28 de octubre de 2009
Lucía Sepúlveda Ruiz
(especial para ARGENPRESS.info)
Al filo del fin de su mandato, la Presidenta Bachelet anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley que le quitará competencia a la justicia militar para juzgar a civiles –entre ellos a los mapuche – y creará nuevos órganos militares: juzgados de garantía, tribunales orales y ministerio público para juzgar los delitos cometidos por miembros de las fuerzas armadas.
Es difícil que la iniciativa pueda avanzar, dado el receso anunciado para el 15 de noviembre por la Cámara de Diputados debido a las campañas electorales. Para la discusión del proyecto que implicará un elevado gasto en recursos para los nuevos mecanismos, sólo restará el escaso tiempo que queda desde el 13 de diciembre, día de la elección presidencial hasta la segunda vuelta (10 de enero). Lo que ocurra después, dependerá de quién sea elegido presidente de Chile, y hasta ahora ningún candidato ha puesto este tema entre sus prioridades, por lo que no se avizoran cambios en el futuro inmediato. En lo formal, sin embargo - aunque nada cambie en el país- la Presidenta podrá afirmar ante los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, que ha dado respuesta a las exigencias planteadas en ese sentido, en especial por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Precisamente sobre el tema “Justicia militar en causas mapuche” expusieron en la Universidad Alberto Hurtado el pasado 21 de octubre, en un auditorio colmado de público mayoritariamente mapuche, el historiador Sergio Grez, el jefe de prensa de radio BioBio, periodista Nibaldo Mosciatti, el padre de un preso político mapuche, Sadi Huillical, y los abogados especializados en derechos humanos José Galiano y Alberto Espinoza. La exitosa convocatoria partió de la agrupación mapuche Kilapán y los familiares de presos políticos mapuche, y apuntaba a contra lo que Mosciatti calificó ese día como “la brutal indiferencia de la mayoría de los chilenos sobre este conflicto, una indiferencia que es también desprecio…y desconocimiento por gran parte de los ciudadanos”. De ese foro surgió la voluntad de impulsar un amplio movimiento de solidaridad con los presos políticos mapuche.
Emplazamiento a los candidatos
Alberto Espinoza, docente de la Universidad Academia Humanismo Cristiano, abogado de FASIC (Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas) y defensor de presos políticos de ayer y de presos políticos mapuche hoy, sostuvo:
“A lo largo de los gobiernos de la Concertación se han cursado distintos proyectos y a más de 20 años del término de la dictadura, ninguno de ellos ha prosperado. ¿No sería bueno emplazar a los candidatos sobre esto? No encontramos proyectos en los que se materialice una reforma profunda, pese a que se ha consensuado la necesidad de introducirla. La justicia militar se validó a raíz de la reforma procesal penal. Fue a raíz de la Reforma Procesal Penal y la creación del ministerio público, que se introdujo una modificación a la Constitución del 80 en que por primera vez se reconoce la justicia militar y su independencia. En esa oportunidad se desperdició una gran oportunidad de haber reformado la justicia militar.”
A juicio del abogado Espinoza, no se justifica una jurisdicción especial de tipo militar. “Bastaría que se incorporara un capítulo en el Código Penal donde se establezcan los delitos militares y que los procedimientos para juzgar a los militares se desarrollaran dentro de las reglas universalmente aceptadas. No se justifica ni siquiera la existencia de un código militar. Los procedimientos deberían ser los mismos que los dispuestos para el resto de las personas.”
El profesional aclaró que respecto de los mapuche, el problema no es sólo la aplicación de la justicia militar. Afirmó: “Sería un error cargar la crítica exclusivamente al tema de la jurisdicción penal militar, ya que tanto esta como la de la reforma procesal penal tienen los mismos objetivos y las mismas características, que en la práctica privan a los imputados de su legítimo derecho a la defensa y a contar con las garantías procesales reconocidas para todos los seres humanos.”
Abuso de poder del Estado
Nibaldo Mosciatti agradeció la confianza de los mapuche en su radio. Al iniciar el foro, los organizadores habían comparado el rol de la BioBio con el de radio Cooperativa en dictadura (“la voz de los sin voz”), afirmando que en el campo mapuche se escuchan las noticias de ese medio para saber qué pasa en las comunidades.
El afirmó: “El Estado chileno ha recurrido a instrumentos como el uso de la ley antiterrorista, de testigos anónimos, y el privilegio de las amplias facultades de la justicia militar, que en la práctica constituyen abuso de poder. Es una herencia de la transición chilena…y una deuda fundamental de la democracia y de una transición que en aras de la estabilidad, estuvo dispuesta a sacrificar valores fundamentales de la democracia, como es la justicia. El acuerdo de no tocar el poder de los militares y civiles afines a la dictadura, se tradujo en la mantención de las excesivas atribuciones a la justicia militar. Nos acostumbramos a excluir, a segregar, a discriminar a los mapuche pero también no sólo a ellos. Los actores del conflicto se han ido deshumanizando, fruto de mucha humillación, mucha opresión e imposición de modelos, un modelo que tiene como única lógica la economía, la producción, y mira los territorios sólo como fuentes de recursos naturales explotables. Y a su vez, la respuesta de los humillados asume la lógica de la exclusión, la lógica de la negación del otro”.
Respecto del rol del gobierno, valoró la disposición al diálogo del ministro Viera Gallo en contraposición a “voces de autoridades que suenan como si tuvieran más vocación de esbirros que de políticos. Llaman al orden pero un orden desde la imposición, desde la amenaza de la fuerza…desde la defensa de los intereses de los poderosos”.
Sostuvo que a nivel del Estado, hay falta de imaginación para abordar los nuevos temas, y “falta de audacia para reconocer que hay fórmulas fracasadas, por ello enfrentamos el peligro de ser víctimas de la esterilidad de la política o de los políticos. Muchas veces sus declaraciones no son más que la repetición de fórmulas retóricas, vacías de sentido propósito y voluntad.”
Hizo un llamado a todos los actores del conflicto a intentar entender qué hay detrás de los gestos, las arengas y las declaraciones, a reconocer la diversidad, valorarla e intentar entender al otro. “Al final todos somos eternamente un otro. Y si no valoramos la condición humana de cualquier otro, no habrá espacio a su vez para que nos entiendan”, alegó Mosciatti, que había iniciado su intervención advirtiendo que iba a hablar “desde el corazón”.
Concluyó aseverando: “A veces, viendo la esterilidad de tantos discursos y leyes me pregunto si la solución no pasa primero por una toma de conciencia de todos nosotros. ¿Iremos camino a eso? Esa es mi esperanza.”
Los requerimientos
Alberto Espinoza se remontó a los orígenes del concepto de “requerimiento”, que actualmente es la acción judicial presentada por ley antiterrorista o por ley de seguridad interior del estado contra los luchadores sociales mapuche. En 1502, un documento llamado “Requerimiento” elaborado por una junta de juristas de Burgos, España, legitimó el concepto de guerra justa para reprimir y aplastar a los pueblos originarios, con el aval del Papa y el rey.
Criticando la aplicación de la ley antiterrorista a quienes son detenidos por atentados incendiarios, recalcó que para la definición de terrorismo, la afectación del bien jurídico de la vida debe estar presente y también se requiere que el supuesto terrorista cuente con armas de gran poder destructivo “y no creo que lo sean las piedras, las hondas y los palos. Se les aplica esta ley a los comuneros cuando frente a ellos, están los carabineros que sí tienen armas de gran poder destructivo. Es una fuerza policial que en la realidad está militarizada. Sería interesante determinar cuál es el poder de fuego y el tipo de armas e instrumentos que utiliza. Cuenta con armas no sólo defensivas, y opera con tanquetas, helicópteros, que son medios propios de una guerra. Es un tema que requiere un análisis más a fondo.” Alberto Espinoza tramita ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una demanda contra el Estado de Chile por la aplicación de la legislación antiterrorista en el caso Poluco-Pidenco.
Ahondando en la justicia militar, sostuvo que no cumple con principios básicos del debido proceso. Recordó que el juez militar es el comandante de división de cada zona, y deja ese cargo si es trasladado, lo que afecta principios como la imparcialidad, la inamovilidad y la independencia. Aunque toda sentencia debiera estar fundada en un proceso previo legalmente tramitado, “en la justicia militar eso no existe porque se aplica el sistema inquisitivo - nombre que proviene de la Inquisición- en el cual el derecho a defensa está profundamente limitado debido al secreto del sumario.” Por tiempo indefinido –pues el sumario no tiene plazo- el abogado que ve estas causas no conoce los cargos que hay contra los imputados ni los elementos sobre los que se construyen esos cargos.
¿Carabineros son militares?
Alberto Espinoza criticó que la justicia militar incluya actualmente a Carabineros ya sea como víctimas o como acusados. “En la constitución Carabineros es reconocido como fuerza de orden y seguridad pública, al igual que la Policía de Investigaciones. Algunos jueces de garantía han promovido contiendas de competencia respecto de carabineros, pero la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional las han rechazado, estrechando filas para consolidar esa institucionalidad, ante la indiferencia de los legisladores y el poder ejecutivo. “
El abogado destacó sin embargo que en los dos últimos años la Corte Suprema ha dictado fallos respecto de que los menores no pueden ser juzgados nunca por la justicia militar. Adelantó asimismo que a partir de la vigencia del convenio 169, está explorando cómo fundamentar una incompetencia de la justicia militar para procesar al pueblo mapuche.
Guerra de baja intensidad
El historiador Sergio Grez, director del Museo B. Vicuña Mackenna, y uno de los impulsores de dos declaraciones/manifiestos en apoyo al pueblo mapuche ante los asesinatos de comuneros, recalcó que “como ciudadano (cualquiera sea mi especialización en tanto historiador) no puedo callar, no podemos callar ante los graves sucesos que están ocurriendo en la Araucanía. Es necesaria una enérgica reacción de todos quienes viven en este país, winkas, mapuches y demás pueblos originarios, para frenar los preparativos de la guerra de baja intensidad que el Estado de Chile está empezando a implementar en la Araucanía. Hoy son los mapuches, mañana será cualquier grupo o sector social que se levante de manera decidida para luchar por sus derechos.”
Para él, los métodos empleados para quebrar la resistencia mapuche son “la militarización del territorio mapuche a través de la instalación permanente de Carabineros como guardia pretoriana de los empresarios en las zonas más álgidas; violencia policial creciente contra las comunidades; cerco mediático (salvo honrosas excepciones como Radio Bío-Bío); acción de una vasta red de espionaje y soplonaje, intervención de correos electrónicos y escuchas telefónicas”.
Describió asimismo el acoso permanente a las comunidades que luchan por recuperar sus tierras, recalcando: “Día a día hombres, mujeres y niños mapuches son maltratados, insultados, humillados, golpeados, arrastrados y detenidos por Carabineros y la Policía de Investigaciones. Algunos, como Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collío son asesinados por la espalda. Los helicópteros policiales vuelan día y noche por sobre las tierras de estas comunidades. Los mapuches sufren controles de identidad abusivos, vejatorios. Sus luchas son criminalizadas y judicializadas por el gobierno y el poder Judicial, y son deformadas y condenadas por la prensa (salvo contadas y honrosas excepciones) y por los partidos políticos con representación parlamentaria.”
Agregó que los militantes más activos y combativos de la causa mapuche son perseguidos, maltratados, torturados, encarcelados y sometidos a procesos tanto por la justicia civil como por la justicia militar bajo la ley antiterrorista “heredada de la dictadura militar y utilizada profusamente bajo los gobiernos de la Concertación.”
Explicó también que si una causa criminal parece no prosperar, los fiscales civiles y militares “se afanan en inventar nuevas acusaciones para poder retenerlos largos períodos en prisión”. Reveló que eso es lo que está ocurriendo con Héctor Llaitul, dirigente de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) a quien le comunicaron en estos últimos días la apertura de un nuevo proceso. Cada causa significa hasta nueve meses de prisión preventiva mientras dura la investigación.
Llamados a la guerra
Por su parte Mosciatti se refirió a una declaración reciente de la CAM, señalando: “Cuando escucho convocatorias que llaman a una guerra, me asombra constatar cómo no hemos aprendido nada de nuestra historia reciente acerca de los efectos del uso de la violencia en nuestra patria. La violencia, aunque sea justa, al hacerse habitual termina degradando también a quien la ejerce. La violencia es lo mismo que el poder….corrompe, pero primero brutaliza, porque da excusas para el abuso, justifica el abuso. Hemos vivido siglos de guerras y revoluciones, y ¿para qué? Yo sólo veo rumas de cadáveres que terminaron matando los ideales de esas guerras o revoluciones. Las palabras inflamadas, detrás de la violencia y las proclamas…sólo sirven para despertar a nuestros más bajos instintos, azuzar a la bestia que vive en cada uno de nosotros. ¿Dejaremos que el odio, a punta de palizas, de discriminación, acorralamiento, de quema de camiones, sea el que trace el camino? ¿Hay así un camino posible?”
Recuerdos de la DINA
Ligando pasado y presente Sergio Grez afirmó que los procedimientos de los fiscales le recuerdan las “condenas clandestinas” de la DINA durante la dictadura de Pinochet, que él conoció en el campo de concentración de Puchuncaví, en 1975. “Como no éramos sometidos a proceso ya que habíamos sido arrestados de manera absolutamente arbitraria y discrecional, la DINA decidía nuestro futuro determinando cuantos meses o años debíamos permanecer “fuera de circulación.”
Criticó asimismo la política del gobierno de pretender dividir al movimiento mapuche en “buenos” (que podrán recibir tierras) y “malos” (los que luchan y son considerados violentistas) y alertó sobre la formación de cuerpos paramilitares de “guardias blancas” patronales para reprimir al pueblo mapuche, tal como ha sido anunciado con la creación del Comando Hernán Trizano.
Al reseñar las características de la justicia militar, agregó que la imparcialidad de estos jueces también se ve afectada porque el Fiscal concentra las funciones de investigar, acusar y juzgar. El procedimiento penal militar significa una merma significativa de las garantías judiciales porque los tribunales militares no garantizan que los juicios sean públicos al no prever una etapa oral, desarrollándose los procesos de manera inquisitoria con una etapa preliminar sumaria, secreta y escrita.
Denuncia por tortura
Sadi Huillicán viajó a Santiago desde el poblado cordillerano de Icalma enclavado en el sur profundo, a más de 900 km de esta capital, y cerca de la frontera con Argentina, El es el padre de Jonathan Huillican Méndez (24 años) y dio testimonio en el foro sobre la detención de su hijo, torturado desde que fue detenido en Temuco por la PDI para que se culpara a sí mismo o a otro, de haber participado en una emboscada contra el fiscal Elgueta ocurrida. “Esto para mí y el sentimiento de los mapuche es sólo un montaje político en contra de nuestro pueblo. Es pura mentira.” El joven estudiante pehuenche lleva ya seis meses preso en la cárcel El Manzano, de Concepción, por ley antiterrorista. Su padre afirmó: “Con la gracia de Dios tengo la certeza y la convicción mediante el expediente que ya se abrió, que no hay ninguna prueba que justifique la acusación. Aquí se ve que sólo hay una intención del Estado contra nuestro pueblo, el Estado lo único que quiere es la extinción de nuestra cultura y nuestras raíces.” Agregó que los ocho presos de la cárcel de El Manzano fueron llevados a una reconstitución de escena en Cañete, pero se abstuvieron de participar porque no tenían que ver con esos hechos. Informó asimismo que el 25 de septiembre de 2009 presentó en tribunales de Temuco una querella criminal contra los responsables de la tortura a Jonathan, patrocinada por el abogado Pablo Ortega y agradeció la solidaridad recibida en Concepción y ahora en Santiago.
jueves, 29 de octubre de 2009
La justicia militar, Bachelet y los mapuche
martes, 1 de septiembre de 2009
Gaza: Demanda ante el Tribunal Supremo
Los defensores de las víctimas del ataque en Gaza solicitarán al Tribunal Supremo que se acepte su demanda por crímenes de guerra y contra la Humanidad contra altos cargos del estado israelí
Los demandantes del caso de Gaza, tras la decisión del Pleno de la Audiencia Nacional solicitando su archivo, solicitarán al Tribunal Supremo que se acepte la demanda y que se investiguen los hechos referidos a la demanda inicial y, además, en el auto de casación solicitarán su ampliación con aspectos que afectan a intereses españoles.
CSCA
Una vez conocido el auto de la Audiencia Nacional (apoyado por los magistrados Javier Gómez Bermúdez, Alfonso Guevara Marcos, Fernando García Nicolás, Ángela María Murillo Bordallo, Guillermo Ruiz Polanco, Ángel Hurtado Adrián, Teresa Palacios Criado, Carmen Paloma González Pastor, Ángeles Barreiro Avellaneda, Javier Martínez Lázaro, Julio de Diego López, Juan Francisco Martel Rivero, Nicolás Poveda Peñas y Enrique López López) y los votos particulares contrarios a la misma de los magistrados, Manuela Fernández Prado, José Ricardo de Prada Solaesa, Clara Eugenia Bayarri García y Ramón Sáez Varcárcel, en el que se solicita su archivo, y que se publica a continuación, la acusación popular señala:
1. El auto hace suyo y se adelanta en su puesta legal a las restricciones de la aplicación de la jurisdicción universal.
2. El auto acepta y hace suyos los argumentos israelíes de que se ha investigado y se sigue investigando el caso y, además, más grave que la justicia israelí responde y aplica las leyes internacionales y el respeto a los derechos humanos y es independiente al Estado ocupante israelí y sus normas de ocupación, aceptando por ejemplo la expresión 'territorio hostil' para Gaza y no la expresión aceptada jurídicamente de territorio palestino ocupado o el asesinato extrajudicial o la lógica israelí de que los daños colaterales justifican los fines.
3. Valora positivamente los votos particulares de los magistrados porque invierten la lógica mayoritaria de la Audiencia y resaltan la vigencia de la ley de jurisdicción universal y los crímenes graves y por lo tanto sujetos a investigación que han provocado la demanda.
4. Las acusaciones han formulado y presentado el escrito para ejercer su derecho al recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Están pendientes de entregar el recurso cuando el Tribunal Supremo disponga.
5. En el recurso previsto -y adelantándose a la posible modificación de la ley que restringiría la ley de jurisdicción universal realizada por el Gobierno y apoyada por diversos partidos conservadores, como el PSOE y el PP, estimulada en su día por el Ministro Moratinos en conversación con su entonces homóloga israelí Livni cuando fue aceptada inicialmente la demanda por el Juez Andreu- se va a plantear, además de las argumentaciones sobre vigencia de la ley de jurisdicción universal, la política judicial camufladora israelí para evitar demandas jurídicas y su implicación en la política de ocupación israelí, una ampliación del caso que afectaría a intereses españoles no reparados.
Finalmente, declaran que las víctimas, su equipo legal y las acusaciones han colocado su confianza en el sistema judicial español, por ser el único mecanismo para perseguir la responsabilidad de quienes ordenaron los crímenes y asi combatir la impunidad. Hasta el momento, ni el Estado Israel ni los individuos acusados de cometer crímenes de guerra han sido llevados antes a un tribunal y procesados conforme a normas internacionales legales.
La ley internacional codifica explícitamente la protección para los individuos y poblaciones civiles. Sin embargo, para que dicha ley sea relevante debe hacerse cumplir. Mientras se permitan a Estados e individuos violar la ley internacional, cometer crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad con impunidad, ellos seguirán haciendolo.
La ley internacional de derechos humanos está diseñada para proteger al individuo del abuso de poder Estatal. La justicia debe permanecer ajena a los intereses de estado.
No se puede ser cómplice de aquellos Estados que son acusados de violar las leyes internacionales o que protegen a presuntos criminales de guerra.
domingo, 26 de julio de 2009
La justicia española al lado de la impunidad y de criminales de guerra
Patricio Montesinos
Rebelión
La justicia española vive sus peores momentos de descredito al defender la impunidad de violadores de los derechos humanos, tras ordenar que se archive una querella interpuesta al ex presidente José Maria Aznar por su implicación en la guerra contra Irak, y revocar el procesamiento de tres militares norteamericanos que asesinaron en Bagdad al periodista José Couso.
En menos de una semana, la sala de lo penal del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional de ese país europeo decidieron, respectivamente, cerrar esos dos procesos judiciales que involucran a Aznar en crímenes de guerra, y a los soldados estadounidenses en la muerte en 2003 de Couso, reportero español que laboraba como camarógrafo en Bagdad luego de Washington perpetrar la sangrienta invasión a Irak.
Ambas determinaciones han puesto en tela de juicio no sólo a las instituciones legales españolas, las que han sido fustigadas por amparar a violadores de los derechos humanos y hacer triunfar la impunidad, sino también a las autoridades de ese estado ibérico por permanecer inertes ante esos hechos.
Medios políticos y periodísticos en Madrid han criticado severamente tales actuaciones del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, al tiempo de subrayar que en el caso de Couso se han impuesto la sumisión y el crimen sobre la Ley.
Por su parte, la familia del periodista asesinado reiteró en un comunicado el pasado martes que su lucha por la justicia continuará, y que recurrirán al amparo del Tribunal Constitucional para que el proceso contra los militares homicidas de Couso no pueda cerrarse definitivamente.
Asimismo, denunciaron la postura obstruccionista de la Fiscalía y de algunos magistrados que sólo buscan bloquear la investigación de la muerte del joven camarógrafo español, en la que hay indicios claros de una vulneración del Derecho Internacional Humanitario, que supondrían un crimen de guerra.
De otro lado, la Plataforma Juicio contra Aznar, que integran más de 20 mil españoles, colectivos sociales y fuerzas progresistas, reveló que agotará el proceso, llegando incluso a la Corte Penal Internacional (CPI).
En otro comunicado divulgado este viernes, esa organización aseguró que la decisión del Tribunal Supremo no contiene los mínimos argumentos jurídicos para acordar la inadmisión a trámite de la acusación contra el ex jefe del ejecutivo de Madrid.
La Plataforma anunció de igual modo que si se agota la vía interna, acudirá al CPI porque están en juego principios, valores y derechos contemplados en la Constitución española, como la justicia o la igualdad ante la Ley.
El texto de la querella interpuesta a Aznar expresa que la implicación de España fue “total y absoluta” por responsabilidad del derechista ex gobernante de ese país y otros dos ministros de su ex gabinete, quienes apoyaron política y militarmente al ex régimen del mandatario norteamericano George W. Bush en su invasión a Irak.
Concluye que los atentados terroristas en Madrid del 11 de marzo de 2004, que causaron la muerte a 192 personas y heridas a otras dos mil, fueron consecuencia directa de la participación española en la ilegal agresión liderada por Bush.
jueves, 16 de julio de 2009
El triunfo de la Impunidad
Familia Couso Permuy
15 julio 2009)
Podríamos hacer un análisis jurídico del archivo que la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha perpetrado sobre el caso de José Couso, pero, a estas alturas, queda bastante claro que en este cierre judicial no hay nada jurídico y sí mucho de sumisión y crimen.
Vivimos en un mundo “Orweliano”, 1984 ya está aquí. La guerra es la paz. El crimen es la democracia. La justicia es la impunidad. No hay más que leer la gran prensa. Que en el transcurso de un año mueran doce millones de niños y niñas por desnutrición debe ser una anomalía de la naturaleza. Que más de un millón y medio de personas fallezcan en Iraq en el espacio de seis años debe ser un viento de democracia. Que más de 300 periodistas hayan sido asesinados, también en Iraq, quizás sea producto de una epidemia que afecta a los reporteros en la cuna de la civilización.
Todo es normal, no pasa nada.
“Los Estados Unidos de América son una Democracia, incluso con más tradición y arraigo que la nuestra...” dicen en la sentencia los magistrados de la Sala de lo Penal. Sí, quizás ese sea nuestro problema, que no hemos aprendido las lecciones de la democracia estadounidense. No hemos comprendido Guantánamo, la detención indefinida, la ausencia de la presunción de inocencia. No nos quedan todavía claro las mentiras de las armas de destrucción masiva, el uso del uranio falsamente empobrecido, la partición confesional de Iraq. No hemos arraigado el apoyo a golpes de estado, la desestabilización de países díscolos, la creación de escuadrones de la muerte.
Nos consta que el concepto de “democracia” de MUCHOS magistrados a lo largo de la historia les ha llevado a vestir las togas de los tribunales nazis, firmar las sentencias de muerte del franquismo, bendecir y ocultar los planes de las desapariciones del “Plan Cóndor”, permitir las cárceles secretas o el GULAG de Guantánamo.
Su concepto de Justicia se basa en el arte de la genuflexión a los poderosos. Son las togas negras de la Impunidad. Los garantes de la protección de los criminales de guerra mientras vistan uniformes estadounidenses o israelíes.
Cuando observábamos vuestra indolencia en la vista del pasado siete de julio y os veíamos bostezar y dormitar ante los alegatos de nuestras acusaciones, podíamos percibir con claridad la sombra de muerte que proyectaba vuestra permisividad con los asesinos. Son los amigos de la impunidad, quienes desde los tribunales pervierten el concepto de Justicia transmutándola en amparo de la injusticia.
Mañana quizás estaréis de vacaciones. Nosotros, un día más, como hacen las gentes de Iraq, de Palestina o las familias de los desaparecidos y asesinados, os dedicaremos nuestro más sincero desprecio para encarar un nuevo día de lucha contra la impunidad. Una nueva jornada para combatir vuestro concepto de democracia bastarda que protege a los criminales y castiga a los asesinados.
Familia Couso Permuy: María Isabel Permuy López, Sabela Couso, Javier Couso, David Couso y Bárbara Couso
viernes, 26 de junio de 2009
Jun 25“Día de luto para la justicia internacional”.
COMUNICADO DE AMNISTIA INTERNACIONAL, HUMAN RIGHTS WATCH, Y ORGANIZACIONES ESPAÑOLAS (CC.OO, UGT, APDHE, AEDIDH, FADPDDHH y PAZ AHORA).
Sin que haya mediado un debate transparente y público sobre la reforma de la legislación que regula el ejercicio de la jurisdicción universal por los tribunales españoles, el Congreso de los Diputados ha dado un paso más para acelerar un proyecto de ley con graves consecuencias para la lucha contra la impunidad.
En el día de hoy se ha dado un claro mensaje de que España se preocupa más por no ofender a algunos Gobiernos poderosos que por poner fin a la impunidad de la que gozan los criminales.
La inmensa contribución efectuada por la justicia española durante más de una década al hacer comparecer ante sus tribunales a las personas sospechosas de haber cometido, u ordenado cometer crímenes de derecho internacional se verá severamente recortada, si el proyecto de ley prospera.
La precipitación para dar trámite a la reforma revela un profundo desinterés por contribuir a poner cerco a quienes desprecian la dignidad humana. Con el texto aprobado por el Congreso de los Diputados, la esperanza de las víctimas de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, tortura o desapariciones forzadas, enfrentará enormes dificultades y sus responsables tendrán menos motivos de preocupación.
Así, para que los jueces puedan conocer de tales casos y de aquellos otros igualmente cometidos fuera de España constitutivos de terrorismo, piratería y apoderamiento ilícito de aeronaves, delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores e incapaces, y el tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, deberán acreditarse condiciones que pueden afectar seriamente la persecución de tales crímenes y la posibilidad de hacer comparecer ante la justicia a sus autores.
Además, el texto propuesto, a pesar de que nombra a los tratados internacionales, no ofrece garantías de que éstos prevalecerán, lo que supondría vulnerar la Constitución Española.
Cuando lo que más sobra en el mundo es la impunidad, no se explica la urgencia de minar uno de los instrumentos más eficaces en la lucha contra la impunidad, mediante reformas que sólo favorecen a los perpetradores de los crímenes más atroces contra los seres humanos.
Adhesiones:
· AMNISTIA INTERNACIONAL
· HUMAN RIGHTS WATCH
· ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS DE ESPAÑA (APDHE)
· Fed. de Asoc. de DEFENSA y PROMOCIÓN de los DERECHOS HUMANOS.
· CONFEDERACIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS (CS de CCOO)
· UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (UGT)
· Asoc. Española para el DERECHO INTERNACIONAL de los DERECHOS HUMANOS (AEDIDH)
· PAZ AHORA
sábado, 30 de mayo de 2009
La era de la impunidad
Gabriel Ruiz Enciso
Nuestro gobierno, junto con sus compañeros de viaje del PP (en ésto como en muchas otras cosas las coincidencias son totales) han decidido dinamitar el principio de jurisdicción universal, limitarlo fuertemente, para que no nos incomode políticamente y no nos cree problemas diplomáticos, en definitiva para que, entre otras cosas, no se utilice para juzgar a los que son “nuestros amigos”.
Hace algo más de dos años que murió el criminal genocida Augusto Pinochet, responsable de miles de muertes y torturas (paradójicamente murió el día internacional de los derechos humanos) y lamentablemente falleció tranquilo, en un hospital de Chile, sin haber pisado la cárcel y ni siquiera haber tenido que sentarse en el banquillo de los acusados, dejando impunes crímenes, torturas, violaciones, desapariciones... Sin embargo, hace ahora diez años, sí que hubo alguna posibilidad de que pudiese ser juzgado y condenado por los crímenes tan graves cometidos, el caso abierto por el juez Garzón y la solicitud de su extradición abrió nuevas esperanzas, aunque los trámites y recursos se alargaron considerablemente, y ciertos políticos (recordemos al británico Jack Straw, pero también el vergonzosos papel del gobierno español de Aznar para frenar el proceso) se esforzaron por parar su extradición a España y evitar por todos los medios que se hiciese justicia. Pues bien, muy pronto, casos como el de Pinochet, probablemente ya no serán posibles, ni tampoco casos similares a otros que ya obtuvieron sus frutos en la Audiencia Nacional, como los que se abrieron sobre los gravísimos hechos ocurridos en Argentina, o Guatemala.
Nuestro gobierno, junto con sus compañeros de viaje del PP (en ésto como en muchas otras cosas las coincidencias son totales) han decidido dinamitar el principio de jurisdicción universal, limitarlo fuertemente, para que no nos incomode políticamente y no nos cree problemas diplomáticos, en definitiva para que, entre otras cosas, no se utilice para juzgar a los que son “nuestros amigos”, o sea, justicia universal, sí; persecución de los crímenes de lesa humanidad como genocidio, torturas y crímenes de guerra, sí, por supuesto, pero siempre y cuando no afecte a nuestras relaciones diplomáticas, e intereses político y económicos. Eso sí, la reforma se hizo “de tapadillo”, en la misma sesión del Congreso (el 20 de Mayo) en la que se discutían las propuestas sobre la crisis: se presenta camuflada una propuesta del PP apoyada de manera conjunta con el PSOE, una enmienda en el proyecto de ley de Reforma de la legislación procesal para limitar el principio de jurisdicción universal.
Para garantizar que sólo puedan ser juzgados en España crímenes de lesa humanidad en aquellos casos en los que la víctima sea española, o el responsable esté en España o “concurra algún vínculo de conexión relevante con España”. Así, muchos de estos gravísimos crímenes se archivarán y podrán quedar impunes, no podrán seguir siendo juzgados en la Audiencia Nacional.
Curiosamente, ha sido en este momento y no en otro, coincidiendo con que una demanda ha afectado a Israel (concretamente en el caso que se lleva en la Audiencia Nacional contra siete responsables israelíes por la masacre de Al Daraj, Gaza, en 2002) cuando el Gobierno español y la mayoría de los diputados se han doblegado y han decidido cambiar la actual ley española para no tener que procesar a unos criminales de guerra. Se cumple así, sin duda, con la promesa que el ministro Moratinos siempre negó haber hecho a Tzipi Livni, para modificar la jurisdicción universal en España y evitar así que estos militares y políticos israelíes puedan ser juzgados en España por delitos como esa masacre cometida en Gaza en el año 2002 con la muerte de varios civiles inocentes (entre ellos varios niños).
Un experto en derecho internacional como Antonio Segura (autor entre otros de la querella contra siete responsables israelíes por un bombardeo en Gaza, contra los autores intelectuales de Guantánamo y de la demanda de los Españoles víctimas en Mauthausem) decía en un artículo en el diario Público: “El asunto es de tal gravedad que si cambiamos el delito al que se le pretende dar impunidad, sería como decir que porque el Ministro de un estado x, ha sido sorprendido traficando con sustancias estupefacientes, los partidos mayoritarios se alían para cambiar la ley sobre el tráfico de drogas, o porque un presidente de una comunidad autónoma se apodera del dinero público en su beneficio, vamos a cambiar el código penal para darle impunidad”.
Este abogado, llega incluso a calificar de delincuentes a los diputados que han aprobado la reforma, y no lo hace desde una descalificación gratuita sino basándose en que la modificación de la ley aprobada por estos diputados, con la clara intención de frenar las investigaciones de militares y políticos israelíes, podría ser también contraria a nuestro Código Penal (Art. 451):
“Será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años el que, con conocimiento de la comisión de un delito y sin haber intervenido en el mismo como autor o cómplice, interviniere con posterioridad a su ejecución, de alguno de los modos siguientes (...):
3. Ayudando a los presuntos responsables de un delito a eludir la investigación de la autoridad o de sus agentes, o a sustraerse a su busca o captura, siempre que concurra alguna de las circunstancias siguientes:
1.Que el hecho encubierto sea constitutivo de traición, homicidio del Rey, de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, de la Reina consorte o del consorte de la Reina , del Regente o de algún miembro de la Regencia , o del Príncipe heredero de la Corona, genocidio, delito de lesa humanidad, delito contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, rebelión, terrorismo u homicidio.(...)
Y finalmente, cita también este abogado, que esta modificación implica el incumplimiento de las Convenciones de Ginebra, las obligaciones contraídas en el ámbito de la Asamblea General Naciones Unidas (Resolución 3074 de la Asamblea General de 3 de diciembre de 1973, en la cual se determinaron los Principios de cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra, o de crímenes de lesa humanidad) y otra serie de convenios internacionales y de respeto a los derechos humanos.
En definitiva, estamos ante un hecho gravísimo, que se ha ocultado a la ciudadanía, y que se va a modificar de una forma claramente precipitada, pero con una intencionalidad muy clara. Un hecho con enormes consecuencias, para la persecución de las violaciones de derechos humanos y delitos de enorme gravedad que afectan a toda la humanidad. Una vez más, la impunidad de los criminales y genocidas se impone para salvaguardar nuestros intereses económicos y relaciones diplomáticas, por encima del respeto a los derechos humanos. Eso sí, insisto, como en casi todo PSOE y PP caminan otra vez juntos de la mano, porque un hecho tan grave merece también que acusemos directamente a sus principales responsables, así como también para que los ciudadanos y ciudadanas tomemos buena nota y tomemos medidas (algo a tener en cuenta, por ejemplo de cara a estas elecciones europeas). Al mismo tiempo, es fundamental que traslademos la información de manera sencilla (sobre todo para aquellos que no somos juristas) a otros ciudadanos y ciudadanas, porque no es de recibo que un hecho tan grave pueda ser ocultado de esta manera, privando de cualquier debate e información a la ciudadanía.
El pasado lunes, mientras comía en un restaurante del centro, repasaba la prensa y las noticias sobre la reforma y las vergonzosas palabras con las que el ministro Moratino pretendía justificarlo. Mi indignación la compartían también muchos magistrados y expertos que criticaban contundentemente la modificación y la calificaban de chapucera y atropellada. En ese momento entró en el restaurante uno de los Diputados por Málaga del PSOE que había votado la propuesta. No pude resistirme a enseñarle el periódico y le dije: ¿esto es una vergüenza, verdad?: sorprendido y contrariado por mi pregunta sólo acertó a decir, “es que si entramos en el tema del derecho internacional....”, a continuación añadió “ese de todos modos es un tema muy complicado...” (como si quisiera decir con ello que estaba hablando de un tema, del que yo, “pobre infeliz”, no entendía nada). Tuve la tentación de decirle algunas cosas más sobre la actitud tan servicial que habían tenido con la Sra. Tzipi Livini y el gobierno de Israel, amparando así la impunidad sobre los gravísimos crímenes que están cometiendo contra la población palestina, preferí ignorarlo, esperando que con mi comentario la comida se le hubiese atragantado un poco. En su rostro de político confundido (por el cuestionamiento de un humilde ciudadano, sobre un tema del que suponen que no deberíamos entender ni opinar), pude ver también las risas y carcajadas de los muchos genocidas, torturadores y criminales de guerra que ahora, gracias a ellos, podrán respirar un poco más tranquilos. Señoras y señores, ahora sí, queda formalmente inaugurada la era de la impunidad.
Gabriel Ruiz Enciso
Miembro de la Asociación Al Quds de Solidaridad con los Pueblos del Mundo Árabe, desde esta asociación seguimos apoyando los casos abiertos en la Audiencia Nacional contra militares y políticos israelíes.
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www.alqudsmalaga.org
Málaga, 28 de mayo de 2009
Artículo de www.profesionalespcm.org
Fecha: 28/05/2009
viernes, 22 de mayo de 2009
PSOE y PP se alían con Israel
La Jurisdicción Universal por encima de las razones de Estado
Antonio Segura/Santiago González
Rebelión
22-05-2009
El pasado 19 de mayo, nos despertamos con la noticia de que el PSOE y el PP se aliaban para recortar la aplicación de la Justicia Universal. La verdad es que no sorprendió a nadie. El Ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos ya prometió cambiar la ley que permite la persecución de crímenes de guerra a la entonces Ministra israelí, Livni, cuando todavía no se habían apagado los fuegos de los bombardeos israelíes en Gaza.
El Ministro laborista Barak ya dijo, cuando se admitió la demanda en la Audiencia Nacional contra siete responsables israelíes por la masacre de Al Daraj (de 2002) que apelaría al ‘compañero’ Zapatero de su misma Internacional Socialista a cambiar las leyes españolas para que se cerrase esa y las demás posibles demandas que afectan a la política de estado israelí de llevar la ocupación hasta sus extremos más criminales.
Si se ha pedido que se haga justicia es porque ha fracasado la acción política. Ha habido razones de estado y la complicidad de la comunidad internacional, incluyendo a los Gobiernos españoles, para fortalecer la ocupación y la impunidad israelí. ¿Cuántos hechos consumados israelíes ha habido, hay y habrá y cuánto premio ha recibido la impunidad israelí en todos estos años?
Así como suena, cuando afectó a Israel una demanda, es cuando el Gobierno español y la mayoría de los diputados se doblegan y dicen que hay que cambiar la actual ley española para no tener que procesar a unos criminales de guerra. Y decimos criminales de guerra porque ni las autoridades israelíes, ni el Fiscal español que se opone a la investigación en la Audiencia Nacional del asunto de la masacre de Al Daraj han argumentado que no lo sean, lo que han dicho es que España no es competente, eludiendo sus responsabilidades. Y como España según las Convenciones de Ginebra, en concreto la cuarta, según el artículo 96.1 de la Constitución, según el artículo 23. 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y según la sentencia del Tribunal Constitucional 327/2003, (caso Guatemala), no puede eludir la aplicación de la Ley sobre esos criminales, y según las normas emanadas de su propio parlamento es competente, los diputados del PSOE y del PP deciden cambiar la ley para dar impunidad a estos criminales.
A estos y a todos aquellos que han cometido crímenes tan horrendos, pues no debemos olvidar que la Jurisdicción Universal es para esos crímenes y no para todos los delitos, los crímenes más graves contra la humanidad, humanidad que no olvidemos somos todos.
El asunto es de tal gravedad que si cambiamos el delito al que se le pretende dar impunidad, sería como decir que porque el Ministro de un estado x, ha sido sorprendido traficando con sustancias estupefacientes, los partidos mayoritarios se alían para cambiar la ley sobre el tráfico de drogas, o porque un presidente de una comunidad autónoma se apodera del dinero público en su beneficio, vamos a cambiar el código penal para darle impunidad.
Es evidente que ese actuar sería no solo una falta de respeto al parlamento que en su día legisló lo que ahora se intenta recortar, si no y además, y esto es lo importante, sería incluso constitutivo de delito, pues a nadie se le escapa que se esta legislando para dar impunidad a delincuentes, saltándose a la torera todas las normas nacionales e internacionales que obligan al juzgamiento. Este tipo de actuar, aunque emane de los diputados de un parlamento, está también tipificado en nuestro Código Penal, y por ello hay que recordar a las señorías el contenido de su Artículo 451 que deberían conocer, o cambiar, que a lo mejor se les ocurre:
‘Será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años el que, con conocimiento de la comisión de un delito y sin haber intervenido en el mismo como autor o cómplice, interviniere con posterioridad a su ejecución, de alguno de los modos siguientes:
1.Auxiliando a los autores o cómplices para que se beneficien del provecho, producto o precio del delito, sin ánimo de lucro propio. 2.Ocultando, alterando o inutilizando el cuerpo, los efectos o los instrumentos de un delito, para impedir su descubrimiento. 3.Ayudando a los presuntos responsables de un delito a eludir la investigación de la autoridad o de sus agentes, o a sustraerse a su busca o captura, siempre que concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1. Que el hecho encubierto sea constitutivo de traición, homicidio del Rey, de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, de la Reina consorte o del consorte de la Reina, del Regente o de algún miembro de la Regencia, o del Príncipe heredero de la Corona, genocidio, delito de lesa humanidad, delito contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, rebelión, terrorismo u homicidio. 2.Que el favorecedor haya obrado con abuso de funciones públicas. En este caso se impondrá, además de la pena de privación de libertad, la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a cuatro años si el delito encubierto fuere menos grave, y la de inhabilitación absoluta por tiempo de seis a doce años si aquél fuera grave.’
En noviembre del 2003, se aprobó una ley orgánica en la que se introdujo la circunstancia primera que habla de que el encubrimiento lo sea de un delito de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos, justo lo que ustedes están haciendo.
De aprobar esa modificación del artículo 23.4, no solo los diputados estarían dando cobijo a la impunidad encubriendo unos criminales y por tanto delinquiendo según las leyes vigentes, sino y además estarían incumpliendo las Convenciones de Ginebra, las cuales se han comprometido a respetar y hacer respetar sin olvidar las obligaciones contraídas en el ámbito de la Asamblea General Naciones Unidas que les impiden actuar tomando este tipo de medidas legislativas, en concreto las obligaciones contraídas en la Resolución 3074 (XXVIII) de la Asamblea General de 3 de diciembre de 1973, en la cual se determinaron los Principios de cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra, o de crímenes de lesa humanidad, y en concreto y para el caso en su punto 8 se dice: “ Los Estados no adoptarán disposiciones legislativas ni tomarán medidas de otra índole que puedan menoscabar las obligaciones internacionales que hayan contraído con respecto a la identificación, la detención, la extradición y el castigo de los culpables de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad “. Precisamente lo que los diputados que aprobaron la Resolución mencionada pretenden hacer.
Por ello, de aprobar semejante modificación legislativa, esos diputados se convierten en auténticos delincuentes tanto en el ámbito interno como a nivel internacional. Aunque sea por esta argumentación, ya que evidentemente no les importan los derechos humanos, al menos piensen en ustedes y recapaciten en su actuar, dejando la ley como está, ya que la misma solamente perjudica a los criminales y beneficia al resto de la humanidad.
Antonio Segura. Abogado, autor entre otros de la querella contra siete responsables israelíes por un bombardeo en Gaza, contra los autores intelectuales de Guantánamo y de la demanda de los Españoles víctimas en Mauthausem.
Santiago González, es miembro del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe.
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martes, 12 de mayo de 2009
Rosana Saberí puesta en libertad paor la justicia iraní
12/05/2009
El lunes pasado la reportera iraní nacida en EEUU, Roxana Saberi, que se hallaba detenida en Irán, fue puesta en libertad.
Saberi fue encarcelada el pasado mes bajo la acusación de espiar para EEUU y sentenciada a ocho años de cárcel, pero tras una campaña de protestas, la sentencia fue reducida a dos años y suspendida durante cinco. Ella es ahora libre de abandonar Irán.
“Estamos satisfechos de que se haya hecho justicia en el proceso de apelación y de que Roxana Saberi vaya a ser liberada de prisión en Teherán hoy,” dijo Hassiba Hadj Sahraoui, vicedirectora de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
Su liberación se produjo un día después de que un tribunal iraní estudiara la apelación de Saberi a puerta cerrada. Ella fue acusada inicialmente en enero de comprar alcohol, un acto ilegal en la República Islámica.
Saberi, que trabajó para varios medios de comunicación extranjeros, había sido también acusada de “cooperar con un estado hostil,” un cargo que conlleva una pena de prisión de hasta 10 años. Washington rechazó tales alegaciones como infundadas.
Sin embargo, el tribunal de apelación contradijo al veredicto inicial del 13 de abril sobre la base de que EEUU e Irán no podían ser definidos como hostiles el uno hacia el otro. “Ella fue sentenciada a dos años y tal sentencia quedó suspendida durante cinco, por reunir documentos secretos.”
Irán, que no reconoce la nacionalidad dual, señaló que Saberi había continuado trabajando “de manera ilegal” después de que su tarjeta de prensa fuera revocada en 2006.
La sentencia fue la más dura dictada hasta la fecha en Irán contra una persona con doble nacionalidad con respecto a cargos relativos a la seguridad y se produjo semanas después de que el nuevo presidente norteamericano, Barack Obama, propusiera un diálogo con Teherán para poner fin a tres décadas en las cuales los vínculos entre ambos países estuvieron cortados. Obama afirmó estar “especialmente preocupado” por Saberi, pero Irán insistió en que éste era un asunto interno y pidió a los países extranjeros que no se inmiscuyeran.
viernes, 1 de mayo de 2009
El lucrativo negocio de los centros de menores
Pablo Elorduy
Diagonal
Desde la aprobación de la ley del menor en el año 2000, diversas empresas y entidades han copado las adjudicaciones de centros de tutela, tratamiento y reforma de menores, al tiempo que la Administración se ha desentendido de su supervisión.
En abril de 2008, el BOE hacía pública la adjudicación del contrato de seguridad de dos centros de acogida (destinados principalmente a menores extranjeros no acompañados) a la empresa Levantina de Seguridad. Esto supone que más de 300.000 euros irán a parar a la empresa de José Luis Roberto, el conocido líder del partido de ultraderecha España 2000. Es otro ejemplo de lo que denuncian las asociaciones de defensa de los derechos de los niños, a saber, que empresas privadas han encontrado en la gestión de centros de menores (sean de acogida, de protección o de reforma), “un gran pastel a repartir”.
Así se expresa José Luis Calvo, de la Asociación Pro Derechos del Niño y la Niña (Prodeni), que considera que el sistema de protección se ha convertido en una industria, que “recoge la herencia de orfanatos y hospicios de antaño, regentados por la caridad de entidades religiosas o municipales y diputaciones, donde cada cual hacía de su capa un sayo”. Se ha convertido pues, en un negocio híbrido en el que se mezclan proclamas de índole caritativa con la lógica del mercado.
Algo que no era el objetivo de la Ley Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores (Ley Orgánica 5/2000), según el testimonio del fiscal Félix Pantoja, uno de sus redactores: “La idea inicial no era permitir que se privatizaran los reformatorios. Incluimos una disposición para que algunas asociaciones de barrio colaboraran en medidas como los trabajos en beneficio de la comunidad o la libertad vigilada, pero no imaginamos que se iba a utilizar para delegar la ejecución de la privación de libertad”.
Como indica el informe del Defensor del Pueblo Centros de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social, en el momento de elaboración del mismo “41 entidades privadas gestionaban 55 de los 58 centros [terapéuticos] existentes”. Otro dato que prueba la dinámica de privatización es que, según el mismo informe, aproximadamente el 80% de estos centros se han puesto en marcha en los últimos diez años. El grupo para Menores de la Asociación para el Seguimiento y Apoyo a Personas Presas en Aragón (Asapa) se lamenta, en un documento reciente, de que en la atención a menores “no parece que exista una voluntad política de tener un sistema de protección y apoyo a las niñas y niños dentro de la Comunidad más allá de los mínimos legales exigidos”. Así, junto a la omisión por parte de los Gobiernos autonómicos, responsables a partir de la Ley 5/2000 de la gestión de la protección de menores, se produce una “caza” de las adjudicaciones de centros de protección y de reforma. Como señala José Luis Calvo: “Hay entidades que, en principio defienden la igualdad y han abierto centros de menores y reforma. Otras se dedican a cuidar a personas con discapacidad o a la cooperación internacional y ahora gestionan centros de menores. Las administraciones autonómicas, por haberse visto desbordadas, han aceptado cualquier solicitud sin tener en cuenta requisitos mínimos imprescindibles, ni la profesionalidad y especialización del personal. Todo ello ha derivado en una mala calidad del servicio que ha sido detectada por el Defensor del Pueblo”.
Sin ánimo de lucro
Calvo explica que estas fundaciones y ONG funcionan a modo de subcontratas, y denuncia la complicidad de las administraciones: “Por poner un ejemplo, la Junta de Andalucía informó al Defensor del Pueblo de la existencia de un servicio de inspección a cada centro una vez al año, pero se calla, claro, que dicha inspección suele advertirse con 15 días de antelación con el propósito de facilitar a la respectiva ONG o fundación que todo esté en orden. Y en esas inspecciones no se requiere diálogo o conversación alguna con los niños y niñas, es decir, no se les pregunta”.
Para Asapa, la lógica empresarial en este campo es equiparable a la privatización de la educación o de la sanidad. A la falta de control por parte de los gobiernos autonómicos se unen conceptos del mundo de la empresa “como el de mercancía, contrata, cliente, productividad, rentabilidad, etc.”. Según Calvo, estas asociaciones funcionan por medio de órganos de gobierno desproporcionados “con numerosos cargos directivos (presidente, vicepresidente, directores generales,...). Y de ahí salen los sueldos de sus directivos, sus coches oficiales, sus comidas, sus encuentros, etc.”.
Según el informe del Defensor del Pueblo, como media, las administraciones abonan 3.810,30 euros al mes por la atención a los menores. Uniendo a este montante las aportaciones de distintas empresas a través de sus “obras sociales”, que funcionan como patrocinadoras, y las donaciones de suelo público por parte de las comunidades, estas organizaciones acumulan pronto un importante patrimonio. Calvo señala que, además, algunas de ellas –es el caso de Grupo Norte– pertenecen a grupos empresariales que cuentan con servicios de seguridad o catering “que lógicamente se llevan la adjudicación de dichos servicios”.
Negro futuro
La mayoría de los cuidadores, denuncia Prodeni, son elegidos por su fortaleza física o “por su mal carácter”, para contener a los adolescentes.
El informe del Defensor del Pueblo también ha puesto el acento sobre las malas condiciones laborales al asegurar que una de las características del personal educativo es su alto índice de rotación: “Además consideran que sus sueldos no se corresponden en absoluto con el trabajo realizado, y son excesivamente bajos (800 euros de media), y por último se lamentan del hándicap que supone para ellos la práctica inexistencia de una formación continua”. Asapa denuncia la realización de turnos ilegales en los centros de Aragón de hasta 52 horas seguidas.
Los menores, por su parte, quedan prácticamente abocados a una espiral que transita por el fracaso escolar y que, como señala el informe de la asociación aragonesa, refuerza “las vías de paso” del centro de protección al reformatorio y de ahí a la prisión. A este respecto, su informe subraya la semejanza (“es, literalmente, una réplica a escala”) entre el centro de reforma de Juslibol y la cárcel de Zuera.
En las circunstancias actuales, concluye el portavoz de Prodeni, el “sistema de protección es un factor importante de riesgo para buena parte de sus niños tutelados. Es un riesgo en sí mismo”.
Muere otro adolescente en un centro de menores del Estado español.
29 de Abril del 2009
La jueza de Instrucción número 1 de Coslada (Madrid) ha decretado el archivo provisional de la causa que abrió por la muerte de Saray G.M., que falleció tras saltar de un vehículo en el trayecto hasta un centro de menores de Azuqueca de Henares (Guadalajara) y cuya familia ha presentado una denuncia para que se investigue lo ocurrido.
Mientras la justicia y los políticos hacen la oídos sordos, otro menor muere en condiciones poco claras en Pamplona
El pasado 25 de marzo Miguel, de 17 años, fallecía en el Centro de Menores de Ilundain, en Pamplona. La noticia le llegaba a su madre a través de una llamada telefónica del centro donde le comunicaban que había sucedido un accidente. A preguntas de su madre de qué accidente, el centro le indicaba que su hijo se había suicidado. Parece que Miguel se ahorcó en la habitación en que permanecía encerrado.
Miguel, conocido como “Txapelo” por sus amigos y vecinos de Tudela, donde vivía, llevaba dos meses internado en el centro de Pamplona cumpliendo una medida cautelar.
Margarita, su madre, se queja de la falta de atención y del mal trato que viene recibiendo por parte de las autoridades del centro y de los servicios sociales, así como de la confusión que existe respecto a las circunstancias de la muerte de su hijo. En ningún momento han sido claros y precisos con ella.
Esta es la tercera muerte conocida de un menor en menos de 6 meses en los centros de menores del estado español. En los tres casos, el centro estaba gestionado por una entidad privada.
El Centro de Menores de Ilundain está gestionado por la entidad privada Fundación Ilundain Haritz-Berri.
Margarita está luchando para que se esclarezca lo que ha sucedido y para que se investigue cómo funcionan los centros de menores y qué pasa en el interior de los mismos. “Yo lo que quiero saber es lo que le ha sucedido a mi hijo y que la gente lo conozca, saber qué ocurre en estos centros. Que ninguna madre ni ningún chaval tengan que pasar por esto.”
Margarita se ha puesto en contacto con la asamblea a través de Paqui, la madre sevillana de la que hemos publicado anteriores noticias. Animamos a toda la gente que quiera apoyar a estas madres a que se ponga en contacto con ellas.
Seguiremos informando.
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Así lo han indicado a Efe fuentes de la representación legal de la familia de la chica, que murió el pasado 19 de abril a los 14 de años tras permanecer una semana en coma en el Hospital Niño Jesús de Madrid a causa de las lesiones que sufrió al saltar de la furgoneta que la trasladaba desde la estación de Atocha al centro de menores Casa Joven de Azuqueca.
Saray, que estaba internada en el centro desde mayo de 2008 bajo la tutela de la Junta de Castilla-La Mancha, volvía de pasar las vacaciones de Semana Santa en Ciudad Real con sus tíos y su abuela, encargada de su acogimiento al estar los padres de la menor en prisión.
Las fuentes consultadas han explicado que la jueza decretó el pasado 22 de abril el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones y que dos días después, el viernes 24, la abuela de la menor presentó una denuncia en ese mismo órgano judicial para que se investiguen los hechos.
En concreto, ha pedido que se tome declaración judicial al monitor que conducía la furgoneta, a las dos menores que viajaban en ella junto a Saray y al responsable del centro de menores Casa Joven de Azuqueca, que es gestionado por la Fundación O'Belén.
Las fuentes consultadas han confiado en que la jueza reabra la causa a partir de esta denuncia, pues cuando decidió archivarla no había practicado ninguna prueba y en el expediente sólo constaba el atestado de la Guardia Civil.
La muerte de Saray, además del proceso judicial, motivó la apertura de sendas investigaciones por el Defensor del Pueblo y por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
El Defensor del Pueblo, que criticó el funcionamiento de Casa Joven en el informe que presentó en febrero en el Senado sobre los centros de menores en España, volvió a visitar sus instalaciones el martes pasado, según las fuentes consultadas por Efe.
Más info: http://www.centrosdemenores.com
miércoles, 8 de abril de 2009
La Corte Suprema USA rechaza la Apelación de Mumia Abu Jamal
Siguen prolongando la injusticia contra Mumia
Martes 7 de abril de 2009/*
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Ayer 6 de abril, fue un gran día para los policías, fiscales, políticos, “periodistas”, y otros que llaman al linchamiento de Mumia Abu-Jamal. Sus incondicionales en la Suprema Corte de Estados Unidos mostraron sus verdaderas lealtades y rompieron sus propios precedentes al rehusar considerar su apelación orientada a ganar un nuevo juicio para establecer su inocencia. Muchos observadores piensan que esta apelación fue su última posibilidad para conseguir la libertad por la vía de las cortes, aunque su abogado dice que va a pedir una revisión.
Sí, un día de festejo para ellos, pero un día ominoso para todos los que buscamos su libertad. Es aún más ominoso que la Corte más alta del país todavía no se pronuncie sobre la petición de la Fiscalía de Filadelfia para ejecutarlo sin audiencia alguna.
En una entrevista con Noelle Hanrahan de Prison Radio el lunes 6 de abril, Mumia respondió: “No hay nada que leer. No hay orden. Sólo sé que mi nombre está en una lista de “Certioriari negado”… Si se refiere a la cuestión Batson, esto significa que los precedentes no valen nada, que la ley es la política por otros medios y que la Constitución no vale nada. Un jurado imparcial, tampoco”.
La base de la apelación fue la exclusión indebida de por lo menos 10 candidatos negros al jurado que condenó a Mumia Abu-Jamal a muerte en 1982 por el asesinato del policía Daniel Faulkner. En el caso “Batson vs Kentucky” de 1986, la Suprema Corte dictaminó que un acusado merece un nuevo juicio si se puede establecer que el fiscal usó sus vetos perentorios para eliminar candidatos al jurado simplemente debido a su raza. En el juicio original, el fiscal Joe McGill utilizó 10 o 11 de 15 vetos para eliminar candidatos negros bien calificados. Legalmente, Mumia tenía un excelente caso, fortalecido por una reciente opinión escrita por el juez Samuel Alito que dice que es preciso desechar un veredicto y ordenar un nuevo juicio si sólo un candidato está excluido del panel por razones de raza o religión.
Pero el año pasado el Tribunal del Tercer Circuito, en una opinión 2-1, le había impuesto un estándar excepcionalmente alto con respecto a la presentación de evidencia necesaria para establecer un caso de prejuicio racial. No es la primera vez que las cortes hacen excepciones especialmente para Mumia. De hecho, durante sus 26 años en prisión, se han vuelto la regla. Y esta vez, al respaldar la opinión del Tercer Circuito y negarle a Mumia el remedio concedido a una larga lista de otras personas, la Suprema Corte de Estados Unidos pretende —por lo menos— dejarlo en prisión por el resto de su vida.
Podría ser peor. La fiscalía quiere restaurar la pena de muerte, desechada por el juez William Yohn en su dictamen del 2001, el cual requiere una audiencia para determinar la sentencia (cadena perpetua o muerte). Este dictamen fue ratificado por el Tribunal del Tercer Circuito el año pasado, pero la apelación de la Fiscalía busca la ejecución sin audiencia alguna. Si la Suprema Corte acepta considerar la petición de la Fiscalía, podría tomar la decisión de permitir la ejecución de Mumia dentro de poco tiempo. El peligro es muy grande.
Los grupos de apoyo en Filadelfia y otras partes del mundo llaman a masivas expresiones de rechazo a este atentado contra la vida de Mumia Abu-Jamal.
Para enviar llamadas y correos de protesta a la Casa Blanca:
Teléfono: 001-202/456-1111
http://www.whitehouse.gov/CONTACT/
Amigos de Mumia en México
lunes, 30 de marzo de 2009
Suecia, corrupción escandinava y europea
