Anticipó la crisis y el colapso del modelo económico
Este escritor y ensayista canadiense propone rescatar a los ciudadanos desahuciados antes que a los bancos y pasar página respecto a la deuda para prosperar.
JOSEBA ELOLA 5 FEB 2013
La persecución del Santo Grial del crecimiento es un error; la economía se ha convertido en asunto de ficción; el dinero ya no representa nada real; hay que reconsiderar qué es una deuda y qué papel deben desempeñar los bancos en un nuevo mundo. Estas son algunas de las ideas que vertebran el pensamiento de John Ralston Saul, escritor, ensayista y filósofo canadiense al que la revista Time calificó de “profeta”.
Por alternativo que pueda resultar su discurso, Ralston está lejos de ser, a sus 64 años, un perroflauta. Alto, delgado y de elegantes andares, acompaña su aspecto de dandi con un discurso sin paños calientes. No reniega del capitalismo; de hecho, reivindica a uno de los referentes del liberalismo, Adam Smith. Pero propone medidas como que se rescate a los ciudadanos desahuciados o sepultados por una hipoteca en vez de salvar a unos bancos que solo conseguirán que la espiral de la deuda siga creciendo.
Una cita poderosa encabeza su último libro, El colapso de la globalización y la reinvención de mundo: “Todavía no entiendo del todo por qué ocurrió. Alan Greenspan, 23 de octubre de 2008”. La frase del exdirector de la Reserva Federal estadounidense da la medida del desconcierto que ha creado la crisis, incluso entre aquellos que la incubaron. Y a ese desconcierto es a lo que se viene enfrentando en los últimos años este pensador canadiense que nada a contracorriente.
PREGUNTA: Estamos inmersos en un periodo negro de la economía, y no parece que las cosas mejoren sustancialmente, ni en el mundo, ni en España, ni…
RESPUESTA: Existe una nueva religión absoluta del crecimiento, el comercio, la santidad de la deuda y de los contratos comerciales, con la que intentan hacernos creer lo inteligentes que son los políticos y lo estúpidos que somos los demás. Da igual lo mala que sea la situación actual, ellos siguen aplicando las mismas recetas, haciendo lo mismo. Eso es lo que se está haciendo en España y en todas partes. El sistema avanza en la misma dirección. Los problemas que hay se están agravando. Nadie reconoce cuál es el auténtico problema. El crecimiento no nos va a sacar de donde estamos; la austeridad, tampoco. Veremos cómo resisten todo esto las democracias. Están poniendo la democracia en peligro.
El crecimiento no nos sacará de donde estamos; la austeridad, tampoco”
Ralston es un hombre de discurso ágil y fluido, sin pelos en la lengua. Nos encontramos con él en el restaurante de un céntrico hotel de Barcelona. La revista norteamericana de pensamiento alternativo Utne Reader le situó entre los 100 pensadores y visionarios más importantes del mundo. Autor de 16 libros (entre ellos, el ensayo filosófico Los bastardos de Voltaire. La dictadura de la razón en Occidente) y de cinco novelas que han sido traducidos a 22 idiomas, Ralston Saul es además el presidente del PEN International, asociación de escritores que data de 1921 y lucha por la libertad de expresión en todo el mundo.
En 2005, tres años antes de que se desencadenase la crisis, publicó el libro El colapso de la globalización y la reinvención de mundo, del que lleva vendidas 400.000 copias, según los datos que facilita su editorial, RBA. En él analizaba el fracaso de los criterios que guían el sistema de relaciones económicas y financieras entre países, explicaba la crisis de un modelo y anticipaba un colapso. En 2009, a la vista de que algunas de sus predicciones se habían cumplido, reeditó con añadidos un libro que llega ahora en su versión española, con un prólogo que aborda cuestiones como el rescate de Bankia.
P: En el libro sostiene usted que el dinero no es real y que nos hemos convertido en sus esclavos. Habla de que vivimos en una economía ficticia. Y dice que en los años setenta el comercio era seis veces el valor de los bienes y que en 1995 era 50 veces más. ¿Cuántas veces más lo es ahora?
R: Nadie lo sabe, pero debe de estar alrededor de 150. Lo más vergonzoso es que los números no están disponibles, o al menos yo no he podido encontrarlos.
John Ralston / GIANLUCA BATTISTA
P: ¿Y eso qué significa?
R: La ironía es que la globalización ha conducido a lo opuesto de lo que prometía. Prometió competencia, y ha causado el regreso a los oligopolios; prometió renovación del capitalismo, y ha supuesto la vuelta al mercantilismo; prometió el final del nacionalismo feo [sostiene que también hay un nacionalismo positivo], y ha traído la era más nacionalista desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Prometió crecimiento, no tenemos crecimiento; prometió empleo, no tenemos empleo… y así se puede seguir con la lista. Nada de lo prometido ha ocurrido. Dijeron que con el keynesianismo se imprimía mucho dinero; que había que controlar el dinero en circulación y que eso haría funcionar la economía. El hecho es que todo este periodo ha llevado a la mayor expansión en la cantidad de dinero en la historia del mundo, hemos visto cientos de ejemplos de nuevos tipos de dinero: las tarjetas de crédito, los bonos basura, los derivados… Todo eso es imprimir dinero, pura inflación de la cantidad de dinero. El argumento capitalista era que el dinero era lo que engrasaba la maquinaria. Pero llegado un momento dijeron: el dinero es real, por eso es bueno tener a gente trabajando en el sector financiero. ¿Las fusiones y grandes adquisiciones de empresas?: eso es imprimir dinero. Cada vez que una compañía compra otra y se endeuda en, digamos, 700.000 dólares, eso quiere decir que se acaban de imprimir 700.000 dólares, acaban de crear 700.000 dólares que antes no existían. Nunca tuvimos tanto dinero circulando en el mundo y tan mal repartido. Y por eso cuando ocurre la crisis, la gente que es parte de esa lunática inflación dice: hay que salvar a los bancos.
P: ¿Y no hay que rescatar a los bancos?
R: No hay razón para salvar a los bancos, no necesitamos tanto dinero. Lo razonable habría sido aprovechar la oportunidad para limpiar el desorden. No hay más que tomar el ejemplo español de Bankia. Una buena política habría sido, por ejemplo, que el Gobierno anunciase que pagaría todas las hipotecas hasta una cantidad determinada, pongamos 300.000 euros. Das el dinero a la gente que está en su casa y que tiene una hipoteca, y de hecho salvas a los bancos: es el ciudadano el que da el dinero a los bancos al cancelar su hipoteca. De pronto, la gente ya no tiene deudas y puede gastar lo que gana. Así es como se crea una clase propietaria y además se relanza la economía. Es tan simple.
P: ¿Y eso es posible?
R: Por supuesto. Para mí la pregunta es: ¿es posible que demos todo ese dinero a los bancos, que fueron los que crearon el problema, para que no se gasten ese dinero y para que continúen autoconcediéndose enormes bonus? ¿Es eso posible? ¿Es eso legal? ¡Vamos, denme un respiro! Hay otra opción: no queremos salvar a todos los bancos, no queremos tanto dinero, así que paguemos 150.000 euros de esas hipotecas y cancelemos el resto de la deuda, 150.000. Los Gobiernos tienen el poder para hacerlo. De ese modo, 150.000 euros no vuelven a los bancos, limpias el sistema bancario y reduces la cantidad de dinero que circula, que es algo positivo.
Viajero alrededor del mundo
John Ralston Saul (Ottawa, Canadá, 1947) es un hombre que viaja constantemente por todo el mundo. Siempre lo ha hecho. Sobre estas líneas, una foto del año 1976, en el Ártico, adonde acudió como ‘número dos’ de Petro-Canada, una iniciativa que el Gobierno canadiense puso en marcha en los setenta, en plena crisis energética, para recuperar el control sobre sus reservas de petróleo.
Su condición de presidente del PEN International, asociación de escritores creada en 1921 que lucha por la libertad de expresión, le hace moverse de un lado a otro continuamente. En noviembre estuvo en Turquía con una delegación de 20 escritores: “La situación de la libertad de expresión se está deteriorando en ese país”, afirma. “Hay 70 escritores en prisión y 70 inmersos en juicios imposibles”.
P: Pero no debe de ser tan fácil de hacer. Por ejemplo, la gente que alquila se sentiría agraviada.
R: Habría que estudiar los números. La política económica es intentar mover las cosas en una buena dirección. No significa hacer exactamente lo mismo en cada sitio, ni significa que tengas que hacerlo todo a la vez. Resuelves primero ese gran problema y luego haces un programa para alquileres de forma que la gente pueda comprarse la casa que está alquilando. Se pueden hacer más cosas. Por ejemplo, dar una renta mínima a la gente en vez de que tenga que hacer colas para acceder a prestaciones, subsidios y ayudas, en vez de humillarla examinando sus requisitos una y otra vez; ayudas que además resultan caras de administrar… Muchos conservadores, liberales y socialdemócratas responsables están de acuerdo en que sería mucho mejor una renta garantizada anual. Supondría liberar a la sociedad, devolver a la gente el respeto por sí misma. La gente humillada o marginada se sentiría parte de la sociedad. Es curioso, pero hay mucha gente que está de acuerdo con estas ideas.
P: ¿Ah, sí?, ¿y dónde están esos conservadores y liberales que piensan así?
R: ¡En todas partes! No están entre los neoconservadores, pero sí entre muchos conservadores. Muchos empresarios creen en esto. Pero como el debate se pierde en los pequeños detalles y la idea dominante es que hay que reducir el peso del Estado, nadie pone estas cuestiones sobre la mesa.
P: ¿Qué posibilidades hay de que algo como lo que relata se pueda llevar a cabo?
R: Hay posibilidades, por supuesto; han sido posibles muchas otras cosas en los últimos años. Por ejemplo: la clase directiva del sector privado ha conseguido, presionando a los Gobiernos, regulaciones que han convertido el fraude en algo legal. Ahí están esos consejeros delegados percibiendo bonus y participaciones en las acciones, ganando millones cada año: ¡pero si solo son gerentes! Están en el puesto por cinco años, se irán a jugar al golf cuando se retiren, ¡no son nadie! ¡Nadie conoce sus nombres, no han hecho nada en particular! ¿Deberían cobrar esos bonus cuando la empresa va mal? Ese no es el debate. El debate es: ¿deben recibir bonus? ¡Si ya les han pagado! Han usado su influencia para cambiar el sistema impositivo en todos los países para no tener que pagar demasiados impuestos por esos bonus. Eso es fraude. Probablemente, los dos ejemplos más evidentes de fraude desde la Segunda Guerra Mundial son: el cambio en las disposiciones de ingresos de los directivos, fraude evidente hecho legal, y la transferencia de la deuda privada de los últimos años al sector público.
P: La Unión Europea está corroída por la deuda…
R: Hay quien plantea los eurobonos como solución a la crisis europea. ¿Estamos de broma? Yo digo: acabemos con la deuda. No pueden admitir que se han equivocado, así que hacen como que los bonos son algo que les permite coger toda la deuda, colocarla en los bonos y venderlos. Están colocando a la civilización europea bajo el peso de una deuda que no existe. Si tuvieran algo de imaginación y algo de coraje, convocarían una cumbre y dirían: sí, los españoles han hecho mal esto, y los griegos han hecho cosas horribles con esto, pero ninguno de nosotros es una parte inocente; ¿cómo podemos resetear el reloj? Básicamente, vamos a envolver parte de esta deuda en un sobre, escribiremos en el sobre la frase “Esto es muy importante”, lo pondremos en un cajón, lo cerraremos y tiraremos la llave. ¡Hay que pasar página, hay que superarlo! En vez de esto, están intentando volver a hacer lo mismo que vienen haciendo durante años, pero como si no lo hicieran.
P: Una propuesta sorprendente…
R: La mía es responsable y honesta. Ellos están haciendo una propuesta delirante e increíblemente complicada que no va a funcionar y que no nos lleva a ningún sitio. Y en el camino hacen que la gente sufra. ¿Qué piensan que van a decir los griegos cuando les reduzcan el salario mínimo en un 22%? Está claro que esto es como una cuestión religiosa. Como la economía es la nueva religión, han aplicado la moral a la economía. La deuda pública tiene peso moral, pero la privada no. ¿Cómo se come eso? Este es uno de los fracasos de la globalización. Si el sector privado se puede librar de la deuda, el sector público también.
P: Pero entonces, ¿qué pasa, que la deuda en realidad no existe?
R: La verdad es que no. El dinero es una convención. Un árbol es real, el dinero es una convención. Los necios, cuando llega la crisis, están convencidos de que el dinero es real. Enrique IV fue considerado como el Buen Rey porque Francia estaba hundida por la deuda y la hizo desaparecer; a partir de ese momento vivieron 250 años de prosperidad, por quitarse la deuda; Atenas construyó toda su historia tras haberse librado de su deuda; el imperio norteamericano está enteramente construido sobra una quita, se quitaron la deuda de en medio cinco veces entre la guerra civil y 1929; la riqueza de Estados Unidos a lo largo del siglo XX está enteramente construida sobre el hecho de no haber pagado su deuda en 1929: tomaron dinero prestado en Europa, en los mercados, y con eso construyeron ferrocarriles, carreteras, rascacielos y tuvieron un colapso económico: quienes les dejaron dinero lo perdieron y ellos se quedaron con sus infraestructuras. Estados Unidos vivió cinco colapsos que al final le dejaron libre de su deuda y le permitieron convertirse en líder a partir de 1935.
Llevamos 30 años de abrumadora mediocridad intelectual”
John Ralston Saul es un hombre apasionado, un orador nato. No es un anticapitalista. Se declara partidario de muchos de los preceptos de Adam Smith, de la propiedad privada, del mercado, y también de los servicios públicos. Dice que el capitalismo va a continuar. Pero considera que la globalización ha hecho daño. Y señala algunos culpables en su libro. Cita a la Sagrada Congregación para la Propagación de la Fe: economistas, directivos, consultores y propagandistas, es decir, periodistas de economía: “Difundieron la idea de que el comercio libre, la globalización y la búsqueda del crecimiento eran el único camino a la prosperidad”, manifiesta.
El ensayista canadiense carga contra la llamada generación del informe. Sostiene que el mundo está en manos de economistas y empresarios de capacidades muy limitadas y que en muchos casos son “analfabetos funcionales”. Gente que solo contempla el corto plazo.
“Los historiadores económicos son los intelectuales; los macroeconómicos son los semiintelectuales que dieron forma a las ideas, y luego están las abejas trabajadoras, que trabajan en lo micro, que no piensan y solo hacen números. Se eliminó a los historiadores porque, una vez que tienes la verdad, no quieres que el pasado sea examinado. Promocionaron a los semiintelectuales a los altares. Y elevaron a los que solo hacen números”.
Dice que estamos en manos de estos últimos. Explica que el apogeo de la globalización se produjo a mediados de los noventa, años en que el comercio vivía días de máxima liberalización, los impuestos a las grandes fortunas se difuminaban, las privatizaciones y la desregulación campaban a sus anchas y la civilización occidental abrazaba la religión neoliberal y adoraba el mercado global.
P: Usted ya viene alertando desde hace tiempo contra la globalización…
R: Se veían signos de que la globalización estaba llegando a su fin desde 1995. La globalización se está derrumbando por los defectos que contenía desde el principio como programa ideológico-filosófico-social. Todavía estamos viviendo sus consecuencias: si España se rompe, si Grecia deja de ser una democracia, si en Canadá se producen problemas internos que la resquebrajan, todo ello, en gran parte, será un resultado de la globalización. Yo soy un gran admirador de Stiglitz y Krugman [en alusión a los dos reputados premios Nobel de Economía], pero son dos economistas, y no lo pueden evitar, se fijan en los detalles: habría que hacer esto, habría que hacer lo otro… Hacen bien, pero se les escapa la cuestión principal, la naturaleza de lo que está pasando, la naturaleza de la bestia llamada globalización.
P: Sostiene usted que la globalización se convirtió en religión, en dogma…
R: El Vaticano, en sus momentos de gran poder, era religión de modo marginal; más bien era una cuestión de política y de poder; con la globalización pasa algo similar: es algo económico, de modo marginal; es una cuestión de política y de control, de poder; es un modelo social, igual que la Iglesia católica lo fue o el imperio británico. Y se rompe porque como modelo social no funciona y siembra la catástrofe por el camino. En realidad, la globalización viene de un grupo de gente bastante marginal que tomó unas viejas ideas de mediados del siglo XIX pasadas de moda. Una de ellas era inglesa: el comercio libre, y la otra era el capitalismo de bucaneros, que se remonta a finales del XIX en Inglaterra y Estados Unidos. Unieron las dos cosas y dijeron: esta es una gran idea. Y no pensaron en las consecuencias de la unión de esas dos ideas. En la crisis de los años setenta estábamos con excedentes de producción, no se debía resolver el problema incrementando el comercio, porque ya había demasiados bienes. Es decir, la solución que encontraron para el problema era la contraria a lo que se necesitaba. Llevamos 30 años de abrumadora mediocridad intelectual, sin sentido de la historia, ni imaginación, ni creatividad, sin pensar qué estamos haciendo y adónde vamos: una gran banalidad con tremendos resultados.
sábado, 23 de febrero de 2013
John Ralston Saul: “No hay razón para salvar a los bancos”
sábado, 12 de junio de 2010
¿Por qué la recuperación en España y el la Unión Europea es mucho más lenta que en EEUU?
Vicenç Navarro
revista digital SISTEMA
11 de junio de 2010
Este artículo muestra datos que explican que la causa de que la recuperación económica sea mayor y el desempleo sea menor en EEUU que en la Unión Europea, no se debe a la mayor desregulación de los mercados de trabajo de EEUU, sino al mayor estímulo económico realizado por el gobierno federal, basado en una elevada expansión del gasto publico en actividades y sectores que generan mucho empleo. Las políticas de austeridad de gasto público en la UE son las responsables de la escasa recuperación económica y elevado desempleo.
Existe un consenso casi total entre los estudiosos de la Gran Recesión que está afectando al mundo de que EEUU está saliendo de ella más rápidamente que la Unión Europea y que es más que probable que ello continúe en los próximos años.
Los economistas neoliberales (que gozan de grandes cajas de resonancia en los mayores medios de información y persuasión en España) atribuyen este hecho a la mayor desregulación de los mercados de trabajo estadounidenses, lo cual explica el gran énfasis que hacen en la necesidad de desregular los mercados de trabajo en la Unión Europea.
Esta propuesta de salida de la crisis ha alcanzado la categoría de dogma en nuestro país, donde se considera indispensable que se desregulen más los mercados de trabajo a fin de disminuir el elevado desempleo y, con ello, salir de la crisis (un ejemplo de esta ortodoxia neoliberal es el artículo “Demanda, Competitividad y Ajuste Fiscal”, publicado en La Vanguardia 06.06.10, y escrito por David Taguas, que fue Subdirector del Servicio de Estudios del BBVA y director de la oficina Económica del Presidente Zapatero).
Este dogma se reproduce a pesar de la abundante evidencia que la cuestiona. En realidad, el desempleo históricamente ha sido más bajo en la mayoría de países de Europa que en EEUU.
Durante el periodo 1950-1980, el desempleo de la mayoría de países de lo que más tarde pasaría a ser la Unión Europea de los Quince (UE-15) fue menor que el existente en EEUU. Es sólo desde el establecimiento de la UE (con un Pacto de Estabilidad que limita los déficits del estado a un porcentaje del PIB menor del 3% y con unos intereses bancarios dictados por el Banco Central Europeo, más elevados que en EEUU), que el desempleo es mayor en la UE que en EEUU. No es el grado de regulación de los mercados de trabajo el que determina el nivel de desempleo de un país, sino su tasa de crecimiento económico, la cual se ha visto dificultada en la UE por la arquitectura institucional de la UE, que ha dado prioridad a políticas monetarias sobre políticas keynesianas de estímulo económico. Y ello es consecuencia del enorme poder que el capital financiero tiene sobre el diseño de tal arquitectura neoliberal de la UE y, muy en especial, el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (ver mi artículo “No son los mercados sino los bancos los que dominan la UE”, Sistema digital. 04.06.10)
La respuesta a la profunda crisis que estamos sufriendo muestra la certeza de este diagnóstico. En un artículo reciente “How Stimulative Has Fiscal Policy Been Around the World” (Challenge. May/June 2010), dos académicos, uno de Chile y otro de EEUU, Esteban Pérez Caldentey y Matías Vernengo, muestran como la mayoría de países de la UE-15 han dedicado muchos más fondos a “salvar” a la banca que a estimular la economía (al revés que en EEUU, donde los fondos públicos para estimular la economía han sido mayores que los dedicados a salvar a los bancos). Así, Gran Bretaña se ha gastado el equivalente al 29% de su PIB, Alemania el 20%, Francia el 18%, España el 14% y Portugal el 6% de su PIB en “salvar” a los bancos, todos ellos porcentajes mayores que EEUU (un 5%).
Por el contrario, Gran Bretaña se ha gastado sólo un 1,8% del PIB en estimular la economía, Alemania un 3%, Francia un 2%, España un 1,2% y Portugal un 1,8%. EEUU, sin embargo, se gastó un 6% de su PIB en estimular la economía. Pero no sólo en la cantidad, sino en el tipo de estímulo, es donde también existen diferencias sustanciales. Mientras que el estímulo económico en EEUU se acentuó mucho en la inversión creadora de empleo (en nuevas energías e infraestructuras y en servicios públicos), en los países de la UE se intentó conseguir el estímulo económico a base de reducir los impuestos (cuyo impacto en creación de empleo es mucho menor). Es esta la razón de que EUUU se recupere más rápidamente que la UE y no la situación de sus mercados laborales.
A nivel mundial, la mayor recuperación de su economía está ocurriendo en China, donde el estímulo económico alcanza el equivalente al 8% de su PIB con el añadido de que el 80% de tal gasto es en infraestructuras físicas y sociales (incluyendo el establecimiento de un nuevo servicio sanitario nacional). El impacto multiplicador de esta inversión en la creación de empleo es muy elevado, como lo es el estímulo estadounidense, mientras que es muy bajo en el caso de los países europeos citados anteriormente.
La evidencia, pues, es bastante clara y convincente de que para salir de la crisis la Unión Europea debiera seguir políticas expansionistas, con considerable aumento del gasto público, con el objetivo de crear empleo y establecer las bases de un nuevo tipo de crecimiento económico. Este crecimiento debe ir más orientado a servir las necesidades de la infraestructura social y económica del país, estimulando el desarrollo del estado del bienestar y de la economía productiva a costa de disminuir el espacio y, sobre todo, la influencia del capital financiero, cuyo poder sobre las instituciones europeas es la raíz del problema en el que la UE se encuentra. Tal influencia explica que hoy se esté dando gran importancia a la reducción del déficit y de la deuda pública en lugar de priorizar la reducción del desempleo, a base de estimular el crecimiento económico.
Todos los datos presentados en este artículo proceden de la Organización Internacional del Trabajo, que han enfatizado el estudio del impacto en la creación de empleo de las políticas de estímulo económico en su informe “The Financial and Economic Crisis: A recent work response”, publicado en marzo de 2009. Existen otros informes, como el producido por la organización internacional de sensibilidad neoliberal, la OECD, que utilizan otros criterios y presentan otras cifras en su informe “Fiscal Package Accross OECD countries: Overview and Country Details”, también publicado en marzo de 2009. Todos estos informes, procedentes de sensibilidades distintas, llegan, sin embargo, a la misma conclusión: el estímulo económico ha sido mayor en EEUU que en la Unión Europea. Y por estímulo económico se entiende la nueva inversión pública gastada en estimular la economía. Me veo en la necesidad de aclarar este punto, pues muchos autores, al ver que el gasto público es, en general, mayor en los países de la Unión Europea que en EEUU, concluyen erróneamente que Europa provee mayor estímulo económico. Estamos hablando de nuevos gastos e inversiones públicas. En un momento en que el sector privado está estancado, sin producir empleo (en realidad se está destruyendo), es urgente e importante que sea el sector público el que cree empleo a base de incrementar su gasto público en áreas de creación de empleo. De ahí que las propuestas de reducir el gasto y el empleo público sean contraproducentes. Y de ello deriva el retraso en la recuperación económica en la UE.
jueves, 10 de junio de 2010
La sabiduría convencional europea
Vicenç Navarro
diari PÚBLICO
10 de junio de 2010
Este artículo critica la sabiduría convencional europea que se reproduce en gran número de medios de información europeos, incluyendo españoles, que atribuyen la crisis del euro a la falta de liderazgo proveído por el gobierno presidido por la Cancillera Angela Merkel. El artículo señala que no es falta de liderazgo sino la orientación de este liderazgo (de clara orientación neoliberal) que, en el desarrollo de sus políticas públicas, está dañando el bienestar de las clases populares tanto de los países centrales como de los países periféricos de la eurozona, y ello como resultado de su proximidad a la banca de Alemania y de otros países del centro de la eurozona.
Existe una nueva sabiduría convencional extendida entre grandes sectores de los establishments políticos, intelectuales y mediáticos europeos –reflejada en el artículo, publicado en El País, de Jürgen Habermas (23-05-10)– que asume que la crisis del euro y de la Unión Europea se debe a la falta de liderazgo de Alemania, reflejada por la tardía respuesta de la canciller Angela Merkel a la crisis de la deuda pública del Gobierno griego. Retraso que se atribuye al surgimiento preocupante del nacionalismo en aquel país.
Considero esta interpretación de lo que está ocurriendo en Europa errónea en sus supuestos, consecuencia de la limitación de su método de análisis.
Miremos los hechos y recuperemos algunas categorías analíticas olvidadas por Habermas y por la mayoría de analistas de la realidad europea.
Y entre ellas, la categoría de clase social continúa siendo de una enorme importancia.
Alemania es un país de 82 millones de habitantes que pertenecen a distintas clases sociales.
La clase empresarial alemana (banca e industria exportadora) ha promocionado una economía basada en la exportación, cuyo éxito se basa en su gran competitividad, resultado de que los salarios han ido aumentando mucho menos que la productividad. Como consecuencia, las rentas del trabajo han ido descendiendo de una manera muy marcada y las rentas del capital han alcanzado niveles exuberantes.
La clase empresarial ha ido acumulando mucho dinero y, puesto que siempre tiene un gran surplus en su comercio (es decir, que exporta mucho más que importa), tiene una enorme plusvalía de euros (1,3 billones), consecuencia de que dos terceras partes de las exportaciones alemanas se hacen a los países de la UE que pagan en euros.
¿Qué ha hecho la clase empresarial –y muy en especial los bancos– en Alemania con tantos euros?
Una posibilidad hubiera sido que se distribuyeran entre los trabajadores alemanes, aumentando sus sueldos y su capacidad de consumo, con lo cual el motor de la economía alemana dependería más de la demanda doméstica y menos de las exportaciones (esta era la alternativa propuesta en su día por Oskar Lafontaine, entonces ministro de Economía del Gobierno de Gerhard Schroeder). Tal medida habría tenido un gran impacto estimulante en una economía que ha estado estancada desde hace ya años, estímulo que habría ayudado también a la economía europea, cuyo centro es la alemana. Pero la clase trabajadora alemana no tuvo suficiente fuerza para poder imponer esta alternativa.
El canciller Schroeder (próximo a la banca y a los grandes grupos empresariales exportadores, para los cuales ahora trabaja) continuó, junto con Angela Merkel, enfatizando las exportaciones como motor de la economía, con lo cual la banca acumuló una gran cantidad de euros, que prestó a los bancos de países como Grecia, Portugal y España, que estaban muy endeudados (como consecuencia también de que las rentas del trabajo han disminuido también en estos países). La banca alemana fue la que prestó más dinero a la banca española en su inversión en el complejo banca-sector inmobiliario-industria de la construcción que creó la burbuja inmobiliaria en nuestro país. También compró gran cantidad de deuda pública con intereses muy elevados (que iban de un 3,5% en España a un 9% en Grecia). Los estados de los países mediterráneos, en lugar de aumentar los impuestos de los ricos y corregir el enorme fraude fiscal para pagar sus gastos públicos y sociales, pidieron prestado dinero a la banca alemana, la mayor propietaria de bonos públicos hoy en la UE.
Ahora bien, cuando las burbujas explotaron, todo el entramado quedó al descubierto. De pronto, la clase empresarial alemana se encontró con un problema grave, pues los otros países de la UE, incluyendo los periféricos, que les compraban sus productos, no podían seguir comprándolos, consecuencia del gran descenso de la capacidad adquisitiva de sus clases populares. Y, por otra parte, los bancos alemanes poseían enormes cantidades de deuda –tanto pública como privada–, que los países deudores periféricos no podrían pagar. La banca alemana tenía –y tiene–, pues, un gran problema, compartido con la banca de Francia y otros países del centro de la UE.
¿Cuál es la solución que han impuesto? Una enorme austeridad de gasto público para permitir a los estados periféricos pagarle a la banca alemana y a la de otros países centrales. Para ello, la UE y el Fondo Monetario Internacional han prestado dinero en condiciones leoninas a los estados periféricos para que estos puedan pagarles lo que deben a aquellos bancos.
Estas políticas de austeridad crearán una enorme recesión en los países periféricos. Ahora bien, para que estas políticas sean exitosas tienen que presentarse como necesarias, a consecuencia del despilfarro causado por las clases populares de la periferia (haciendo referencia a su supuestamente excesiva protección social) y enfrentando a la clase trabajadora alemana con las clases populares de la periferia, tal como hacen diariamente los mayores medios de información próximos al establishment financiero alemán.
Las clases populares alemanas, sin embargo, tienen mucho más en común con las clases populares de los países periféricos que con las clases financieras e industriales alemanas.
Hoy los mayores problemas en la UE no son ni los déficits ni las deudas públicas de sus estados, sino el escaso crecimiento económico y el elevado desempleo. Frente a ello, lo que se necesita no es destinar los fondos, de casi un billón de euros, a ayudar a los bancos, sino hacer una enorme inversión pública, política que el establishment neoliberal europeo (liderado por el alemán) no hará, pues está aprovechando esta crisis para realizar lo que ha deseado siempre: el desmantelamiento de la Europa social y el descenso de las rentas del trabajo. Es la lucha de clases a nivel continental.
jueves, 3 de junio de 2010
Mitos sobre las pensiones
Vicenç Navarro
diario PÚBLICO
3 de junio de 2010
Este artículo critica varias posturas ampliamente promovidas en centros políticos, empresariales y mediáticos de que España se gasta demasiado en los ancianos y muy poco en los infantes, y ello como consecuencia de la “excesiva” influencia política del lobby de las personas de edad. El artículo presenta datos que muestran el error de estas posturas, documentando que el estado (central, autonómico y local) se gasta muy poco en ancianos y en infantes, y ello resultado del enorme poder de las clases y grupos dominantes que no contribuyen al estado en los niveles de sus homólogos en la UE-15.
A raíz de la congelación de las pensiones públicas por parte del Gobierno de Zapatero, ha habido un reavivamiento de argumentos sobre las pensiones por parte de voces neoliberales que, como consecuencia de las grandes cajas de resonancia de las que gozan en los mayores medios de información y persuasión del país, están calando en los establishments políticos y mediáticos. Uno de estos argumentos es que el supuesto poder electoral de los ancianos (el grupo poblacional que más participa en los procesos electorales) ha determinado un gran aumento del gasto público dedicado a los ancianos (incluyendo el gasto en pensiones y servicios públicos, como servicios de atención a las personas con dependencias), a costa del gasto público dedicado a otros grupos de edad, como niños e infantes. En este argumento, la lucha de clases ha sido sustituida por la lucha entre grupos generacionales, en la que los ancianos estarían consiguiendo grandes beneficios sociales a costa de los derechos de niños e infantes, entre otros. Como prueba de ello, tales autores se refieren a la disminución de la pobreza que, supuestamente, ha ocurrido entre los ancianos durante estos últimos años, lo que contrasta con el crecimiento de la pobreza entre los niños e infantes.
Los datos, sin embargo, no sostienen tales tesis neoliberales. Según la última información publicada por Eurostat, la Agencia de Estadística de la Unión Europea, el mayor porcentaje de pobres en la población española continúa siendo entre los ancianos (28%) mayor que entre los niños e infantes (24%). España, por cierto, es el país de la UE-15 (el grupo de países de semejante desarrollo económico al nuestro) que tiene mayor pobreza entre los ancianos (el promedio en la UE-15 es del 15%), y también entre los niños e infantes. No es, pues, que España gaste mucho en ancianos y poco en niños e infantes. En realidad, gasta muy poco (menos que en toda la UE-15) en ancianos, en niños e infantes y en todos los grupos etarios. Y ello se debe al enorme poder del capital y de las clases pudientes (30% de la población –burguesía, pequeña burguesía y clases profesionales de renta mediana-alta–), que no están contribuyendo al Estado en los mismos porcentajes que lo hacen sus homólogos en la UE-15. Las rentas del capital y las rentas superiores están entre las menos gravadas en la UE-15, causa de que los ingresos al estado estén entre los más bajos de la UE-15.
Es la excesiva influencia política y mediática de tales grupos sociales lo que explica que ancianos y niños (y todos los demás) tengan menos transferencias y servicios públicos que sus homólogos en la UE-15. El Gobierno de Zapatero, que hizo suyo aquel eslogan neoliberal de que “bajar impuestos es de izquierdas”, ha recortado gastos sociales (pensiones y servicios domiciliarios), que son a todas luces insuficientes, en lugar de subir impuestos a las clases pudientes. En realidad, el ahorro que se intenta conseguir congelando las pensiones es incluso menor que la cantidad de fondos que el Estado dejó de ingresar como consecuencia de la disminución del impuesto sobre el patrimonio que ha favorecido a las rentas superiores.
Otro mito neoliberal reproducido en los medios es que la pobreza entre los ancianos ha ido disminuyendo como resultado del incremento de las pensiones y de otras transferencias y servicios a los ancianos, consecuencia de un consenso supuestamente existente entre los partidos parlamentarios de no permitir que la capacidad adquisitiva de los ancianos disminuya. De nuevo, los datos muestran el error de tales supuestos. La reducción del gasto público social que ocurrió en España (en relación al promedio de la UE-15) durante el periodo 1993-2004 a fin de reducir el déficit del presupuesto del Estado (condición necesaria para que España se integrara en la eurozona –ver mi artículo “España social a la cola de la UE”, Público, 27-05-10–), afectó al total del gasto público social dedicado a los ancianos y a su tasa de pobreza. Según Eurostat, el nivel de pobreza entre ancianas en España pasó de ser del 15% en 1995 al 32% en 2004, y entre ancianos pasó del 16% al 27% durante el mismo periodo. Puesto que el PP fue el partido que gobernó España durante la mayoría de este periodo, carece de credibilidad ahora, cuando se presenta como el gran defensor de los ancianos y ancianas. Su historial no avala tal proclama. Esa pobreza descendió ligeramente en el periodo de Zapatero, pasando del 32% en 2004 al 30% en 2008 (último año en el que Eurostat publica tales datos) entre las ancianas, y del 27% al 25% entre los ancianos. Los recientes recortes de fondos públicos sociales revertirán estas cifras, aumentando la pobreza entre los pensionistas (y ello aún cuando se conserven los aumentos de las pensiones más bajas).
Todos estos datos muestran que la entrada entonces y la permanencia ahora de España en la eurozona se ha hecho y continúa haciéndose a costa de un gran retraso en la corrección del déficit de gasto público por habitante en todos los grupos etarios, incluyendo ancianos, entre España y la UE-15. El déficit de tal gasto en ancianos por habitante subió de 569 a 816 euros de 1995 a 2004. En realidad, el hecho de que las pensiones se corrijan según la inflación, y no sobre el crecimiento promedio de los salarios (como se hace en muchos países de la UE-15), explica que el estándar de vida de los ancianos disminuya en comparación no sólo con el resto de la sociedad, sino con el resto de la UE-15. Es más, el Estado (tanto central como autonómico y local) español es el menos redistributivo por clase social de la UE-15, con lo cual su impacto reductor de la pobreza entre los ancianos es muy limitado, pasando del 31% de todos los ancianos (antes de que incidan las instituciones públicas –impuestos y transferencias–) al 28%, comparado con Suecia (el país que históricamente ha tenido unas izquierdas más fuertes en Europa), que pasa del 26% al 11%. No es, pues, una lucha generacional, sino una lucha de clases ganada diariamente por las rentas superiores lo que explica esta situación.
viernes, 28 de mayo de 2010
El problema de la eurozona no está en la periferia sino en el centro
revista digital SISTEMA
28 de mayo de 2010
Este artículo señala que la llamada crisis del euro no radica en el inexistente despilfarro de gasto público y supuesta escasa disciplina fiscal de los países periféricos –Grecia, Portugal, España e Irlanda- sino en la escasa demanda doméstica de los países del centro (y muy en particular de Alemania) consecuencia de la gran reducción de las rentas del trabajo en aquellos países, y exuberante explosión de las rentas del capital que se dedicaron primordialmente a comprar deuda pública de los países periféricos (enormemente endeudados) y a prestar dinero a los bancos de estos últimos países, facilitando la aparición de burbujas especulativas. La gran recesión no se resolverá a base de austeridad en los países periféricos sino mediante un aumento de la demanda (resultado de la recuperación de las rentas del trabajo) de los países centrales y periféricos.
Estamos viendo estos días una enorme avalancha por parte del establishment europeo (Consejo Europeo, Comisión Europea y Banco Central Europeo), acentuando la necesidad y urgencia de que los países periféricos –Grecia, Portugal, España, e Irlanda- sigan políticas de gran austeridad de gasto público (incluyendo gasto público social, disminuyendo así su protección social) moderando a su vez sus salarios (a través de una gran desregulación de sus mercados de trabajo, que en la práctica significa posibilitar una gran reducción salarial). Todas estas medidas se presentan necesarias para ayudarles a salir de la Gran Recesión y evitar también el contagio a otros países de la UE y, por ende, cuestionar la propia existencia de la unidad monetaria y del euro.
El mensaje que se transmite en esta avalancha es que los países periféricos, debido a su indisciplina por un lado, y excesiva exhuberancia del gasto público, por el otro, han creado un enorme problema de exceso de deuda (tanto pública como privada), que dificulta la salida de la recesión, no sólo de ellos, sino de toda la eurozona y de la UE, amenazando la propia viabilidad del euro.
Esta interpretación, sin embargo, es profundamente errónea, pues el mayor problema que tiene la eurozona y la UE no está en la periferia sino en el centro, es decir, en Alemania. La pieza clave y problemática de la Eurozona es Alemania, no Grecia, ni Portugal, ni España, ni Irlanda. Veamos los datos.
Alemania ha estado en una situación estancada desde hace ya quince años. En realidad, su crecimiento económico anual ha sido (durante el periodo 1990-2009) mucho menor que el crecimiento de los países periféricos. Y en los últimos años (2007-2009) el descenso del PIB alemán ha sido mucho más acentuado que en los países periféricos (excepto Irlanda).
En 2009, la tasa de descenso del PIB fue un -4,3% (uno de los más acentuados en la UE-15).
El desempleo desde el 2004 al 2007 fue mayor que el de los países periféricos, aún cuando España y Portugal le sobrepasaron a partir de 2008, siendo, a partir de aquel año, el desempleo ligeramente superior en Portugal y Grecia y muy superior en España.
La tasa de inversión de capitales (“Gross Fixed Capital Formation as % of GDP”) fue en Alemania, durante el periodo 1995-2008, más baja que en los países periféricos (siendo España, el que durante estos últimos años tuvo mayores inversiones).
Y un indicador de gran importancia, pues explica en gran manera el escaso crecimiento económico de Alemania, es que la demanda causada por el consumo doméstico (“household consumption”) en Alemania fue más baja que la de los países periféricos.
Esta baja demanda ha sido constante desde 1995 y se debe al estancamiento de los salarios y de los costes laborales. Sólo España ha tenido un menor crecimiento, lo cual no puede atribuirse, en el caso alemán, a un estancamiento de su productividad.
En Alemania, la productividad ha crecido, aún cuando el crecimiento ha sido menor que en la mayoría de los países periféricos (excepto España). Resultado de que la productividad ha crecido más rápidamente que los salarios (lo cual ha ocurrido también en España) vemos que el porcentaje de las rentas del trabajo como porcentaje de las rentas totales ha ido descendiendo, siendo Alemania –junto con España- el país donde tal descenso ha sido más acentuado durante el periodo 1995-2008.
Las rentas del capital, sin embargo, han crecido astronómicamente en Alemania (lo cual también ha ocurrido en España). Ello se traduce en que la capacidad de ahorro también ha aumentado considerablemente. Pero este ahorro procede del capital exportador y de las rentas superiores.
Puesto que la demanda interna no ha sido el motor del crecimiento económico, tal crecimiento se ha basado durante el periodo 1995-2008 en las exportaciones.
Alemania es uno de los países más exportadores del mundo (junto con EEUU y China). Ahora bien, es importante aclarar que la competitividad del capital exportador no se debe a una mayor inversión, sino a un crecimiento salarial muy reducido. Ahí está la clave de la economía de las exportaciones alemanas.
Ahora bien, para que Alemania exporte se requiere que otros países importen. Y la mayoría de los países que compran los productos alemanes son de la UE. Dos terceras partes de las exportaciones se dirigen a los países de la UE, incluyendo los países periféricos, que naturalmente pagan en euros. Una consecuencia de ello es que Alemania tiene millones de euros a su favor en la balanza comercial y en su balanza de pagos. ¿Y qué ha hecho Alemania con este dinero?
Una opción, que era la que Oscar Lafontaine, entonces Ministro de Economía del gobierno Schröder deseaba realizar, era distribuir este dinero en Alemania entre los trabajadores y aumentar el gasto público social. Ello hubiera aumentado la demanda interna, estimulando la economía de Alemania y la de otros países de la UE, incluyendo los países periféricos, pues las clases populares alemanas habrían incrementado el consumo de productos más baratos, procedentes de los países periféricos europeos, disminuyendo a la vez la excesiva importancia de las exportaciones sobre la economía alemana y su excesiva balanza de pagos positiva. No era bueno, ni para Alemania ni para la UE, que hubieran unas diferencias tan marcadas en la balanza comercial y de pagos de los países de la Unión.
El gobierno Schröder, sin embargo, no aceptó esta alternativa (causa de que Lafontaine abandonara el gobierno y el partido social demócrata). En su lugar, y en respuesta a la enorme influencia de la banca alemana, del Banco Central Alemán (Bundesbank) y del mundo empresarial exportador, decidió gastarse la enorme plusvalía del euro en:
1) comprar deuda externa de los países periféricos a intereses muy favorables
2) prestar dinero a la banca de los países periféricos, que se endeudaron hasta la médula –realizando actividades claramente especulativas, como las inmobiliarias en España, contribuyendo a la creación de las burbujas inmobiliarias- y
3) invirtiendo directamente en actividades especulativas, la mayoría también inmobiliarias, destrozando, por cierto, partes de la costa mediterránea con planes de viviendas de carácter especulativo.
En realidad, esta exportación de dinero (euros) se acentuó con la compra de deuda pública de los países periféricos, pues se consideró tal compra como una gran ganancia, creando una cierta burbuja de deuda pública (y también privada).
A los gobiernos de los países periféricos les era más fácil pedir prestado dinero a los bancos alemanes (y franceses) que aumentar los impuestos de las rentas superiores, muchas de ellas escasamente gravadas, contribuyendo en gran manera al fraude fiscal.
La elevada regresividad fiscal y el fraude fiscal eran las características de las políticas fiscales de los países periféricos.
Esta exportación de dinero alemán, prestado o invertido en el extranjero, llegó a representar más del 25% del capital bancario alemán, lo cual ya es una cifra más que respetable. La dependencia de la banca alemana de estos fondos era muy grande. Y ahí radica parte del problema. No es bueno para la UE, ni tampoco para Alemania, que haya unas desigualdades de renta tan acentuadas dentro de Alemania y dentro de la UE. No es bueno que las clases populares alemanas tengan tan poca capacidad de demanda (que estimule la economía) y no es bueno que Alemania tenga tanto dinero para exportar y que los países periféricos tengan tan poco para importar, endeudándose tanto.
Se crean así enormes dependencias que debilitan a todo el sistema europeo.
En este momento, la banca alemana, la francesa y la de otros países del centro de la Eurozona, han prestado 1,4 trillones de euros a los países periféricos (una cantidad imposible de pagar por parte de los países periféricos). Y ahí está el problema.
La banca alemana y sus aliados en el establishment europeo, incluidos el BCE y el FMI, han puesto como objetivo central de la recuperación económica el forzar a los países periféricos a que paguen sus deudas, tanto públicas como privadas, a sus bancos. Y el objetivo fundamental de la mal llamada ayuda a los países periféricos por parte de la UE y del FMI es, en realidad, ayuda a los bancos alemanes (franceses y de otros países del centro de la Eurozona), prestándoles dinero a los estados periféricos para que paguen su deuda.
Esta situación podría haberse prevenido si se hubiera seguido otra vía, tal como apuntó Lafontaine en su día. Y tal como pidieron las izquierdas en España en 1993.
Recordemos que en 1993, las izquierdas fueron marginadas, tanto dentro del gobierno PSOE como fuera de él.
La reducción del déficit del Estado (necesario según el Pacto de Estabilidad) se hizo a base de reducir el gasto público y de aumentar el endeudamiento privado, en lugar de aumentar los impuestos, realizando la muy necesaria y siempre pospuesta reforma fiscal progresista, tal como habían pedido las izquierdas.
Es más, en lugar de redefinir el Pacto de Estabilidad, estimulando más el componente de crecimiento, se siguieron políticas monetarias de escaso impacto estimulante. El crecimiento económico en España pasó a estar centrado en el endeudamiento privado y de carácter especulativo. Y así estamos.
España social a la cola de la UE
diario PÚBLICO
27 de mayo de 2010
Este artículo analiza las causas del subdesarrollo social de España que se basan en la herencia de cuarenta años de una dictadura caracterizada por su escasa sensibilidad social y por la manera como se hizo la integración de España a la eurozona. La exigida reducción del déficit público, mandada por el tratado de Maastrich, se hizo a costa de reducir en términos absolutos (en el periodo 1993-1995) y en términos relativos (en el periodo 1996-2004) el gasto público social, con el consiguiente aumento del déficit de tal tipo de gasto por persona en España relativo al promedio de los países de la UE-15. Tal déficit se redujo durante el periodo 2004-2007 para aumentar de nuevo con los recortes de gasto público social, colocando a España, de nuevo, a la cola de la Europa Social.
Mírese como se mire, España está a la cola de la Europa social. Es decir, nuestro Estado del bienestar (que incluye desde las pensiones hasta los servicios públicos, tales como sanidad, educación, servicios sociales, escuelas de infancia, servicios domiciliarios para las personas con dependencias, vivienda pública y otros) es el que, junto con Grecia y Portugal, está menos financiado entre los países de la Unión Europea de los Quince (UE-15), el grupo de países con un nivel de desarrollo económico más próximo al nuestro.
Si miramos el gasto público social, vemos que tal gasto representa sólo un 21% del PIB, el más bajo (incluso más bajo que Grecia y Portugal) de la UE-15, cuyo promedio es del 27%. Si analizamos el gasto público social por habitante nos encontramos con la misma situación. España es, junto con Grecia y Portugal, el país que tiene un gasto más bajo de la UE-15. Y si nos fijamos en el porcentaje de la población adulta que trabaja en los servicios públicos del Estado del bienestar, el resultado es el mismo. España, con sólo un 9,5%, es el país con un empleo público más bajo de entre los países de la UE-15, cuyo promedio es del 15%. No es cierta la aseveración promovida por autores liberales (que tienen enormes cajas de resonancia en los medios de información y persuasión españoles) de que hay demasiados empleados públicos. Es precisamente al revés: nuestro país, junto con Portugal, es el país que tiene el sector público –incluido el empleo público en el Estado del bienestar– más bajo de la UE-15.
Tales datos muestran la gran falsedad del mensaje que están transmitiendo las derechas (y algunas voces confusas de las izquierdas): que España está viviendo por encima de sus posibilidades y que hay que ajustarse el cinturón. En realidad, España se gasta mucho menos en su Estado del bienestar de lo que le corresponde por su nivel de riqueza. El PIB per cápita de España es ya el 94% del promedio de la UE-15 y, en cambio, el gasto público social por habitante es sólo un 74% del promedio de la UE-15. Lo que esto quiere decir es que España se gasta 66.000 millones de euros menos de lo que le corresponde por el nivel de riqueza que tiene. No es, pues, que no haya recursos en el país. Los hay. Lo que ocurre es que el Estado (tanto a nivel central como autonómico y municipal) no los recoge.
¿Por qué estamos a la cola de la Europa social? Una de las causas es el enorme dominio que las derechas han tenido sobre la vida política de España y que se tradujo en una dictadura de 40 años que careció de sensibilidad social. Cuando el dictador murió en 1975, España tenía (junto con Grecia y Portugal, que tuvieron regímenes totalitarios semejantes) el gasto público social como porcentaje del PIB más bajo de la UE-15 (14%, comparado con el 22% de promedio de los países que más tarde constituyeron la UE-15).
Ahora bien, 32 años después de haber terminado la dictadura, no puede considerarse que esta haya sido la única causa de que España esté a la cola de la Europa social. Para explicar este retraso tenemos que entender cómo se realizó la integración de España a la UE y al euro. En realidad, el enorme déficit de gasto público social se fue reduciendo de una manera muy significativa durante el periodo 1978-1993, de manera que, al terminar este periodo, la diferencia de gasto público social entre España y el promedio de la UE-15 se había reducido a la mitad. Tal reducción tomó lugar predominantemente en los últimos años de la década de los años ochenta y principios de los noventa (consecuencia, en gran parte, de la presión popular, y muy en especial de las huelgas generales, que forzaron un notable incremento del gasto público social).
En 1993, el PSOE perdió la mayoría parlamentaria y se alió con la derecha catalana (CiU), tomando decisiones encaminadas a integrar a España en la eurozona. Entre ellas estaba la necesidad de reducir el déficit público del Estado (siguiendo el mandato de Maastricht) para alcanzar la mágica cifra de 3% del PIB. Tal reducción del déficit se hizo a base de la mayor reducción del gasto público (incluyendo el social) conocida en cualquier país de la UE. El gasto público social por habitante bajó del 3.039 euros estandarizados en 1993 a 2.904 en 1995, lo que afectó de una manera muy notable a las transferencias y servicios públicos del Estado del bienestar, una de las causas de la derrota del PSOE en las elecciones de 1996.
Tales políticas de austeridad continuaron durante el periodo 1995-2004, con lo cual la diferencia del gasto público social por habitante entre España y la UE-15 se disparó, pasando de 1.812 euros estandarizados a 2.242. Lo que esto quiere decir es que España iba gastando mucho menos en su Estado del bienestar que el promedio de la UE-15, y ello debido a que los ingresos al Estado, que entre 1978 y 1993 se habían destinado a reducir el déficit de gasto público social que tenía España en relación con la UE-15, fueron, a partir de 1993, a cubrir el déficit del presupuesto del Estado. De esa manera, cuando en 2003 el Gobierno de Aznar mostró, lleno de orgullo, que España estaba ya alcanzando el equilibro de las cuentas del Estado, más de un dirigente europeo le recordó que lo había conseguido a base de empobrecer el sufrido y escasamente desarrollado Estado del bienestar español. En realidad, el euro se construyó a base de empobrecer a la España social, siendo las clases populares –las que utilizan más el Estado del bienestar– las que pagaron el coste de que España se integrara en la eurozona.
A partir de 2004, la diferencia del gasto público social por habitante respecto a la UE-15 bajó como consecuencia de la mayor sensibilidad social del Gobierno socialista, presionado por los partidos a su izquierda. Pasó, entre 2004 y 2007 (último año que Eurostat publica datos comparables a nivel de la UE), de 2.242 euros estandarizados a 1.938, cifra todavía más elevada de déficit que el existente en 1993 (1.789). Y la situación empeorará más con los recortes sociales que están ocurriendo ahora, con lo que España continuará a la cola de la Europa social.
viernes, 21 de mayo de 2010
El fracaso del nuevo laborismo y del socioliberalismo
Vicenç Navarro
revista digital SISTEMA,
21 de mayo de 2010
Este artículo critica las políticas económicas, fiscales y sociales de los gobiernos Blair y Brown que, distanciándose claramente de las políticas públicas que han caracterizado a la socialdemocracia, adoptaron políticas liberales (con algunos componentes tradicionales de la democracia cristiana) causa de su gran declive electoral (que ocurrió desde sus inicios). El artículo muestra la evidencia que cuestiona la imagen promocionada por sus apologistas (como Anthony Giddens) de que la Tercera Vía fue muy popular en la Gran Bretaña. Los datos no avalan tal diagnóstico.
Durante muchos años, el gobierno laborista británico (llamado New Labour) se convirtió en un punto de referencia muy importante entre los partidos de centro-izquierda europeos, habiendo influenciado en gran manera los cambios profundos ocurridos en el seno de la socialdemocracia europea. El hecho de que New Labour permaneciera en el gobierno durante un periodo de trece años (uno de los periodos de gobierno socialdemócrata más longevos en Europa) era motivo de admiración, atribuyéndose esta longevidad al éxito de sus políticas, que se transformaron en modelos a seguir en gran número de círculos dentro de los partidos socialdemócratas, tanto de los que gobernaban como de los que estaban en la oposición. En muchos partidos socialdemócratas que estaban en la oposición, se propuso seguir el modelo Blair para ganar las elecciones. Uno de los últimos ejemplos, entre muchos otros, fue la candidata a la Presidencia de Francia del Partido Socialista Francés en las últimas elecciones de aquel país, que explícitamente se refirió a la Tercera Vía como su punto de referencia.
En España la influencia de la Tercera Vía ha sido considerable, no sólo en sectores del PSOE y del PSC, sino también en otros partidos que consideraron atrayentes muchos elementos de la Tercera Vía. Liderada, esta influencia, por los abundantes escritos de Anthony Giddens (uno de los autores extranjeros más visibles en los medios españoles), la Tercera Vía se presentó como la necesaria alternativa a la que, en términos un tanto despectivos, se definía como “socialdemocracia tradicional” (que era la manera amable de llamarla anticuada).
Lo que es sorprendente es que esta visión de éxito político se promocionara cuando la evidencia empírica, fácilmente obtenible, mostraba precisamente lo contrario. El gran triunfo de la Tercera Vía fue en 1997, cuando New Labour ganó por primera vez las elecciones británicas. Tal Partido consiguió el 43% del voto popular (es decir, de la población que votó), que significó el 33% del total del electorado (es decir, de toda la población que podía votar), resultado –como indicaron las encuestas a pie de urna- del enorme rechazo popular hacia las políticas del partido conservador, imbuido de thatcherismo. Pero a partir de aquel año, el descenso del apoyo electoral fue espectacular. En las siguientes elecciones, en el año 2001, el Partido Laborista ganó sólo el 25% del total del electorado, y en el año 2005, descendió más, al 22%. Es sorprendente que en base a estos datos pudiera definirse tal experiencia como exitosa.
Los que llegan a este diagnóstico de “exitoso” utilizan los resultados electorales, no en base a la votación popular, sino en base al número de parlamentarios, ignorando que el sistema electoral británico no es proporcional sino profundamente sesgado y no refleja la voluntad popular. Así, en 1997, el Partido New Labour, con el 33% del total del electorado, consiguió el 64% de todos los escaños del Parlamento Británico. En el año 2001 sufrió un enorme bajón, debido en gran parte al aumento de la abstención (sobre todo entre la clase trabajadora), recibiendo sólo el voto del 25% del total del electorado, (disminuyendo también el porcentaje del voto popular, pasando a ser un 40%). A pesar de estos descensos, el número de escaños sólo bajó de 418 a 413 (de un 63% a un 62% de todos los escaños) dando una impresión errónea de mantener una elevada popularidad. En realidad, si Gran Bretaña hubiera tenido un voto proporcional, la prensa habría hablado de descalabro, que continuó en 2005, cuando el porcentaje de voto del total del electorado fue sólo de un 22%, consecuencia del incremento de la abstención (sobre todo entre la clase trabajadora), experimentando también una disminución notable del voto popular (pasando de 40% a 35%), perdiendo también escaños, pero manteniendo un 55% de todos ellos (356), permitiéndole gobernar en mayoría. El sesgo del sistema electoral estaba ocultando el gran descalabro del New Labour. En 2010, sin embargo, el voto popular bajó al 29%, perdiendo la mayoría de escaños. Tales datos muestran que el New Labour nunca fue muy popular, una falta de popularidad todavía más acentuada entre las clases populares que habían sido su base electoral más sólida durante el siglo XX. La victoria del New Labour no era tanto el “éxito” de sus políticas, sino la situación caótica en la que se encontraba el Partido Conservador (cuyas políticas habían dejado muy mal sabor de boca entre aquellas clases populares, y cuyas luchas internas sobre su postura anti Unión Europea, habían creado enormes tensiones dentro de aquel partido) y el sistema electoral que, potenciando a New Labour, discriminaba abusivamente al Partido Demócrata Liberal, que no tenía posibilidades de poder gobernar. Ni que decir tiene que los apologistas de la Tercera Vía, como Anthony Giddens, nunca citaron tales datos.
La escasa popularidad de New Labour fue consecuencia del abandono de las políticas socialdemócratas (tales como las políticas redistributivas y las políticas de carácter universal encaminadas a extender a toda la ciudadanía los limitados y poco desarrollados derechos laborales y sociales), adoptando en su lugar medidas de corte liberal (en las áreas económicas) y cristianodemócrata (en las áreas sociales). Entre las primeras resaltan la prioridad que New Labour dio al sector financiero en la economía británica. A partir del New Labour el desarrollo económico iba a basarse en un gran crecimiento del capital financiero británico. Siguiendo las políticas del Presidente Clinton (con el cual New Labour tuvo grandes semejanzas), desreguló la banca de una manera muy notable (tal como hizo Clinton al anular la Ley Glass-Steagall), permitiendo, estimulando y facilitando el crecimiento de los comportamientos especulativos de la banca, políticas favorecidas también por la independencia que otorgó al Banco de Inglaterra en el diseño de la política monetaria. El Sr. Gordon Brown, el ministro de Economía, indicó –con orgullo- en más de una ocasión que el mercado financiero en Gran Bretaña estaba entre los menos regulados del mundo desarrollado. En realidad, Londres –la City- se convirtió en el centro del banco en la sombra (the shadow banking), el componente bancario, centrado en la actividad especulativa (los hedge funds), que consideraba a la City más permisiva incluso que Wall Street, lo cual explica que se conociera a la City como “Wall Street’s Guantánamo”. Esta situación permitió la burbuja especulativa, mayor incluso que la que ocurrió en EEUU. Consecuencia de tales políticas, el capital financiero llegó a representar el 32% del PIB, casi tan alto como EEUU, el 33% (el promedio de la OCDE es el 28%). Este crecimiento se hizo a costa del sector industrial, que bajó de un 20% del PIB -cuando el New Labour inició su mandato en 1997- a un 12% actualmente, lo cual explica el deterioro de la manufactura y con ello el fin de los salarios altos y el debilitamiento de los sindicatos más fuertes y militantes –los sindicatos del sector manufacturero-, siendo el mercado de trabajo británico “uno de los mercados más desregulados existentes hoy en el mundo desarrollado” (según expresó, de nuevo, con orgullo el Primer Ministro, Sr. Toni Blair, según cita Tony Word en su análisis de las políticas económicas del Blairismo en su artículo “Good Riddance to New Labour” NLR. 62. pp 5-28. 2010).
En una situación semejante a la existente en España, el boom del capital financiero determinó una gran actividad especulativa, dentro de la cual la actividad inmobiliaria, relacionada con la construcción, lideró el crecimiento económico británico, un crecimiento anual (2,7% del PIB), sólo ligeramente superior al que tuvo lugar durante el gobierno conservador anterior. Parte de tal crecimiento, sin embargo, fue artificial, pues se basaba en una especulación que enriqueció a la banca, sin necesariamente traducirse en crecimiento de la economía real.
Otra influencia liberal se dio en la privatización de los servicios públicos. New Labour empezó comprometiéndose a no subir el gasto público en sus primeros tres años, promesa que mantuvo. No fue hasta el 2000 que se incrementó el gasto público de una manera muy marcada para parar el gran deterioro de los servicios públicos que “las políticas de austeridad” thatcherianas, llevadas a cabo por los gobiernos conservadores y continuadas por New Labour, habían estado causando. En el Servicio Nacional de Salud (N.H.S.) el crecimiento anual del gasto público sanitario fue, a partir del año 2000, de un 7%. Pero este notable incremento se gastó en realizar las reformas liberales que consistían en privatizar las inversiones en el sector sanitario. En lugar de que las instituciones nuevas, como hospitales, fueran realizadas con gasto público, se animaba a que fueran las empresas privadas las que hicieran tal inversión, pagándoles el N.H.S. parte de las hipotecas correspondientes, lo que encareció tales inversiones, con lo cual, el coste total para el sector público (hipoteca más intereses) resultaba más elevado que si se hubieran construido directamente con fondos públicos. Es un arreglo semejante a lo que ocurre en Cataluña con las autopistas de pago, con el agravante de que el pago hipotecario lo hace el Estado.
La privatización conllevó también un notable crecimiento de los costes administrativos en el sector público (que representa un 10% del gasto total). Por otra parte, la aparición de un sistema concertado basado, en parte, en las ventajas fiscales del aseguramiento privado, reprodujo un sistema semejante al ya existente en Cataluña, con una sanidad polarizada por clase social, en la que el sistema privado concertado (subsidiado con fondos públicos) atiende a las clases de rentas superiores, dedicándose los servicios públicos a las clases populares.
En el sistema educativo se inició un sistema polarizado semejante al sanitario, estableciéndose escuelas privadas (muchas de ellas religiosas) concertadas y escuelas públicas, habiendo introducido sistemas de pago en las públicas, eliminando a la vez las ayudas de tipo universal y sustituyéndolas por ayudas asistenciales para familias de bajos ingresos. Y en las universidades, el criterio de evaluar la investigación priorizó los proyectos que favorecieron los beneficios de la economía, la comercialización de nuevos productos y la creación de nuevas empresas. Todos ellos objetivos loables, pero que se transformaron en prioritarios bajo New Labour.
En todo este discurso desapareció cualquier referencia a la clase trabajadora, sustituida en el discurso por la clase media, la base social –según tal discurso- de tal Partido. De esta manera, el estado del bienestar, en lugar de estar basado en la alianza de la clase trabajadora con las clases medias, condición para que se establezca el principio de universalidad, se transformó en el instrumento asistencial (de clara tradición cristiano demócrata) de ayuda a los pobres y prevención de la exclusión social.
No es sorprendente que el mayor descenso de apoyo electoral se haya dado entre la clase trabajadora, siendo, por otra parte, un hecho muy importante que apenas ha aparecido en los medios, teniendo lugar un espectacular declive de la militancia y del número de miembros del Partido Laborista, habiéndose reducido a la mitad desde que New Labour inició su mandato. Hoy, tal Partido tiene sólo 166.000 miembros, el número más bajo entre los grandes partidos de la socialdemocracia europea. El italiano tiene 800.000, el francés 200.000, y el alemán 400.000. Tal Partido tiene difícil recuperación cuando el grupo de militancia es tan reducido. La sustitución de la militancia por una dependencia en los grupos mediáticos –como el Sr. Murdoch, el gran empresario mediático, definido como el 28º miembro del Gabinete New Labour- le hace enormemente vulnerable a estos grupos mediáticos. Su abandono, como ha ocurrido en las últimas elecciones, disminuyó notablemente la capacidad de movilización de aquel Partido.
Todos estos datos tendrían que alertar a los partidos socialistas y progresistas de los elevados costes económicos, sociales y políticos que representan el tomar como modelo el socioliberalismo representado por la Tercera Vía.
jueves, 20 de mayo de 2010
¿Qué mercados financieros?
Vicenç Navarro
diario PÚBLICO
20 de mayo de 2010
Este artículo señala que los mal llamados mercados financieros no responden a las características que definen a los mercados pues sus agentes –los bancos- gozan de un gran proteccionismo proveído por los estados, así como por instituciones internacionales –como el Fondo Monetario Internacional- que garantizan sus exuberantes beneficios a costa de enormes reducciones del gasto público y de la protección social de las clases populares. El artículo muestra ejemplos de este proteccionismo en el caso de EEUU y en la mal llamada “ayuda” del FMI-Euro a los países con elevados déficits y deuda pública, como Grecia, que es en realidad ayuda primordialmente para los bancos europeos.
El lenguaje que se utiliza para explicar la crisis es un lenguaje que aparenta ser neutro, meramente técnico, cuando, en realidad, es profundamente político.
Así, se nos dice que los “mercados financieros” están forzando a los países de la Unión Europea y, muy en especial, a los países mediterráneos –Grecia, Portugal y España– e Irlanda, a seguir políticas de gran austeridad, reduciendo sus déficits y deudas públicas, con el fin de recuperar la confianza de los mercados, condición necesaria para alcanzar la recuperación económica.
Como dijo hace unos días Jean-Claude Trichet, presidente del Banco Central Europeo (BCE): “La condición para la recuperación económica es la disciplina fiscal, sin la cual los mercados financieros no certifican la credibilidad de los estados” (Financial Times, 15-05-10).
La realidad, sin embargo, es muy distinta.
Estas medidas de austeridad, promovidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y por la Unión Europea (UE), están creando un gran deterioro de la calidad de vida de las clases populares, pues están afectando negativamente su protección social y están destruyendo empleo, dificultando su recuperación económica.
Así ha ocurrido en Lituania, donde su PIB ha disminuido un 17% y su desempleo ha alcanzado el 22% de la población activa (véase mi artículo ¿Quién paga los costes del euro? en www.vnavarro.org).
Una situación semejante ocurrirá en los países citados anteriormente.
Parecería, pues, que son los mercados financieros los que están imponiendo estas políticas a los gobiernos. Ahora bien, ¿qué quiere decir “los mercados financieros”?
En teoría, en la dogmática liberal que domina los establishments europeos (el Consejo Europeo, el BCE y la Comisión Europea, así como en los gobiernos de la mayoría de los países de la UE), los mercados son procesos de libre comercio entre agentes financieros –los bancos– que obtienen beneficios para compensar sus riesgos, pues se asume que existen riesgos en tales mercados.
Pero tal retórica no define la realidad, pues tales entidades –los bancos– operan dentro de ámbitos e instituciones enormemente proteccionistas de sus intereses, en los que el riesgo, en general, brilla por su ausencia.
En realidad, los mal llamados mercados tienen muy poco de mercado. Son bancos con mucho beneficio y poco riesgo. Y lo que está ocurriendo muestra la certeza de este diagnóstico.
En EEUU, donde existe amplio consenso sobre el hecho de que la crisis financiera fue iniciada por los comportamientos de Wall Street, la crisis bancaria fue resuelta con la aportación a los bancos de casi un billón de dólares pagados por el Estado, que benefició enormemente a los banqueros y a sus accionistas, consiguiendo incluso más beneficios de los que tenían antes de la crisis.
La obscenidad de tales beneficios y las prácticas deshonestas y criminales de los banqueros (causantes de la crisis) explica su enorme impopularidad y la de tales medidas, que no repercutieron favorablemente sobre la población, que vio cómo sus estándares de vida disminuyeron debido a la crisis provocada por los bancos.
No fueron los mercados, sino los bancos y sus políticos en el Congreso (con nombres y apellidos conocidos) y en las administraciones Clinton, Bush y Obama (también con nombres y apellidos conocidos), los que crearon la crisis, salvaron a los bancos y ahora llaman a la austeridad.
Una situación casi idéntica está ocurriendo en la UE.
Los comportamientos especulativos de la banca europea fueron consecuencia de decisiones políticas que desregularon la banca, decisiones que se tomaron especialmente, no sólo en Wall Street, sino también en los centros financieros, principalmente la City de Londres y en Fráncfort, consecuencia de la enorme influencia de la banca sobre los gobiernos británico y alemán.
La mal llamada “ayuda” del FMI-EU (de 750.000 millones de euros) a los países con dificultades no es una ayuda a las poblaciones de aquellos países, sino a los bancos (y muy en especial a los alemanes y franceses) para asegurarles que los estados les pagarán las deudas con los intereses confiscatorios que han exigido.
En realidad, si los mercados financieros fueran mercados de verdad (y, por lo tanto, hubiera competitividad y riesgo en su comportamiento), los bancos tendrían que absorber sus pérdidas en inversiones financieras fallidas.
Si el Gobierno de Grecia, por ejemplo, fuera a la bancarrota, la banca alemana tendría que absorber las pérdidas de haber tomado la decisión de comprar bonos del Estado griego.
Ahora bien, esto no ocurre en los mal llamados mercados financieros debido a que hay toda una serie de instituciones que protegen a los bancos.
Y la más importante es el FMI, que presta dinero a los estados para que pague a los bancos. De ahí que, como en EEUU, los bancos nunca pierden. Las que pierden son las clases populares, pues el FMI exige a los gobiernos que extraigan el dinero para pagar a los bancos de los servicios públicos de tales clases populares.
Lo que el FMI hace es la transferencia de fondos de las clases populares a los bancos. Esto es lo que se llama “conseguir la credibilidad de los estados frente a los mercados”.
Estas transferencias, sin embargo, además de ser profundamente injustas, son enormemente ineficientes.
El fracaso de las políticas de austeridad propuestas por el FMI en los países en crisis es bien conocido, lo que explica el descrédito de tal institución.
El FMI, desde la época Reagan, es la organización financiera que ha impuesto más sacrificios a las clases populares de los países que han recibido “su ayuda”, con resultados económicos altamente negativos, tal como ha denunciado correctamente Joseph Stiglitz.
No son los mercados, sino los intereses bancarios y sus aliados –entre los que destacan el FMI y el BCE– los que están imponiendo estos sacrificios.
Al menos, llamemos a los culpables por su nombre.
viernes, 14 de mayo de 2010
El gobierno está equivocado y el PP todavía más
Vicenç Navarro
revista digital SISTEMA,
14 de mayo de 2010
Este artículo (continuación de otro en el que se analizaron críticamente las propuestas realizadas por el gobierno español para salir de la crisis) se centra en las propuestas que hizo el Sr. Rajoy (máximo dirigente del Partido Popular) para resolver la Gran Recesión en la que España se encuentra. En tal exposición, el Sr. Rajoy, indicó que las propuestas que estaba proponiendo habían ya sido exitosas en sacar a España de la recesión anterior, durante el gobierno Aznar. El artículo detalla las consecuencias de aquellas políticas, documentando el impacto negativo que tuvieron en la situación económica y social de España, mostrando indicadores de tal impacto.
Creo que las políticas de austeridad que está llevando a cabo el gobierno socialista, en respuesta a la presión de la UE, son erróneas, por las razones que he elaborado extensamente en este forum (“Las políticas promovidas por la Unión Europea son ineficaces e injustas”. Sistema Digital. 07.05.10).
Pero lo que encuentro incluso más reprobable son las propuestas del PP para salir de la crisis.
En su presentación el 12 de mayo, ante las Cortes Españolas, de las propuestas para salir de la crisis, el Sr. Rajoy indicó que tales propuestas ya habían mostrado su efectividad cuando fueron aplicadas por el gobierno Aznar.
Según Rajoy, tales medidas fueron determinantes para salir de la crisis económica anterior, que ocurrió a principios de los años noventa. De ahí la importancia de analizar cómo se salió de aquella crisis y a qué coste, tanto social como económico. La realidad es que la aplicación de aquellas políticas ahora llevaría a una situación semejante, con costes sociales y económicos mucho mayores, pues la crisis actual (la Gran Recesión) es mucho mayor que la crisis que tuvo lugar entonces.
El objetivo principal de las políticas públicas del PP para salir de la crisis fue la reducción del déficit público, igual que ahora. Y esta reducción del déficit público se hizo a base de reducir el gasto público (incluyendo el gasto público social) y no a base de incrementar los impuestos, tal como el PP está proponiendo ahora. En realidad, el gobierno del cual el Sr. Rajoy fue parte, bajó los impuestos, aprobando reformas fiscales regresivas que favorecieron especialmente a las rentas del capital y a las rentas superiores.
Una consecuencia de estas políticas fue un notable crecimiento del déficit que España tenía respecto al promedio de la UE-15 en gasto público social por habitante. Tal déficit aumentó de 1.928 euros estandarizados (euros con el mismo poder de compra en países con distintos niveles de riqueza en la UE-15) en 1996 a 2.242 euros en 2004, un crecimiento de 314 euros estandarizados por habitante (ver Navarro, V., dir. “La Situación Social en España, vol. III, Biblioteca Nueva).
Esto supone un incremento muy marcado del déficit de gasto público en las distintas dimensiones del estado del bienestar.
Este enorme descenso del gasto público social junto con las reformas fiscales regresivas diluyó todavía más el impacto redistributivo del Estado español, uno de los estados menos redistributivos en la UE-15. Ello explica tanto el elevado nivel de desigualdad de rentas existentes en el país (el mayor de la UE-15, junto con Grecia y Portugal), como su elevada pobreza (de nuevo la más elevada de la UE-15, junto con Grecia y Portugal).
Las políticas del PP incrementaron el porcentaje de la población que sufre pobreza, pasando de ser el 18% de la población en el año 1996 a un 20% en el 2003, incremento de dos puntos, que significó un aumento del número de pobres en varios millones de habitantes. Esta reducción del gasto afectó también a las pensiones públicas. El déficit de gasto en pensiones públicas por habitante de España con el promedio de la UE-15, se incrementó un 40% durante el periodo 1996-2003, pasando de ser 492 a 693 euros estandarizados, aún cuando el porcentaje de la población española por encima de los 65 años aumentó durante aquel periodo, siendo este porcentaje mayor que el promedio de la UE-15.
El retraso del estado del bienestar en España se debe no sólo a los cuarenta años de una dictadura de derechas enormemente represiva (por cada asesinato político que cometió Mussolini, Franco cometió 10.000), con escasísima sensibilidad social (cuando el dictador murió, el gasto público social como porcentaje del PIB era sólo de un 14% del PIB, el más bajo, con diferencia, de la Europa occidental), sino también al dominio conservador y liberal en la vida política y mediática de este país, que resolvió la crisis de 1993 y 1994 a base de unas políticas que, aún cuando fueron iniciadas por el gobierno PSOE en el periodo 1993-1996, se acentuaron y expandieron todavía más en el periodo 1996-2004, durante el gobierno del PP. A la vista de esta experiencia, es fácil concluir que el desarrollo de las propuestas que está haciendo ahora el PP revertiría la reducción del déficit del gasto público social de España con la UE-15, que ha estado ocurriendo en el periodo 2004-2008 (bajando de 2.242 euros estandarizados en el año 2004 a 2.114 en el 2006, último año en que la agencia de estadísticas de la UE, Eurostat ha publicado datos para toda la Unión Europea), siendo el incremento del gasto público social una de las características del periodo 2004-2008, consecuencia de las alianzas informales entre el PSOE y los partidos a su izquierda, incremento que fue reduciendo el déficit de gasto público social español con el promedio de la UE-15. La crisis actual se está intentando resolver a costa de reducir el gasto público (incluyendo el gasto público social) que determinará una reversión de esta reducción del déficit del gasto público social, que se acentuaría más si gobernara el PP, tal como la experiencia de su gobierno anterior lo demuestra.
Por otra parte, las políticas fiscales y económicas del PP (que acentuaron todavía más las realizadas por el gobierno socialista) favorecieron claramente la polarización de las rentas del país, tal como señalé en la sección anterior. Mientras que los costes laborales aumentaron durante el periodo 1999-2004 sólo un 3,7%, los beneficios empresariales aumentaron un 73%.
De estos beneficios, los más espectaculares fueron los de la banca, que alcanzó niveles exuberantes, basados en gran parte en actividades especulativas, de las cuales las inmobiliarias fueron las más importantes. La desregulación del precio del suelo llevada a cabo por el gobierno PP fue un elemento clave para provocar la burbuja inmobiliaria. El maridaje banca-sector inmobiliario-industria de la construcción fue el centro del crecimiento económico, que absorbió una enorme cantidad de recursos que deberían haberse invertido en áreas más productivas y menos especulativas. La política económica del PP fue la política basada en la especulación, que ha sido causa del enorme retraso, no sólo social, sino también económico, del país. El colapso de la burbuja ha provocado el enorme problema de la falta de crédito, mientras que la reducción de la masa salarial ha creado el enorme problema de endeudamiento y escasa demanda, que es la mayor causa de la crisis, la cual empeoraría todavía más con la aplicación de las políticas del PP. Su autopromoción como el partido portador de la solución a la crisis actual carece de credibilidad, pues está recomendando las mismas políticas que nos llevaron a la crisis.
domingo, 2 de mayo de 2010
¿Estado versus mercado? El falso dilema
Publicado por Vicenç Navarro en la revista digital SISTEMA, 30 de abril de 2010
Este artículo muestra como la posición liberal que, en su teoría, enfatiza la importancia de priorizar los mercados sobre la intervención estatal, no se corresponde en la práctica con las políticas públicas que tal posición ha promovido, pues –tal como el artículo muestra- las políticas supuestamente liberales han favorecido el crecimiento de monopolios. De ahí que el debate político y económico no debiera centrarse en la dicotomía mercados versus estado, sino en la discusión de qué grupos y clases sociales se benefician del estado.
El desarme ideológico de las izquierdas explica que muchas de ellas hayan adoptado el esquema ideológico de las derechas, con las consecuencias que todos estamos viendo: la enorme crisis financiera y económica que estamos experimentando, y en cuya génesis encontramos las políticas liberales promovidas por los gobiernos de derechas y reproducidas en gran número de políticas llevadas a cabo por gobiernos de centroizquierdas.
Así pues, en la Unión Europea (UE), existe consenso en las instituciones europeas -desde el Consejo Europeo, a la Comisión Europea, pasando por el Banco Central Europeo-, de que hay que “apretarse el cinturón” y hacer sacrificios, lo cual quiere decir (en la mayoría de forums en que esta llamada a la austeridad se realiza) que hay que bajar los salarios (a través de reformas del mercado laboral, cuyo resultado será la disminución de la capacidad adquisitiva de las clases populares), y disminuir el gasto público para reducir el déficit y la deuda pública. Estas políticas se desarrollan dentro de un marco teórico en el que se considera que el mercado debe ser el que determine la distribución de los recursos, disminuyendo el intervencionismo del estado que dificulta el desarrollo y la eficiencia económica. Hoy, tanto las derechas como las izquierdas gobernantes comulgan con este credo. Y las diferencias políticas se reducen a cuánto mercado versus cuánto estado necesita la economía. Las izquierdas favorecen, en general, que el Estado tenga una función reguladora mayor y las derechas que la tenga menor. Pero por lo demás, ambas –las derechas y las izquierdas- coinciden en que el mercado debe ser el centro del quehacer económico.
Debido al enorme dominio de las derechas en los medios de información y persuasión, esta teoría ha alcanzado la categoría de dogma y como tal se reproduce a base de fe, en lugar de a partir de evidencia científica, puesto que ésta última demuestra claramente que este marco teórico no define la realidad existente hoy en la actividad económica que nos rodea. El Presidente Reagan, el gran gurú del pensamiento liberal (la sensibilidad dominante en las derechas, no sólo estadounidenses, sino también europeas), fue el presidente que aumentó más el intervencionismo público a base de incrementar considerablemente el gasto público durante su manato (de 21,6% al 23% del PIB) mediante el mayor crecimiento de los impuestos que un gobierno federal haya llevado a cabo en tiempo de paz en EEUU (reduciendo la carga fiscal del 20% de renta superior de la población, los más ricos de EEUU, pero aumentando la del 80% restante de la población) y permitiendo un gran crecimiento del déficit federal. El crecimiento del gasto público se dedicó, predominantemente, a tecnología militar y a subvenciones a las grandes corporaciones. Como bien dijo el ideólogo del pensamiento liberal en EEUU, John Williamson, “tenemos que reconocer que lo que el gobierno Reagan promueve a nivel internacional, no lo hace en su propio país” Institute for Internacional Economics. Washington DC. 1986).
El último ejemplo de la falsedad del modelo teórico “mercado versus estado” es lo que ocurre con el gasto farmacéutico. El capítulo farmacia consume alrededor de un 25-30% del gasto sanitario en la mayoría de países de la OCDE (en España es el 32%). Ello supone muchos millones de dólares o euros. EEUU se gasta 250.000 millones de dólares en productos farmacéuticos. Ahora bien, un porcentaje muy elevado (74%) es para comprar productos que tienen un precio inflado, resultado de estar patentado. Es decir, que para compensar lo que la industria farmacéutica define como costes de investigación, el estado le permite durante varios años tener un monopolio en la venta del producto, inflando su precio. No hay, pues, mercado que valga. Según el sistema de patentes, el estado no permite que haya mercado.
Esta práctica ocurre constantemente en el mal llamado libre mercado. Bill Gates no existiría si no hubiera sido porque el estado le dio el monopolio de Windows, prohibiendo alternativas. De ahí, la enorme fortuna de uno de los personajes más ricos del mundo. No fue el mercado, sino el estado el que creó a Bill Gates (permitiéndole unos ingresos de 60.000 millones al año, lo cual no podría ser de no existir tal patente). Pues bien, los costes que supone para la ciudadanía el sistema de patentes garantizadas por el estado se calcula que es alrededor de un 6,6% del PIB en EEUU (casi la tercera parte de los ingresos al estado federal). Recuerden que en todo ello el mercado no tiene nada que ver con eso. Estamos hablando de un monopolio garantizado por el estado.
Frente a esta situación, comienza a cuestionarse la situación monopolista garantizada por el estado. Así, Dean Baker, del Center for Economic and Policy Research de Washington (una de las mentes más claras dentro de la comunidad de economistas estadounidenses), ha propuesto que el estado sea el que haga la investigación aplicada (que realiza la industria farmacéutica), además de la básica (que realiza el gobierno federal). En la investigación farmacéutica, el gobierno federal realiza la mitad de toda la investigación que se realiza en EEUU (en sus centros de investigación sanitaria y, muy en especial, en los National Institutes of Health: NIH), centrándose en investigación básica (30.000 milloneas de dólares). Si hiciera también la otra mitad, que se centra en investigación aplicada (que ahora hace la industria farmacéutica), entonces podrían eliminarse todas las patentes, con lo cual, la sociedad y el estado se ahorrarían enormes cantidades de dinero, permitiendo además que el mercado funcionase en la distribución del producto. La intervención pública permitiría entonces el desarrollo del mercado, en lugar de obstaculizarlo como ahora, abaratando enormemente el producto. Así hoy, un nuevo tratamiento de cáncer, consecuencia de un nuevo producto basado en la ingeniería genética, cuesta 250.000 dólares al año, lo cual excluye en EEUU a la mayoría de la población. Si no existiese la patente (y el estado hubiera hecho la investigación) costaría sólo 200 dólares.
Ahora bien, en la UE esto no puede hacerse, pues la UE prohíbe que el estado intervenga para eliminar las patentes, sustituyendo a la industria privada, que requiere el monopolio. De ahí que el que termina haciendo el sacrificio es el usuario. ¿Por qué no la industria farmacéutica? Pues la respuesta es fácil de obtener. Porque la industria farmacéutica es poderosísima. Así de claro. La cuestión no es mercado versus estado, sino al servicio de quién está el estado. Y cuando se hace la petición de que hay que apretarse el cinturón siempre se piensa en las clases populares como las que tienen que hacer el sacrificio y nunca en los grandes grupos fácticos que ejercen un enorme control sobre las instituciones políticas. ¿Hasta cuándo durará esta situación?
miércoles, 14 de abril de 2010
El pactismo de Obama y Zapatero
Vicenç Navarro
Publicado en SISTEMA DIGITAL, el 9 de Abril de 2010
Este artículo señala los elevados costes económicos, sociales y políticos que significan para los gobiernos Obama y Zapatero sus pactos con los partidos conservadores. En EEUU ha significado la dilución de la reforma sanitaria, eliminando promesas claves que limitan significativamente las posibilidades del cambio prometido. Y en España, el debate político se está centrando -como consecuencia del pacto con las derechas- en cómo reducir el déficit en lugar de cómo crear empleo. En ambos casos había políticas alternativas que ni siquiera se consideraron.
Salvando las enormes diferencias que existen entre los sistemas políticos de EEUU y de España, y las distancias políticas entre el gobierno Obama y el gobierno Zapatero, existen, sin embargo, algunos elementos comunes que conviene subrayar. Me estoy refiriendo a las políticas de pactos con la oposición, que ambos gobiernos han desarrollado para poder realizar los cambios deseados.
Comencemos por EEUU. Una de las causas de la victoria electoral de Obama fue el deseo de cambio, muy generalizado, que existe en aquel país. Un elemento clave de su programa era el compromiso de establecer una reforma sanitaria, que en la práctica universalizara el acceso de la población a los servicios sanitarios, ofreciendo cobertura sanitaria a los 47 millones de estadounidenses que carecen de ella. Todas las encuestas mostraban la popularidad de tal demanda. Una vez el candidato Obama fue elegido y se transformó en el Presidente Obama, formó su equipo con asesores heredados de la Administración Clinton, conocidos por su conservadurismo. Las izquierdas, que habían sido el eje de su campaña electoral, pasaron a tener un rol secundario en su gobierno, excepto la Ministra de Trabajo (Secretary of Labor). Este equipo reforzó el enfoque de pactar las reformas con el Partido Republicano, preferido por Obama en su estrategia política, y ello a pesar de que numéricamente no les necesitaba, pues tenía mayoría, tanto en el Senado como en la Cámara Baja. Con esta estrategia diluyó considerablemente su propuesta inicial, eliminando elementos muy importantes de su proyecto de reforma, como era la introducción de un aseguramiento público que compitiera con el aseguramiento sanitario privado, que domina hoy la financiación y gestión del sistema sanitario estadounidense (ver mi artículo “Luces y sombras de la Reforma Sanitaria de Obama”. Sistema Digital. 25.03.10, colgado en mi web www.vnavarro.org). Esta eliminación creó una gran decepción y desmovilización de las bases del Partido Demócrata, sin conseguir, con ello, el apoyo del Partido Republicano, cuya estrategia electoral era hacer una oposición sistemática al intento de reforma (y ello a pesar de que la mayoría de propuestas, incluidas en las propuestas de reforma sanitaria, eran bastante parecidas, si no idénticas, a las que había propuesto el Partido Republicano en el pasado).
Esta situación condujo a una rebelión del Partido Demócrata (y muy en especial, de su rama de izquierdas, más próxima a los sindicatos) que, por primera vez, se enfrentó abiertamente al Presidente Obama. Con Nancy Pelosi como portavoz se expresó un rechazo a la política de pactismo, que entraba en contradicción con sus promesas electorales de cambio. En una conversación (que nunca se pretendió que fuera pública) le expresó, en términos muy contundentes, que su estrategia estaba desmovilizando al electorado demócrata y que su pactismo (que era, además, innecesario) estaba arruinando su proyecto. Los sindicatos le expresaron también su frustración. Tal presión tuvo impacto. El presidente Obama abandonó el pactismo e hizo campaña de enfrentamiento con los republicanos, recorriendo el país con un tono militante, intentando identificar al partido Republicano con las odiadas compañías de seguro sanitario privadas. La Ley pasó y la población indicó en las encuestas que apoyaba tal Ley (US Today –Gallup), aún cuando la veía insuficiente.
Veamos ahora España. El primer gobierno Zapatero 2004-2008, despertó toda una serie de esperanzas que, en parte, se cumplieron, gracias a una alianza que hizo con otros partidos a su izquierda. A pesar del conservadurismo de su equipo económico (que frenó muchas de las reformas necesarias), ocurrieron muchos cambios que respondían a los deseos de sus bases electorales y de las clases populares. Ahora bien, en el segundo periodo y coincidiendo con la crisis, el gobierno estuvo sometido a las presiones del mundo empresarial y financiero (enormemente poderoso en el país) para que se moviera a la derecha y estableciera pactos con las derechas. En esta presión estaba el deseo conservador de que se hiciera el gran pacto PSOE-PP para salir de la crisis, al cual se añadiría la derecha catalana, CIU.
Este pacto, que en parte está ya ocurriendo (aún cuando hay desacuerdos importantes en su aplicación) implica el desarrollo de unas políticas que, además de dañar a las clases populares (el gasto público social está descendiendo), está retrasando las políticas de reactivación económica del país. El centro de este pacto es convertir la reducción del déficit y de la deuda del Estado en el objetivo principal de la política económica del país (en lugar de que fuera la reducción del desempleo a base de expandir el gasto público en creación de empleo). Tal objetivo dificulta la recuperación económica y está afectando negativamente la calidad de vida de las clases populares. Y es, además, una nota de suicidio político, pues está desmovilizando a sus bases electorales. Y no es cierto que no haya alternativa. La suma de los votos de los partidos de centroizquierda e izquierda en las Cortes, son mayoría. En lugar de hacer un frente de izquierdas, acentuando las políticas keynesianas, se está haciendo un frente de derechas llevando a cabo políticas liberales. Y ello es un gran error. Las políticas que se están haciendo bajo el manto del pactismo están retrasando la recuperación económica.
Se me dirá que la pertenencia a la Unión Europea (con el pacto de Estabilidad) no permite otra alternativa. Reconozco que este pacto de estabilidad (que critiqué desde su inicio) significa un obstáculo para el desarrollo de tales políticas keynesianas (lo cual justifica la necesidad de que se cambie), pero no es un obstáculo insalvable si hay voluntad política, pues el déficit puede reducirse mediante el incremento de los impuestos, no sólo del IVA, sino de otros como el impuesto de patrimonio (que no tenía que haberse reducido), impuestos a los grandes grupos financieros y empresariales, cuyos beneficios fueron exuberantes (y continúan siéndolo), y recuperando los niveles de gravación de las rentas superiores que nunca tenían que haber disminuido, pues su descenso ha contribuido a incrementar una polarización de las rentas que ha sido muy ineficiente para la economía del país. Y lo que es también importante, la reducción del déficit debiera hacerse en un periodo más extenso que el que se ha considerado como necesario, pues su reducción en la rapidez que se calcula retrasará considerablemente el estímulo económico y la creación de empleo.
Es más, las políticas de pactos –tanto las de Obama como las de Zapatero- están creando un grave problema en la cultura democrática de ambos países, pues lleva a desfigurar las ofertas políticas, convirtiéndose en una amalgama política en que todos parecen iguales (y percibiéndose, además, como parte del problema). Sería de desear que el gobierno socialista recuperara la identidad que le distinga de los partidos de derechas, aliándose con los otros partidos de izquierda, en lugar de ir diluyendo más y más su carácter diferencial.
