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viernes, 15 de enero de 2010

En el 8º aniversario de la oprobiosa existencia del centro de detención


15-01-2010
Leyla Carrillo Ramírez
Rebelión

La bolsa es una entidad financiera surgida en el siglo XVI. Relatan que su aparición tuvo lugar en Londres en 1570, como un mercado regulador de capitales, hasta su fundación como bolsa de valores en 1801, bajo el título de London Stock Exchange (CSE). La bolsa de Frankfurt se originó, un decenio después, en 1585 y fue privilegiada en el siglo XIX por el monarca Luis IV de Baviera, quien la autorizó como un mercado secundario oficial, denominado Wertpapierbörse. En Francia la bolsa (Bourse) fue la última en surgir en los países más desarrollados de Europa y sólo en 1807 Napoleón I decidió construirle el palacio Brongiart para albergar a sus poderosos agentes de cambio.

De una u otra forma, la especulación, la tasación y el mercantilismo constituyen un símbolo de las sociedades donde impera el gran capital. Sin embargo, estos rasgos capitalistas fueron antecedidos por la compraventa de cualquier producto y –lo que es peor aún- de los seres humanos. Recordar la existencia de un mercado de esclavos donde subastaron a los ancestros africanos, asiáticos, mesorientales y latinoamericanos contribuye a comprender cómo se ha perfeccionado el mercado a lo largo de los siglos. En el capitalismo todo es mercancía: incluidas las personas.

Ha transcurrido un año desde la promesa electoral del Presidente estadounidense, Barack Obama, de cerrar el ilegal campo de detención erigido en la base naval de Guantánamo y un deleznable panorama asemeja la subasta de los prisioneros ilegales para su reenvío hacia varios países de la Unión Europea y a otras latitudes. El laberinto transitado por los detenidos (unos, supuestos terroristas, y otros, desde adolescentes eran inocentes, pero fueron convertidos en rehenes del imperio) es tan engorroso como ignominiosa la conversión de una base naval en campo de concentración de nuevo tipo. Para adentrarnos en el actual comportamiento de diversos países miembros de la Unión Europea respecto a Guantánamo, conviene actualizar la trayectoria más reciente del gobierno estadounidense y los inextinguibles vericuetos de su injusticia.

En septiembre de 2009 fueron absueltos 75 de los 223 prisioneros, mientras que el mandatario estadounidense anunciaba el 22 de enero de 2010 como límite para el cierre de la prisión. Sólo entonces los detenidos pudieron comunicarse con abogados y familiares, gracias a la persistente actuación del Comité Internacional de la Cruz Roja. En tanto, el Congreso de Estados Unidos “estudiaba reglas para los procedimientos a aplicar” y el 1 de octubre aprobó una enmienda propuesta por los republicanos (258 votos a favor y 163 en contra) que prohibía el traslado de los detenidos a territorio estadounidense. Del total, 80 prisioneros esperaban ser repatriados o acogidos por terceros países y alrededor de 60 podrían ser finalmente sometidos a los tribunales militares. Varios personeros del gobierno los consideraban “demasiado peligrosos” para liberarlos.

Sin embargo, lo más tenebroso no era la liberación de los peligrosos, sino su acogida en el país que los había secuestrado y torturado. Se generalizó un rechazo de los gobernadores cuyos Estados federales podrían ser seleccionados para acogerlos. Peor aún fue la encrucijada planteada por diversos funcionarios estadounidenses: juzgarlos en tribunales militares, que significa una violación de la Primera Enmienda a la Constitución, que imposibilitaría a los reos para recuperar las garantías judiciales conculcadas desde su captura.1 A esas alturas el vocero de la Casa Blanca, Robert Gibss, anticipaba que “el cierre del campo era más difícil de lo que creían”, por lo que pospondrían el calendario planteado para el cierre del campo a finales de 2010.

Tres organizaciones dedicadas a los derechos humanos: la filial estadounidense de Amnistía Internacional, Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) y Human Rights First rehusaron la invitación –luego de ingentes esfuerzos- para visitar el campo de Guantánamo, debido a que les negaba acceder a los prisioneros. La ONG2 Vote Vets, de corte demócrata, promovió una millonaria campaña publicitaria contrapuesta a los legisladores republicanos, con la finalidad de financiar mediante donaciones privadas la acogida de los reos en Estados Unidos.3

Diciembre de 2009 culminó con señales pésimas: la renuncia de Morris Davis, coronel retirado de la Fuerza Aérea y antiguo jefe de la Fiscalía Militar en la base de Guantánamo, quien no acató la utilización de evidencias obtenidas mediante las torturas; la decisión del Presidente de que los detenidos restantes fuesen internados en la cárcel de Thomson, Ilinois y la declarada “insolvencia” de la oficina federal de prisiones, carente de 150 millones de dólares necesarios para habilitarla. Los augurios de que el cierre podría postergarse hasta el año 2011 han sido recientemente confirmados por diversos funcionarios estadounidenses.

¿Cuál ha sido el desenlace para la Unión Europea? Conviene recordar la petición de “ayuda” a sus aliados por el Presidente Obama durante la Cumbre celebrada en Praga, para que acogieran a un grupo de prisioneros “trasladados” hacia Guantánamo. Hoy el mercadeo de los detenidos se añade a las incongruencias, las falacias y el ocultamiento. Los gobiernos que no vieron, no escucharon ni hablaron, prorratean recibir a los prisioneros negociados por Washington y retrasladados nuevamente, en una festinada manipulación del Derecho Internacional Humanitario. Queda claro que el método de LAS PÁGINAS VUELTAS con las que Washington suele abogar por una nueva etapa en sus relaciones internacionales fue aceptado por una mayoría de gobiernos de la Unión Europea.4

Una primera búsqueda sobre la “distribución” de los prisioneros ilegales arroja: dos argelinos en Francia, un etíope liberado en Reino Unido, cuatro chinos igures en las Bermudas, dos sirios en Portugal, dos uzbecos en Irlanda, un palestino en Hungría y dos tunecinos pendientes de juicio en Italia. Al respecto, el inventario de las declaraciones más recientes de representantes de varios gobiernos comunitarios es ilustrativo.

El gobierno británico es el más involucrado respecto a Guantánamo. Continúan las imputaciones de ex detenidos contra oficiales del MI 5 que participaron en torturas desde el año 2002. El titular de Exteriores, David Milliband insiste, sin resultados, en rechazar las acusaciones sobre los traslados, justifica la imposibilidad de controlar los actos de todos los integrantes de la inteligencia y contrainsurgencia británicas y no sin razón, el Primer Ministro ha debido comparecer para desvincular al gobierno de los interrogatorios en Guantánamo, limitándose a publicar una “revisión de las directrices para los agentes de su país”.

El gobierno alemán sigue en su contubernio en el tenebroso recorrido de los detenidos. El parlamentario Dick Marty había confirmado ante el Parlamento Europeo las versiones difundidas por el diario New York Times sobre la utilización de base de la OTAN en Francfort del Meno (la mayor en Europa) para la ejecución de planes que incluyeron los secuestros, dirigidos por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el traslado de los prisioneros hacia 3 cárceles secretas ubicadas en Bucarest, un lugar de Maruecos y un país del Este europeo. La Canciller Federal, Angela Merkel aboga por el cierre de Guantánamo, mientras que el ministro de Relaciones Exteriores, Guido Westerwelle rechaza que sean acogidos en territorio alemán, porque “pondrían en peligro la seguridad, la libertad y la paz “. La decisión sobre la cifra de acogidos está pendiente del debate en el Parlamento Federal.

La visita a Madrid del fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder fue el marco para una solicitud al Ministro de Justicia, con el propósito de que “durante la presidencia española de la Unión ayuden a explicar políticamente la importancia de aumentar la colaboración, como país que ha vivido directamente el terrorismo”. España, en un inicio, se ha brindado para acoger a dos detenidos “que no tengan causas pendientes”, es decir, que después de tantos años de cautiverio sean inocentes.

Finalmente ha sido revelado el resultado de las averiguaciones anunciadas por la actual Presidenta lituana (cuando ejercía como comisaria para asuntos presupuestarios de la UE). En diciembre de 2009 el Parlamento de ese país corroboró la existencia de dos cárceles de la CIA (instauradas entre 2003 y 2004), ubicadas en la antigua academia de equitación, donde se aplicaron torturas.

Las autoridades italianas insisten sobre la culpabilidad de sus tres primeros acogidos, a quienes acusan de vínculos directos con Al Quaeda, por lo que los tunecinos serán sometidos a juicio. Según el ministro del Interior, Robert Maroni “no supondrán ningún riesgo para el orden público ni la seguridad de su país”. Irlanda, por su parte, acogió a dos uzbecos. Al respecto, el titular de Justicia, Dermont Ahorn recabó de la prensa no invadir la privacidad de los ex prisioneros, quienes serán ubicados con sentido humanitario y hospitalario, recordando que “al igual que muchos otros miembros de la UE, su país había condenado durante años la detención, en las instalaciones militares, de los sospechosos de terrorismo sin un proceso judicial”. Bélgica ha acogido –mediante la suscripción de acuerdos individuales con Washington y Kuwait- a dos e xdetenidos.

Recién se confirmaron dos impugnaciones más sobre el protagonismo de varios Estados del Este comunitario: unos constituidos en sede de torturas, otros con la aceptación de varios detenidos en Guantánamo. En Polonia, 160 Kms al norte de Varsovia funcionó la prisión de Szymnany y junto a la base de Vilnius, en Antiviliai (Rumania) ha radicado otro centro de torturas. El Primer Ministro húngaro, Gordon Bajnai aceptó a un palestino, no sin declarar que “de acuerdo con el plan para cerrar ese centro, se crearía una situación más legal y habría más libertad… Hungría se compromete y demuestra ser un aliado confiable de Estados Unidos”. Mientras, el Viceprimer ministro y titular del interior búlgaro, Tsvétan Tsvétanov, anunció que recibirían a un prisionero “como solidaridad europea con todos los socios del Euro-Atlántico, ya que el presidente Obama es solidario con nosotros”. Huelgan las aclaraciones.

Cambiar la prisión ilegal de Guantánamo por una de alta seguridad en Estados Unidos no erradicará los delitos cometidos ni mejorará la suerte de los presos ilegales. Peor aún sería devolverlos a los escenarios bélicos. De ahí la insistencia de la actual administración estadounidense para que sus aliados comunitarios sean más hospitalarios.

Con la mencionada distribución se ahorra imputar a los torturadores, a los altos funcionarios y a los dos sucesivos gobiernos estadounidenses. No es ocioso repetirlo: las flagrantes violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario quedarán impunes, una vez más, gracias a la generosidad y comprensión de la Unión Europea para ayudar al Presidente Obama a clausurar el ilegal centro en Guantánamo.

La subasta de seres humanos indeseados rememora los orígenes de la bolsa de Londres, Frankfurt o París. Todavía puede surgir una nueva competencia para que los europeos mitiguen las penas de los atribulados gobernantes de Washington, que sólo pretenden desembarazarse del campo de torturas en Guantánamo, sin castigar -como de costumbre- a los agresores, a los secuestradores ni a los torturadores. Y los países miembros de la UE aceptan su cuota mercantilizada. La BOLSA pertenece a los potentados. LA VIDA es de quienes la perdieron o fueron humillados durante más de un lustro. ¿Quién da más?

Leyla Carrillo Ramírez. Centro de Estudios Europeos.

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jueves, 8 de octubre de 2009

Irlanda: Una piedra ante el Tratado de la Unión Europea


09-10-2009
Leyla Carrillo Ramírez
Rebelión

Al subir una cuesta, tropezar con una piedra deviene en retroceso. Al bajarla, es mucho peor, porque el caminante puede despeñarse sin remedio. Las piedras halladas en el camino del fallido Tratado Constitucional después de la negativa de los ciudadanos franceses y holandeses en el año 2005, han representado cuatro años de espera para las élites de la Unión Europea –que siempre tan previsora- esta vez mostró incapacidad para acometer un plan alternativo.

Varios Jefes de Estado y de Gobierno adoptaron decisiones, cuestionables como ejercicio democrático, al aprovechar de sus respectivas Constituciones nacionales la variante de una ratificación del Tratado de Lisboa mediante la votación parlamentaria, en lugar de celebrar un referendo. De éstos, los cuatro mayores países de la UE prefirieron primera la opción parlamentaria, para sortear la piedra de un rechazo popular. De esta forma, el futuro comunitario de sus pueblos recayó sobre las empolvadas pelucas de los integrantes de la Cámara de los Lores (en el Reino Unido) y en el dinamismo del ejecutivo francés, del Primer Ministro italiano y del Parlamento Federal alemán.
El TL, preelaborado durante la presidencia alemana de la UE, sufrió un insoslayable tropiezo, cuando los irlandeses –los únicos obligados constitucionalmente a someter la ratificación a un referendo- votaron negativamente en junio de 2008.. El percance confirmó, además, que no todos los europeos siguen ciegamente los mandatos de Bruselas. Esta vez tampoco había un plan “B” o alternativo.
Entonces la única opción consistió en prodigar consejos, excluir cláusulas para viabilizar la votación y “ayudar” económicamente mediante los denominados “garantes europeos”, que se calcula aportaron 32 mil millones de libras esterlinas a algunos partidos de Irlanda, con la finalidad de “convencer” a los votantes en el segundo referendo irlandés sobre la utilidad que representaría la ratificación del Tratado.
Sus argumentos, entre otros, consisten en: defender la soberanía y la neutralidad, las afectaciones al empleo1 y salario, la presunta pérdida de influencia del país en las decisiones comunitarias; aspectos ético-religiosos como el aborto, la suspicacia sobre una mayor participación en las actividades “defensivas” ante los escenarios bélicos actuales y las probables afectaciones a la libertad sindical –debido a sentencias contrarias a los intereses irlandeses emitidas por la Corte de Justicia Europea, que condujo al rechazo de incorporarse a los temas concernientes a Justicia e Interior (JAI)2
La aclaración en el Boletín de la UE del reciente 23 de septiembre sobre “las mentiras difundidas por funcionarios irlandeses y, hasta comunitarios, respecto a las motivaciones para el rechazo al primer referendo3 -lejos de esclarecer lanzaron más dudas, cuando comentó que “el principio de no intervención había sido limitado, al sustentar que Irlanda debería renunciar a su neutralidad, porque la juventud podría encontrarse envuelta algún día en un conflicto armado”. Añadía que “otras falacias”, habían divulgado que el Tratado admitiría el divorcio y el aborto; que “el país había perdido el derecho a un comisario europeo” y predijo que “las inversiones extranjeras decaerían si los irlandeses fallaban”.
Los partidos políticos opositores al Tratado han sido primordialmente de extracción obrera, tales como el Sinn Fein –nacionalista y pro liberación de Irlanda); el Libertas, el denominado People’s Movement (con participación del Comunista); el People Before Profits (coalición desde el año 2005 con influencia del troskista Socialist Workers y el COIR –organizado en 2003 después del segundo referendo para ratificar el Tratado de Niza- conservador y derechista.
No es ocioso recordar los resultados del referendo negativo irlandés del 12 de junio de 2008: solo el 42% de los votantes había acudido a las urnas: 53,4% rechazó el Tratado y un 46 % lo respaldó. En vísperas del segundo referendo, el sondeo avizoraba entre un 45 y un 55% favorable. El sábado 3 de octubre el conteo de las urnas arrojó que el 67,13% de los votantes había favorecido el SI, mientras que el 32,87% había votado NO, con la participación del 58% del electorado.
Sin embargo, no todo es color de rosa en la votación, porque el abstencionismo ascendió al 41% del electorado; mientras que los enormes esfuerzos institucionales, mediáticos y económicos solo lograron que la quinta parte de los opositores, cambiaran de opinión. De esta forma se cumplieron las expectativas de la Unión Europea, empeñada en la ratificación, a toda costa y sin tregua, hasta diluir las reticencias irlandesas.
Los resultados del reciente referendo irlandés inspiraron las declaraciones del Presidente de la Comisión, Manuel Durao Barroso: “es un gran día para Irlanda y para Europa, señal de la confianza del pueblo irlandés en la UE y su deseo de integrarse a su esencia; de que reconoce su papel para responder a la crisis económica”. Y añadió: “la campaña, la información masiva sirvió para que los ciudadanos conociesen sobre sus garantías jurídicas y que tendrán un comisario propio”. Y por último su esperanza de que Polonia y la República Checa ratifiquen el Tratado tan pronto como sea posible”.
El gobierno irlandés, por su parte agradeció a las élites de la UE el enorme esfuerzo realizado para culminar, felizmente, un triple propósito: Dublín continuará beneficiándose del apoyo comunitario en sentido económico, se incorporará a los objetivos sustanciales de la Unión. Ésta, a su vez elimina uno de los mayores obstáculos para que el Tratado de Lisboa comience a regir la vida de todos los comunitarios, sin importar las disensiones enfrentadas durante un trienio.
Tres Presidentes de Estados miembros de la UE mantenían en suspenso su firma: los de Alemania, Polonia y Chequia. El caso alemán se resolvió hace dos semanas cuando, el Tribunal Constitucional de Karlsruhe dejó sin efecto la impugnación lanzada a la Cámara Alta (Bundesrat) en el sentido de que los partidos en ella representados no habían sido consultados para emplear el método parlamentario, en lugar de un referendo. Salvado este escollo, el presidente Horst Köhler lo firmó el 23 de septiembre pasado y entregó el acta oficial de ratificación. El protagonismo alemán para la implementación del nuevo Tratado no podía contradecirse.
Está pendiente la firma por el Presidente polaco, Lech Kaczynski, quien sustentaba su dilación sobre “la necesidad de resolver el problema irlandés para que no hubiera un problema polaco”. Las inquietudes expresadas por su gobierno fueron satisfechas cuando la UE les ofreció modificaciones de índole ética, semejantes a las solicitadas por los británicos e irlandeses, que podrían conducir a eximirlos de la Carta Europea de Derechos Humanos Fundamentales o a una nueva reformulación de ésta.
Lo más conflictivo en estos momentos es el euroescepticismo checo, expresado antes, durante y posterior a su presidencia semestral de la Unión Europea, entre enero y junio de 2009. Las diversas versiones para la dilación de la firma por el Presidente checo transcurren desde la espera del nuevo referendo irlandés o de la decisión del Tribunal Constitucional alemán, hasta la conveniencia de “estar mejor dentro que fuera del Tratado”. El voto favorable de 59 senadores en mayo no ha bastado para la superestructura checa: ahora el Presidente, Václav Klaus condiciona su firma “a que el Tribunal Constitucional dicte sentencia sobre una consulta realizada por un grupo de senadores de su país.4
La cuesta hacia la ratificación ha sido empinada, sorteando infinidad de pedruscos. Falta por ver cómo resolverá la Unión Europea los escollos atravesados en el camino por el gobierno checo. Después de todo, la cúpula de la UE está acostumbrada a invertir tiempo, neuronas, diplomacia activa y recursos para salvar del despeñadero al Tratado de Lisboa. La lección resulta más sencilla de lo que aparenta: la democracia eurocomunitaria constituye una muestra sobre las diferencias que separan a los gobiernos de la opinión popular.
Leyla Carrillo Ramírez colabora en el Centro de Estudios Europeos de La Habana.
La Habana, 6 de octubre de 2009, “Año del 50 Aniversario del Triunfo de la Revolución”.
Notas:
1. 8,65% reportado en la zona euro y 1,84 en.
2. JAI: Comisión que unifica las decisiones jurídicas y de conciliación policial, adecuando temas de fronteras, homologación de sanciones y política migratoria, en coordinación también con Estados Unidos.
3. Bulletin Quotidien Europa 9983, del 24 de septiembre.
4. Sitio web de Instituciones de UE, 10/10/09, ref. 20091002STO61726

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