace por gloria propia -pues tiene cuatro años cobrando la pensión de vejez- sino por la satisfacción de ver concretarse reivindicaciones pendientes.
“Este gobierno toma en cuenta al adulto mayor y el adulto mayor se da cuenta de eso, se siente agradado. Estamos satisfechos y agradecidos de la inclusión que hemos alcanzado”, dice.
Para Néstor, la realidad de los abuelos y abuelas venezolanas forma parte de esas cosas nunca antes vistas, implementadas con la llegada de la Revolución Bolivariana.
“Fui a la marcha chavista del 1 de mayo y me emocioné de ver tanto adulto mayor participando. Se me salieron las lágrimas, en mi vida había visto algo así, y eso es porque nos sentimos importantes para el Estado, tomados en cuenta”, expresa.
El sentimiento lo comparte Benjamín Flores, quien sí ha resultado beneficiado con las nuevas medidas sobre la pensión de vejez.
Al igual que Tomasa, aprovechará la oportunidad para cancelar las 320 cotizaciones que le restan para alcanzar las 750 que se requieren. Padece de una discapacidad visual que desde hace 15 años lo mantiene desempleado, por lo que no puedo alcanzar la totalidad de las cotizaciones por la vía regular.
“Mi familia me va a ayudar a pagar lo que me falta, es un sacrificio pero para lograr un beneficio de por vida. Estoy muy contento, muy agradecido”, comenta.
Como ellos, un importante número de adultos mayores se verá beneficiado a través de otros dos mecanismos contemplados vía decreto. Uno de ellos favorece a aquellas personas que cumplen con los requisitos de edad y el número de cotizaciones exigidas y que hasta el 1 de mayo de 2010 no habían sido beneficiadas.
El otro escenario otorga la posibilidad a todas aquellas personas que hayan cumplido con los requisitos de edad y que tengan acreditadas ante el IVSS al menos 700 cotizaciones. Las 50 restantes las asumirá el Estado venezolano.
Falta por hacer
Las políticas instrumentadas por el Gobierno Nacional en favor de los abuelos y abuelas no pasan desapercibidas por este sector; al contrario, el agradecimiento es explícito y la alegría puede verse en las caras de aquellos que consultan en el Seguro Social el procedimiento a seguir para acceder a la pensión.
Conscientes del trayecto avanzado, se mantienen en pie de lucha por las reivindicaciones que consideran materia pendiente, necesarias para alcanzar la plena inclusión social y las atenciones que precisan.
Tomasa Linares, quien pronto cancelará sus cotizaciones restantes, habla de la necesidad de mejorar el abastecimiento de medicinas para los adultos mayores, muchas de ellas de alto costo e imprescindible consumo para cierto tipo de enfermedades.
“Mis medicamentos son muy caros, yo no los puedo comprar. Quisiera que se ampliara la oferta, porque a veces en el Inass me dan algunos que no necesito y los que me urgen para tratar la osteoporosis y los problemas de circulación no los tienen”, señala.
Por su parte, Néstor Bravo, quien recibe la pensión de vejez desde hace cuatro años, habla en nombre de aquellos abuelos que no tienen cómo cotizar, pues no cuentan con un empleo o carecen de los recursos para hacerlo estando cesantes.
“Algunas personas de la tercera edad sencillamente no pueden pagar y para ellas hay que diseñar mecanismos especiales”, dice, a partir de lo que sostiene haber observado dentro del Comité de Derechos Humanos de los Adultos Mayores al cual pertenece.
Actualmente, el Gobierno destina importantes esfuerzos a consolidar el sistema de asistencia y seguridad social en todo el país, en un trabajo conjunto que direccionan los ministerios del Poder Popular para el Trabajo y para las Comunas.
La meta: garantizar los derechos laborales, económicos, sociales y culturales de las adultas y adultos mayores en función de promover y lograr su inclusión integral.
Fuente: http://abn.info.ve/reportaje.php?articulo=1252
martes, 18 de mayo de 2010
Abuelos venezolanos agradecen democratización del acceso a la pensión de vejez
miércoles, 24 de febrero de 2010
Meter miedo para privatizar las pensiones
Nodo50
Diagonal
El Gobierno cuestiona la viabilidad de las pensiones mientras anuncia un recorte del gasto público de 50.000 millones sólo unos meses después de aprobar los presupuestos para 2010
Primero, el Gobierno filtró el Documento sobre Revisión del Pacto de Toledo, después, anunció que se retiraban las medidas más controvertidas de la propuesta que se iba a enviar a Bruselas y, más tarde, María Teresa Fernández de la Vega aclaraba que la propuesta pasará por los cauces del Diálogo Social. Finalmente el ministro de Trabajo, el encargado de encender las alarmas sobre el sistema de pensiones públicas, dudó en el Congreso de que el Gobierno vaya a poner “sobre el papel” una medida que ha llevado a CC OO y UGT a convocar una movilización estatal el 23 de febrero.
Esto traslada el debate al Pacto de Toledo, suscrito en 1995 y “constituido por el acuerdo entre las fuerzas políticas y los interlocutores sociales”, como significa el Ministerio de Trabajo en un informe sobre el desarrollo de este pacto. La posibilidad de aumentar la edad para la jubilación de 65 a 67 años y el aumento del periodo de tiempo con el que se calculan las pensiones, son los aspectos más destacados de una propuesta que es “singularmente antisocial”, en palabras de Isabel Otxoa y Mikel de la Fuente, profesores de derecho del trabajo de la Universidad del País Vasco.
José Luis Carretero, miembro del Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión (ICEA) considera que la mediación de los representantes del Pacto de Toledo puede hacer, en efecto, que se limiten algunas de estas medidas “pues hay representantes que por razones ideológicas (como algún sindicato o partido) o por razones oportunistas (PP) pueden impedir o, al menos, obstaculizar la ampliación de la edad de jubilación”. Para Daniel Albarracín, del grupo de estudios de Comisiones Obreras, lo que evidencia esta propuesta, que ha sido aplaudida por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), son “las presiones del sistema financiero y de seguros para aumentar en la previsión social el peso de los planes de pensiones privados; para conformar un sistema mixto”. El hecho de que el PSOE haya puesto en duda el sistema obedece, para José Luis Carretero a que la idea de que “metiendo miedo a la población” se está avanzando en la “línea de fomentar los planes de pensiones que venden bancos y organizaciones financieras”.
Asalto neoliberal
Entre los organismos que patrocinan eso que el abogado Raúl Maíllo califica como un “asalto neoliberal a las pensiones”, la OCDE juega un papel protagonista. En 1990 esta organización diagnosticó que los países industrializados no podrán pagar sus pensiones en el futuro como consecuencia del envejecimiento de sus poblaciones. Como recoge la economista Miren Etxezarreta en el libro Qué pensiones, qué futuro, el impulso a la privatización aumentó a partir de 1994 de la mano de un informe del Banco Mundial, “que constituyó la justificación y el pistoletazo de salida para que muchos países ricos desarrollaran los sistemas de privados de pensiones”.
En el caso del Estado español, el principal argumento que emplean representantes del sistema financiero como Rodrigo Rato, ex director general del FMI, para fomentar este sistema mixto y la progresiva deriva del sistema de pensiones de capitalización (en el que el dinero para pensiones se invierte en fondos financieros), es el envejecimiento de la población. A este discurso se oponen Otxoa y de la Fuente: “El aumento de la esperanza de vida no se debe tanto a la duración de vida de las personas mayores como a la erradicación de la mortalidad infantil”.
Como recuerdan Otxoa y De la Fuente, según el documento del Gobierno, entre 2009 y 2040, la esperanza de vida a los 65 años sólo aumentará en 2,5 años. Según el documento presentado por el Gobierno, el incremento del gasto en pensiones subirá por encima del 15,1% del Producto Interior Bruto en 2060, una subida que, para estos profesores no pone en riesgo el sistema público de pensiones, “quienes insisten en el carácter insostenible de ese aumento, obvian que en el pasado los aumentos han sido superiores a los que hoy se prevén sin que se haya producido ninguna catástrofe económica por esa causa”. Además, recuerdan, el Fondo de Reserva del sistema de pensiones públicas ha arrojado un importante superávit en el periodo pre crisis y seguirá produciéndolo hasta después de 2020: “Sólo cuando los ingresos por cotizaciones sean insuficientes para hacer frente al aumento de gasto en pensiones, lo que no ocurrirá antes de 2023, será el momento de aumentar progresivamente los tipos de cotización para hacer frente a este gasto”.
El recorte, tapado
Y mientras el debate sobre la viabilidad de las pensiones ocupa buena parte del debate público, el recorte del gasto público que la Ministra de Economía llevó a la City de Londres no ha tenido tanta repercusión. Un ajuste de 50.000 millones de euros para los próximos cinco años, que modifica el presupuesto previsto y aprobado a finales de 2009. Para el economista Julio Rodríguez este recorte apunta hacia el deseo del Gobierno de dar una imagen de “rigor presupuestario” ante los mercados de deuda. Como indica Carretero, esto se plasma ya en la subfinanciación de las universidades públicas y amenaza “la financiación de todo el salario social, es decir, las prestaciones y servicio social”.
Reformas al gusto de los organismos internacionales
FMI: BAJADA DE SALARIOS
A principios de mes, el economista jefe del FMI, Olivier Blanchard, recetó a España (y a Portugal y Grecia) que afrontase una bajada generalizada de salarios. A su particular entender, el problema de la economía española es que no tiene competitividad y como no se puede afrontar una devaluación de la moneda, esta es la única opción. El organismo pronosticó en enero que, para 2010, la economía española retrocederá un 0,6%.
UE: EL PROBLEMA DEL DÉFICIT
Desde hace años el compromiso de los Estados miembros es mantener la estabilidad presupuestaria. Se refieren a impedir que el déficit público supere el 3%. Con la crisis se permitió un déficit más alto pero en 2013 hay que volver a ese nivel. España lo tiene complicado: según la Comisión Europea, en el tercer trimestre de 2009 su déficit alcanzaba el 12,7% del PIB. De ahí el plan de austeridad presentado estos días.
OCDE: POR EL RETRASO DE LA JUBILACIÓN
En el debate sobre las pensiones, la OCDE ha mediado aplaudiendo la propuesta de retrasar la edad de jubilación a los 67 años, una reforma que considera “inaplazable”. Además, se ha mostrado favorable a que se amplíe el número de años con los que se calcula la cuantía de la pensión: desde los 15 últimos trabajados –en que está ahora– a toda la vida laboral. Y para terminar, propone que se potencien también los planes privados de pensiones.
BCE: DESPIDO MÁS BARATO
El Banco Central Europeo y el Banco de España (BdE), coinciden en recomendar “flexibilidad laboral” y apuestan por afrontar lo que consideran una excesiva “rigidez salarial” con marcos regionales y sectoriales para los convenios. Su propuesta sería, en palabras del gobernador del BdE, M. A. Fernández Ordóñez, “que los trabajadores de cualquier empresa pudieran acordar con sus empresarios lo que mejor les convenga”.
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La propuesta del gobierno avala un mercado laboral basado en la precariedad
Un ataque programado a los derechos sociales básicos
Fuente: Diagonal
sábado, 13 de febrero de 2010
La distribución de las rentas y la sostenibilidad de las pensiones
Vicenç Navarro
Artículo publicado en la revista digital SISTEMA, 12 de febrero de 2010
Este artículo analiza el impacto negativo de la polarización de las rentas en los ingresos a los sistemas de pensiones públicos en la mayoría de los países de la OCDE (resultado del desarrollo de las políticas neoliberales).
El erróneo énfasis que se da a la transición demográfica como causa de la posible inviabilidad del sistema de pensiones públicas (ver mi artículo Los errores del determinismo demográfico: el caso de las pensiones. Sistema Digital, 05.02.10) ha hecho que no se preste atención a otros temas que tienen gran importancia para determinar la viabilidad de tal sistema. Uno de ellos es la evolución de la distribución de la renta en un país y su impacto en la sostenibilidad de los sistemas de pensiones. Veámos.
El gran crecimiento de la productividad que se ha dado en la mayoría de países de la OCDE, durante los últimos treinta años, no se ha traducido en el correspondiente incremento de los salarios y de la masa salarial. En realidad, ésta última, la masa salarial como porcentaje de la renta nacional ha disminuido, en parte, como consecuencia de la aplicación de las políticas neoliberales llevadas a cabo por gran número de países. Este descenso de las rentas del trabajo ha sido a costa de un aumento muy considerable de las rentas del capital. País tras país, los beneficios empresariales han crecido sustancialmente y esta polarización de las rentas ha afectado a los ingresos de la Seguridad Social, pues las cotizaciones sociales derivan del trabajo. En realidad, incluso las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social se basan en la masa salarial de la empresa y es una aportación basada en el trabajo.
Una consecuencia de este descenso de la masa salarial ha sido una reducción de la cantidad aportada a la Seguridad Social por parte de la fuerza laboral. Este hecho del cual no se habla queda muy bien documentado en el artículo de Christian E. Weller, “The future of public pensions in the OECD”, publicado en el Cambridge Journal of Economics (2004. 28.4895-504). Es una lástima que este artículo no incluyera a España (incluye a Francia, Alemania, Italia, Japón, Suecia, Gran Bretaña y EE.UU.). Pues en España también hemos visto un descenso de la masa salarial como porcentaje de la renta nacional.
No es de extrañar que una de las conclusiones del estudio de Weller sea que una de las medidas importantes para mejorar la viabilidad de los sistemas de pensiones es no sólo aumentar la productividad –lo cual, como he señalado en otro texto es enormemente importante (ver mi artículo Las pensiones son viables. en www.vnavarro.org)- sino también los salarios, asegurándose que el incremento de la productividad repercuta en el nivel de los salarios y en los ingresos a la Seguridad Social. Como bien dice Weller, el futuro de las pensiones depende, en parte, de la cantidad de buen empleo que exista en un país y de la distribución de las rentas entre el trabajo y el capital. Otra de sus conclusiones es que el crecimiento del empleo, el crecimiento de los salarios y la disminución de las desigualdades (con mayor proporción de la renta procedente del trabajo y menor proporción procedente del capital) son condiciones importantes para asegurarse la viabilidad de las pensiones públicas.
Ni que decir tiene que el crecimiento de los salarios requiere crecimiento de la productividad. Esto último, sin embargo, no es suficiente, pues hemos visto en muchos países de la OECD que tal crecimiento de la productividad no fue acompañado del correspondiente crecimiento de los salarios, aumentándose así las desigualdades en la distribución de las rentas a favor de las rentas del capital. El crecimiento salarial depende sobre todo de factores políticos y muy en especial de la fuerza de los sindicatos. En España se hace referencia constantemente a que los salarios son bajos porque la productividad es baja. Pero, podría decirse al revés que la productividad es baja porque los salarios son bajos. No existe estímulo e incentivo para que el empresario sienta la necesidad de invertir en los puestos de trabajo. Contribuye también a reproducir la baja productividad la limitada relación que existe entre el mundo educativo, por un lado, y el mundo productivo, por el otro, y aún cuando mucho se ha hecho en los últimos años, mucho más queda por hacer.
Una consecuencia de lo dicho es que las políticas redistributivas favorecen a la sostenibilidad de los sistemas de Seguridad Social. De ahí la urgencia e importancia de que se recuperen las políticas fiscales progresistas en las que los grupos más pudientes contribuyan más de lo que lo están haciendo ahora. No es cierto, como constantemente se dice en los medios (la mayoría de los cuales son de persuasión liberal) que la población esté en contra de aumentar los impuestos. Depende de a quien se le hace la pregunta y de que impuestos estemos hablando y con que propósito. La experiencia del estado de Oregón en EE.UU., hace unas semanas, es un indicador de ello. La mayoría del electorado votó favorablemente a una propuesta de aumentar los impuestos de las personas con mayores ingresos en el Estado para evitar los recortes de los servicios públicos. Ello significó un aumento de un 5% de los ingresos al Estado lo que permitió evitar aquellos recortes, que el gobierno estaba dispuesto a hacer en caso de no conseguir la aprobación de la propuesta de subir los impuestos. ¿Hay alguien en España que dude de que la gran mayoría de las clases populares (clase trabajadora y clases medias) aprobarían que el 20% de la población que goza de una renta superior, viera incrementada su carga fiscal para mejorar las pensiones? En realidad, esta medida redistributiva favorecería también el estímulo económico, pues las rentas superiores ahorran más que consumen, mientras que las clases populares consumen más que ahorran. Y ahora se necesita, como el aire que se respira, que aumente el consumo. Ahora bien, es improbable que esta propuesta la lea usted en los medios de información y persuasión, pues la gran mayoría de los formadores de opinión pertenecen a aquel 20% de población de renta superior. Así es nuestro país.
martes, 9 de febrero de 2010
España: La nueva reforma de las pensiones dinamita los derechos sociales básicos
Secretariado Permanante de la CGT
2010-02-05
Esta semana nos hemos encontrado con dos documentos presentados por el gobierno que pretenden reformar nuestro sistema de Seguridad Social a través de las Pensiones. Estos documentos son un ataque en toda regla a la línea de flotación de un sistema que reparte equidad social y sirve de sustento a aquellas y aquellos que se han dejado su tiempo y su salud en un trabajo asalariado a lo largo de toda su vida.
Las medidas anunciadas y que quieren ponerse en marcha suponen :
1 – Rebajas en los tipos de cotizaciones.
- Se abre la puerta a la rebaja de las cotizaciones empresariales al hablar de posibles modificaciones parciales, además de anunciar la reducción de las mismas a las empresas que paguen cotizaciones más elevadas por sus trabajadoras y trabajadores.
- Por otra parte se quiere rebajar las cotizaciones de las Mutuas con el argumento de su eficacia en la gestión, y por lo tanto habría que premiarlas.
2 – Reformas en la pensiones de Jubilación.
- El gobierno pretende alargar la edad ordinaria o legal de jubilación hasta los 67 años.
- Se quiere que coticemos al menos 17 años para tener derecho a la pensión mínima, en vez de los 15 actuales.
- Asimismo se pretende hacer una reformulación del cálculo de la cuantía de la pensión alargando de los últimos 15 a los últimos 25 años dicho periodo de cálculo para obtener la cantidad a cobrar (esto es realmente lo que piensan y así lo han escrito).
3 – Eliminación y/o merma de las pensiones de incapacidad, orfandad y viudedad.
- Se anuncia la supresión del derecho a la pensión de Incapacidad absoluta Permanente, cuando el beneficiario se incorpore a cualquier tipo de trabajo.
- Se propone la creación de una reglamentación mediante la cual se establezca que las empresas, a través de sus servicios médicos, definan las situaciones de bajas y altas en situaciones de enfermedad común con el control de sus propios inspectores, y solo subsidiariamente, de la Seguridad Social.
- Se pretende acabar con la pensión de viudedad a través de un pago único para nuevos beneficiarios, además de rebajar la cuantía de esta pensión a los beneficiarios actuales que se incorporen a trabajar.
- En cuanto a la pensión de orfandad, se pretende establecer una cantidad única a distribuir entre todos los beneficiarios, independientemente del número de estos.
En estos momentos existen más de 4 millones de paradas y parados oficiales (podemos hablar de 5 millones reales), más de 15 millones de personas cobran menos de 1.000 euros mensuales, 1,2 millones de familias tiene a todos sus miembros en paro y la tasa de paro juvenil llega al 40%, todo ello aquí, en el estado español.
Así las cosas, nos encontramos con propuestas que pretenden profundizar aún más en el modelo que nos ha conducido a esta situación de crisis y que además seamos nosotras y nosotros los que la paguemos.
En los últimos 10 años se ha reducido drásticamente las cotizaciones empresariales y desde la CGT decimos que es precisamente ahora cuando corresponde aumentar dichas cotizaciones a la Seguridad Social para que sean las empresas, a través de los beneficios que generamos con nuestro trabajo, las que paguen esta crisis que no hemos generado nosotras y nosotros, sino la avaricia de los empresarios por sus infinitas ansias de beneficios y los gobiernos títeres que manejan.
La gestión eficaz de las Mutuas, de la que se habla en el documento, se basa en la manifiesta infradeclaración de un gran número de enfermedades profesionales y su reconocimiento como enfermedades comunes, con el consiguiente ahorro para las Mutuas y perjuicio para los trabajadores afectados que no perciben las superiores prestaciones a que tendrían derecho y para los servicios públicos de salud que hacen frente a gastos que no les corresponden.
En la CGT llevamos años anunciando que esta reducción de las cotizaciones, tanto las realizadas como las propuestas, bien sean empresariales como de las Mutuas, da lugar a una importante reducción de los ingresos del sistema de Seguridad Social y, posteriormente, a la entrada en déficit del mismo, de forma que así justifican una reducción de las pensiones para mantener el equilibrio financiero del sistema de Seguridad Social.
Así, nos encontramos con el siguiente paquete de medidas, consistente en dicha reducción de las pensiones a través de las tres vías propuestas para ello. Alargamiento de tiempo de trabajo, aumento del tiempo necesario para generar la pensión e introducción de bases cotizadoras de hace 25 años, que son mucho más bajas, para el cálculo de la cuantía.
En cuanto a la intención de eliminar o mermar las pensiones de orfandad, viudedad e incapacidad permanente, parece que la intención es empobrecer y acortar aún más los pocos ingresos de aquellos perceptores de este tipo de pensiones que suelen coincidir con los estratos más bajos de nuestra sociedad en cuanto a ingresos económicos y que son absolutamente dependientes de estos.
Capitulo aparte merece la pretensión de que, de manera normativizada, sean las Mutuas y los servicios médicos propios de las empresas los que autoricen las bajas y altas médicas por enfermedades comunes desviando recursos de la Seguridad Social, mermando aún más su capacidad, y propiciando todo tipo de abusos por parte de las empresas, que son quienes las gestionarían.
En definitiva unas medidas y propuestas que nos conducen a más paro, más pobreza y precariedad, más explotación y más miseria para las clases trabajadoras que somos las que sostenemos su entramado de beneficios, paraísos fiscales, corrupción política y empresarial.
Desde la CGT impulsamos, instamos y exigimos una movilización social y laboral de toda la ciudadanía que tumbe semejantes propuestas y las pretensiones de reformas anunciadas. Somos millones de personas las afectadas por estas nuevos recortes sociales, puesto que con estas medidas, sectores productivos enteros, con derechos adquiridos sobre prejubilaciones, relevos, etc., se verán afectados por estas, y otras medidas que esta misma semana el gobierno propondrá, como una nueva reforma laboral en la que volverá a atentar contra nuestros derechos (despido libre y gratuito, reducción de salarios…)
Para la CGT, es absolutamente necesaria una gran movilización social que culmine en una HUELGA GENERAL que sea capaz de dar respuesta a nuestras necesidades como clase trabajadora : las de un puesto de trabajo y un salario digno, las de unas pensiones que nos permitan vivir sin ahogos tras toda una vida de trabajo, las de una protección social para las y los parados y sus familias, la necesidad de un reparto efectivo de la riqueza a través de la distribución de los beneficios empresariales en la sociedad, la necesidad de un reparto del trabajo, trabajando menos para trabajar todas y todos y la cesión a manos de las trabajadoras y trabajadores de las empresas que cierren, con asesoramiento y financiación pública.
¡¡ A LA HUELGA GENERAL !!
Secretariado Permanente del Comité Confederal
viernes, 29 de enero de 2010
Las pensiones son viables
Debido a que la viabilidad de las pensiones se está cuestionando de nuevo, volvemos a publicar en este blog el artículo de Vicenç Navarro “Las pensiones son viables”. Publicado en la revista el VIEJO TOPO, Julio-Agosto 2009.
Graves errores metodológicos hechos por los economistas (y los medios de información y persuasión) liberales en sus diagnósticos del colapso de las pensiones.
Recientemente hemos visto una avalancha liberal que tiene como objetivo alarmar a la población haciéndole creer que las pensiones no son viables. La Comisión Europea, el Banco de España, el BBVA y el Partido Popular Europeo (del cual el PP español forma parte) han publicado informes y documentos que alertan a la población española de que hay que reducir las pensiones porque el sistema de Seguridad Social que las financia no es sostenible. En defensa de sus posturas presentan datos e información empírica que asumen que apoyan sus alarmas sobre las cuales basan sus recomendaciones. Todos estos documentos tienen errores graves que invalidan sus conclusiones, transformando tales documentos en manifiestos políticos en lugar de informes científicos. Veamos tales errores.
1. Asumir que la esperanza de vida mide los años que una persona vive
Tales documentos asumen erróneamente que el hecho de que la esperanza de vida promedio de España haya pasado de ser 76 años a 80 años en veinticinco años (1980-2005) quiere decir que el promedio español vive ahora cuatro años más. Ello no es cierto. Hay que saber qué quiere decir esperanza de vida y cómo se calcula. Supongamos que España tuviera sólo dos habitantes. Uno, Pepito, que muere al día siguiente de nacer, y el otro, la Sra. María que tiene 80 años. La esperanza de vida promedio de España sería 0 años más 80 años, dividido entre dos, es decir, cuarenta años. Pero supongamos que en un país imaginario vecino, hay también dos ciudadanos, uno, Juan, que en lugar de morir al día siguiente de nacer, como Pepito en España, vive veinte años, y la otra persona es la Sra. Victoria que tiene también 80 años como la Sra. María. En este país imaginario, la esperanza promedio de vida es de 20 más 80, dividido entre dos, es decir 50 años, diez años más que en España. Ello no quiere decir (como constantemente se malinterpreta este dato) que el ciudadano promedio de aquel país viva diez años más que en España: lo que el dato dice es que hay diez años de vida más en el promedio de aquel colectivo de dos personas sin clarificar que ello se deba a que la Sra. Victoria viva diez años más que la Sra. María (lo cual no es cierto), o que sea Juan el que vive veinte años más que Pepito. Todos los documentos que favorecen la reducción de las pensiones concluyen que la Sra. María vive diez años más, lo cual, repito, no es así.
Lo que ha estado ocurriendo en España (y en Europa) es que la mortalidad infantil ha ido disminuyendo de una manera muy marcada, con lo cual la esperanza de vida ha ido aumentando, pasando de 76 años a 80 años. Ello no quiere decir, como habitualmente se asume, que el ciudadano español medio viva cuatro años más ahora que hace veinticinco años. La mortalidad por cada grupo etario ha ido descendiendo (incluyendo entre los ancianos), pero los años de vida que el ciudadano medio vive ahora no es de cuatro años más que en 1980. Calcular las pensiones en base a esta lectura errónea de los datos penaliza a la población pues asume que la gente vive más años de lo que en realidad vive.
2. Los promedios no son sensibles a las diferencias por clases sociales
Otro gran error es malinterpretar el significado de promedio Una persona se puede ahogar en un río que tiene como promedio sólo diez centímetros de profundidad. Tal río puede ir seco a lo largo de muchos kilómetros pero en algunas zonas éste puede tener tres metros de profundidad, y es ahí donde el lector se puede ahogar. Un promedio en sí no nos dice mucho si no sabemos también las variaciones del promedio. Lo dicho tiene especial importancia en el cálculo de la esperanza de vida y en la estimación de la longevidad (los años que una persona vive). Las diferencias en longevidad por clase social son enormes. Así, la diferencia en los años de vida existente entre una persona perteneciente a la decila de renta más baja del país (los más pobres) y la decila superior (los más ricos) en España es nada menos que de diez años (ha leído bien, diez años). En EE.UU. son quince y en el promedio de los países de la UE-15 son siete. Estas diferencias en longevidad se deben a que el nivel de salud de la población depende, sobre todo, de la clase social a la cual se pertenece. Un trabajador no cualificado (en paro frecuente durante más de cinco años) tiene, a los sesenta años, el nivel de salud que un banquero tiene a los setenta años. Este último sobrevivirá al primero diez años. Es profundamente injusto pedirle al primero que continúe trabajando dos (y algunos piden cinco) años más para pagar las pensiones del segundo que le sobrevivirá diez años. La insensibilidad hacia esta realidad mostrada por estos informes es abrumadora. Retrasar la edad de jubilación a toda la población trabajadora sin más, es una medida que perjudica a las clases populares para beneficiar a las clases de mayores rentas que viven más años.
3. El error del argumento alarmista: el crecimiento del porcentaje del PIB gastado en pensiones es excesivo
Este es uno de los errores metodológicos más importantes y frecuentes que aparece en el informe de la Comisión Europea, y que ha sido reproducido en gran número de artículos y editoriales. Tal argumento indica que el porcentaje del PIB en pensiones subirá de un 8,4% en el año 2007 a un 15,1% del PIB en el año 2060, un porcentaje que estos informes señalan como excesivo, pues la sociedad en el año 2060 no podrá absorber tales gastos pues restarán recursos necesarios para otras actividades, programas o servicios a la población no pensionista. El hecho de que el porcentaje de gasto en pensiones públicas alcanzará el 15,1% en el 2060 se considera una noticia alarmante que requiere una intervención ya ahora, disminuyendo los beneficios de los pensionistas.
En este argumento se ignora el impacto del crecimiento de la productividad sobre el PIB del año 2060. Supongamos que el crecimiento anual de la productividad es un 1,5%, un crecimiento que incluso el Banco de España admite como razonable. En este caso, el valor del PIB español será 2,23 veces mayor que el PIB del año 2007. Ello quiere decir que si consideramos el valor del PIB del año 2007 como 100, el del año 2060 será de 223. Pues bien, el número de recursos para los no pensionistas en el año 2007 fue de 100 menos 8,4 (8,4 es la cantidad que nos gastamos aquel año en pensionistas), es decir, 91,6. En el año 2060 los recursos a los pensionistas serán el 15,1% de 223, es decir 33, y para los no pensionistas será 223 menos 33, es decir, 192, una cantidad que es más del doble de la existente en el año 2007, 91,6. Debido al crecimiento de la productividad, en el año 2060 habrá más recursos para los no pensionistas que hoy, y ello a pesar de que el porcentaje del PIB dedicado a pensiones es superior en el año 2060 que en el 2007. Los que alarman innecesariamente a la población olvidan un hecho muy elemental. Hace cincuenta años, España dedicaba a las pensiones sólo un 3% del PIB. Hoy es un 8%, más del doble que cincuenta años atrás. Y la sociedad tiene muchos más fondos para los no pensionistas de los que había entonces, aún cuando el porcentaje del PIB en pensiones sea mucho mayor ahora que entonces. Por cierto, ya hace cincuenta años, cuando España se gastaba un 3% del PIB en pensiones, había voces liberales que decían que en cincuenta años se doblaría o triplicaría tal porcentaje, arruinando el país. Pues bien, estamos cincuenta años más tarde, y el país tiene más recursos para los no pensionistas que existían entonces, aún cuando el porcentaje del PIB dedicado a pensiones se ha doblado.
4. Se equivocan constantemente en sus proyecciones demográficas
Cualquier demógrafo que tenga un mínimo de rigor sabe las enormes dificultades en calcular cambios demográficos por periodos tan largos como cincuenta años. Y un buen ejemplo de ello es que los bancos y las cajas publican cada diez años informes anunciando el colapso de las pensiones en diez años. La Caixa (en 1998), el BBVA (en 2005 y en 2007), El Banco Santander (en 1992 y en 1999), el Banco de España (en 1995, en 1999, en 2002 y en 2009) y una larga lista, han predicho el colapso (utilizando un término menos contundente) de las pensiones para diez o al máximo veinte años más tarde. En defensa de sus proyecciones utilizan los mismos argumentos y los mismos datos (la Comisión Europea utiliza prácticamente los mismos datos que publicó el informe de la Fundación de las Cajas en 2007). Y una de las proyecciones más utilizadas es la de la evolución de la pirámide demográfica, indicando que el porcentaje de ancianos está creciendo muy rápidamente, y el de los jóvenes está bajando muy sustancialmente, ignorando que, en aquellos países que financian las pensiones a base de cotizaciones sociales como es el caso español, el punto clave no es el número de jóvenes y adultos por anciano, sino el número de cotizantes y la cantidad de cada cotización por beneficiario. Y tanto el uno como el otro están subiendo, el primero como consecuencia de la integración de la mujer al mercado de trabajo (si España tuviera la tasa de participación de la mujer en el mercado de trabajo que tiene Suecia, habría tres millones más de cotizantes a la seguridad social), y el segundo como consecuencia del aumento de la productividad y de los salarios. Es más, toda la evidencia muestra que las familias españolas desearían tener más hijos (dos por familia) que los que tienen ahora. El desarrollo de la sociedad y de los servicios de ayuda a las familias, como escuelas de infancia y servicios domiciliarios, permitiría el incremento de la fecundidad, una de las más bajas del mundo. Hoy en Europa, los países nórdicos, con un amplio desarrollo del estado del bienestar, tienen una fecundidad mucho mayor que en el Sur de Europa.
Dos últimas observaciones. El hecho de que el rigor y credibilidad de tales documentos liberales sea muy escaso no quiere decir que no tuviera que haber cambios en las pensiones, cambios distintos al retraso de la jubilación o disminución de sus beneficios que proponen los liberales. Contrariamente a lo que se dice constantemente, las pensiones, incluyendo las contributivas, son demasiado bajas, y ello como consecuencia de que los salarios son demasiado bajos (ver el excelente capítulo sobre las pensiones escrito por la profesora Camila Arza en el libro La Situación Social en España. Vol. III. Biblioteca Nueva. 2009).
Otro cambio que debiera ocurrir es la flexibilización de la edad de jubilación permitiendo que aquellas personas (la mayoría profesionales) que desearan jubilarse más tarde pudieran hacerlo. La jubilación debiera ser un derecho, no una obligación.
Debiera también prohibirse, como se ha hecho en varios países, la prejubilación utilizada por el mundo empresarial para realizar cambios en sus plantillas, penalizando el sistema de seguridad social y al prejubilado, pues éste recibe una pensión menor. Tal prejubilación le supone a España un recorte de ingresos equivalente a un 6% del PIB
Una última observación es que el Estado debiera aumentar su aportación a las pensiones tal como lo hacen otros países (como Dinamarca), en que las aportaciones procedentes de los impuestos generales son mucho más intensas que en España. No hay nada sagrado en la Biblia económica que diga que las pensiones tienen que pagarse a base de cotizaciones sociales. La popularidad de las pensiones (entre todos los grupos etarios) es tal que puede justificarse tal medida que contaría con gran apoyo popular. España ya lo hizo con la sanidad (que estuvo financiada por la Seguridad Social) y puede expandirlo a otras áreas.
