30 de julio de 2009
FRENTE DE DEFENSA DE LA PACHAMAMA
Ecuador, país ubicado al noroeste de América Latina, reconocido como país Mega diverso en sus 256 370 km2 de extensión, también posee uno de los depósitos auríferos más importantes del mundo ubicado en la Cordillera del Cóndor y reservas importantes de cobre y plata.
La historia, hoy lamentablemente se repite en este país, el Gobierno toma acciones contradictorias en cuanto al desarrollo sostenible del que se declara impulsor y el tipo de relación que este va a tener con el capital extranjero
El Presidente del Ecuador Rafael Correa fue elegido el 26 de abril en segunda vuelta con más del 56% de apoyo de la población, Correa asume la presidencia de un país con una situación económica bastante compleja, con elevados niveles de pobreza y exclusión social. Después de dos años de haber llegado al Gobierno, el partido político Alianza País (2007-2011) que representa un gobierno de izquierda, autodenominado “Gobierno de la Revolución Ciudadana”, ha logrado cambios sustanciales positivos en la salud, educación y vivienda; así como ser el primer país del mundo que reconoce en su nueva Constitución derechos inalienables a la Naturaleza; inspirada en la filosofía del “buen vivir”, que promueve la convivencia en armonía con la naturaleza, mediante el cuidado de la biodiversidad, de los recursos naturales, de la biósfera y del patrimonio natural.
Sin embargo, a pesar de estos logros alcanzados, existe un conflicto que parece oscurecer este avance. La oposición a la política minera del gobierno es llevada adelante por el Frente de Mujeres en Defensa de la Pachamama, frente formado por mujeres de la Provincia del Azuay (zona austral del Ecuador), organización que es parte del Movimiento Salud por los Pueblos-América Latina, junto a la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y Soberanía, que agrupa distintos frentes de lucha en todo el país. Inician su protesta de resistencia a las concesiones mineras otorgadas por el gobierno anterior, y que según el nuevo Mandato Minero debieron ser archivadas. Las movilizaciones fueron nacionales y se iniciaron en el 2006, continuaron en junio del 2007, abril del 2008 y enero del 2009.
Estas organizaciones demandan la suspensión de las concesiones otorgadas a las compañías, todas de origen canadiense, International Mineral Corporation (IMC) en Molleturo (Provincia del Azuay) asentada en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cajas; IAMGOLD en Victoria del Portete (Provincia del Azuay) ubicada en el Bosque Protector Irquis-Yanuncay, ambas en la región de la Sierra; y Corriente Resources en las provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe, ubicada en la Cordillera del Cóndor; región Amazónica. Consideradas las reservas más importantes de oro, plata y cobre.
Esta lucha los ha llevado a acudir a la Defensoría del Pueblo, poniendo una demanda en noviembre del 2008, fueron convocados este 22 de Julio a la Audiencia Pública en la capital, Quito, a la que se trasladaron representantes de cada una de las comunidades afectadas. Denunciaron el no archivamiento de las concesiones que no realizaron la consulta previa, violando el derecho constitucional de los pueblos y nacionalidades indígenas a ser consultados, como también la violación del Convenio 169 de la OIT, del que el Ecuador es parte. Estas comunidades también denunciaron que estas concesiones están dentro de áreas naturales protegidas, zonas de amortiguamiento e importantes fuentes de agua.
Por otro lado también denunciaron la violación de Derechos Humanos de hombres, mujeres y niños, cometidas por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional durante las manifestaciones. Y la criminalización de su lucha por ejercer su derecho a la resistencia, cinco mujeres campesinas del Frente de Defensa de la Pachamama enfrentan procesos penales por terrorismo. Se espera el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo en 30 días.
El pueblo ecuatoriano aprobó la nueva Constitución, propuesta por el Gobierno de Correa; la misma que alcanza logros constitucionales muy importantes en el campo de la participación ciudadana, los derechos colectivos y los derechos de la naturaleza; ahora al parecer estos derechos serán puestos por debajo de los intereses de los grandes capitales y el poder que representan.
viernes, 7 de agosto de 2009
Ecuador: Resistiendo a la minería
jueves, 28 de mayo de 2009
Bolivia: Mineros reconquistan las ocho horas y mejores salarios
27 de mayo de 2009
ECONOTICIASBOLIVIA (especial para ARGENPRESS.info)
Victoria obrera. Temerosa de perder sus millonarias ganancias y sus ilegales privilegios, la transnacional Glencore se dobla ante la lucha de los mineros.
Cabalgando sobre una gran movilización de masas, los mineros proletarios de Bolivia han reconquistado la jornada laboral de ocho horas y han arrancado mejores salarios a la transnacional Glencore, que explota ilegalmente los ricos yacimientos de plata, oro y zinc que eran de propiedad del millonario ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, hoy prófugo de la justicia.
El preacuerdo, logrado la noche del martes después de dos días de negociaciones, establece el respeto a la jornada laboral de ocho horas, la aplicación de los precios de los contratos vigente en el 2008, que incluye mejores ingresos para los trabajadores, y el respeto a los derechos laborales, incluyendo un incremento salarial del 12 por ciento, informó anoche César Lugo, uno de los dirigentes de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia.
Este convenio fue refrendado con una carta enviada al Ministerio de Minería por los ejecutivos de Sinchi Wayra, filial boliviana de la Glencore.
“Sinchi Wayra S.A. ofrece poner en vigencia las antiguas cartillas de precios de contrato (vigentes en diciembre de 2008) a partir de la fecha hasta que la empresa y los sindicatos de trabajadores dependientes de la empresa, concluyan una nueva negociación y revisión general de las cartillas de recursos de contratos”, señala la carta, que también garantiza la jornada laboral de ocho horas y el respeto a la Ley General del Trabajo.
Se dobla la Glencore
Arrinconados por la presión de más de cuatro mil mineros proletarios que en una semana habían cruzado a pie el altiplano y estaban ya dos días en La Paz, los funcionarios del gobierno indígena de Evo Morales y de la sinuosa transnacional Glencore International, ya habían comenzado a ceder a las demandas laborales desde el lunes.
La radicalidad que mostraron los mineros de base que hablaban incluso de “echar a la empresa”, pesaron mucho para que la transnacional diera marcha atrás en su intento de prolongar la jornada laboral y reducir los salarios de los obreros, para no arriesgar sus operaciones en Bolivia y, por ende, sus millonarias ganancias.
Tras cruzar a pie el altiplano (casi 200 kilómetros), este lunes, los mineros ingresaron a La Paz y no dejaron dudas sobre sus intenciones, si es que la compañía Sinchi Wayra, --filial de la transnacional Glencore Internacional, forjada por el magnate petrolero suizo israelí Marc Rich, a quien la revista Time calificó en el 2001 como “el ejecutivo más corrupto del planeta”--, no daba brazo a torcer.
“¡Fuera Sinchi Wayra! Basta de saqueo y explotación transnacional que deja socavones vacíos, enfermos, hambre y miseria”, era la leyenda ilustrativa de uno de los tantos carteles que agitaban los mineros a su paso por las calles de La Paz y que era presentado en primera plana por uno de los principales diarios del país.
Ilegalidad y explotación
La Glencore/Sinchi Wayra tomó ilegalmente el control de importantes minas de zinc, oro, plata, plomo y estaño de Oruro y Potosí, (las minas Bolívar, Poopó, Porco, Colquiri, Totoral, San Lorenzo, Colquechaquita y la planta concentradora de minerales Don Diego y la central termoeléctrica de Aroifilia) de manos de Sánchez de Lozada en el 2005, dos años después que este ex presidente de Bolivia fuera derrocado por una insurrección popular y fugara a los Estados Unidos.
El doloso contrato de transferencia de estas minas se hizo en Estados Unidos, cuando los bienes y minas de Sánchez de Lozada ya eran reclamados en los tribunales de justicia de Bolivia como resarcimiento para las víctimas del genocidio de octubre del 2003 (67 civiles muertos y más de 400 heridos a bala).
Allí, en estas minas, la transnacional intentaba aplicar un “plan de emergencia” para enfrentar la caída en el precio internacional de minerales sin reducir sus millonarias ganancias extraordinarias. Para ello presionaba para aumentar la producción, haciendo trabajar dos a cuatro horas más a los obreros sin aumentarles el salario. Este intento por acrecentar la explotación laboral fue derrotado por la movilización organizada de más de cuatro mineros proletarios, que dejaron, otra vez, una soberbia lección para todos los trabajadores bolivianos.
La vanguardia muestra el camino
“Este es un problema nacional. En todo el país, los empresarios privados se están dando el lujo de vulnerar los derechos de los trabajadores y las leyes bolivianas”, había asegurado antes de ingresar a La Paz el principal dirigente de la Federación de Mineros, Guido Mitma, que caminó al lado de sus hermanos de clase.
“Esta marcha es para que todas las empresas respeten las ocho horas, no sólo en las minas privadas. Los empresarios abusan en todos los sectores, en las fábricas, en las empresas de la agroindustria. Están abusando de los mineros, están abusando de los fabriles, están abusando de los trabajadores en el comercio, en las construcciones, en todo lado. Esta lucha es para todos. El gobierno tiene que asumir su responsabilidad y hacer cumplir las leyes laborales”, decía el minero Mitma, mientras sus compañeros cantaban a voz en cuello: “venceremos, venceremos / mil cadenas habrá que romper / venceremos, venceremos / los mineros sabremos vencer”.
sábado, 16 de mayo de 2009
Bolivia mineros marchan 100 kilómetros para defender las 8 horas
El domingo viajan miles de mineros hasta la localidad orureña de Caracollo y desde allí marcharán rumbo a la sede de Gobierno donde tienen previsto paralizar el centro paceño a punta de dinamita”
Econoticiasbolivia
14-5-2009
www.kaosenlared.net
Este lunes arranca una caminata de más de 100 kilómetros a La Paz. Los proletarios de la mina Porco buscan el apoyo de sus hermanos del campo y las ciudades para doblegar a la poderosa transnacional Glencore/Sinchi Wayra, heredera de los turbios negocios del ex presidente y prófugo de la justicia Gonzalo Sánchez de Lozada
Cerca de un millar de trabajadores de la mina Porco y de otros centros explotados por el consorcio Sinchi Wayra, filial local de la siniestra transnacional suiza Glencore International, iniciarán este lunes una caminata de 100 kilómetros a más de cuatro mil metros de altura en el altiplano con rumbo a La Paz para defender la jornada laboral de ocho horas.
Desde la mina de plata, zinc y plomo de Porco, el ejecutivo del sindicato minero, Gonzalo Quispe, dijo que la caminata desde la altiplánica localidad de Caracollo busca el apoyo de las organizaciones sociales, sindicales y populares para frenar los intentos de la compañía privada que quiere imponer una jornada de trabajo de 10 horas.
La acción de los mineros de Porco busca, además, presionar al gobierno del presidente indígena Evo Morales para que haga cumplir las leyes laborales del país y ponga coto a los abusos de la transnacional minera.
“Vamos a efectuar acciones de protesta en La Paz hasta que las autoridades logren que la empresa Sinchi Wayra respete la jornada laboral de ocho horas”, dijo el sindicalista Quispe.
Hasta ahora, las negociones emprendidas con los directivos de la empresa y autoridades del gobierno de Morales no han dado resultados positivos. En estas reuniones, el argumento esgrimido por los ejecutivos de Sinchi Wayra es que de mantenerse la jornada laboral de ocho horas se pondría en riesgo la viabilidad del proyecto minero. Se habló, incluso, de que la empresa ingrese a una fase de lock-out (quiebra financiera).
Esto, sin embargo, no amedrentó a los trabajadores mineros de Porco, los que en una asamblea general decidieron frenar los abusos de la transnacional, defender la jornada laboral de ocho horas y luchar hasta las últimas consecuencias por sus derechos sociales y laborales.
A PUNTA DE DINAMITA
En la asamblea, según reflejó el diario El Potosí, los proletarios de Porco aseguraron que “el domingo viajarán miles de mineros hasta la localidad orureña de Caracollo y desde allí marcharán rumbo a la sede de Gobierno donde tienen previsto paralizar el centro paceño a punta de dinamita”.
Los mineros de Porco han advertido que no cederán a las presiones de esta transnacional que tiene un tortuoso recorrido en Bolivia. Sinchi Wayra, filial de la transnacional Glencore Internacional, fue forjada por elmagnate petrolero suizo israelí Marc Rich, a quien la revista Time calificó en el 2001 como “el ejecutivo más corrupto del planeta”, perseguido por el FBI por los delitos de fraude, tráfico de petróleo y evasión de impuestos, condenado por la Corte Federal de Nueva York e indultado dos veces por los presidentes de Estados Unidos Bill Clinton y George W. Bush.
HEREDERA DE SÁNCHEZ DE LOZADA
Sinchi Wayra/Glencore —que heredó dolosamente en el 2005 las empresas mineras del ex presidente Gonzalo Sánchez Lozada, cuando este millonario neoliberal que fue derrocado por una insurrección popular en octubre del 2003 ya era considerado como prófugo de la justicia y sus bienes sujetos a embargo por parte del Estado boliviano como resarcimiento por los daños económicos y crímenes de lesa humanidad que cometió en el país—, tiene el control de los ricos yacimientos de zinc, oro, plata, plomo y estaño de Oruro y Potosí, como Bolívar, Poopó, Porco, Colquiri, Totoral, San Lorenzo, Colquechaquita y la planta concentradora de minerales Don Diego y la central termoeléctrica de Aroifilia.
Allí, Sinchi Wayra/Glencore obtuvo millonarias ganancias en los últimos tres años por el auge del precio de los minerales, pero ahora, que hay una caída relativa en las cotizaciones, intenta evitar la reducción de sus ganancias extraordinarias acrecentando la explotación laboral.
GANANCIAS Y EXPLOTACIÓN
En el último trimestre del 2008, la compañía minera intentó echar a la calle a 1.277 trabajadores y reducir el 15 por ciento del salario al resto de sus 3.500 operarios, a los que quiso hacer trabajar en turnos de hasta 12 horas diarias, lo que fue frenado por la lucha sindical.
El precario acuerdo alcanzado entre la empresa y los sindicalistas a principios del 2009, que se logró bajo la amenaza proletaria de ocupar todas las minas de Sinchi Wayra/Glencore, establece que no habrá despidos, ni ampliación de la jornada laboral ni aumento salarial. Pese a ello, los herederos de Marc Rich y de Sánchez de Lozada continuaron con sus intentos de ampliar la explotación de sus trabajadores de las actuales 8 horas diarias a 10.
Esta misma intención es la que tiene la decena de grandes transnacionales que operan en Bolivia y que controlan tres cuartas partes de la producción y exportación minera, que en los últimos tres años ha sido valorada internamente en 4.405,9 millones de dólares. En esta explotación transnacional de las minas, sólo el 5 por ciento de estos ingresos se transformaron en impuestos y regalías para Bolivia, una nación con ricos yacimientos de clase mundial de plata, hierro, oro, litio y gas, pero con un tercio de su población de 10 millones de habitantes pasando hambre y otro tercio con apenas lo suficiente para comer y nada más.
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