Vicenç Navarro
diario PÚBLICO
3 de junio de 2010
Este artículo critica varias posturas ampliamente promovidas en centros políticos, empresariales y mediáticos de que España se gasta demasiado en los ancianos y muy poco en los infantes, y ello como consecuencia de la “excesiva” influencia política del lobby de las personas de edad. El artículo presenta datos que muestran el error de estas posturas, documentando que el estado (central, autonómico y local) se gasta muy poco en ancianos y en infantes, y ello resultado del enorme poder de las clases y grupos dominantes que no contribuyen al estado en los niveles de sus homólogos en la UE-15.
A raíz de la congelación de las pensiones públicas por parte del Gobierno de Zapatero, ha habido un reavivamiento de argumentos sobre las pensiones por parte de voces neoliberales que, como consecuencia de las grandes cajas de resonancia de las que gozan en los mayores medios de información y persuasión del país, están calando en los establishments políticos y mediáticos. Uno de estos argumentos es que el supuesto poder electoral de los ancianos (el grupo poblacional que más participa en los procesos electorales) ha determinado un gran aumento del gasto público dedicado a los ancianos (incluyendo el gasto en pensiones y servicios públicos, como servicios de atención a las personas con dependencias), a costa del gasto público dedicado a otros grupos de edad, como niños e infantes. En este argumento, la lucha de clases ha sido sustituida por la lucha entre grupos generacionales, en la que los ancianos estarían consiguiendo grandes beneficios sociales a costa de los derechos de niños e infantes, entre otros. Como prueba de ello, tales autores se refieren a la disminución de la pobreza que, supuestamente, ha ocurrido entre los ancianos durante estos últimos años, lo que contrasta con el crecimiento de la pobreza entre los niños e infantes.
Los datos, sin embargo, no sostienen tales tesis neoliberales. Según la última información publicada por Eurostat, la Agencia de Estadística de la Unión Europea, el mayor porcentaje de pobres en la población española continúa siendo entre los ancianos (28%) mayor que entre los niños e infantes (24%). España, por cierto, es el país de la UE-15 (el grupo de países de semejante desarrollo económico al nuestro) que tiene mayor pobreza entre los ancianos (el promedio en la UE-15 es del 15%), y también entre los niños e infantes. No es, pues, que España gaste mucho en ancianos y poco en niños e infantes. En realidad, gasta muy poco (menos que en toda la UE-15) en ancianos, en niños e infantes y en todos los grupos etarios. Y ello se debe al enorme poder del capital y de las clases pudientes (30% de la población –burguesía, pequeña burguesía y clases profesionales de renta mediana-alta–), que no están contribuyendo al Estado en los mismos porcentajes que lo hacen sus homólogos en la UE-15. Las rentas del capital y las rentas superiores están entre las menos gravadas en la UE-15, causa de que los ingresos al estado estén entre los más bajos de la UE-15.
Es la excesiva influencia política y mediática de tales grupos sociales lo que explica que ancianos y niños (y todos los demás) tengan menos transferencias y servicios públicos que sus homólogos en la UE-15. El Gobierno de Zapatero, que hizo suyo aquel eslogan neoliberal de que “bajar impuestos es de izquierdas”, ha recortado gastos sociales (pensiones y servicios domiciliarios), que son a todas luces insuficientes, en lugar de subir impuestos a las clases pudientes. En realidad, el ahorro que se intenta conseguir congelando las pensiones es incluso menor que la cantidad de fondos que el Estado dejó de ingresar como consecuencia de la disminución del impuesto sobre el patrimonio que ha favorecido a las rentas superiores.
Otro mito neoliberal reproducido en los medios es que la pobreza entre los ancianos ha ido disminuyendo como resultado del incremento de las pensiones y de otras transferencias y servicios a los ancianos, consecuencia de un consenso supuestamente existente entre los partidos parlamentarios de no permitir que la capacidad adquisitiva de los ancianos disminuya. De nuevo, los datos muestran el error de tales supuestos. La reducción del gasto público social que ocurrió en España (en relación al promedio de la UE-15) durante el periodo 1993-2004 a fin de reducir el déficit del presupuesto del Estado (condición necesaria para que España se integrara en la eurozona –ver mi artículo “España social a la cola de la UE”, Público, 27-05-10–), afectó al total del gasto público social dedicado a los ancianos y a su tasa de pobreza. Según Eurostat, el nivel de pobreza entre ancianas en España pasó de ser del 15% en 1995 al 32% en 2004, y entre ancianos pasó del 16% al 27% durante el mismo periodo. Puesto que el PP fue el partido que gobernó España durante la mayoría de este periodo, carece de credibilidad ahora, cuando se presenta como el gran defensor de los ancianos y ancianas. Su historial no avala tal proclama. Esa pobreza descendió ligeramente en el periodo de Zapatero, pasando del 32% en 2004 al 30% en 2008 (último año en el que Eurostat publica tales datos) entre las ancianas, y del 27% al 25% entre los ancianos. Los recientes recortes de fondos públicos sociales revertirán estas cifras, aumentando la pobreza entre los pensionistas (y ello aún cuando se conserven los aumentos de las pensiones más bajas).
Todos estos datos muestran que la entrada entonces y la permanencia ahora de España en la eurozona se ha hecho y continúa haciéndose a costa de un gran retraso en la corrección del déficit de gasto público por habitante en todos los grupos etarios, incluyendo ancianos, entre España y la UE-15. El déficit de tal gasto en ancianos por habitante subió de 569 a 816 euros de 1995 a 2004. En realidad, el hecho de que las pensiones se corrijan según la inflación, y no sobre el crecimiento promedio de los salarios (como se hace en muchos países de la UE-15), explica que el estándar de vida de los ancianos disminuya en comparación no sólo con el resto de la sociedad, sino con el resto de la UE-15. Es más, el Estado (tanto central como autonómico y local) español es el menos redistributivo por clase social de la UE-15, con lo cual su impacto reductor de la pobreza entre los ancianos es muy limitado, pasando del 31% de todos los ancianos (antes de que incidan las instituciones públicas –impuestos y transferencias–) al 28%, comparado con Suecia (el país que históricamente ha tenido unas izquierdas más fuertes en Europa), que pasa del 26% al 11%. No es, pues, una lucha generacional, sino una lucha de clases ganada diariamente por las rentas superiores lo que explica esta situación.
jueves, 3 de junio de 2010
Mitos sobre las pensiones
El determinismo demográfico, ciencia o ideologia
03-06-2010
Vicenç Navarro
Revista Temas
En cualquier área de conocimiento científico se requiere que los autores sean capaces de rebatir las tesis que cuestionan sus propias tesis. Ignorar las críticas, sin contestarlas, es perder credibilidad, pues transforman el proyecto científico en mera propaganda política, por mucho que se vista de científica.
Esta observación se aplica a gran número de tesis catastróficas del sistema de pensiones, que basan su visión de insostenibilidad del sistema de pensiones públicas en un determinismo demográfico, que ha sido cuestionado extensamente. Puesto que estos cuestionamientos son ampliamente conocidos, ignorarlos implica una violación de la integridad que se requiere en cualquier proyecto científico.
Si un investigador continuara promoviendo un tratamiento médico, a pesar de que la evidencia científica existente mostrara que este tratamiento es dañino, sería cuestionado y sus credenciales científicas se retirarían. Pues lo mismo debe aplicarse en los análisis que continúan utilizando la evolución demográfica como causa de la inviabilidad de las pensiones.
Me parece muy bien que tales tesis continúen escribiéndose y gocen de cajas de resonancia en los medios, pero para que sean tomadas en serio, deberían contestar a los argumentos de aquellos que hemos mostrado el error de los supuestos en los cuales se basan tales proyecciones de insostenibilidad. La respuesta a tales trabajos, mostrando que son erróneos, sería el paso necesario para ganar la credibilidad científica con la que se presentan, y de la que hasta ahora carecen. Ignorar tales trabajos, y continuar repitiendo las tesis catastróficas, transforma sus tesis en mera propaganda ideológica.
Para aquellos lectores interesados en el tema me permito sugerirles que lean artículos que cuestionan los supuestos de las tesis del determinismo demográfico, concretamente la necesidad de:
1. No confundir esperanza de vida promedio en un país con la longevidad de sus ciudadanos, confusión que constantemente se hace por parte de los deterministas demográficos. El hecho de que la esperanza de vida haya crecido sustancialmente en España se debe primordialmente al descenso de la mortalidad infantil, más que al crecimiento de años de vida de los ancianos, el cual ha sido mucho menor que el incremento de la esperanza de vida promedio del país (ver Navarro, V., Torres, J. y Garzón, A. ¿Están en peligro las pensiones públicas? Las preguntas que todos nos hacemos. Las respuestas que siempre nos ocultan. Publicado por ATTAC, Marzo 2010).
2. La longevidad de las personas en España varía según su clase social. España es uno de los países con mayores desigualdades sociales en la OCDE (el club de países más ricos del mundo). Un burgués vive diez años más que un trabajador no cualificado con más de cinco años en el paro. Existe un gradiente de mortalidad según la clase social. De ahí que retrasar obligatoriamente la edad de jubilación es profundamente injusto, pues implica que los trabajadores no cualificados estarán trabajando dos años más para pagar las pensiones de personas más pudientes que les sobrevivirán muchos años. Es injusto, por ejemplo, que la mujer de la limpieza de la Universidad tenga que trabajar dos años más para pagar mi pensión, cuando yo, Catedrático de Universidad le sobreviviré ocho años más (ver Navarro, V. Las Pensiones son viables, Julio-Agosto 2009, en www.vnavarro.org).
3. Los autores que proponen retrasar la jubilación dos años más pertenecen todos ellos a una clase social que en su mayoría disfruta en su trabajo. Ésta no es la situación de la mayoría de la clase trabajadora en este país.
4. El punto clave para determinar la viabilidad del sistema de pensiones no es –como erróneamente se asume- el número de trabajadores cotizantes por pensionistas. Esta cifra no es la cifra determinante de la viabilidad del sistema. En aquellos sistemas de pensiones basados en aportaciones procedentes del mercado de trabajo, el punto clave es la cantidad de aportaciones al sistema de Seguridad Social, que depende más de la productividad que del número de trabajadores, así como del contexto político. Supóngase el lector que hace cuarenta años (cuando para producir todo el alimento que España consumía se necesitaba el 30% de la población activa) hubiera habido voces alarmistas señalando que en cuarenta años, no habría suficientes personas trabajando en el campo para alimentar a toda la población española, pues la gente estaba desplazándose a las ciudades. Pues bien, hoy el 4% de la población activa produce lo que hace cuarenta años producían el 30% y hay, además, un excedente en la producción de alimentos. Aplíquese este símil y sustituyan alimento por pensiones. El incremento de la productividad hará que en cuarenta años, el PIB haya crecido enormemente (será más del doble del actual), con lo cual habrá más recursos para pensionistas y no pensionistas que ahora, aunque el porcentaje del PIB en pensiones públicas pase del 8% al 15% (ver mi artículo “La Seguridad Social en España es viable. Réplica a David Taguas” 24.02.10, en www.vnavarro.org). En realidad, hace cuarenta años, España se gastaba en pensiones sólo un 4%. Hoy se gasta más del doble, el 8%, y los no pensionistas tienen más recursos ahora que antes.
5. No hay nada escrito en la Biblia, incluyendo las Biblias económicas, que indique que las pensiones tienen que basarse en aportaciones del mercado de trabajo. En muchos países, como Dinamarca, proceden de los fondos generales del Estado. Y es muy dudoso que un programa tan popular como las pensiones no pueda encontrar fondos para sostenerse.
No hay duda de que el sistema de pensiones debiera reformarse, dificultando las excesivas prejubilaciones (que benefician al empresario, dañando al trabajador), facilitando la integración de la mujer en el mercado de trabajo, permitiendo voluntariamente el retraso de la edad de jubilación y otras medidas. Pero, concluir a partir de la necesidad de estas reformas que el sistema es inviable, debido a la transición demográfica, es insostenible en bases científicas. Creo que los catastrofistas no pueden continuar proyectando catástrofes sin, al menos, contestar a aquellos que cuestionan los supuestos en los que se basan sus tesis.
Vicenç Navarro. Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y Profesor de Políticas Públicas de The Johns Hopkins University.
Fuente: publicado en el número de junio de 2010 de la revista TEMAS
jueves, 11 de marzo de 2010
Pensiones, ¿demasiado generosas?
Una crítica del manifiesto de los cien economistas sobre las pensiones
Vicenç Navarro
Publicado en el diario PÚBLICO, 11 de marzo de 2010
Este artículo cuestiona la percepción promovida por la Banca y en el reciente manifiesto firmado por 100 economistas de que las pensiones en España son excesivamente generosas. El artículo muestra los errores que se realizan en el cálculo de la tasa de reemplazo de los salarios por las pensiones por parte de aquellas voces liberales.
Existe una percepción generalizada en muchos círculos financieros, políticos e incluso mediáticos del país –promovida por pensadores liberales- de que las pensiones públicas de jubilación son demasiado generosas. Así, hemos visto, hace unos días, un documento firmado por cien economistas (muchos de ellos, los mismos que firmaron recientemente otro documento proponiendo que se facilitaran los despidos de los trabajadores) pidiendo que, con el fin de salvar el supuestamente inviable sistema de jubilaciones público, se redujeran tales pensiones públicas consideradas como excesivas. Señalaban como prueba de tal exuberancia que los pensionistas en el momento de su jubilación reciben en España una pensión que es equivalente al 88% de los salarios, uno de los porcentajes mayores de la UE-15, el grupo de países de semejante nivel económico al español.
Tal mensaje –que, como era previsible, gozó de gran visibilidad en los medios- suele estar promovido por la Banca, que ha estado cuestionando la sostenibilidad de las pensiones públicas desde el momento en que se establecieron, promoviendo el mensaje de que tal sistema de pensiones público es inviable y/o insuficiente. No por casualidad, el documento está patrocinado por una fundación, FEDEA, financiada primordialmente por la banca, deseosa de que se reduzcan las pensiones públicas para aumentar las privadas.
El problema de tal percepción (de que las pensiones públicas de jubilación son excesivas) es que es profundamente erróneo. Y además, es fácil demostrarlo. Veamos los datos. Y extraigo los datos del capítulo “El sistema español de pensiones en el contexto europeo” escrito por una de las investigadoras que más han trabajado en el tema de pensiones a nivel europeo, la Profesora Camila Arza, del Programa de Políticas Públicas de la UPF, publicado en el informe La Situación Social de España del Observatorio Social de España (colgado en la web www.observatoriosocial.org).
España se gastó en 2005 en tales pensiones públicas de jubilación sólo el 6,9% del PIB, uno de los porcentajes más bajos de la UE-15, cuyo gasto promedio en tal tipo de pensiones públicas es 9,4% del PIB. ¿Por qué España se gasta mucho menos que otros países de comparable nivel de desarrollo económico? Una causa podría ser la estructura demográfica, es decir, que España tuviera una menor proporción de la población que fuera anciana. Pero este no es el caso, pues la situación es precisamente la opuesta. España tiene uno de los mayores porcentajes de población por encima de 65 años (16,5%) en la UE-15. Deberíamos gastarnos, pues, más, no menos, de lo que la UE-15 se gasta en pensiones públicas. En realidad, el gasto en pensiones públicas de jubilación por anciano en España es de los más bajos de la UE-15; sólo 9.227 unidades de poder de compra, u.p.c. (euros estandarizados por su poder de compra en países de distinto nivel de vida) comparado con 13.531 en Italia, 13.190 en Suecia, 12.846 en Dinamarca, y así una larga lista de países. Si vemos el porcentaje que estas cantidades significan sobre el salario medio vemos, de nuevo, que España es uno de los más bajos. Este porcentaje, que se llama tasa de reemplazo, es 65%, más bajo que el promedio de la UE-15, que es 68%. Mírese como se mire, pues, no puede llegarse a la conclusión de que nos gastamos demasiado en pensiones para los ancianos.
Ahora bien, la Comisión Europea, el Banco Mundial, la OCDE y, como no, el Banco de España (todas ellas instituciones de orientación liberal) utilizan el dato de que la tasa de reemplazo (por pensionista) es una de las más altas de la UE y de la OCDE, nada menos que un 88%. Y esta es la cifra que utiliza el manifiesto liberal de los cien economistas. Existen varios problemas con esta cifra que está claramente hinchada. Los cálculos se basan en una situación ideal de vida laboral ininterrumpida de 40 años, cuando la realidad es muy distinta. El promedio de vida laboral en España es de 35 años (mucho menor en el caso de las mujeres). Es más, los salarios en España son muy bajos, mucho más bajos que en el promedio de la UE-15, lo cual no se debe, como erróneamente se asume, a una menor productividad (ver mi artículo “Los salarios en España”. Público. 04.03.10) sino a la debilidad de las fuerzas progresistas en España. Puesto que los salarios son bajos, las pensiones son también muy bajas, aunque la tasa de reemplazo aparezca muy elevada. Esta tasa da una idea equivocada de la generosidad de las pensiones en términos comparativos. Estas tasas pueden ser elevadas y en cambio las pensiones pueden ser muy bajas, que es lo que pasa en nuestro país.
Otro error en aquel porcentaje de reemplazo del 88% de salario es que, lo que aquellas instituciones –y el manifiesto liberal- definen como salario no es el salario, sino la base de cotización salarial, es decir, que las pensiones no se calculan directamente sobre el salario previo, sino sobre el nivel de cotización del salario, que es una cifra menor. Esta distancia entre salario real y base de cotización se ha ido reduciendo, con lo cual las pensiones han ido mejorando, pero distan todavía mucho de ser equiparables al resto de la UE-15. Es más, las pensiones se incrementan según el índice de inflación (a fin de no disminuir la capacidad adquisitiva de los pensionistas) pero no a base del promedio de nivel salarial, como ocurre en otros países. Y puesto que los salarios crecen, por lo general, más rápido que la inflación, resulta que los pensionistas se quedan más y más atrás, deteriorando su nivel de vida relativo.
Otro hecho que explica que el gasto en pensiones sea bajo es que el porcentaje de población anciana no cubierta por las pensiones públicas financiadas por la Seguridad Social es muy elevado, un 20,6% de la población anciana, la mayoría mujeres, (comparado con sólo un 9% de la UE-15). De estos datos se deriva que, no sólo el gasto en pensionistas es muy bajo (más bajo que el promedio de la UE-15), sino que el gasto en todos los ancianos es también muy bajo, lo cual explica el elevado nivel de pobreza entre los ancianos (23,3%, comparado con sólo 1,6% en Holanda, 7,7% en Francia, 11% en Noruega, 12% en Dinamarca…). Ninguno de estos datos aparece en aquel manifiesto liberal (para una crítica detallada ver www.vnavarro.org).
¿demasiado generosas?
La avalancha liberal: el informe sobre las pensiones de FEDEA (fundación financiada por los bancos y cajas y multinacionales españolas) Pensiones,
Vicenç Navarro
Una crítica del manifiesto de los cien economistas sobre las pensiones
Este artículo critica el manifiesto de los cien economistas titulado La reforma de las pensiones, publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), mostrando el sesgo ideológico liberal así como los múltiples errores metodológicos que sustentan sus tesis.
FEDEA (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) es una fundación próxima a la Banca en cuyo patronato están representantes de: Banco Sabadell, Caja Madrid, Banco Español de Crédito, Banco Santander, Corporación Financiera Alba, Banco Bilbao Vizcaya-Argentaria, Banco de España, Bolsa de Madrid y Banco de Andalucía. Tal fundación ha publicado periódicamente informes que han cuestionado la viabilidad del sistema público de pensiones, enfatizando la necesidad de hacer cambios que en realidad significarían una reducción de las pensiones públicas en España.
Este último informe está firmado por cien economistas de los cuales la gran mayoría no son expertos en temas de Seguridad Social. En este artículo se analiza críticamente cada una de las posturas enunciadas en tal informe, mostrando los errores que aparecen en sus páginas.
Introducción
El informe se presenta como neutro y objetivo, basado en lo que se define como los estudios sobre la Seguridad Social disponible en España, lo cual no es cierto. En sus apéndices y referencias hay una clara selección de autores, excluyendo investigadores (de gran prestigio nacional e internacional) e informes (de gran credibilidad) que han cuestionado cada una de sus tesis. Los trabajos de Camila Arza, una de las expertas en temas de Seguridad Social más conocidas en España, y Adolfo Jiménez, ex Secretario General de la Seguridad Social (1986-1996), y una de las autoridades más respetadas en estos temas, no son citados y sus estudios que cuestionan sus conclusiones son sistemáticamente excluidos de su informe. Lo mismo ocurre en cuanto a autores internacionales, como Joseph Stiglitz, Dean Baker y otros que tampoco son citados y cuyos estudios son también excluidos en el informe. La selección ideológica en la evidencia que presentan es un indicador del carácter ideológico del informe.
Los errores del informe
La inviabilidad del sistema de pensiones se presenta en el manifiesto de los cien economistas como resultado de la evolución demográfica. Señalan por ejemplo que “pasaremos de las más de 4 personas en edad de trabajar por pensionista actuales a 1,75 personas en edad de trabajar por pensionista en el 2049”, sin explicar porqué esto es –según ellos- un problema. Parecen no percibir que, resultado del crecimiento de la productividad, 1.75 personas pueden producir dentro de 40 años lo mismo que ahora producen 4 personas. En realidad hace 40 años lo que hace ahora una persona requería, en aquel entonces, de siete personas. En esta misma línea indican que “La Comisión Europea estimaba en octubre de 2009 que el gasto en pensiones en España subirá hasta el 15,1% del PIB en 2060, lo que supone un incremento del 80% respecto de la cifra de 2007 (8.4%)”, presentando este dato como muestra que este elevado porcentaje es inasumible por la economía española. De nuevo, ignoran el impacto del crecimiento de la productividad. Supongamos que el crecimiento anual de la productividad es un 1,5%, un crecimiento que incluso el Banco de España admite como razonable. En este caso, el valor del PIB español será 2,23 veces mayor en 2060 que el PIB del año 2007. Ello quiere decir que si consideramos el valor del PIB del año 2007 como 100, el del año 2060 será de 223. Pues bien, el número de recursos para los no pensionistas en el año 2007 fue de 100 menos 8,4 (8,4 es la cantidad que nos gastamos aquel año en pensionistas), es decir, 91,6. En el año 2060 los recursos a los pensionistas serán el 15,1% de 223, es decir 33, y para los no pensionistas será 223 menos 33, es decir, 192, una cantidad que es más del doble de la existente en el año 2007, 91,6. Debido al crecimiento de la productividad, en el año 2060 habrá más recursos para los no pensionistas que hoy, y ello a pesar de que el porcentaje del PIB dedicado a pensiones es superior en el año 2060 que en el 2007. Los que alarman innecesariamente a la población olvidan un hecho muy elemental. Hace cincuenta años, España dedicaba a las pensiones sólo un 3% del PIB. Hoy es un 8%, más del doble que cincuenta años atrás. Y la sociedad tiene muchos más fondos para los no pensionistas de los que había entonces, aún cuando el porcentaje del PIB en pensiones sea mucho mayor ahora que entonces. Por cierto, ya hace cincuenta años, cuando España se gastaba un 3% del PIB en pensiones, había voces liberales que decían que en cincuenta años se doblaría o triplicaría tal porcentaje, arruinando el país. Pues bien, estamos cincuenta años más tarde, y el país tiene más recursos para los no pensionistas que existían entonces, aún cuando el porcentaje del PIB dedicado a pensiones se ha doblado.
Otros errores
Otro error que se realiza en el informe es que toma como válidas las cifras que provee la OCDE sobre la tasa de reemplazo de las pensiones, indicando que las pensiones representan el 88% de los salarios, definiéndola como una de las más altas de los países miembros de esta organización. Como Camila Arza (“El sistema español de pensiones en el contexto europeo: estructura institucional, reformas e impactos sociales”.La Situación Social en España, volumen III. Ed. Biblioteca Nueva. 2009) y muchos otros expertos han indicado tal cifra está deliberadamente hinchada y no se corresponde con la realidad. En realidad esta cifra se basa en una vida laboral ininterrumpida de 40 años, cuando la vida real laboral promedio en España es de 35 años. Por otra parte el cálculo de la pensión no se hace sobre los salarios sino sobre la base de cotización salarial, una cifra menor que el salario. El nivel de cotización del salario es una cifra distinta a la del salario. Esta distancia entre salario real y base de cotización se ha ido reduciendo con lo cual las pensiones han ido mejorando, pero distan todavía mucho de ser equiparables a la UE-15. No es pues el 88% de los salarios sino de la base de cotización, que es una cifra mucho menor. Por otra parte, las pensiones se incrementan según el índice de inflación, a fin de no disminuir la capacidad adquisitiva de los pensionistas, pero no a base del promedio del incremento salarial como ocurre en otros países. Como los salarios crecen más rápidamente que la inflación, resulta que los pensionistas ven deteriorado su nivel de vida en relación con la población activa, hecho que el informe ignora o desconoce.
Por otra parte el informe también ignora el hecho de que los salarios en España son muy bajos, lo cual por cierto, no se debe, en general, a la baja productividad (ver el artículo mío “Los salarios en España”.Público, 04.03.10), sino a la correlación de fuerzas dentro del mercado de trabajo español. Esta situación explica que las pensiones sean también muy bajas. Lo define muy bien Camila Arza en su citado capítulo del cual cito directamente: “Al basarse en niveles salariales relativamente menores que gran parte de los países europeos, el sistema de pensiones español genera beneficios más bajos: las tasas de reemplazo reflejan la capacidad de sustitución del salario que tiene el sistema, pero no su capacidad comparativa de compra. Esto explica la divergencia entre la generosidad del sistema en términos de la tasa de reemplazo teóricas y el nivel comparativamente bajo de gasto per cápita en paridades de poder de compra, como se observó más arriba. Altas tasas de reemplazo en un país con salarios más bajos produce pensiones más bajas.”
En realidad, el porcentaje de gasto en pensiones de jubilación en España sobre el PIB es de los más bajos de la UE-15 (España 8.4%, UE-15 10.2% del PIB) y ello a pesar de que la población anciana como porcentaje de la población total es superior en España que en la UE-15. Deberíamos gastarnos, pues, más y no menos. En cambio el gasto público en pensiones de jubilación por anciano es más bajo que el promedio de la UE-15 y mucho más bajo que algunos países de la UE-15, tales como Italia 13.531 upc, Suecia 13.190 upc, Dinamarca 12.846 upc, (unidades de poder de compra, upc, es decir, euros estandarizados). El gasto público en pensiones por anciano en España significa sólo el 65% del salario medio, que en España es uno de los más bajos (en la UE-15 es el 68%).
Entre las causas que explican este bajo gasto público en pensiones de jubilación está la reducida pensión de los pensionistas así como el porcentaje elevado de ancianos que no reciben ninguna pensión pública de la Seguridad Social (el 20% de la población anciana en España comparada con sólo el 9% de la población anciana en la UE-15). Estos datos explican la gran pobreza entre los ancianos en España, de nuevo citando a Camila Arza: “En ausencia de ingresos laborales o de capital de alguna importancia, el riesgo de pobreza tiende a aumentar cuando los beneficios del sistema de pensiones son demasiado bajos o la cobertura es limitada. En España, la expansión de los beneficios sociales y el crecimiento económico durante el período de la reconstrucción democrática supuso una reducción del riesgo de pobreza en la vejez. Entre 1980 y 1995, los beneficios aumentaron y el riesgo de pobreza relativa entre los mayores de 60 años se redujo (Boldrin y Jiménez-Martín, 2006). Esta mejora en las condiciones de vida de los jubilados durante las décadas pasadas ha acortado notablemente la brecha con el resto de los países de Europa. A partir de 1995, sin embargo, los beneficios relativos al salario comienzan a caer y el riesgo de pobreza vuelve a aumentar. Un estudio basado en datos del Luxembourg Income Study ha revelado que entre 1995 y 2000 la pobreza relativa en la vejez aumentó 5,9 puntos porcentuales (Munzi y Smeeding, 2006). En 2000 España era uno de los países europeos con la pobreza relativa más alta para la población mayor, que alcanzó el 23,3% (tabla 12). Esto es probablemente el resultado de la falta de ajuste de las pensiones a la evolución del salario en un contexto de crecimiento económico.” Todos estos datos son ignorados en el informe FEDEA.
Otras observaciones
En realidad, la evidencia existente más creíble que la presentada en este informe muestra que el sistema público de pensiones no tiene un problema de viabilidad. Ni que decir tiene que algunos cambios deberían hacerse, sobre todo, para mejorar la equidad dentro del sistema. Pero no es cierto que haya un problema de sostenibilidad en la Seguridad Social de España. La incorporación de la mujer al mercado de trabajo y el incremento de la productividad, aumentará el nivel de riqueza del país de una manera sustancial proveyendo suficientes recursos para los pensionistas y no pensionistas, como hemos indicado en este informe. Es más, la popularidad de las pensiones públicas (en todos los grupos etarios de la población) explica que la sociedad siempre encontrará recursos para financiar las pensiones públicas, bien a través de las cotizaciones sociales, bien a través de los impuestos generales. Es sorprendente leer en el informe de FEDEA que se excluye como posible intervención para mejorar las pensiones el aumento de las cotizaciones sociales o los impuestos generales, posibilidades que se excluyen porque “tal aumento tendría efectos muy negativos sobre el empleo y la inversión”. Países con elevada carga fiscal, sin embargo, tienen tasas de desempleo muy bajas. Los países escandinavos, de tradición socialdemócrata, son un ejemplo de ello. Este argumento es insostenible a la luz de la enorme evidencia que muestra que no hay relación entre lo primero y lo segundo. Es una declaración meramente ideológica que carece de credibilidad científica.
Por último, el informe recomienda que se cree una Comisión para hacer propuestas para resolver la supuesta inviabilidad de las pensiones, fuera del alcance del Pacto de Toledo, que diluiría la participación de los representantes de la población española en el proceso de reflexión y decisión del mayor programa público que afecta a la mayoría de la población. Ni que decir tiene que otras medidas que son más importantes para mantener la sostenibilidad de la Seguridad Social, como son la redistribución de la renta y el incremento de la masa salarial como porcentaje del PIB, son totalmente ignoradas en el informe. Tal como ha escrito Christian Weller en “The future of public pensions on the OECD”, publicado en el Cambrigde Journal of Economics, (2004), una de las causas que ha creado un problema económico en la Seguridad Social es precisamente la polarización de las rentas en los países de la OCDE, con disminución de las rentas del trabajo a costa del incremento de las rentas de capital. Puesto que la mayoría de los fondos a la Seguridad Social proceden de las rentas del trabajo, la disminución de este tipo de rentas ha afectado a los ingresos a la Seguridad Social. De ahí que medidas redistributivas incrementando las rentas del trabajo juegan un papel clave para garantizar la viabilidad del sistema de pensiones. Pero estas medidas quedan totalmente fuera del marco liberal que siempre favorece las rentas de capital sobre las rentas del trabajo. Me permito sugerir al lector que lea la sección Pensiones en mi web (www.vnavarro.org)
martes, 9 de febrero de 2010
España: La nueva reforma de las pensiones dinamita los derechos sociales básicos
Secretariado Permanante de la CGT
2010-02-05
Esta semana nos hemos encontrado con dos documentos presentados por el gobierno que pretenden reformar nuestro sistema de Seguridad Social a través de las Pensiones. Estos documentos son un ataque en toda regla a la línea de flotación de un sistema que reparte equidad social y sirve de sustento a aquellas y aquellos que se han dejado su tiempo y su salud en un trabajo asalariado a lo largo de toda su vida.
Las medidas anunciadas y que quieren ponerse en marcha suponen :
1 – Rebajas en los tipos de cotizaciones.
- Se abre la puerta a la rebaja de las cotizaciones empresariales al hablar de posibles modificaciones parciales, además de anunciar la reducción de las mismas a las empresas que paguen cotizaciones más elevadas por sus trabajadoras y trabajadores.
- Por otra parte se quiere rebajar las cotizaciones de las Mutuas con el argumento de su eficacia en la gestión, y por lo tanto habría que premiarlas.
2 – Reformas en la pensiones de Jubilación.
- El gobierno pretende alargar la edad ordinaria o legal de jubilación hasta los 67 años.
- Se quiere que coticemos al menos 17 años para tener derecho a la pensión mínima, en vez de los 15 actuales.
- Asimismo se pretende hacer una reformulación del cálculo de la cuantía de la pensión alargando de los últimos 15 a los últimos 25 años dicho periodo de cálculo para obtener la cantidad a cobrar (esto es realmente lo que piensan y así lo han escrito).
3 – Eliminación y/o merma de las pensiones de incapacidad, orfandad y viudedad.
- Se anuncia la supresión del derecho a la pensión de Incapacidad absoluta Permanente, cuando el beneficiario se incorpore a cualquier tipo de trabajo.
- Se propone la creación de una reglamentación mediante la cual se establezca que las empresas, a través de sus servicios médicos, definan las situaciones de bajas y altas en situaciones de enfermedad común con el control de sus propios inspectores, y solo subsidiariamente, de la Seguridad Social.
- Se pretende acabar con la pensión de viudedad a través de un pago único para nuevos beneficiarios, además de rebajar la cuantía de esta pensión a los beneficiarios actuales que se incorporen a trabajar.
- En cuanto a la pensión de orfandad, se pretende establecer una cantidad única a distribuir entre todos los beneficiarios, independientemente del número de estos.
En estos momentos existen más de 4 millones de paradas y parados oficiales (podemos hablar de 5 millones reales), más de 15 millones de personas cobran menos de 1.000 euros mensuales, 1,2 millones de familias tiene a todos sus miembros en paro y la tasa de paro juvenil llega al 40%, todo ello aquí, en el estado español.
Así las cosas, nos encontramos con propuestas que pretenden profundizar aún más en el modelo que nos ha conducido a esta situación de crisis y que además seamos nosotras y nosotros los que la paguemos.
En los últimos 10 años se ha reducido drásticamente las cotizaciones empresariales y desde la CGT decimos que es precisamente ahora cuando corresponde aumentar dichas cotizaciones a la Seguridad Social para que sean las empresas, a través de los beneficios que generamos con nuestro trabajo, las que paguen esta crisis que no hemos generado nosotras y nosotros, sino la avaricia de los empresarios por sus infinitas ansias de beneficios y los gobiernos títeres que manejan.
La gestión eficaz de las Mutuas, de la que se habla en el documento, se basa en la manifiesta infradeclaración de un gran número de enfermedades profesionales y su reconocimiento como enfermedades comunes, con el consiguiente ahorro para las Mutuas y perjuicio para los trabajadores afectados que no perciben las superiores prestaciones a que tendrían derecho y para los servicios públicos de salud que hacen frente a gastos que no les corresponden.
En la CGT llevamos años anunciando que esta reducción de las cotizaciones, tanto las realizadas como las propuestas, bien sean empresariales como de las Mutuas, da lugar a una importante reducción de los ingresos del sistema de Seguridad Social y, posteriormente, a la entrada en déficit del mismo, de forma que así justifican una reducción de las pensiones para mantener el equilibrio financiero del sistema de Seguridad Social.
Así, nos encontramos con el siguiente paquete de medidas, consistente en dicha reducción de las pensiones a través de las tres vías propuestas para ello. Alargamiento de tiempo de trabajo, aumento del tiempo necesario para generar la pensión e introducción de bases cotizadoras de hace 25 años, que son mucho más bajas, para el cálculo de la cuantía.
En cuanto a la intención de eliminar o mermar las pensiones de orfandad, viudedad e incapacidad permanente, parece que la intención es empobrecer y acortar aún más los pocos ingresos de aquellos perceptores de este tipo de pensiones que suelen coincidir con los estratos más bajos de nuestra sociedad en cuanto a ingresos económicos y que son absolutamente dependientes de estos.
Capitulo aparte merece la pretensión de que, de manera normativizada, sean las Mutuas y los servicios médicos propios de las empresas los que autoricen las bajas y altas médicas por enfermedades comunes desviando recursos de la Seguridad Social, mermando aún más su capacidad, y propiciando todo tipo de abusos por parte de las empresas, que son quienes las gestionarían.
En definitiva unas medidas y propuestas que nos conducen a más paro, más pobreza y precariedad, más explotación y más miseria para las clases trabajadoras que somos las que sostenemos su entramado de beneficios, paraísos fiscales, corrupción política y empresarial.
Desde la CGT impulsamos, instamos y exigimos una movilización social y laboral de toda la ciudadanía que tumbe semejantes propuestas y las pretensiones de reformas anunciadas. Somos millones de personas las afectadas por estas nuevos recortes sociales, puesto que con estas medidas, sectores productivos enteros, con derechos adquiridos sobre prejubilaciones, relevos, etc., se verán afectados por estas, y otras medidas que esta misma semana el gobierno propondrá, como una nueva reforma laboral en la que volverá a atentar contra nuestros derechos (despido libre y gratuito, reducción de salarios…)
Para la CGT, es absolutamente necesaria una gran movilización social que culmine en una HUELGA GENERAL que sea capaz de dar respuesta a nuestras necesidades como clase trabajadora : las de un puesto de trabajo y un salario digno, las de unas pensiones que nos permitan vivir sin ahogos tras toda una vida de trabajo, las de una protección social para las y los parados y sus familias, la necesidad de un reparto efectivo de la riqueza a través de la distribución de los beneficios empresariales en la sociedad, la necesidad de un reparto del trabajo, trabajando menos para trabajar todas y todos y la cesión a manos de las trabajadoras y trabajadores de las empresas que cierren, con asesoramiento y financiación pública.
¡¡ A LA HUELGA GENERAL !!
Secretariado Permanente del Comité Confederal
viernes, 5 de febrero de 2010
Los errores del determinismo demográfico: el caso de las pensiones
Publicado en la revista digital SISTEMA
5 de febrero de 2010
Vicenç Navarro
Este artículo cuestiona el determinismo demográfico que argumenta que la transición demográfica hace inviable el sistema público de pensiones. El artículo señala que tal argumento ignora los cambios que han ocurrido y continuaran ocurriendo en la fuerza laboral, en la masa salarial, en la productividad laboral, y en la creación de riqueza que permitirán un aumento considerable de los ingresos al estado. El artículo señala que la viabilidad de las pensiones no es un tema demográfico, o económico sino político.
En el debate que se ha generado en España, a partir de las propuestas hechas por el gobierno español para garantizar la sostenibilidad de las pensiones públicas, se están utilizando argumentos (por parte de aquellos que cuestionan la viabilidad del sistemas actual de reparto) que deben ser cuestionados, pues responden más a criterios ideológicos que científicos. Tales argumentos, por cierto, se reproducen no sólo en círculos liberales sino también en algunos forums de centroizquierda y, en ocasiones, de izquierda.
Uno de ellos es que la transición demográfica, con un número creciente de ancianos por una parte, y un número decreciente de gente joven por otra, hace inviable el sistema de pensiones. Tal argumento ignora, sin embargo, que en los sistemas de reparto el dato más importante para analizar su viabilidad no es ancianos versus jóvenes, sino beneficiarios (es decir, pensionistas) versus cotizantes a la Seguridad Social. Esta observación se les escapa a aquellos que constantemente atribuyen a la transición demográfica la “crisis” de las pensiones. En un país, como el nuestro, donde el paro ha sido históricamente muy elevado (actualmente un 18.94% de la población activa) y donde el porcentaje de la mujer incorporada al mercado de trabajo es todavía bajo (54%), sorprende que se diga que el problema radica (o radicará) en la escasez de personas que pueden trabajar. Si a las personas en paro, así como a las que trabajan a tiempo parcial y que desearían trabajar a tiempo completo, sumamos las mujeres que estarían en el mercado de trabajo en caso que su participación en tal mercado fuera semejante a la de las mujeres suecas (un 87%), tendríamos cerca de 10 millones de trabajadores (y cotizantes a la seguridad social) más. No hay, ni ahora ni en el futuro, un déficit de personas en España que puedan trabajar. Y que deberían trabajar, pues es lo que desean.
Otro argumento que utilizan los que recurren al argumento demográfico, para apoyar sus tesis de insostenibilidad de las pensiones, es que el número de trabajadores cotizantes por pensionistas está disminuyendo y ello creará un problema. El informe del Gobierno sobre las pensiones utiliza este argumento para apoyar su recomendación de que se retrase la edad de jubilación, de 65 a 67 años. Los trabajadores cotizantes –dice el informe- no podrán sostener a los pensionistas cuyo número casi se doblará en treinta años. Tal informe introduce sus recomendaciones con un cuadro en el que se muestra como el número de pensionistas aumentará de 8 millones en 2010, a 15 millones en 2040, concluyéndose que tenemos un problema grave pues el número decreciente de cotizantes por pensionista hace inviable la continuación de esta situación, a no ser que se reduzcan considerablemente los beneficios. Este argumento se ha convertido en un dogma. Y como dogma se reproduce a base de fe (e ideología) en lugar de evidencia empírica.
Como describí en mi artículo en PÚBLICO (“Una vez más, las pensiones”, 04.02.10) este argumento es semejante al que hicieron los alarmistas malthusianos al ver el descenso de la población que trabajaba en agricultura. Decían tales autores que el descenso de la población que trabajaba en el campo conduciría a un descenso de la producción de alimentos y al hambre de la población. Pues bien, el porcentaje de la población en España que trabajaba en la agricultura ha pasado de ser un 30% en 1970, a un 4% en 2008 y no hay escasez de alimentos. En realidad el crecimiento de la productividad en agricultura ha sido tal que un trabajador en el campo hace el mismo trabajo que antes hacían veinte trabajadores.
Las tesis que indican que la reducción del número de trabajadores hace peligrar la viabilidad del sistema de pensiones ignoran el enorme crecimiento de la productividad y por lo tanto de los salarios y de sus contribuciones, bien sean como impuestos, bien sean como cotizaciones sociales. Permítanme que repita lo que escribí en otro texto “Las pensiones son viables”, Julio-Agosto 2009, a raíz del documento escrito por el Banco de España y la Comisión Europea (ambos de clara orientación liberal) que alertaban que en el año 2060, España se gastaría el 15.1% del PIB en pensiones un porcentaje –decía el informe- alarmante. Cito de nuevo mi respuesta: “Supongamos que el crecimiento anual de la productividad es un 1,5%, un crecimiento que incluso el Banco de España admite como razonable. En este caso, el valor del PIB español en 2060 será 2,23 veces mayor que el PIB del año 2007. Ello quiere decir que si consideramos el valor del PIB del año 2007 como 100, el del año 2060 será de 223. Pues bien, el número de recursos para los no pensionistas en el año 2007 fue de 100 menos 8,4 (8,4 es la cantidad que nos gastamos aquel año en pensionistas), es decir, 91,6. En el año 2060 los recursos a los pensionistas serán el 15,1% de 223, es decir 33, y para los no pensionistas será 223 menos 33, es decir, 192, una cantidad que es más del doble de la existente en el año 2007, 91,6. Debido al crecimiento de la productividad, en el año 2060 habrá más recursos para los no pensionistas que hoy, y ello a pesar de que el porcentaje del PIB dedicado a pensiones es superior en el año 2060 que en el 2007. Los que alarman innecesariamente a la población olvidan un hecho muy elemental. Hace cincuenta años, España dedicaba a las pensiones sólo un 3% del PIB. Hoy es un 8%, más del doble que cincuenta años atrás. Y la sociedad tiene muchos más fondos para los no pensionistas de los que había entonces, aún cuando el porcentaje del PIB en pensiones sea mucho mayor ahora que entonces. Por cierto, ya hace cincuenta años, cuando España se gastaba un 3% del PIB en pensiones, había voces liberales que decían que en cincuenta años se doblaría o triplicaría tal porcentaje, arruinando el país. Pues bien, estamos cincuenta años más tarde, y el país tiene más recursos para los no pensionistas que existían entonces, aún cuando el porcentaje del PIB dedicado a pensiones se ha doblado (En estos datos, por cierto, se ha incluido ya el impacto de la inflación).”
Cuando el informe del gobierno español indica que la población pensionista casi se doblará en treinta años, se está ignorando que en treinta años el PIB de España será varias veces superior (mucho más del doble) del existente ahora.
LONGEVIDAD DE LOS INDIVIDUOS Y ESPERANZA PROMEDIO DE VIDA DE UNA POBLACIÓN SON DOS CONCEPTOS DISTINTOS
Otro argumento que se utiliza por parte de los deterministas demográficos es que la esperanza de vida está aumentando cuatro años cada veinticinco, con lo cual la extensión del periodo de las pensiones hará insostenible el sistema. Tal afirmación es consecuencia de un desconocimiento de lo que es y cómo se calcula la esperanza de vida. El hecho de que la esperanza de vida promedio de la población española haya aumentado de 76 años a 80 en el periodo 1980-2005 no quiere decir (como erróneamente se asume) que un español promedio viva cuatro años más (ver explicación detallada en “Las Pensiones son viables” VIEJO TOPO, julio-agosto 2009), quiere decir que sumando los años de vida de todos los ciudadanos y residentes y dividiéndolo por el número de ciudadanos y residentes, el promedio de vida es cuatro años más en 2005 que en 1980. Pero ello se debe a que la mortalidad infantil y la mortalidad de los grupos etarios más jóvenes, ha bajado mucho. Tal aumento promedio de años de vida no significa que, como asumen aquellos autores, los ancianos vivan cuatro años más. Ni que decir tiene que los ancianos viven más (2.6 años) que hace veinticinco años, pero no las cantidades que se utilizan.
El punto de mayor relevancia es que la longevidad (años de vida que cada persona tendrá) depende de la clase social del individuo. España es uno de los países de la UE-15 con mayores desigualdades. Existe un gradiente de longevidad entre nuestros ciudadanos dependiendo de su clase social. Una persona en el cinco por ciento de renta superior vive en España diez años más que un trabajador no cualificado con más de cinco años en paro (el promedio de la UE-15 es siete años). Es profundamente injusto que las clases populares (clases trabajadoras y clases medias), que viven menos años, tengan que trabajar dos años más para sostener las pensiones de las clases más pudientes que les sobrevivirán muchos años. Esto es lo que en realidad se está proponiendo cuando se pide el retraso obligatorio de la jubilación.
REFORMAS NECESARIAS
Que las pensiones basadas en un sistema de reparto sea viable, no quiere decir que no debieran hacerse reformas, algunas de las cuales aparecen en el informe del gobierno, el cual tiene también propuestas que son aconsejables. Una de ellas es facilitar el retraso voluntario de la jubilación. La situación actual es excesivamente traumática para aquellos sectores de la población que gozan mientras trabajan (este grupo es una minoría), y que pasan de un 100% de actividad laboral a 0%, en cuestión de horas, a partir del día D, hora H en que se jubilan. Es un paso traumático e innecesario. Sectores amplios de la población anciana pueden ofrecer gran rendimiento y su exclusión del mercado de trabajo es, además de una enorme ineficiencia económica, una carga a la Seguridad Social, pues pasan de ser cotizantes a beneficiarios en un momento en que pueden (y desean) continuar siendo cotizantes. En EE.UU., la jubilación es un derecho, no una obligación. Por ley, como Catedrático Universitario, por ejemplo, nadie me puede jubilar de la Universidad, siempre y cuando produzca al nivel de expectativas que la Universidad exige a su profesorado.
La jubilación debe ser, a partir de 65 años, voluntaria, garantizando un retiro digno. Y ahí está el segundo tema. Las pensiones en España tienen que mejorarse, no sólo las no-contributivas sino también las contributivas. El hecho de que representen un porcentaje elevado del salario en el momento de la jubilación no significa que las pensiones sean satisfactorias, pues el salario real promedio es muy bajo.
El tercer tipo de intervención es el aumento de las cotizaciones sociales, evitando las exclusiones que están ocurriendo en colectivos que ven reducidas sus contribuciones por encima de cierto nivel de salarios. También debieran eliminarse aquellas funciones que se han atribuido a la Seguridad Social que no le corresponden, tal como facilitar la reducción de las plantillas en las empresas, una situación que ha alcanzado unas dimensiones, a todas luces, exageradas.
El cuarto tipo de intervenciones son aquellas encaminadas a facilitar la producción de buen empleo, facilitando la educación y formación de los jóvenes (empezando ya con los infantes), para garantizar una mayor calidad de conocimientos, mayores capacidades resolutivas de la población y, por lo tanto, mayor productividad, mejores salarios y mayores cotizaciones sociales e impuestos. Ello requiere un mayor intervencionismo público en la educación, en la formación laboral y en la producción de empleo.
El quinto tipo de intervenciones incluye el desarrollo del cuarto pilar del bienestar que debiera incluir, como ya señalé en su día (“El cuarto pilar del bienestar”. PÚBLICO, 15.10.09), el derecho universal a las escuelas de infancia, además de los servicios domiciliarios a las personas con dependencias que ayuden a facilitar la integración de las mujeres al mercado de trabajo (cambiando a su vez los valores del varón para corresponsabilizarse en las tareas familiares).
El sexto tipo de intervenciones es el facilitar el mantenimiento del trabajador en edad de prejubilación en sus puestos de trabajo, ofreciendo ayudas públicas en formación y reciclaje profesional y mantenimiento de sus puestos de trabajo.
El séptimo es la reforma fiscal, haciéndola más progresista y eliminando el fraude fiscal, aumentando los recursos públicos que debieran absorber los costes de la jubilación de algunos colectivos, como los hoy beneficiarios de pensiones no contributivas. En este aspecto, las cotizaciones sociales debieran complementarse con fondos públicos, pues no hay nada escrito en ninguna Biblia económica que diga que las pensiones deban pagarse con cotizaciones sociales basadas en los mercados laborales. En otros países, como Dinamarca, la mayoría de fondos son públicos, procedentes de los impuestos generales.
Con estas reformas señaladas en este artículo, las pensiones están más que garantizadas en España.
Davos y las pensiones
04-02-2010
Juan Francisco Martín Seco
Público
Fue precisamente en Davos, hace más de una década, cuando Tietmeyer, entonces gobernador del poderoso Bundesbank, decretó el fin de la soberanía popular. “Los mercados serán los gendarmes de los poderes políticos”, dijo. Era el grito de guerra de un nuevo capitalismo triunfante que, fundamentado en la libre circulación de capitales, se postulaba sin límites ni barreras y que exigía que todo se rindiese a la lógica del mercado.
Se ha visto a dónde nos ha conducido tal sistema: al borde del abismo. El año pasado, en febrero, las fuerzas económicas y sus satélites acudieron también a Davos, aunque en esta ocasión fueron humildemente, recubiertos todos ellos con el sayal de penitente y dispuestos a implorar al sector público que los protegiese del caos. Pero ha bastado un año, sólo un año, para que vuelvan a las andadas y, una vez salvados, sin importarles un ápice los cadáveres que dejan atrás, han regresado desafiantes a la ciudad de los Alpes dispuestos a plantar cara a los gobiernos, a imponerlos sus condiciones y a impedir cualquier regulación.
Como manifestación de su poder, han sentado en el banquillo de los acusados a tres países, no del Tercer Mundo sino de la Unión Europea –España, Grecia y Lituania–, escogiendo como fiscal al presidente del Banco Central Europeo y como jueces, a las agencias de calificación, las mismas que contribuyeron a la crisis dando la máxima valoración al papel basura que infectó la economía internacional. Y lo peor es que, al menos en el caso España, su estrategia ha tenido éxito, porque el Gobierno –tras caer inocentemente en la trampa de comparecer en tal foro– se ha apresurado a dar un giro a la derecha y a asumir las tesis de las fuerzas más conservadoras.
El Gobierno presenta un plan para realizar fuertes recortes del gasto en un presupuesto que apenas lleva un mes en vigor. Poco importa que la economía española se encuentre aún lejos de salir de la crisis y que estas medidas contradigan los planes de estímulo y obstaculicen la recuperación. De nada vale que el stock de deuda pública sea de los más bajos de la Unión Europea y que nuestras dificultades provengan del endeudamiento privado y no del público. No cuenta que nuestro déficit se haya originado fundamentalmente por la contracción de la recaudación, causada en parte por la baja actividad y en parte por una política fiscal que durante estos últimos 12 años ha desarmado los tributos progresivos. Qué más da que la congelación de la oferta pública de empleo lo único que consiga sea incrementar el enorme paro existente. Es igual, los mercados han hablado y hay que obedecer.
El Gobierno ha asumido la tesis de la derecha de que el sistema público de pensiones es inviable y hay que reducir, por tanto, las prestaciones. Resulta lo mismo que las proyecciones demográficas sean todas cuestionables. De nada vale afirmar que en ninguna parte esté dicho que sean únicamente los trabajadores los que tengan que sostener con sus cotizaciones las pensiones, como si los otros impuestos no contasen, principalmente los que se giran sobre las sociedades y las rentas de capital. Es igual, los mercados se han manifestado y hay que inclinarse ante ellos.
Juan Francisco Martín Seco es economista
Fuente: http://blogs.publico.es/delconsejoeditorial
