J.M.Álvarez
A la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado le han recomendado que el Gobierno español amplíe las medidas adoptadas en el plan de ajuste, una ampliación que durará años, y es que, en estos momentos, el problema, como apunta el diario GARA, es el Sistema, no un país. Tres ejemplos: España está endeudada con Alemania, Francia, Gran Bretaña e Italia. Italia le debe a Francia, Alemania, Gran Bretaña y España. Grecia a Francia, Alemania y Gran Bretaña (los países de la Europa del Este casi no cuentan). La deuda pública europea gira en torno a los 8 billones de euros.
Resulta significativo (y denota la gravedad de la situación) que Alemania, una de las primeras potencias económicas del mundo, debe ahorrar 80.000 millones de euros entre 2011 y 2014. Y lo hará como los demás: cargando contra los obreros y los desempleados, como si ellos fueran culpables del pillaje. Por su parte, el primer ministro británico David Cameron afirma que las decisiones que va a tomar en Gran Bretaña repercutirán en la población durante décadas. El capitalismo imperialista, y sus herramientas, el BCE y el FMI, descargan la deuda sobre los más débiles. No podía ser de otra manera.
En España surgen voces que piden la renegociación de la deuda, que significaría entrar en una espiral diabólica sin salida posible. Asoman aumentos de impuestos, copago sanitario y en educación, supresión de infraestructuras (ya en proceso, tras el ajuste inicial) nuevas rebajas de salarios y puñaladas a las pensiones públicas. La economía española ha sido más ficticia que real, pues se ha basado en la especulación y en dinero inexistente. En este caso, se hace necesario declarar la suspensión de la deuda, expropiar la banca privada e instaurar un Gobierno Provisional que excluya a corruptos y ladrones. Ni zapatero, ni Rajoy podrán resucitar un cadáver.
No podemos consentir que reinventen el capitalismo para prolongar su agonía. La crisis ya no se puede “exportar” alegremente (vía deuda externa) al Tercer Mundo como en tiempos pretéritos, en consecuencia el fin del capitalismo es inevitable; por tanto, en lugar de limitarnos a hacer criticas, debemos acelerar su desaparición aunque nos cueste sangre, sudor y lágrimas. En ese sentido, hay que trabajar en Internet, en la calle, en los barrios y en las fábricas. Si la gente no viene a nosotros, nosotros debemos ir a buscarla, concienciarla y embarcarla en la lucha.
miércoles, 9 de junio de 2010
Aceleremos la caída capitalista aunque nos cueste sangre, sudor y lágrimas
martes, 29 de diciembre de 2009
El atentado frustrado contra un avión estadounidense, huele a gato encerrado
J.M. Álvarez
28 de diciembre de 2009
La justicia de Estados Unidos (EEUU) ha acusado al nigeriano Umar Farouk Abdulmutallab, de intentar destruir un avión Airbus de la compañía Delta Airlines, pero a pesar de que el terrorista frustrado haya declarado haber sido entrenado en Yemen por Al Qaeda, existen puntos extraños que beneficiarían al presidente Obama en un momento en que su imagen beatífica está cayendo en picado, debido a sus últimas maniobras que recuerdan, en todo, a George Bush.
Llama la atención que una persona incluida en una lista de sospechosos, obtuviera, sin problema alguno, autorización para viajar a un país que exige, con varios días de antelación, a las compañías aéreas las listas de los pasajeros, en las que figuran los datos personales de los viajeros. Para “aclarar” este punto, las autoridades estadounidenses han manifestado que si bien, Umar Farouk figuraba como sospechoso, no tenía prohibido volar a EEUU, una afirmación que suena a chiste.
Por otro lado, la espontánea inculpación del detenido, y su supuesta formación en campos de adiestramiento de Al Qaeda en Yemen, justificaría la política belicista que el premio Nobel de la Guerra, ha iniciado en la frontera entre Yemen y Arabia Saudita, donde los bombardeos indiscriminados estadounidenses son cada día más frecuentes, debido a la confusa situación que se vive allí entre “milicianos irregulares chiítas”, soldados de Yemen y de Arabia Saudita.
Este atentado fallido beneficia al actual Gobierno en el debate abierto sobre la vigente Ley Patriótica, debate que la Cámara de Representantes decidió aplazar (no hace mucho), para dentro de 60 días, antes de que expire la ley, al considerar que no era momento apropiado para tomar una decisión sobre un tema que en absoluto es banal, pues afecta a las libertades fundamentales en EEUU, limitadas desde hace más de ocho años.
La Ley Patriótica se aprobó después de los atentados de septiembre de 2001. Desde entonces, diferentes grupos sociales exigen su derogación porque vulnera, entre otros, los derechos de privacidad y confidencialidad, y faculta al Secretario de Estado para considerar “terrorista” a cualquier grupo cuando sus actividades "amenazan la seguridad nacional, la política exterior o la economía de EEUU", algo tan ambiguo que permite incluir en esa categoría, a las organizaciones que no sean del agrado del Gobierno.
Por si fuera poco, se trata de una ley extraterritorial, abarca jurisdicción internacional, y al estar basada en creencias políticas, posibilita la creación de listas negras de las que salen y entran los países, en función de los intereses geoestratégicos de Washington. Los últimos movimientos de EEUU en América Latina propiciarían la aparición de nuevos Estados “terroristas” que bien podrían ser Bolivia, Venezuela o Ecuador. Lo sucedido, le ha venido tan bien a Obama que resulta imposible evitar la suspicacia.
Estados Unidos: Barack Obama ordena revisar los procedimientos de seguridad en aeropuertos
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El presidente de EEUU, Barack Obama, ordenó que se revisaran los procedimientos de seguridad en los aeropuertos después de un intento frustrado de ataque de bomba durante un vuelo de Delta Airlines en Navidad, informó el domingo un funcionario del gobierno.
El vocero de la Casa Blanca, Robert Gibbs, dijo durante su aparición en un programa de ABC y otro programa de la NBC que el presidente, quien está en sus vacaciones de Navidad y Año Nuevo en su lugar natal, Hawaii, ha recibido información constante de su equipo de seguridad nacional en relación al incidente.
Gibbs se refirió al caso del nigeriano de 23 años, identificado como Umar Farouk Abdulmutallab, quien intentó encender un artefacto explosivo en un vuelo de Delta/Northwest cuya ruta era de Amsterdam, Holanda a Detroit, Michigan.
Las autoridades de EEUU confirmaron anteriormente que el nombre del sospechoso no se encontraba dentro de la lista de aquellos que "no pueden volar" ya que no es considerado como un miembro importante de algún grupo terrorista, sin embargo, desde el mes pasado fue agregado a una amplia lista de vigilancia que incluye a personas sospechosas o que se sabe que tienen contacto o nexos con un terrorista o una organización terrorista.
Gibbs dijo que la lista de vigilancia no provoca de manera automática que se hagan revisiones de seguridad más severas para estos individuos, por lo que el presidente ordenó que se revisaran los procedimientos para determinar qué personas incluidas en esta lista deben someterse a revisiones más duras.
El presidente Obama también llamó a hacer una revisión para "descifrar por qué un individuo con el explosivo químico que él transportaba pudo abordar el avión en Amsterdam y volar hacia EEUU", dijo.
Un análisis preliminar hecho por el Buró Federal de Investigación (FBI) mostró que el artefacto contenía PETN, un fuerte explosivo, y los investigadores también encontraron lo que parecen ser restos de un jeringa cerca del asiento de Abdulmutallab, lo cual se cree que forma que parte del artefacto.
viernes, 3 de julio de 2009
Un tipo llamado Francisco Javier López Álvarez, alias "Patxi López"
J.M. Álvarez
Rebelión
03-07-2009
Iñigo Urkullu, presidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV), llegado al cargo de la mano de Ibarretxe (el último de los lehendakaris) se lamenta de los ataques que recibe su partido desde el Gobierno vasco, parido por el pucherazo que propicia la franquista Ley de Partidos -avalada por el Tribunal de Estrasburgo-, y advierte, con razón, que esos ataques sólo generan odio.
Nada nuevo bajo el sol. A los hijos de la Gran Patria les encanta sembrar odio, basta con leer las manifestaciones de Carlos Iturgaiz, eurodiputado del Partido Popular (PP), en las que desea fumigar (¿con gas Ciclón B, quizás?) no sólo a ETA, sino incluso a los miembros de II-SP, algo que se desprende de su “sabemos que la lista de II-SP es la lista de los criminales” (sic).
Francisco Javier López Álvarez, alias "el Patxi" (Lehendakari ilícito), junto al resto de invasores de Ajuria Enea, ha iniciado una estrategia denominada “el comienzo de la verdadera historia de la sociedad vasca”. En consecuencia, van y vienen a Madrid; visitan al obrero presidente Zapatero; se dan una vuelta por las luminosas instancias del ministerio del Interior para convertir a la Ertzaintza en un cuerpo auxiliar de la policía del régimen (conque le cambien el uniforme es suficiente);han decidido terminar con el sesgo (dicen que demasiado independentista) de la radio y televisión vascas; se van a lanzar sobre las ikastolas (según ellos, nidos de etarras en embrión), y no sabemos cuántas cosas más tendrán en mente. Objetivo: destruir la cultura e identidad de un pueblo, alienarlo y borrar la reivindicación de la independencia.
Tras el último atentado de ETA, don Francisco Franco, perdón, quise decir Francisco “el Patxi”, advirtió que usaría medios más contundentes, sin aclarar qué clase de medios (échate a temblar Urkullu), y bramó su “euskaldun hiltzaileak hil digu hiritarar” (el asesino vasco nos ha matado a un ciudadano), aclarándonos de esa guisa, que hay vascos y ciudadanos; por tanto los vascos no son ciudadanos, sino asesinos. Por cierto, ¿dónde ubicará al ex preso desaparecido, Jon Anza? ¿Habrá previsto una categoría especial donde incluir a los pistoleros democráticos que tanto gustan de las guerras sucias que parecen regresar?
Afirma el “Lehendakari” que hay nuevos hechos para ilegalizar a II-SP ¿Y cuáles son esos hechos? Pues que II-SP fue votada mayoritariamente por el mundo abertzale. Como es lógico, se congratula de que un tribunal europeo dictamine que la seguridad de la burguesía está por encima de la libertad, lo que, dicho en román paladino, significa marginar miles de votantes, total: una minucia. Lo primero es lo primero, y el recorte de libertades es gloria bendita para la subsistencia de todo Estado burgués. ¿Construirá “el Patxi”, una cárcel capaz de albergar, como mínimo, a ciento cincuenta mil vascos que votan revolución e independencia?
Fumigaciones; limpiezas en los órganos informativos; amenazas; medios más contundentes; segregaciones avaladas por Estrasburgo... elementos que dan alas pico y patas a don Francisco Javier López Álvarez, alias "Patxi López”, para realizar apologías de la venganza contra las que, seguro, no habrá un fiscal aburrido que abra investigación. Sin embargo, a Alfonso Sastre, por exigir diálogo y paz, lo quieren empapelar. Porca miseria...
http://jmalvarezblog.blogspot.com/
Ofensiva contra el independentismo vasco
El Tribunal de Estrasburgo avala la ilegalización de formaciones políticas y candidaturas vascas
El Tribunal de Estrasburgo emitió ayer tres sentencias en cascada en las que señala que la ilegalización de Batasuna y las posteriores anulaciones de listas para las elecciones municipales de 2003 y europeas de 2004 no vulneran la Convención Europea de Derechos Humanos.
I. IRIONDO GASTEIZ
Pese a que su publicación no figuraba en las previsiones oficiales anunciadas para esta semana y después de que el Gobierno español filtrara su contenido a determinados medios de comunicación, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dio a conocer ayer tres sentencias por las que señala que la ilegalización de HB y Batasuna y la anulación de agrupaciones electorales no viola la Convención que protege la libertad de reunión y asociación, pues entran dentro de las restricciones que legítimamente pueden abordarse para salvaguardar la seguridad pública y el orden. En definitiva, que el Tribunal de Estrasburgo avala las medidas de apartheid político dictadas por el Estado español contra la izquierda abertzale, al menos hasta 2004.
Como cabía esperar, los mandatarios españoles que idearon y aplicaron la Ley de Partidos se mostraron exultantes de satisfacción. Entre tanto, los afectados por la ilegalización anunciaban que comparecerán hoy ante los medios para hacer sus primeras valoraciones.
En el caso de Herri Batasuna y Batasuna, la acusación contra el Estado español se basaba en la vulneración del artículo 11 de la Convención europea de Derechos Humanos que sostiene que «toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación» y que «el ejercicio de estos derechos no podrá ser objeto de otras restricciones que aquellas que, previstas por la Ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y libertades ajenos».
Los abogados de las formaciones independentistas venían a decir que la Ley de Partidos se había redactado buscando su ilegalización y que se había aplicado con carácter retroactivo, lo que no es apoyado por el Tribunal de Estrasburgo, que considera, que desde su aprobación hasta la sentencia ilegalizadora, pasó un tiempo en el que los partidos afectados podían haberse adaptado a la ley y que los hechos utilizados para la ilegalización son posteriores a la entrada en vigor de esa norma.
Los demandantes señalaban también que el objeto de la disolución de Batasuna era ilegítimo, pues pretendía eliminar al independentismo del panorama político. El Tribunal asegura, por contra, que la existencia de otros partidos «separatistas» legales demuestra que esto no es cierto, y añade que la actuación es legítima puesto que busca «el mantenimiento de la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos y libertades de los demás».
Sin analizar las «pruebas»
Un tercer motivo para el recurso era la falta de proporcionalidad entre la «gravedad» del listado de acciones que sirvieron para avalar la ilegalización y los efectos de dejar fuera de la legalidad a una formación política.
Cabe recordar que entre aquellas «pruebas» figuraban no designar representantes en la comisión parlamentaria de víctimas de Gasteiz, participación de alcaldes y concejales en manifestaciones en defensa de los derechos de los presos políticos vascos, no condenas de atentados u otras declaraciones que los demandantes consideran que formaban parte del ejercicio de la libertad de expresión.
La respuesta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es que «no tiene la tarea de sustituir a los tribunales competentes, sino comprobar en términos del artículo 11, las decisiones que han hecho bajo su autoridad de evaluación» y, sin entrar a analizar caso por caso las «pruebas» que se le han detallado, concluye que «la acción de los demandantes (HB y Batasuna) debe analizarse en su totalidad como parte de una estrategia para lograr su proyecto político, en esencia contraria a los principios democráticos defendidos en la Constitución. Esto cumple con los motivos de disolución establecido en el artículo 9, apartado 2 c) de la LOPP, es decir, complementar y apoyar la acción política de las organizaciones terroristas con fines de perturbar el orden constitucional o dañar gravemente la paz pública. Por otra parte, en lo que respecta a las alegaciones de las demandantes que estos hechos deben considerarse protegidos por el derecho a la libertad de expresión, el Tribunal considera que los métodos utilizados no respetan los límites establecidos por la jurisprudencia de la Convención, a saber, la legalidad de los medios utilizados para ejercer este derecho y su compatibilidad con los principios democráticos fundamentales». Entre esos «medios» estaba, por ejemplo, la inclusión del anagrama pro amnistía en la página web, uno de los motivos de la ilegalización.
Las agrupaciones de electores
Una vez dictada la sentencia en la demanda de HB y Batasuna contra España, el Tribunal de Estrasburgo hizo públicas también las referidas a agrupaciones electorales creadas para las elecciones municipales y forales de 2003 y los comicios al Parlamento Europeo de 2004.
De partida, la Corte toma posición al afirmar que «está de acuerdo con la afirmación del Gobierno en virtud del cual la disolución de los partidos políticos HB y Batasuna han sido inútiles si podían continuar de facto a través de la los grupos electorales. Por lo tanto, considera que la restricción en cuestión está llevando a cabo los objetivos compatibles con el principio del imperio de la ley y los objetivos generales de la Convención, a saber, la protección del orden democrático».
Por ello avala también la «sucesión» diciendo que «el Tribunal considera que las autoridades nacionales tienen muchos elementos para concluir que el grupo electoral quería continuar las actividades de los partidos políticos declarados ilegales por adelantado».
En cuanto a que decenas de candidaturas fueran anuladas siguiendo un mismo patrón, Estrasburgo aduce que algunas fueron legalizadas al aceptarse sus recursos de amparo, con lo que «esta distinción demuestra el carácter individual de la medida».
Contra estas sentencias cabe recurso y los abogados de los demandantes estudiarán detalladamente su contenido y los pasos a dar en el futuro.
Didier Rouget: «Han primado los intereses de los estados»
Didier Rouget, abogado que ha representado a partidos y candidaturas abertzales en su recurso ante la Corte Europea de Derechos Humanos se reconoce sorprendido por el hecho de que el Tribunal de Estrasburgo haya asumido una «interpretación extremadamente amplia de la noción de terrorismo, para pronunciarse, lejos de su trayectoria garantista, por un recorte evidente de las libertades individuales y colectivas».
Rouget explica que, hasta el presente, la Corte Europea de Derechos Humanos había venido priorizando la defensa de la libertad «incluso frente a atentados a la seguridad». Sin embargo, con la sentencia que ha tomado en el caso Batasuna, «el Tribunal ha adoptado una decisión fuertemente impregnada por el sentido securitario» que se impone en el mundo tras los atentados de 2001 en Nueva York y Washington.
«La Corte ha dado claramente prioridad a la defensa de los intereses de los estados, en este caso del Estado español, frente a los derechos de los ciudadanos», afirma el abogado afincado en Uztaritze.
El letrado remarca que en casos «particularmente graves», como los relativos a Kurdistán y a la persecución de partidos por el Estado turco, el tribunal ha actuado de acuerdo a esa «larga tradición garantista», mientras que «se revela más severo» en el caso de Euskal Herria.
Señala también que, con el debate sobre la Ley de Partidos de fondo, «incluso juristas españoles han expresado sus reservas por la interpretación vaga y extensa que se da a la noción de terrorismo y a la ampliación de los supuestos de apología». Frente a esas reservas, o incluso «al más reciente pronunciamiento del Constitucional en el caso de la lista Iniciativa Internacionalista», estima que la Corte Europea «se ha mostrado notablemente más sensible» a las tesis que priorizan el principio de seguridad frente a las libertades políticas.
Pone como ejemplo de esa «interpretación expansiva», el hecho de que en su sentencia da carta de naturaleza a las «listas negras». «Ello cuando el Consejo de Europa, del que depende el propio Tribunal de Estrasburgo, se ha mostrado marcadamente crítico, mediante la voz de su asamblea, sobre esas listas», remarca sorprendido Rouget.
Preguntado sobre si la defensa de Batasuna recurrirá la sentencia, explica que el artículo 43 de la Convención Europea de los Derechos Humanos, por cuyo cumplimiento debe velar el Tribunal, fija un plazo de tres meses par presentar recurso, en este caso ante la sala principal o Grande Chambre del Tribunal.
La sala ordinaria de la Corte, la que ha decidido en el caso Batasuna, se compone de siete jueces, lo que la convierte en un órgano reducido y, a priori, «más sensible» a las presiones de los estados.
Rouget remarca la circunstancia de que ante la oferta hecha por el propio tribunal de que el caso fuera analizado en la Gran Sala (integrada por 15 magistrados) el representante del Estado español se negó, mientras que el equipo que ha defendido los recursos de partidos y candidaturas abertzales veía con buenos ojos que el caso se viera en esa sala «porque es la encargada de las demandas más importantes o graves».
Por tanto, los recurrentes disponen ahora de tres meses de plazo para presentar recurso. No obstante, Didier Rouget remarca que «antes que tomar cualquier decisión tenemos que analizar en profundidad la sentencia que hemos conocido hoy». Maite UBIRIA
Gobernantes, policías y jueces, muy satisfechos con el fallo
Nada más producirse la filtración inicial del fallo del Tribunal Europeo avalando la práctica de ilegalizaciones en el Estado español, y sin ni siquiera conocer su contenido concreto, comenzaron a producirse las reacciones de satisfacción por parte las autoridades políticas, judicial y policiales que han impulsado la redacción y aplicación de la Ley de Partidos.
El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, destacó que «la sentencia demuestra que las garantías jurídicas se respetan en España». Y su ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró que «de la decisión podemos concluir que en nuestro país no habrá en las instituciones democráticas partidos que defiendan la violencia nunca más». Desde el otro partido que impulsó la Ley de Partidos, el coordinador de Justicia del PP, Federico Trillo, afirmó que «la sentencia ha dejado en evidencia que Batasuna es una organización terrorista».
También en el ámbito judicial hubo muestras de alivio y satisfacción. Fuentes de la Sala del 61 del Tribunal Supremo, autora de la sentencia que disolvió Batasuna, declararon que la decisión de la Corte Europea demuestra que el tribunal español «hace las cosas bien». El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se mostró exultante hasta el punto de que telefoneó a Jaime Mayor Oreja para celebrar la noticia. También sindicatos policiales mostraron su «satisfacción absoluta» y aprovecharon para pedir que se inste a la ilegalización de Iniciativa Internacionalista.
Mientras tanto, en Euskal Herria hubo reacciones contrarias al fallo. Aralar lo consideró «una mala noticia para la democracia», mientras que EA indicó que «la evolución política, legal y jurídica en el contexto europeo está avanzando en un sentido cada vez más restrictivo». Alkarbide apuntó que «no se puede considerar un éxito que parte de la ciudadanía vasca siga teniendo limitada una de sus libertades cívicas». También se mostraron críticos Ezker Batua y, desde Catalunya, ERC. GARA
