La pobreza en Venezuela, gracias a la gestión del Gobierno Bolivariano, bajó al 23% durante el segundo semestre de 2009, cuando en 1996 alcanzó hasta el 70%, con una pobreza extrema del 40%, y una inflación récord del 103%, bajo la gestión del entonces jefe de Estado Rafael Caldera, y Teodoro Petkoff era titular de la Oficina Central de Coordinación y Planificación de la Presidencia de la República (Cordiplan), actualmente editor de un diario opositor.
Así lo ratificó el presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE), Elías Eljuri, este jueves en el programa Entre Periodistas transmitido por la televisora privada Televen.
Eljuri explicó que la pobreza en Venezuela, que en 2003 se situó en 55% y la pobreza extrema en el 25% tras el sabotaje petrolero orquestado por sectores de derecha, experimentó un progresivo descenso hasta ubicarse en el 23% y el 6% respectivamente, según las últimas cifras disponibles, que se determinan por ingresos y responden a patrones internacionales.
“A muchos de estos políticos e intelectuales parece que se les olvidó que llevaron la inflación al 100% y la pobreza al 70% cuando ellos mismos gobernaban”, indicó Eljuri, quien defendió la validez de las estadísticas del Instituto, frecuentemente cuestionadas por opositores.
Reiteró que el país exhibe el índice de Gini más bajo de América Latina, que mide la desigualdad, el cual descendió de 0,49 a 0,39 en 2009.
“Esto es distribución de la riqueza. Todavía sigue habiendo una gran apropiación del ingreso en un 20% más rico. Esa distribución igual no nos satisface. Tiene que incrementarse y desarrollarse, y eso sólo es a través de un cambio estructural más profundo”, expresó.
El Presidente del INE también descalificó el estudio sobre la pobreza en Venezuela realizado por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), pues afirmó que sus resultados no tienen ninguna validez.
El análisis comenzó en 2007 y concluyó durante el primer semestre de 2009. “Cualquier estadístico sabe que una encuesta no puede ser tan larga en el tiempo, pues se aplica en una parte de la población, cuando se hacen expansiones, no tiene ninguna validez. Deberían rectificar ese estudio, porque sus resultados no tienen absolutamente ninguna validez, pues no se puede expandir una encuesta en un tiempo tan largo”, explicó.
Afirmó que las cifras del INE tienen el respaldo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y del Banco Mundial (BM).
Fuente: http://abn.info.ve/noticia.php?articulo=223150&lee=3
viernes, 5 de marzo de 2010
La pobreza en Venezuela bajó del 70% en 1996 al 23% en 2009
La crisis, ¿qué debería hacerse?
Vicenç Navarro
Publicado en la revista digital SISTEMA, 5 de marzo de 2010
El artículo acentúa que el problema mayor de la economía española no es el déficit y la deuda pública, sino el desempleo, señalando que las medidas de austeridad del gasto público (incluyendo el gasto público social) incrementarán el desempleo, dificultando la recuperación económica. El artículo propone un cambio de orentación de las políticas públicas del Estado.
Mi maestro Gunnar Myrdal solía decir que antes de tomar medidas macroeconómicas es aconsejable ser escéptico de lo que la sabiduría convencional en un país aconseja hacer, y nunca aceptarla sin más. Frecuentemente –me decía-, la sabiduría convencional está equivocada. Y la situación actual es un ejemplo de ello. Hoy, las autoridades financieras y económicas de la Unión Europea (desde el Banco Central Europeo al Consejo Europeo y a la Comisión Europea) y las autoridades económicas del gobierno español y del mayor partido de la oposición (así como del Banco de España, de la patronal y de la mayoría de los medios de información y persuasión del país) han alcanzado un consenso en cuanto a las líneas generales de lo que el estado español debería hacer para salir de la crisis. Ni que decir tiene que hay diferencias significativas entre los partidos con representatividad parlamentaria, así como entre el gobierno español (cuyas últimas propuestas tienen elementos positivos y otros muy positivos, pero también elementos bastante negativos y otros claramente insuficientes) y el partido de la oposición (cuyas propuestas incluyen una serie de medidas sumamente negativas). Diferencias, pues, existen. Pero, en cambio, tanto el gobierno como el partido conservador coinciden en lo que constituye la sabiduría convencional del establishment de la UE. Todos ellos indican que hay que reducir el déficit y la deuda pública que –según ellos- están impidiendo la recuperación económica. El problema con esta sabiduría convencional es que está profundamente equivocada. Y además es fácil demostrarlo. Veamos los datos.
El mayor problema que tiene la economía española no es ni el déficit ni la deuda pública; es el elevado desempleo. Lo mismo en cuanto a la Unión Europea, aún cuando el problema en España es incluso mayor, pues el desempleo es muy superior en nuestro país. Creerse que bajando el déficit y la deuda van a reducir el desempleo es no entender cuál ha sido la causa del enorme crecimiento del desempleo. No es el déficit el que ha creado el elevado desempleo sino al revés, es el desempleo (y especialmente la ralentización del crecimiento económico que han determinado el crecimiento del desempleo) el que creó el elevado déficit. En realidad, más de la mitad del crecimiento del déficit en la mayoría de países de la Unión Europea se debe a la bajada de ingresos al estado, consecuencia del descenso de la actividad económica (ver mi artículo “Los errores de las políticas liberales” Público 25.02.10). No hay, pues, una relación causal que explique el desempleo como consecuencia del aumento del déficit y de la deuda pública. Bajar el déficit, y la deuda, no disminuirá el desempleo. Creerse lo contrario es estar todavía imbuido de la religión liberal que impregna la sabiduría convencional. Y hablo de religión porque se reproduce a base de fe en lugar de evidencia científica.
En realidad, al disminuir el déficit crecerá el desempleo, empeorando todavía más el problema. Esto es lo que le pasó al Presidente Roosevelt en el año 1937, cuando al creerse que estaba ya remontando la economía, saliendo de la Gran Depresión (consecuencia del gran gasto público), redujo el déficit recortando el gasto público para reducir el déficit. La reducción tuvo un impacto inmediato: el desempleo creció de nuevo (ver mi artículo “Roosevelt versus Obama”. Sistema, 24.07.09). Y esto es lo que ocurrirá en la UE y en España. La reducción del déficit retrasará su recuperación económica. No hay vuelta de hoja. La evidencia histórica es clara. Aquellos que dicen que ayudará a que el desempleo baje, tienen que explicar cuál es el mecanismo por el que la bajada de déficit llevará a una mayor ocupación.
La causa mayor del desempleo en la UE y en España, es el desarrollo de las políticas liberales, que ha reducido la capacidad adquisitiva de las clases populares, que suplieron (a fin de sostener su estándar de vida) endeudándose. El colapso del mercado de crédito creó un enorme problema, cuyas consecuencias son el enorme desempleo. Pero, por otra arte, el enorme enriquecimiento de las rentas superiores no significó un aumento en inversiones productivas, sino en actividades especulativas que crearon una falsa riqueza. El centro de tales actividades fue el complejo bancario-inmobiliario, enormemente especulativo, que creó la burbuja inmobiliaria, que al romperse (pues estaba basada en una riqueza artificial, no real) colapsó el mercado crediticio, causa del problema económico cuya consecuencia es el enorme desempleo.
Los datos están ahí, y son fáciles de ver, a pesar del esfuerzo liberal, que trabaja en los medios liberales 48 horas al día, para indicar que el problema lo ha creado el estado “que gasta demasiado”, un gasto exuberante, que como decía el gurú de los liberales, Sala i Martín, necesita ser disciplinado por los mercados financieros (La Vanguardia. 17.02.10). Los que debieran estar más disciplinados y más regulados no eran los estados, sino los mercados, medidas a las que los liberales se opusieron.
La falta de demanda por parte del sector privado requiere que sea el sector público el que gaste, invierta y cree empleo. En realidad, el mejor indicador de que la explicación que dan los liberales es errónea (atribuyendo la crisis a la exuberancia y gasto excesivo de los estados del Sur de Europa) es que tales estados son los que tienen el gasto público por habitante más bajo de la UE. ¿Dónde está la exuberancia pública? En realidad, como reconocía en un momento de candor el mismo Sala i Martín, lo que los liberales están haciendo es tomar como excusa la necesidad de salvar el euro para reducir todavía más al Estado. Tal autor escribió que “la excusa de que Europa lo requería fue muy útil para hacer las reformas” (La Vanguardia. 17.02.10), que naturalmente eran las reformas liberales. En realidad, la deuda pública española, tanto la existente ahora como la que se prevé en diez años, será menor que la del promedio de la UE (y mucho menor que en EEUU, Gran Bretaña y Japón). ¿Dónde está, pues, el problema?
Gasto público social como parte de la solución
Lo que debería hacerse es aumentar significativamente el gasto público, en inversiones que creen empleo, siendo una de ellas en los servicios del estado del bienestar tales como sanidad, servicios sociales, escuelas de infancia, servicios domiciliarios, vivienda social y educación, entre otros, sectores que tienen menos empleo público que el promedio de los países de la UE-15 (España ¬13.35% de la población activa, UE-15 17.34% de la población activa, en 2006). Existe un enorme déficit de empleo público social en España, del cual las élites políticas, mediáticas y económicas del país no son plenamente conscientes, al no utilizar los servicios públicos. Por cierto, gasto público social no es sólo pensiones y gastos en cobertura de desempleo. Cuando el gobierno Zapatero indica que sus políticas mantienen el gasto social, ignora que el gasto público social incluye no sólo las transferencias (seguro de desempleo), sino también los servicios públicos del estado del bienestar que están siendo recortados al reducirse las aportaciones del gobierno central a las CCAA, que son las que gestionan tales servicios. No es cierto, pues, que el gasto social no se esté reduciendo. Se está reduciendo, y mucho. Y ello es negativo, no sólo para la calidad de vida de las clases populares (que son las que utilizan tales servicios), sino también para que se produzca el crecimiento económico y la creación de empleo.
Tal expansión del gasto público debiera hacerse mediante un aumento de los impuestos directos, aumentando la progresividad fiscal. El incremento de los impuestos de los sectores pudientes de la población (que ahorran más que consumen), con inversión de los fondos así recaudados en las clases populares (que consumen más que ahorran), es no sólo un elemento de equidad, sino también de eficiencia económica. Creerse que la mejor manera de estimular la economía –como los liberales sostienen- es bajar los impuestos, es desconocer la enorme evidencia que muestra lo errónea que es esta suposición. Bajar los impuestos ahora significaría para las rentas superiores un aumento del ahorro (que es precisamente lo que no queremos) y para las rentas medias e inferiores, una reducción de sus deudas, pues utilizarían el dinero –resultado de la reducción de sus impuestos- para pagar sus deudas. En ningún caso aumentaría significativamente el consumo, que es precisamente lo que se necesita, pronto y rápido. La economía necesita un crecimiento rápido de la demanda, lo cual se consigue mediante el gasto público orientado hacia las clases populares –creando empleo-, que son las que consumen más y ahorran menos.
Un gobierno socialdemócrata debería ser sensible a este cambio de rumbo, pues la continuación de sus políticas de apaciguamiento de los mercados especulativos, reduciendo el gasto público es, además de erróneo, políticamente suicida: le significará un elevado coste político que el país no puede permitirse. La victoria del mayor partido de la oposición significaría el retroceso más grande que hayamos visto, no sólo en la dimensión social sino también en la económica. Sus políticas dañarían enormemente la calidad de vida de las clases populares. La evidencia de ello es abrumadora. El país no puede aguantar una victoria del PP. Pero el gobierno ha estado facilitando esta victoria, olvidando qué pasó con la socialdemocracia alemana cuando llevó a cabo las reformas liberales que ahora propone el gobierno español. Aquel partido pasó de ser el mayor partido socialdemócrata europeo a ser un partido cuyo estado minoritario compite con otros tres partidos. España necesita un gobierno auténticamente socialdemócrata, aliado con los partidos que están a su izquierda, que deberían tener mayor peso político, y a los que hoy se les niega por un sistema electoral que les perjudica. Pero, por la vía que se sigue, nunca se llegará a ello.
viernes, 5 de febrero de 2010
Los errores del determinismo demográfico: el caso de las pensiones
Publicado en la revista digital SISTEMA
5 de febrero de 2010
Vicenç Navarro
Este artículo cuestiona el determinismo demográfico que argumenta que la transición demográfica hace inviable el sistema público de pensiones. El artículo señala que tal argumento ignora los cambios que han ocurrido y continuaran ocurriendo en la fuerza laboral, en la masa salarial, en la productividad laboral, y en la creación de riqueza que permitirán un aumento considerable de los ingresos al estado. El artículo señala que la viabilidad de las pensiones no es un tema demográfico, o económico sino político.
En el debate que se ha generado en España, a partir de las propuestas hechas por el gobierno español para garantizar la sostenibilidad de las pensiones públicas, se están utilizando argumentos (por parte de aquellos que cuestionan la viabilidad del sistemas actual de reparto) que deben ser cuestionados, pues responden más a criterios ideológicos que científicos. Tales argumentos, por cierto, se reproducen no sólo en círculos liberales sino también en algunos forums de centroizquierda y, en ocasiones, de izquierda.
Uno de ellos es que la transición demográfica, con un número creciente de ancianos por una parte, y un número decreciente de gente joven por otra, hace inviable el sistema de pensiones. Tal argumento ignora, sin embargo, que en los sistemas de reparto el dato más importante para analizar su viabilidad no es ancianos versus jóvenes, sino beneficiarios (es decir, pensionistas) versus cotizantes a la Seguridad Social. Esta observación se les escapa a aquellos que constantemente atribuyen a la transición demográfica la “crisis” de las pensiones. En un país, como el nuestro, donde el paro ha sido históricamente muy elevado (actualmente un 18.94% de la población activa) y donde el porcentaje de la mujer incorporada al mercado de trabajo es todavía bajo (54%), sorprende que se diga que el problema radica (o radicará) en la escasez de personas que pueden trabajar. Si a las personas en paro, así como a las que trabajan a tiempo parcial y que desearían trabajar a tiempo completo, sumamos las mujeres que estarían en el mercado de trabajo en caso que su participación en tal mercado fuera semejante a la de las mujeres suecas (un 87%), tendríamos cerca de 10 millones de trabajadores (y cotizantes a la seguridad social) más. No hay, ni ahora ni en el futuro, un déficit de personas en España que puedan trabajar. Y que deberían trabajar, pues es lo que desean.
Otro argumento que utilizan los que recurren al argumento demográfico, para apoyar sus tesis de insostenibilidad de las pensiones, es que el número de trabajadores cotizantes por pensionistas está disminuyendo y ello creará un problema. El informe del Gobierno sobre las pensiones utiliza este argumento para apoyar su recomendación de que se retrase la edad de jubilación, de 65 a 67 años. Los trabajadores cotizantes –dice el informe- no podrán sostener a los pensionistas cuyo número casi se doblará en treinta años. Tal informe introduce sus recomendaciones con un cuadro en el que se muestra como el número de pensionistas aumentará de 8 millones en 2010, a 15 millones en 2040, concluyéndose que tenemos un problema grave pues el número decreciente de cotizantes por pensionista hace inviable la continuación de esta situación, a no ser que se reduzcan considerablemente los beneficios. Este argumento se ha convertido en un dogma. Y como dogma se reproduce a base de fe (e ideología) en lugar de evidencia empírica.
Como describí en mi artículo en PÚBLICO (“Una vez más, las pensiones”, 04.02.10) este argumento es semejante al que hicieron los alarmistas malthusianos al ver el descenso de la población que trabajaba en agricultura. Decían tales autores que el descenso de la población que trabajaba en el campo conduciría a un descenso de la producción de alimentos y al hambre de la población. Pues bien, el porcentaje de la población en España que trabajaba en la agricultura ha pasado de ser un 30% en 1970, a un 4% en 2008 y no hay escasez de alimentos. En realidad el crecimiento de la productividad en agricultura ha sido tal que un trabajador en el campo hace el mismo trabajo que antes hacían veinte trabajadores.
Las tesis que indican que la reducción del número de trabajadores hace peligrar la viabilidad del sistema de pensiones ignoran el enorme crecimiento de la productividad y por lo tanto de los salarios y de sus contribuciones, bien sean como impuestos, bien sean como cotizaciones sociales. Permítanme que repita lo que escribí en otro texto “Las pensiones son viables”, Julio-Agosto 2009, a raíz del documento escrito por el Banco de España y la Comisión Europea (ambos de clara orientación liberal) que alertaban que en el año 2060, España se gastaría el 15.1% del PIB en pensiones un porcentaje –decía el informe- alarmante. Cito de nuevo mi respuesta: “Supongamos que el crecimiento anual de la productividad es un 1,5%, un crecimiento que incluso el Banco de España admite como razonable. En este caso, el valor del PIB español en 2060 será 2,23 veces mayor que el PIB del año 2007. Ello quiere decir que si consideramos el valor del PIB del año 2007 como 100, el del año 2060 será de 223. Pues bien, el número de recursos para los no pensionistas en el año 2007 fue de 100 menos 8,4 (8,4 es la cantidad que nos gastamos aquel año en pensionistas), es decir, 91,6. En el año 2060 los recursos a los pensionistas serán el 15,1% de 223, es decir 33, y para los no pensionistas será 223 menos 33, es decir, 192, una cantidad que es más del doble de la existente en el año 2007, 91,6. Debido al crecimiento de la productividad, en el año 2060 habrá más recursos para los no pensionistas que hoy, y ello a pesar de que el porcentaje del PIB dedicado a pensiones es superior en el año 2060 que en el 2007. Los que alarman innecesariamente a la población olvidan un hecho muy elemental. Hace cincuenta años, España dedicaba a las pensiones sólo un 3% del PIB. Hoy es un 8%, más del doble que cincuenta años atrás. Y la sociedad tiene muchos más fondos para los no pensionistas de los que había entonces, aún cuando el porcentaje del PIB en pensiones sea mucho mayor ahora que entonces. Por cierto, ya hace cincuenta años, cuando España se gastaba un 3% del PIB en pensiones, había voces liberales que decían que en cincuenta años se doblaría o triplicaría tal porcentaje, arruinando el país. Pues bien, estamos cincuenta años más tarde, y el país tiene más recursos para los no pensionistas que existían entonces, aún cuando el porcentaje del PIB dedicado a pensiones se ha doblado (En estos datos, por cierto, se ha incluido ya el impacto de la inflación).”
Cuando el informe del gobierno español indica que la población pensionista casi se doblará en treinta años, se está ignorando que en treinta años el PIB de España será varias veces superior (mucho más del doble) del existente ahora.
LONGEVIDAD DE LOS INDIVIDUOS Y ESPERANZA PROMEDIO DE VIDA DE UNA POBLACIÓN SON DOS CONCEPTOS DISTINTOS
Otro argumento que se utiliza por parte de los deterministas demográficos es que la esperanza de vida está aumentando cuatro años cada veinticinco, con lo cual la extensión del periodo de las pensiones hará insostenible el sistema. Tal afirmación es consecuencia de un desconocimiento de lo que es y cómo se calcula la esperanza de vida. El hecho de que la esperanza de vida promedio de la población española haya aumentado de 76 años a 80 en el periodo 1980-2005 no quiere decir (como erróneamente se asume) que un español promedio viva cuatro años más (ver explicación detallada en “Las Pensiones son viables” VIEJO TOPO, julio-agosto 2009), quiere decir que sumando los años de vida de todos los ciudadanos y residentes y dividiéndolo por el número de ciudadanos y residentes, el promedio de vida es cuatro años más en 2005 que en 1980. Pero ello se debe a que la mortalidad infantil y la mortalidad de los grupos etarios más jóvenes, ha bajado mucho. Tal aumento promedio de años de vida no significa que, como asumen aquellos autores, los ancianos vivan cuatro años más. Ni que decir tiene que los ancianos viven más (2.6 años) que hace veinticinco años, pero no las cantidades que se utilizan.
El punto de mayor relevancia es que la longevidad (años de vida que cada persona tendrá) depende de la clase social del individuo. España es uno de los países de la UE-15 con mayores desigualdades. Existe un gradiente de longevidad entre nuestros ciudadanos dependiendo de su clase social. Una persona en el cinco por ciento de renta superior vive en España diez años más que un trabajador no cualificado con más de cinco años en paro (el promedio de la UE-15 es siete años). Es profundamente injusto que las clases populares (clases trabajadoras y clases medias), que viven menos años, tengan que trabajar dos años más para sostener las pensiones de las clases más pudientes que les sobrevivirán muchos años. Esto es lo que en realidad se está proponiendo cuando se pide el retraso obligatorio de la jubilación.
REFORMAS NECESARIAS
Que las pensiones basadas en un sistema de reparto sea viable, no quiere decir que no debieran hacerse reformas, algunas de las cuales aparecen en el informe del gobierno, el cual tiene también propuestas que son aconsejables. Una de ellas es facilitar el retraso voluntario de la jubilación. La situación actual es excesivamente traumática para aquellos sectores de la población que gozan mientras trabajan (este grupo es una minoría), y que pasan de un 100% de actividad laboral a 0%, en cuestión de horas, a partir del día D, hora H en que se jubilan. Es un paso traumático e innecesario. Sectores amplios de la población anciana pueden ofrecer gran rendimiento y su exclusión del mercado de trabajo es, además de una enorme ineficiencia económica, una carga a la Seguridad Social, pues pasan de ser cotizantes a beneficiarios en un momento en que pueden (y desean) continuar siendo cotizantes. En EE.UU., la jubilación es un derecho, no una obligación. Por ley, como Catedrático Universitario, por ejemplo, nadie me puede jubilar de la Universidad, siempre y cuando produzca al nivel de expectativas que la Universidad exige a su profesorado.
La jubilación debe ser, a partir de 65 años, voluntaria, garantizando un retiro digno. Y ahí está el segundo tema. Las pensiones en España tienen que mejorarse, no sólo las no-contributivas sino también las contributivas. El hecho de que representen un porcentaje elevado del salario en el momento de la jubilación no significa que las pensiones sean satisfactorias, pues el salario real promedio es muy bajo.
El tercer tipo de intervención es el aumento de las cotizaciones sociales, evitando las exclusiones que están ocurriendo en colectivos que ven reducidas sus contribuciones por encima de cierto nivel de salarios. También debieran eliminarse aquellas funciones que se han atribuido a la Seguridad Social que no le corresponden, tal como facilitar la reducción de las plantillas en las empresas, una situación que ha alcanzado unas dimensiones, a todas luces, exageradas.
El cuarto tipo de intervenciones son aquellas encaminadas a facilitar la producción de buen empleo, facilitando la educación y formación de los jóvenes (empezando ya con los infantes), para garantizar una mayor calidad de conocimientos, mayores capacidades resolutivas de la población y, por lo tanto, mayor productividad, mejores salarios y mayores cotizaciones sociales e impuestos. Ello requiere un mayor intervencionismo público en la educación, en la formación laboral y en la producción de empleo.
El quinto tipo de intervenciones incluye el desarrollo del cuarto pilar del bienestar que debiera incluir, como ya señalé en su día (“El cuarto pilar del bienestar”. PÚBLICO, 15.10.09), el derecho universal a las escuelas de infancia, además de los servicios domiciliarios a las personas con dependencias que ayuden a facilitar la integración de las mujeres al mercado de trabajo (cambiando a su vez los valores del varón para corresponsabilizarse en las tareas familiares).
El sexto tipo de intervenciones es el facilitar el mantenimiento del trabajador en edad de prejubilación en sus puestos de trabajo, ofreciendo ayudas públicas en formación y reciclaje profesional y mantenimiento de sus puestos de trabajo.
El séptimo es la reforma fiscal, haciéndola más progresista y eliminando el fraude fiscal, aumentando los recursos públicos que debieran absorber los costes de la jubilación de algunos colectivos, como los hoy beneficiarios de pensiones no contributivas. En este aspecto, las cotizaciones sociales debieran complementarse con fondos públicos, pues no hay nada escrito en ninguna Biblia económica que diga que las pensiones deban pagarse con cotizaciones sociales basadas en los mercados laborales. En otros países, como Dinamarca, la mayoría de fondos son públicos, procedentes de los impuestos generales.
Con estas reformas señaladas en este artículo, las pensiones están más que garantizadas en España.
jueves, 4 de febrero de 2010
Una vez más, las pensiones
Gasto público y políticas sociales en España. ¿Qué papel juegan en la situación actual?
Articulo publicado en el diario PÚBLICO, 4 de febrero de 2010
Este artículo señala los errores de los supuestos sobre los cuales se está proponiendo cambios en las pensiones públicas que reducirían sus beneficios. Muestra también como el retraso obligatorio de la edad de jubilación discriminaría a las clases populares a costa de beneficiar a las clases más pudientes.
Una vez más estamos viendo una avalancha liberal alarmando a la población diciéndole que el sistema de pensiones no es sostenible y tiene que sufrir cambios profundos que significan, todos ellos, una disminución de las pensiones. Entre estos cambios se incluye el retraso obligatorio de la edad de jubilación de 65 a 67 años. La mayor justificación para esta medida es que la esperanza de vida de la población española ha crecido cuatro años en el periodo 1980-2005, pasando de 76 a 80 años. Por lo tanto, los pensionistas están gozando de sus pensiones cuatro años más ahora que hace 25 años, lo cual –se nos dice– hará insostenible el sistema de pensiones al aumentar el periodo de beneficio cuatro años más cada 25.
El problema con este argumento es que es erróneo, pues ignora cómo se calcula la esperanza de vida. Supongamos que España tuviera sólo dos habitantes: Pepito, que muere al nacer, y la señora García, que tiene 80 años. La esperanza de vida promedio de España lsería (0+80)/2=40 años. Supongamos que en un país vecino hubiera también dos ciudadanos: Juanito, que tiene 20 años, y la señora Pérez, que tiene 80 años. La esperanza de vida promedio de este segundo país es (20+80)/2=50 años. El hecho de que este país tenga diez años más como promedio en su esperanza de vida que España no quiere decir (como constantemente se dice) que la señora Pérez viva diez años más que la señora García. Lo que ocurre es que Juanito vive 20 años más que Pepito. Y esto es lo que ha ocurrido en España (y en Europa). El enorme descenso de la mortalidad infantil y la mortalidad de los grupos etarios más jóvenes ha sido la mayor causa del aumento de la esperanza de vida promedio. Ni que decir tiene que la población anciana vive ahora más que hace 20 años. Pero no los famosos cuatro años que constantemente se citan. Se está exagerando (deliberadamente, en muchas ocasiones) el aumento de la longevidad (años de vida) de la ciudadanía para justificar la reducción de las pensiones.
Por otra parte, este aumento de años de vida varía considerablemente según la clase social de la persona. España es uno de los países con mayores desigualdades sociales en el mundo desarrollado. En nuestro país hay un gradiente muy marcado de mortalidad según la clase social. Exigirle, por lo tanto, a la mujer de la limpieza de la universidad (cuyo nivel de salud a los 65 años es igual al que tiene el catedrático emérito a los 75 años) que trabaje dos años más para pagar la pensión a este último es una profunda injusticia. Pero esto es, precisamente, lo que están proponiendo los que piden que se aplace obligatoriamente la edad de jubilación. Proponen que las clases menos pudientes (que vivirán menos años) trabajen más para pagar las pensiones de las clases más pudientes, que les sobrevivirán muchos más años.
Otro argumento que se utiliza para argumentar la insostenibilidad de las pensiones es que la juventud se incorpora más tarde al mercado de trabajo (antes a los 18 años, ahora a los 24) y las personas de edad avanzada se jubilan antes, con lo cual hay menos trabajadores con cuyas cotizaciones se pueda sostener a los pensionistas. Tal argumento ignora tres hechos. Uno es que la prejubiliación es algo corregible. En España las prejubilaciones se están utilizando para ayudar a los empresarios que quieren despedir a sus trabajadores de mayor edad. Esta situación debería prohibirse, como ya ocurre en varios países europeos. Si un empresario quiere disminuir su fuerza de trabajo y jubilar a sus trabajadores, debería ser la empresa la que absorbiera estos costes en su totalidad.
Otro hecho que aquel argumento ignora es que el retraso de entrada en el mercado de trabajo por parte de los jóvenes se debe a que la mayoría están educándose, adquiriendo mayor conocimiento, con lo cual, una vez se integren en el mercado de trabajo, tendrán mayor productividad, conseguirán mayores salarios y aportarán, por lo tanto, mayores cotizaciones sociales.
Lo cual me lleva al tercer hecho que aquel argumento ignora: el impacto del crecimiento de la productividad en la riqueza del país y, por lo tanto, en los recursos disponibles para pensionistas y no pensionistas. Constantemente se dice que el número de trabajadores cotizantes por pensionista será menor, derivándose de este hecho que las pensiones no se podrán pagar. Ahora bien, decir que habrá pocos trabajadores para sostener las pensiones es similar al argumento que pudiera haberse dicho hace 30 años cuando el 30% de la población trabajadora sostenía la agricultura del país. El descenso del número de trabajadores en agricultura (hoy es sólo el 4%) no quiere decir que haya disminuido la producción de alimentos, al contrario, ha aumentado la productividad enormemente. Con menos trabajadores se produce más alimento. Pues bien, sustituyan la palabra agricultura y pongan pensiones. El aumento inevitable de la productividad de un número menor de trabajadores puede sostener e incluso expandir las pensiones sin ningún problema. La ignorancia de este hecho lleva constantemente a errores mayores, como ocurre en el informe del Gobierno sobre las pensiones. Este comienza con una nota que intenta ser de alarma. Dice que hay 8 millones de pensionistas en 2010 y habrá 15 en 2040, de lo cual deduce (sin indicar por qué) que tenemos un problema grave. Pero ignora que en 2040 el PIB de España habrá crecido y será, como mínimo, más de siete veces el existente hoy. Se olvida con excesiva frecuencia que España consumía hace 40 años el 4% del PIB en pensiones y ahora más del doble, el 8,6%, y ello no ha supuesto que los no pensionistas tengan menos recursos. Todo lo contrario, tienen más, pues el tamaño de la tarta (el PIB) es 17 veces mayor.
Una última observación. La viabilidad de las pensiones no es un tema demográfico ni tampoco económico. Es única y exclusivamente político. La enorme popularidad (entre todos los grupos etarios) del sistema de pensiones público hace que la sociedad siempre pueda encontrar cómo conseguir los recursos, bien a través de las cotizaciones sociales, bien a través de los impuestos generales, para financiarlas.
Ver artículo en PDF
viernes, 29 de enero de 2010
Las pensiones son viables
Debido a que la viabilidad de las pensiones se está cuestionando de nuevo, volvemos a publicar en este blog el artículo de Vicenç Navarro “Las pensiones son viables”. Publicado en la revista el VIEJO TOPO, Julio-Agosto 2009.
Graves errores metodológicos hechos por los economistas (y los medios de información y persuasión) liberales en sus diagnósticos del colapso de las pensiones.
Recientemente hemos visto una avalancha liberal que tiene como objetivo alarmar a la población haciéndole creer que las pensiones no son viables. La Comisión Europea, el Banco de España, el BBVA y el Partido Popular Europeo (del cual el PP español forma parte) han publicado informes y documentos que alertan a la población española de que hay que reducir las pensiones porque el sistema de Seguridad Social que las financia no es sostenible. En defensa de sus posturas presentan datos e información empírica que asumen que apoyan sus alarmas sobre las cuales basan sus recomendaciones. Todos estos documentos tienen errores graves que invalidan sus conclusiones, transformando tales documentos en manifiestos políticos en lugar de informes científicos. Veamos tales errores.
1. Asumir que la esperanza de vida mide los años que una persona vive
Tales documentos asumen erróneamente que el hecho de que la esperanza de vida promedio de España haya pasado de ser 76 años a 80 años en veinticinco años (1980-2005) quiere decir que el promedio español vive ahora cuatro años más. Ello no es cierto. Hay que saber qué quiere decir esperanza de vida y cómo se calcula. Supongamos que España tuviera sólo dos habitantes. Uno, Pepito, que muere al día siguiente de nacer, y el otro, la Sra. María que tiene 80 años. La esperanza de vida promedio de España sería 0 años más 80 años, dividido entre dos, es decir, cuarenta años. Pero supongamos que en un país imaginario vecino, hay también dos ciudadanos, uno, Juan, que en lugar de morir al día siguiente de nacer, como Pepito en España, vive veinte años, y la otra persona es la Sra. Victoria que tiene también 80 años como la Sra. María. En este país imaginario, la esperanza promedio de vida es de 20 más 80, dividido entre dos, es decir 50 años, diez años más que en España. Ello no quiere decir (como constantemente se malinterpreta este dato) que el ciudadano promedio de aquel país viva diez años más que en España: lo que el dato dice es que hay diez años de vida más en el promedio de aquel colectivo de dos personas sin clarificar que ello se deba a que la Sra. Victoria viva diez años más que la Sra. María (lo cual no es cierto), o que sea Juan el que vive veinte años más que Pepito. Todos los documentos que favorecen la reducción de las pensiones concluyen que la Sra. María vive diez años más, lo cual, repito, no es así.
Lo que ha estado ocurriendo en España (y en Europa) es que la mortalidad infantil ha ido disminuyendo de una manera muy marcada, con lo cual la esperanza de vida ha ido aumentando, pasando de 76 años a 80 años. Ello no quiere decir, como habitualmente se asume, que el ciudadano español medio viva cuatro años más ahora que hace veinticinco años. La mortalidad por cada grupo etario ha ido descendiendo (incluyendo entre los ancianos), pero los años de vida que el ciudadano medio vive ahora no es de cuatro años más que en 1980. Calcular las pensiones en base a esta lectura errónea de los datos penaliza a la población pues asume que la gente vive más años de lo que en realidad vive.
2. Los promedios no son sensibles a las diferencias por clases sociales
Otro gran error es malinterpretar el significado de promedio Una persona se puede ahogar en un río que tiene como promedio sólo diez centímetros de profundidad. Tal río puede ir seco a lo largo de muchos kilómetros pero en algunas zonas éste puede tener tres metros de profundidad, y es ahí donde el lector se puede ahogar. Un promedio en sí no nos dice mucho si no sabemos también las variaciones del promedio. Lo dicho tiene especial importancia en el cálculo de la esperanza de vida y en la estimación de la longevidad (los años que una persona vive). Las diferencias en longevidad por clase social son enormes. Así, la diferencia en los años de vida existente entre una persona perteneciente a la decila de renta más baja del país (los más pobres) y la decila superior (los más ricos) en España es nada menos que de diez años (ha leído bien, diez años). En EE.UU. son quince y en el promedio de los países de la UE-15 son siete. Estas diferencias en longevidad se deben a que el nivel de salud de la población depende, sobre todo, de la clase social a la cual se pertenece. Un trabajador no cualificado (en paro frecuente durante más de cinco años) tiene, a los sesenta años, el nivel de salud que un banquero tiene a los setenta años. Este último sobrevivirá al primero diez años. Es profundamente injusto pedirle al primero que continúe trabajando dos (y algunos piden cinco) años más para pagar las pensiones del segundo que le sobrevivirá diez años. La insensibilidad hacia esta realidad mostrada por estos informes es abrumadora. Retrasar la edad de jubilación a toda la población trabajadora sin más, es una medida que perjudica a las clases populares para beneficiar a las clases de mayores rentas que viven más años.
3. El error del argumento alarmista: el crecimiento del porcentaje del PIB gastado en pensiones es excesivo
Este es uno de los errores metodológicos más importantes y frecuentes que aparece en el informe de la Comisión Europea, y que ha sido reproducido en gran número de artículos y editoriales. Tal argumento indica que el porcentaje del PIB en pensiones subirá de un 8,4% en el año 2007 a un 15,1% del PIB en el año 2060, un porcentaje que estos informes señalan como excesivo, pues la sociedad en el año 2060 no podrá absorber tales gastos pues restarán recursos necesarios para otras actividades, programas o servicios a la población no pensionista. El hecho de que el porcentaje de gasto en pensiones públicas alcanzará el 15,1% en el 2060 se considera una noticia alarmante que requiere una intervención ya ahora, disminuyendo los beneficios de los pensionistas.
En este argumento se ignora el impacto del crecimiento de la productividad sobre el PIB del año 2060. Supongamos que el crecimiento anual de la productividad es un 1,5%, un crecimiento que incluso el Banco de España admite como razonable. En este caso, el valor del PIB español será 2,23 veces mayor que el PIB del año 2007. Ello quiere decir que si consideramos el valor del PIB del año 2007 como 100, el del año 2060 será de 223. Pues bien, el número de recursos para los no pensionistas en el año 2007 fue de 100 menos 8,4 (8,4 es la cantidad que nos gastamos aquel año en pensionistas), es decir, 91,6. En el año 2060 los recursos a los pensionistas serán el 15,1% de 223, es decir 33, y para los no pensionistas será 223 menos 33, es decir, 192, una cantidad que es más del doble de la existente en el año 2007, 91,6. Debido al crecimiento de la productividad, en el año 2060 habrá más recursos para los no pensionistas que hoy, y ello a pesar de que el porcentaje del PIB dedicado a pensiones es superior en el año 2060 que en el 2007. Los que alarman innecesariamente a la población olvidan un hecho muy elemental. Hace cincuenta años, España dedicaba a las pensiones sólo un 3% del PIB. Hoy es un 8%, más del doble que cincuenta años atrás. Y la sociedad tiene muchos más fondos para los no pensionistas de los que había entonces, aún cuando el porcentaje del PIB en pensiones sea mucho mayor ahora que entonces. Por cierto, ya hace cincuenta años, cuando España se gastaba un 3% del PIB en pensiones, había voces liberales que decían que en cincuenta años se doblaría o triplicaría tal porcentaje, arruinando el país. Pues bien, estamos cincuenta años más tarde, y el país tiene más recursos para los no pensionistas que existían entonces, aún cuando el porcentaje del PIB dedicado a pensiones se ha doblado.
4. Se equivocan constantemente en sus proyecciones demográficas
Cualquier demógrafo que tenga un mínimo de rigor sabe las enormes dificultades en calcular cambios demográficos por periodos tan largos como cincuenta años. Y un buen ejemplo de ello es que los bancos y las cajas publican cada diez años informes anunciando el colapso de las pensiones en diez años. La Caixa (en 1998), el BBVA (en 2005 y en 2007), El Banco Santander (en 1992 y en 1999), el Banco de España (en 1995, en 1999, en 2002 y en 2009) y una larga lista, han predicho el colapso (utilizando un término menos contundente) de las pensiones para diez o al máximo veinte años más tarde. En defensa de sus proyecciones utilizan los mismos argumentos y los mismos datos (la Comisión Europea utiliza prácticamente los mismos datos que publicó el informe de la Fundación de las Cajas en 2007). Y una de las proyecciones más utilizadas es la de la evolución de la pirámide demográfica, indicando que el porcentaje de ancianos está creciendo muy rápidamente, y el de los jóvenes está bajando muy sustancialmente, ignorando que, en aquellos países que financian las pensiones a base de cotizaciones sociales como es el caso español, el punto clave no es el número de jóvenes y adultos por anciano, sino el número de cotizantes y la cantidad de cada cotización por beneficiario. Y tanto el uno como el otro están subiendo, el primero como consecuencia de la integración de la mujer al mercado de trabajo (si España tuviera la tasa de participación de la mujer en el mercado de trabajo que tiene Suecia, habría tres millones más de cotizantes a la seguridad social), y el segundo como consecuencia del aumento de la productividad y de los salarios. Es más, toda la evidencia muestra que las familias españolas desearían tener más hijos (dos por familia) que los que tienen ahora. El desarrollo de la sociedad y de los servicios de ayuda a las familias, como escuelas de infancia y servicios domiciliarios, permitiría el incremento de la fecundidad, una de las más bajas del mundo. Hoy en Europa, los países nórdicos, con un amplio desarrollo del estado del bienestar, tienen una fecundidad mucho mayor que en el Sur de Europa.
Dos últimas observaciones. El hecho de que el rigor y credibilidad de tales documentos liberales sea muy escaso no quiere decir que no tuviera que haber cambios en las pensiones, cambios distintos al retraso de la jubilación o disminución de sus beneficios que proponen los liberales. Contrariamente a lo que se dice constantemente, las pensiones, incluyendo las contributivas, son demasiado bajas, y ello como consecuencia de que los salarios son demasiado bajos (ver el excelente capítulo sobre las pensiones escrito por la profesora Camila Arza en el libro La Situación Social en España. Vol. III. Biblioteca Nueva. 2009).
Otro cambio que debiera ocurrir es la flexibilización de la edad de jubilación permitiendo que aquellas personas (la mayoría profesionales) que desearan jubilarse más tarde pudieran hacerlo. La jubilación debiera ser un derecho, no una obligación.
Debiera también prohibirse, como se ha hecho en varios países, la prejubilación utilizada por el mundo empresarial para realizar cambios en sus plantillas, penalizando el sistema de seguridad social y al prejubilado, pues éste recibe una pensión menor. Tal prejubilación le supone a España un recorte de ingresos equivalente a un 6% del PIB
Una última observación es que el Estado debiera aumentar su aportación a las pensiones tal como lo hacen otros países (como Dinamarca), en que las aportaciones procedentes de los impuestos generales son mucho más intensas que en España. No hay nada sagrado en la Biblia económica que diga que las pensiones tienen que pagarse a base de cotizaciones sociales. La popularidad de las pensiones (entre todos los grupos etarios) es tal que puede justificarse tal medida que contaría con gran apoyo popular. España ya lo hizo con la sanidad (que estuvo financiada por la Seguridad Social) y puede expandirlo a otras áreas.
viernes, 6 de noviembre de 2009
Crisis y desigualdades sociales
Vicenç Navarro
PÚBLICO
5 de noviembre de 2009
Este artículo indica que la crisis actual está, no sólo creando mayor desempleo y pobreza, sino que está también aumentando las desigualdades sociales, afectando negativamente la calidad de vida de la mayoría de la ciudadanía. Debiera ser un objetivo importante del gobierno no solo la reducción de la pobreza y del desempleo, sino también la reducción de las desigualdades sociales.
Existe una percepción generalizada en amplios sectores de las culturas políticas, económicas y mediáticas del país, de que el indicador más importante para medir la gravedad de la crisis es analizar como evolucionan el desempleo y el porcentaje de la población que vive bajo el umbral de la pobreza. De ahí que la discusión de cómo la crisis está afectando la calidad de vida de nuestra población se haya centrado en el estudio de cómo están cambiando estos indicadores. No hay lugar a dudas de que estos indicadores son muy importantes. Ahora bien, si el objetivo es analizar el impacto de la crisis en la calidad de vida de toda la población, entonces tenemos que darnos cuenta de que tales indicadores, aunque válidos, son insuficientes. Para ver el impacto de la crisis financiera y económica tendríamos que prestar también atención a la evolución de las desigualdades sociales (incluidas las desigualdades de rentas) y el impacto de este hecho en la calidad de vida de la ciudadanía. Al ignorar esta consecuencia de la crisis, se reproduce una visión muy generalizada en aquellas culturas, haciendo suya aquella expresión de que “tanto da que un país tenga grandes desigualdades o no. Lo único que es importante es el número de pobres o desempleados que haya en aquel país”.
Esta postura es errónea por varias razones. Una es que, en general, hay una relación clara entre desigualdades y pobreza. Cuanta más desigualdad hay en un país, mayor es su pobreza. Y España es un ejemplo de ello. Nuestro país es uno de los países de la OCDE (el club de países ricos) con mayores desigualdades y, a la vez, con mayor pobreza (ver mi artículo “Desigualdades Sociales en España”, Público, 08.10.09). Pero existe otra razón por la cual tal postura es errónea. Existe muchísima evidencia en la literatura científica de que lo que disminuye la calidad de vida de la ciudadanía y de la sociedad no es sólo la falta de recursos (que define la pobreza), sino la distancia social entre las personas en una sociedad. Una persona que es pobre en Harlem (que está en la decila inferior en la distribución de la renta en EEUU), tiene más recursos (incluido renta) que una persona de clase media (un trabajador cualificado) en Ghana, Africa, de manera que si el mundo fuera una única sociedad, el pobre de EEUU sería una persona de clase media en el mundo, y la persona de clase media en Ghana sería un pobre en tal sociedad mundial. Y, sin embargo, aquella persona de Ghana vivirá 15 años más que la persona pobre de Harlem, hecho que parece, a primera vista, sorprendente, pues la persona de Harlem, tiene más recursos que la persona de Ghana.
¿A qué se debe esta situación aparentemente paradójica? La causa, en realidad, es fácil de ver. Es más frustrante y difícil ser pobre en EEUU que ser clase media en Ghana. El primero está muy por debajo del promedio de EEUU, creándose una enorme sensación de fracaso personal, sensación incluso más acentuada porque los medios (y muy en especial la televisión) dan una imagen del promedio de un país que, por lo general, está muy por encima del promedio real. Los personajes de los programas televisivos en EEUU, por ejemplo, tienden a ser profesionales de clase media alta, y casi nunca clase trabajadora (algo que también ocurre en España), la cual constituye la mayoría de la población estadounidense. Esta enorme distancia social entre lo que el pobre es y percibe ser y lo que la sociedad presenta como lo que debería ser, es la que crea patología y disminuye la calidad de vida de aquel individuo. La persona de Ghana, sin embargo, aunque con menos recursos que el de Harlem, está por encima del promedio y su frustración es menor.
Esta es la causa, bien documentada, de que la sociedad con menos desigualdades, menor distancia social y más cohesión social tenga mejor calidad de vida y mayor esperanza de vida que las sociedades más desiguales, con mayor distancia social y más descohesionadas. De ahí que la reducción de las desigualdades, y no sólo la eliminación de la pobreza, debiera ser un objetivo de cualquier gobierno que intente mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Es importante que las enormes desigualdades se reduzcan. Y ello adquiere gran relevancia en España, donde las desigualdades sociales son muy acentuadas.
Uno de los investigadores que ha trabajado más sobre este tema, el Profesor Michael Marmot, vio que existía un gradiente en la tasa de mortalidad (debido a condiciones cardiovasculares) entre los funcionarios públicos en Gran Bretaña. Marmot pudo ver que a mayor nivel de autoridad y responsabilidad en el funcionariado, menor mortalidad, y ello continuaba siendo así, incluso cuando se estandarizaban otros factores de riesgo para tales enfermedades, como la dieta, el tabaco, el colesterol, la hipertensión y otros variables (estandarizar es cuando se comparan personas que tienen las mismas características, siendo la única diferencia entre ellas su nivel de autoridad y responsabilidad). La causa de este gradiente es que a mayor autoridad y responsabilidad, la persona tiene mayor sensación de poder controlar su situación personal, su trabajo y su vida. La distancia social crea inseguridad y sensación de menor control sobre su propia vida. En realidad, la intervención más eficaz en cualquier país para mejorar la mortalidad, es conseguir que la tasa de mortalidad de todas las clases sociales sea tan baja como la de la decila de renta superior. En España se conseguiría prevenir el mayor número de muertes, mucho más que a través de cualquier otra medida o intervención sanitaria. Esta situación adquiere especial relevancia ahora, cuando las desigualdades sociales están incrementándose muy rápidamente. De ahí que limitarse a analizar sólo los indicadores de pobreza y desempleo es ignorar que la crisis está afectando a la calidad de vida de la gran mayoría de la población que ni son pobres, ni están desempleados, y que en cambio están sufriendo la crisis.
El Estado del Bienestar no es un problema: es la solución
Vicenç Navarro
Ecodiario digital EL PLURAL
2 de noviembre de 2009
Este artículo critica el énfasis que se está dando en España a la reducción del déficit público cuando debiera darse prioridad al aumento del gasto público con el objetivo de crear empleo, y muy en particular en aquellas áreas (como en los servicios del estado del bienestar) donde existe un déficit de empleo público. Para ello es necesario que se cambie la percepción errónea (ampliamente extendida en los círculos económicos y financieros del país) de que el estado del bienestar es más consumo que inversión. La evidencia existente muestra que la cohesión social es clave para alcanzar una elevada productividad y eficiencia económica.
Existe un consenso casi generalizado por parte de las instituciones internacionales, desde el Fondo Monetario Internacional a la Comisión Europea, de que es necesario continuar el estímulo económico, pues la economía mundial está todavía en baja forma. El punto de discusión no es, entonces, estímulo o no, sino el tipo de estímulo.
Las dos alternativas que se han propuesto son bajar los impuestos o aumentar el gasto público, aún cuando ambas alternativas signifiquen mantener o aumentar el déficit del estado. Durante este periodo de gran recesión, ha habido también consenso (con excepciones, como es el caso del Partido Popular en España) en que deben flexibilizarse las reglas del Pacto de Estabilidad, para poder aumentar el déficit público, el cual ha crecido en todos los países de la OCDE (el club de países ricos). La razón de que haya consenso en que la recuperación económica requiera un incremento del déficit público se debe al entendimiento de que, en un momento de debilidad del consumo privado, es necesario aumentar el consumo público, incluso a costa de aumentar el déficit público.
Menos consenso hay en cuanto al porcentaje del déficit público sobre el PIB que debiera permitirse y la rapidez de reducción del mismo una vez aparezcan los síntomas de recuperación. Y la otra área donde tampoco hay consenso es en si el efecto estimulante de la economía es mayor cuando se bajan los impuestos (como creen los conservadores y liberales) o cuando se aumenta la inversión pública. En la UE se ha hecho mayor hincapié en la reducción de impuestos; y en EEUU se ha dado prioridad al aumento del gasto público.
La evidencia muestra que mientras las dos alternativas activan la economía, la reducción de impuestos tiene, por lo general, menor impacto estimulante, y ello como consecuencia de que las familias están tan endeudadas que utilizan los fondos obtenidos a base de la reducción fiscal para pagar sus deudas, más que para consumir y estimular la demanda. En realidad, la subida del ahorro, que se ha considerado erróneamente como un signo de recuperación, no es más que el deseo de acumular fondos para poder pagar sus deudas en un momento de grave crisis y endeudamiento. En EEUU se sabe que dos terceras partes de los fondos originados por los recortes fiscales del Presidente Bush fueron a pagar las deudas. La evidencia existente apunta, pues, hacia el incremento del gasto público como la mejor manera de estimular la economía.
Ahora bien, dentro del gasto público, la pregunta que debiéramos hacernos es: ¿qué tipo de gasto público es el más estimulante? Y la respuesta a esta pregunta la conocemos ya, pues la evidencia acumulada en EEUU y también en España es que, en un momento de gran recesión y elevado desempleo, la mejor manera de estimular la economía es creando empleo. ¿Pero dónde crear empleo? La respuesta en EEUU, que da el equipo económico encargado del estímulo económico de la Administración Obama, dirigido por el Vicepresidente Biden, es crearlo donde se necesita más y donde pueda crearse empleo más rápidamente. Y ahí el estado del bienestar juega un papel clave, pues es la dimensión del estado donde debiera crearse más empleo. Esta observación es particularmente relevante para España, donde el porcentaje de la población adulta que trabaja en los servicios públicos del estado del bienestar (sanidad, educación, escuelas de infancias, servicios domiciliarios, servicios sociales, vivienda social y otros), es el más bajo de la UE-15 (ver sección Estado del Bienestar, en mi blog www.vnavarro.org). Pero esta inversión en los servicios del estado del bienestar es tan importante, no sólo para crear empleo, sino también para aumentar la productividad del país.
En España, cuando se habla del estado del bienestar como inversión (y no sólo como consumo), se piensa inmediatamente en educación e investigación y desarrollo. Este entendimiento ha alcanzado un nivel de dogma. Pero es enormemente reduccionista. Hay otras dimensiones del estado del bienestar, además de educación, que son inversiones, incluyendo la protección social. De ahí que, en EEUU, la administración Obama, (que ha enfatizado la vía de gasto público -con un crecimiento de tal gasto equivalente al 5% del PIB-, como manera de estimular la economía) se ha centrado en la creación de empleo en las áreas sociales (y también en las nuevas energías verdes). Esta estrategia traduce también una visión de los servicios del estado del bienestar como inversión y no sólo como consumo.
En España, el estímulo económico ha sido menor, alcanzando un 2% del PIB, un porcentaje bajo (aunque en el resto de la UE ha sido incluso menor). Pero más preocupante que el bajo porcentaje del estímulo es que sólo una parte pequeña de este estímulo se ha dedicado directamente a crear empleo. Los 8.000 millones de euros destinados a las administraciones locales han sido una inversión en la creación de empleo (se han creado directa e indirectamente 421.000 puestos de trabajo), lo cual es positivo, pero insuficiente. Se deberían gastar unos porcentajes mucho mayores del PIB en este tipo de inversiones, incluso a costa de incrementar el déficit. Se está dando excesiva importancia al objetivo de reducir el déficit. Tal reducción retrasará enormemente la recuperación económica. Intentar que los déficits se reduzcan al 3% del PIB en tres o cuatro años es una receta de suicidio económico. En este momento de enorme crisis hay que aumentar el gasto público en crear empleo y corregir el enorme déficit social de España, invirtiendo en su protección social, incluyendo servicios públicos al estado del bienestar.
La famosa flexiguridad de los países nórdicos (de clara tradición socialdemócrata) se basa precisamente en una extensa protección social –transferencias y servicios públicos- que da seguridad al trabajador. El promedio de gasto en protección social en aquellos países es un 32% del PIB. En España es sólo un 20% del PIB. La flexibilidad laboral necesaria para la eficiencia económica no se conseguirá, como la patronal y la banca (incluyendo el gobernador del Banco de España) están reclamando mediante la desregulación de los mercados de trabajo que se caracterizan por su escasa protección social. Inseguridad no crea flexibilidad. Crea miedo y resistencia. De ahí que, para conseguir flexibilidad, se requiera una mayor inversión en protección social, alternativa no considerada por aquellos agentes e instituciones. Se está ignorando, en los círculos económicos del país, que la productividad en un país y su eficiencia económica dependen en gran manera de su cohesión social. Incluso el informe Davos (el Vaticano del pensamiento liberal) sobre la competitividad señala a los países nórdicos como unos de los países más eficientes y competitivos en Europa, pero sus seguidores en España parecen todavía no entenderlo. Considero sorprendente que en la reciente reunión de los ex Ministros de Economía y Hacienda, para discutir como salir de la crisis, ninguno de ellos acentuó este aspecto clave, viendo el gasto social más como un consumo que como lo que es, una inversión.
