Vicenç Navarro
revista digital SISTEMA
11 de junio de 2010
Este artículo muestra datos que explican que la causa de que la recuperación económica sea mayor y el desempleo sea menor en EEUU que en la Unión Europea, no se debe a la mayor desregulación de los mercados de trabajo de EEUU, sino al mayor estímulo económico realizado por el gobierno federal, basado en una elevada expansión del gasto publico en actividades y sectores que generan mucho empleo. Las políticas de austeridad de gasto público en la UE son las responsables de la escasa recuperación económica y elevado desempleo.
Existe un consenso casi total entre los estudiosos de la Gran Recesión que está afectando al mundo de que EEUU está saliendo de ella más rápidamente que la Unión Europea y que es más que probable que ello continúe en los próximos años.
Los economistas neoliberales (que gozan de grandes cajas de resonancia en los mayores medios de información y persuasión en España) atribuyen este hecho a la mayor desregulación de los mercados de trabajo estadounidenses, lo cual explica el gran énfasis que hacen en la necesidad de desregular los mercados de trabajo en la Unión Europea.
Esta propuesta de salida de la crisis ha alcanzado la categoría de dogma en nuestro país, donde se considera indispensable que se desregulen más los mercados de trabajo a fin de disminuir el elevado desempleo y, con ello, salir de la crisis (un ejemplo de esta ortodoxia neoliberal es el artículo “Demanda, Competitividad y Ajuste Fiscal”, publicado en La Vanguardia 06.06.10, y escrito por David Taguas, que fue Subdirector del Servicio de Estudios del BBVA y director de la oficina Económica del Presidente Zapatero).
Este dogma se reproduce a pesar de la abundante evidencia que la cuestiona. En realidad, el desempleo históricamente ha sido más bajo en la mayoría de países de Europa que en EEUU.
Durante el periodo 1950-1980, el desempleo de la mayoría de países de lo que más tarde pasaría a ser la Unión Europea de los Quince (UE-15) fue menor que el existente en EEUU. Es sólo desde el establecimiento de la UE (con un Pacto de Estabilidad que limita los déficits del estado a un porcentaje del PIB menor del 3% y con unos intereses bancarios dictados por el Banco Central Europeo, más elevados que en EEUU), que el desempleo es mayor en la UE que en EEUU. No es el grado de regulación de los mercados de trabajo el que determina el nivel de desempleo de un país, sino su tasa de crecimiento económico, la cual se ha visto dificultada en la UE por la arquitectura institucional de la UE, que ha dado prioridad a políticas monetarias sobre políticas keynesianas de estímulo económico. Y ello es consecuencia del enorme poder que el capital financiero tiene sobre el diseño de tal arquitectura neoliberal de la UE y, muy en especial, el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (ver mi artículo “No son los mercados sino los bancos los que dominan la UE”, Sistema digital. 04.06.10)
La respuesta a la profunda crisis que estamos sufriendo muestra la certeza de este diagnóstico. En un artículo reciente “How Stimulative Has Fiscal Policy Been Around the World” (Challenge. May/June 2010), dos académicos, uno de Chile y otro de EEUU, Esteban Pérez Caldentey y Matías Vernengo, muestran como la mayoría de países de la UE-15 han dedicado muchos más fondos a “salvar” a la banca que a estimular la economía (al revés que en EEUU, donde los fondos públicos para estimular la economía han sido mayores que los dedicados a salvar a los bancos). Así, Gran Bretaña se ha gastado el equivalente al 29% de su PIB, Alemania el 20%, Francia el 18%, España el 14% y Portugal el 6% de su PIB en “salvar” a los bancos, todos ellos porcentajes mayores que EEUU (un 5%).
Por el contrario, Gran Bretaña se ha gastado sólo un 1,8% del PIB en estimular la economía, Alemania un 3%, Francia un 2%, España un 1,2% y Portugal un 1,8%. EEUU, sin embargo, se gastó un 6% de su PIB en estimular la economía. Pero no sólo en la cantidad, sino en el tipo de estímulo, es donde también existen diferencias sustanciales. Mientras que el estímulo económico en EEUU se acentuó mucho en la inversión creadora de empleo (en nuevas energías e infraestructuras y en servicios públicos), en los países de la UE se intentó conseguir el estímulo económico a base de reducir los impuestos (cuyo impacto en creación de empleo es mucho menor). Es esta la razón de que EUUU se recupere más rápidamente que la UE y no la situación de sus mercados laborales.
A nivel mundial, la mayor recuperación de su economía está ocurriendo en China, donde el estímulo económico alcanza el equivalente al 8% de su PIB con el añadido de que el 80% de tal gasto es en infraestructuras físicas y sociales (incluyendo el establecimiento de un nuevo servicio sanitario nacional). El impacto multiplicador de esta inversión en la creación de empleo es muy elevado, como lo es el estímulo estadounidense, mientras que es muy bajo en el caso de los países europeos citados anteriormente.
La evidencia, pues, es bastante clara y convincente de que para salir de la crisis la Unión Europea debiera seguir políticas expansionistas, con considerable aumento del gasto público, con el objetivo de crear empleo y establecer las bases de un nuevo tipo de crecimiento económico. Este crecimiento debe ir más orientado a servir las necesidades de la infraestructura social y económica del país, estimulando el desarrollo del estado del bienestar y de la economía productiva a costa de disminuir el espacio y, sobre todo, la influencia del capital financiero, cuyo poder sobre las instituciones europeas es la raíz del problema en el que la UE se encuentra. Tal influencia explica que hoy se esté dando gran importancia a la reducción del déficit y de la deuda pública en lugar de priorizar la reducción del desempleo, a base de estimular el crecimiento económico.
Todos los datos presentados en este artículo proceden de la Organización Internacional del Trabajo, que han enfatizado el estudio del impacto en la creación de empleo de las políticas de estímulo económico en su informe “The Financial and Economic Crisis: A recent work response”, publicado en marzo de 2009. Existen otros informes, como el producido por la organización internacional de sensibilidad neoliberal, la OECD, que utilizan otros criterios y presentan otras cifras en su informe “Fiscal Package Accross OECD countries: Overview and Country Details”, también publicado en marzo de 2009. Todos estos informes, procedentes de sensibilidades distintas, llegan, sin embargo, a la misma conclusión: el estímulo económico ha sido mayor en EEUU que en la Unión Europea. Y por estímulo económico se entiende la nueva inversión pública gastada en estimular la economía. Me veo en la necesidad de aclarar este punto, pues muchos autores, al ver que el gasto público es, en general, mayor en los países de la Unión Europea que en EEUU, concluyen erróneamente que Europa provee mayor estímulo económico. Estamos hablando de nuevos gastos e inversiones públicas. En un momento en que el sector privado está estancado, sin producir empleo (en realidad se está destruyendo), es urgente e importante que sea el sector público el que cree empleo a base de incrementar su gasto público en áreas de creación de empleo. De ahí que las propuestas de reducir el gasto y el empleo público sean contraproducentes. Y de ello deriva el retraso en la recuperación económica en la UE.
sábado, 12 de junio de 2010
¿Por qué la recuperación en España y el la Unión Europea es mucho más lenta que en EEUU?
jueves, 10 de junio de 2010
La sabiduría convencional europea
Vicenç Navarro
diari PÚBLICO
10 de junio de 2010
Este artículo critica la sabiduría convencional europea que se reproduce en gran número de medios de información europeos, incluyendo españoles, que atribuyen la crisis del euro a la falta de liderazgo proveído por el gobierno presidido por la Cancillera Angela Merkel. El artículo señala que no es falta de liderazgo sino la orientación de este liderazgo (de clara orientación neoliberal) que, en el desarrollo de sus políticas públicas, está dañando el bienestar de las clases populares tanto de los países centrales como de los países periféricos de la eurozona, y ello como resultado de su proximidad a la banca de Alemania y de otros países del centro de la eurozona.
Existe una nueva sabiduría convencional extendida entre grandes sectores de los establishments políticos, intelectuales y mediáticos europeos –reflejada en el artículo, publicado en El País, de Jürgen Habermas (23-05-10)– que asume que la crisis del euro y de la Unión Europea se debe a la falta de liderazgo de Alemania, reflejada por la tardía respuesta de la canciller Angela Merkel a la crisis de la deuda pública del Gobierno griego. Retraso que se atribuye al surgimiento preocupante del nacionalismo en aquel país.
Considero esta interpretación de lo que está ocurriendo en Europa errónea en sus supuestos, consecuencia de la limitación de su método de análisis.
Miremos los hechos y recuperemos algunas categorías analíticas olvidadas por Habermas y por la mayoría de analistas de la realidad europea.
Y entre ellas, la categoría de clase social continúa siendo de una enorme importancia.
Alemania es un país de 82 millones de habitantes que pertenecen a distintas clases sociales.
La clase empresarial alemana (banca e industria exportadora) ha promocionado una economía basada en la exportación, cuyo éxito se basa en su gran competitividad, resultado de que los salarios han ido aumentando mucho menos que la productividad. Como consecuencia, las rentas del trabajo han ido descendiendo de una manera muy marcada y las rentas del capital han alcanzado niveles exuberantes.
La clase empresarial ha ido acumulando mucho dinero y, puesto que siempre tiene un gran surplus en su comercio (es decir, que exporta mucho más que importa), tiene una enorme plusvalía de euros (1,3 billones), consecuencia de que dos terceras partes de las exportaciones alemanas se hacen a los países de la UE que pagan en euros.
¿Qué ha hecho la clase empresarial –y muy en especial los bancos– en Alemania con tantos euros?
Una posibilidad hubiera sido que se distribuyeran entre los trabajadores alemanes, aumentando sus sueldos y su capacidad de consumo, con lo cual el motor de la economía alemana dependería más de la demanda doméstica y menos de las exportaciones (esta era la alternativa propuesta en su día por Oskar Lafontaine, entonces ministro de Economía del Gobierno de Gerhard Schroeder). Tal medida habría tenido un gran impacto estimulante en una economía que ha estado estancada desde hace ya años, estímulo que habría ayudado también a la economía europea, cuyo centro es la alemana. Pero la clase trabajadora alemana no tuvo suficiente fuerza para poder imponer esta alternativa.
El canciller Schroeder (próximo a la banca y a los grandes grupos empresariales exportadores, para los cuales ahora trabaja) continuó, junto con Angela Merkel, enfatizando las exportaciones como motor de la economía, con lo cual la banca acumuló una gran cantidad de euros, que prestó a los bancos de países como Grecia, Portugal y España, que estaban muy endeudados (como consecuencia también de que las rentas del trabajo han disminuido también en estos países). La banca alemana fue la que prestó más dinero a la banca española en su inversión en el complejo banca-sector inmobiliario-industria de la construcción que creó la burbuja inmobiliaria en nuestro país. También compró gran cantidad de deuda pública con intereses muy elevados (que iban de un 3,5% en España a un 9% en Grecia). Los estados de los países mediterráneos, en lugar de aumentar los impuestos de los ricos y corregir el enorme fraude fiscal para pagar sus gastos públicos y sociales, pidieron prestado dinero a la banca alemana, la mayor propietaria de bonos públicos hoy en la UE.
Ahora bien, cuando las burbujas explotaron, todo el entramado quedó al descubierto. De pronto, la clase empresarial alemana se encontró con un problema grave, pues los otros países de la UE, incluyendo los periféricos, que les compraban sus productos, no podían seguir comprándolos, consecuencia del gran descenso de la capacidad adquisitiva de sus clases populares. Y, por otra parte, los bancos alemanes poseían enormes cantidades de deuda –tanto pública como privada–, que los países deudores periféricos no podrían pagar. La banca alemana tenía –y tiene–, pues, un gran problema, compartido con la banca de Francia y otros países del centro de la UE.
¿Cuál es la solución que han impuesto? Una enorme austeridad de gasto público para permitir a los estados periféricos pagarle a la banca alemana y a la de otros países centrales. Para ello, la UE y el Fondo Monetario Internacional han prestado dinero en condiciones leoninas a los estados periféricos para que estos puedan pagarles lo que deben a aquellos bancos.
Estas políticas de austeridad crearán una enorme recesión en los países periféricos. Ahora bien, para que estas políticas sean exitosas tienen que presentarse como necesarias, a consecuencia del despilfarro causado por las clases populares de la periferia (haciendo referencia a su supuestamente excesiva protección social) y enfrentando a la clase trabajadora alemana con las clases populares de la periferia, tal como hacen diariamente los mayores medios de información próximos al establishment financiero alemán.
Las clases populares alemanas, sin embargo, tienen mucho más en común con las clases populares de los países periféricos que con las clases financieras e industriales alemanas.
Hoy los mayores problemas en la UE no son ni los déficits ni las deudas públicas de sus estados, sino el escaso crecimiento económico y el elevado desempleo. Frente a ello, lo que se necesita no es destinar los fondos, de casi un billón de euros, a ayudar a los bancos, sino hacer una enorme inversión pública, política que el establishment neoliberal europeo (liderado por el alemán) no hará, pues está aprovechando esta crisis para realizar lo que ha deseado siempre: el desmantelamiento de la Europa social y el descenso de las rentas del trabajo. Es la lucha de clases a nivel continental.
sábado, 5 de junio de 2010
No son los mercados, sino los bancos, los que dominan la UE
Vicenç Navarro
revista digital SISTEMA
4 de junio de 2010
Este artículo documenta el enorme poder e influencia que la banca de los países del centro de la UE tienen sobre el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, causa de que se estén desarrollando las políticas neoliberales que están dañando el bienestar de las clases populares de los países (tanto centrales como periféricos) de la UE y que retrasan la recuperación económica. El artículo muestra también el daño que el FMI ha impuesto a los países de América Latina y del Este de Europa, con resultados económicos muy negativos.
En una entrevista reciente para La Vanguardia (09.05.10), el ex Presidente Felipe González, que ha estado dirigiendo un grupo de reflexión nombrado por el Consejo Europeo para reflexionar sobre el futuro de Europa, hizo una observación de carácter personal que apenas tuvo impacto en los medios y que describe muy claramente el mayor problema que tiene Europa. Es una lástima que esta observación no apareciera en el informe de tal grupo de reflexión. Decía el ex Presidente Felipe González que lo que pasaba en Europa le recordaba lo que dijo en su día el Presidente Eisenhower cuando, en su discurso de despedida, el último día de su mandato, alertó a la sociedad estadounidense de las consecuencias negativas que tenía para EEUU el enorme poder del complejo industrial militar (The Military Industrial Complex). En una declaración sorprendente, al ser hecha por el que había sido un General del Ejército, el Presidente Eisenhower alertó de la excesiva influencia que tenía la industria armamentística en EEUU en configurar la política doméstica y exterior de aquel país. Pues bien, añadía el ex Presidente Felipe González, que hay que alertar a las sociedades europeas del excesivo poder que tiene en nuestro continente el complejo financiero. Hoy, tal complejo está determinando las políticas domésticas de los países de la UE.
He publicado, extensamente, (ver artículos publicados en varios forums, y colgados en mi blog www.vnavarro.org, secciones Neoliberalismo y Economía Política) refiriéndome al peligro que supone para Europa el enorme poder e influencia que tiene la banca europea (y, muy en especial, la alemana) sobre el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, y que ha determinado enormes gastos públicos por parte de los países de la UE y del FMI (más de un billón de euros) en ayudas a banqueros y accionistas, sin que ello haya repercutido en una mayor disponibilidad de crédito a la sociedad. Tales instituciones están, a la vez, exigiendo una enorme austeridad de gasto público, incluyendo gasto público social, que está significando un enorme sacrificio para las clases populares de los países de la UE y, muy en particular, de los países llamados periféricos -Grecia, Portugal, España e Irlanda-, a fin de que aquellos estados puedan pagar a la banca de los países del centro de la UE la deuda pública a unos intereses exuberantes y confiscatorios.
Como se expresa este poder de la banca
La excesiva influencia que la banca alemana ha tenido en la construcción de la Unión Europea (tanto en el establecimiento del Banco Central Europeo (BCE), como la definición del Pacto de Estabilidad (cuyo objetivo principal ha sido el de mantener estable el precio del dinero, en lugar de estimular el crecimiento económico) explica la orientación neoliberal de las instituciones de la UE.
Un indicador de tal orientación neoliberal es que tal Unión no tiene un banco central, y ello a pesar de que la institución financiera de la UE se llame Banco Central Europeo. A primera vista esta afirmación parece una provocación. Pero el análisis de sus funciones y comportamientos muestra que no es un banco central, como lo es, por ejemplo, el Federal Reserve Board, FRB (el Banco Central de EEUU) o el Banco de Inglaterra.
Un banco central tiene como misión realizar las intervenciones financieras que permitan a sus estados realizar las políticas económicas conducentes al desarrollo y bienestar de la población. Para conseguir tal objetivo, los bancos centrales son altamente intervencionistas, impidiendo o dificultando, por ejemplo, las actividades especulativas de agentes financieros nacionales o internacionales, que imposibiliten el desarrollo de las políticas económicas y fiscales estatales.
Así, cuando los especuladores financieros internacionales quisieron especular con la deuda pública de EEUU y de Gran Bretaña, sus bancos centrales intervinieron activamente, imprimiendo grandes cantidades de dinero con los cuales compraron gran cantidad de la deuda pública de sus propios estados, vendiéndola a un precio menor del que habían comprado, forzando la bajada de su precio e intereses, con lo cual los especuladores salían escaldados, pues perdían mucho dinero.
Esto es lo que hace un Banco Central. Ni que decir tiene que imprimir mucho dinero puede aumentar la inflación (el enemigo número uno de la Banca), pero en momentos de recesión, como ahora, el peligro no es éste, sino el contrario –la deflación-. Será cuando la economía se recupere que pueda aumentar la inflación, pero este aumento (siempre que pueda mantenerse en dimensiones moderadas) es incluso positivo pues ayuda al estado a poder pagar su deuda más rápidamente. Si el estado debe una cantidad fija de dinero, esta cantidad, al cabo del tiempo, disminuye su valor monetario cuando la inflación aumenta.
Esto es lo que han hecho los bancos centrales ahora y siempre (véase el reciente comportamiento del Federal Reserve Board en EEUU). No así el BCE, el cual tiene total independencia. Es decir puede hacer lo que quiera. Y lo hace según el deseo e intereses de la banca de Alemania y de otros países del centro de la UE.
El primer objetivo del BCE es ayudar a los bancos, no ayudar a los estados.
El BCE, que es el único banco en la UE que tiene el poder de definir la cantidad de moneda que se imprime, ha estado enviando este dinero como préstamos a la banca privada, a unos intereses de sólo un 1%. Con este dinero, la banca privada compró deuda pública, que ofrecía unos intereses de 3%, 4%, 6% o incluso 9%, con lo cual lograron el chanchullo del año.
Mientras, el crédito brillaba, y continúa brillando, por su ausencia.
Es más, el BCE tiene prohibido comprar deuda pública.
Últimamente, se ha saltado a la torera esta prohibición, cuando los estados estaban ya en pie de guerra en contra del BCE, rebelión liderada por el Sr. Sarkozy (la cultura política republicana francesa da más protagonismo a los estados que el que se da en la cultura neoliberal alemana).
Pero aún así tal compra de bonos de deuda pública se está haciendo con timidez y en dosis muy limitadas, nada comparables a lo que hizo el Federal Reserve Board, en EEUU
¿Por qué esta timidez? La respuesta puede parecer paranoica pero no lo es. La banca tiene un objetivo, nunca explicitado, pero que aparece constantemente entre líneas en sus escritos. En realidad, existe una robusta evidencia de que la Banca y sus agentes, que incluyen desde el BCE al Fondo Monetario Internacional (lo que se llama en la terminología anglosajona el establishment financiero), quieren utilizar esta Gran Recesión para conseguir lo que han deseado desde el principio de la UE: debilitar el estado del bienestar, diluir y reducir la dimensión social de Europa, y reducir los derechos sociales y laborales.
Si se leen los documentos internos del BCE, del FMI y del Banco de España (y yo lo he estado haciendo todos estos años) verán que desde hace ya muchos años están subrayando la necesidad de que se hagan tales cambios. Y ahora quieren aprovechar esta crisis para, en colaboración de los grandes grupos empresariales, conseguir que se hagan, ayudados por unos medios que están intentando persuadir a la población de que tales cambios son necesarios para salir de la Gran Recesión (argumentos que ya se utilizaron incluso antes de que hubiera la Gran Recesión).
Y resultado de su gran influencia en los medios, hemos visto como los cinco rotativos más importantes en España han escrito editoriales apoyando las medidas de austeridad promovidas por el FMI. Estos medios por cierto, nunca han analizado objetivamente las consecuencias de llevar a cabo tales medidas. Analicémoslas y veamos primero que es el FMI.
Las recetas desastrosas del FMI
Desde que el Presidente Reagan inició en las Américas la época neoliberal, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha sido el mayor promotor de las políticas neoliberales en el mundo, habiendo desarrollado sus políticas en mayor intensidad en Latinoamérica.
El FMI ha sido siempre propuesto por el Secretario del Tesoro del Gobierno Federal de EEUU (equivalente al Ministerio de Economía y Hacienda en España). Nunca se ha dado el caso de que la mayoría de los 184 estados miembros del FMI hayan votado en contra de las posturas adoptadas por el representante estadounidense en el Consejo de Dirección. De ahí que el FMI haya sido el mayor propagandista del “Consenso de Washington”, cuya versión europea ha sido el “Consenso de Bruselas”.
Según tal consenso, los países receptores de la “ayuda” ofrecida por el FMI tenían que reducir, e incluso eliminar, cualquier restricción a la movilidad internacional de capitales y comercio, privatizar sus servicios públicos y sus transferencias públicas (como la Seguridad Social), eliminar los déficits del estado y ofrecer plena independencia y autonomía a los bancos centrales, priorizando el control de la inflación, a costa del estímulo del crecimiento económico.
A estas políticas se añadieron medidas desincentivadoras de las políticas estatales intervencionistas en las áreas industriales de la economía, enfatizando la desregulación de los capitales financieros y de los mercados laborales. Estas políticas se expandieron por toda América Latina con resultados que el director del prestigioso Center for Economic and Policy Research de Washington D.C., Mark Weisbrott, ha definido como “desastrosas” para aquellos países.
La renta per capita en Latinoamérica, que había crecido un 82% durante el periodo 1960-1980, bajó a un mero 9% durante el periodo 1980-2000, bajando incluso más, a un 4%, en el periodo 2000-2005. Para darnos cuenta del significado de estas cifras, tenemos que darnos cuenta de que si varios países de Latinoamérica, como Argentina, México y Chile (todos ellos expuestos a las políticas liberales impuestas por el FMI), hubieran continuado creciendo como lo hicieron en la época 1960-1980, habrían alcanzado ya el nivel de desarrollo de España. Hoy están muy retrasados, con un nivel de riqueza muy inferior al español.
El fracaso de tales políticas es lo que llevó a un cambio de casi 180º a partir del 2003 y 2004, con la elección de partidos de centro izquierda y de izquierda en la gran mayoría de países de América Latina, y que se dio como rechazo a las políticas impuestas por el FMI.
El primer país que se rebeló en contra del FMI, fue Argentina, la cual se estaba hundiendo económicamente al seguir las políticas neoliberales propuestas por el FMI. En mayo de 2003, el nuevo gobierno electo, presidido por Néstor Kirchner, expulsó en la práctica al FMI de Argentina, rompiendo con el neoliberalismo impuesto por tal institución. Kirchner declaró al país en bancarrota, forzando a renegociar la deuda con los bancos y con el FMI, que tuvieron que absorber grandes pérdidas de sus fondos.
Rompió también con la paridad peso argentino-dólar (medida impuesta por el FMI) y siguió políticas expansivas de gasto público que estimularon la economía, creciendo un 9% durante los próximos tres años, lo cual le permitió ir pagando su deuda pública.
A este hecho hizo referencia la presidenta Kirchner, esposa del presidente Kirchner, cuando en una conferencia reciente en Barcelona con el mundo empresarial, indicó que la manera de salir de la recesión no era bajar el déficit y la deuda pública, sino crecer económicamente, incluso a costa de aumentar el déficit y la deuda pública.
Casos parecidos han ocurrido en Bolivia, con Evo Morales, que también terminó con el FMI y adoptó políticas radicalmente distintas a las neoliberales propuestas por el FMI. En Mayo de 2006 el Presidente Morales nacionalizó el gas y el petróleo, exigiendo a la vez al FMI y a los bancos que renegociaran la deuda, absorbiendo grandes pérdidas. Desde entonces, Bolivia ha sido uno de los países con mayor tasa de crecimiento económico en América Latina.
Antes, durante la época neoliberal, la economía permaneció estancada, de manera que en 2006 (después de haber estado bajo el dominio del FMI durante veinte años) su renta per cápita era menor que la existente 27 años antes.
Lituania, en Europa, es otro ejemplo. El FMI y la UE han impuesto unas políticas liberales de gran austeridad que han causado una reducción del 25% de su PIB, con una tasa de desempleo de 22% de la población activa. Según las propias proyecciones del FMI, Lituania no alcanzará el nivel del PIB que tuvo en el año 2006, hasta el año 2015.
Y ahora, Grecia. Las políticas impuestas por el FMI han hecho que el PIB haya disminuido un 18% en el 2009, y tendrá que esperar ocho o nueve años para recuperar el PIB que tenía en el 2008. Y algo semejante ocurrirá en España, resultado del mandato de la UE y del FMI.
Éstas y otras experiencias explican no sólo el descrédito del FMI, sino también la aparición de alternativas, como el Banco del Sur, en América Latina, en sustitución del FMI.
La evidencia muestra como el FMI ha sido utilizado por el capital financiero (la banca) para forzar una austeridad de gasto público social, con el fin de conseguir que se pague a la banca.
En la UE, la mal llamada ayuda de la UE-FMI a Grecia, ha sido, en realidad, una ayuda a la banca alemana y de los otros países del centro de la UE, prestando dinero al estado griego para que le pague su deuda externa.
Termino, pues, esta presentación acentuando que no son los mercados financieros, sino la banca la que está dominado el mundo, consecuencia de la excesiva influencia de complejo bancario, el cual está dominando la vida política y mediática de los países, conduciendo a estos países a una situación de enormes sacrificios para las clases populares, las cuales se exigen para respetar los beneficios de tal complejo. El complejo financiero es hoy, en la Unión Europea, lo que el complejo militar industrial ha sido en EEUU.
viernes, 28 de mayo de 2010
El problema de la eurozona no está en la periferia sino en el centro
revista digital SISTEMA
28 de mayo de 2010
Este artículo señala que la llamada crisis del euro no radica en el inexistente despilfarro de gasto público y supuesta escasa disciplina fiscal de los países periféricos –Grecia, Portugal, España e Irlanda- sino en la escasa demanda doméstica de los países del centro (y muy en particular de Alemania) consecuencia de la gran reducción de las rentas del trabajo en aquellos países, y exuberante explosión de las rentas del capital que se dedicaron primordialmente a comprar deuda pública de los países periféricos (enormemente endeudados) y a prestar dinero a los bancos de estos últimos países, facilitando la aparición de burbujas especulativas. La gran recesión no se resolverá a base de austeridad en los países periféricos sino mediante un aumento de la demanda (resultado de la recuperación de las rentas del trabajo) de los países centrales y periféricos.
Estamos viendo estos días una enorme avalancha por parte del establishment europeo (Consejo Europeo, Comisión Europea y Banco Central Europeo), acentuando la necesidad y urgencia de que los países periféricos –Grecia, Portugal, España, e Irlanda- sigan políticas de gran austeridad de gasto público (incluyendo gasto público social, disminuyendo así su protección social) moderando a su vez sus salarios (a través de una gran desregulación de sus mercados de trabajo, que en la práctica significa posibilitar una gran reducción salarial). Todas estas medidas se presentan necesarias para ayudarles a salir de la Gran Recesión y evitar también el contagio a otros países de la UE y, por ende, cuestionar la propia existencia de la unidad monetaria y del euro.
El mensaje que se transmite en esta avalancha es que los países periféricos, debido a su indisciplina por un lado, y excesiva exhuberancia del gasto público, por el otro, han creado un enorme problema de exceso de deuda (tanto pública como privada), que dificulta la salida de la recesión, no sólo de ellos, sino de toda la eurozona y de la UE, amenazando la propia viabilidad del euro.
Esta interpretación, sin embargo, es profundamente errónea, pues el mayor problema que tiene la eurozona y la UE no está en la periferia sino en el centro, es decir, en Alemania. La pieza clave y problemática de la Eurozona es Alemania, no Grecia, ni Portugal, ni España, ni Irlanda. Veamos los datos.
Alemania ha estado en una situación estancada desde hace ya quince años. En realidad, su crecimiento económico anual ha sido (durante el periodo 1990-2009) mucho menor que el crecimiento de los países periféricos. Y en los últimos años (2007-2009) el descenso del PIB alemán ha sido mucho más acentuado que en los países periféricos (excepto Irlanda).
En 2009, la tasa de descenso del PIB fue un -4,3% (uno de los más acentuados en la UE-15).
El desempleo desde el 2004 al 2007 fue mayor que el de los países periféricos, aún cuando España y Portugal le sobrepasaron a partir de 2008, siendo, a partir de aquel año, el desempleo ligeramente superior en Portugal y Grecia y muy superior en España.
La tasa de inversión de capitales (“Gross Fixed Capital Formation as % of GDP”) fue en Alemania, durante el periodo 1995-2008, más baja que en los países periféricos (siendo España, el que durante estos últimos años tuvo mayores inversiones).
Y un indicador de gran importancia, pues explica en gran manera el escaso crecimiento económico de Alemania, es que la demanda causada por el consumo doméstico (“household consumption”) en Alemania fue más baja que la de los países periféricos.
Esta baja demanda ha sido constante desde 1995 y se debe al estancamiento de los salarios y de los costes laborales. Sólo España ha tenido un menor crecimiento, lo cual no puede atribuirse, en el caso alemán, a un estancamiento de su productividad.
En Alemania, la productividad ha crecido, aún cuando el crecimiento ha sido menor que en la mayoría de los países periféricos (excepto España). Resultado de que la productividad ha crecido más rápidamente que los salarios (lo cual ha ocurrido también en España) vemos que el porcentaje de las rentas del trabajo como porcentaje de las rentas totales ha ido descendiendo, siendo Alemania –junto con España- el país donde tal descenso ha sido más acentuado durante el periodo 1995-2008.
Las rentas del capital, sin embargo, han crecido astronómicamente en Alemania (lo cual también ha ocurrido en España). Ello se traduce en que la capacidad de ahorro también ha aumentado considerablemente. Pero este ahorro procede del capital exportador y de las rentas superiores.
Puesto que la demanda interna no ha sido el motor del crecimiento económico, tal crecimiento se ha basado durante el periodo 1995-2008 en las exportaciones.
Alemania es uno de los países más exportadores del mundo (junto con EEUU y China). Ahora bien, es importante aclarar que la competitividad del capital exportador no se debe a una mayor inversión, sino a un crecimiento salarial muy reducido. Ahí está la clave de la economía de las exportaciones alemanas.
Ahora bien, para que Alemania exporte se requiere que otros países importen. Y la mayoría de los países que compran los productos alemanes son de la UE. Dos terceras partes de las exportaciones se dirigen a los países de la UE, incluyendo los países periféricos, que naturalmente pagan en euros. Una consecuencia de ello es que Alemania tiene millones de euros a su favor en la balanza comercial y en su balanza de pagos. ¿Y qué ha hecho Alemania con este dinero?
Una opción, que era la que Oscar Lafontaine, entonces Ministro de Economía del gobierno Schröder deseaba realizar, era distribuir este dinero en Alemania entre los trabajadores y aumentar el gasto público social. Ello hubiera aumentado la demanda interna, estimulando la economía de Alemania y la de otros países de la UE, incluyendo los países periféricos, pues las clases populares alemanas habrían incrementado el consumo de productos más baratos, procedentes de los países periféricos europeos, disminuyendo a la vez la excesiva importancia de las exportaciones sobre la economía alemana y su excesiva balanza de pagos positiva. No era bueno, ni para Alemania ni para la UE, que hubieran unas diferencias tan marcadas en la balanza comercial y de pagos de los países de la Unión.
El gobierno Schröder, sin embargo, no aceptó esta alternativa (causa de que Lafontaine abandonara el gobierno y el partido social demócrata). En su lugar, y en respuesta a la enorme influencia de la banca alemana, del Banco Central Alemán (Bundesbank) y del mundo empresarial exportador, decidió gastarse la enorme plusvalía del euro en:
1) comprar deuda externa de los países periféricos a intereses muy favorables
2) prestar dinero a la banca de los países periféricos, que se endeudaron hasta la médula –realizando actividades claramente especulativas, como las inmobiliarias en España, contribuyendo a la creación de las burbujas inmobiliarias- y
3) invirtiendo directamente en actividades especulativas, la mayoría también inmobiliarias, destrozando, por cierto, partes de la costa mediterránea con planes de viviendas de carácter especulativo.
En realidad, esta exportación de dinero (euros) se acentuó con la compra de deuda pública de los países periféricos, pues se consideró tal compra como una gran ganancia, creando una cierta burbuja de deuda pública (y también privada).
A los gobiernos de los países periféricos les era más fácil pedir prestado dinero a los bancos alemanes (y franceses) que aumentar los impuestos de las rentas superiores, muchas de ellas escasamente gravadas, contribuyendo en gran manera al fraude fiscal.
La elevada regresividad fiscal y el fraude fiscal eran las características de las políticas fiscales de los países periféricos.
Esta exportación de dinero alemán, prestado o invertido en el extranjero, llegó a representar más del 25% del capital bancario alemán, lo cual ya es una cifra más que respetable. La dependencia de la banca alemana de estos fondos era muy grande. Y ahí radica parte del problema. No es bueno para la UE, ni tampoco para Alemania, que haya unas desigualdades de renta tan acentuadas dentro de Alemania y dentro de la UE. No es bueno que las clases populares alemanas tengan tan poca capacidad de demanda (que estimule la economía) y no es bueno que Alemania tenga tanto dinero para exportar y que los países periféricos tengan tan poco para importar, endeudándose tanto.
Se crean así enormes dependencias que debilitan a todo el sistema europeo.
En este momento, la banca alemana, la francesa y la de otros países del centro de la Eurozona, han prestado 1,4 trillones de euros a los países periféricos (una cantidad imposible de pagar por parte de los países periféricos). Y ahí está el problema.
La banca alemana y sus aliados en el establishment europeo, incluidos el BCE y el FMI, han puesto como objetivo central de la recuperación económica el forzar a los países periféricos a que paguen sus deudas, tanto públicas como privadas, a sus bancos. Y el objetivo fundamental de la mal llamada ayuda a los países periféricos por parte de la UE y del FMI es, en realidad, ayuda a los bancos alemanes (franceses y de otros países del centro de la Eurozona), prestándoles dinero a los estados periféricos para que paguen su deuda.
Esta situación podría haberse prevenido si se hubiera seguido otra vía, tal como apuntó Lafontaine en su día. Y tal como pidieron las izquierdas en España en 1993.
Recordemos que en 1993, las izquierdas fueron marginadas, tanto dentro del gobierno PSOE como fuera de él.
La reducción del déficit del Estado (necesario según el Pacto de Estabilidad) se hizo a base de reducir el gasto público y de aumentar el endeudamiento privado, en lugar de aumentar los impuestos, realizando la muy necesaria y siempre pospuesta reforma fiscal progresista, tal como habían pedido las izquierdas.
Es más, en lugar de redefinir el Pacto de Estabilidad, estimulando más el componente de crecimiento, se siguieron políticas monetarias de escaso impacto estimulante. El crecimiento económico en España pasó a estar centrado en el endeudamiento privado y de carácter especulativo. Y así estamos.
viernes, 21 de mayo de 2010
El fracaso del nuevo laborismo y del socioliberalismo
Vicenç Navarro
revista digital SISTEMA,
21 de mayo de 2010
Este artículo critica las políticas económicas, fiscales y sociales de los gobiernos Blair y Brown que, distanciándose claramente de las políticas públicas que han caracterizado a la socialdemocracia, adoptaron políticas liberales (con algunos componentes tradicionales de la democracia cristiana) causa de su gran declive electoral (que ocurrió desde sus inicios). El artículo muestra la evidencia que cuestiona la imagen promocionada por sus apologistas (como Anthony Giddens) de que la Tercera Vía fue muy popular en la Gran Bretaña. Los datos no avalan tal diagnóstico.
Durante muchos años, el gobierno laborista británico (llamado New Labour) se convirtió en un punto de referencia muy importante entre los partidos de centro-izquierda europeos, habiendo influenciado en gran manera los cambios profundos ocurridos en el seno de la socialdemocracia europea. El hecho de que New Labour permaneciera en el gobierno durante un periodo de trece años (uno de los periodos de gobierno socialdemócrata más longevos en Europa) era motivo de admiración, atribuyéndose esta longevidad al éxito de sus políticas, que se transformaron en modelos a seguir en gran número de círculos dentro de los partidos socialdemócratas, tanto de los que gobernaban como de los que estaban en la oposición. En muchos partidos socialdemócratas que estaban en la oposición, se propuso seguir el modelo Blair para ganar las elecciones. Uno de los últimos ejemplos, entre muchos otros, fue la candidata a la Presidencia de Francia del Partido Socialista Francés en las últimas elecciones de aquel país, que explícitamente se refirió a la Tercera Vía como su punto de referencia.
En España la influencia de la Tercera Vía ha sido considerable, no sólo en sectores del PSOE y del PSC, sino también en otros partidos que consideraron atrayentes muchos elementos de la Tercera Vía. Liderada, esta influencia, por los abundantes escritos de Anthony Giddens (uno de los autores extranjeros más visibles en los medios españoles), la Tercera Vía se presentó como la necesaria alternativa a la que, en términos un tanto despectivos, se definía como “socialdemocracia tradicional” (que era la manera amable de llamarla anticuada).
Lo que es sorprendente es que esta visión de éxito político se promocionara cuando la evidencia empírica, fácilmente obtenible, mostraba precisamente lo contrario. El gran triunfo de la Tercera Vía fue en 1997, cuando New Labour ganó por primera vez las elecciones británicas. Tal Partido consiguió el 43% del voto popular (es decir, de la población que votó), que significó el 33% del total del electorado (es decir, de toda la población que podía votar), resultado –como indicaron las encuestas a pie de urna- del enorme rechazo popular hacia las políticas del partido conservador, imbuido de thatcherismo. Pero a partir de aquel año, el descenso del apoyo electoral fue espectacular. En las siguientes elecciones, en el año 2001, el Partido Laborista ganó sólo el 25% del total del electorado, y en el año 2005, descendió más, al 22%. Es sorprendente que en base a estos datos pudiera definirse tal experiencia como exitosa.
Los que llegan a este diagnóstico de “exitoso” utilizan los resultados electorales, no en base a la votación popular, sino en base al número de parlamentarios, ignorando que el sistema electoral británico no es proporcional sino profundamente sesgado y no refleja la voluntad popular. Así, en 1997, el Partido New Labour, con el 33% del total del electorado, consiguió el 64% de todos los escaños del Parlamento Británico. En el año 2001 sufrió un enorme bajón, debido en gran parte al aumento de la abstención (sobre todo entre la clase trabajadora), recibiendo sólo el voto del 25% del total del electorado, (disminuyendo también el porcentaje del voto popular, pasando a ser un 40%). A pesar de estos descensos, el número de escaños sólo bajó de 418 a 413 (de un 63% a un 62% de todos los escaños) dando una impresión errónea de mantener una elevada popularidad. En realidad, si Gran Bretaña hubiera tenido un voto proporcional, la prensa habría hablado de descalabro, que continuó en 2005, cuando el porcentaje de voto del total del electorado fue sólo de un 22%, consecuencia del incremento de la abstención (sobre todo entre la clase trabajadora), experimentando también una disminución notable del voto popular (pasando de 40% a 35%), perdiendo también escaños, pero manteniendo un 55% de todos ellos (356), permitiéndole gobernar en mayoría. El sesgo del sistema electoral estaba ocultando el gran descalabro del New Labour. En 2010, sin embargo, el voto popular bajó al 29%, perdiendo la mayoría de escaños. Tales datos muestran que el New Labour nunca fue muy popular, una falta de popularidad todavía más acentuada entre las clases populares que habían sido su base electoral más sólida durante el siglo XX. La victoria del New Labour no era tanto el “éxito” de sus políticas, sino la situación caótica en la que se encontraba el Partido Conservador (cuyas políticas habían dejado muy mal sabor de boca entre aquellas clases populares, y cuyas luchas internas sobre su postura anti Unión Europea, habían creado enormes tensiones dentro de aquel partido) y el sistema electoral que, potenciando a New Labour, discriminaba abusivamente al Partido Demócrata Liberal, que no tenía posibilidades de poder gobernar. Ni que decir tiene que los apologistas de la Tercera Vía, como Anthony Giddens, nunca citaron tales datos.
La escasa popularidad de New Labour fue consecuencia del abandono de las políticas socialdemócratas (tales como las políticas redistributivas y las políticas de carácter universal encaminadas a extender a toda la ciudadanía los limitados y poco desarrollados derechos laborales y sociales), adoptando en su lugar medidas de corte liberal (en las áreas económicas) y cristianodemócrata (en las áreas sociales). Entre las primeras resaltan la prioridad que New Labour dio al sector financiero en la economía británica. A partir del New Labour el desarrollo económico iba a basarse en un gran crecimiento del capital financiero británico. Siguiendo las políticas del Presidente Clinton (con el cual New Labour tuvo grandes semejanzas), desreguló la banca de una manera muy notable (tal como hizo Clinton al anular la Ley Glass-Steagall), permitiendo, estimulando y facilitando el crecimiento de los comportamientos especulativos de la banca, políticas favorecidas también por la independencia que otorgó al Banco de Inglaterra en el diseño de la política monetaria. El Sr. Gordon Brown, el ministro de Economía, indicó –con orgullo- en más de una ocasión que el mercado financiero en Gran Bretaña estaba entre los menos regulados del mundo desarrollado. En realidad, Londres –la City- se convirtió en el centro del banco en la sombra (the shadow banking), el componente bancario, centrado en la actividad especulativa (los hedge funds), que consideraba a la City más permisiva incluso que Wall Street, lo cual explica que se conociera a la City como “Wall Street’s Guantánamo”. Esta situación permitió la burbuja especulativa, mayor incluso que la que ocurrió en EEUU. Consecuencia de tales políticas, el capital financiero llegó a representar el 32% del PIB, casi tan alto como EEUU, el 33% (el promedio de la OCDE es el 28%). Este crecimiento se hizo a costa del sector industrial, que bajó de un 20% del PIB -cuando el New Labour inició su mandato en 1997- a un 12% actualmente, lo cual explica el deterioro de la manufactura y con ello el fin de los salarios altos y el debilitamiento de los sindicatos más fuertes y militantes –los sindicatos del sector manufacturero-, siendo el mercado de trabajo británico “uno de los mercados más desregulados existentes hoy en el mundo desarrollado” (según expresó, de nuevo, con orgullo el Primer Ministro, Sr. Toni Blair, según cita Tony Word en su análisis de las políticas económicas del Blairismo en su artículo “Good Riddance to New Labour” NLR. 62. pp 5-28. 2010).
En una situación semejante a la existente en España, el boom del capital financiero determinó una gran actividad especulativa, dentro de la cual la actividad inmobiliaria, relacionada con la construcción, lideró el crecimiento económico británico, un crecimiento anual (2,7% del PIB), sólo ligeramente superior al que tuvo lugar durante el gobierno conservador anterior. Parte de tal crecimiento, sin embargo, fue artificial, pues se basaba en una especulación que enriqueció a la banca, sin necesariamente traducirse en crecimiento de la economía real.
Otra influencia liberal se dio en la privatización de los servicios públicos. New Labour empezó comprometiéndose a no subir el gasto público en sus primeros tres años, promesa que mantuvo. No fue hasta el 2000 que se incrementó el gasto público de una manera muy marcada para parar el gran deterioro de los servicios públicos que “las políticas de austeridad” thatcherianas, llevadas a cabo por los gobiernos conservadores y continuadas por New Labour, habían estado causando. En el Servicio Nacional de Salud (N.H.S.) el crecimiento anual del gasto público sanitario fue, a partir del año 2000, de un 7%. Pero este notable incremento se gastó en realizar las reformas liberales que consistían en privatizar las inversiones en el sector sanitario. En lugar de que las instituciones nuevas, como hospitales, fueran realizadas con gasto público, se animaba a que fueran las empresas privadas las que hicieran tal inversión, pagándoles el N.H.S. parte de las hipotecas correspondientes, lo que encareció tales inversiones, con lo cual, el coste total para el sector público (hipoteca más intereses) resultaba más elevado que si se hubieran construido directamente con fondos públicos. Es un arreglo semejante a lo que ocurre en Cataluña con las autopistas de pago, con el agravante de que el pago hipotecario lo hace el Estado.
La privatización conllevó también un notable crecimiento de los costes administrativos en el sector público (que representa un 10% del gasto total). Por otra parte, la aparición de un sistema concertado basado, en parte, en las ventajas fiscales del aseguramiento privado, reprodujo un sistema semejante al ya existente en Cataluña, con una sanidad polarizada por clase social, en la que el sistema privado concertado (subsidiado con fondos públicos) atiende a las clases de rentas superiores, dedicándose los servicios públicos a las clases populares.
En el sistema educativo se inició un sistema polarizado semejante al sanitario, estableciéndose escuelas privadas (muchas de ellas religiosas) concertadas y escuelas públicas, habiendo introducido sistemas de pago en las públicas, eliminando a la vez las ayudas de tipo universal y sustituyéndolas por ayudas asistenciales para familias de bajos ingresos. Y en las universidades, el criterio de evaluar la investigación priorizó los proyectos que favorecieron los beneficios de la economía, la comercialización de nuevos productos y la creación de nuevas empresas. Todos ellos objetivos loables, pero que se transformaron en prioritarios bajo New Labour.
En todo este discurso desapareció cualquier referencia a la clase trabajadora, sustituida en el discurso por la clase media, la base social –según tal discurso- de tal Partido. De esta manera, el estado del bienestar, en lugar de estar basado en la alianza de la clase trabajadora con las clases medias, condición para que se establezca el principio de universalidad, se transformó en el instrumento asistencial (de clara tradición cristiano demócrata) de ayuda a los pobres y prevención de la exclusión social.
No es sorprendente que el mayor descenso de apoyo electoral se haya dado entre la clase trabajadora, siendo, por otra parte, un hecho muy importante que apenas ha aparecido en los medios, teniendo lugar un espectacular declive de la militancia y del número de miembros del Partido Laborista, habiéndose reducido a la mitad desde que New Labour inició su mandato. Hoy, tal Partido tiene sólo 166.000 miembros, el número más bajo entre los grandes partidos de la socialdemocracia europea. El italiano tiene 800.000, el francés 200.000, y el alemán 400.000. Tal Partido tiene difícil recuperación cuando el grupo de militancia es tan reducido. La sustitución de la militancia por una dependencia en los grupos mediáticos –como el Sr. Murdoch, el gran empresario mediático, definido como el 28º miembro del Gabinete New Labour- le hace enormemente vulnerable a estos grupos mediáticos. Su abandono, como ha ocurrido en las últimas elecciones, disminuyó notablemente la capacidad de movilización de aquel Partido.
Todos estos datos tendrían que alertar a los partidos socialistas y progresistas de los elevados costes económicos, sociales y políticos que representan el tomar como modelo el socioliberalismo representado por la Tercera Vía.
jueves, 20 de mayo de 2010
¿Qué mercados financieros?
Vicenç Navarro
diario PÚBLICO
20 de mayo de 2010
Este artículo señala que los mal llamados mercados financieros no responden a las características que definen a los mercados pues sus agentes –los bancos- gozan de un gran proteccionismo proveído por los estados, así como por instituciones internacionales –como el Fondo Monetario Internacional- que garantizan sus exuberantes beneficios a costa de enormes reducciones del gasto público y de la protección social de las clases populares. El artículo muestra ejemplos de este proteccionismo en el caso de EEUU y en la mal llamada “ayuda” del FMI-Euro a los países con elevados déficits y deuda pública, como Grecia, que es en realidad ayuda primordialmente para los bancos europeos.
El lenguaje que se utiliza para explicar la crisis es un lenguaje que aparenta ser neutro, meramente técnico, cuando, en realidad, es profundamente político.
Así, se nos dice que los “mercados financieros” están forzando a los países de la Unión Europea y, muy en especial, a los países mediterráneos –Grecia, Portugal y España– e Irlanda, a seguir políticas de gran austeridad, reduciendo sus déficits y deudas públicas, con el fin de recuperar la confianza de los mercados, condición necesaria para alcanzar la recuperación económica.
Como dijo hace unos días Jean-Claude Trichet, presidente del Banco Central Europeo (BCE): “La condición para la recuperación económica es la disciplina fiscal, sin la cual los mercados financieros no certifican la credibilidad de los estados” (Financial Times, 15-05-10).
La realidad, sin embargo, es muy distinta.
Estas medidas de austeridad, promovidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y por la Unión Europea (UE), están creando un gran deterioro de la calidad de vida de las clases populares, pues están afectando negativamente su protección social y están destruyendo empleo, dificultando su recuperación económica.
Así ha ocurrido en Lituania, donde su PIB ha disminuido un 17% y su desempleo ha alcanzado el 22% de la población activa (véase mi artículo ¿Quién paga los costes del euro? en www.vnavarro.org).
Una situación semejante ocurrirá en los países citados anteriormente.
Parecería, pues, que son los mercados financieros los que están imponiendo estas políticas a los gobiernos. Ahora bien, ¿qué quiere decir “los mercados financieros”?
En teoría, en la dogmática liberal que domina los establishments europeos (el Consejo Europeo, el BCE y la Comisión Europea, así como en los gobiernos de la mayoría de los países de la UE), los mercados son procesos de libre comercio entre agentes financieros –los bancos– que obtienen beneficios para compensar sus riesgos, pues se asume que existen riesgos en tales mercados.
Pero tal retórica no define la realidad, pues tales entidades –los bancos– operan dentro de ámbitos e instituciones enormemente proteccionistas de sus intereses, en los que el riesgo, en general, brilla por su ausencia.
En realidad, los mal llamados mercados tienen muy poco de mercado. Son bancos con mucho beneficio y poco riesgo. Y lo que está ocurriendo muestra la certeza de este diagnóstico.
En EEUU, donde existe amplio consenso sobre el hecho de que la crisis financiera fue iniciada por los comportamientos de Wall Street, la crisis bancaria fue resuelta con la aportación a los bancos de casi un billón de dólares pagados por el Estado, que benefició enormemente a los banqueros y a sus accionistas, consiguiendo incluso más beneficios de los que tenían antes de la crisis.
La obscenidad de tales beneficios y las prácticas deshonestas y criminales de los banqueros (causantes de la crisis) explica su enorme impopularidad y la de tales medidas, que no repercutieron favorablemente sobre la población, que vio cómo sus estándares de vida disminuyeron debido a la crisis provocada por los bancos.
No fueron los mercados, sino los bancos y sus políticos en el Congreso (con nombres y apellidos conocidos) y en las administraciones Clinton, Bush y Obama (también con nombres y apellidos conocidos), los que crearon la crisis, salvaron a los bancos y ahora llaman a la austeridad.
Una situación casi idéntica está ocurriendo en la UE.
Los comportamientos especulativos de la banca europea fueron consecuencia de decisiones políticas que desregularon la banca, decisiones que se tomaron especialmente, no sólo en Wall Street, sino también en los centros financieros, principalmente la City de Londres y en Fráncfort, consecuencia de la enorme influencia de la banca sobre los gobiernos británico y alemán.
La mal llamada “ayuda” del FMI-EU (de 750.000 millones de euros) a los países con dificultades no es una ayuda a las poblaciones de aquellos países, sino a los bancos (y muy en especial a los alemanes y franceses) para asegurarles que los estados les pagarán las deudas con los intereses confiscatorios que han exigido.
En realidad, si los mercados financieros fueran mercados de verdad (y, por lo tanto, hubiera competitividad y riesgo en su comportamiento), los bancos tendrían que absorber sus pérdidas en inversiones financieras fallidas.
Si el Gobierno de Grecia, por ejemplo, fuera a la bancarrota, la banca alemana tendría que absorber las pérdidas de haber tomado la decisión de comprar bonos del Estado griego.
Ahora bien, esto no ocurre en los mal llamados mercados financieros debido a que hay toda una serie de instituciones que protegen a los bancos.
Y la más importante es el FMI, que presta dinero a los estados para que pague a los bancos. De ahí que, como en EEUU, los bancos nunca pierden. Las que pierden son las clases populares, pues el FMI exige a los gobiernos que extraigan el dinero para pagar a los bancos de los servicios públicos de tales clases populares.
Lo que el FMI hace es la transferencia de fondos de las clases populares a los bancos. Esto es lo que se llama “conseguir la credibilidad de los estados frente a los mercados”.
Estas transferencias, sin embargo, además de ser profundamente injustas, son enormemente ineficientes.
El fracaso de las políticas de austeridad propuestas por el FMI en los países en crisis es bien conocido, lo que explica el descrédito de tal institución.
El FMI, desde la época Reagan, es la organización financiera que ha impuesto más sacrificios a las clases populares de los países que han recibido “su ayuda”, con resultados económicos altamente negativos, tal como ha denunciado correctamente Joseph Stiglitz.
No son los mercados, sino los intereses bancarios y sus aliados –entre los que destacan el FMI y el BCE– los que están imponiendo estos sacrificios.
Al menos, llamemos a los culpables por su nombre.
viernes, 14 de mayo de 2010
El gobierno está equivocado y el PP todavía más
Vicenç Navarro
revista digital SISTEMA,
14 de mayo de 2010
Este artículo (continuación de otro en el que se analizaron críticamente las propuestas realizadas por el gobierno español para salir de la crisis) se centra en las propuestas que hizo el Sr. Rajoy (máximo dirigente del Partido Popular) para resolver la Gran Recesión en la que España se encuentra. En tal exposición, el Sr. Rajoy, indicó que las propuestas que estaba proponiendo habían ya sido exitosas en sacar a España de la recesión anterior, durante el gobierno Aznar. El artículo detalla las consecuencias de aquellas políticas, documentando el impacto negativo que tuvieron en la situación económica y social de España, mostrando indicadores de tal impacto.
Creo que las políticas de austeridad que está llevando a cabo el gobierno socialista, en respuesta a la presión de la UE, son erróneas, por las razones que he elaborado extensamente en este forum (“Las políticas promovidas por la Unión Europea son ineficaces e injustas”. Sistema Digital. 07.05.10).
Pero lo que encuentro incluso más reprobable son las propuestas del PP para salir de la crisis.
En su presentación el 12 de mayo, ante las Cortes Españolas, de las propuestas para salir de la crisis, el Sr. Rajoy indicó que tales propuestas ya habían mostrado su efectividad cuando fueron aplicadas por el gobierno Aznar.
Según Rajoy, tales medidas fueron determinantes para salir de la crisis económica anterior, que ocurrió a principios de los años noventa. De ahí la importancia de analizar cómo se salió de aquella crisis y a qué coste, tanto social como económico. La realidad es que la aplicación de aquellas políticas ahora llevaría a una situación semejante, con costes sociales y económicos mucho mayores, pues la crisis actual (la Gran Recesión) es mucho mayor que la crisis que tuvo lugar entonces.
El objetivo principal de las políticas públicas del PP para salir de la crisis fue la reducción del déficit público, igual que ahora. Y esta reducción del déficit público se hizo a base de reducir el gasto público (incluyendo el gasto público social) y no a base de incrementar los impuestos, tal como el PP está proponiendo ahora. En realidad, el gobierno del cual el Sr. Rajoy fue parte, bajó los impuestos, aprobando reformas fiscales regresivas que favorecieron especialmente a las rentas del capital y a las rentas superiores.
Una consecuencia de estas políticas fue un notable crecimiento del déficit que España tenía respecto al promedio de la UE-15 en gasto público social por habitante. Tal déficit aumentó de 1.928 euros estandarizados (euros con el mismo poder de compra en países con distintos niveles de riqueza en la UE-15) en 1996 a 2.242 euros en 2004, un crecimiento de 314 euros estandarizados por habitante (ver Navarro, V., dir. “La Situación Social en España, vol. III, Biblioteca Nueva).
Esto supone un incremento muy marcado del déficit de gasto público en las distintas dimensiones del estado del bienestar.
Este enorme descenso del gasto público social junto con las reformas fiscales regresivas diluyó todavía más el impacto redistributivo del Estado español, uno de los estados menos redistributivos en la UE-15. Ello explica tanto el elevado nivel de desigualdad de rentas existentes en el país (el mayor de la UE-15, junto con Grecia y Portugal), como su elevada pobreza (de nuevo la más elevada de la UE-15, junto con Grecia y Portugal).
Las políticas del PP incrementaron el porcentaje de la población que sufre pobreza, pasando de ser el 18% de la población en el año 1996 a un 20% en el 2003, incremento de dos puntos, que significó un aumento del número de pobres en varios millones de habitantes. Esta reducción del gasto afectó también a las pensiones públicas. El déficit de gasto en pensiones públicas por habitante de España con el promedio de la UE-15, se incrementó un 40% durante el periodo 1996-2003, pasando de ser 492 a 693 euros estandarizados, aún cuando el porcentaje de la población española por encima de los 65 años aumentó durante aquel periodo, siendo este porcentaje mayor que el promedio de la UE-15.
El retraso del estado del bienestar en España se debe no sólo a los cuarenta años de una dictadura de derechas enormemente represiva (por cada asesinato político que cometió Mussolini, Franco cometió 10.000), con escasísima sensibilidad social (cuando el dictador murió, el gasto público social como porcentaje del PIB era sólo de un 14% del PIB, el más bajo, con diferencia, de la Europa occidental), sino también al dominio conservador y liberal en la vida política y mediática de este país, que resolvió la crisis de 1993 y 1994 a base de unas políticas que, aún cuando fueron iniciadas por el gobierno PSOE en el periodo 1993-1996, se acentuaron y expandieron todavía más en el periodo 1996-2004, durante el gobierno del PP. A la vista de esta experiencia, es fácil concluir que el desarrollo de las propuestas que está haciendo ahora el PP revertiría la reducción del déficit del gasto público social de España con la UE-15, que ha estado ocurriendo en el periodo 2004-2008 (bajando de 2.242 euros estandarizados en el año 2004 a 2.114 en el 2006, último año en que la agencia de estadísticas de la UE, Eurostat ha publicado datos para toda la Unión Europea), siendo el incremento del gasto público social una de las características del periodo 2004-2008, consecuencia de las alianzas informales entre el PSOE y los partidos a su izquierda, incremento que fue reduciendo el déficit de gasto público social español con el promedio de la UE-15. La crisis actual se está intentando resolver a costa de reducir el gasto público (incluyendo el gasto público social) que determinará una reversión de esta reducción del déficit del gasto público social, que se acentuaría más si gobernara el PP, tal como la experiencia de su gobierno anterior lo demuestra.
Por otra parte, las políticas fiscales y económicas del PP (que acentuaron todavía más las realizadas por el gobierno socialista) favorecieron claramente la polarización de las rentas del país, tal como señalé en la sección anterior. Mientras que los costes laborales aumentaron durante el periodo 1999-2004 sólo un 3,7%, los beneficios empresariales aumentaron un 73%.
De estos beneficios, los más espectaculares fueron los de la banca, que alcanzó niveles exuberantes, basados en gran parte en actividades especulativas, de las cuales las inmobiliarias fueron las más importantes. La desregulación del precio del suelo llevada a cabo por el gobierno PP fue un elemento clave para provocar la burbuja inmobiliaria. El maridaje banca-sector inmobiliario-industria de la construcción fue el centro del crecimiento económico, que absorbió una enorme cantidad de recursos que deberían haberse invertido en áreas más productivas y menos especulativas. La política económica del PP fue la política basada en la especulación, que ha sido causa del enorme retraso, no sólo social, sino también económico, del país. El colapso de la burbuja ha provocado el enorme problema de la falta de crédito, mientras que la reducción de la masa salarial ha creado el enorme problema de endeudamiento y escasa demanda, que es la mayor causa de la crisis, la cual empeoraría todavía más con la aplicación de las políticas del PP. Su autopromoción como el partido portador de la solución a la crisis actual carece de credibilidad, pues está recomendando las mismas políticas que nos llevaron a la crisis.
Lo que no se dice de la crisis
Vicenç Navarro
diario PÚBLICO
13 de mayo de 2010
Este artículo muestra el error de muchos supuestos que se reproducen en la sabiduría convencional sobre las causas de la crisis, entre los cuales, uno de amplia difusión, es que la crisis de los países mediterráneos e Irlanda se debe a su excesivo gasto público que debe reducirse. El artículo señala los datos que cuestionan tal supuesto, subrayando que las causas de sus problemas radican en sus enormes desigualdades y polarización de las rentas (que crean problemas de falta de demanda y que generan un profundo endeudamiento), así como el excesivo poder del capital financiero que tiene gran influencia sobre el Consejo Europeo, la Comisión Europea y El Banco Central Europeo.
La crisis que están viviendo algunos países mediterráneos –Grecia, Portugal y España– e Irlanda se está atribuyendo a su excesivo gasto público, que se supone ha creado un elevado déficit y una exuberante deuda pública, escollos que dificultan seriamente su recuperación económica. De ahí las recetas que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo (BCE) y el Consejo Europeo han estado imponiendo a aquellos países: hay que apretarse el cinturón y reducir el déficit y la deuda pública de una manera radical.
Es sorprendente que esta explicación haya alcanzado la dimensión de dogma, que se reproduce a base de fe (el omnipresente dogma liberal) y no a partir de una evidencia empírica. En realidad, ésta muestra lo profundamente errónea que es tal explicación de la crisis. Veamos los datos.
Todos estos países tienen los gastos públicos (incluyendo el gasto público social) más bajos de la UE-15, el grupo de países más ricos de la Unión Europea, al cual pertenecen. Mírese como se mire (bien gasto público como porcentaje del PIB; bien como gasto público per cápita; bien como porcentaje de la población adulta trabajando en el sector público), todos estos países están a la cola de la UE-15. Su sector público está subdesarrollado. Sus estados del bienestar, por ejemplo, están entre los menos desarrollados en la UE-15.
Una causa de esta pobreza del sector público es que, desde la Segunda Guerra Mundial, estos países han estado gobernados la mayoría del periodo por partidos profundamente conservadores, en estados con escasa sensibilidad social. Todos ellos tienen unos sistemas de recaudación de impuestos escasamente progresivos, con carga fiscal menor que el promedio de la UE-15 y con un enorme fraude fiscal (que oscila entre un 20 y un 25% de su PIB). Son estados que, además de tener escasa sensibilidad social, tienen escaso efecto redistributivo, por lo que son los que tienen mayores desigualdades de renta en la UE-15, desigualdades que se han acentuado a partir de políticas liberales llevadas a cabo por sus gobiernos. Como consecuencia, la capacidad adquisitiva de las clases populares se ha reducido notablemente, creando una economía basada en el crédito que, al colapsarse, ha provocado un enorme problema de escasez de demanda, causa de la recesión económica.
Es este tipo de Estado el que explica que, a pesar de que su deuda pública no sea descomunal (como erróneamente se presenta el caso de Grecia en los medios, cuya deuda es semejante al promedio de los países de la OCDE), surjan dudas de que tales estados puedan llegar a pagar su deuda, consecuencia de su limitada capacidad recaudatoria. Su déficit se debe, no al aumento excesivo del gasto público, sino a la disminución de los ingresos al Estado, resultado de la disminución de la actividad económica y su probada ineficacia en conseguir un aumento de los ingresos al Estado, debido a la resistencia de los poderes económicos y financieros.
Por otra parte, la falta de crédito se debe al excesivo poder del capital financiero y su influencia en la Unión Europea y sus estados miembros. Fue la banca la que, con sus comportamientos especulativos, fue creando burbujas que, al estallar, han generado los enormes problemas de falta de crédito. Y ahora están creando una nueva burbuja: la de la deuda pública. Su excesiva influencia sobre el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (este último mero instrumento de la banca) explica las enormes ayudas a los banqueros y accionistas, que están generando enormes beneficios. Consiguen abundante dinero del BCE a bajísimos intereses (1%), con el que compran bonos públicos que les dan una rentabilidad de hasta un 7% y un 10%, ayudados por sus agencias de cualificación (que tienen nula credibilidad, al haber definido a varios bancos como entidades con elevada salud financiera días antes de que colapsaran), que valoran negativamente los bonos públicos para conseguir mayores intereses. Añádase a ello los hedge funds, fondos de alto riesgo, que están especulando para que colapse el euro y que tienen su base en Europa, en el centro financiero de Londres, la City, llamada el “Wall Street Guantánamo”, porque su falta de supervisión pública es incluso menor (que ya es mucho decir) que la que se da en el centro financiero de EEUU.
Como bien ha dicho Joseph Stiglitz, con todos los fondos gastados para ayudar a los banqueros y accionistas se podrían haber creado bancos públicos que ya habrían resuelto los problemas de crédito que estamos experimentando (ver mi artículo “¿Por qué no banca pública?”, en www.vnavarro.org).
En realidad, es necesario y urgente que se reduzca el sobredimensionado sector financiero en el mundo, pues su excesivo desarrollo está dañando la economía real. Mientras la banca está pidiendo a las clases populares que se “aprieten el cinturón”, tales instituciones ni siquiera tienen cinturón. Dos años después de haber causado la crisis, todavía permanecen con la misma falta de control y regulación que causó la Gran Recesión.
El mayor problema hoy en la UE no es el elevado déficit o deuda (como dice la banca), sino el escaso crecimiento económico y el aumento del desempleo. Ello exige políticas de estímulo económico y crecimiento de empleo en toda la UE (y muy especialmente en los países citados en este artículo). No ha habido una crisis de las proporciones actuales en el siglo XX sin que haya habido un crecimiento notable del gasto público y de la deuda pública, que se ha ido amortizando a lo largo de los años a base de crecimiento económico. EEUU pagó su deuda, que le permitió salir de la Gran Depresión, en 30 años de crecimiento. El mayor obstáculo para que ello ocurra en la UE es el dominio del pensamiento liberal en el establishment político y mediático europeo, imponiendo políticas que serán ineficientes, además de innecesarias. Y todo para asegurar los beneficios de la banca. Así de claro.
sábado, 8 de mayo de 2010
Las políticas promovidas por la Unión Europea son ineficaces e injustas
Artículo publicado por Vicenç Navarro en la revista digital SISTEMA, 7 de mayo de 2010
El artículo critica las políticas públicas promovidas por el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo para salir de la crisis actual (que enfatizan las políticas de austeridad de gasto y empleo público) subrayando que tales políticas están dificultando la recuperación económica, además de dañar innecesariamente la calidad de vida de las clases populares.
Existen muchas interpretaciones de las causas de la enorme crisis financiera y económica que estamos sufriendo en el mundo y, muy en particular, en la Unión Europea y en el sur de nuestro continente. Una, que pertenece a la sensibilidad liberal, asume que la culpa la tiene el excesivo desembolso del gasto público, que ha ahogado el crecimiento económico. De esta interpretación se derivan las propuestas de que hay que disminuir tal gasto a fin de reducir el déficit y la deuda pública. Hoy, esta visión está generalizada en la mayoría de fórums financieros, políticos y mediáticos de la Unión Europea. Como prueba de la certeza de su diagnóstico, muestran que los países que están en peor situación hoy en la Unión Europea son los países del Sur de Europa –Grecia, Portugal y España-, e Irlanda, que tiene unos mayores déficits, como resultado de su supuesta falta de disciplina en sus políticas de gasto. La supuesta exhuberancia de tal gasto (la posibilidad de jubilación a los 55 años en Grecia, es el caso más citado) es la causa de sus dolores de cabeza. De ahí la presión de que deben reducir muy significativamente su “exagerado” gasto público, a fin de recuperarse y salvarse del colapso (y salvar así también el euro, que está experimentando dificultades por culpa de estos países). En cuanto al elevado desempleo, éste se atribuye predominantemente a las supuestas rigideces del mercado laboral, consecuencia de unos sindicatos excesivamente poderosos e influyentes que están obstaculizando la recuperación económica, en su acérrima defensa de los trabajadores con contrato fijo (y salarios demasiado altos) creando un elevado desempleo.
De esta interpretación de las causas de las crisis se derivan las políticas públicas promovidas por la Unión Europea, que consisten en reducción del gasto y empleo público, en disminución de los derechos sociales y laborales, y en desregulación de los mercados laborales. El desarrollo de tales políticas (que alcanzan su máxima expresión en el caso de Grecia), se consideran necesarias para salir de la crisis. En realidad, es el desarrollo de las políticas liberales que los mundos financieros y empresariales han deseado durante muchos años, y que ahora utilizan la crisis para llevarlas a cabo. Su coste social y humano será enorme, y su impacto en la crisis será mayor, acentuándola.
Lo que es llamativo es que tal dogma liberal, reproducido en los medios de información y persuasión, tiene muy escasa evidencia empírica que lo sustente. Es fácil mostrar que la causa de los problemas de los países con grandes dificultades no es su excesivo gasto público. En realidad, todos ellos (Grecia, Portugal, España e Irlanda) tienen un gasto público, como porcentaje del PIB, más bajo que el promedio de la Unión Europa de los Quince, el grupo de países más desarrollados de la UE, al cual todos ellos pertenecen. Lo mismo ocurre con el gasto público social como porcentaje del PIB, también más bajo que el promedio de la UE-15. Idéntica situación ocurre con el empleo público. El porcentaje de la población que trabaja en el sector público en todos estos países es más bajo que el promedio de la UE-15 (ver Navarro, V. (dir). La situación social en España, Vol III. Biblioteca Nueva).
Y en cuanto a los supuestamente exuberantes salarios, las cifras muestran que, tomando los salarios de los trabajadores de la manufactura, como punto de referencia, todos ellos tienen niveles salariales más bajos que el promedio de la UE-15 (más bajos incluso de lo que les correspondería por el nivel de riqueza que tienen) (ver V. Navarro, Marta Tur y Miquel Campa, La situación de la clase trabajadora en España, en www.navarro.org, sección Economía Política). En cambio, los beneficios empresariales y de la banca están entre los más altos, así como su fraude fiscal. Todos estos datos muestran que los problemas que tienen no se deben a su “excesivo” gasto público y “exuberantes” salarios.
De ahí que sea mucho más creíble otra explicación del origen y causas de las crisis financieras y económicas, que está siendo marginada y discriminada en los fórums y medios de información y persuasión españoles y en la UE. Las crisis actuales son consecuencia directa de las políticas liberales promovidas por el establishment europeo que ha provocado una enorme polarización de las rentas y creación de grandes desigualdades. Los países citados son los más desiguales en la UE, en un continente en el que las desigualdades han crecido enormemente. Las rentas del trabajo como porcentaje de las rentas totales han ido disminuyendo enormemente, disminuyendo con ello la demanda, una de las causas más importantes de la crisis. La otra causa de la crisis es la falta de crédito, resultado también de la polarización de las rentas con el crecimiento exuberante de los beneficios del capital, que se invirtieron predominantemente en actividades especulativas (como las inmobiliarias y el desarrollo de instrumentos de alto riesgo) que crearon las burbujas que al estallar provocaron el enorme problema de falta de crédito.
LA ALTERNATIVA PROGRESISTA
Las soluciones son fáciles de ver. Hay que estimular la demanda en aquellos países, así como en toda la UE, a base de una redistribución de las rentas con un incremento de la capacidad adquisitiva de las clases populares, impidiendo bajos salarios (que son la causa de la baja productividad) y una enorme expansión del gasto público con el objetivo de crear empleo, precisamente las políticas opuestas a las que se están realizando en la UE. Nunca se ha salido de ninguna depresión y gran recesión en el siglo XX (como la actual) sin que haya habido una enorme expansión del gasto público y crecimiento de la deuda. La Gran Depresión se resolvió con el New Deal y el enorme incremento del gasto público durante la II Guerra Mundial. En Europa, la reconstrucción de las economías casi destruidas como consecuencia de la II Guerra Mundial se basó en unas enormes inversiones públicas fiscales y sociales, facilitadas por el Plan Marshall. Creerse ahora que se puede salir de esta enorme recesión sin tal crecimiento del gasto público en toda la UE es ignorar las lecciones de la historia. Reducir el gasto público es una nota de suicidio. En realidad, si no fuera por la reducción del gasto público, España ya habría salido de la recesión.
En cuanto al otro gran problema, la falta de crédito, éste debe resolverse a base de una intervención pública, no para ayudar a los banqueros, como se está haciendo ahora, sino para garantizar el acceso al crédito. Como era predecible, las medidas de austeridad exigidas a las clases populares por parte de la UE van acompañadas con medidas muy generosas a la banca, tanto la griega como la alemana (entre otras), propietarios de la deuda griega.Tal como bien ha dicho Joseph Stiglitz, si todas las “ayudas” a la banca se hubieran invertido en crear bancos públicos de crédito, la falta de crédito ya se habría resuelto. Se han gastado 700.000 millones de dólares, sólo en EEUU, para salvar la banca, cuando con este dinero podría (y debería) establecerse una banca o bancas públicas que garantizaran el acceso al crédito por parte de empresas (sobre todo medianas y pequeñas) y ciudadanía. Un tanto semejante ha ocurrido en la Unión Europea (ver V. Navarro, ¿Por qué no banca pública? www.vnavarro.org, sección Economía Política).
Lo que estamos viendo hoy es la plena expresión de lo que solía llamarse “lucha de clases”, en la que las clases dominantes lideradas por el capital financiero están imponiendo sus exigencias a las clases populares a fin de recuperar su rentabilidad. Como bien ha dicho Warren Buffet, una de las personas más ricas del mundo, conocedor del mundo financiero empresarial, al cual pertenece, “hay clases y lucha de clases, y mi clase está ganando esta lucha”. La famosa frase de apretarse el cinturón sólo aplica a las clases dominadas. Las dominantes ni siquiera llevan cinturón. La nula regulación de la banca, a pesar de haber sido la causa de la crisis financiera, dos años ya tras haber creado la crisis, muestra hasta qué punto el mundo político está configurado por tales intereses financieros empresariales, que están dañando enormemente la economía real. No es sorprendente que las llamadas democracias tengan problemas tan graves de credibilidad que están cuestionando su legitimidad. La agitación social en Grecia es el inicio de un proceso que pondrá en vivo lo que hasta ahora aparecía sólo en pasivo, expresándose en abstención en los procesos electorales. La transformación de tal abstención pasiva en agitación activa será, a partir de ahora, una constante en los años venideros. El peligro es que esta agitación la capitalicen las derechas, tal como está ocurriendo en EEUU. Veremos qué ocurre en la Unión Europea.
jueves, 6 de mayo de 2010
Consecuencias del “libre” comercio
Vicenç Navarro
PÚBLICO,
6 de mayo de 2010
Este artículo muestra como el mal llamado libre comercio (poniendo entrecomillas “libre” porque no es tal) está dañando enormemente a las clases trabajadoras y clases populares de los países subdesarrollados. Esta tesis, expuesta por el autor en un artículo anterior publicado en PÚBLICO, ha sido ahora corroborada sorprendentemente por el Presidente Clinton de EEUU, el cual ha reconocido que las políticas promovidas por su gobierno, por el Banco Mundial, y por el Fondo Monetario Internacional (y por los medios liberales), dañaron enormemente a Haití, tal como el autor de este artículo había señalado anteriormente. El artículo subraya que tales políticas de “libre” comercio están dañando, no solo a Haití, sino a la mayoría de países de Latinoamérica.A raíz del terremoto ocurrido en Haití el pasado 12 de enero de 2010, escribí el artículo en Público “Haití no es un desastre natural” (28-01-10), en el que denunciaba la cobertura por parte de los medios de información españoles de la situación desastrosa que aquel país estaba sufriendo. Tales medios presentaron aquella tragedia como un fenómeno natural e imprevisible, el terremoto, ignorando las causas políticas del enorme subdesarrollo del país que le había hecho tan vulnerable frente a aquel fenómeno natural. La información proveída por los medios estaba encaminada a estimular una enorme movilización internacional de ayuda “humanitaria”, liderada por el Gobierno federal de EEUU, presentado por muchos articulistas, como la predecible Pilar Rahola de La Vanguardia, como “el bueno de la película” (21-01-10).
Escribí un artículo muy crítico de tal cobertura mediática subrayando que el desastre de Haití no era exclusivamente (ni siquiera primordialmente) un desastre natural, sino un desastre previsible, consecuencia de la enorme pobreza de la mayoría de la población, resultado de unas estructuras político-económicas dominadas por unas élites corruptas, sostenidas por los gobiernos estadounidenses y franceses. Añadía que el Gobierno federal de EEUU, lejos de ser “el bueno de la película”, era “el malo”, no sólo por haber ayudado al mantenimiento de las élites dominantes de aquel país, sino también por haber promovido políticas que dañaron enormemente su capacidad productiva agrícola. Mostraba, como ejemplo, que Haití, que había sido un país exportador de arroz, pasó a ser más tarde importador de arroz como consecuencia de la imposición al Gobierno haitiano de medidas antiproteccionistas (eliminando los aranceles, entre otras medidas) por parte de los gobiernos Clinton y Bush. Estos gobiernos forzaron al Gobierno de Haití a aceptar el arroz importado de los productores arroceros estadounidenses (la mayoría de Arkansas, el Estado del que el presidente Clinton había sido gobernador), altamente subvencionados por el Gobierno federal de EEUU. Ello explica que el arroz importado fuera más barato en Haití que el producido en aquel país, con lo cual se destruyó la capacidad de producir arroz, empobreciendo a miles de familias productoras de arroz. El supuesto benefactor (el bueno de la película) estaba creando las condiciones para que un desastre natural pusiera al descubierto la enorme tragedia e injusticia que se había impuesto a aquel país.
Como era predecible, el artículo causó gran revuelo, con la consiguiente sistemática retahíla de insultos hacia las voces que cuestionamos el dogma liberal dominante en el país, en los medios que reproducen la sabiduría convencional. Algunas respuestas no fueron insultos, sino expresiones de desacuerdo, sin que estuvieran avalados, sin embargo, por una evidencia que cuestionara mi diagnóstico.
La mayoría de voces, sin embargo, coincidió con la postura reflejada en el artículo del embajador del Gobierno de EEUU en Madrid, Adam D. Solomont, en el que defendió la bondad de las intervenciones del Gobierno de EEUU en Haití (Público, “Una mano que ayuda”, 31-01-10). Con todo ello, mi artículo pasó al olvido.
Hasta ahora. Hace unas semanas (10-03-10), nada menos que el propio ex presidente Clinton, en un testimonio ante el Senado de EEUU, reconoció que en 1995 presionó al Gobierno haitiano para que disminuyera los aranceles (en respuesta a las presiones de los agricultores de arroz de su Estado natal) bajando las tasas aduaneras del arroz del 50% al 3%, destruyendo con ello el sector arrocero de Haití. Añadió Clinton que, tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional, también habían favorecido tal liberalización que, retrospectivamente –admitía–, había tenido un impacto muy negativo en la economía de aquel país. El arroz estadounidense, altamente subvencionado por el Estado federal, se vendió a 3,8 dólares por libra, frente al precio local, 5,12 dólares. Miles y miles de agricultores tuvieron que dejar el campo y pasaron a engrosar las masas que vivían en condiciones miserables en las ciudades. Haití se convirtió, así, de mayor exportador de arroz a un importador. De hecho, hoy el 80% del arroz es importado. “Haití –concluyó Clinton en su testimonio ante el Senado– es un caso que muestra que, en lugar de ayudar, perjudicamos a aquel país”. Hay que agradecer la sinceridad y el arrepentimiento mostrados por el presidente Clinton. Pero el hecho es que era fácil de ver que todas estas políticas ahora denunciadas causarían el daño que hicieron, como algunas voces solitarias predijimos. No era culpable, pues, sólo él, sino toda la sabiduría convencional liberal dominante en aquel y otros países (incluído España), así como el FMI y el Banco Mundial, y que los medios –también los españoles– reprodujeron. ¿Cuándo pedirán perdón los medios españoles, la mayoría de persuasión liberal, fundamentalistas del libre comercio?
En realidad, la evidencia de que el fundamentalismo liberal de libre comercio está dañando, no sólo a Haití, sino a toda América Latina, es abrumadora, tal como documenta el libro Las relaciones económicas entre la Unión Europea y América Latina: sus impactos en los mercados laborales (1990-2007). Sus autores, dos académicos chilenos, Claudio Lara y Consuelo Silva, ofrecen evidencia empírica que muestra que, con contadas excepciones, tales inversiones extranjeras, en ausencia de medidas proteccionistas, están perjudicando más que favoreciendo la calidad de vida de las clases trabajadoras de aquellos países. El libro, escrito a petición de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA-TUCA), ha documentado un aumento de la destrucción de empleo, de la temporalidad, precariedad y deterioro de las condiciones de trabajo, junto con un descenso salarial en muchos países de América Latina. Esta es la situación ignorada en la promoción del mal llamado “libre” comercio. En realidad, de libre, tiene muy poco.
martes, 4 de mayo de 2010
Globalización mundial de ricos contra pobres
04-05-2010
Hedelberto López Blanch
Rebelión
La globalización de la economía mundial impuesta en las últimas décadas por los países desarrollados y que demanda en primer lugar la privatización indiscriminada en todos los sectores, ha hecho crecer el número de pobres y, a la par, el núcleo de millonarios en el mundo.
Durante 2009, el año más grave de la crisis financiera, el número de multimillonarios pasó de 793 a 1.011, al tiempo que su fortuna conjunta aumentó un 50 %, desde 2,4 hasta 3,6 billones de dólares.
Para justificar el crecimiento en más de 200 multimillonarios en el último año, la revista que publicita y vanagloria a los más ricos del orbe argumenta que se debió a la “recuperación económica” que al parecer sólo ha beneficiado a los grandes magnates. Encabezando la lista de los más ricos aparece el mexicano Carlos Slim, dueño de numerosos negocios y de las telecomunicaciones en la nación azteca, con una fortuna que alcanza 53.500 millones de dólares.
El estadounidense Bill Gates, dueño y fundador del imperio Microsoft pasó al segundo puesto con la nada menos despreciable cifra de 53.000 millones de dólares. El tercer escalafón lo ocupó en esta ocasión el también estadounidense y conocido especulador financiero Warren Buffett con 47.000 millones de dólares.
Gates y Buffett, que ocupaban en 2008 el un-dos bajaron de lugar, pero no así sus fortunas que en 2009 crecieron 13.000 millones y 10.000 millones, respectivamente. Como indica un adagio, “a río revuelto ganancia de pescadores”, y eso mismo ha ocurrido pues la medida anticrisis acordada por los países desarrollados fue en primer lugar invertir dinero en salvar a los bancos y compañías en riesgo de quiebra.
La producción industrial cayó, el desempleo aumentó y los recursos se dirigieron al mercado de valores y de materias primas con la consecuente especulación en los mercados de capital.
Mientras los ya tradicionales millonarios aumentaban en 2009 sus riquezas y otro reducido grupo ascendía a esa escala social, la crisis impulsó el desempleo, provocó bancarrota masiva de granjeros, de pequeñas y medianas empresas industriales, deterioró los salarios mínimos y disminuyó considerablemente los gastos públicos en servicios sociales con el consecuente detrimento para la mayoría de la población.
Las políticas de privatizaciones, y desregulación financiera esgrimidas por el Consenso de Washington e implementadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial han llevado a estas situaciones.
Un reciente informe de las Naciones Unidas aseguró que la inseguridad económica que afecta al mundo podría sumir en la pobreza a otros cien millones de personas.
Con ocasión de celebrarse en octubre último el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, la Organización de Naciones Unidas (ONU) significó que actualmente 1.400 millones de personas viven en la extrema pobreza y con el encarecimiento imparable de la energía y los alimentos probablemente empeorarán las condiciones de vida de otros muchos millones.
Un anterior documento del Banco Mundial fijaba la cifra en 53 millones de personas, quienes quedarían atrapadas con ingresos por debajo de 1,25 dólares diarios y se sumarían a los 135 millones que en 2008 fueron empujadas a la pobreza por el desempleo, los aumentos de precios en alimentos y combustibles, entre otras calamidades.
El todopoderoso presidente del BM, el estadounidense Robert Zoellick, argumentaba que “la crisis económica amenaza con transformarse en una crisis humana en muchos países en desarrollo. Mientras que buena parte del mundo presta atención a los socorros bancarios y los estímulos económicos, no debemos olvidar que los pobres en los países en desarrollo están mucho más expuestos si colapsan sus economías”.
En esta ocasión Zoellick tenía razón… pero no ha hecho nada al respecto.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) denunció que la actual situación ha dificultado el acceso de las capas más vulnerables de la población latinoamericana a la alimentación y ha dejado 54 millones de personas con problemas de desnutrición en la región.
Según el representante Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, José Graziano da Silva, el escenario de la seguridad alimentaria de esta zona se caracteriza por una alta volatilidad de los precios de productos básicos, especialmente los alimenticios, lo que dificulta su adquisición por los más pobres, en especial los niños, las mujeres y los indígenas.
La FAO prevé que la salida de la crisis será lenta y vaticina que dejará secuelas perdurables, sobre todo en los países donde caigan la producción, el comercio, la recaudación fiscal, sean dependientes de importaciones de alimentos y energía y tengan poca demanda de sus exportaciones.
El organismo regional de la ONU plantea que la desnutrición aguda y crónica generará efectos irreversibles en millones de niños y niñas.
Desde ahora hasta 2015, cuando la ONU hipotéticamente pensaba cumplir las llamadas metas del Milenio (disminución de la pobreza, mortalidad infantil, alfabetización, etc.), se estima que morirán 1.200.000 menores de cinco años por causas relacionadas con la crisis.
El hambre, la pobreza y la desnutrición se expanden por el orbe mientras unos cuantos millonarios acaparan enormes riquezas. No cabe duda, cada vez se hace más necesario un nuevo orden económico mundial.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
domingo, 2 de mayo de 2010
¿Estado versus mercado? El falso dilema
Publicado por Vicenç Navarro en la revista digital SISTEMA, 30 de abril de 2010
Este artículo muestra como la posición liberal que, en su teoría, enfatiza la importancia de priorizar los mercados sobre la intervención estatal, no se corresponde en la práctica con las políticas públicas que tal posición ha promovido, pues –tal como el artículo muestra- las políticas supuestamente liberales han favorecido el crecimiento de monopolios. De ahí que el debate político y económico no debiera centrarse en la dicotomía mercados versus estado, sino en la discusión de qué grupos y clases sociales se benefician del estado.
El desarme ideológico de las izquierdas explica que muchas de ellas hayan adoptado el esquema ideológico de las derechas, con las consecuencias que todos estamos viendo: la enorme crisis financiera y económica que estamos experimentando, y en cuya génesis encontramos las políticas liberales promovidas por los gobiernos de derechas y reproducidas en gran número de políticas llevadas a cabo por gobiernos de centroizquierdas.
Así pues, en la Unión Europea (UE), existe consenso en las instituciones europeas -desde el Consejo Europeo, a la Comisión Europea, pasando por el Banco Central Europeo-, de que hay que “apretarse el cinturón” y hacer sacrificios, lo cual quiere decir (en la mayoría de forums en que esta llamada a la austeridad se realiza) que hay que bajar los salarios (a través de reformas del mercado laboral, cuyo resultado será la disminución de la capacidad adquisitiva de las clases populares), y disminuir el gasto público para reducir el déficit y la deuda pública. Estas políticas se desarrollan dentro de un marco teórico en el que se considera que el mercado debe ser el que determine la distribución de los recursos, disminuyendo el intervencionismo del estado que dificulta el desarrollo y la eficiencia económica. Hoy, tanto las derechas como las izquierdas gobernantes comulgan con este credo. Y las diferencias políticas se reducen a cuánto mercado versus cuánto estado necesita la economía. Las izquierdas favorecen, en general, que el Estado tenga una función reguladora mayor y las derechas que la tenga menor. Pero por lo demás, ambas –las derechas y las izquierdas- coinciden en que el mercado debe ser el centro del quehacer económico.
Debido al enorme dominio de las derechas en los medios de información y persuasión, esta teoría ha alcanzado la categoría de dogma y como tal se reproduce a base de fe, en lugar de a partir de evidencia científica, puesto que ésta última demuestra claramente que este marco teórico no define la realidad existente hoy en la actividad económica que nos rodea. El Presidente Reagan, el gran gurú del pensamiento liberal (la sensibilidad dominante en las derechas, no sólo estadounidenses, sino también europeas), fue el presidente que aumentó más el intervencionismo público a base de incrementar considerablemente el gasto público durante su manato (de 21,6% al 23% del PIB) mediante el mayor crecimiento de los impuestos que un gobierno federal haya llevado a cabo en tiempo de paz en EEUU (reduciendo la carga fiscal del 20% de renta superior de la población, los más ricos de EEUU, pero aumentando la del 80% restante de la población) y permitiendo un gran crecimiento del déficit federal. El crecimiento del gasto público se dedicó, predominantemente, a tecnología militar y a subvenciones a las grandes corporaciones. Como bien dijo el ideólogo del pensamiento liberal en EEUU, John Williamson, “tenemos que reconocer que lo que el gobierno Reagan promueve a nivel internacional, no lo hace en su propio país” Institute for Internacional Economics. Washington DC. 1986).
El último ejemplo de la falsedad del modelo teórico “mercado versus estado” es lo que ocurre con el gasto farmacéutico. El capítulo farmacia consume alrededor de un 25-30% del gasto sanitario en la mayoría de países de la OCDE (en España es el 32%). Ello supone muchos millones de dólares o euros. EEUU se gasta 250.000 millones de dólares en productos farmacéuticos. Ahora bien, un porcentaje muy elevado (74%) es para comprar productos que tienen un precio inflado, resultado de estar patentado. Es decir, que para compensar lo que la industria farmacéutica define como costes de investigación, el estado le permite durante varios años tener un monopolio en la venta del producto, inflando su precio. No hay, pues, mercado que valga. Según el sistema de patentes, el estado no permite que haya mercado.
Esta práctica ocurre constantemente en el mal llamado libre mercado. Bill Gates no existiría si no hubiera sido porque el estado le dio el monopolio de Windows, prohibiendo alternativas. De ahí, la enorme fortuna de uno de los personajes más ricos del mundo. No fue el mercado, sino el estado el que creó a Bill Gates (permitiéndole unos ingresos de 60.000 millones al año, lo cual no podría ser de no existir tal patente). Pues bien, los costes que supone para la ciudadanía el sistema de patentes garantizadas por el estado se calcula que es alrededor de un 6,6% del PIB en EEUU (casi la tercera parte de los ingresos al estado federal). Recuerden que en todo ello el mercado no tiene nada que ver con eso. Estamos hablando de un monopolio garantizado por el estado.
Frente a esta situación, comienza a cuestionarse la situación monopolista garantizada por el estado. Así, Dean Baker, del Center for Economic and Policy Research de Washington (una de las mentes más claras dentro de la comunidad de economistas estadounidenses), ha propuesto que el estado sea el que haga la investigación aplicada (que realiza la industria farmacéutica), además de la básica (que realiza el gobierno federal). En la investigación farmacéutica, el gobierno federal realiza la mitad de toda la investigación que se realiza en EEUU (en sus centros de investigación sanitaria y, muy en especial, en los National Institutes of Health: NIH), centrándose en investigación básica (30.000 milloneas de dólares). Si hiciera también la otra mitad, que se centra en investigación aplicada (que ahora hace la industria farmacéutica), entonces podrían eliminarse todas las patentes, con lo cual, la sociedad y el estado se ahorrarían enormes cantidades de dinero, permitiendo además que el mercado funcionase en la distribución del producto. La intervención pública permitiría entonces el desarrollo del mercado, en lugar de obstaculizarlo como ahora, abaratando enormemente el producto. Así hoy, un nuevo tratamiento de cáncer, consecuencia de un nuevo producto basado en la ingeniería genética, cuesta 250.000 dólares al año, lo cual excluye en EEUU a la mayoría de la población. Si no existiese la patente (y el estado hubiera hecho la investigación) costaría sólo 200 dólares.
Ahora bien, en la UE esto no puede hacerse, pues la UE prohíbe que el estado intervenga para eliminar las patentes, sustituyendo a la industria privada, que requiere el monopolio. De ahí que el que termina haciendo el sacrificio es el usuario. ¿Por qué no la industria farmacéutica? Pues la respuesta es fácil de obtener. Porque la industria farmacéutica es poderosísima. Así de claro. La cuestión no es mercado versus estado, sino al servicio de quién está el estado. Y cuando se hace la petición de que hay que apretarse el cinturón siempre se piensa en las clases populares como las que tienen que hacer el sacrificio y nunca en los grandes grupos fácticos que ejercen un enorme control sobre las instituciones políticas. ¿Hasta cuándo durará esta situación?
