Se pregunta un informe de Naciones Unidas sobre las detenciones secretas
02-02-2010
Andy Worthington
Truthout
Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández
(Foto editada por Jared Rodríguez/Truthout)
Un nuevo e importante informe sobre las políticas de detenciones secretas en todo el mundo, realizado por cuatro expertos en derechos humanos independientes de Naciones Unidas, concluye que: “A escala global, las detenciones secretas en relación con las políticas de contraterrorismo siguen siendo un grave problema”, y “si se recurre a ellas de forma sistemática y extendida, las detenciones secretas pueden alcanzar el umbral del crimen contra la humanidad”.
El informe, de 226 páginas, publicado el pasado miércoles como avance de una versión inédita, es la culminación de un estudio conjunto, que ha durado un año, del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o castigos degradantes, crueles e inhumanos, del Relator Especial para la promoción y protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales a la hora de contrarrestar el terrorismo, del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias y del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzosas o Involuntarias. Se presentará el próximo mes de marzo en el Consejo para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.
En la introducción, los expertos de Naciones Unidas establecen que:
“Se mantiene a una persona en detención secreta si las autoridades del Estado actúan en virtud de su capacidad oficial, o determinadas personas actúan bajo las órdenes de las mismas, con autorización, consentimiento, apoyo o aquiescencia del Estado, o en cualquier otra situación en que la acción u omisión de la persona que lleva a cabo la acción de detener es atribuible al Estado y priva a otra persona/s de su libertad; cuando a esa persona no se le permite contacto alguno con el mundo exterior (“detención incomunicada”); y cuando el que detiene o cualquier otra autoridad competente niega, rechaza confirmar o desmentir, u oculta de forma activa, el hecho de que se ha privado a una persona de su libertad, que se la ha escondido del mundo exterior, por ejemplo, ante su familia, abogados independientes u organizaciones no gubernamentales, o cuando se niegan a proporcionar, u ocultan de forma activa, información sobre el destino o paradero del detenido/a”.
Después de repasar el origen histórico de las detenciones secretas –en un contexto legal y a través de numerosos ejemplos del siglo XX-, el informe se centra fundamentalmente en las detenciones secretas de los últimos nueve años, proporcionando un detallado relato de las políticas de EEUU tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, y haciendo también un repaso de las prácticas de detenciones secretas llevadas a cabo en otros 25 países, entre los que figuran Argelia, China, Egipto, India, Iraq, Irán, Israel, Libia, Pakistán, Rusia, Arabia Saudí, Sri Lanka, Sudán, Siria, Uganda y Zimbabwe.
Esas secciones contienen valiosos resúmenes, que explican cómo, en muchos casos, se utiliza el terrorismo como tapadera de políticas de detención secreta de naturaleza política. Sin embargo, el corazón del informe lo constituye un análisis detallado de las políticas de la “guerra contra el terror” de la administración Bush.
De particular preocupación para los autores del estudio conjunto -más allá de la ilegalidad global de todo el proyecto concebido y ejecutado por la administración Bush- es el destino de docenas de hombres mantenidos en prisiones secretas dirigidas por la CIA, o transferidos por la CIA a prisiones de otros países. Basándose en cifras reveladas en uno de los tristemente célebres “memorandum sobre la tortura” de la Oficina del Consejo Legal, escrito en mayo de 2005 por el Fiscal General Adjunto Stephen Bradbury, en mayo de 2005, la CIA había “asumido la custodia de 94 prisioneros y había utilizado técnicas reforzadas en diverso grado en los interrogatorios de 28 de esos detenidos”.
Los 28 hombres sometidos a “técnicas reforzadas” son claramente “detenidos de alto valor” –incluyendo a Khalid Sheikh Mohammed, el supuesto cerebro de los ataques de 11/S, y Abu Zubaydah-, que fueron trasladados a Guantánamo en septiembre de 2006, pero ningún informe oficial ha explicado nunca qué sucedió con los otros 14 detenidos de alto valor, ni tampoco con la mayoría de los 66 hombres restantes.
El informe establece también que, como mínimo, se llevó a muchas docenas de otros prisioneros a cárceles de otros países.
Siguiendo la pista de esos hombres, el informe descubre el desarrollo del programa de detenciones secretas de EEUU, recurriendo a nuevas investigaciones de los registros de vuelos para demostrar que los aviones con los que se llevaron a cabo las entregas, cuidadosamente ocultados en los registros, volaron a Polonia, Rumania y Lituania. El informe también se refiere a la existencia de una instalación secreta dentro de Guantánamo, expuesta por Scott Horton en el Harper’s Magazine de la pasada semana, que hizo que los expertos señalaran que estaban “muy preocupados ante la posibilidad de que tres detenidos de Guantánamo (Salah Ahmed Al-Salami, Mani Shaman Al-Utaybi y Yasser Talal Al-Zahrani) pudieran haber muerto el 9 de junio de 2006 durante los interrogatorios realizados en esas instalaciones, en lugar de en sus propias celdas,”.
También se mencionan dos instalaciones, al parecer de tamaño reducido, en los Balcanes –dentro del Campo Bondsteel, en Kosovo, y en la Base Eagle en Tuzla, Bosnia-Herzegovina- y se afirma que la base Diego García, en el Océano Indico (un territorio británico arrendado a EEUU), se utilizó en 2005-2006 para retener allí a Mustafa Setmariam Nasar, una persona con dos nacionalidades, siria y española.
A partir del relato de otros prisioneros, el informe se centró en una serie de prisiones secretas en Afganistán, en particular, la “Prisión Oscura”, la “Salt Pit” y una instalación secreta dentro de la base aérea de Bagram. De los 94 hombres mencionados por Stephen Bradbury –menos los 14 trasladados a Guantánamo en septiembre de 2006-, el informe establece que se liberó a ocho, que otros 23 fueron transferidos a Guantánamo (la mayoría en 2004), que cuatro más escaparon de Bagram en julio de 2005, que otros cuatro están aún en Bagram (tres de los cuales están esperando la sentencia de los tribunales de apelación estadounidenses sobre su exitosa petición de habeas corpus del pasado marzo) y que a otros cinco se les devolvió a Libia en 2006.
Entre estos cinco últimos figura Ibn al-Shaykh al-Libi, el “prisionero fantasma” más tristemente célebre de la CIA, quien confesó en falso, bajo las torturas a que le sometieron en Egipto, que había conexiones entre al-Qaida y Saddam Hussein, lo que se utilizó posteriormente para justificar la invasión de Iraq. Después de múltiples entregas a otros países, el retorno de al-Libi a Libia llegó a un final tenebroso en mayo pasado, cuando murió en misteriosas circunstancias.
Al referirse a otros prisioneros, cuyo paradero actual nadie se ha molestado en explicar, los expertos señalan: “Es probable que algunos de esos hombres hayan regresado a sus países de origen y que otros estén aún en Bagram”. Como expliqué en un artículo de la pasada semana, tras la publicación de la primera lista de prisioneros retenidos en Bagram, puede ser posible, efectivamente, que un puñado de esos hombres se encuentre allí, pero no todos ellos, y es, por tanto, imperativo que la publicación de esta lista sirva para presionar a la administración Obama para que revele detalles de todos los detenidos “desaparecidos”.
El informe examinaba también los casos de 35 hombres entregados por la CIA a Jordania, Egipto, Siria y Marruecos, entre 2001 y 2004. Al igual que en el caso de los “prisioneros fantasma” en Afganistán, muchos de esos hombres aparecieron después en Guantánamo o fueron liberados, pero no se conoce en absoluto el paradero de otros –especialmente de los de Siria y, probablemente, de otros hombres completamente desconocidos entregados a Egipto-, aunque algunos de los prisioneros entregados a Siria fueron llevados hasta allí en diversos vuelos ya en el año 2002, y, al menos en dos casos, eran tan sólo unos adolescentes en aquella fecha.
Hay también secciones sobre las detenciones secretas en Etiopía, Djibouti y Uzbekistán, y los expertos critican también a otros países por estar implicados en el programa, incluyendo a Australia, Canadá, Alemania, Italia, Kenia y el Reino Unido. Según Reuters, a lo largo del informe aparecen un total de 66 países implicados de una forma u otra en las prácticas de detenciones secretas, bien de forma independiente o como parte de la guerra contra el terror dirigida por EEUU.
Al concluir de revisar las políticas de detención estadounidenses desde el 11/S, los expertos se congratulan por el compromiso del Presidente Obama de revocar y repudiar muchas de las políticas de la administración Bush, incluyendo la clausura de todos los sitios negros de la CIA, pero exigen clarificación “sobre los detenidos que había en los ‘sitios negros’ de la CIA en Iraq y Afganistán o en otros lugares cuando el Presidente Obama llegó al poder, y qué sucedió con los detenidos retenidos en esa época”. También están “preocupados de que la Orden Ejecutiva que dio instrucciones a la CIA ‘para que cerrara cualquier instalación de detención actualmente operativa’ no se extienda a las instalaciones donde la CIA tiene detenidos a individuos en ‘función de una base transitoria de un plazo corto’” y, a la luz de las sugerencias de Scott Horton de que la instalación secreta en Guantánamo puede haber estado dirigida por el Mando de Operaciones Especiales Conjuntas (JSOC, por sus siglas en inglés), señalan que la orden “no parece extenderse a las instalaciones de detención controladas por” el JSOC.
Pero esas no son sus únicas preocupaciones. Aunque se felicitan por la puesta en marcha de una nueva política en agosto de 2009, en función de la cual se deben notificar al Comité Internacional de la Cruz Roja todos los nombres de los prisioneros a las dos semanas de su captura, señalan que “no hay justificación legal para ese período de dos semanas de detención secreta”, porque el Convenio de Ginebra permite sólo una semana, y también debido al temor de que se retenga a prisioneros que no fueron capturados en el campo de batalla y que en realidad pueden ser, como señalé en un artículo en septiembre, prisioneros que se han llevado a las instalaciones al margen del control del ejército (en Bagram, en Afganistán, y en el Campo Nama, en Iraq). Los expertos explicaron que habían “indicado con preocupación las informaciones aparecidas en los medios que citan a actuales funcionarios del gobierno diciendo que ‘se ha incrementado la importancia de Bagram como lugar donde se retiene a sospechosos de terrorismo capturados fuera de Afganistán e Iraq bajo la administración Obama, que prohibió a la CIA que utilizara sus prisiones secretas para detenciones de larga duración’”.
La preocupación última de los expertos se refiere al nuevo sistema de revisión de las situaciones de los prisioneros de Bagram. Señalan que la decisión de reemplazar el sistema existente, del que el juez de los casos de habeas del pasado marzo describió como un proceso que “no cumple siquiera lo que el Tribunal Supremo valoró como inadecuado en Guantánamo”, era más inadecuado aún. Por ello explican:
“El nuevo sistema de revisión no tiene en cuenta el hecho de que los detenidos en una zona de guerra activa deben estar sujetos a las Convenciones de Ginebra, y deben ser investigados cerca del momento y lugar de captura si hay alguna duda sobre su estatus, y no se les someterá a revisiones en momento alguno tras su captura para determinar si deberían continuar detenidos”.
También estaban “preocupados de que el sistema parezca tener como objetivo específico impedir que los tribunales estadounidenses pueden tener acceso a los detenidos extranjeros en otros países que se entregaron después en Bagram”, y a pesar de su satisfacción por la publicación de los nombres de 645 prisioneros en Bagram, instan al gobierno estadounidense a “proporcionar información sobre la ciudadanía, duración de la detención y lugar de captura de todos los detenidos actualmente retenidos dentro de la Base Aérea de Bagram”.
Aunque el informe es bastante extenso, podía anticiparse la respuesta de la administración estadounidense ante sus hallazgos acerca del legado de prisioneros “desaparecidos” de la administración Bush y su enfoque en relación a algunas zonas oscuras de las actuales políticas de Obama. Sin embargo, hasta ahora, sólo ha habido silencio por parte de las autoridades estadounidenses, y sólo los británicos, quejándose de afirmaciones “irresponsables y no comprobadas”, se han atrevido hasta el momento a desafiar su bien relatada complicidad en las políticas de detenciones secretas, lo que confirma que, un año después de que Obama llegara al poder, no parecen haberse desterrado de verdad todos los aspectos relativos a la guerra contra el terror.
Fuente:
http://www.truthout.org/un-secret-detention-report-asks-where-are-the-cia-ghost-prisoners56473
jueves, 4 de febrero de 2010
“¿Dónde están los prisioneros fantasma de la CIA?”
lunes, 23 de noviembre de 2009
La imposibilidad de Obama de cerrar Guantánamo en la fecha fijada es un desastre
23-11-2009
Andy Worthington
andyworthington.co.uk
Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández
La admisión en China por parte del Presidente Obama de que no va a poder cumplir la fecha tope de enero que él mismo se impuso para cerrar Guantánamo representa un desastre para la mayoría de los 215 hombres retenidos aún allí y para quienes esperaban, hace diez meses, que actuaría con rapidez para clausurar ese amargo icono de las ilegales políticas de detención e interrogatorio de la administración Bush en la llamada “Guerra contra el Terror”.
A pesar de anunciar el cierre de Guantánamo en su segundo día en el poder, como parte de una serie de órdenes ejecutivas que intentaban corregir los excesos del ejecutivo de la administración Bush, Obama ha fracasado a la hora de poner en marcha un plan meticuloso a tal fin, al perder la oportunidad de llevar a la zona continental estadounidense a un conjunto de hombres erróneamente encarcelados (los uigures, musulmanes chinos cuya liberación en EEUU había ordenado un juez de tribunal de distrito), y por permitir que los alarmistas republicanos se carguen la iniciativa, movilizando a los congresistas (incluso a algunos del propio partido de Obama) y aprobando leyes que impiden que cualquier prisionero absuelto sea liberado en Estados Unidos.
Hace muy poco, los congresistas estaban incluso dispuestos a llegar tan lejos como para impedir que la administración, en ningún caso, pudiera llevar a los prisioneros a la parte continental estadounidense, ni siquiera para someterles a enjuiciamiento. Altos oficiales contraatacaron esta propuesta y anunciaron la pasada semana que diez prisioneros, incluido Khalid Sheikh Mohammed, el auto-confeso cerebro de los ataques del 11/S, iban a ser trasladados a EEUU para someterse a juicio, bien en tribunales federales o en una reformada versión de las muy criticadas Comisiones Militares, introducidas en noviembre de 2001 y reactivadas por el Congreso en 2006, aún después de que el Tribunal Supremo de EEUU hubiera dictaminado su ilegalidad.
Sin embargo, los funcionarios de la administración han explicado también, como describió el Washington Post, que el gobierno sólo va a intentar llevar a juicio a un total de 40 prisioneros, dejando a 175 hombres en Guantánamo en una situación difícil, que se ha ido complicando desde que el Congreso se levantó contra las intenciones de Obama con una actitud cada vez más alarmante.
Mientras la fecha límite fijada por Obama hubiera tenido vigencia, el Presidente habría podido intentar persuadir a los congresistas de que depusieran su oposición a llevar a esos 175 hombres al continente y así poder cerrar Guantánamo como prometió.
Sin embargo, con el Presidente concediendo públicamente ya que eso no va a ser posible y negándose a fijar una nueva fecha límite, es difícil calcular qué presiones va a poder ejercer la administración sobre los congresistas para persuadirles de que cambien su oposición a permitir que cualquier prisionero vaya a EEUU, a menos que sea para someterse a juicio.
La horrible verdad es que, como consecuencia de todo ello, los prisioneros liberados por las juntas militares de revisión bajo la administración Bush, por la comisión interinstitucional de la administración Obama, establecida como parte de sus órdenes ejecutivas, o por los tribunales estadounidenses, tras las peticiones conseguidas de habeas corpus, no pueden ser repatriados porque se teme que puedan ser torturados en sus países de origen y no tienen más alternativa que permanecer en Guantánamo hasta que, si fuera posible, se encuentren otros países que quieran aceptarles.
Según los funcionarios, alrededor de 90 prisioneros a los que se ha ordenado liberar siguen aún en Guantánamo y una mayoría de ellos –procedentes de países entre los que se incluyen Argelia, China, Libia, Siria, Túnez y Uzbekistán- no pueden ser repatriados. Los países europeos han aceptado hasta ahora un puñado de prisioneros libres de cargos, pero un factor importante que ha bloqueado que se pudieran acoger más ha sido la misma negativa de los estadounidenses a recibir a prisioneros declarados libres de cargos.
El otro grupo –alrededor de 75, según los funcionarios de la administración- está constituido por aquéllos a quienes el gobierno no desea acusar ni liberar, afirmando que son demasiado peligrosos para liberarles pero que no hay pruebas suficientes para llevarles a juicio, o que la prueba está contaminada por el uso de la tortura (o, como el Washington Post señaló, “debido a determinadas cuestiones de las pruebas efectuadas y límites en el uso de material clasificado”). Esto es profundamente inquietante porque, sencillamente, no hay excusa que valga para mantener a personas en una situación que es esencialmente una forma idéntica de “detención preventiva” a la practicada por la administración Bush, y a los prisioneros, o se les acusa de algo o se les libera.
En el caso de un número pequeño de esos hombres –ocho, hasta la fecha-, la administración puede justificar sus acciones porque perdieron su petición de habeas corpus ante los jueces del tribunal de distrito, que dictaminaron que el gobierno había establecido, mediante prueba irrefutable, que estaban asociados con al-Qaida y/o los talibanes.
Como consecuencia, el gobierno puede continuar reteniéndoles en virtud de la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar, el documento fundador de la “Guerra del Terror” de la administración Bush, a través de la cual el Congreso autorizó al Presidente “para utilizar toda la fuerza necesaria y apropiada contra aquellas naciones, organizaciones o personas que él pudiera determinar que habían planeado, autorizado, cometido o ayudado en los ataques terroristas acaecidos el 11 de septiembre de 2001, o que pudieron dar refugio a tales organizaciones o personas”.
Es difícil comprender por qué los funcionarios de la administración mencionaron la cifra de prisioneros a los que la administración intenta retener indefinidamente sin acusación ni juicio, aunque sus actuales peticiones de habeas corpus pongan esas decisiones en manos de los jueces, que son quienes deben decidir.
A la larga, resulta dudoso que se pueda aceptar retener prisioneros sobre esta base, especialmente si resulta que pueden seguir detenidos por el resto de sus vidas por “crímenes” no más atroces que, por ejemplo, haber cocinado para una fuerza de combate árabe que apoyaba a los talibanes en 2001.
En un mundo no corrompido por la ilegalidad de la administración Bush, se les habría retenido como prisioneros de guerra en virtud de los Convenios de Ginebra, que establecen que pueden ser retenidos hasta el fin de las hostilidades (en cuyo caso seguirían aún detenidos, porque nadie parece tener idea alguna de cuando esta particular guerra va a llegar a su fin).
Sin embargo, esto no sucedió así, desde luego, y, como consecuencia, la administración necesita hacer todo cuanto esté en su poder para facilitar las peticiones de habeas corpus de la mayoría de esos 75 hombres, y liberar a aquéllos cuyas peticiones sean aceptadas (como se ha decidido hasta ahora en 30 de los 38 casos).
Incluso así, sigue siendo inaceptable que esos hombres tengan que permanecer en Guantánamo mientras sus peticiones pasan a los tribunales, al igual que sigue siendo inaceptable que prisioneros declarados libres de cargos sigan pudriéndose en Guantánamo un minuto más, y mucho menos meses o posiblemente años, más allá de los límites que la administración ha demostrado que es incapaz de respetar.
En una entrevista a Fox News que siguió a su anuncio sobre Guantánamo, el Presidente Obama explicó: “Estamos en el sendero y en un proceso donde anticiparía que Guantánamo se cerrará el próximo año. No voy a fijar una fecha exacta porque gran parte de esta cuestión depende también de la cooperación del Congreso”.
Esa última línea resume sucintamente el problema, y sólo puedo confiar en que esta cooperación sea inminente, aunque un problema importante y que se aprecia con toda claridad, es que los republicanos están dispuestos a seguir fastidiando todo lo que puedan al Presidente. Sin embargo, si eso no sucede, el fracaso en el cierre de Guantánamo arrojará una sombra oscura sobre la presidencia de Obama, y otra más oscura aún sobre los prisioneros –ya sean hombres declarados libres de cargos o quienes aún continúan sin acusación ni juicio-, que llegarán a la muy justa conclusión de que, para ellos, no hay justicia alguna en los Estados Unidos.
Andy Worthington es autor de The Guantánamo Files: The Stories of the 774 Detainees in America’s Illegal Prison (publicado por Pluto Press, distribuido por Macmillan en EEUU, y que puede solicitarse de Amazon, haciendo clic en US y UK). Para recibir nuevos artículos en su buzón, por favor suscríbase aquí: RSS feed (también puede encontrarse en Facebook y Twitter). Puede consultarse también la lista definitiva de prisioneros de Guantánamo, publicada en marzo de 2009, y detalles sobre mi película en: "Outside the Law: Stories from Guantánamo" (codirigida con Polly Nash y lanzada in octubre de 2009). Si Vd. aprecia mi trabajo, puede hacer aquí una donación.
Fuente: www.andyworthington.co.uk/2009/11/21/obamas-failure-to-close-guantanamo-by-january-deadline-is-disastrous/
