El costo ambiental de un desarrollo arcaico
15-08-2009
Marina Silva
Informe-Dipló
La Amazonia brasileña se encuentra en una situación límite. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva debe decidir si desea liderar la transición hacia nuevos parámetros de desarrollo global o prefiere continuar avalando la sobreexplotación de los activos sociales y ambientales en beneficio de una minoría.
Varios estudios recientes han expuesto diferentes facetas del modelo económico arcaico y predatorio que todavía predomina en la Amazonia brasileña. A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años por el gobierno federal, las administraciones estatales y municipales, y la sociedad civil –lo que dio como resultado una reducción continua de los índices de deforestación desde 2005–, el hecho es que el 17% del bosque tropical brasileño ya ha sido consumido; y los mecanismos y prácticas que destruyen la biodiversidad, perjudican los servicios ambientales (1), generan conflictos sociales, empobrecen la cultura, marginan poblaciones, agravan el calentamiento global y comprometen la imagen de Brasil, continúan vigentes.
La edición de junio de 2009 de la revista Science (2) incluye un estudio sobre el tema, firmado por investigadores del Instituto del Hombre y el Medio Ambiente de la Amazonia (Imazon), que bautiza este modelo como “boom-colapso”, en alusión al efecto “sube y baja” que caracteriza la economía de la región: grandes ganancias financieras para un pequeño grupo al principio, seguidos de pérdidas y perjuicios para la sociedad en general.
Los investigadores constataron que, en el corto plazo, mejoran los indicadores socioeconómicos, como por ejemplo el Índice de Desarrollo Humano (IDH). Sin embargo, los beneficios duran alrededor de una década y media, agotándose cuando se terminan la explotación de madera y la productividad de la ganadería. En ese momento, entonces, los municipios pasan a presentar índices de calidad de vida parecidos a los del período anterior a la deforestación, con una diferencia fundamental: perdieron la oportunidad de hacer un uso adecuado de los activos naturales y de crear una economía sostenible con una distribución de la renta más ecuánime. Sumado a eso, heredan suelos degradados, desempleo, concentración agraria, éxodo rural, miseria urbana y, por supuesto, el fin de los bosques y de los recursos naturales disponibles.
El año pasado se publicaron asimismo otros importantes trabajos realizados por Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que describen las prácticas deletéreas de poderosos grupos empresariales y sus negocios globales, lo que causó un fuerte impacto en la opinión pública.
En octubre de 2008, la ONG Repórter Brasil redactó una lista de las empresas establecidas en San Pablo que se benefician con el avance predatorio de la actividad agropecuaria y maderera ilegal sobre el bosque, además de mantener relaciones comerciales con propietarios e inversores rurales que explotan el trabajo esclavo. La divulgación del trabajo, titulado “Conexiones sustentables San Pablo-Amazonia: quién se beneficia con la destrucción de la Amazonia” (3), dio como resultado la firma de tres pactos empresariales para el control de las cadenas productivas de la madera, la ganadería y la soja oriundas de la Amazonia.
La organización Amigos de la Tierra-Amazonia Brasileña publicó, en abril de 2008, el informe “La hora de la cuenta – Ganadería, Amazonia y coyuntura” (4), en el que explica que la Amazonia se consolidó como una importante región productora de carne debido a la instalación de megafrigoríficos, financiados con recursos públicos subsidiados por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil del orden de los 6.000 millones de reales en 2008, un récord histórico. De ese monto, casi nada se destinó al aumento de la productividad y la recuperación de tierras degradadas o abandonadas. El informe muestra incluso que uno de los factores centrales para la viabilidad de la ganadería en las principales regiones productoras de la Amazonia es la invasión y la posesión ilegal de tierras públicas, acompañada de deforestación irregular.
A comienzos de este mes, Greenpeace Brasil divulgó por su parte, después de tres años de estudios, el informe “La farra del buey” (5). Allí, la organización ambientalista revela que la destrucción de la Amazonia se debe mayoritariamente al sector ganadero, responsable de una de cada ocho hectáreas de bosques tropicales destruidas en el planeta. Ese trabajo analiza las fuertes inversiones gubernamentales destinadas a ese sector, con el objetivo de consolidar el liderazgo de Brasil en la exportación de carne bovina y duplicar su participación para alcanzar los dos tercios del mercado mundial de aquí a 2018. El informe hace también una lista de varias empresas nacionales e internacionales que se abastecen de productos de esa cadena productiva ilegal y antiética, y acusa al BNDES de contribuir a la devastación ambiental, en la medida en que financia a los frigoríficos sin exigir contrapartidas ambientales.
La novedad que introdujo el estudio de Greenpeace fue su sociedad con el Ministerio Público Federal para iniciar acciones civiles públicas en el Estado de Pará contra los frigoríficos y las redes de venta minorista citados en el texto. La medida generó diferentes reacciones: grandes cadenas minoristas, como Wal-Mart, Carrefour y Pão de Açúcar, suspendieron las compras a los frigoríficos involucrados, exigiendo a los proveedores trazabilidad y garantías socioambientales confiables para los productos provenientes de la Amazonia. Las entidades ruralistas ya intentaron descalificar el estudio e intimidar a sus autores con procesos judiciales, en lugar de adoptar técnicas productivas sustentables que favorezcan la ganancia de productividad, trazabilidad y recuperación de las áreas degradadas.
A pesar de las evidencias recabadas en los estudios citados y de importantes resultados alcanzados en el ámbito del Programa de Prevención y Control de la Deforestación en la Amazonia, la ideología y las fuerzas que sustentan el modelo predatorio continúan en plena forma debido, especialmente, a la postura equivocada de algunos sectores del gobierno federal y del Congreso Nacional. Teniendo en cuenta las urgencias de nuestro tiempo –sintetizadas por la confluencia del agravamiento del calentamiento global y la situación dramática de las poblaciones pobres en todo el planeta– la persistencia de un patrón de desarrollo arcaico en Brasil –país clave para iniciar el viraje necesario hacia un modelo de base sustentable– es muy preocupante.
Desde los ministerios que definen políticas vitales para la Amazonia llegan discursos y medidas que aumentan esa preocupación, al converger en el desmantelamiento de la legislación ambiental y la defensa de facilidades económicas para sectores que especulan con tierras en la región (6), y al negarse a asimilar métodos que eviten nuevas deforestaciones. Esos sectores fueron premiados recientemente con una regularización agraria que distribuyó más de 60 millones de hectáreas de tierras públicas, buena parte de ellas a personas y grupos que las invadieron y promovieron su deforestación a gran escala. O sea, las autoridades responsables de las políticas de desarrollo tratan a los bosques como un obstáculo y no como un beneficio para la nueva economía del siglo XXI.
La voz del pueblo
Tal postura, no obstante, está siendo confrontada por las constantes alertas tanto de respetados formadores de opinión como de la propia sociedad. En una investigación realizada por el Instituto DataFolha en mayo pasado, el 96% de la población brasileña defendió la legislación ambiental y dio un mensaje claro a los productores rurales: pide respetar los límites establecidos por la ley para la protección de bosques, ríos, suelos y biodiversidad (7). Ya no se acepta la justificación de la producción de alimentos a costa de la destrucción ambiental.
Se ha llegado así, a un umbral. El gobierno brasileño necesita hacer una elección clara: liderar una transición que convierta a Brasil en una referencia mundial en la búsqueda de nuevos parámetros de desarrollo, o seguir siendo fiador del pasado, garantizando sobrevida a una concepción de mundo ya superada, que se basa en otorgar privilegios y permitir la sobreexplotación de los activos sociales y ambientales para usufructo de algunos pocos, sin medir las consecuencias.
La investigación de Datafolha mostró que los brasileños quieren empleo, renta y acceso a bienes de consumo, pero no a cualquier precio. Quieren también seguridad ambiental, compromiso ético y visión a largo plazo para crear hoy las condiciones para un salto civilizatorio indeclinable.
En la Amazonia ese dilema se plantea de varias maneras. La explotación ganadera y maderera irregular es sólo uno de los aspectos. Otro, de igual importancia, es la puesta en marcha de obras de infraestructura. El conocimiento acumulado sobre las debilidades del bioma amazónico recomienda cuidados especiales en ese tipo de proyectos, comenzando por el imprescindible proceso de licenciamiento ambiental, hecho en forma y tiempo adecuados. Frente a eso, las maniobras para evitar o flexibilizar los procedimientos exigidos por la legislación con el objetivo de acelerar la aprobación de las obras, como se intenta, por ejemplo, con la ruta BR 319, son inaceptables. La historia enseña que, realizadas en discrepancia con las contingencias ambientales, esas obras son inductoras de procesos económicos y sociales que pueden redundar en verdaderas catástrofes sociales, culturales, ecológicas y económicas en toda el área de influencia del emprendimiento, en vez de generar los beneficios esperados.
Brasil vive un momento crucial, que exige, para que sea posible prosperar, elecciones valientes en pos de un cambio de rumbo y de patrones. Las alternativas ya existen, tienen fuerte base tecnológica, una concepción política e institucional innovadora y sectores de punta dispuestos a superar sus límites adoptándolas. Se trata de un desafío que no es sólo de los brasileños. Se impone a toda la comunidad global. Evidentemente, el país que detenta un patrimonio tan significativo como la Amazonia tiene una misión especial que cumplir.
Una misión domesticadora, en términos del siglo XXI. Si antes, en la historia de la humanidad, domesticar significaba dominar, sojuzgar e imponer, hoy quiere decir tener la capacidad de reinventar la civilización, sumando el ambiente natural como parámetro para la superación de los excesos y equívocos de la sociedad de consumo, en una perspectiva anticipatoria de la sociedad sustentable que se pretende consolidar.
Brasil es candidato natural a ser una gran nación para navegar el futuro y no puede continuar preso de las peores amarras de su historia, sin utilizar plenamente lo que ésta le ofrece como herramienta liberadora: los excepcionales recursos naturales y la igualmente excepcional diversidad social y cultural. A lo largo de las últimas décadas, esta opción ya fue realizada por crecientes contingentes sociales en los espacios académicos, comunitarios, empresariales, de organizaciones de la sociedad civil y en nichos de excelencia del sector público. De esa nueva cultura han emanado continuas demostraciones de que dar el salto cualitativo es posible y viable. Falta la opción decidida de aquellos que tienen mucho poder en el proceso decisorio del país y en la implementación de grandes políticas, es decir, los gobernantes y los sectores empresariales de peso.
Marina Silva es senadora de la República Federativa del Brasil por el Estado de Acre en representación del Partido de los Trabajadores (PT), fue ministra de Medio Ambiente (2003-2008).
Traducción: Claudia Solans
Notas:
1 Los servicios ambientales son funciones ecológicas y procesos que aseguran el equilibrio de los ecosistemas y posibilitan la supervivencia y el bienestar de todas las especies en el planeta.
2 Science, Vol. 324, Nº 5.933, Nueva York, junio de 2009.
3 www.reporterbrasil.org.br/documentos/conexoes_sustentaveis.pdf
4 www.amazonia.org.br/arquivos/308285.pdf
5 www.greenpeace.org.br/gado/FARRAweb-alterada.pdf
6 Véase Dario Pignotti, “Polémica diplomacia del cárbono”, en el dossier “Amazonia, el espacio geoestratégico del siglo XXI”, Le Monde diplomatique, ed. Cono Sur, Buenos Aires, agosto de 2009.
7 http://datafolha.folha.uol.com.br/po/ver_po.php?session=891
M.S.
© LMD ed. Brasil
lunes, 17 de agosto de 2009
La amazonia brasileña en el umbral de una nueva era
jueves, 14 de mayo de 2009
Noticias Censuradas (XV): Las transnacionales energéticas contaminan, roban fondos fiscales y descuidan su propia bomba nuclear en casa
13 de mayo de 2009
Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)
La búsqueda constante de petróleo está destruyendo la Amazonía, que terminará por convertirse en una red interminable de tuberías que matarán la selva tropical, en contraste con la novedosa decisión de otorgar derechos constitucionales a la naturaleza en Ecuador.
Mientras las compañías petroleras se apoderan de 60 mil millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses y el gobierno de Washington no tolera que otros países desarrollen fuentes de energía nuclear alternativas al petróleo –por temor a la amenaza atómica que significarían Irán o Corea (porque se supone que las bombas atómicas estadounidenses y europeas no amenazan a nadie)–, tiene una gran bomba nuclear propia en casa, y a punto de estallar, debido a la negligencia en el manejo de las “piscinas de basura nuclear” de Carolina del Norte, un peligro que pasa agachado para las grandes cadenas informativas.
Al mismo tiempo, Bechtel Corporation, una de las empresas más grandes de ingeniería y construcción del mundo y defensora principal de la privatización de los sistemas de agua en el planeta, está empeñada en construir un gran canal que -según los conservacionistas- destruiría el Delta de California, en tanto las transnacionales energéticas se empeñan en disfrazar de “verde” al carbón más negro y contaminante, exhibiendo impaciencia por la autorización para explotarlo a gran escala. Estas son unas muy pocas noticias censuradas entre decenas que aluden al sector energético y ambiental.
Exploraciones petrolíferas amenazan selvas del Amazonas
La Amazonía occidental, que es el hogar de la mayor biodiversidad y selva tropical intacta de la Tierra, puede cubrirse pronto de tuberías y plataformas petroleras. Una investigación publicada por PlosOne sacó a la luz que por lo menos 35 compañías multinacionales de petróleo y gas operan en más de 180 "bloques" –áreas zonificadas para exploración y desarrollo– que ahora cubren la selva occidental en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Brasil. La Amazonía occidental también es el hogar de numerosos grupos étnicos, incluyendo algunos de los últimos pueblos indígenas que viven en aislamiento voluntario, no contactados con el mundo cruel del capitalismo salvaje. Este territorio es la base de una diversidad biológica y cultural tan extraordinaria que los científicos ambientales lo llaman “pulmones del planeta”, pero por desgracia contiene grandes reservas de petróleo y gas.
Los precios récord del petróleo y su demanda global cada vez mayor ahora estimulan niveles sin precedentes de nuevas exploraciones para extracción de petróleo y gas, amenazando con la devastación ambiental y cultural. Por ejemplo, de los 64 bloques que cubren el 72% de la Amazonía peruana –todos creados a partir de 2004–, por lo menos 16 fueron aprobados en 2008. Y por lo menos 58 de estos 64 bloques cubren tierras cuyos dueños titulares son pueblos indígenas del Perú. Diecisiete de las áreas propuestas abarcan reservas creadas para grupos indígenas en aislamiento voluntario. La resistencia política indígena exhibe cada vez más organización y eficacia en los ámbitos nacionales e internacionales. “Esta expansión ocurre en detrimento de nuestra gente y de la Madre Tierra”, advirtió José Antúnez, líder del pueblo Ashaninka de Perú.(1)
La naturaleza tiene derechos constitucionales en Ecuador
Ecuador se convirtió en el primer país del mundo en asignar derechos constitucionales a la naturaleza, al codificar un nuevo sistema de protección del medio ambiente en septiembre de 2008. Reflejando las creencias y tradiciones de la población indígena, la nueva Constitución del Ecuador declara que la naturaleza “tiene el derecho a existir, persistir, mantener y regenerar sus ciclos vitales, la estructura, funciones y sus procesos en la evolución”. La constitución establece que este derecho “es independiente de la obligación de las personas naturales y jurídicas, o del Estado, de indemnizar a la gente que depende de los sistemas naturales”.
La nueva Constitución redefine la relación del hombre con la naturaleza, afirmando que no será más un objeto para ser apropiado y explotado por la gente, sino más bien una entidad con fuerza legal que debe ser tratada con igualdad ante la ley. El liderazgo de Ecuador en esta cuestión puede tener un efecto dominó global. Mari Margil, directora adjunta del Fondo para la Defensa Legal Ambiental (Environmental Legal Defense Fund) dijo que su organización está llamada a concitar el interés de países como Nepal, que actualmente está redactando su primera Constitución. “Espero que haya lucha” dijo Marfil, aludiendo a las industrias transnacionales de extracción. “Su pan y mantequilla se basan en poder tratar como hoteles baratos a países y ecosistemas”. Incluso si el presidente ecuatoriano Rafael Correa abrazara el modelo económico extractivo de desarrollo, la historia presenciará que los ecuatorianos lucharán con éxito por los Derechos de la Naturaleza, con o sin su presidente, dijo.(2)
Compañías petroleras se apoderan miles de millones de dólares fiscales
Veinticuatro compañías petroleras se aprestan a eludir el pago de 60 mil millones de dólares en derechos (royalties) de agua debido a un descuido del ministerio del Interior de EEUU, que publicó los montos eximidos a las compañías que no pagarán tales obligaciones sin haber tomado en cuenta el precio que prevaleció en el mercado del petróleo. Con crudo comercializado a un precio casi 600% más alto que en 1995, cuando fue promulgada la Ley deAyuda de los Derechos de Agua Profunda de 1995 (Deep Water Royalty Relief Act), estas compañías continuará extrayendo combustibles muy valiosos en terrenos públicos sin pagar ningún derecho a los contribuyentes estadounidenses.
La industria gasífera y petrolera recibirá, además, exenciones adicionales de por lo menos 33 mil millones de dólares por concepto de lagunas tributarias, restauraciones no actualizadas de derechos, subsidios directos para investigación y desarrollo y trampas en su contabilidad, según un análisis de Amigos de la Tierra (Friends of the Earth). El estudio reveló que las exenciones de pago de impuesto han aumentado dramáticamente desde que los republicanos lograron aprobar una nueva normativa energética en 2005.(3)
Piscinas de basura nuclear: La bomba atómica en casa
La selva virgen de Carolina del Norte aloja uno de los lunares más mortíferos del suelo de América del Norte. La central nuclear de Shearon Harris, localizada allí, no es solamente una estación generadora de energía nuclear, sino también un depósito de barras de combustible usado altamente radiactivas provenientes de otras dos centrales propiedad de la corporación Progress Energy (Energía para el Progreso). Las barras gastadas son transportadas por rieles hasta la planta y almacenadas en cuatro piscinas densamente repletas, rellenadas con agua fría en constante circulación para mantener la basura sin que se caliente.
La planta contiene las más grandes piscinas de almacenamiento de desechos radioactivos del país y el ministerio de Seguridad de la Patria (Department of Homeland Security) sólo la ha marcado como uno de los blancos de la nación más vulnerables al terrorismo. Si alguna vez llegara a fallar el sistema de enfriamiento, el fuego resultante sería virtualmente inextinguible y podría accionar una fusión nuclear. Esto pondría en peligro extremo a más de dos millones de residentes de Carolina del Norte. Un estudio reciente de Brookhaven Labs (Laboratorios Brookhaven) estima que un fuego en la piscina podría causar 140.000 cánceres, contaminando millares de kilómetros cuadrados de territorio y causando pérdidas superiores a 500 mil millones de dólares en daños materiales en los alrededores del sitio.(4)
Bechtel y su canal periférico
Un informe altamente polémico cuestiona la construcción de un canal periférico en el Delta de California financiado por Bechtel Corporation, una de las empresas más grandes de ingeniería y construcción del mundo y defensora principal de la privatización de los sistemas de agua en el planeta entero.
Un estudio del Instituto de Políticas Públicas (Public Policy Institute) revela un legado, atribuido a Bechtel, de prácticas destructivas insostenibles que ha cosechado una permanente devastación humana, ambiental y comunitaria alrededor del globo.
Una potente declaración llamando a responder muchas preguntas sustentadas por el informe fue difundida por Restauren el Delta (Restore the Delta), una coalición que agrupa a granjeros, ecologistas, pescadores, líderes empresariales, comunidades religiosas, activistas de la reconstrucción y gente común y corriente.(5)
Combustible contaminante disfrazado de “verde”
Los combustibles renovables incidieron en apenas la mitad del uno por ciento (0,5%) de los beneficios totales de las cinco compañías petroleras privadas más grandes, revela un informe del Centro para el Progreso de EEUU (Center for American Progress). Compañías energéticas como BP (British Petroleum), Standard Oil, ConocoPhillips, Chevron, y otras, proclaman en su propaganda pública de mercadeo una pretendida inclinación “verde” y una supuesta preferencia por fuentes de energía “alternativas”, pero su actual foco alternativo es el carbón. Las grandes compañías de combustibles centran gran parte de sus esfuerzos en convertir al carbón en gas o en combustible líquido, a veces llamados syngas, synoil o “carbón limpio”.
La Fundación de Investigación Ambiental (Environmental Research Foundation) observó que las corporaciones del carbón, petróleo, gas, minería y electricidad “están impacientes por conseguir luz verde para explotar el carbón” porque se beneficiarían todas, “eliminando la necesidad de una innovación sustancial y reduciendo la competencia de los combustibles renovables”.
La Ley de Política Energética de 2005 (The Energy Policy Act of 2005) incluye unos 4 mil millones de dólares para financiar la gasificación y otras iniciativas del “carbón limpio”. Bill Bensel, organizador del Consejo para los Recursos de la Cuenca del Río Powder, del estado Wyoming, dijo que “justamente estamos intentando mostrar que podemos ser tan verdes como podamos, así que podemos vender más carbón”.(6)
*) Resúmenes de historias periodísticas ocultadas por la gran prensa de EEUU y el mundo, elegidas entre cientos de noticias estudiadas por el Proyecto Censurado de la Universidad Sonoma State de California para la selección final de 25 historias relevantes a publicarse en el anuario Censored 2009/2010.
Foto: Estados Unidos - Central nuclear de Shearon Harris, ubicada en el estado de Carolina del Norte. / Autor: NRC
Fuentes:
1) Investigación de Rob Hunter.
–“Oil and Gas Projects in the Western Amazon: Threats to Wilderness, Biodiversity, and Indigenous Peoples” Matt Finer et al, PLoS One, 8/2008. http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0002932
–“Oil And Gas Projects In Western Amazon Threaten Biodiversity And Indigenous Peoples” ScienceDaily, 8/14/08. http://www.sciencedaily.com/releases/2008/08/080812213814.htm
–“Amazon Rainforest Threatened By New Wave of Oil and Gas Exploration” Ian Sample, The Guardian/UK, 8/13/08. http://www.commondreams.org/archive/2008/08/13/10973/print/
2) Investigado por Chelsea Davis
–“Ecuadorian Assembly Approves Constitutional Rights for Nature” Climate and Capitalism, July 10, 2008 http://climateandcapitalism.com/?p=479
–“Ecuador's Constitution Gives Rights to Nature” Cyril Mychalejko, Upside Down World, September 25, 2008 http://upsidedownworld.org/main/content/view/1494/1/
3) Investigado por Kerry Headley y Rob Hunter
–“New Analysis Finds $33 Billion in Taxpayer-Funded Giveaways to Oil Companies over Next Five Years” Nick Berning, Friends of the Earth, 7/31/2008 http://www.commondreams.org/news2008/0731-02.htm
–“Oil Companies Escape Billions in Royalty Payments to Americans; Drilling Expansion Will Enrich US and Foreign Corporate Freeloaders” Tyson Slocum, Public Citizen, 7/30/2008 http://www.citizen.org/pressroom/release.cfm?ID=2711
4) Investigado por Krisden Kidd y Karene Schelert
–“Pools of Fire” Jeffrey St. Clair, Counter Punch, August 9, 2008
http://www.counterpunch.org/stclair08092008.html
5) Investigado por Leora Johnson y Lizbeth Malmstead
–"Bechtel and the Big Dig" Dan Bacher, CounterPunch , 7/22/2008
http://www.counterpunch.org/bacher07232008.html
6) Investigado por Karene Schelert y Daniel DelMonte
–“Scrubbing King Coal” James Ridgeway", Mother Jones, 5/1/2008 http://www.motherjones.com/news/feature/2008/05/scrubbing-king-coal.html
