Y haber reclutado a 1.020 menores de edad y participado en la desaparición forzada de 1.776 personas
16-07-2009
La Tercera
Los ex miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) reconocieron ante la Fiscalía que asesinaron a 21 mil 979 personas en Colombia en los últimos 22 años, así como el secuestro de 648 colombianos y mil 493 extorsiones.
Estos datos forman parte de un informe elaborado por la Unidad de Justicia y Paz que fue enviado hace dos semanas a varios funcionarios colombianos, informó el lunes la emisora local Caracol Radio que tuvo acceso a ese documento.
Los paramilitares desmovilizados también confesaron haber reclutado a mil 020 menores de edad y haber participado en la desaparición forzada de mil 776 personas. Asimismo, se comprometieron a confesar 368 episodios de desplazamientos masivos en varias poblaciones del país.
La Fiscalía , sin embargo, hasta el momento sólo ha logrado comprobar que estos rebeldes cometieron 5 mil 808 asesinatos, 968 desapariciones forzadas, reclutaron a 380 menores, fueron responsables de 425 extorsiones y 132 secuestros.
Estas declaraciones fueron hechas por los ex paramilitares que en los últimos años se han entregado ante la justicia colombiana en el marco de la Ley Justicia y Paz que promete ciertos beneficios legales a los miembros de las AUC que se entreguen y confiesen los crímenes cometidos.
Por otra parte, el informe de la Unidad de Justicia y Paz indicó que la Fiscalía hasta el momento ha localizado 2 mil 329 cadáveres exhumados de mil 906 fosas comunes. De ese grupo, 535 han sido entregados a sus familiares, mientras que unos 636 cuerpos no han podido ser identificados.
miércoles, 15 de julio de 2009
Colombia: Ex paramilitares reconocen haber asesinado a más de 21 mil personas
martes, 30 de junio de 2009
La ONU cifra en 1.800 los 'falsos positivos' del Ejército colombiano.
Asesinatos de civiles para disfrazarlos de guerrilleros
TRIBUNA LATINA
Los falsos positivos ya tienen número. Los asesinatos sistemáticos de jóvenes y campesinos cometidos por el Ejército colombiano para hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate son cerca de 1.800.
La cifra es de la ONU, y fue publicada en un informe de su relator, Philip Alston, quien aseguró además que estos asesinatos no son obra de unas cuantas ‘manzanas podridas’, como quiere hacer ver el gobierno de Álvaro Uribe. El relator afirma que el gran número de asesinatos, la amplia geografía abarcada y el elevado número de militares implicados, casi evidencia el hecho de que los homicidios "fueron llevados a cabo de una manera más o menos sistemática por una cantidad significativa de elementos del Ejército''.
Sin embargo, el relator confesó no encontrar indicios irrefutables que prueben la participación directa de los altos mandos del Gobierno de Uribe, y tampoco que el macabro sistema fuera de su conocimiento. Aunque si culpó de los asesinatos al sistema de recompensas que establece el programa de Seguridad Democrática implantado por el presidente Uribe para ganar la guerra a las FARC.
Por lo general las víctimas son jóvenes de extracción humilde, que son engañados con supuestas ofertas de trabajo a realizar lejos de su lugar de residencia, donde son asesinados y posteriormente disfrazados de guerrilleros.
Pero el drama de las familias de las víctimas no acaba con la desaparición y asesinato de uno de sus miembros. Alston declaró en entrevista al diario El Tiempo que varias familias “habían sido sometidas a una cantidad significativa de intimidaciones. La gran mayoría de estas familias ha tenido que abandonar sus hogares”. De hecho, Alson adelantó que su informe se centrará en el tema de las amenazas.
Los motivos de los asesinatos son las recompensas, promociones de ascenso o incluso permisos de algunos días, que ofrece la cúpula del Ejército por cada guerrillero muerto.
Alston también criticó el término utilizado para designar estos casos: falsos positivos, que es una derivación de positivos, término utilizado por los militares para referirse a las bajas de guerrilleros. Según el relator, falso positivo "brinda una suerte de aura técnica para describir una práctica que se caracterizaría mejor como el asesinato a sangre fría y premeditado de civiles inocentes, con fines de beneficio".
El caso de los falsos positivos horrorizó a la población colombiana cuando salió a la luz pública, en noviembre de 2008. Desde entonces, no han dejado de salir más testimonios sobre nuevos casos. A pesar de todo, la popularidad del presidente Uribe parece infranqueable: se mantiene por encima del 70% y aún es posible que se modifique la Constitución para favorecer una segunda reelección en el cargo.
viernes, 22 de mayo de 2009
Colombia: Casi dos mil jóvenes ejecutados tras ser acusados de guerrilleros
El fiscal colombiano considera que los militares asesinos también han incurrido en "tráfico humano"
Dpa
17-05-2009
La Fiscalía de Colombia afirmó hoy que militares que están bajo investigación por ejecuciones extrajudiciales también han incurrido en el delito de tráfico humano, al organizarse para buscar a jóvenes que luego mataron y mostraron como guerrilleros abatidos en combate.
La afirmación fue hecha en el contexto de una audiencia que se cumple desde este jueves casi de forma ininterrumpida en Soacha, población próxima a Bogotá, en la cual se presentan cargos contra militares investigados por un caso que estremece al país desde 2008.
El fiscal Alberto Vargas dijo que varios militares pagaron el equivalente a 88 dólares por un joven al que luego mostraron como guerrillero muerto en combate.
Vargas obtuvo el testimonio de un hombre que fungió de reclutador de jóvenes de origen humilde de Soacha, quien ofrecía falsos trabajos a desempleados para llevarlos a una zona del noreste del país donde los entregaba a militares para que éstos los mataran y los hicieran pasar por guerrilleros.
La declaración del reclutador Alexander Carretero fue citada por Vargas en la audiencia contra seis de casi 50 militares que están siendo investigados por ejecuciones extrajudiciales.
Estos casos, llamados por la prensa colombiana falsos positivos, han sido denunciados desde hace años en el país, pero empezaron a llamar la atención desde septiembre del año pasado, cuando se descubrió que cerca de 20 jóvenes que habían desaparecido a comienzos de 2008 en Soacha estaban sepultados cerca de la frontera con Venezuela.
El ejército aseguró que se trataba de guerrilleros abatidos en combate, pero el proceso judicial comenzó luego de que los familiares de los jóvenes aseguraran que éstos no pertenecían a grupo armado y que desaparecieron después de que una persona les ofreciera trabajo en otro lugar del país.
Las investigaciones de la fiscalía han apuntado desde entonces a la existencia de una red dedicada a reclutar a gente de origen humilde para entregarlos a militares que los ejecutaban para ganar reconocimiento de sus superiores o premios, como días de descanso.
A solicitud del fiscal, un juez de garantías de Soacha ratificó una orden de detención contra seis de los militares bajo cargos de colusión para delinquir, homicidio, desaparición forzada y falsedad.
Durante la primera jornada de la audiencia se trató el caso de Fair Leonardo Porras, un joven analfabeto y con problemas de sicomotricidad, derivados de una meningitis que lo afectó de niño.
El fiscal Vargas dijo que Carretero confesó que reclutó a los jóvenes y los entregó a miembros de un batallón destacado en el departamento Norte de Santander.
Porras fue hallado muerto con una pistola en la mano derecha, tras un supuesto enfrentamiento con militares. En el proceso se documentó que el joven era zurdo.
Vargas dijo que el caso de Porras no es el único y que se considera que los militares forman parte de una organización dedicada al tráfico de seres humanos.
Según el senador opositor Juan Manuel Galán, que ha promovido en el Congreso varios debates sobre los falsos positivos, los casos de ejecuciones de ese tipo pueden sumar entre mil 500 y 2 mil en la última década.
El presidente Álvaro Uribe defiende la idea de que el Estado debe defender a los militares y policías que son llevados a los tribunales para contrarrestar la acción de organizaciones no gubernamentales del exterior, que según el mandatario pagan a abogados colombianos para que hagan falsas acusaciones de violaciones de los derechos humanos en el país.
http://www.jornada.unam.mx/2009/05/16/index.php?section=mundo&article=021n2mun
Envía esta noticia
