04-03-2010
Renaud Vivien
Mondialisation
Traducido del francés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos
El pasado 25 de enero se promulgó el presupuesto de 2010 de la República Democrática del Congo (RDC). Este presupuesto asciende a 6.200 de dólares (esto es, 77 veces menos que el de Francia |1| para una población similar) y está hecho a medida para satisfacer a los acreedores e inversores extranjeros en detrimento de las necesidades esenciales de la población.
Mientras que los gastos sociales se limitan únicamente a la remuneración del personal de la función pública, es prioritaria la partida presupuestaria atribuida al pago de la deuda. El Estado congoleño ha previsto consagrar este año unos 430 millones de dólares al pago de su deuda exterior pública, a pesar de la crisis económica y de la ilegalidad de esta deuda. En efecto, todavía en 2010 el pueblo congoleño sigue pagando los atrasos impagados legados por el dictador Mobutu con la complicidad de los acreedores occidentales. En derecho internacional esta deuda se califica de «odiosa». Ahora bien, la doctrina jurídica de esta deuda odiosa constituye una de las excepciones al principio de continuidad del Estado según el cual los gobiernos deben los compromisos financieros de sus antecesores. Así pues, legalmente el gobierno congoleño podría negarse a pagar esta deuda y ahorrarse así cientos de miles de millones de dólares al año.
¿Por qué no lo hace? La explicación reside esencialmente en un cálculo económico hecho a corto plazo: la «ayuda» internacional representa no menos del 46,3% de los ingresos totales del presupuesto 2010 y la RDC espera obtener este año una reducción de su deuda que lleva esperado ¡desde 2003! Así pues, ante semejante dependencia el gobierno congoleño ha elegido plegarse a las órdenes de pago de sus proveedores de fondos en el seno de las instituciones financieras internacionales (IFI) y del Club de París, un grupo informal que reúne a 19 ricos acreedores, entre los que se encuentra Bélgica.
El precio de esta docilidad es muy elevado: la RDC debe renunciar a su soberanía comprometiéndose a seguir al pie de la letra las reformas estructurales dictadas por las IFI en el Documento Estratégico de Crecimiento y de Reducción de la Pobreza (DSCRP, por sus siglas en francés). Conforme a este programa trienal, pálida copia de los planes de ajuste estructural impuestos por el FMI y el Banco Mundial al conjunto de los países del sur tras la crisis de la deuda de 1982, el gobierno congoleño debe imperativamente mejorar «el clima de los negocios». En otras palabras, el gobierno debe obrar por el bien de las transnacionales acelerando la liquidación de sus recursos naturales y privatizando sus sectores estratégicos. Esta política de privatización tiene consecuencias importantes no sólo en el plano económico, puesto que implica automáticamente menos ingresos para el Estado, sino también en el plano humano ya que suprime decenas de miles de empleos.
Y estos futuros «ex-trabajadores» congoleños no podrán contar con ningún sistema de protección porque esto podría degradar «el clima de los negocios». En efecto, el Banco Mundial anima a los Estados a eliminar la protección social de los trabajadores del sur, pero también del norte |2|, sobre todo a través de la publicación de su informe anual Doing Business («Hacer negocios») en el que el Banco establece una clasificación de todos los países en función de su facilidad para «hacer negocios» en ellos. ¡Cuánto más facilita el despido la legislación de un país mejor situado está! A modo de ejemplo, Ruanda registra en 2009 la progresión más importante porque los empleadores ya no deben proceder a consultas previas con los representantes de los empleados (concernientes a las reestructuraciones) ni avisar a la inspección del trabajo. A la inversa, Portugal baja de categoría por haber alargado dos semanas el periodo de aviso previo de despido.
Así pues, no resulta sorprendente encontrar al Banco Mundial a la cabeza de la operación «excedencias» en la RDC. Entre 2003 y 2004 este plan de despido ilegal afectó a 10.655 trabajadores de Gécamines (la empresa pública minera situada en la provincia de Katanga) que llevaban varios meses sin cobrar. En este contexto, el Banco Mundial intervino, a petición del gobierno congoleño, financiando estos despidos, pero adoptando la precaución de imponer como condición previa sus condiciones ilegales: el Banco limitó el montante de las indemnizaciones según una forma de «finiquito» y un modo de cálculo que violan el derecho laboral congoleño y las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Mientras que el presupuesto solicitado por la dirección de Gécamines era de 120 millones de dólares frente a los 240 millones reclamados por los trabajadores, el consultor al que el Banco Mundial encargó calcular el montante de la indemnización propone solamente un forfait de «finiquito» ¡de 43 millones de dólares!
A día de hoy los trabajadores de Gécamines no han recibido todavía las indemnizaciones previstas por el derecho y el Banco Mundial sigue haciendo caer toda la responsabilidad sobre el gobierno y Gécamines. Las 10.655 víctimas no se dejan avasallar y se han organizado rápidamente creando el Colectivo de ex-agentes de Gécamines. Varios de ellos piden cuentas al Banco Mundial y se han apoderado de su Panel de Inspección, que se encarga de investigar las violaciones que BM podría haber cometido en los proyectos en los que está implicado. Aunque el Panel haya declarado que su petición es procedente, sus informes no tienen ninguna fuerza vinculante sobre la dirección del Banco. Solamente un veredicto emitido por un tribunal ordinario podría obligar al Banco a reparar los daños causados a la poblaciones. Un proceso contra el Banco Mundial por estas violaciones constituiría un precedente. El Banco no puede estar por encima de las leyes y más teniendo en cuanta que no se beneficia de la inmunidad de jurisdicción. Según sus propios estatutos, puede ser llevada ante la justicia en todos los países en los que dispone de una representación.
Los trabajadores congoleños son víctima de la misma lógica capitalista que prevalece en el norte donde se pisotean los derechos de y al trabajo. Por consiguiente, se debe reforzar la solidaridad internacional contra las políticas antisociales de las IFI y por la anulación total y sin condiciones de la deuda del sur.
Publicado el 23 de febrero en el diario francés L’Humanité, el 24 de febrero en el diario congoleño Le Potentiel y el 26 de febrero en el diario belga La Libre Belgique y en la página web de CADTM (Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (http://www.cadtm.org/).
Notas:
|1| http://www.legifrance.gouv.fr/affic...
|2| Eric Toussaint, Un coup d’œil dans le rétroviseur: L’idéologie néolibérale des origines jusqu’à aujourd’hui, Éditions Le cerisier, 2010.
jueves, 4 de marzo de 2010
República Democrática del Congo : El Banco Mundial en el centro de los "negocios"
martes, 22 de septiembre de 2009
La mezquina injerencia del FMI y el Banco Mundial en la República Democrática del Congo
21-09-2009
Rebelión/CADTM
Traducido para Rebelión por Caty R.
El FMI ha conseguido una nueva victoria al final de su última misión en la República Democrática del Congo (RDC) al obtener la revisión del famoso contrato chino firmado en 2007. La supresión de la garantía del Estado congoleño en dicho contrato, de esta forma, rebaja el controvertido préstamo de China de 9.000 a 6.000 millones de dólares.
El convenio, calificado erróneamente de «contrato del siglo», en principio preveía una inversión de 6.000 millones de dólares para el desarrollo de infraestructuras (construcción de carreteras, vías de ferrocarril, hospitales, universidades, alojamientos sociales) y 3.000 millones para el sector minero. Por lo tanto, el FMI ha ganado el pulso contra China, pero sobre todo mantiene su dominio sobre la política económica de la RDC.
Esta nueva injerencia del FMI en los asuntos internos de la RDC demuestra, una vez más, toda la hipocresía de las potencias occidentales que utilizan las instituciones financieras internacionales (IFI) para saquear los recursos naturales que pertenecen a los congoleños. En efecto, durante las negociaciones para la revisión del contrato chino, el Banco Mundial, respaldado por la embajadora de Canadá y Hillary Clinton durante su paso por Kinshasa, presionó al gobierno congoleño para que revisara su decisión de cancelar la «sociedad» KTM (Kingamyambo Musonoi Tailings), establecida ilegalmente entre la empresa canadiense First Quantum, el Estado congoleño, la empresa pública congoleña Gécamines, la sudafricana Industrial Development Corporation y la SFI (Societé Financière interntionale), que no es otra que la filial del Banco Mundial encargada de apoyar al sector privado… (1). Hay que subrayar, por lo tanto, que los contratos leoninos no plantean problemas a las IFI cuando los intereses de las potencias occidentales están en juego. Esos dos hechos simultáneos en la RDC demuestran con claridad que el Banco Mundial y el FMI son instrumentos que utilizan los países del Norte con fines geoestratégicos y económicos.
No cabe ninguna duda de que el contrato chino, pieza esencial para la realización de las cinco obras del presidente Kabila, no es un contrato «ganador-ganador» como pretende China (2), sino más bien una nueva ofensiva del gigante asiático para acaparar los recursos mineros del continente negro. Con ese contrato, China tiene acceso a 10 millones de toneladas de cobre, 620.000 toneladas de cobalto y 300 toneladas de oro, mientras que los congoleños deberán reembolsar la deuda generada por ese contrato de préstamo. Oficialmente, es ese riesgo de sobreendeudamiento el que ha impulsado al FMI a intervenir en este convenio bilateral. Blandiendo el estandarte de la «buena gobernanza» y practicando un chantaje inaceptable, el FMI ha conseguido finalmente su objetivo, manteniendo así su tutela sobre la RDC. Es un chantaje doble: sin la revisión del contrato, la RDC habría podido despedirse de un nuevo acuerdo trienal con el FMI en concepto de «Crédito para la reducción de la pobreza y para el crecimiento (FRPC)», así como del punto de terminación de la iniciativa PPTE (Países pobres muy endeudados), presunta aliviadora de su deuda externa que en la actualidad llega a 12.300 millones de dólares. Es casi la misma suma que ya se reclamaba a la RDC a la muerte de Laurent Désiré Kabila en 2001, justo antes de que el Banco Mundial y el FMI se presentaran como caballeros andantes para organizar una gran operación de reducción de deudas que el CADTM había denunciado como malversaciones. Hay que señalar que los servicios del FMI todavía tienen que confirmar que «el acuerdo así enmendado es conforme a la viabilidad de la deuda (3)» antes de aprobar el nuevo programa trienal (2009-2011), y que la RDC es un rehén de ese punto de finalización desde 2003, puesto que este último ya se prorrogó en tres ocasiones por decisión del FMI.
Ahora bien, esta deuda que el Estado congoleño sigue reembolsando a pesar de la crisis económica mundial, es el arquetipo de una deuda «odiosa», puesto que una gran parte fue contraída por el dictador Mobutu con la complicidad de los acreedores occidentales, especialmente el FMI y el Banco Mundial. Dicha deuda no tiene ningún valor legal y el gobierno congoleño debería declararla nula. Para basar la nulidad de esta deuda y rechazar su reembolso, los poderes públicos deberían, como exige la Declaración de la Octava Cumbre de los pueblos de la SADC (4), celebrada en Kinshasa del 5 al 6 de septiembre de 2009, proceder inmediatamente a la auditoría de dicha deuda con el fin de sacar a la luz la parte ilegítima: la que no ha beneficiado a la población. Todos los años, el servicio de la deuda acapara alrededor de 500 millones de dólares, es decir, casi tres veces la ayuda de emergencia concedida por el FMI el pasado mes de marzo.
La RDC no es un caso aislado. En el conjunto de los países en desarrollo, el reembolso de las deudas ilegítimas, combinado con los condicionamientos dictados por los proveedores internacionales de fondos, constituye un obstáculo para la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, así como una violación manifiesta del derecho de los pueblos a disponer de sí mismos y especialmente de sus recursos naturales. Por lo tanto, la emancipación de las poblaciones del Sur tiene que pasar necesariamente por la anulación incondicional de la deuda del Tercer Mundo y la ruptura tajante de los acuerdos con las IFI. En efecto, los países en desarrollo no tienen nada que esperar de esas instituciones incapaces de librarse del credo neoliberal conocido con el nombre de «Consenso de Washington», responsable del empobrecimiento de miles de millones de personas desde la crisis de la deuda de 1982. Tampoco hay que olvidar que esas instituciones se han convertido en cómplices de graves violaciones de los derechos humanos al apoyar financieramente dictaduras como la de Mobutu o financiando el apartheid en Sudáfrica. Así, el Banco Mundial y el FMI, imperativamente, deben rendir cuentas ante la justicia y ser sustituidos por nuevas organizaciones internacionales democráticas y respetuosas de los derechos humanos fundamentales.
(1) Ver www.digitalcongo.net/article/60245
(2) Damien Millet y Eric Toussaint, 50 Preguntas/50 Respuestas Sobre La Deuda, El Fmi Y El Banco Mundial, p. 153.
(3) Ver www.imf.org/external/french/np/sec/pr/2009/pr09286f.htm
(4) SADC: Comunidad para el Desarrollo de África Austral. Renaud Vivien, Yvonne Ngoyi, Victor Nzuzi, Dani Ndombele, José Mukadi y Luc Mukendi son miembros de la red internacional CADTM (Comité para la anulación de la deuda del Tercer Mundo)
