Madrid, 29 de mayo de 2009
Ocupación del IMMF en solidaridad con los chavales del centro de menores Picón
En la mañana de jueves, 28, alrededor de 30 personas han irrumpido en la sede del Instituto Madrileño del Menor y la Familia para exigir la clausura inmediata del centro de menores Picón.
Varias personas han subido a los balcones del edificio desplegando una pancarta, otro grupo de solidari@s se ha mantenido en el hall gritando en solidaridad con l@s chavales y varias personas más han permanecido en el exterior con una segunda pancarta.
Además, se ha hecho público el siguiente comunicado:
CENTRO DE MENORES PICÓN DE JARAMA.
Realizamos esta acción para solidarizarnos con los adolescentes encerrados en el centro de menores Picón de Jarama. Hace ya varias semanas que se hizo pública la situación de malos tratos que se vive en ese centro, gestionado por la Fundación O´Belén, y sin embargo los adolescentes allí internados no han sido liberados y los malos tratos continúan completamente impunes o han sido paliados temporalmente.
Hace más de 5 meses que Hamid el Amrani murió ahorcado cuando estaba aislado en su celda de Picón de Jarama. Han pasado otros 2 meses desde que el Defensor del Pueblo presentase un informe señalando que existen al menos 12 procesos judiciales abiertos respecto al mismo centro y señalando negligencias de todo tipo.
Sin embargo “Picón” continúa funcionando y no sólo no se ha derivado responsabilidad alguna, sino que siguen produciéndose violaciones de los derechos humanos y malos tratos en su interior. Temporalmente se han adoptado algunas medidas paliativas; los menores afirman que se han reducido los periodos de aislamiento, los insultos y las agresiones, pero la entidad gestora se mantiene, el equipo “educativo” es prácticamente el mismo y la situación es de completa impunidad. Los responsables de la Comunidad de Madrid, comenzando por la Consejera de Familia y Asuntos Sociales en lugar de tomar medidas contundentes han negado que existiesen denuncias, quejas, y los propios malos tratos, faltando a la verdad públicamente, criminalizando y restando credibilidad a los chicos y chicas a quienes supuestamente “protegen”.
La principal circunstancia que denunciamos es que Picón de Jarama se constituye de hecho como un centro de detención para menores desamparados que no han tenido la posibilidad de defenderse en juicio alguno. Sometidos a distintos regimenes (desde aquellos que permanecen constantemente en el interior del recinto hasta aquellos a quienes se permite acudir a centros educativos y laborales o salir por periodos determinados de tiempo), estos menores son privados de libertad en base a criterios subjetivos de funcionarios o incluso trabajadores de entidades privadas. Se está violando lo dispuesto en los artículos 763 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, 271.1 del Código civil y 6 del Decreto 246/2005 que señalan claramente que ninguna persona puede ser sometida a internamiento psiquiátrico sin ser escuchada previamente y sin la previa autorización judicial, independientemente de su edad o capacidad intelectual.
Como agravante, la reclusión no se produce bajo gestión pública sino en el interior de una institución privada tras la cual se encuentran intereses económicos que hasta el momento no han sido aclarados.
Respecto a las violaciones de los derechos humanos que se producen y se han producido en Picón de Jarama, destacamos:
o Agresiones físicas y psicológicas. En Picón de Jarama se han producido agresiones que han requerido tratamiento ambulatorio por parte tanto de vigilantes como de educadores. Algunas de estas agresiones han sido denunciadas y la Comunidad de Madrid en lugar de favorecer la investigación ha puesto obstáculos a ésta. Los insultos y las agresiones psicológicas son constantes.
o Aislamiento como forma de castigo y medio “terapéutico”. El aislamiento, definido por la HCFA (Administración sanitaria estadounidense) como “encierro involuntario de una persona en una habitación o espacio del cual se le impide físicamente salir” se aplica por periodos que pueden ir desde unas horas a varios días. A esto hay que sumar la existencia, desvelada por el defensor del pueblo, de cubículos especiales de castigo donde se aísla a los menores por periodos de hasta varias horas. Las Naciones Unidas prohibieron en 1990 el uso de aislamiento como castigo a menores, puesto que es una forma de tortura que genera riesgo de suicidio, autolesiones y trastornos mentales a corto, medio y largo plazo.
o Violación del derecho a la intimidad. Desnudos integrales, exploraciones físicas del ano o la vagina, escucha de llamadas, lectura de diarios y cartas, retirada de fotos u otros objetos personales son prácticas vejatorias efectuadas constantemente en el centro Picón de Jarama.
o Medicación forzosa, indiscriminada y suministrada por personal no sanitario. A menudo los fármacos son dispensados por educadores que no están capacitados legalmente para ello. Tenemos constancia de varios casos en que los menores han sido sedados a la fuerza o bajo coacciones.
o Castigos humillantes. Los menores internos en Picón están sometidos a las “medidas educativas creativas” que escojan sus “educadores”, medidas que pueden consistir en todo tipo de humillaciones.
Tanto la Comunidad de Madrid, como la Fiscalía de Menores y el Defensor del Menor tienen constancia de estos hechos, no sólo a través del reciente informe del Defensor del Pueblo, sino mediante multitud de cartas, denuncias y quejas que han recibido, de los cuales presentamos públicamente varias hoy. Somos conscientes de que tras la Fundación O´Belén se encuentran poderosos intereses económicos y políticos, y lamentamos constatar que estos han sido más fuertes que el respeto a los adolescentes y trabajadores que han pedido ayuda. Por ello optamos por la vía directa: mientras continúe la impunidad seguirá habiendo movilización social contra el maltrato.
sábado, 30 de mayo de 2009
Decenas de activistas toman el Instituto del Menor para exigir el fin de los malos tratos en el centro de menores Picón del Jarama
viernes, 29 de mayo de 2009
17 cárceles secretas ya reemplazaron a Guantánamo
Esto es lo que se apresta a revelar la asociación de juristas británicos Reprieve, los mismos a quienes debemos la revelación detallada de los vuelos secretos de la CIA. Según el documento, del cual el periódico The Guardian ya entregó un informe, la Casa Blanca habría optado, para escapar de toda acción judicial, por instalar sus prisiones secretas en las calas de los buques de guerra que cruzan las aguas internacionales. Diecisiete de estas prisiones flotantes ya han sido identificadas, entre ellas el USS Ashland, el USS Bataan y el USS Peleliu. Se trata, principalmente, de buques de asalto anfibio que tienen la particularidad de contar con calas fáciles de acondicionar. Los prisioneros se mantienen allí, dentro de celdas alineadas. Se trataría, actualmente, de 26.000 personas recluidas en estos « recintos ».
Desde 2001, más de 80.000 personas, en total, habrían transitado dentro de estas prisiones secretas de los Estados Unidos. Además de esto, Reprieve ha identificado más de 200 nuevos casos de « restituciones extraordinarias »(extraordinary renditions, N. de la T.), en otras palabras, de nuevos casos de secuestro, luego de que el Consejo de Europa publicara el informe de Dick Marty y las promesas de George Bush en que expresaba la renuncia total de su país a estas prácticas.
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jueves, 21 de mayo de 2009
¿Cuántas prisiones secretas mantiene Israel?
21-05-2009
Jonathan Cook
CounterPunch
Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández
El organismo para el control de la tortura de Naciones Unidas ha criticado a Israel por negarse a permitir que se inspeccione una prisión secreta, apodada la “Bahía de Guantánamo de Israel”, y exigió saber si actualmente hay operativos otros campos de detención de esa índole.
En un informe publicado el pasado viernes, el Comité Contra la Tortura exigió que Israel identificara la ubicación del campo, al que se refiere oficialmente como “Instalación 1391”, y permitiera el acceso al mismo del Comité Internacional de la Cruz Roja.
Los hallazgos de los grupos por los derechos humanos israelíes muestran que esa prisión se utilizó en el pasado para encerrar allí a prisioneros árabes y musulmanes, incluidos palestinos, y que los malos tratos y la tortura fueron prácticas que los interrogadores utilizaron de forma rutinaria.
El panel del comité de Naciones Unidas, formado por diez expertos independientes, encontró también creíble la información aportada por los grupos israelíes que afirman que los detenidos palestinos son sistemáticamente torturados a pesar de la sentencia del Tribunal Supremo de Israel de 1999 prohibiendo tales prácticas.
La existencia de la Instalación 1391 vio la luz en 2002 cuando por primera vez se detuvo allí a varios palestinos durante una nueva invasión de Cisjordania.
En una presentación ante el Comité de Naciones Unidas, Israel ha negado que en la actualidad mantenga a ningún prisionero en ese lugar, aunque admite que tuvo allí detenidos a varios libaneses durante el ataque contra el Líbano de 2006.
El comité expresó su preocupación por una sentencia del Tribunal Supremo israelí de 2005, que encontraba “razonable” que el estado no investigara las sospechas de tortura en esa prisión. El panel expresa su preocupación de que al no llevarse a cabo inspección alguna de la prisión, es muy probable que siga utilizándose o que vuelva a abrirse en cualquier momento.
El tribunal israelí, escribió el comité, “debería asegurarse que todas las acusaciones de tortura y malos tratos a los detenidos en la Instalación 1391 sean investigadas de forma imparcial y hechos públicos los resultados”.
Hamoked, una organización israelí por los derechos humanos, fue quien primero identificó la prisión después de que en 2002 las familias de dos primos palestinos detenidos en Nablus les perdieran el rastro. Funcionarios israelíes admitieron finalmente que los tenían detenidos en un lugar secreto.
Israel sigue negándose a identificar la localización exacta de la prisión, que se encuentra dentro de Israel, a unos 100 kilómetros al norte de Jerusalén. Pueden verse unos cuantos edificios, pero la mayor parte de la prisión es subterránea.
“Sabemos algo de la prisión porque el ejército cometió el error de llevar a los palestinos allí cuando ya no hubo más espacio en las principales prisiones israelíes”, dijo Dalia Kerstein, directora de Hamoked.
“El propósito auténtico del campo es interrogar allí a prisioneros del mundo árabe y musulmán, a los que es difícil seguir la pista porque sus familias no pueden contactar con organizaciones israelíes en petición de ayuda”.
La Sra. Kerstein dijo que esa prisión representaba una violación aún más grave del derecho internacional que la de la Bahía de Guantánamo, porque nunca había sido inspeccionado y nadie sabía lo que se estaba perpetrando allí.
Según los testimonios de los dos primos palestinos, Mohammed y Bashar Yadallah, les mantuvieron en celdas de aislamiento que medían dos metros cuadrados, con paredes pintadas de negro, sin ventanas y con una débil bombilla encendida las 24 horas del día. En las muy contadas ocasiones en que les escoltaron al exterior, les obligaban a ponerse una especie de gafas completamente opacas.
Cuando Bashar Yadallah, de 50 años de edad, preguntó dónde se encontraba, le respondieron que “en la luna”.
Según el testimonio de Mohammed Yadallah, de 23 años, fue repetidamente golpeado, le colocaron grilletes muy apretados, se le ató en posiciones dolorosas a una silla, no se le permitió ir al baño y se le impidió dormir, arrojándole agua si se quedaba dormido. También se informó que los interrogadores le mostraban fotos de sus familiares y les amenazaban con hacerles daño.
Aunque los palestinos que pasaron por esa prisión fueron interrogados por la policía secreta interna, el Shin Bet, los extranjeros cayeron bajo la responsabilidad de un ala especial de la inteligencia militar conocida como Unidad 504, tristemente célebre por utilizar métodos de interrogatorio mucho más duros que la primera.
Poco después de que se supiera de la prisión, un antiguo preso –Mustafa Dirani, dirigente del grupo chií libanés Amal- presentó una demanda en Israel afirmando que un guardián le había violado.
Al Sr. Dirani, detenido en Líbano en 1994, se le mantuvo durante ocho años en la Instalación 1391 junto con un dirigente de Hizbollah, el Sheij Abdel Karim Obeid. Israel confiaba en sonsacarles información en su búsqueda de un aviador desaparecido, Ron Arad, cuyo aparato fue derribado sobre el Líbano en 1986.
El Sr. Dirani alegó en el tribunal que un antiguo interrogador del ejército conocido como el “Mayor George” le había sometido a abusos físicos, incluido un incidente durante el que fue sodomizado con un bastón.
El caso se cerró a primeros de 2004 cuando se liberó al Sr. Dirani en un intercambio de prisioneros.
La Sra. Kerstein dijo que no había pruebas de que existieran en Israel más prisiones del tipo de la Instalación 1391, pero que algunos de los testimonios recogidos de ex prisioneros sugerían que se les había retenido en diferentes lugares secretos.
Expresó gran preocupación ante el hecho de que Israel pudiera haber sido uno de los países que recibieron vuelos con “entregas extraordinarias”, utilizados por EEUU para trasladar ilegalmente a otros países a los prisioneros capturados para someterles a tortura.
“Si una democracia permite la existencia de una prisión de ese tipo, ¿quién se atreve a decir que no hay más?”, dijo.
El comité examinó otras sospechas de tortura contra Israel, expresando una especial preocupación ante el hecho de que Israel no hubiera investigado más de 600 quejas presentadas por detenidos contra el Shin Bet desde que el panel llevó a cabo las últimas vistas en 2001.
También hizo hincapié en las presiones a que se sometía a los gazatíes que necesitaban entrar en Israel para recibir tratamiento médico tratando de convertirles en informadores.
Ishai Menuchin, director ejecutivo del Comité Público contra la Tortura de Israel, dijo que su grupo había enviado varias presentaciones al comité en las que se demostraba que se utilizaba sistemáticamente la tortura contra los detenidos.
“Después de la sentencia del Tribunal de 1999, sencillamente los interrogadores se han vuelto más creativos en sus técnicas”, dijo.
Añadió que, desde que Israel redefinió Gaza como “estado enemigo”, se pasó a considerar a los palestinos allí detenidos más como “combatientes ilegales” que como “detenidos por motivos de seguridad”.
“En tales circunstancias, podrían pensar que tienen derecho a tenerles encarcelados en prisiones secretas del tipo de la Instalación 1391”.
Jonathan Cook es escritor y periodista. Vive en Nazaret, Israel. Sus libros más recientes son “Israel and the Clash of Civilisations: Iraq, Iran and the Plan to Remake the Middle East” (Pluto Press) y “Disappearing Palestine: Israel’s Experiments in Human Despair” (Zed Books). Su página en Internet es: www.jkcook.net.
Enlace con texto original:
http://www.counterpunch.org/cook05182009.html
