El alto funcionario bruselense José Manuel Barroso y el presidente checo elegido, Vaclav Klaus.
por Karl Müller
La Unión Europea recnooce un " déficit democrático ", sin embargo, no abandona sus viejos demonios.
Una campaña de desinformación fuelanzada contra el presidente de un Estado miembro para forzarlo a ratificar un tratado.
Los elegidos del Pueblo, cuando no comparten el punto de vista de Bruselas, deben someterse o dimitir.
«¿Qués lo que quieren que vote la gente?»
Esto respondió el entonces ministro alemán del exterior, Joseph Fischer, el 28 de febrero de 2004, en un reportaje del «Berliner Zeitung».
La pregunta fue, ¿Qué tenía él en contra de un referendo alemán sobre el planeado contrato de la UE en aquel momento?
Fischer ni siquiera consideró necesario fundamentar objetivamente su punto de vista.
El método de Fischer se ha impuesto mayoritariamente dentro de la UE. Sin tener reparos frente a los estados democráticos, los jefes de estado y de gobierno de los 27 países miembros, después de su fracaso en los referendos de Francia y Holanda, retocaron un poco el acuerdo, le dieron entonces el nombre de Tratado de Lisboa y negaron a sus pueblos el derecho a votar. Sólo en Irlanda no fue posible.
Después de cinco años y medio, en octubre de 2009, se hace evidente cómo, por medio de una acción concentrada, se quiere obligar al presidente electo de un país miembro, quien tiene dudas sobre el planeado Tratado de Lisboa, a cambiar de opinión. Dudas que, por otro lado, comparten millones de europeos.
En la campaña contra Václav Klaus participaron también los medios mainstream. Por ejemplo, el «Frankfurter Rundschau» alemán. En un artículo del 16 de octubre, el presidente electo es presentado como un hombre a quien le gusta estar «solo en contra del mundo»; un hombre en el «rol de un excéntrico» que también en su propio país «entre tanto sería bastante discutido». Sus ideas sobre libertad serían «desenfrenadas», tiene una »tendencia misionera», muchos checos «se burlan de él» y sólo deja tras de sí «platos rotos» … En los otros medios es similar.
También políticos de la UE participan en la campaña. El «Sunday Times» británico informó el 11 de octubre, que un parlamentario alemán de la UE, el político del SPD Jo Leinen, exige un «proceso de suspensión del cargo» contra el presidente checo. El lenguaje es revelador: diplomáticos alemanes y franceses piensan que «el obstáculo Klaus debe sacarse de por medio».
Y el más alto funcionario del momento en la UE, el presidente de la comisión, Barroso, también opina que podría amenazar al presidente electo de un país, y decidir lo que es «inconcebible», «absurdo» o incluso «surreal». Así calificó Barroso a las consideraciones de acceder a las propuestas del presidente checo, para realizar cambios en el Tratado de Lisboa. También deberá ignorarse lo que el Tribunal Constitucional alemán estipuló claramente:que los estados miembros son los «deciditorios de los acuerdos» y no los comisarios en Bruselas. Y debe recordarse también lo que estipula el artículo 63 de la constitución checa: «El presidente negocia acuerdos entre los estados y los ratifica.» O no. Y en este caso el acuerdo no entra en vigencia.
¿Por qué la UE no se toma el tiempo para un debate democrático? ¿Por qué tanto apuro? ¿ Los de arriba en la UE le temen a los referendos como el diablo al agua bendita? El posible próximo jefe de gobierno británico – según las últimas encuestas – ha prometido a los votantes que, en caso de ganar las elecciones, va a hacer votar a los británicos sobre el Tratado. El actual primer ministro ha negado ese derecho a la población, porque sabe que el Tratado no tendría mayoría en su país.
Si Europa quiere recuperarse, la cuestión sobre la democracia debe estar en el orden del día. Elites incapaces de ser democráticas, no son una perspectiva para una Europa que quiere aportar algo para la comunidad humana, la paz, y la justicia en el mundo. Las personas a las que se respeta y protege su dignidad, deben poder decidir por sí mismas, cómo quieren vivir y configurar su destino. Sólo así es posible un desarrollo duradero. P.S.
Karl Müller
martes, 5 de enero de 2010
Los estados son los «señores de los Tratados»
jueves, 6 de agosto de 2009
El Tratado de Lisboa es un caballo de Troya para destruir las libertades
Titine Kriesi y Gisbert Otto
El veredicto de la Corte Constitucional alemana sobre el Tratado de Lisboa clarifica el debate político. Los magistrados no sólo señalaron que el nuevo texto implica numerosas renuncias en términos de soberanía –lo cual constituye un pleonasmo– sino que concluyen además que su filosofía es incompatible con los principios democráticos.
Por consiguiente, la Corte Constitucional alemana ordenó que la ratificación del Tratado de Lisboa se enmarque dentro de la reafirmación, por parte del Parlamento alemán, de una serie de principios superiores. Pero otros Estados no han dado muestras de la misma sabiduría.
El tratado de Lisboa va a profundizar las condiciones antidemocráticas y asociales en la UE. En ese tratado los estados nacionales transfieren casi todos sus derechos a la UE. Aproximadamente 500 millones de ciudadanos pierden su posibilidad de práctica democrática. La UE va a intervenir en todos los ámbitos de la vida de los ciudadanos. La brecha entre ricos y pobres se va a abrir todavía más. Ese proceso es contrario al Artículo 1 de la Ley fundamental que declara inviolable la dignidad del ser humano y obliga a Alemania a defender los derechos humanos.
Antidemocracia fundamental
Una constitución puede sólo ser legitimada por el pueblo, como está fijado en la Ley fundamental alemana: «El poder estatal emana del pueblo» (artículo 20 párrafo 2 frase 1 GG) y: «Esta Ley fundamental que rige para todo el pueblo alemán hasta la reunificación y libertad de Alemania, perderá su vigencia en el momento en que el pueblo alemán, por libre decisión, promulgue una constitución.» (art. 146 GG)
Según ese artículo, sólo un «pueblo europeo» podría legitimar la constitución – pero de hecho un «pueblo europeo» no existe. Un «estado europeo» supondría el acuerdo de los pueblos de Europa.
Sólo los ciudadanos tienen el derecho de decidir si desean transferir el poder estatal a la UE y de ser así, en qué medida. Contrariamente a la Ley fundamental, se evitó un referéndum sobre Lisboa porque el gobierno sabe muy bien que la mayoría de los ciudadanos habrían votado en contra de ese tratado. Pero no consultar al pueblo es contrario a la cláusula de inmodificación del art. 79 párrafo 3 GG: «No está permitida ninguna modificación de la presente Ley fundamental que afecte la organización de la federación en Länder, o el principio de la participación de los Länder en la legislación, o los principios enunciados en los artículos 1 y 20.» Las élites políticas ignoran ese principio fundamental conscientemente. Tratan de engañar a los ciudadanos. A través de la manipulación de la opinión pública quieren lograr sus metas de poder político. Una discusión pública o en los parlamentos no deberá tener lugar. Esa persecusión de poder es contraria a la ley fundamental – por ejemplo del artículo 1 GG «La dignidad de los seres humanos es inviolable» y del artículo 20 GG (Principios de la constitución). Esos artículos están por encima de toda política, para velar por la dignidad del ser humano y lograr para todos una existencia digna, en libertad, y sobre las bases de la verdad.
Sin democracia no es posible un estado de derecho
A través de la planeada integración antidemocrática de los estados en la UE, los pueblos retroceden a la época anterior a la revolución francesa. Se destruyen principios fundamentales del estado de derecho. Entre ellos, sobre todo la división de poderes, que protege a los ciudadanos de un abuso de poder. Resulta irresponsable que esa protección del derecho se pierda, en gran parte, por medio del tratado de Lisboa.
Sobre todo en la economía, las consecuencias van a ser más catastróficas de lo que ya lo son ahora. Por ejemplo, el «derecho al trabajo» que es parte de la Carta de los derechos fundamentales de la UE, así como en la declaración de los derechos humanos de 1948, se anuló en el tratado de Lisboa. También el derecho a una «remuneración adecuada y satisfactoria» del trabajo, que al trabajador le permita «asegurarse una existencia digna». Por el contrario, por primera en la historia de los derechos fundamentales se ha fijado en la Carta de la UE, la «libertad de comercio».
Acumulación de poder de la UE no declarada abiertamente
Inicialmente estaba previsto que la UE sólo podía ser activa, si era convocada explícitamente – el principio de la llamada «limitada autorización individual». Este principio es ignorado en los considerandos de la sentencia del Tribunal federal constitucional, a raíz de las autorizaciones extremadamente amplias atribuídas a la UE. Con el tratado de Lisboa, la UE puede actuar para lograr sus cometidos sin consultar a los parlamentos nacionales. Está incluso autorizada a subir los impuestos de la UE como le plazca. Además, por una resolución del Consejo europeo, con «procedimientos facilitados para cambios» puede cambiar totalmente, o en parte, el contenido del tratado (salvo lo referente a la política exterior y de seguridad). El tratado de Lisboa es así una ley de autorización; la UE se despide por completo de los principios constitucionales fundamentales, que son la base de la cultura europea. Ese engaño de las personas – con profundas repercusiones en la vida diaria – debe ponerse al descubierto.
Capitalismo desencadenado obtiene rango constitucional
La UE es una región del capitalismo global. Los pilares del capitalismo son las cinco «libertades fundamentales»: la libertad de tránsito de mercaderías, de capital, de asentamiento, de servicios así como de mano de obra, están fijadas en forma extrema en el tratado de Lisboa. Ese sistema del «mercado abierto y libre competencia» en el que el aspecto social es poco considerado, va a ser decisivo en nuestras condiciones de vida. El orden económico en Alemania tiene un fundamento social, en el que no sólo se considera el principio de eficiencia sino también el aspecto social: la economía debe tener también una función de servicio a la comunidad. En cambio, el tratado de Lisboa tiene una clara línea contraria a ese principio. La libre competencia no es más que un liberalismo que crea las condiciones de expoliación en nuestra actualidad, a costa del aspecto social.
Las exigencias para con los casi 8 millones que reciben la ayuda social Hartz IV, son vergonzosas. El sistema neoliberal de mercado y libre competencia no admite una política de trabajo estatal efectiva y lleva a la tiranía del capitalismo desencadenado.
Principio del país de origen arruina la economía nacional
Un ejemplo extremo de la competencia sin piedad es el principio del país de origen, el cual repercute negativamente en las economías internas. Ese principio permite a empresas extranjeras realizar su trabajo en Alemania, bajo las condiciones que rigen en su país de origen. Por ejemplo, una empresa polaca con empleados polacos y ucranianos puede realizar trabajos con salarios muy por debajo de los salarios alemanes. Además de los salarios, rigen también las condiciones del país de origen, entre otros, para el standard de calidad, obligaciones de garantía etc. La competencia sin límites que así resulta, amenaza sobre todo a las empresas medianas y también a la cogestión de las empresas en Alemania. Aún más empresas tendrán que cerrar, pero también las multinacionales resultan afectadas, por ejemplo, las de productos alimentarios; se corre el riesgo de que éstas ofrezcan productos de menor calidad a precios más bajos, para lograr una mayor ganancia.
Se debilita la protección de los derechos fundamentales
El tratado de Lisboa legaliza la Carta de los derechos fundamentales de la UE. En esa Carta, el capital no tiene ninguna obligación social – contrariamente a la Ley fundamental según la cual éste debe servir también al bien común. Además, está ausente el derecho al trabajo – un derecho elemental según el artículo 23 de la Declaración general de los derechos humanos.
La UE se atribuye el derecho a la guerra
Los estados miembros pierden cada vez más la soberanía de la defensa a causa de la integración de las fuerzas armadas en la defensa conjunta. Además el tratado de Lisboa no sólo obliga a los países miembros de la UE al rearme, sino que en el art. 43 párrafo 1 EUV le atribuye el derecho a la guerra, sobre todo dentro de la lucha contra el terrorismo en todo el mundo y en los propios países. Con ello queda eliminada la prohibición de una guerra ofensiva, contenida en el art. 26 párrafo 1 de la Ley fundamental alemana.
Apoyarse en la democracia
Las estructuras democráticas vigentes son la única protección contra la deslealtad de los que toman las decisiones, quienes obedecen al capital y a las constelaciones del poder. Lamentablemente, vivimos en una época en la que el derecho es violado constantemente. Eufemismos o simplemente mentiras están a la orden del día. La misión de los soldados alemanes en Afganistán, por ejemplo, según el gobierno no es una misión de guerra, aún cuando obviamente lo es. Mentiras como esas deben ponerse al descubierto. También los procedimientos de una política de poder para establecer el tratado de Lisboa, a través del cual se anularía la democracia. Los pueblos de Europa tienen el derecho de vivir en paz y libertad como ciudadanos soberanos en una auténtica democracia.
Titine Kriesi y Gisbert Otto
Traducción Horizons et débats
viernes, 24 de julio de 2009
La Corte de Karlsruhe acepta el Tratado de Lisboa, pero no su dinámica
18 de julio de 2009
La prensa europea informó la decisión de la Corte Constitucional alemana sobre el Tratado de Lisboa como si se tratara de una simple peripecia que pudiera retardar ligeramente una ratificación que ya se considera como un hecho.
La Corte exigió, en efecto, una serie de garantías en cuanto a los poderes del Parlamento alemán. Esas garantías exigen la adopción de una ley orgánica, que solamente podrá tener lugar en el marco de una sesión extraordinaria del Parlamento alemán, ya convocada para el 26 de agosto. Faltarán entonces los irlandeses, el único pueblo consultado a través de un referéndum, por expresar su conformidad. Para tratar de conquistarlos ya no será posible introducir enmiendas en el Tratado porque habría que obtener entonces la ratificación de esas enmiendas por parte de los otros 26 Estados implicados, así que se enviará a los irlandeses una carta en la que los 26 se comprometerán a concederles algunos privilegios.
Más allá del problema de la ratificación, la decisión de la Corte Constitucional alemana –que consta de 147 páginas– plantea una interpretación restrictiva del Tratado de Lisboa. Los irlandeses podrán tenerla en cuenta en su voto y, por consiguiente, esta será impuesta a todos.
Sin embargo, si bien la Corte Constitucional alemana determinó que el Tratado de Lisboa es compatible con la Constitución alemana, también estipuló por otra parte que la integración europea no puede ir más lejos sin entrar a cuestionar la existencia misma de los Estados-naciones que forman parte de la Unión Europea.
La Corte afirmó:
que son los Estados-naciones –no la Unión Europea– los que sirven actualmente de marco a la democracia, o sea a la soberanía popular;
que, a pesar de la extensión de sus prerrogativas, el Parlamento Europeo es una asamblea ficticia, sin mayoría que sirva de apoyo a un ejecutivo y sin oposición. Es una expresión de los Estados miembros y no puede pretender representar al Pueblo europeo.
y, finalmente, que la ley penal, la policía, las operaciones militares, la política fiscal, la política social, la educación, la cultura, los medios de prensa y las relaciones con los grupos religiosos son competencia exclusiva de las soberanías nacionales, no de la Unión Europea.
Como conclusión, la Corte consideró que Alemania podía ratificar el Tratado de Lisboa como lo que es, pero que la dinámica que ese documento supuestamente debe impulsar no es compatible con las normas democráticas actuales.
