29 de octubre de 2009
Los altos precios de los medicamentos llevaron al gobierno de Ecuador a derogar patentes de laboratorios, en su mayoría extranjeros, que controlan 82 por ciento del mercado, en una medida que fue aceptada por 14 firmas europeas y estadounidenses.
"Los elevados costos, la producción insuficiente y la falta de investigación han contribuido a que millones de habitantes de países en vías de desarrollo como Ecuador no tengan acceso equitativo a medicamentos", dijo el presidente del Instituto de Propiedad Intelectual (IEPI), Andrés Ycaza.
La emisión de "licencias obligatorias" es una solución para que el derecho a la salud sea una realidad, agregó>.
El presidente ecuatoriano Rafael Correa decretó el viernes que las patentes sean reemplazadas por esos permisos, como parte de un plan que permitirá al país producir localmente o importar medicinas a bajo coste y que contempla regalías de hasta 10 por ciento de las ventas netas para los laboratorios.
Representantes de 14 laboratorios multinacionales anunciaron en Quito que aceptan la decisión del gobierno ecuatoriano de derogar las patentes de medicinas, con miras a producirlas localmente o importarlas a bajo coste.
"Aceptamos democráticamente esta decisión", expresó en un comunicado la Industria Farmacéutica de Investigación (IFI), que reúne en Ecuador a laboratorios de Europa y Estados Unidos como Bayer, GSK y Pfizer.
Agregó que "somos concientes de que ningún derecho de cualquier índole se superpone a los intereses de salud pública, sobre todo en circunstancias de especial gravedad".
Ycaza citó que un laboratorio nacional solicitó en 2002 una licencia obligatoria para un antirretroviral de la firma británica GSK y que, a pesar de que ese permiso no fue emitido, el fabricante redujo el precio de 350 a 60 dólares para una dosis mensual del fármaco.
El gobierno asegura que el precio promedio de un medicamento con competidores es de 3,85 dólares, frente a 46 dólares de uno sin competencia, excluidos los oncológicos y antirretrovirales.
En Ecuador, donde operan 243 laboratorios, se han registrado 23.197 infectados con ese virus, incluidos 5.000 fallecidos, según organismos privados.
La derogatoria afectará a unas 2.200 patentes, entre ellas las de 177 empresas extranjeras que controlan el 82% de un negocio que representa 720 millones de dólares al año en el país.
Además de abaratar los costos, el sector ecuatoriano prevé la generación de unos 12.000 nuevos empleos para poner en funcionamiento el 100% de la capacidad, desde el 40% actual, según el representante de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos, Renato Carló.
Expertos en propiedad intelectual advierten que la medida marginará al país de los conocimientos e investigaciones de las multinacionales.
El decreto presidencial establece que "no se considerarán de prioridad para la salud pública las medicinas cosméticas, estéticas, de aseo y, en general, las que no sean para el tratamiento de enfermedades".
Correa señaló que posteriormente derogará las patentes de los agroquímicos y de "toda clase de conocimiento" que se considere un "bien público" como el software.
jueves, 29 de octubre de 2009
Ecuador: Aceptan los laboratorios extranjeros la derogación de las patentes
domingo, 26 de julio de 2009
Los laboratorios farmacéuticos obtienen información de las patentes de manera ilegal
CIA y MOSSAD custodian la propiedad intelectual
26-07-2009
Simón Gutiérrez Moreno
Rebelión
El comercio y la industria del tráfico de información es una de las más importantes fuentes de ingresos de las agencias de inteligencia, originados en los contratos confidenciales firmados con las corporaciones privadas y públicas de los Estados Unidos y sus aliados.
La información privilegiada es un insumo cotizado para el imperialismo, utilizada en la extorsión y desestabilización de gobiernos poco ajustados a sus designios.
El despliegue de una gran red de vigilancia y control crea “Estados Paralelos” y se apodera de organismos gubernamentales estratégicos para los intereses corporativos mundiales, y sus gobiernos asociados.
En la última década, las agencias tercerizadas han incrementado su presencia y actividad, concentrando “recursos humanos” y materiales en la región latinoamericana. En casos concretos, Kroll Inc [1] (conocida como la CIA privada), Smith-Brandon [2] (conocida como FBI paralelo), Trident Investigative Services [3] o agencias ligadas al gobierno israelí (MOSSAD) [4] , trabajan activamente brindando “servicios especiales” a gobiernos y empresas en varios países.
La recolección y venta de información relacionadas con funcionarios de Estado, políticos, organizaciones sociales, espionaje industrial, campañas sucias, terrorismo mediático, extorsiones y “disputas de propiedad intelectual” son su especialidad.
De forma similar a lo realizado por la DEA norteamericana al fomentar el narcotráfico y compartir narco-negocios con los cárteles más importantes de Colombia o México, las agencias realizan espionaje industrial y tráfico de información por un lado, y por el otro, se autoproponen como la solución a las fugas de información y el fraude informático.
Algunas industrias farmacéuticas norteamericanas actúan como verdaderas “bases golpistas” y han financiado hace décadas golpes de Estado en países sudamericanos (gobiernos de Ilia [5] o Isabel Perón [6] en Argentina), y más recientemente contra Manuel Zelaya en Honduras [7] , en conexión con laboratorios y cadenas de farmacias locales.
Sobre las “disputas de propiedad intelectual”
La propiedad intelectual es radicalmente defendida por los gobiernos de los países más avanzados del planeta porque representa una fuente inagotable de ganancias como resultado de la protección de bienes y servicios producidos por el capitalismo en su voraz sistema de producción y consumo.
La disputa de las corporaciones farmacéuticas y biotecnológicas tiene un especial interés para las multimillonarias industrias de los Estados Unidos y sus aliados sionistas.
La metodología de tercerización en la custodia de información esta abriendo interrogantes sobre el papel que la propiedad intelectual desempeña en la supuesta protección de los derechos de los ciudadanos del mundo, al violarse la propiedad de quienes realizan innovaciones y pretenden su protección por los Estados.
La policía brasileña arrestó en 2004, a un hombre trabajando para la consultora internacional de riesgo Kroll Inc, por sospechas de espionaje contra funcionarios del gobierno Lula durante investigaciones relacionadas con corporaciones [8] , estas actividades fueron desmentidas luego por la embajada de Estados Unidos en Brasil [9] .
En 2005, miembros de la policía federal aprehendieron a cinco personas acusadas de espionaje ilegal a empresas y altos funcionarios del gobierno. En la sede de la agencia Kroll de San Pablo se confiscaron aparatos para realizar escuchas ambientales y telefónicas, más de 50 computadores y documentación.
El presidente de Kroll Brasil, Eduardo Sampaio Gomide, el gerente de la empresa, Vander Aloísio Giordiano; la investigadora Júlia Marinho da Cunha, además de Rodrigo Azevedo y Ricardo Sanchez que operaban los equipos de escucha, fueron detenidos.
El gobierno de Lula solicitó en aquel momento, que la Abogacía General de la Unión (AGU) encontrara los medios para procesar a Kroll. El Palacio del Planalto hizo saber que la Kroll sería procesada por la Justicia brasileña por haber espiado a funcionarios. Según el ministro Gushiken, los procedimientos de esta consultora norteamericana configuraron una "flagrante falta de respeto a la Constitución". Calificó a esa "vigilancia" de "ilegal, sórdida y que responde a intereses que no son públicos"
En su ampliación de negocios, la agencia comenzó a incursionar en actividades relacionadas con los derechos de autor y las patentes.
En agosto de 2008, durante un evento en la ciudad de San Pablo convocado por la Asociación Brasileira de Propiedade Intelectual [10], Vander Giordano (arrestado por escuchas ilegales a funcionarios del gobierno brasileño), expuso sobre piratería y “contrafacción” en actividades derivadas en la propiedad intelectual.
En el Instituto Nacional da Propriedade Intelectual de Brasil habría una estrecha relación de sus directivos con empresas extranjeras radicadas en ese país, donde agentes de servicios de información forman parte de la nómina de empleados en las oficinas ubicadas en la céntrica plaza Mauá de Río de Janeiro.
La principal tarea de sus fieles empleados es captar información contenida en las solicitudes de patentes farmacéuticas, nuevas tecnologías e innovaciones, elaborando informes que luego venden a sus “clientes” – norteamericanos, europeos o israelíes- tras acceder anticipada e ilegalmente a los documentos presentados por las empresas. Con la información privilegiada alimentan a los lobbies que negocian espacios de poder e intereses al interior de los gobiernos, parlamentos y poderes judiciales acopiando información en sus bases de datos madres de los Estados Unidos e Israel.
Los intereses judío-sionistas-norteamericanos aparecen en las actividades comerciales favorecidos por la falta de control de seguridad en los estados nacionales tercermundistas.
Estos dos ejemplos de actividades de inteligencia de la CIA y MOSSAD son la punta del iceberg y se estarían desarrollando en varios países de Latinoamérica al menos en Argentina, Colombia, Chile, Perú, México, Santo Domingo, El Salvador, Guatemala y Nicaragua.
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[1] http://www.krolllatinoamerica.com/oficinas/
[2] http://www.smithbrandon.com/news.aspx?id=44
[3] http://www.tridentinvestigative.com/
[4] http://www.mossad.gov.il/Eng/AboutUs.aspx
[5] http://www.elfronton.com/illia.htm
[6] http://www.diarioperfil.com.ar/edimp/0245/articulo.php?art=6366&ed=0245
[7] http://www.aporrea.org/tecno/n137379.html
[8] http://www.clarin.com/diario/2004/07/24/elmundo/i-03001.htm
[9] http://www.clarin.com/diario/2006/06/02/elmundo/i-02901.htm
[10] http://www.abpi.org.br/pdfs/boletim/Bol96.pdf
