15-02-2010
Luciano Gallino
Repubblica
Traducido para Rebelión por Juan Vivanco
¿Cómo es posible que una crisis de naturaleza sobre todo financiera haya producido una alta tasa de paro en la industria? Las respuestas que se han dado hasta ahora apuntan sobre todo a los efectos negativos de la restricción del crédito. Los bancos afectados o amenazados por la crisis, nos dicen, reducen el crédito a las empresas; sin crédito no se pueden comprar materiales ni hacer inversiones y por eso las empresas italianas y extranjeras reducen la producción y las importaciones, y suprimen puestos de trabajo.
Esta clase de explicaciones sobre la relación entre la banca y la industria en tiempo de crisis pueden ser correctas, pero superficiales. Sólo tienen en cuenta el último eslabón de la relación. Si nos remontamos varios eslabones, la relación puede resumirse así: la crisis financiera produce desempleo industrial a gran escala porque la industria, en sí misma, se ha convertido en un sector de las finanzas. En los últimos 30 años, aproximadamente, la empresa industrial se ha financiarizado por completo. Los desastres de principios de la década de 2000, encabezados por Enron, fueron el primer acto del drama de la economía mundial en esta fase de hibridación entre finanzas e industria. En el segundo acto asistimos a los desastres de 2007-2009, ejemplarizados por Lehmann Brothers, y a la actual destrucción de puestos de trabajo. Para no llegar a un tercer acto, que podría ser aún más espantoso, habría que tratar de entender mejor la relación entre ambas.
La financiarización de la empresa industrial empezó cuando los inversores institucionales –fondos comunes, fondos de pensiones y seguros–, que poseen en promedio cerca del 50% del capital de todas las sociedades cotizadas, impusieron a sus directivos un nuevo concepto de empresa. Esta ya no debía concebirse como una organización en la que cada parte está vinculada a las demás y cuyo funcionamiento afecta a los intereses de muchos grupos, desde los empleados, pasando por los proveedores, hasta la comunidad local, además de los intereses de los accionistas. Debía entenderse, por el contrario, como un haz de actividades (en el doble sentido de cosas que se hacen y activos financieros) vinculadas sólo temporalmente por un contrato; como un conglomerado de plantas productivas, medios de producción y oficinas, cada pieza de las cuales debe ser examinada continuamente para saber si su rendimiento financiero es igual o superior al de las mejores piezas de la competencia. Si el rendimiento es en sí elevado, pero inferior, siquiera un poco, al de la competencia, esa pieza de la empresa se reestructura de inmediato, o se vende, o se cierra definitivamente. Cada una de estas medidas, evidentemente, acarrea el despido de gran parte de los trabajadores, o de todos; como podría suceder en el establecimiento FIAT de Termini. Pero los directivos no deben preocuparse por esto, dicen los teóricos de la empresa como mera entidad financiera. Del desempleo ya se encargará el Estado.
Un segundo paso hacia la financiarización de la industria ha sido la externalización de la producción a escala mundial. Hemos pasado de la integración vertical del proceso productivo en una empresa determinada a la coordinación horizontal hecha por grupos de control de cientos de productores repartidos por el mundo. En el primer caso, una empresa procuraba producir en su interior todas las partes que componían el producto acabado. En el segundo caso una empresa hace todo lo posible por no producir nada en su interior. En los años 1950 y 1960 Olivetti producía en las plantas de Ivrea hasta la última tecla de los cientos de miles de máquinas de escribir que fabricaba. Y en la fábrica FIAT Mirafiori de Turín las cuatro quintas partes de los componentes de un automóvil se producían allí. Hoy más del 75% de un automóvil FIAT lo producen cientos de proveedores externos; en el caso de la Renault es más del 80%. El principal fabricante de PC del mundo, Dell, no produce ni un solo puerto USB de los aparatos que vende. Lo que hace es coordinar la actividad de miles de productores pequeños, medianos y grandes de los cuatro continentes.
La externalización global tiene varios efectos negativos en el empleo. Millones de puestos de trabajo han emigrado de las grandes empresas a las pequeñas y medianas. General Motors, por ejemplo, que todavía en 2005 tenía más de 330.000 empleados, a finales de 2009 contaba con menos de 90.000 en su plantilla, aunque el número de vehículos fabricados no era cuatro veces menor. El resto trabajan en Delphi, hijuela externalizada de GM, o en miles de subproveedores. Ventaja para la empresa madre: sindicatos débiles y salarios, contribuciones a planes de pensiones y seguros médicos reducidos. Otro efecto negativo en los niveles de empleo y las condiciones de trabajo lo produce la facilidad con que la empresa madre puede deshacerse del proveedor o subproveedor que por algún motivo haya caído en desgracia. Si una gran empresa descubre que una de sus divisiones no funciona como es debido, le resultará difícil cerrarla de un día para otro. Pero si se trata de una sociedad que está en otro país, puede sacarla de circulación con un simple correo electrónico. En conjunto, la externalización enfrenta entre sí a los proveedores, los trabajadores y las regiones, tanto las de un país como de unos países a otros. Es una receta tan eficaz para mejorar el balance financiero como mortífera para el empleo.
Otro aspecto de la financiarización de las empresas industriales ha sido la formación de monopolios con amplias campañas de fusiones y compras. En estas campañas tienen un papel decisivo los bancos de inversión, que consiguen con ellas unos beneficios astronómicos. Lo que menos preocupa a todos los actores involucrados son las consecuencias sobre el empleo. Por ejemplo, ¿por qué Alcoa quiere cerrar una fábrica grande en Italia? Más allá de los motivos técnicos y logísticos que tenga, es sabido que entre 2007 y 2009 Alcoa se enzarzó en una pelea implacable con dos colosos mineros angloaustralianos, BHP Billiton y Río Tinto, uno brasileño, Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) y otro canadiense, Alcan, para conquistar a uno de ellos o por lo menos evitar que la comprara. En esta competición Alcoa tuvo que gastar miles de millones de dólares, suyos o prestados. El problema, en estos casos, es que las decenas o los cientos de miles de millones no se dedican a invertir, abrir nuevas plantas o crear empleo, sino a eliminar a un competidor y justo después reducir los puestos de trabajo. Al parecer esto hace que suba el valor bursátil.
En USA el presidente Obama, después de un año de silencio, vuelve a hablar de reformas serias en la arquitectura financiera. En la UE todavía estamos dándole vueltas a la idea de aumentar la vigilancia sobre los bancos, como si vigilar desde fuera lo que ocurre en un edificio lleno de grietas, como es el sistema financiero mundial, diera más confianza a quienes entran en él que reorganizarlo. De todos modos, aunque se emprendiera alguna reforma, no repercutiría en el empleo a menos que incluyera una reforma del sistema industrial, dado que este se ha convertido en un apéndice del sistema financiero.
Fuente: http://temi.repubblica.it/micromega-online/perche-la-crisi-produce-disoccupazione/
lunes, 15 de febrero de 2010
Por qué la crisis produce desempleo
miércoles, 3 de febrero de 2010
España: Medidas antisociales en el peor año de la crisis
LA ÚLTIMA ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA INFORMA DE QUE UN MILLÓN DE PERSONAS PERDIÓ SU EMPLEO EN 2009
En la víspera de la aprobación de la reforma laboral, las últimas estadísticas oficiales han mostrado al Gobierno un escenario de depresión. Durante 2010 se superará el 20% de paro entre la población activa, el déficit público se ha disparado por encima de lo previsto hasta el 11,4% del PIB en 2009, y el Ejecutivo plantea modificar el sistema de pensiones porque no ha sido capaz de garantizar la viabilidad del sistema de Seguridad Social. Para evaluar las cifras que día tras día ilustran la gravedad de la situación económica,
Pablo Elorduy
3 de febrero de 2010
Diagonal.
2010 no será un año de creación de empleo. La sentencia de José Manuel Campa, secretario de Estado de Economía, resume las peores previsiones de este Ministerio, que da por hecho que en algunos momentos del año se superará el 20% de paro entre la población activa. La cascada de cifras sobre el desempleo se concretó el 29 de enero con los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que ha caído como un plomo sobre las esperanzas de recuperación que el Gobierno fomentó en 2009.
La EPA es uno de los 180 indicadores que los integrantes del Colectivo Ioé incluyen en su riguroso Barómetro Social de España, una base de datos pública (barometrosocial.es), que, cada año, acompañan de una valoración crítica. El barómetro utiliza “las fuentes estadísticas más adecuadas” para cubrir los ámbitos sociales de renta, empleo, salud y hasta once campos más. Preguntados por este periódico acerca de cuáles son los efectos más significativos de esta coyuntura económica, Carlos Pereda, Miguel Ángel de Prada y Walter Actis, miembros de este colectivo, admiten que han observado un incremento del disciplinamiento social, “ante la falta de alternativas se aceptan recortes de las condiciones de trabajo (entre los ocupados) o empleos en condiciones a la baja (entre los desocupados)”. Y es que el factor trabajo, eje de la crisis en el Estado español, es el principal quebradero de cabeza del Gobierno. El número de desocupados según la EPA se situó en los tres últimos meses del año en 18.645.900 personas, o lo que es lo mismo, más de un millón de personas perdió su trabajo en 2009.
Desde Ioé explican que “la crisis deja al descubierto la creciente brecha existente en España entre el capital financiero e inmobiliario y los directivos de las grandes empresas, de una parte, y la mayoría social de la clase asalariada y un amplio sector de pequeñas empresas y trabajadores autónomos menos competitivos, por otra”. Este Colectivo estima que más de 400.000 pequeños empresarios y trabajadores autónomos han ido a la quiebra entre 2008 y 2009. En la construcción, se han evaporado 34.700 empresas en el último año, un dato que se une al descenso de trabajadores por cuenta propia. En el último año, 394.400 personas han dejado de figurar en el régimen de autónomos.
No obstante, la crisis se ha ensañado especialmente con quienes antes sufrían la precariedad. Entre los principales resultados que destaca el INE en su encuesta trimestral está el hecho de que en 2009 el número de asalariados ha caído en 815.000 personas, de las cuales 668.000 tenían contratos temporales. La hemorragia de empleos temporales ha afectado especialmente a mujeres, jóvenes e inmigrantes. Según datos del Barómetro Social, la tasa de paro de las personas entre 16 y 24 años se sitúa en el 24,6%, cuando en 2006 estaba en su mínimo histórico, el 17,9%. Las personas migrantes también se han visto afectadas por la caída libre del empleo temporal: actualmente el 29,70% de los extranjeros está en paro. Esto sitúa al Estado español casi 17 puntos por encima de la media de la UE, con 27 puntos en la tasa de temporalidad en el empleo.
“La crisis ha reducido el tiempo de trabajo y los ingresos de los ocho millones de trabajadores intermitentes (que alternan períodos de paro y empleo temporal), lo que ha iniciado un proceso de deterioro de su nivel de vida (pérdida de poder adquisitivo, deudas, impago de hipotecas, etc.)”, explican desde el Colectivo Ioé. “Algunos síntomas son los embargos y desahucios, que se han disparado en relación a años anteriores, y la saturación de los albergues, bancos de alimentos y otros servicios de emergencia”. A falta de que se haga oficial la tasa de pobreza de 2008, dato que todavía no se conoce, la EPA refleja que más de 1,2 millones de familias tienen a todos sus miembros en paro. A comienzos de 2009 la proporción de personas en paro sin ningún tipo de cobertura aumentó del 23% al 30%.
Dos medidas aprobadas recientemente por el Gobierno, y que han sido calificadas como “un giro a la derecha” en su política económica, han venido a dificultar aún más la situación de las personas con trabajos intermitentes, quienes, además, asisten a la privatización de servicios básicos como sanidad o educación. La primera de estas actuaciones es el plan de reforma de la Seguridad Social, con el que se busca retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años, y la que también plantea una ampliación del periodo de tiempo que se usa para calcular la prestación, que, si se aprueba en el Pacto de Toledo, pasará de los actuales 15 a 20 o 25 años. Antes, a finales de diciembre, el Gobierno aprobaba la reforma legal de desahucio exprés, después de la cual bastará con un mes para que el propietario solicite el desalojo de su inquilino a la primera reincidencia.
Sin que puedan conocerse aún los efectos que tendrá esta reforma, lo que sí se sabe es que la crisis dejó en 2008 la cifra de desahucios más alta de los últimos 15 años; ese año se comenzaron un 4,3% de procesos de desalojo en relación al número total de viviendas. En 2008, hubo 60.000 embargos promovidos por bancos y cajas de ahorro, más del doble que el año anterior.
Los impulsores del Barómetro Social explican que “las medidas anti crisis han sido muy eficaces para blindar, al menos momentáneamente, al sector financiero, gracias al ‘salvataje’ bancario preventivo –pues sólo necesitó desarrollarse parcialmente–, que el Parlamento aprobó con pleno apoyo de la Cámara en octubre de 2008”. Asimismo, consideran que los estímulos monetarios y fiscales también han servido para el mantenimiento de bastantes empresas, “aunque han sido poco eficaces para un sector importante de las más pequeñas”. Decretos como la reforma fiscal, que mantiene las ventajas fiscales de las rentas del capital y se ha centrado en el incremento de los impuestos indirectos, evidencian que el esquema de salida de la crisis “no modifica los elementos básicos del modelo neoliberal”.
Para Ioé, el discurso que se impone “es que para ‘crear empleo’, cualquier empleo, hay que dar facilidades a los empresarios, lo que pasa por poner menos trabas a la acumulación de capital y recortar la parte de la renta apropiada por las personas trabajadoras”. ¿Significa esto que el sector financiero ha superado el primer aviso de la crisis? La respuesta depende de los datos que se tomen. Los activos financieros retrocedieron un 4,8%, aunque en una década habían crecido por encima del 80%. No obstante, la banca tiene tantas dificultades para soltar el stock de viviendas como para cobrar la deuda de los promotores que, según la Asociación Hipotecaria Española, asciende a 325.000 millones de euros.
Por su parte, explican desde Ioé, “las acciones de las grandes empresas del Ibex-35, después del importante bajón de su cotización en 2008, han vuelto a revalorizarse en 2009. Ello se produce justamente el año con mayor bajada del PIB, cuando las medidas adoptadas por el Gobierno español y los organismos internacionales se han decantando netamente por reforzar el modelo económico financiero que precedió a la crisis y proporcionó tantos beneficios al capital”.
En opinión de este Colectivo, después de la constatación del disciplinamiento social, el otro efecto significativo de la crisis es que se ha entrado en un proceso de “cierta pérdida de legitimidad” de ese modelo “y de las instituciones y agentes políticos y económicos que lo promueven”. Sin embargo, los promotores del Barómetro Social creen que faltan cauces efectivos “y propuestas alternativas con viabilidad política” para revertir esta situación.
POLÍTICAS DE EMPLEO EXCLUYENTES
TERESA GARCÍA ESPEJO
Las feministas apuestan por la creación de un sistema productivo inclusivo que sería más rentable que el actual, como recoge el manifiesto Feminismo ante la Crisis. María Pazos, investigadora del Instituto de Estudios Fiscales y firmante del texto, recuerda que la Comisión Europea avala esta tesis en distintos documentos. Pero las medidas anti crisis del Gobierno español van contra esta corriente.
Pazos critica la prestación de 420 euros para quienes perdieron su trabajo durante la crisis porque no ampara a las personas que no trabajaban ni cobraban prestación con anterioridad, por tanto, no llega a los parados de larga duración, mujeres en su mayoría. Por su parte, Mertxe Larrañaga, profesora de Economía de la Universidad del País Vasco, resalta que aunque el paro ha afectado más a los hombres, esto no significa que la situación de las mujeres sea mejor.
Lamenta que las políticas se dirijan a sectores masculinos, como la construcción y el automóvil, creando trabajos temporales y aumentando el malestar de los trabajadores a tiempo parcial; también con mayoría de mujeres. Asimismo, María Pazos considera que el dinero público del Plan-E debería haberse invertido en servicios públicos que contribuyeran a cambiar el modelo productivo.
Respecto a la reforma del régimen laboral de las empleadas del hogar, Carmen Bravo, de CC OO, asegura que los sindicatos proponen “medidas fiscales para que las empresas de servicios incluyan esta prestación” y, si no es así, “que se incrementen las cuotas a la Seguridad Social del empleador con beneficios para el empleado”. Bravo califica de “anacrónico” el servicio doméstico y considera urgente aprobar una legislación que reconozca los mismos derechos para los trabajadores del hogar, de los que el 90% son mujeres.
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