Tres chicas con ‘hiyab’ y una con capucha salen del instituto. Foto: AGUSTÍN CATALÁN.
Sumándose a la ofensiva francesa contra las manifestaciones de símbolos religiosos islámicos, un colegio español intenta que una de sus estudiantes deje de acudir a clase cubriendo su cabello con un pañuelo.
Francia a argumentado contra esa práctica con una retorcida interpretación de lo que significa escuela láica, ya que en lugar de entenderla como una escuela no adscrita a ninguna religión determinada y que por lo tanto no discrimina al resto de las creencias, religiosas o no, como ha venido haciendo desde la Revolución Francesa, pretende que escuela laica signifique prohibición de la libertad personal de expresar las creencias propias en el espacio escolar.
Sera quizás, que, como la religión oficial actualmente es que el ser humano desciende del mono, no les gusta que haya gente que pretenda descender de los profetas divinos.
Y, ya se sabe, los monos no entienden mucho de derechos democráticos.
El colegio de Madrid no llega a tanto y se escuda en un reglamento interno, supuestamente elaborado para impedir a los muchachos entrar en clase con gorritas americanas, o con gorros de lana, no se sabe muy bien por qué.
Como podemos ver en la noticia, las muestras de solidaridad con su compañera, por parte de algunas otras alumnas ha sido calificada por la Consejería de Educación de "presión inaceptable".
Pero señorxs, ¿Dónde queda el derecho democrático a la libertad de expresión y manifestación?
La polémica está servida.
Pronto se multiplicarán las voces que aprovecharán la ocasión para manifestar su enemistad contra el Islam, como ha hecho la Sra. Esperanza Aguirre, Presidenta de la Comunidad de Madrid y conocida reaccionaria, famosa por financiar grupos terroristas anticubanos.
El Islam pasa a ser el protagonista del debate.
La gente querrá saber qué es eso del Islam que tanta polémica desata, se irá a las librerías y se comprará un Corán y algunos descubrirán que el Islam era eso exactamente que andaban buscando, como viene sucediendo desde los auto-atentados del 11 de septiembre.
Alabado sea Dios que utiliza a Sus enemigos para difundir Su religión.
La noticia:
El instituto de Pozuelo aparta a otras tres chicas por usar ‘hiyab’
http://www.elperiodico.com
1. • La Consejería de Educación tacha de «presión inaceptable» la muestra de apoyo
2. • Najwa, la primera expulsada, ha podido asistir hoy a todas las clases menos a matemáticas
MADRID
El conflicto por el uso del pañuelo islámico en el instituto Camilo José Cela de Pozuelo de Alarcón (Madrid) se recrudece.
Naywa Malha, la estudiante de ESO que hasta el viernes estuvo apartada 20 días en la sala de visitas por su negativa a quitarse el hiyab para entrar en el aula, como ordena el reglamento del centro, ha podido asistir hoy a todas las clases, excepto a la última, la de matemáticas. La profesora, según la chica, ha aducido que no había recibido contraorden que le indicara aceptarla. Pero otras tres menores, que han acudido con la cabeza cubierta con el pañuelo en solidaridad con ella, han sido apartadas tras el recreo, a las 11.30 horas, y llevadas a la sala de espera. El centro las ha amonestado, así como a otras dos que, también como muestra de compañerismo, han entrado en el aula con capucha y se han negado a quitársela.
La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha tildado la decisión de las compañeras de Najwa de «presión inaceptable» y ha asegurado que las tres apartadas de clase han actuado aleccionadas por sus padres.
Apoyo a Najwa
Uno de los progenitores, Hadir Zerrad, lo ha negado y ha defendido el derecho y el deber de las muchachas a llevar el pañuelo «porque son musulmanas».
«Nos habíamos planteado ponérnoslo hace un par de años, pero no lo hicimos para no crear problemas, sobre todo a nuestros padres. Pero visto lo que han hecho con nuestra compañera, vamos a apoyarla y a ver qué pasa», ha comentado Fátima, estudiante de 3° de ESO, de 15 años, al entrar al centro a las 8.20 de la mañana.
El padre de otra alumna apartada ha asegurado que la dirección les ha recriminado a las chicas que «solo estaban buscando problemas al aparecer así en clase». Los progenitores han decidido acompañarlas mañana a clase y ver qué ocurre con sus casos.
Precisamente mañana a la tarde el consejo escolar del centro debatirá si se modifica el artículo 32 del reglamento del centro, que establece que «en el interior del edificio no se permitirá el uso de gorras ni de ninguna otra prenda que cubra la cabeza». Por su aplicación fue apartada Majwa.
«No pueden compararse ambas cosas, no tienen nada que ver, ni se puede vulnerar el derecho a la educación. El Ministerio de Justicia ha dejado claro que tiene derecho a ir con el hiyab. Solo queremos que nuestra hija sea escolarizada», ha clamado su padre, Mohamed Malha.
Votación reñida
Las posiciones en el consejo escolar, constituido por 15 miembros, acerca del reglamento parecen divididas y la votación se presenta reñida. La presidenta de la AMPA ha asegurado a los padres de las niñas musulmanas que es partidaria de la reforma del reglamento, ya que debe prevalecer el derecho a la educación y se deben respetar las creencias y la libertad de conciencia.
El alcalde de Pozuelo de Alarcón, municipio de 82.428 habitantes y elevada renta per cápita, Gonzalo Aguado (PP), ha apuntado lo contrario: «Votaré en contra. Llevar pañuelo implica unas normas de su religión, pero aquí hay que adaptarse al colegio».
La concejala de Educación, María Jesús Castillo, lo ha dejado en el aire: «Respetaremos la decisión democrática del centro. Haría falta una legislación estatal que unifique estas cuestiones», ha pedido la concejala.
A otro centro
En el caso de que el instituto decida no cambiar la norma, la Consejería de Educación buscará «de forma inmediata» otra plaza escolar en otro centro del municipio donde se le permita acudir a clase con el pañuelo. El alcalde ha recordado que el instituto San Juan de la Cruz, a 500 metros, permite el hiyab. Pero ni Najwa ni su padre están dispuestos a aceptarlo. «Pase lo que pase seguiremos luchando. No aceptamos que se nos diga que nos vayamos a nuestro país. Nuestro país, con todos los derechos, es este», ha recordado Mohamed.
Tres chicas con ‘hiyab’ y una con capucha salen del instituto. Foto: AGUSTÍN CATALÁN.
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http://www.20minutos.es/noticia/684955/0/najwa/quitarse/velo/
Najwa no quiere quitarse el velo ni cambiarse de centro escolar
MARIO TOLEDO. 22.04.2010 - 08.08 h
* El padre no ha solicitado el traslado al centro que le ofrece Educación.
* La joven volvió a faltar a clase el miércoles.
* La comunidad islámica estudia recurrir al Constitucional.
* ENCUESTA: ¿Debe prohibirse el uso el velo islámico en los colegios?
Algunas de las cuatro menores que han decidido llevar 'hiyab' en el instituto de Pozuelo.
La rebelión a favor del velo en las aulas sube un escalón. La decisión del instituto Camilo José Cela de Pozuelo de seguir prohibiendo el uso del hiyab ha movilizado a los musulmanes: el padre de Najwa rechaza trasladar a su hija a otro instituto próximo donde aceptan el velo y la comunidad islámica demandará al centro ante el Constitucional.
Todavía no han hablado con el directorLa Consejería de Educación ha encontrado un instituto alternativo para Najwa que no prohíbe el velo a sólo 400 metros del Camilo José Cela. Sin embargo, el padre de la niña no ha aceptado la oferta: "Para iniciar el expediente de traslado, los padres tienen que tomar la iniciativa. Todavía no han hablado con el director", explicó en la tarde del miércoles una portavoz del instituto. "Nosotros tampoco tenemos constancia", añadió Educación.
De hecho, Najwa volvió a ausentarse de clase el miércoles y su padre no contestó al teléfono para aclarar sus intenciones. En cambio, sí asistieron las otras cuatro compañeras que se solidarizaron con ella, pero esta vez sin velo: "Le dije a Fátima que deje de llevar el hiyab, su postura ya está clara, pero las reglas hay que cumplirlas y no se puede permitir perder el curso", contó Jaled Zerrad, el padre de una de las compañeras de Najwa.
Mientras, la rebelión de las niñas se ha convertido en caballo de batalla para la comunidad islámica, que estudia llevar al instituto ante el Tribunal Constitucional por "violar la libertad religiosa y el derecho de educación". La demanda, planteada por la Federación de Entidades Religiosas Islámicas (Feeri), "está encima de la mesa", según Mohamed Kharchech, de la Feeri.
jueves, 22 de abril de 2010
La prohibicion del uso del "hiyab" en un instituto en España dispara la polémica
jueves, 4 de febrero de 2010
Una vez más, las pensiones
Gasto público y políticas sociales en España. ¿Qué papel juegan en la situación actual?
Articulo publicado en el diario PÚBLICO, 4 de febrero de 2010
Este artículo señala los errores de los supuestos sobre los cuales se está proponiendo cambios en las pensiones públicas que reducirían sus beneficios. Muestra también como el retraso obligatorio de la edad de jubilación discriminaría a las clases populares a costa de beneficiar a las clases más pudientes.
Una vez más estamos viendo una avalancha liberal alarmando a la población diciéndole que el sistema de pensiones no es sostenible y tiene que sufrir cambios profundos que significan, todos ellos, una disminución de las pensiones. Entre estos cambios se incluye el retraso obligatorio de la edad de jubilación de 65 a 67 años. La mayor justificación para esta medida es que la esperanza de vida de la población española ha crecido cuatro años en el periodo 1980-2005, pasando de 76 a 80 años. Por lo tanto, los pensionistas están gozando de sus pensiones cuatro años más ahora que hace 25 años, lo cual –se nos dice– hará insostenible el sistema de pensiones al aumentar el periodo de beneficio cuatro años más cada 25.
El problema con este argumento es que es erróneo, pues ignora cómo se calcula la esperanza de vida. Supongamos que España tuviera sólo dos habitantes: Pepito, que muere al nacer, y la señora García, que tiene 80 años. La esperanza de vida promedio de España lsería (0+80)/2=40 años. Supongamos que en un país vecino hubiera también dos ciudadanos: Juanito, que tiene 20 años, y la señora Pérez, que tiene 80 años. La esperanza de vida promedio de este segundo país es (20+80)/2=50 años. El hecho de que este país tenga diez años más como promedio en su esperanza de vida que España no quiere decir (como constantemente se dice) que la señora Pérez viva diez años más que la señora García. Lo que ocurre es que Juanito vive 20 años más que Pepito. Y esto es lo que ha ocurrido en España (y en Europa). El enorme descenso de la mortalidad infantil y la mortalidad de los grupos etarios más jóvenes ha sido la mayor causa del aumento de la esperanza de vida promedio. Ni que decir tiene que la población anciana vive ahora más que hace 20 años. Pero no los famosos cuatro años que constantemente se citan. Se está exagerando (deliberadamente, en muchas ocasiones) el aumento de la longevidad (años de vida) de la ciudadanía para justificar la reducción de las pensiones.
Por otra parte, este aumento de años de vida varía considerablemente según la clase social de la persona. España es uno de los países con mayores desigualdades sociales en el mundo desarrollado. En nuestro país hay un gradiente muy marcado de mortalidad según la clase social. Exigirle, por lo tanto, a la mujer de la limpieza de la universidad (cuyo nivel de salud a los 65 años es igual al que tiene el catedrático emérito a los 75 años) que trabaje dos años más para pagar la pensión a este último es una profunda injusticia. Pero esto es, precisamente, lo que están proponiendo los que piden que se aplace obligatoriamente la edad de jubilación. Proponen que las clases menos pudientes (que vivirán menos años) trabajen más para pagar las pensiones de las clases más pudientes, que les sobrevivirán muchos más años.
Otro argumento que se utiliza para argumentar la insostenibilidad de las pensiones es que la juventud se incorpora más tarde al mercado de trabajo (antes a los 18 años, ahora a los 24) y las personas de edad avanzada se jubilan antes, con lo cual hay menos trabajadores con cuyas cotizaciones se pueda sostener a los pensionistas. Tal argumento ignora tres hechos. Uno es que la prejubiliación es algo corregible. En España las prejubilaciones se están utilizando para ayudar a los empresarios que quieren despedir a sus trabajadores de mayor edad. Esta situación debería prohibirse, como ya ocurre en varios países europeos. Si un empresario quiere disminuir su fuerza de trabajo y jubilar a sus trabajadores, debería ser la empresa la que absorbiera estos costes en su totalidad.
Otro hecho que aquel argumento ignora es que el retraso de entrada en el mercado de trabajo por parte de los jóvenes se debe a que la mayoría están educándose, adquiriendo mayor conocimiento, con lo cual, una vez se integren en el mercado de trabajo, tendrán mayor productividad, conseguirán mayores salarios y aportarán, por lo tanto, mayores cotizaciones sociales.
Lo cual me lleva al tercer hecho que aquel argumento ignora: el impacto del crecimiento de la productividad en la riqueza del país y, por lo tanto, en los recursos disponibles para pensionistas y no pensionistas. Constantemente se dice que el número de trabajadores cotizantes por pensionista será menor, derivándose de este hecho que las pensiones no se podrán pagar. Ahora bien, decir que habrá pocos trabajadores para sostener las pensiones es similar al argumento que pudiera haberse dicho hace 30 años cuando el 30% de la población trabajadora sostenía la agricultura del país. El descenso del número de trabajadores en agricultura (hoy es sólo el 4%) no quiere decir que haya disminuido la producción de alimentos, al contrario, ha aumentado la productividad enormemente. Con menos trabajadores se produce más alimento. Pues bien, sustituyan la palabra agricultura y pongan pensiones. El aumento inevitable de la productividad de un número menor de trabajadores puede sostener e incluso expandir las pensiones sin ningún problema. La ignorancia de este hecho lleva constantemente a errores mayores, como ocurre en el informe del Gobierno sobre las pensiones. Este comienza con una nota que intenta ser de alarma. Dice que hay 8 millones de pensionistas en 2010 y habrá 15 en 2040, de lo cual deduce (sin indicar por qué) que tenemos un problema grave. Pero ignora que en 2040 el PIB de España habrá crecido y será, como mínimo, más de siete veces el existente hoy. Se olvida con excesiva frecuencia que España consumía hace 40 años el 4% del PIB en pensiones y ahora más del doble, el 8,6%, y ello no ha supuesto que los no pensionistas tengan menos recursos. Todo lo contrario, tienen más, pues el tamaño de la tarta (el PIB) es 17 veces mayor.
Una última observación. La viabilidad de las pensiones no es un tema demográfico ni tampoco económico. Es única y exclusivamente político. La enorme popularidad (entre todos los grupos etarios) del sistema de pensiones público hace que la sociedad siempre pueda encontrar cómo conseguir los recursos, bien a través de las cotizaciones sociales, bien a través de los impuestos generales, para financiarlas.
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domingo, 31 de enero de 2010
Algunas verdades sobre el Cementerio Nuclear que la lluvia de euros no puede ocultar
31-01-2010
Ecologistas en Acción
Rebelión
El proyecto de cementerio nuclear que hay sobre la mesa es la construcción de un almacén para albergar los residuos radiactivos de alta actividad de las centrales nucleares españolas durante 60 años. Una instalación cuyas consecuencias, sobre el medio ambiente y la población, pueden ser devastadoras y en modo alguno obviadas a pesar del intento de compra de conciencias por parte de las administraciones y el lobby nuclear.
Este es un primer problema, ya que estamos hablando de residuos que son activos durante cientos de miles de años. Si las sociedades humanas no somos capaces de planificar de cara a los próximos 50 años, ¿cómo vamos a poder hacerlo en los próximos 10.000 o 100.000?, ¿no sería más razonable no generar esos residuos?
Acoplado al cementerio nuclear ira un Centro Tecnológico Asociado, que no es otra cosa que un reactor nuclear de transmutación que pretende conseguir las dicha tecnología para hacer que la vida de actividad radiactiva de los residuos decaiga. Sin embargo esta es una tecnología que se lleva prometiendo desde el inicio de la energía nuclear, hace más de 50 años, y de la que todavía no hay nada. En el mejor de los casos, lo que estaríamos hablando es de unos residuos que serían activos durante cientos o miles de años, una cifra que sigue escapando cualquier intento de regulación posible en las circunstancias sociales actuales y futuras.
Además este cementerio no estará exento de riesgos. Además de los accidentes propios de la falibilidad humana, Ecologistas en Acción quiere señalar tres ejemplos.
El primero es el terremoto que se produjo en julio de 2007 en Japón y que generó un escape de agua radiactiva. Japón probablemente es el país que más seguridad del mundo tenga en este aspecto. Sin embargo se produjo dicho escape. Justo un mes antes se había producido un terremoto similar en Guadalajara, muy cerca de Yebra.
El segundo es el informe de los servicios secretos franceses sobra la seguridad de la última generación de reactores, el EPR. El informe plantea que estos reactores son susceptibles a un ataque tipo 11-S. Sobre el informe existe polémica, pero la mera duda ya genera inquietud.
Un tercer ejemplo es la mina de Asse en Alemania, donde se estaban guardando los residuos de este país. A pesar de la alta cualificación técnica y científica del personal alemán herraron clamorosamente al poner los residuos en un lugar que ahora tiene peligro de derrumbarse.
De este modo no es extraña la amplia respuesta social y política a la instalación del cementerio nuclear, ya que es imposible garantizar durante los próximos cientos de miles de años al seguridad de ningún emplazamiento, máxime con las limitaciones que tenemos los seres humanos.
Lo único que está sobre la mesa a favor del cementerio son los puestos de trabajo y el dinero. Sobre los puestos de trabajo, Ecologistas en Acción quiere recordar que, frente a los algo más de 300 que parece que crearía el cementerio, el final de las subvenciones a la solar fotovoltaica destruyó 20.000 el año pasado.
De este modo, lo único que queda sobre la mesa es la generosa lluvia de millones pero, ¿cuánto vale la salud? Para Ecologistas en Acción, y para cualquiera que haya sufrido cáncer, no hay compensación económica que valga que compense el aumento de probabilidades de que esto vuelva a ocurrir.
No habrá posibilidad de construir un cementerio hasta que no se detenga la generación de residuos radiactivos. Es como si nuestra casa estuviese inundada y nos preocupásemos de ver como achicamos el agua antes de cerrar el grifo.
Poner en marcha la solución a los residuos nucleares significa aprobar un calendario de cierre del parque nuclear español. Un parque nuclear que, además de los residuos nucleares tiene múltiples problemas como la inseguridad inherente a esta fuente de energía, su carácter no renovable, la dependencia que nos genera del exterior (el 100% del uranio es importado), el tapón que supone para la entrada de más energías renovables en la red (una central nuclear no se puede apagar para dar entrada a las renovables) y su inestabilidad e imprecidibilidad (en 2009 el conjunto de centrales nucleares españolas estuvo parado un total de 572 días, cuando para la recarga de “combustible” sólo tendrían que haber parado 200).
De este modo la repentina conversión a antinucleares de políticos como el Sr Montilla o la Sra Cospedal debería empezar por promover la finalización del parque nuclear español para, una vez que no se generan más residuos, pasar a ve cómo resolvemos el problema de los que ya tenemos.
viernes, 29 de enero de 2010
Voces desde y contra los centros de internamiento de inmigrantes
Valladolid
CIE_02El próximo viernes 29 de Enero a las 19:30 h. en el centro cívico La Rondilla de Valladolid, charla sobre los centros de internamiento de inmigrantes y la politica y metodos de la policia en España respecto a inmigracion.
El nombre de dicha charla es: “Conoce tus derechos: Voces desde y contra los centros de internamiento de inmigrantes” y la van a impartir dos abogados especializados en inmigracion y que participan en diferentes colectivos de apoyo a inmigrantes en la ciudad de Madrid. Dicha charla tendra lugar en el Centro civico del barrio de la rondilla en la ciudad de Valladolid, plaza Alberto Fernández 3.
La red Ferrocarril Clandestino, junto con Médicos del Mundo y SOS Racismo han elaborado un informe titulado “Voces desde y contra los Centros de Internamiento de Extranjeros” en el que se denuncian todo tipo de irregularidades y violaciones de derechos acaecidas el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) del barrio madrileño de Aluche.
A estos CIEs llegan personas que sin cometer ningún delito, sólo por no encontrarse en una situación administrativa regularizada, han sido privadas de libertad y encerradas en el Centro de Internamiento para Extranjeros de Aluche, en Madrid. Este Centro, junto con los demás que se encuentran en diferentes ciudades españolas y europeas, constituyen la red de pseudo-cárceles que muchas organizaciones sociales y defensoras de los Derechos Humanos califican como “los Guantánamos europeos”.
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Escuchar entrevista sobre el libro
viernes, 22 de enero de 2010
Cien campos secretos de prueba de transgénicos con la connivencia del PSOE
EL ESTADO ESPAÑOL ABRE SUS PUERTAS A MULTINACIONALES DEL SECTOR COMO MONSANTO, PIONEER O BAYER
Desde 2008 no se publican las actas de la Comisión Nacional de Bioseguridad que tienen que hacer público en qué campos del Estado español se cultivan Organismos Genéticamente Modificados. Empresas como Pioneer, Bayer o Monsanto tienen las puertas abiertas para experimentar, a pesar de que recientemente ha salido a la luz un estudio, encargado y ocultado por la propia Monsanto, que demuestra que esta clase de cultivos puede causar daños en la salud humana.
Izaskun Sánchez Aroca (Redacción)
Jueves 21 de enero de 2010.
Elaboración DIAGONAL / Fuente: Miniterio de Medio Ambiente y Medios Rural y Marino
“Tenemos constancia de que se llevan años haciendo experimentos con semillas transgénicas al aire libre sin que los Concelhos, en el caso de Galicia, los ayuntamientos o las organizaciones sociales tengan conocimiento de ello. Desde el Ministerio y la Xunta nos han ocultado información”. Así lo declaraba para DIAGONAL Charo Sánchez, agricultora y secretaria de medio ambiente del Sindicato Labrego Galego (SLG) tras descubrir informes de campos de ensayo de maíz al aire libre realizados en 2008 en los concelhos de Arteixo o Santa Uxía. “Algo que desde la Administración nos habían negado. Ha sido como un jarro de agua fría”.
La información sobre los cultivos experimentales con organismos genéticamente modificados (OGM) sigue siendo oscura y confusa->. Los campos de prueba al aire libre son, normalmente, parcelas arrendadas por las multinacionales a agricultores y agricultoras para probar nuevas variedades transgénicas (maíz, patata, remolacha o algodón, entre otras). Ensayos que forman parte de los protocolos previos exigidos por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria para autorizar el cultivo comercial de nuevas variedades de OGM.
Un proceso por el que ya pasó el maíz MON810, el único transgénico que se cultiva comercialmente en el Estado español de manera legal, a pesar de haber levantado ampollas en la sociedad civil por sus consecuencias sociales o medioambientales. De hecho, el pasado mes de octubre, el Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino (MARM) reconocía por primera vez la existencia de personas afectadas por contaminación de sus cultivos con maíz transgénico MON810. Un peligro que se multiplica con los campos experimentales de transgénicos, cuyo cultivo comercial está prohibido por su falta de garantías, ya que ni siquiera han pasado por un trámite previo que evalúe su seguridad.
La competencia en el Estado español para autorizar estas pruebas a campo abierto es del MARM. En las solicitudes de las empresas se recogen unos protocolos de seguridad como la eliminación de la muestra. “Tras finalizar la cosecha, las plantas se destruirán por un medio adecuado, generalmente por trituración o enterramiento”, expone Monsanto en uno de sus pliegos para plantar maíz Nk603. La representante del SLG, Charo Sánchez, es tajante: “A eso no se le puede llamar eliminación de residuos. Esa contaminación queda en el suelo. El Ministerio sabe que por todo el territorio hay parcelas y parcelas con organismos transgénicos enterrados. Además, los principios de precaución no garantizan absolutamente nada. Sabemos por estudios que 200 metros de distancia con otros cultivos no es una barrera real de seguridad. Estos protocolos de ensayos y de residuos son los que las propias empresas proponen, no el Ministerio”.
A todas luces la seguridad parece escasa. “Hemos visto lugares, como Fraga, donde el principio de precaución no se había llevado a cabo. Simplemente habían pasado con una máquina para arrancar los restos del cultivo. Quedaban un montón de mazorcas por el suelo”, apunta Rosa Binimelis de la plataforma catalana Transgènic Fora.
Para Andoni García, responsable de Seguridad Alimentaria y Medio Ambiente del sindicato agrario COAG, no hay seguridad en cuanto hay una experimentación a campo abierto. “Con la investigación que se ha hecho no está garantizado que no existan consecuencias nocivas. Posiblemente haya habido contaminación de experimentales con otros cultivos, pero como sólo se analiza lo ecológico es difícil saberlo”.
Además de la inseguridad, el secretismo acompaña este tipo de ensayos. “Hemos comprobado que cuando se hacen cultivos experimentales no se avisa ni a la población ni a los vecinos”, declara la representante de Transgènic Fora.
Lo cierto es que la autoridad competente, el MARM, no está obligada a avisar a las localidades donde se realiza la prueba. “La última palabra siempre la tiene el Ministerio; las Autonomías están supeditadas, aunque también pueden tener un posicionamiento claro y negarse”, resume Charo Sánchez.
De hecho es imposible saber qué campos se han concedido o no y qué experimentos se están llevando a cabo, ya que esa información debería salir publicada en las actas de la Comisión Nacional de Bioseguridad (CNB), documentos que no ven la luz desde 2008.
Según las últimas solicitudes publicadas por el Ministerio, entre 2009 y 2011, hasta 100 localidades de todo el estado Español se habrán convertido temporalmente (de 6 a 12 meses) en laboratorios a campo abierto de la agroindustria.. Pioneer, Monsanto o Bayer, entre otras, se reparten autonomías para sus ensayos. “El concelho de Lalín intentó localizar la ubicación exacta de los campos en su territorio”, revela Sánchez. “Llegó hasta a contactar con Monsanto, que era quien tenía solicitados los campos. También lo intentó Chantada, pero ambos fracasaron. Es muy pre- ocupante que incluso a la propia Administración local le nieguen datos. Esta situación es una muestra de la gran complicidad entre las multinacionales y los gobiernos”, añade.
“Es muy complejo. Hay muchos vacíos legales por los que formalmente no se hace nada irregular pero que generan situaciones complicadas”, afirma Sira Rego, concejala de Medio Ambiente de Rivas Vaciamadrid. Esta localidad consiguió paralizar una solicitud de experimentación con maíz en su territorio. “No nos comunicaron nada porque en principio nos dijeron que no tenían por qué hacerlo”. Para Sánchez, la situación es vergonzosa. “Es un tema social que está afectando a toda la ciudadanía. Debe ser debatido y explicado”, concluye.
¿SÓLO REGALOS?
Regalos, comidas o muestras gratuitas de semillas son algunas de las estrategias que la agroindustria despliega para atraer a agricultores y agricultoras. La revista de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) relata cómo en septiembre de 2009 una delegación del sindicato recorría Estados Unidos invitada por Monsanto. El objetivo de este viaje, según la UPA, fue “visitar varios centros de investigación agraria, así como explotaciones dedicadas al cultivo del maíz, la soja y la remolacha”. Durante una semana esta delegación recorrió fincas de experimentación de cultivos y se reunió con distintos expertos de Monsanto en materia de agua o mejora genética. Como colofón y siempre usando la expresión “agricultura familiar”, visitaron dos explotaciones de remolacha tolerante a herbicidas. “UPA valora muy positivamente este viaje”.
SECRETISMO Y RIESGOS DE LOS ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS (OGM)
La Comisión Nacional de Bioseguridad
La Comisión Nacional de Bioseguridad, dependiente del Ministerio, es la encargada de elaborar los informes que dan el visto bueno a los experimentos con transgénicos. Está compuesta por 46 miembros, de los cuales tan sólo siete son representantes científicos. Sus miembros están cercanos a la agroindustria.
Algodón
La solicitud de Bayer para experimentar con algodón tolerante a herbicida roza la inseguridad: “Debido a las medidas tomadas en el ensayo y a que no existen especies silvestres emparentadas con el algodón en Europa, consideramos que no puede producirse transferencia de genes a otras especies ni al algodón convencional”.
Maíz
Las "buenas intenciones" acompañan a Monsanto y su maíz NK603 x MON810. “Se ha demostrado que este maíz es tan seguro y tan nutritivo como cualquier otro. Se espera que su producción impacte positivamente en las prácticas agronómicas actuales y que beneficie a los agricultores y al medio ambiente”.
Remolacha
La seguridad también está presente en la solicitud de KWS Semillas Ibérica. “El uso de remolacha tolerante a glifosato puede permitir una producción de remolacha más competitiva y sostenible, con un control de malezas eficaz y aprovechando las favorables características de seguridad de Roundup”.
Artículos relacionados en este número:
ANÁLISIS // EL RIESGO DE LOS CULTIVOS MODIFICADOS GENÉTICAMENTE
Transgénicos: un peligro para la salud
Los últimos estudios de universidades francesas demuestran los efectos nocivos para la salud del maíz importado, cultivado y consumido en el Estado español.
Por Dávid Sánchez Carpio, de Amigos de la Tierra
ARROZ TRANSGÉNICO //
La debacle del arroz de Bayer en EE UU Por Sara Plaza (Redacción)
martes, 29 de diciembre de 2009
Las Navidades en España vistas desde la prensa internacional
Alfredo R. Mendizabal.-
Barbara Kollmeyer relata para los lectores de Market Watch el duelo por una víctima de la crisis en España: la caída de la elegancia social de las cestas de Navidad.
Tom Keene and Simone Meier entrevistan en Bloomberg a Jim O’Neill, de Goldman Sachs. Su punto de vista no es tranquilizador, sino más bien al contrario: los problemas presupuestarios y de deuda de España, entre otros países, pueden dañar la estabilidad del euro y su credibilidad como moneda de referencia.
The Wall Street Journal, como docenas de periódicos, agencias y medios informativos de todo el mundo, se ocupa del colapso de Air Comet.
Son algunos ejemplos de la actualidad española que aparecen en la prensa internacional estos días de Navidad.
Hay bastantes más. La misma agencia Bloomberg divulga un análisis de Laura Cochrane titulado 'Brazil Bonds Beat Spain as Rally Sinks Emerging Market Yields' (Los bonos de Brasil superan a los de España mientras el rebote hunde los rendimientos de los mercados emergentes).
Los datos: unos bonos brasileños en euros con vencimiento en enero de 2011 bajaron al suelo el 14 de diciembre, con un interés del 1,07%, mientras otros bonos españoles que vencen en abril de ese mismo año rendían el 1,16%.
Ese mismo día, otros bonos en dólares de Brasil con vencimiento en abril de 2010 rendían el 0,33%, mientras otros españoles similares daban 0,38%. Y eso que el rating español está todavía varios niveles por encima del brasileño.
Bloomberg carga un poco más las tintas en una publicrónica bien vestida pero con un vaporoso contenido que se transparenta y huele desde lejos. La agencia y empresa de servicios financieros propiedad del alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, dedica unos buenos párrafos, 15 en total, a cantar las virtudes de Bestinver, gestora del Grupo Acciona. Por eso tiene aroma a publi.
El llamativo título invita a leer: 'Los esqueletos de la banca española asustan a Bestinver, el fondo de mayor rentabilidad'.
El texto no dice nada nuevo en torno al temor en organismos internacionales y entidades privadas sobre los supuestos 'esqueletos en los cajones' de los bancos españoles y su presunto maquillaje para presentar mejores números que los reales. De ahí la alergia a invertir.
Y al mostrar esa desconfianza y 'pesimismo sobre España', el gestor Álvaro Guzmán le dice al periodista de Bloomberg Charles Percy que el impacto del estallido de la burbuja inmobiliaria y la caída de ingresos en las arcas públicas podría llegar a una situación en la que Alemania tuviera que rescatar a España.
Siguen los mensajes navideños pesimistas.
Un incansable seguidor de la economía española, Edward Hugh, ha colgado en su blog y en la página que usa para su asesoría un nuevo análisis a fondo de la situación en estos momentos.
Como hace habitualmente, también lo ha recogido el gurú Nouriel Roubini en su portal RGE Monitor.
El título centra el contenido que desmenuza Hugh: 'Por qué Standard and Poor's tiene razón en precuparse por las finanzas españolas'.
El autor, crecido porque recientemente han citado sus comentarios algunos periódicos importantes, está que se sale y ha confeccionado un estudio bastante minucioso. Tiene la virtud de una metodología que recoge todo lo que se ha dicho estas semanas sobre la poca confianza que destila la política de Zapatero y Salgado.
Lo dice así: 'Pocos observadores externos están preparados para compartir el optimismo del señor Zapatero'.
En una segunda entrega sobre lo mismo, Edward Hugh ha preparado con su colaborador Matthew Bennett una autoentrevista que ofrece como 'podcast sobre el estado actual de la economía española'.
Contesta a preguntas tan fascinantes sobre qué está pasando con España, por qué y qué va a pasar en 2010, 2011 y 2012.
Y otras como las siguientes: ¿van poder rescatar los alemanes, los franceses o la UE a varios países europeos al mismo tiempo si se producen varios default soberanos?;
¿por qué no hay un plan coherente para que España se recupere?;
¿por qué el Gobierno español no le dice a los ciudadanos la verdad sobre la que pasa con su economía?;
¿podría España encontrarse en una situación económica peor que la de Grecia?...
Y la traca final: ¿es José Luis Rodríguez Zapatero el mayor problema que tiene la economía española en estos momentos?
Pero no todo es tan terriblemente negativo. La revista Time tiene dos artículos más amables. Uno, de Frances Romero, cuenta la 'breve historia de la mayor lotería del mundo', enésima muestra del encantamiento que produce El Gordo en otras gentes.
También The Daily Telegrapah habla de la lotería al contar lo de Air Comet, y no puede resistirse a la tentación de comparar la situación de Díaz Ferrán y sus empleados de Marsans, que con una cosecha de 260 millones, son 'colectivamente más ricos que él', el empresario. Tampoco falta aquí la referencia obligada a Charles Dickens, su Cuento de Navidad y el tacaño Scrooge.
La otra pieza de Time, firmada por Judith D. Schwartz, es un elogio sin fisuras al complejo Mondragón. Desde su creación y desarrollo hasta convertirse en un conglomerado de cooperativas que se estudia en las Universidades internacionales y que figura entre las grandes empresas españolas y mundiales.
El 'modelo Mondragón' se ha copiado en Cleveland como 'fórmula de estabilizar el empleo en una zona y democratizar la propiedad'.
Además, la Corporación Mondragón selló en octubre una alianza con el poderosísimo sindicato norteamericano del acero, que cuenta con un millón de miembros.
Objetivo: crear cooperativas en EEUU y Canadá.
Y en el área de San Francisco, una organización de panificadoras inspirada por el modelo Mondragón incluso se llama Arizmendi: ha tomado prestado el nombre del fundador de la cooperativa guipuzcoana, José María Arizmendiarrieta.
Y un aguinaldo bien navideño, en forma de monedas de oro de la época colonial en Perú. El juez Steven Merryday ha dictado sentencia en Tampa, Florida, sobre el caso del botín recuperado por la empresa norteamericana Odyssey Marine Exploration en aguas gibraltareño-gaditano-portuguesas hace casi tres años.
El juez ordena a los pescadores de tesoros hundidos que devuelva las 17 toneladas que pesan las 600.000 monedas de oro y plata. Su valor aproximado: unos 500 millones de dólares. Aunque el caso no se se ha cerrado y va ahora a un tribunal de apelaciones, es el segundo dictamen judicial favorable a las tesis de la soberanía española sobre el pecio del buque Nuestra Señora de las Mercedes, hundido en 1804.
viernes, 25 de diciembre de 2009
España: Prosiguen los aislamientos de menores no condenados
Pablo Elorduy
16 de diciembre de 2009.
Diagonal
El Comité contra la Tortura de la ONU ha exigido información al Gobierno español por las críticas al sistema de protección de menores vertidas por el Defensor del Pueblo en febrero de este año.
CRÍTICAS. Los reglamentos internos son corrientes, pero no se facilitan a los menores.
El 2 de diciembre se cumplió un año del suicidio del adolescente Hamid A. cuando se encontraba aislado en su habitación del centro Picón del Jarama. Ese día, un centenar de personas, convocadas por la Asamblea de Centros Cerrados, se concentraron en la sede del Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF) para denunciar las responsabilidades de Juan C. Rodríguez Crespillo (director del centro), María Victoria Ruiz Pérez (directora del Área de Coordinación de Centros) y Paloma Martín Martín (gerente del IMMF) en el caso. El suicido de Hamid fue el triste colofón de las denuncias que desde hace años realizan los afectados, sus familias y diversos grupos de apoyo en todo el Estado contra el actual modelo de protección de menores.
El sesgo punitivo de la atención a menores tutelados fue la base para que la oficina del Defensor del Pueblo decidiera investigar lo que sucedía en centros como el de La Jarosa, que cerró un día después de la visita de esta oficina, o el de Picón del Jarama. Su informe, presentado en febrero, ha servido, como declaró Juan Ignacio Ruiz Huerta de la oficina del Defensor del Pueblo durante el seminario Delito y prisión, “para que se moderen en algunos casos las prácticas de aislamiento” y ha empujado a la comunidad de Castilla-La Mancha a cerrar “dos de los peores centros”, el de Casa Joven (Azuqueca de Henares) y el de Villaconejos de Trabaque.
No obstante, la impresión de Ruiz Huerta “es que la mayoría de las respuestas han quedado en fuegos artificiales”.
Las mismas prácticas
En noviembre, el Comité contra la Tortura de la ONU expresaba su preocupación por la falta de información sobre las medidas adoptadas para responder a las “serias preocupaciones expresadas por el Defensor del Pueblo”, en particular a la práctica de aislamiento, así como de la administración de fármacos “que se realizaría sin adecuadas garantías”, según dicho Comité. El Gobierno no ha respondido o “se ha ido por los cerros de Úbeda” en este tema, expuso Ruiz Huerta.
Mientras las cosas de palacio siguen su ritmo, a la espera de una reunión entre las consejerías autonómicas, que debería servir para mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas que están en centros terapéuticos y de reforma, la realidad es que se siguen produciendo las prácticas que criticaba el citado informe. El Colectivo Social y Justicia de Asturias ha denunciado al Defensor del Pueblo la situación de algunos menores en el centro de Miraflores. Como el Picón del Jarama, éste es un centro al que van niños y adolescentes entre 12 y 18 años que no han sido condenados por ningún delito, pero a diferencia del centro madrileño, Miraflores está gestionado por la Consejería de Vivienda y Bienestar Social y no por una empresa intermediaria como Fundación O’Belén o Grupo Norte.
Las denuncias contra este centro vienen porque Miraflores funciona con dos regímenes, uno general y otro especial, en el que los niños pueden estar privados de libertad y en un módulo, separados de sus compañeros 24 horas y hasta siete días sin pisar la calle. En febrero, el Defensor del Pueblo subrayó, en referencia al decreto 48/2003, que el marco legislativo “particular” de Asturias es el que permite que la Consejería de Vivienda y Bienestar Social del Principado tramite de urgencia y sin autorización judicial el ingreso de los menores en las llamadas “unidades de régimen especial”. Desde el Colectivo Social y Justicia explican que hay otro centro de estas características, pero sólo hay pruebas en el de Miraflores, un centro que a menudo está vacío porque constantemente se producen fugas.
Amnistía Internacional se suma a las denuncias
El 15 de diciembre Amnistía Internacional hizo público un informe en el que denuncia la situación de los menores en centros terapéuticos. Aquí puedes leer el informe completo.MENORES UN AÑO DESPUÉS DEL SUICIDIO DE UN JOVEN EN UN CENTRO TERAPÉUTICO
Prosiguen los aislamientos de menores no condenados
El Comité contra la Tortura de la ONU ha exigido información al Gobierno español por las críticas al sistema de protección de menores vertidas por el Defensor del Pueblo en febrero de este año.
Pablo Elorduy, Redacción
Miércoles 16 de diciembre de 2009. Número 115
CRÍTICAS. Los reglamentos internos son corrientes, pero no se facilitan a los menores.
El 2 de diciembre se cumplió un año del suicidio del adolescente Hamid A. cuando se encontraba aislado en su habitación del centro Picón del Jarama. Ese día, un centenar de personas, convocadas por la Asamblea de Centros Cerrados, se concentraron en la sede del Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF) para denunciar las responsabilidades de Juan C. Rodríguez Crespillo (director del centro), María Victoria Ruiz Pérez (directora del Área de Coordinación de Centros) y Paloma Martín Martín (gerente del IMMF) en el caso. El suicido de Hamid fue el triste colofón de las denuncias que desde hace años realizan los afectados, sus familias y diversos grupos de apoyo en todo el Estado contra el actual modelo de protección de menores.
El sesgo punitivo de la atención a menores tutelados fue la base para que la oficina del Defensor del Pueblo decidiera investigar lo que sucedía en centros como el de La Jarosa, que cerró un día después de la visita de esta oficina, o el de Picón del Jarama. Su informe, presentado en febrero, ha servido, como declaró Juan Ignacio Ruiz Huerta de la oficina del Defensor del Pueblo durante el seminario Delito y prisión, “para que se moderen en algunos casos las prácticas de aislamiento” y ha empujado a la comunidad de Castilla-La Mancha a cerrar “dos de los peores centros”, el de Casa Joven (Azuqueca de Henares) y el de Villaconejos de Trabaque.
No obstante, la impresión de Ruiz Huerta “es que la mayoría de las respuestas han quedado en fuegos artificiales”.
Las mismas prácticas
En noviembre, el Comité contra la Tortura de la ONU expresaba su preocupación por la falta de información sobre las medidas adoptadas para responder a las “serias preocupaciones expresadas por el Defensor del Pueblo”, en particular a la práctica de aislamiento, así como de la administración de fármacos “que se realizaría sin adecuadas garantías”, según dicho Comité. El Gobierno no ha respondido o “se ha ido por los cerros de Úbeda” en este tema, expuso Ruiz Huerta.
Mientras las cosas de palacio siguen su ritmo, a la espera de una reunión entre las consejerías autonómicas, que debería servir para mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas que están en centros terapéuticos y de reforma, la realidad es que se siguen produciendo las prácticas que criticaba el citado informe. El Colectivo Social y Justicia de Asturias ha denunciado al Defensor del Pueblo la situación de algunos menores en el centro de Miraflores. Como el Picón del Jarama, éste es un centro al que van niños y adolescentes entre 12 y 18 años que no han sido condenados por ningún delito, pero a diferencia del centro madrileño, Miraflores está gestionado por la Consejería de Vivienda y Bienestar Social y no por una empresa intermediaria como Fundación O’Belén o Grupo Norte.
Las denuncias contra este centro vienen porque Miraflores funciona con dos regímenes, uno general y otro especial, en el que los niños pueden estar privados de libertad y en un módulo, separados de sus compañeros 24 horas y hasta siete días sin pisar la calle. En febrero, el Defensor del Pueblo subrayó, en referencia al decreto 48/2003, que el marco legislativo “particular” de Asturias es el que permite que la Consejería de Vivienda y Bienestar Social del Principado tramite de urgencia y sin autorización judicial el ingreso de los menores en las llamadas “unidades de régimen especial”. Desde el Colectivo Social y Justicia explican que hay otro centro de estas características, pero sólo hay pruebas en el de Miraflores, un centro que a menudo está vacío porque constantemente se producen fugas.
Amnistía Internacional se suma a las denuncias
El 15 de diciembre Amnistía Internacional hizo público un informe en el que denuncia la situación de los menores en centros terapéuticos. Aquí puedes leer el informe completo.
miércoles, 23 de diciembre de 2009
Autores y juristas españoles piden una red libre también de los grandes intereses empresariales
Martínez, Serrano, Sánchez Almeida, Gopegui, Alba, de la Nuez, Ramonet, Liria, Rosa, Arco
Rebelión
El reciente “Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet” ha sido suscrito por multitud de administradores de webs, bloggers y simples usuarios de la Red de un muy amplio abanico político.
Revisando lo escrito y dicho sobre este manifiesto, encontramos que tenemos algunos compañeros “de viaje” realmente incómodos. Junto a quienes apoyan con sinceridad la libre difusión de la cultura en Internet, un grupo de firmantes lo suscribe sólo para oponerse al gobierno de Zapatero desde la derecha más montaraz. Entre ellos encontramos a periodistas que defienden la libre descarga de películas o música desde Internet pero son celosos guardianes de otras formas mucho más injustas y colonialistas de propiedad privada.
La izquierda y la derecha han luchado, luchan y lucharán por la titularidad de los medios de producción, éste es el motor de la historia, impulso que, por obvio, se suele ocultar. En el actual orden mundial, las propiedades intelectual e industrial se han convertido en un instrumento de acumulación de capital más eficaz que ninguna industria o comercio.
La explotación del derecho de autor, lejos de responder a su teórico objetivo, el sustento de los creadores, se ha utilizado como elemento de dominación, como arma al servicio de la casta cultural más acomodaticia con el sistema establecido.
En el caso de Estados Unidos, representa un valor estratégico.
La riqueza de una nación puede llegar a basarse en la imposición de tasas por utilización de propiedades inmateriales de todo tipo, incluido el uso de semillas o variedades animales patentadas.
Desde una óptica transformadora que aspira a una sociedad más justa e igualitaria, sólo cabe apoyar y promover el libre conocimiento.
Defendemos la democratización de la cultura porque la creación la hacen las colectividades a través de determinados individuos y no al revés, como se suele pensar.
Consideramos que el sistema de royalties que sólo beneficia a unos pocos es injusto, tanto para las patentes científicas como para la expresión de la creatividad humana. Por eso creemos que no se trata de que los autores cambien de amos.
La cultura libre debe estar inserta en un movimiento colectivo que vaya más allá de las rentas de un tipo u otro de empresario.
Son muchos los creadores que se definen como trabajadores de la cultura y aspiran a una remuneración que les permita mantenerse y no a seguir ganando más allá del esfuerzo realizado.
El problema no radica en cómo seguir cobrando derechos, sino en la manera de hacer que las contribuciones intelectuales, artísticas o científicas pertenezcan realmente a toda la sociedad y no sólo a quienes tienen el privilegio de explotarlas.
Como en tantas ocasiones es preciso dejar a un lado, siquiera un momento, el etnocentrismo del primer mundo y recordar que para una verdadera disminución de la brecha digital hay condiciones previas: la llegada de la electricidad al domicilio, dinero para comprarse un ordenador, un Estado que te haya enseñado a leer y escribir, y haber comido, y tener un techo y un médico para cuando te pones enfermo.
La era digital no podrá lograr eso si no es imbricándose en la lucha de los pueblos.
Tanto como la democratización de la cultura, con más razón cabe defender la democratización de toda la economía.
No parece razonable aplicar en este debate el término "democracia" tan superficialmente como se está haciendo.
Si la mayoría de los internautas está en contra del cierre de páginas Web que facilitan el intercambio de archivos, una gran mayoría de ciudadanos está a favor de repartir entre todos la riqueza de la que se apropian empresas como el Banco de Santander, Repsol o Telefónica, distribución que sigue la misma lógica de quienes pedimos un conocimiento universal, y que nadie osa plantear por una evidente cuestión de correlación de fuerzas.
Para reivindicar Internet como un derecho, no como un eslogan publicitario, es preciso incluirlo dentro de lo público, como la educación o la sanidad, y no dejarlo en manos de proveedores privados que pueden acabar con la neutralidad de la red al margen de la legislación sólo con aumentar el coste de subir contenidos.
Sabemos que en nuestras sociedades entregadas a la privatización es una reivindicación difícil, pero necesaria y un gobierno que realmente represente al pueblo que lo ha elegido debería ser capaz de llevarla a cabo.
En el ámbito de la cultura hay propuestas audaces como la de distribuir el cine español subvencionado bajo licencia copyleft, legislando para que la percepción de ayudas públicas determine la publicación de obras con licencias libres para lograr su máxima difusión.
O las que pasan por la nacionalización de la SGAE y demás entidades de gestión para que la retribución a los creadores deje de ser una cuestión privada.
Iniciativas como la Carta para la innovación, la creatividad y el acceso al conocimiento, aún insuficientes, apuntan la posibilidad de construcción de reglas distintas.
Los intereses que se oponen a ello son poderosos. Pero en este momento la evolución de los medios de reproducción abre una oportunidad para que ningún conglomerado mediático pueda decidir qué productos culturales merecen ser distribuidos y cuáles no.
Se trata de entender el P2P como una gran biblioteca común y no como, una vez más, servicios en streaming donde sean las discográficas o las editoriales o las nuevas empresas de la Web quienes decidan qué suena, se lee, se imagina.
Nos preguntamos si el gobierno tiene algún interés, aunque sea mínimo, en investigar nuevos modelos. Ni la lógica de la prohibición, ni tampoco la lógica del cambio de amo. La política de las multinacionales del entretenimiento ha ido dirigida a un solo objetivo: expoliar a la Humanidad de su patrimonio cultural. El cambio en el modo de reproducción de las creaciones podría suponer un avance para todos. Quizá no sea fácil. Pero, por una vez, no es mucho más difícil que prohibir y castigar. Se trata de recuperar la red para todos los seres humanos y no para las grandes empresas que cada día se adueñan de ella un poco más.
Suscriben:
Carlos Martínez, jurista, Pascual Serrano, periodista y escritor, Carlos Sánchez Almeida, abogado, Belén Gopegui, novelista, Santiago Alba, escritor, Ignacio Ramonet, periodista y escritor, Alex de la Nuez, músico, Carlos Fernández Liria, filósofo y escritor, Isaac Rosa, escritor, Constantino Bértolo, editor, Carlo Frabetti, escritor y matemático, Rosa Regás, escritora, Irene Amador, antropóloga, Antonio Arco, músico.
sábado, 12 de diciembre de 2009
5000 personas en Madrid contra el cambio climático
Globalízate (12/12/09)
5000 personas se han reunido en la plaza del Museo Reina Sofía para demandar a los líderes mundiales un acuerdo en Copenhague justo, ambicioso y vinculante.
Convocados por la Plataforma Ciudadana contra el Cambio Climático, la plaza se ha llenado de ciudadanos de todas las edades coreando lemas como ¡Qué no te mientan, la Tierra se calienta!,?Rajoy y Zapatero efecto invernadero!,¡Los lideres mundiales nos dejan en pañales!, ¡Menos consumo es menos humo!, o ¡Actúa ahora contra el calentamiento!
Se han informado también de las últimas informaciones científicas sobre el cambio climático que indican que el planeta se sigue calentando y se ha guardado un minuto de silencio por el planeta.
En el día de acción global contra el cambio climático, Madrid ha querido acompañar a decenas de ciudades en todo el mundo y también mostrar apoyo a los activistas detenidos en Copenhague. Se han dado las cifras de las manifestantes en otras ciudades del mundo. Un acuerdo perfecto sería, entre otras cosas,:
1.- Contribuir a la reducción de las emisiones globales de CO2. El consenso científico señala que es imprescindible mantener los incrementos de temperatura por debajo del “límite de seguridad” de 2º C respecto a los niveles preindustriales para evitar cambios climáticos rápidos, abruptos y no lineales que tendrían consecuencias desastrosas sobre la ecología, la economía y la sociedad. Para no superarlo, los niveles de emisiones globales deben comenzar a disminuir antes de 2015 y reducirse en más del 80% respecto a los niveles de 1990 en el 2050. Coalición Clima pide al Gobierno español que defienda en las negociaciones el establecimiento de límites de emisiones de gases de efecto invernadero obligatorios para los países industrializados, que permitan mediante medidas internas la reducción de las emisiones de al menos un 30% para 2020 y de un 80% para 2050, respecto de los niveles de 1990.
2.- Reducir las emisiones nacionales de CO2. Coalición Clima exige que se establezca para España objetivos concretos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de obligado cumplimiento para el año 2020, que en ningún caso podrán suponer objetivos menos ambiciosos que los establecidos por el protocolo de Kyoto.
3.- Ayudar a la adaptación al cambio climático de los más pobres. Quienes menos responsabilidad tienen en las emisiones contaminantes son quienes más duramente están sufriendo las consecuencias presentes del cambio climático. Desde Coalición Clima pedimos que España defienda en los procesos de negociación la inclusión de las políticas de adaptación como un pilar fundamental de la acción contra el cambio climático.
10 personas de todas las edades han leído el manifiesto de la organización, acompañado cada uno de ellos por el grito de los concentrados: ¡Exigimos! Luego se ha permitido a varios ciudadanos anónimos tomar la palabra para expresar la necesidad de realizar una movilización social sin precedentes para evitar un cambio climático peligroso. Finalmente, la batucada ha cerrado el acto emplazando a los presentes a acudir el próximo jueves a la Cuesta de Moyano a una vigilia con velas, dos días antes de que finalice la cumbre de Copenhague.
lunes, 7 de diciembre de 2009
La Sala Cuarta: guerra de jueces en la Audiencia
En febrero de 2002 la Audiencia Nacional fue el escenario de una durísima batalla en la que se enfrentaron el garantismo judicial y la razón de Estado. Un oportuno escándalo mediático permitió acabar con un tribunal incómodo y díscolo.
DAVID FERNÁNDEZ. BARCELONA
Lunes 30 de noviembre de 2009.
Dada su enorme incidencia en la vida pública, la Audiencia Nacional ha sido escenario de encarnizadas luchas. La ‘purga’ de su Sala Cuarta de lo Penal es todo un ejemplo.
Desde finales de los ‘90 tres magistrados de la Audiencia Nacional estaban entorpeciendo la estrategia antiterrorista del Gobierno español del “todo es ETA”. Venían revocando y cuestionando, una tras otra y abiertamente, las instrucciones de Baltasar Garzón contra la izquierda abertzale. El titular del juzgado de instrucción nº 5 es un instructor con facultades enormes, pero sus decisiones se pueden revisar y recurrir en un nivel jurisdiccional superior. Cada publicitada megaoperación del superjuez “contra el entorno de ETA” se deshacía pocos meses después, con base en una sólida argumentación jurídica de la Sala Cuarta, que criticaba veladamente la forma de instruir de Garzón y, sobre todo, rechazaba una espuria literatura policial, en la que la ausencia de material probatorio y la falta de individualización concreta del delito se había vuelto norma. Hasta que se desató la guerra.
Frente judicial de ETA
Empezó Rajoy, a la sazón ministro de Interior, afirmando sin tapujos que “algunos jueces tiran por tierra, con sus decisiones, la labor de años de la policía”. Algunos medios de comunicación llegaron a calificar a la propia Sala como el “frente judicial de ETA”. La drástica presión política y mediática no amedrentó entonces a los magistrados, que siguieron decretando libertades de personas encarceladas. Fue el caso sintomático del periodista vascogallego Pepe Rei. En un auto que decretaba su tercera puesta en libertad sin cargos, los magistrados de la Sala Cuarta consideraron totalmente normal la existencia de la revista de investigación Ardi Beltza, aduciendo que una publicación independentista, internacionalista y marcadamente anticapitalista se ubicaba perfectamente en los derechos fundamentales y la libertad de expresión.
En febrero de 2002, la Sala Cuarta recibe un informe psiquiátrico sobre el reo Carlos Ruiz Santamaría, ‘El Negro’, que alerta del elevado riesgo de suicido del preso, a punto de ser juzgado. Decretan su libertad bajo fianza de cinco millones de pesetas y comparecencias obligadas cada 15 días. Pero el narcotraficante huye. Y ‘estalla’ un escándalo. Los tres magistrados sufren una campaña de desprestigio. Son suspendidos cautelarmente, la propia fiscalía presenta una querella por prevaricación y son apartados de la Audiencia fulminantemente. Ningún escándalo relacionado con el tráfico de drogas ha sido tan explotado mediáticamente ni tan rápidamente sancionado.
La Audiencia tomada
Tras aquella drástica sanción, en sus pasillos la letanía de su personal fue la misma: “Cotino (entonces director general de la policía) y Garzón han tomado la Audiencia Nacional”. En mayo de 2004 el Tribunal Supremo descartó cualquier indicio de delito contra los tres magistrados. Las medidas disciplinarias impuestas por el CGPJ habían sido levísimas. Posteriormente, los magistrados fueron rehabilitados y se reincorporaron a la Audiencia.
Pero desde entonces ninguna sala se ha atrevido a cuestionar las decisiones de Garzón. Sin aquella batalla es hoy imposible comprender instrucciones y sentencias como la del macroproceso 18/98 o el cierre de los periódicos Egin y Egunkaria o la equiparación de desobediencia civil y terrorismo.
domingo, 6 de diciembre de 2009
Aminatu Haidar acusa a Madrid de engañarla para quitarse el problema de encima
06-12-2009
Telecinco
Aminatu Haidar, que ayer cumplió 20 días en huelga de hambre y que corre ya el riesgo de padecer efectos irreversibles, denunció que en el vuelo frustrado del viernes el Estado español, quiso engañarla para que abandonase Canarias. Asimismo, la Plataforma de Apoyo a Haidar recusó al mediador del Ministerio español de Exteriores por no haber actuado honestamente tras confirmarse que el amago de viaje del viernes no estaba acordado con Marruecos.
Aminatu Haidar acusó al Estado español de «cómplice de Marruecos» y de empujarla «hasta la muerte», según destacó en un comunicado que leyó su abogada, Inés Miranda.
«Mis convicciones no se venden. Mi única reivindicación es regresar a mi casa con mis hijos y mi madre, en El Aiaún, en Sahara Occidental», reiteró Haidar, quien acusó a Madrid de «vulnerar la legalidad internacional y los derechos humanos».
«Ni la cárcel, ni la desaparición forzosa, ni la tortura, ni la expulsión del trabajo han podido doblegar ni cambiar mis principios», manifestó Haidar, que se mostró firme para continuar con La Plataforma de Apoyo a Aminatu Haidar, por su parte, recusó ayer al equipo del Ministerio español de Exteriores enviado a Lanzarote al considerarlo eficaz e inoperante y acusarlo de engañar a la activista saharaui para devolverla el viernes a El Aaiún y dejarla a su suerte.
En un manifiesto leído por el actor Guillermo Toledo, que lleva dos semanas en el aeropuerto lanzaroteño de Guacimeta acompañando a Haidar, se denuncia que el intento de traslado de la activista del viernes no contó en ningún momento con la autorización de Marruecos.
«Engaño y mentira»
Toledo denunció «el engaño y la mentira» con que actuó el jefe de gabinete de Exteriores, Agustín Santos, «que prometió a Aminatu Haidar que toda la operación estaba consentida por ambos gobiernos».
Fuentes cercanas al Gobierno español y del marroquí citadas por la agencia Europa Press confirmaron que Madrid no había alcanzado ningún compromiso con Rabat sobre la situación de Haidar antes de intentar embarcarla en el avión. La plataforma destaca que este intento fue «un plan urdido sin el respaldo de Marruecos para dejar a Haidar en el aeropuerto de El Aaiún sin protección».
Aseguró que no confían en las palabras de Santos «y todo su séquito» porque «hemos sido continuamente engañados», por lo que reclamaron la llegada de otro tipo de mediación «porque no se confía más en un equipo que miente a los interlocutores y a la propia Aminatu Haidar».
La plataforma reclamó al rey español, Juan Carlos de Borbón, y al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para que medien en esta situación «porque el señor Moratinos [ministro español de Exteriores] y su equipo han sido incapaces».
El Frente Polisario, por su parte, consideró que Madrid «tiene más cartas que hacer valer» en este caso, «ya que Marruecos no ha recibido suficiente presión».
Mohammed Jadad, delegado en funciones del Frente Polisario en Madrid, destacó que el Estado español se ha mostrado «blando y un poco temeroso».
En este sentido, Jadad señaló que Rabat «se siente amparado de tal modo que cree que no tiene que cumplir con sus obligaciones».
La UA reclama a Marruecos respeto a los derechos humanos
La Unión Africana (UA) solicitó ayer a Marruecos respeto a los derechos humanos en Sahara Occidental y que permita el regreso a Aminatu Haidar.
El presidente de la Comisión de la UA, Jean Ping, señaló en un comunicado que el organismo panafricano «se une a otros actores internacionales para pedir que las autoridades marroquíes permitan a Haidar regresar a Sahara Occidental».
También se une Ping a la preocupación manifestada por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, sobre «el aumento de la tensión entre las dos partes en las negociaciones sobre Sahara Occidental».
El escrito recuerda que en la sesión especial de la UA celebrada en Trípoli el 31 de agosto, los jefes de Estado y de Gobierno manifestaron su apoyo a la postura de la ONU y sus «esfuerzos para convocar un referéndum que permita al pueblo del territorio optar entre la independencia y la integración en Marruecos».
La UA está formada por todos los países del continente excepto Marruecos, excluido del grupo debido a que los restantes 52 países de África defienden el derecho a la autodeterminación del pueblo de Sahara Occidental.
Por su parte, Sudáfrica, la mayor potencia económica del continente, también expresó su preocupación por «el deterioro de la situación de los derechos humanos en los territorios ocupados de Sahara Occidental».El Gobierno sudafricano condenó «la deportación forzada, por parte de Marruecos, de Aminetu Haidar a Canarias por haber puesto que Sahara era su país de residencia».
Fuente: http://www.gara.net/paperezkoa/20091206/170758/es/Haidar-acusa-Madrid-enganarla-para-quitarse-problema-encima/
domingo, 29 de noviembre de 2009
Organizaciones sociales tapiaron la entrada a la embajada de EEUU en protesta por el bloqueo a un acuerdo justo en Copenhague
CAMBIO CLIMÁTICO
Globalizate y Plataforma Ciudadana contra el cambio climático (28/11/09)
La Plataforma Ciudadana contra el Cambio Climático, que agrupa a sindicatos, organizaciones ecologistas, de cooperación, sociales, de consumidores etc. considera que la decisión tomada por Obama y su homólogo de China, Hu Jintao, de no adoptar ningún acuerdo significativo en Copenhague supone de facto asegurar el fracaso de la cumbre de Copenhague. Un año después de haber llegado al poder, el presidente de los EEUU se ha olvidado de su compromiso por el clima que contrajo ante sus ciudadanos y los del resto del mundo. Su decisión muestra que tras ese cambio que decía abanderar no hay nada más que un discurso bien construido, pero sin nada tangible detrás.
Obama sigue, por tanto, la misma política que su antecesor, George Bush. O al menos, lo pusieron muy negro para luego ofrecer algo insuficiente y decir que están cumpliendo.
Obama desoye, además, con su postura al consenso de la comunidad científica, que no nos deja de advertir de las graves consecuencias que tendrá para el futuro de la humanidad y de este planeta que no se alcance cuanto antes un acuerdo justo, vinculante y ambicioso. Para evitar que el cambio climático escape a nuestra capacidad de acción, es necesaria una fuerte reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, que en todo caso no deberá ser menor de un 40% en 2020, según los niveles de 1990. El objetivo de reducir el 17% de emisiones para 2020 tomando como referencia 2005 en EEUU es una propuesta vergonzosa.
Por último, también queremos recordar al presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, que debería pedir disculpas a los países más afectados por el cambio climático por el incumplimiento de los compromisos de Kyoto y comprometerse a reducir un 40% las emisiones para 2020 con referencia a 1990 por escrito.
Durante el acto, los manifestantes han coreado consignas como "Que no te mientan, la Tierra se calienta", "Obama, me pones si reduces emisiones", "Obama y Zapatero, efecto invernadero" o "Los líderes mundiales nos dejan en pañales".
El próximo sábado 12 de diciembre han convocado una concentración en la Puerta del Sol de Madrid para pedir a los líderes políticos de todo el mundo un acuerdo justo y vinculante en Copenhague.
viernes, 27 de noviembre de 2009
Acciones en varias ciudades del Estado Español por la retirada de Afganistán el próximo sábado 28 de noviembre
Miércoles 25 de noviembre de 2009
En las últimas semanas, se ha ido fraguando una nueva campaña por la retirada de las tropas españolas de Afganistán.
La conforman entidades sociales y políticas de diversos puntos del Estado español. Sus principales impulsores son movimientos antiguerra —como la Plataforma Aturem la Guerra de Barcelona y la Plataforma contra la guerra de Afganistán de Madrid— y Foros Sociales, a los que se han sumado decenas de otras organizaciones desde Galicia hasta Catalunya, y desde las Canarias hasta Navarra.
La campaña argumenta que “Es cada vez más evidente que Afganistán vive bajo condiciones de ocupación militar y guerra. No se está reconstruyendo el país. No se ha llevado la democracia a Afganistán. No se ha liberado a las mujeres afganas. La ocupación sólo trae más muertos, tanto entre la población afgana como entre las tropas ocupantes. Los mismos motivos que existían para retirar las tropas de Irak en 2004 se aplican al caso afgano hoy.”
La campaña exige la retirada de las tropas de Afganistán y rechaza el envío de más efectivos. Citando datos del Real Instituto Elcano, señalan que “Sólo el 3% de la población (y sólo el 1% de las mujeres) apoya la política del gobierno de enviar más tropas.”
La campaña se presentará en público el próximo sábado, 28 de noviembre con diversas acciones de protesta. Empezarán a las 11,30 de la mañana, cuando Alternativa Antimilitarista de Valencia ha convocado una acción pacífica de desobediencia civil, una inspección ciudadana de la base de la OTAN en Bétera, bajo el lema “Fuera de Afganistán - Fuera de todas partes”. Varias ciudades, incluyendo Albacete, Iruñea/Pamplona, Murcia y Segovia, verán concentraciones exigiendo la retirara de Afganistán.
En Barcelona, la Plataforma Aturem la Guerra ha organizado una procesión con velas que irá desde la Catedral hasta la Plaça Sant Jaume, seguida de una concentración con ponencias respecto a la guerra en Afganistán del grupo feminista Dones x Dones y la politóloga iraní, Nazanin Amirian. La Plataforma contra la guerra de Afganistán de Madrid ha convocado una manifestación a las 18 h en Atocha, bajo el lema “Fuera las tropas españolas de Afganistán. No a la guerra. OTAN no.”
Según un portavoz de la campaña: “Esta jornada de acción es sólo el punto de inicio. A pesar de los intentos de presentar una brutal guerra como una misión de paz, muchísima gente se opone a la presencia de las tropas en Afganistán. Sabemos que es una campaña más difícil que la de 2003 contra la guerra de Irak, pero la oposición y las protestas irán creciendo hasta conseguir la retirada de las tropas. El pueblo afgano ya ha sufrido 30 años de guerra. Le debemos nuestra solidaridad y nuestros esfuerzos para contribuir a que viva en paz.”
Convocatorias 28-N
Alacant / Manifestació: dissabte 28 de noviembre. 18´00 h. Escales del Jorge Juan. OTAN NO, ja n´hi ja prou. Fora Tropes d´Afganistán. Convoca: Moviment de Resistència Global d´Alacant.
Albacete /Concentración, sábado 28 de noviembre, 19:00h, Plaza del Altozano Plataforma contra la Militarización de Albacete http://www.otannoalbacete.es/
Barcelona / performance / concentració, dissabte 28 de novembre, 17,30h No a la guerra! Fora les tropes de l’Afganistan! Pl. Catedral, amb processó fins a Pl. S. JaumePlataforma Aturem la Guerra http://www.aturemlaguerra.org/
Iruñea/ Pamplona Charla: lunes, 23 de noviembre, 19:30 en sala Calderería (calle Calderería 11) - "Afganistán y la guerra contra el terrorismo", con José Luis Gordillo, profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Barcelona y miembro de la Plataforma Aturem la Guerra. Concentración: sábado, 28 de noviembre, 13:00h, Plaza del Castillo Por la retirada de las tropas extranjeras de Afganistán. No a la OTAN. No a la guerra. Grupos de Iruña contra las Guerras http://www.gerrakgelditu.org/
Jaén /Pegada gigante de carteles contra la guerra de AfganistánForo Social de Jaén http://www.nodo50.org/forosocialjaen
Madrid / Manifestación: 28 de noviembre, 18 h. Atocha - Sol. Fuera las tropas españolas de Afganistán. No a la guerra. OTAN no. _ Plataforma contra la guerra de Afganistán plataforma.afganistan@yahoo.es
Murcia / Concentración, 27 de noviembre, 18:30h, frente a la Glorieta del Ayuntamiento, para después marchar en manifestación a la sede de la Delegación del Gobierno, para entregarle al Delegado del Gobierno un Comunicado exigiendo la retirada de las tropas españolas de ese país. Esta movilización parte con los siguientes apoyos: Sociales: Murcia No se Vende, Comunidades Cristianas de Base, FAVERMUR, Foro Ciudadano de la Región de Murcia y Foro Social de Murcia. Sindicales: CGT, CC.OO. y STERM-Intersindical. Políticos: IURM, Juventudes Comunistas Foro Social de Murcia http://forosocialdelaregiondemurcia.blogspot.com/
Segovia /Concentración. Sábado, 28 de noviembre, 19:30 h. Plaza Mayor de Segovia. Regreso de las tropas de Afganistán. Segovia Contra la Guerra. Foro Social de Segovia http://forosocialsg.blogspot.com/
València Fuera de Afganistán // Fuera de todas partes 7ª inspección a la base de la OTAN Sábado 28 de noviembre, 11:30 h. Bétera (Alameda) 10:15 h. València (C/ Xàtiva, frente estación RENFE) Alternativa Antimilitarista MOC València retirada (arroba) xarxaneta (punto) org - http://www.antimilitaristas.org/
jueves, 26 de noviembre de 2009
The Economist' asegura que los problemas económicos en España son insostenibles
(Imagen: J. L. PINO / EFE)
* En su último número la publicación califica a Zapatero de "eterno optimista" y considera que "España es el nuevo enfermo de Europa".
* Afirma que la ley de economía sostenible "se basará en gran medida en buenas intenciones a falta de medidas duras".
20MINUTOS.ES / AGENCIAS. 27.11.2009 - 00.17 h
"España es el nuevo enfermo de Europa". Con esta afirmación arranca un artículo que publica la revista The Economist en su último número, en el que se repasa la coyuntura española actual.
Es una resaca estructural en un país que se emborrachó a base de ladrillos antes de explotar la burbuja inmobiliaria El semanal asegura que España afronta problemas económicos insostenibles y que se ha convertido en "el nuevo hermano pobre de Europa".
La publicación considera que ningún otro país europeo ha sufrido con tanta severidad la crisis económica del último año y que la muestra más clara es que la tasa de paro en España ha alcanzado el 19%, la segunda más alta de la UE después de Letonia.
"Aversión al pesimismo"
La publicación alude a la "aversión al pesimismo" del presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, que manifestó que la recuperación ha comenzado, y recuerda que "la credibilidad del presidente español se vio marcada a medida que se negaba a admitir los problemas a los que se enfrentaba España"
España debe hacer mucho más por poner sus asuntos en orden "Aún así, sigue pensando que puede encaminar al país hacia el crecimiento. Esta semana, el gobierno español tenía pensado presentar una nueva propuesta de legislación de economía sostenible (...). La ley se basará en gran medida en buenas intenciones a falta de medidas duras". The Economist augura además que esa ley dejará fuera iniciativas como la reforma del mercado laboral para abaratar el despido "para agradar a los amigos sindicalistas de Zapatero".
La publicación critica también a la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, por "frenar la expansión fiscal para el próximo año" por su decisión de subir los impuestos y recortar el gasto publico. El aumento de la presión impositiva ha llevado a algunos economistas a rebajar sus predicciones de crecimiento para el próximo año, destaca la publicación.
"Puede que la recuperación esté centrada en Francia y Alemania en estos momentos. Pero España debe hacer mucho más por poner sus asuntos en orden", dice la publicación.
martes, 24 de noviembre de 2009
El poder de la Iglesia en España
Marcos Roitman Rosenmann
24-11-2009 La Jornada
En España, durante el franquismo, la Iglesia jugó un papel relevante en la consolidación del régimen. Hoy su protagonismo no ha disminuido y su poder se mantiene intacto a pesar que la Constitución de 1978 en su artículo 16.3 señala el carácter aconfesional del Estado.
Durante la transición, la Iglesia católica no estuvo dispuesta a perder ninguno de los privilegios ganados durante 40 años de dictadura. Para sus miembros fue mejor reconocer el carácter aconfesional que pasar a una fórmula de Estado laico. Fue una solución de compromiso de los constituyentes que dejaba claro el papel de la Iglesia y los límites de la reforma política. No se ponía en cuestión su función garante de la moralidad de los españoles.
Lo que Franco ató, siguió atado. Así, la Iglesia católica podría seguir gozando de un trato de favor a la vez que se marginaban otras confesiones. La enseñanza de la religión en los colegios públicos se dejó en manos del clero. Así, el Estado paga la educación católica de los colegios privados concertados, cuya cifra de alumnos supera el millón. La ley franquista de 1970 que lo avala no ha sido derogada. Igualmente, el episcopado confecciona sus programas de estudio y contrata a sus profesores pagados por el Estado.
En otro orden de cosas, los hospitales públicos mantienen en su plantilla sacerdotes y las universidades cuentan con una capilla. Ni que decir que no hay ni mezquitas ni sinagogas, ni templos budistas. Los rituales políticos utilizados por el poder civil para asumir los cargos de representación popular están sometidos a ceremonias donde el crucifijo preside las ceremonias. No menos importante es su presencia en los medios de comunicación social públicos. Televisión Española transmite todos los domingos una misa, amén de un programa llamado Pueblo de Dios. Tampoco debemos pasar por alto que la mayoría de los días festivos forman parte del credo católico. Semana santa, la inmaculada, los reyes magos, la Almudena, etcétera.
Asimismo, el episcopado posee una radio de ámbito estatal, la cadena COPE, utilizada como medio para arremeter contra el poder político y dar rienda suelta a sus campañas contra el aborto, los homosexuales, el uso del preservativo y la asignatura educación para la ciudadanía donde se apoya una visión progresista de las relaciones sexuales, de la inmigración, de la tolerancia religiosa o de los matrimonios gays.
En este caso han llamado directamente a la objeción de conciencia. Un sin sentido.
No menos importante es su poder económico. Y no me refiero al patrimonio cultural atesorado en los monumentos de interés nacional, hago mención a los terrenos urbanos y rurales, los edificios, las casas, mansiones y el conjunto de propiedades cuyo origen es la donación testamentaria. Sin menospreciar las empresas subsidiaras y sus inversiones en la bolsa. El uso de su capital para fines especulativos ha quedado al descubierto con los escándalos de Afinsa, entre otros. Sus turbios negocios han salido a la luz cuando los imputados han debido declarar quiénes eran sus principales inversores.
La Iglesia desde 1993 controla 40 por ciento de las universidades privadas. Jesuitas, dominicos, escolapios, Opus Dei, legionarios de Cristo o franciscanos gozan de los fondos públicos para sus proyectos. Mientras tanto la enseñanza aconfesional y pública sufre los envites del clero cuando se trata de subvenciones.
Su poder es tan grande que ningún gobierno del PSOE, hasta la fecha, quiere tomar el toro por los cuernos. Incluso algunos destacados militantes como el ex ministro de Justicia y creador de jueces para la democracia Alberto Belloch, hoy alcalde de Zaragoza, ha considerado ejemplar dedicar una calle al fundador del Opus Dei, Escrivá de Balaguer, amén de obligar a los concejales del consistorio a participar del rosario y las misas cantadas en honor a la patrona de la ciudad en la catedral el día 12 de octubre. Sus actos no son sino otra manera de poner en cuestión el carácter aconfesional del Estado.
Pero sin ir más lejos, la próxima visita del papa Benedicto XVI a España será sufragada en 50 por ciento por Hacienda. Desde la seguridad, el transporte, una parte de la publicidad, la estancia y el conjunto de la parafernalia, tanto como ser considerada una visita de Estado. Son muchos millones de euros los que se invertirán en apoyar a la Iglesia católica. En contrapartida, sus máximos responsables deciden bajar los decibelios en la crítica a la nueva ley de aborto.
Si hacemos memoria, los orígenes de su actual poder están ligados al golpe de Estado contra la Segunda República, en 1936. Para los alzados, el gobierno del Frente Popular fue una suma de políticos masones, judíos y comunistas interesados en destruir la unidad de España, era necesario combatirlos y la iglesia se convirtió en la mano derecha de Franco. Éste gobernó con la Iglesia y la Iglesia gobernó para el régimen. La guerra civil se consideró parte de una cruzada, y su objetivo consistió en aniquilar al enemigo. Ellos avalaron los fusilamientos de miles de republicanos, socialistas, anarquistas y comunistas.
La Iglesia aupó a Franco a la categoría de caudillo por la gracia de Dios y desde esa atalaya lució una aureola cercana a la santidad. Un enviado del Señor cuya tarea consistía en blandir su espada contra los comunistas, representantes del demonio en la tierra. Su triunfo se consideró por la Iglesia católica la primera derrota del comunismo internacional y el renacer de España como la reserva espiritual de Occidente.
Era un enviado y no podía renunciar a su tarea, los obispos se encargaron de recordárselo siempre. Él hubiese preferido llevar una vida sencilla y en familia. Pero los hechos lo situaron en el papel de salvador de la patria. Se transformó en un martillo de herejes bajo la mano férrea de una Iglesia católica, apostólica y romana que hasta hoy no ha perdido ningún ápice de su poder real. La España actual sigue teniendo miedo a realizar una reforma que relegue a la Iglesia católica a su única función, ser un refugio para sus creyentes a título de fe y al margen de la esfera de lo público.
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2009/11/21/index.php?section=mundo&article=018a1mun
lunes, 23 de noviembre de 2009
La ONU denuncia que el estado español sigue torturando a sus presos
Kaos. Represión GARA 21-11-2009 a las 12:06 723 lecturas 12 comentarios
www.kaosenlared.net/noticia/onu-denuncia-estado-espanol-sigue-torturando-presos
-->Torturas al vasco Unai Romano en cárceles españolas El Estado español ha vuelto a suspender el examen de la ONU. Su Comité contra la Tortura le insta de nuevo a abolir la incomunicación y muestra su disconformidad con la levedad de las condenas por estos delitos. El Gobierno ha decidido que quien ejerza esta función fiscalizadora sea el Defensor del Pueblo: Enrique Múgica Herzog.
GINEBRA-. El Comité contra la Tortura de la ONU hizo ayer público un nuevo informe sobre el Estado español, tras el examen al que le sometió la pasada semana. La conclusión no podía ser otra, dados los informes anteriores y la insistencia del Gobierno español en mantener su práctica habitual: la ONU le insta de nuevo a abolir el régimen de incomunicación a los detenidos. Sin embargo, la letra pequeña del informe revela otros detalles más noticiables vistos desde Euskal Herria, como la confirmación de que el Gobierno español ha optado por presentar como garante contra la tortura al Defensor del Pueblo, es decir, a Enrique Múgica Herzog.El Gobierno Zapatero ha comunicado a la ONU que las funciones del llamado Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura serán desempeñadas por el Defensor. La creación de este Mecanismo era una obligación para el Ejecutivo después de que suscribiera en abril del 2006 el Protocolo contra la Tortura de la ONU, que impone la implementación de estas y otras medidas. Se trata de un ente encargado de fiscalizar los periodos de detención y que, por tanto, se debería encargar de entrar en calabozos y comisarías para revisar cómo se desarrollan los periodos de arresto.En su día, la Coordinadora para la Prevención de la Tortura formada por decenas de organizaciones de todo el Estado español ya alertó de que Madrid intentaba encomendar las funciones de Mecanismo al Defensor del Pueblo. Tras dos años de consultas reiteradas con organizaciones de este ámbito, hace apenas unas semanas, en vísperas del examen de la ONU, y sin darle publicidad, el Ejecutivo materializó esa intención.El comité con sede en Ginebra da por buena la elección, pero reclama al Estado que dote al Defensor del Pueblo de "recursos humanos, materiales y financieros adecuados para ejercer de manera independiente y eficaz su mandato de prevención en todo el país"."Debe revisarlo"Respecto al fondo de la cuestión, el Comité contra la Tortura explica que "toma nota" de "las disposición adoptadas para mejorar las garantías de los detenidos sometidos al régimen de incomunicación". Cita en concreto el llamado "protocolo Garzón", el Plan de Derechos Humanos y otras medidas.Sin embargo, explica que "debe reiterar su preocupación -compartida por todos los relevantes órganos regionales e internacionales de protección de los derechos humanos- de que el régimen de incomunicación utilizado por el Estado español en los delitos de terrorismo y banda armada, que puede llegar a los trece días, vulnera las salvaguardas propias de un Estado de Derecho contra los malos tratos y actos de tortura. El Comité sigue especialmente preocupado por las limitaciones que este régimen provoca".En consecuencia, establece que "el Estado parte debe revisar el régimen de incomunicación, con el fin de su abolición, y asegurar que todas las personas privadas de su libertad tengan acceso a los siguientes derechos fundamentales del detenido: a) Escoger un abogado de elección; b) a ser visitado por un médico de elección; c) a que se ponga en conocimiento de un familiar o persona que el detenido desee, el hecho de la detención y el lugar de custodia en que se halle en cada momento; d) a entrevistarse reservadamente con un abogado (derecho que actualmente viene restringido, aun cuando éste sea un abogado de oficio)".Las preocupaciones de la ONU no sólo se centran en el régimen de detención, sino también en la levedad de las penas impuestas por delitos de tortura -cuyas sentencias en el caso de Euskal Herria, además, se cuentan con los dedos de la mano-. Tras citar que el Código Penal establece penas de tortura de dos a seis años de cárcel en casos graves y de uno a tres si no lo son, apunta que esta calificación "no parece propiamente ser conforme al artículo 4 (2) de la Convención, que estipula la obligación de todo Estado parte de castigar todos actos de tortura con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad".Critica también que los delitos de tortura prescriban en un plazo máximo de quince años, "mientras que es imprescriptible sólo si es constitutivo de un crimen de lesa humanidad". Para la ONU, Madrid debería garantizar que la tortura no prescribe "en ningún caso". Y le insta también a recopilar los casos de tortura en centros policiales, que actualmente son "imprecisos y discordantes".
Más información:
Derechos Humanos
Estado Español
Euskal Herria
Guerra / Criminalización / Represión
La ONU denuncia que el estado español sigue torturando a sus presos
El Comité contra la Tortura de la ONU insta al estado español a abolir su régimen de incomunicación a los detenidos, dado que firmó en el 2006 el protocolo contra la Tortura pero no lo aplica.
Kaos. Represión GARA 21-11-2009 a las 12:06 723 lecturas 12 comentarios
www.kaosenlared.net/noticia/onu-denuncia-estado-espanol-sigue-torturando-presos
-->Torturas al vasco Unai Romano en cárceles españolas El Estado español ha vuelto a suspender el examen de la ONU. Su Comité contra la Tortura le insta de nuevo a abolir la incomunicación y muestra su disconformidad con la levedad de las condenas por estos delitos. El Gobierno ha decidido que quien ejerza esta función fiscalizadora sea el Defensor del Pueblo: Enrique Múgica Herzog.
GINEBRA-. El Comité contra la Tortura de la ONU hizo ayer público un nuevo informe sobre el Estado español, tras el examen al que le sometió la pasada semana. La conclusión no podía ser otra, dados los informes anteriores y la insistencia del Gobierno español en mantener su práctica habitual: la ONU le insta de nuevo a abolir el régimen de incomunicación a los detenidos. Sin embargo, la letra pequeña del informe revela otros detalles más noticiables vistos desde Euskal Herria, como la confirmación de que el Gobierno español ha optado por presentar como garante contra la tortura al Defensor del Pueblo, es decir, a Enrique Múgica Herzog.El Gobierno Zapatero ha comunicado a la ONU que las funciones del llamado Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura serán desempeñadas por el Defensor. La creación de este Mecanismo era una obligación para el Ejecutivo después de que suscribiera en abril del 2006 el Protocolo contra la Tortura de la ONU, que impone la implementación de estas y otras medidas. Se trata de un ente encargado de fiscalizar los periodos de detención y que, por tanto, se debería encargar de entrar en calabozos y comisarías para revisar cómo se desarrollan los periodos de arresto.En su día, la Coordinadora para la Prevención de la Tortura formada por decenas de organizaciones de todo el Estado español ya alertó de que Madrid intentaba encomendar las funciones de Mecanismo al Defensor del Pueblo. Tras dos años de consultas reiteradas con organizaciones de este ámbito, hace apenas unas semanas, en vísperas del examen de la ONU, y sin darle publicidad, el Ejecutivo materializó esa intención.El comité con sede en Ginebra da por buena la elección, pero reclama al Estado que dote al Defensor del Pueblo de "recursos humanos, materiales y financieros adecuados para ejercer de manera independiente y eficaz su mandato de prevención en todo el país"."Debe revisarlo"Respecto al fondo de la cuestión, el Comité contra la Tortura explica que "toma nota" de "las disposición adoptadas para mejorar las garantías de los detenidos sometidos al régimen de incomunicación". Cita en concreto el llamado "protocolo Garzón", el Plan de Derechos Humanos y otras medidas.Sin embargo, explica que "debe reiterar su preocupación -compartida por todos los relevantes órganos regionales e internacionales de protección de los derechos humanos- de que el régimen de incomunicación utilizado por el Estado español en los delitos de terrorismo y banda armada, que puede llegar a los trece días, vulnera las salvaguardas propias de un Estado de Derecho contra los malos tratos y actos de tortura. El Comité sigue especialmente preocupado por las limitaciones que este régimen provoca".En consecuencia, establece que "el Estado parte debe revisar el régimen de incomunicación, con el fin de su abolición, y asegurar que todas las personas privadas de su libertad tengan acceso a los siguientes derechos fundamentales del detenido: a) Escoger un abogado de elección; b) a ser visitado por un médico de elección; c) a que se ponga en conocimiento de un familiar o persona que el detenido desee, el hecho de la detención y el lugar de custodia en que se halle en cada momento; d) a entrevistarse reservadamente con un abogado (derecho que actualmente viene restringido, aun cuando éste sea un abogado de oficio)".Las preocupaciones de la ONU no sólo se centran en el régimen de detención, sino también en la levedad de las penas impuestas por delitos de tortura -cuyas sentencias en el caso de Euskal Herria, además, se cuentan con los dedos de la mano-. Tras citar que el Código Penal establece penas de tortura de dos a seis años de cárcel en casos graves y de uno a tres si no lo son, apunta que esta calificación "no parece propiamente ser conforme al artículo 4 (2) de la Convención, que estipula la obligación de todo Estado parte de castigar todos actos de tortura con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad".Critica también que los delitos de tortura prescriban en un plazo máximo de quince años, "mientras que es imprescriptible sólo si es constitutivo de un crimen de lesa humanidad". Para la ONU, Madrid debería garantizar que la tortura no prescribe "en ningún caso". Y le insta también a recopilar los casos de tortura en centros policiales, que actualmente son "imprecisos y discordantes".
Más información:
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