17-06-2010
Vicenç Navarro
Público
Una lectura de nuestra realidad que se ha generalizado en las culturas políticas y mediáticas de nuestros países es que vivimos en un mundo globalizado en el que los Estados están perdiendo poder, reemplazados por mercados centrados en grandes empresas financieras e industriales (llamadas multinacionales) que se han constituido como las unidades de actividad económica en el mundo.
Las derechas neoliberales aplauden esta evolución, a la cual consideran responsable de una enorme prosperidad. Sectores de las izquierdas gobernantes, por el contrario, se lamentan de esta evolución y resaltan los costes que tales cambios significan para las instituciones democráticas, pues asumen que, en este escenario, lo económico es lo que determina lo político. Y concluyen que en un país pequeño –como España–, atrapado en este sistema globalizado, poco puede hacer el Estado excepto seguir lo que la globalización (los mercados financieros y comerciales) le exige. Parecería, pues, que no hay otra alternativa que reducir el gasto público y reducir los salarios.
Tal teoría, sin embargo, es errónea. Los países escandinavos están entre los países más globalizados del mundo. Debido a su pequeño tamaño, su economía está muy integrada en la economía europea y mundial. La suma de sus exportaciones e importaciones sobre su PIB es la más elevada del mundo. Y, sin embargo, tienen los estados del bienestar más desarrollados y los salarios más elevados de Europa. La causa de ello es que las relaciones de poder (entre ellas las de clase, pero también las de género) tienen una configuración favorable a las clases populares. Las clases trabajadoras, en alianza con las clases medias, han desarrollado unos elevados estados del bienestar (caracterizados por la universalización de los derechos laborales y sociales) y un alto nivel de vida, en contraste con los países del sur de Europa (Grecia, Portugal y España), donde el dominio histórico de sus estados por las derechas ha determinado estados del bienestar escuálidos, unos salarios bajos y un bajo nivel de vida. Acusar de despilfarro y exuberancia de gasto público en estos países como la causa de la crisis del euro, como están escribiendo autores neoliberales, es risible.
Las izquierdas deben recuperar el análisis de clases, olvidado desde hace tiempo, para entender nuestras realidades y entender que, en contra de lo que se está promoviendo, los estados continúan teniendo un papel central y que las relaciones de poder de clase en cada país son el factor determinante de su desarrollo económico y social, así como de la manera que responden a la crisis. Es más, las mal llamadas multinacionales son en realidad empresas transnacionales, es decir, basadas en un Estado, que operan en varias naciones. Y es imposible entender su comportamiento internacional sin comprender la relación de tales empresas con el Estado en el que se ubica su sede central. La construcción de la Unión Europea (un paso que valoro positivamente) se hizo en base a una arquitectura institucional neoliberal (que considero negativa; ver la sección Europa en www.vnavarro.org), resultado de la enorme influencia de la banca alemana sobre el Estado alemán, consecuencia, a su vez, de la debilidad de la clase trabajadora, resultado de la gran disponibilidad de mano de obra barata procedente de Alemania oriental y de los países del este de Europa. Tal debilidad explica el estancamiento económico de aquel país, causado por la escasa demanda doméstica (consecuencia de la reducción salarial y del espectacular descenso de las rentas del trabajo como porcentaje de la renta nacional) y el limitado estímulo económico. Como indiqué en un artículo anterior (“La sabiduría convencional europea”, Público, 10-06-10), tales relaciones de poder en Alemania fueron determinantes para configurar el llamado “modelo alemán”, basado en una elevada competitividad debida a un crecimiento de la productividad muy superior al incremento de los salarios, lo que crea una gran riqueza que se concentra en las empresas exportadoras, incluyendo la banca. Gerard Schröeder venció en el conflicto con su ministro de Hacienda, Oskar Lafontaine, y con los sindicatos, que se oponían a este modelo, los cuales favorecían un modelo basado en la demanda doméstica en lugar de en las exportaciones. Algo semejante ocurrió en Reino Unido, donde el Gobierno de Tony Blair dio plena independencia al Banco de Inglaterra y liberalizó la banca, convirtiendo la City (el centro financiero británico) en el centro mundial de los hedge funds (lo cual justifica el nombre que se le dio, “el Wall Street Guantánamo”, por estar más desregulado que el propio Wall Street). Las izquierdas dentro del Partido Laborista fueron derrotadas y los sindicatos marginados. En ambos casos (Schröeder y Blair), el socioliberalismo (la incorporación del neoliberalismo en la socialdemocracia) fue el que contribuyó en gran manera al dominio del capital financiero en la Unión Europea y, con ello, a la enorme crisis de la socialdemocracia en la UE.
En el Reino Unido, el Partido Laborista pasó de tener el 33% del total del electorado en 1997, al 25% en 2001 y al 22% en 2005. Si este país hubiera tenido un sistema proporcional, el Partido Laborista habría perdido la mayoría del Parlamento ya en 2001. El hecho de que no la perdiera se debe al sistema electoral sesgado, que le permitió mantener la mayoría durante 13 años, lo cual se presentó erróneamente como prueba de su popularidad. La abstención y el desánimo se reflejaron también en la pérdida de la mitad de sus afiliados.
Algo parecido ocurrió en Alemania. El programa 2010 de Schröeder fue el inicio de su fin como partido de Gobierno. Perdió las elecciones y el partido pasó de tener 800.000 miembros a 380.000. No fue la socialdemocracia, sino el creciente distanciamiento de los partidos socialdemócratas gobernantes de las prácticas identificadas con tal tradición, lo que condujo a su declive. ¿Pasará lo mismo en España?
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University.
Fuente: http://blogs.publico.es/dominiopublico/2082/lucha-de-clases-en-la-ue/
jueves, 17 de junio de 2010
Lucha de clases en la UE
sábado, 12 de junio de 2010
¿Por qué la recuperación en España y el la Unión Europea es mucho más lenta que en EEUU?
Vicenç Navarro
revista digital SISTEMA
11 de junio de 2010
Este artículo muestra datos que explican que la causa de que la recuperación económica sea mayor y el desempleo sea menor en EEUU que en la Unión Europea, no se debe a la mayor desregulación de los mercados de trabajo de EEUU, sino al mayor estímulo económico realizado por el gobierno federal, basado en una elevada expansión del gasto publico en actividades y sectores que generan mucho empleo. Las políticas de austeridad de gasto público en la UE son las responsables de la escasa recuperación económica y elevado desempleo.
Existe un consenso casi total entre los estudiosos de la Gran Recesión que está afectando al mundo de que EEUU está saliendo de ella más rápidamente que la Unión Europea y que es más que probable que ello continúe en los próximos años.
Los economistas neoliberales (que gozan de grandes cajas de resonancia en los mayores medios de información y persuasión en España) atribuyen este hecho a la mayor desregulación de los mercados de trabajo estadounidenses, lo cual explica el gran énfasis que hacen en la necesidad de desregular los mercados de trabajo en la Unión Europea.
Esta propuesta de salida de la crisis ha alcanzado la categoría de dogma en nuestro país, donde se considera indispensable que se desregulen más los mercados de trabajo a fin de disminuir el elevado desempleo y, con ello, salir de la crisis (un ejemplo de esta ortodoxia neoliberal es el artículo “Demanda, Competitividad y Ajuste Fiscal”, publicado en La Vanguardia 06.06.10, y escrito por David Taguas, que fue Subdirector del Servicio de Estudios del BBVA y director de la oficina Económica del Presidente Zapatero).
Este dogma se reproduce a pesar de la abundante evidencia que la cuestiona. En realidad, el desempleo históricamente ha sido más bajo en la mayoría de países de Europa que en EEUU.
Durante el periodo 1950-1980, el desempleo de la mayoría de países de lo que más tarde pasaría a ser la Unión Europea de los Quince (UE-15) fue menor que el existente en EEUU. Es sólo desde el establecimiento de la UE (con un Pacto de Estabilidad que limita los déficits del estado a un porcentaje del PIB menor del 3% y con unos intereses bancarios dictados por el Banco Central Europeo, más elevados que en EEUU), que el desempleo es mayor en la UE que en EEUU. No es el grado de regulación de los mercados de trabajo el que determina el nivel de desempleo de un país, sino su tasa de crecimiento económico, la cual se ha visto dificultada en la UE por la arquitectura institucional de la UE, que ha dado prioridad a políticas monetarias sobre políticas keynesianas de estímulo económico. Y ello es consecuencia del enorme poder que el capital financiero tiene sobre el diseño de tal arquitectura neoliberal de la UE y, muy en especial, el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (ver mi artículo “No son los mercados sino los bancos los que dominan la UE”, Sistema digital. 04.06.10)
La respuesta a la profunda crisis que estamos sufriendo muestra la certeza de este diagnóstico. En un artículo reciente “How Stimulative Has Fiscal Policy Been Around the World” (Challenge. May/June 2010), dos académicos, uno de Chile y otro de EEUU, Esteban Pérez Caldentey y Matías Vernengo, muestran como la mayoría de países de la UE-15 han dedicado muchos más fondos a “salvar” a la banca que a estimular la economía (al revés que en EEUU, donde los fondos públicos para estimular la economía han sido mayores que los dedicados a salvar a los bancos). Así, Gran Bretaña se ha gastado el equivalente al 29% de su PIB, Alemania el 20%, Francia el 18%, España el 14% y Portugal el 6% de su PIB en “salvar” a los bancos, todos ellos porcentajes mayores que EEUU (un 5%).
Por el contrario, Gran Bretaña se ha gastado sólo un 1,8% del PIB en estimular la economía, Alemania un 3%, Francia un 2%, España un 1,2% y Portugal un 1,8%. EEUU, sin embargo, se gastó un 6% de su PIB en estimular la economía. Pero no sólo en la cantidad, sino en el tipo de estímulo, es donde también existen diferencias sustanciales. Mientras que el estímulo económico en EEUU se acentuó mucho en la inversión creadora de empleo (en nuevas energías e infraestructuras y en servicios públicos), en los países de la UE se intentó conseguir el estímulo económico a base de reducir los impuestos (cuyo impacto en creación de empleo es mucho menor). Es esta la razón de que EUUU se recupere más rápidamente que la UE y no la situación de sus mercados laborales.
A nivel mundial, la mayor recuperación de su economía está ocurriendo en China, donde el estímulo económico alcanza el equivalente al 8% de su PIB con el añadido de que el 80% de tal gasto es en infraestructuras físicas y sociales (incluyendo el establecimiento de un nuevo servicio sanitario nacional). El impacto multiplicador de esta inversión en la creación de empleo es muy elevado, como lo es el estímulo estadounidense, mientras que es muy bajo en el caso de los países europeos citados anteriormente.
La evidencia, pues, es bastante clara y convincente de que para salir de la crisis la Unión Europea debiera seguir políticas expansionistas, con considerable aumento del gasto público, con el objetivo de crear empleo y establecer las bases de un nuevo tipo de crecimiento económico. Este crecimiento debe ir más orientado a servir las necesidades de la infraestructura social y económica del país, estimulando el desarrollo del estado del bienestar y de la economía productiva a costa de disminuir el espacio y, sobre todo, la influencia del capital financiero, cuyo poder sobre las instituciones europeas es la raíz del problema en el que la UE se encuentra. Tal influencia explica que hoy se esté dando gran importancia a la reducción del déficit y de la deuda pública en lugar de priorizar la reducción del desempleo, a base de estimular el crecimiento económico.
Todos los datos presentados en este artículo proceden de la Organización Internacional del Trabajo, que han enfatizado el estudio del impacto en la creación de empleo de las políticas de estímulo económico en su informe “The Financial and Economic Crisis: A recent work response”, publicado en marzo de 2009. Existen otros informes, como el producido por la organización internacional de sensibilidad neoliberal, la OECD, que utilizan otros criterios y presentan otras cifras en su informe “Fiscal Package Accross OECD countries: Overview and Country Details”, también publicado en marzo de 2009. Todos estos informes, procedentes de sensibilidades distintas, llegan, sin embargo, a la misma conclusión: el estímulo económico ha sido mayor en EEUU que en la Unión Europea. Y por estímulo económico se entiende la nueva inversión pública gastada en estimular la economía. Me veo en la necesidad de aclarar este punto, pues muchos autores, al ver que el gasto público es, en general, mayor en los países de la Unión Europea que en EEUU, concluyen erróneamente que Europa provee mayor estímulo económico. Estamos hablando de nuevos gastos e inversiones públicas. En un momento en que el sector privado está estancado, sin producir empleo (en realidad se está destruyendo), es urgente e importante que sea el sector público el que cree empleo a base de incrementar su gasto público en áreas de creación de empleo. De ahí que las propuestas de reducir el gasto y el empleo público sean contraproducentes. Y de ello deriva el retraso en la recuperación económica en la UE.
jueves, 10 de junio de 2010
La sabiduría convencional europea
Vicenç Navarro
diari PÚBLICO
10 de junio de 2010
Este artículo critica la sabiduría convencional europea que se reproduce en gran número de medios de información europeos, incluyendo españoles, que atribuyen la crisis del euro a la falta de liderazgo proveído por el gobierno presidido por la Cancillera Angela Merkel. El artículo señala que no es falta de liderazgo sino la orientación de este liderazgo (de clara orientación neoliberal) que, en el desarrollo de sus políticas públicas, está dañando el bienestar de las clases populares tanto de los países centrales como de los países periféricos de la eurozona, y ello como resultado de su proximidad a la banca de Alemania y de otros países del centro de la eurozona.
Existe una nueva sabiduría convencional extendida entre grandes sectores de los establishments políticos, intelectuales y mediáticos europeos –reflejada en el artículo, publicado en El País, de Jürgen Habermas (23-05-10)– que asume que la crisis del euro y de la Unión Europea se debe a la falta de liderazgo de Alemania, reflejada por la tardía respuesta de la canciller Angela Merkel a la crisis de la deuda pública del Gobierno griego. Retraso que se atribuye al surgimiento preocupante del nacionalismo en aquel país.
Considero esta interpretación de lo que está ocurriendo en Europa errónea en sus supuestos, consecuencia de la limitación de su método de análisis.
Miremos los hechos y recuperemos algunas categorías analíticas olvidadas por Habermas y por la mayoría de analistas de la realidad europea.
Y entre ellas, la categoría de clase social continúa siendo de una enorme importancia.
Alemania es un país de 82 millones de habitantes que pertenecen a distintas clases sociales.
La clase empresarial alemana (banca e industria exportadora) ha promocionado una economía basada en la exportación, cuyo éxito se basa en su gran competitividad, resultado de que los salarios han ido aumentando mucho menos que la productividad. Como consecuencia, las rentas del trabajo han ido descendiendo de una manera muy marcada y las rentas del capital han alcanzado niveles exuberantes.
La clase empresarial ha ido acumulando mucho dinero y, puesto que siempre tiene un gran surplus en su comercio (es decir, que exporta mucho más que importa), tiene una enorme plusvalía de euros (1,3 billones), consecuencia de que dos terceras partes de las exportaciones alemanas se hacen a los países de la UE que pagan en euros.
¿Qué ha hecho la clase empresarial –y muy en especial los bancos– en Alemania con tantos euros?
Una posibilidad hubiera sido que se distribuyeran entre los trabajadores alemanes, aumentando sus sueldos y su capacidad de consumo, con lo cual el motor de la economía alemana dependería más de la demanda doméstica y menos de las exportaciones (esta era la alternativa propuesta en su día por Oskar Lafontaine, entonces ministro de Economía del Gobierno de Gerhard Schroeder). Tal medida habría tenido un gran impacto estimulante en una economía que ha estado estancada desde hace ya años, estímulo que habría ayudado también a la economía europea, cuyo centro es la alemana. Pero la clase trabajadora alemana no tuvo suficiente fuerza para poder imponer esta alternativa.
El canciller Schroeder (próximo a la banca y a los grandes grupos empresariales exportadores, para los cuales ahora trabaja) continuó, junto con Angela Merkel, enfatizando las exportaciones como motor de la economía, con lo cual la banca acumuló una gran cantidad de euros, que prestó a los bancos de países como Grecia, Portugal y España, que estaban muy endeudados (como consecuencia también de que las rentas del trabajo han disminuido también en estos países). La banca alemana fue la que prestó más dinero a la banca española en su inversión en el complejo banca-sector inmobiliario-industria de la construcción que creó la burbuja inmobiliaria en nuestro país. También compró gran cantidad de deuda pública con intereses muy elevados (que iban de un 3,5% en España a un 9% en Grecia). Los estados de los países mediterráneos, en lugar de aumentar los impuestos de los ricos y corregir el enorme fraude fiscal para pagar sus gastos públicos y sociales, pidieron prestado dinero a la banca alemana, la mayor propietaria de bonos públicos hoy en la UE.
Ahora bien, cuando las burbujas explotaron, todo el entramado quedó al descubierto. De pronto, la clase empresarial alemana se encontró con un problema grave, pues los otros países de la UE, incluyendo los periféricos, que les compraban sus productos, no podían seguir comprándolos, consecuencia del gran descenso de la capacidad adquisitiva de sus clases populares. Y, por otra parte, los bancos alemanes poseían enormes cantidades de deuda –tanto pública como privada–, que los países deudores periféricos no podrían pagar. La banca alemana tenía –y tiene–, pues, un gran problema, compartido con la banca de Francia y otros países del centro de la UE.
¿Cuál es la solución que han impuesto? Una enorme austeridad de gasto público para permitir a los estados periféricos pagarle a la banca alemana y a la de otros países centrales. Para ello, la UE y el Fondo Monetario Internacional han prestado dinero en condiciones leoninas a los estados periféricos para que estos puedan pagarles lo que deben a aquellos bancos.
Estas políticas de austeridad crearán una enorme recesión en los países periféricos. Ahora bien, para que estas políticas sean exitosas tienen que presentarse como necesarias, a consecuencia del despilfarro causado por las clases populares de la periferia (haciendo referencia a su supuestamente excesiva protección social) y enfrentando a la clase trabajadora alemana con las clases populares de la periferia, tal como hacen diariamente los mayores medios de información próximos al establishment financiero alemán.
Las clases populares alemanas, sin embargo, tienen mucho más en común con las clases populares de los países periféricos que con las clases financieras e industriales alemanas.
Hoy los mayores problemas en la UE no son ni los déficits ni las deudas públicas de sus estados, sino el escaso crecimiento económico y el elevado desempleo. Frente a ello, lo que se necesita no es destinar los fondos, de casi un billón de euros, a ayudar a los bancos, sino hacer una enorme inversión pública, política que el establishment neoliberal europeo (liderado por el alemán) no hará, pues está aprovechando esta crisis para realizar lo que ha deseado siempre: el desmantelamiento de la Europa social y el descenso de las rentas del trabajo. Es la lucha de clases a nivel continental.
martes, 8 de junio de 2010
Los grandes grupos empresariales y financieros durante la dictadura
URALITA S.A. Bophal made in Spain
Vicenç Navarro
diario digital EL PLURAL
7 de junio de 2010
Este artículo muestra un ejemplo de la complicidad que la dictadura (y los medios de información conservadores) tuvo con las grandes empresas industriales y financieras que consiguieron grandes beneficios a costa de la salud y calidad de vida de sus trabajadores. La democracia permitió corregir algo estos abusos pero la complicidad del estado continúa existiendo, lo cual debería denunciarse en los mayores medios de información, lo cual raramente se hace.
La juventud no conoce lo que fue la dictadura y hay que explicárselo. Un aspecto de la dictadura que ha estado poco estudiado ha sido la relación privilegiada que el mundo de las grandes empresas financieras (la Banca) e industriales tuvo con el estado dictatorial. La evidencia acumulada señala claramente que tal estado favoreció sistemáticamente a tales grupos económicos, promoviendo y defendiendo sus intereses a costa de los intereses de los trabajadores.
Un ejemplo, entre miles, es el caso Uralita (propiedad de la familia March, la banca más importante de España en los años treinta, que financió el golpe militar fascista del 1936). Uralita fue durante muchos años el mayor productor de productos de amianto en España. El amianto es enormemente tóxico y mata a un porcentaje elevado de los obreros que lo trabajan, consumiendo su tejido pulmonar, que queda inmovilizado por las fibras del amianto, situación que es conocida en la literatura científica desde 1930. En Cataluña Uralita tiene su base en Cerdanyola del Vallés. Durante todos los años de la dictadura, Uralita negó que hubiera ningún trabajador en su fábrica enfermo como consecuencia de trabajar con el amianto. Y las autoridades franquistas, dirigidas entonces por el jefe-delegado del gobierno en Cataluña, el recientemente fallecido Sr. Antonio Samaranch, aceptaron tales declaraciones dando por ciertas tales afirmaciones. La Vanguardia (llamada entonces La Vanguardia Española), de la familia Godó, que colaboró activamente con la dictadura, nunca escribió, informó, y, todavía menos, denunció lo que estaba ocurriendo en aquella fábrica.
Los sindicatos clandestinos (Comisiones Obreras) pidieron ayuda a los médicos que trabajaban en el Hospital Clínico, uno de los centros sanitarios más importantes de Cataluña. Dos médicos de tal institución (jugándose su cargo) decidieron mirar si había sustancia o no en las quejas de los trabajadores. Y las había. Encontraron nada menos que 300 casos. Sus nombres eran Doctores César Picado y Roberto Rodríguez Roisin. En realidad, nada menos que el 25% de los trabajadores padecía alguna enfermedad relacionada con el amianto. Una persona clave, que ayudó a los trabajadores de Uralita a encontrar médicos que les ayudaran, fue el Dr. Josep Tarrés, que trabajaba en la atención primaria de Cerdanyola, donde se comenzaron a detectar los primeros casos de patologías respiratorias entre trabajadores de tal fábrica.
La resistencia de la empresa Uralita a reconocer estos casos fue radical. Tenía toda una batería de médicos de empresa que negaban lo que todos los neumólogos (expertos en el aparato respiratorio) en el mundo saben, es decir, que era imposible que se trabajara con amianto sin desarrollar asbestosis, la enfermedad pulmonar que se desarrolla como resultado de estar expuesto al amianto. Uralita negaba que hubiera casos de asbestosis en su fábrica. Es más, atemorizaban con dejar Cerdanyola si continuaban las quejas de los trabajadores, acusándoles de ser “agitadores comunistas”, acusación enormemente perjudicial para los supuestos agitadores, pues era causa de detención y tortura durante la dictadura.
Al llegar la democracia se pudo ya iniciar un estudio más extenso, dirigido por el mismo Dr. Josep Tarrés, detectándose casi mil enfermos de asbestosis. Lo que es sorprendente es que, a pesar de esta evidencia, no se prohibió la producción y utilización del amianto durante el periodo del gobierno conservador, CIU, y no fue hasta mucho más tarde, en 2002, que se prohibió.
El problema, sin embargo, es incluso más amplio que el de los trabajadores del amianto, por muy grave que éste sea, pues el amianto se desplazó a los barrios obreros cerca de la fábrica donde se trabaja con amianto, trasmitiendo sus fibras por el aire. Según estudios recientes, el 30% de los casos de asbestosis no son trabajadores del amianto, y al no haberse adquirido en su puesto de trabajo, no se les considera enfermos de patología laboral, aún cuando, frecuentemente, el que trasladó el amianto con su ropa haya sido un trabajador del amianto.
Una última observación. Nunca, ningún empresario de Uralita ha ido a la cárcel, y el Sr. Samaranch fue honrado recientemente con el honor máximo que se puede dar a una persona en Cataluña. Mientras, los trabajadores todavía están intentando que los tribunales fuercen a Uralita a pagar indemnizaciones a los afectados por asbestosis, y sólo hace unos días consiguieron algunas de ellas, en cantidades que eran claramente insuficientes. Varias conclusiones se derivan de este hecho. Una es que la dictadura era una dictadura de una clase (la clase de las grandes empresas financieras e industriales) en contra de otra clase, la clase trabajadora. Otra conclusión es que los enormes beneficios de la primera clase se consiguieron a costa de los intereses (salud y calidad de vida) de los segundos. La tercera conclusión es que los grandes medios de información de la derecha colaboraron con la dictadura, silenciando esta enorme explotación de clase, sacando pingües beneficios de tal colaboración. Y la cuarta conclusión es que tales grandes grupos empresariales y las derechas políticas continúan teniendo una gran influencia sobre los medios y sobre el estado, cuestionando la mal llamada transición “modélica” de la dictadura a la democracia, pues treinta y dos años después de que ocurriera la transición, todavía se celebra y homenajea a los responsables de aquella situación, y no se honra a los que lucharon para cambiarla.
sábado, 5 de junio de 2010
No son los mercados, sino los bancos, los que dominan la UE
Vicenç Navarro
revista digital SISTEMA
4 de junio de 2010
Este artículo documenta el enorme poder e influencia que la banca de los países del centro de la UE tienen sobre el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, causa de que se estén desarrollando las políticas neoliberales que están dañando el bienestar de las clases populares de los países (tanto centrales como periféricos) de la UE y que retrasan la recuperación económica. El artículo muestra también el daño que el FMI ha impuesto a los países de América Latina y del Este de Europa, con resultados económicos muy negativos.
En una entrevista reciente para La Vanguardia (09.05.10), el ex Presidente Felipe González, que ha estado dirigiendo un grupo de reflexión nombrado por el Consejo Europeo para reflexionar sobre el futuro de Europa, hizo una observación de carácter personal que apenas tuvo impacto en los medios y que describe muy claramente el mayor problema que tiene Europa. Es una lástima que esta observación no apareciera en el informe de tal grupo de reflexión. Decía el ex Presidente Felipe González que lo que pasaba en Europa le recordaba lo que dijo en su día el Presidente Eisenhower cuando, en su discurso de despedida, el último día de su mandato, alertó a la sociedad estadounidense de las consecuencias negativas que tenía para EEUU el enorme poder del complejo industrial militar (The Military Industrial Complex). En una declaración sorprendente, al ser hecha por el que había sido un General del Ejército, el Presidente Eisenhower alertó de la excesiva influencia que tenía la industria armamentística en EEUU en configurar la política doméstica y exterior de aquel país. Pues bien, añadía el ex Presidente Felipe González, que hay que alertar a las sociedades europeas del excesivo poder que tiene en nuestro continente el complejo financiero. Hoy, tal complejo está determinando las políticas domésticas de los países de la UE.
He publicado, extensamente, (ver artículos publicados en varios forums, y colgados en mi blog www.vnavarro.org, secciones Neoliberalismo y Economía Política) refiriéndome al peligro que supone para Europa el enorme poder e influencia que tiene la banca europea (y, muy en especial, la alemana) sobre el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, y que ha determinado enormes gastos públicos por parte de los países de la UE y del FMI (más de un billón de euros) en ayudas a banqueros y accionistas, sin que ello haya repercutido en una mayor disponibilidad de crédito a la sociedad. Tales instituciones están, a la vez, exigiendo una enorme austeridad de gasto público, incluyendo gasto público social, que está significando un enorme sacrificio para las clases populares de los países de la UE y, muy en particular, de los países llamados periféricos -Grecia, Portugal, España e Irlanda-, a fin de que aquellos estados puedan pagar a la banca de los países del centro de la UE la deuda pública a unos intereses exuberantes y confiscatorios.
Como se expresa este poder de la banca
La excesiva influencia que la banca alemana ha tenido en la construcción de la Unión Europea (tanto en el establecimiento del Banco Central Europeo (BCE), como la definición del Pacto de Estabilidad (cuyo objetivo principal ha sido el de mantener estable el precio del dinero, en lugar de estimular el crecimiento económico) explica la orientación neoliberal de las instituciones de la UE.
Un indicador de tal orientación neoliberal es que tal Unión no tiene un banco central, y ello a pesar de que la institución financiera de la UE se llame Banco Central Europeo. A primera vista esta afirmación parece una provocación. Pero el análisis de sus funciones y comportamientos muestra que no es un banco central, como lo es, por ejemplo, el Federal Reserve Board, FRB (el Banco Central de EEUU) o el Banco de Inglaterra.
Un banco central tiene como misión realizar las intervenciones financieras que permitan a sus estados realizar las políticas económicas conducentes al desarrollo y bienestar de la población. Para conseguir tal objetivo, los bancos centrales son altamente intervencionistas, impidiendo o dificultando, por ejemplo, las actividades especulativas de agentes financieros nacionales o internacionales, que imposibiliten el desarrollo de las políticas económicas y fiscales estatales.
Así, cuando los especuladores financieros internacionales quisieron especular con la deuda pública de EEUU y de Gran Bretaña, sus bancos centrales intervinieron activamente, imprimiendo grandes cantidades de dinero con los cuales compraron gran cantidad de la deuda pública de sus propios estados, vendiéndola a un precio menor del que habían comprado, forzando la bajada de su precio e intereses, con lo cual los especuladores salían escaldados, pues perdían mucho dinero.
Esto es lo que hace un Banco Central. Ni que decir tiene que imprimir mucho dinero puede aumentar la inflación (el enemigo número uno de la Banca), pero en momentos de recesión, como ahora, el peligro no es éste, sino el contrario –la deflación-. Será cuando la economía se recupere que pueda aumentar la inflación, pero este aumento (siempre que pueda mantenerse en dimensiones moderadas) es incluso positivo pues ayuda al estado a poder pagar su deuda más rápidamente. Si el estado debe una cantidad fija de dinero, esta cantidad, al cabo del tiempo, disminuye su valor monetario cuando la inflación aumenta.
Esto es lo que han hecho los bancos centrales ahora y siempre (véase el reciente comportamiento del Federal Reserve Board en EEUU). No así el BCE, el cual tiene total independencia. Es decir puede hacer lo que quiera. Y lo hace según el deseo e intereses de la banca de Alemania y de otros países del centro de la UE.
El primer objetivo del BCE es ayudar a los bancos, no ayudar a los estados.
El BCE, que es el único banco en la UE que tiene el poder de definir la cantidad de moneda que se imprime, ha estado enviando este dinero como préstamos a la banca privada, a unos intereses de sólo un 1%. Con este dinero, la banca privada compró deuda pública, que ofrecía unos intereses de 3%, 4%, 6% o incluso 9%, con lo cual lograron el chanchullo del año.
Mientras, el crédito brillaba, y continúa brillando, por su ausencia.
Es más, el BCE tiene prohibido comprar deuda pública.
Últimamente, se ha saltado a la torera esta prohibición, cuando los estados estaban ya en pie de guerra en contra del BCE, rebelión liderada por el Sr. Sarkozy (la cultura política republicana francesa da más protagonismo a los estados que el que se da en la cultura neoliberal alemana).
Pero aún así tal compra de bonos de deuda pública se está haciendo con timidez y en dosis muy limitadas, nada comparables a lo que hizo el Federal Reserve Board, en EEUU
¿Por qué esta timidez? La respuesta puede parecer paranoica pero no lo es. La banca tiene un objetivo, nunca explicitado, pero que aparece constantemente entre líneas en sus escritos. En realidad, existe una robusta evidencia de que la Banca y sus agentes, que incluyen desde el BCE al Fondo Monetario Internacional (lo que se llama en la terminología anglosajona el establishment financiero), quieren utilizar esta Gran Recesión para conseguir lo que han deseado desde el principio de la UE: debilitar el estado del bienestar, diluir y reducir la dimensión social de Europa, y reducir los derechos sociales y laborales.
Si se leen los documentos internos del BCE, del FMI y del Banco de España (y yo lo he estado haciendo todos estos años) verán que desde hace ya muchos años están subrayando la necesidad de que se hagan tales cambios. Y ahora quieren aprovechar esta crisis para, en colaboración de los grandes grupos empresariales, conseguir que se hagan, ayudados por unos medios que están intentando persuadir a la población de que tales cambios son necesarios para salir de la Gran Recesión (argumentos que ya se utilizaron incluso antes de que hubiera la Gran Recesión).
Y resultado de su gran influencia en los medios, hemos visto como los cinco rotativos más importantes en España han escrito editoriales apoyando las medidas de austeridad promovidas por el FMI. Estos medios por cierto, nunca han analizado objetivamente las consecuencias de llevar a cabo tales medidas. Analicémoslas y veamos primero que es el FMI.
Las recetas desastrosas del FMI
Desde que el Presidente Reagan inició en las Américas la época neoliberal, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha sido el mayor promotor de las políticas neoliberales en el mundo, habiendo desarrollado sus políticas en mayor intensidad en Latinoamérica.
El FMI ha sido siempre propuesto por el Secretario del Tesoro del Gobierno Federal de EEUU (equivalente al Ministerio de Economía y Hacienda en España). Nunca se ha dado el caso de que la mayoría de los 184 estados miembros del FMI hayan votado en contra de las posturas adoptadas por el representante estadounidense en el Consejo de Dirección. De ahí que el FMI haya sido el mayor propagandista del “Consenso de Washington”, cuya versión europea ha sido el “Consenso de Bruselas”.
Según tal consenso, los países receptores de la “ayuda” ofrecida por el FMI tenían que reducir, e incluso eliminar, cualquier restricción a la movilidad internacional de capitales y comercio, privatizar sus servicios públicos y sus transferencias públicas (como la Seguridad Social), eliminar los déficits del estado y ofrecer plena independencia y autonomía a los bancos centrales, priorizando el control de la inflación, a costa del estímulo del crecimiento económico.
A estas políticas se añadieron medidas desincentivadoras de las políticas estatales intervencionistas en las áreas industriales de la economía, enfatizando la desregulación de los capitales financieros y de los mercados laborales. Estas políticas se expandieron por toda América Latina con resultados que el director del prestigioso Center for Economic and Policy Research de Washington D.C., Mark Weisbrott, ha definido como “desastrosas” para aquellos países.
La renta per capita en Latinoamérica, que había crecido un 82% durante el periodo 1960-1980, bajó a un mero 9% durante el periodo 1980-2000, bajando incluso más, a un 4%, en el periodo 2000-2005. Para darnos cuenta del significado de estas cifras, tenemos que darnos cuenta de que si varios países de Latinoamérica, como Argentina, México y Chile (todos ellos expuestos a las políticas liberales impuestas por el FMI), hubieran continuado creciendo como lo hicieron en la época 1960-1980, habrían alcanzado ya el nivel de desarrollo de España. Hoy están muy retrasados, con un nivel de riqueza muy inferior al español.
El fracaso de tales políticas es lo que llevó a un cambio de casi 180º a partir del 2003 y 2004, con la elección de partidos de centro izquierda y de izquierda en la gran mayoría de países de América Latina, y que se dio como rechazo a las políticas impuestas por el FMI.
El primer país que se rebeló en contra del FMI, fue Argentina, la cual se estaba hundiendo económicamente al seguir las políticas neoliberales propuestas por el FMI. En mayo de 2003, el nuevo gobierno electo, presidido por Néstor Kirchner, expulsó en la práctica al FMI de Argentina, rompiendo con el neoliberalismo impuesto por tal institución. Kirchner declaró al país en bancarrota, forzando a renegociar la deuda con los bancos y con el FMI, que tuvieron que absorber grandes pérdidas de sus fondos.
Rompió también con la paridad peso argentino-dólar (medida impuesta por el FMI) y siguió políticas expansivas de gasto público que estimularon la economía, creciendo un 9% durante los próximos tres años, lo cual le permitió ir pagando su deuda pública.
A este hecho hizo referencia la presidenta Kirchner, esposa del presidente Kirchner, cuando en una conferencia reciente en Barcelona con el mundo empresarial, indicó que la manera de salir de la recesión no era bajar el déficit y la deuda pública, sino crecer económicamente, incluso a costa de aumentar el déficit y la deuda pública.
Casos parecidos han ocurrido en Bolivia, con Evo Morales, que también terminó con el FMI y adoptó políticas radicalmente distintas a las neoliberales propuestas por el FMI. En Mayo de 2006 el Presidente Morales nacionalizó el gas y el petróleo, exigiendo a la vez al FMI y a los bancos que renegociaran la deuda, absorbiendo grandes pérdidas. Desde entonces, Bolivia ha sido uno de los países con mayor tasa de crecimiento económico en América Latina.
Antes, durante la época neoliberal, la economía permaneció estancada, de manera que en 2006 (después de haber estado bajo el dominio del FMI durante veinte años) su renta per cápita era menor que la existente 27 años antes.
Lituania, en Europa, es otro ejemplo. El FMI y la UE han impuesto unas políticas liberales de gran austeridad que han causado una reducción del 25% de su PIB, con una tasa de desempleo de 22% de la población activa. Según las propias proyecciones del FMI, Lituania no alcanzará el nivel del PIB que tuvo en el año 2006, hasta el año 2015.
Y ahora, Grecia. Las políticas impuestas por el FMI han hecho que el PIB haya disminuido un 18% en el 2009, y tendrá que esperar ocho o nueve años para recuperar el PIB que tenía en el 2008. Y algo semejante ocurrirá en España, resultado del mandato de la UE y del FMI.
Éstas y otras experiencias explican no sólo el descrédito del FMI, sino también la aparición de alternativas, como el Banco del Sur, en América Latina, en sustitución del FMI.
La evidencia muestra como el FMI ha sido utilizado por el capital financiero (la banca) para forzar una austeridad de gasto público social, con el fin de conseguir que se pague a la banca.
En la UE, la mal llamada ayuda de la UE-FMI a Grecia, ha sido, en realidad, una ayuda a la banca alemana y de los otros países del centro de la UE, prestando dinero al estado griego para que le pague su deuda externa.
Termino, pues, esta presentación acentuando que no son los mercados financieros, sino la banca la que está dominado el mundo, consecuencia de la excesiva influencia de complejo bancario, el cual está dominando la vida política y mediática de los países, conduciendo a estos países a una situación de enormes sacrificios para las clases populares, las cuales se exigen para respetar los beneficios de tal complejo. El complejo financiero es hoy, en la Unión Europea, lo que el complejo militar industrial ha sido en EEUU.
jueves, 3 de junio de 2010
Mitos sobre las pensiones
Vicenç Navarro
diario PÚBLICO
3 de junio de 2010
Este artículo critica varias posturas ampliamente promovidas en centros políticos, empresariales y mediáticos de que España se gasta demasiado en los ancianos y muy poco en los infantes, y ello como consecuencia de la “excesiva” influencia política del lobby de las personas de edad. El artículo presenta datos que muestran el error de estas posturas, documentando que el estado (central, autonómico y local) se gasta muy poco en ancianos y en infantes, y ello resultado del enorme poder de las clases y grupos dominantes que no contribuyen al estado en los niveles de sus homólogos en la UE-15.
A raíz de la congelación de las pensiones públicas por parte del Gobierno de Zapatero, ha habido un reavivamiento de argumentos sobre las pensiones por parte de voces neoliberales que, como consecuencia de las grandes cajas de resonancia de las que gozan en los mayores medios de información y persuasión del país, están calando en los establishments políticos y mediáticos. Uno de estos argumentos es que el supuesto poder electoral de los ancianos (el grupo poblacional que más participa en los procesos electorales) ha determinado un gran aumento del gasto público dedicado a los ancianos (incluyendo el gasto en pensiones y servicios públicos, como servicios de atención a las personas con dependencias), a costa del gasto público dedicado a otros grupos de edad, como niños e infantes. En este argumento, la lucha de clases ha sido sustituida por la lucha entre grupos generacionales, en la que los ancianos estarían consiguiendo grandes beneficios sociales a costa de los derechos de niños e infantes, entre otros. Como prueba de ello, tales autores se refieren a la disminución de la pobreza que, supuestamente, ha ocurrido entre los ancianos durante estos últimos años, lo que contrasta con el crecimiento de la pobreza entre los niños e infantes.
Los datos, sin embargo, no sostienen tales tesis neoliberales. Según la última información publicada por Eurostat, la Agencia de Estadística de la Unión Europea, el mayor porcentaje de pobres en la población española continúa siendo entre los ancianos (28%) mayor que entre los niños e infantes (24%). España, por cierto, es el país de la UE-15 (el grupo de países de semejante desarrollo económico al nuestro) que tiene mayor pobreza entre los ancianos (el promedio en la UE-15 es del 15%), y también entre los niños e infantes. No es, pues, que España gaste mucho en ancianos y poco en niños e infantes. En realidad, gasta muy poco (menos que en toda la UE-15) en ancianos, en niños e infantes y en todos los grupos etarios. Y ello se debe al enorme poder del capital y de las clases pudientes (30% de la población –burguesía, pequeña burguesía y clases profesionales de renta mediana-alta–), que no están contribuyendo al Estado en los mismos porcentajes que lo hacen sus homólogos en la UE-15. Las rentas del capital y las rentas superiores están entre las menos gravadas en la UE-15, causa de que los ingresos al estado estén entre los más bajos de la UE-15.
Es la excesiva influencia política y mediática de tales grupos sociales lo que explica que ancianos y niños (y todos los demás) tengan menos transferencias y servicios públicos que sus homólogos en la UE-15. El Gobierno de Zapatero, que hizo suyo aquel eslogan neoliberal de que “bajar impuestos es de izquierdas”, ha recortado gastos sociales (pensiones y servicios domiciliarios), que son a todas luces insuficientes, en lugar de subir impuestos a las clases pudientes. En realidad, el ahorro que se intenta conseguir congelando las pensiones es incluso menor que la cantidad de fondos que el Estado dejó de ingresar como consecuencia de la disminución del impuesto sobre el patrimonio que ha favorecido a las rentas superiores.
Otro mito neoliberal reproducido en los medios es que la pobreza entre los ancianos ha ido disminuyendo como resultado del incremento de las pensiones y de otras transferencias y servicios a los ancianos, consecuencia de un consenso supuestamente existente entre los partidos parlamentarios de no permitir que la capacidad adquisitiva de los ancianos disminuya. De nuevo, los datos muestran el error de tales supuestos. La reducción del gasto público social que ocurrió en España (en relación al promedio de la UE-15) durante el periodo 1993-2004 a fin de reducir el déficit del presupuesto del Estado (condición necesaria para que España se integrara en la eurozona –ver mi artículo “España social a la cola de la UE”, Público, 27-05-10–), afectó al total del gasto público social dedicado a los ancianos y a su tasa de pobreza. Según Eurostat, el nivel de pobreza entre ancianas en España pasó de ser del 15% en 1995 al 32% en 2004, y entre ancianos pasó del 16% al 27% durante el mismo periodo. Puesto que el PP fue el partido que gobernó España durante la mayoría de este periodo, carece de credibilidad ahora, cuando se presenta como el gran defensor de los ancianos y ancianas. Su historial no avala tal proclama. Esa pobreza descendió ligeramente en el periodo de Zapatero, pasando del 32% en 2004 al 30% en 2008 (último año en el que Eurostat publica tales datos) entre las ancianas, y del 27% al 25% entre los ancianos. Los recientes recortes de fondos públicos sociales revertirán estas cifras, aumentando la pobreza entre los pensionistas (y ello aún cuando se conserven los aumentos de las pensiones más bajas).
Todos estos datos muestran que la entrada entonces y la permanencia ahora de España en la eurozona se ha hecho y continúa haciéndose a costa de un gran retraso en la corrección del déficit de gasto público por habitante en todos los grupos etarios, incluyendo ancianos, entre España y la UE-15. El déficit de tal gasto en ancianos por habitante subió de 569 a 816 euros de 1995 a 2004. En realidad, el hecho de que las pensiones se corrijan según la inflación, y no sobre el crecimiento promedio de los salarios (como se hace en muchos países de la UE-15), explica que el estándar de vida de los ancianos disminuya en comparación no sólo con el resto de la sociedad, sino con el resto de la UE-15. Es más, el Estado (tanto central como autonómico y local) español es el menos redistributivo por clase social de la UE-15, con lo cual su impacto reductor de la pobreza entre los ancianos es muy limitado, pasando del 31% de todos los ancianos (antes de que incidan las instituciones públicas –impuestos y transferencias–) al 28%, comparado con Suecia (el país que históricamente ha tenido unas izquierdas más fuertes en Europa), que pasa del 26% al 11%. No es, pues, una lucha generacional, sino una lucha de clases ganada diariamente por las rentas superiores lo que explica esta situación.
La comercialización de la televisión y la radio pública catalana
Vicenç Navarro
diario digital EL DEBAT
31 de mayo de 2010
Este artículo critica la privatización parcial de TV3 y Catalunya Ràdio que elimina su capacidad crítica hacia los grandes grupos empresariales que la financian, transformándose en instrumentos de nueva dimensión, dentro de un marco conceptual que es (con notables excepciones) nacionalista y conservador neoliberal.
Han aparecido últimamente varios estudios en EEUU sobre los medios de comunicación de aquel país, que tienen gran relevancia para España (ver el número especial de Extra, sobre la televisión pública en EEUU). Algunos de estos informes se han centrado en los medios televisivos y lo que detallan sobre las diferentes cadenas, tanto privadas como públicas, en EEUU, tiene plena vigencia para las televisiones en España. Una de las observaciones que tales estudios hacen es que la financiación de las cadenas televisivas, por parte de compañías que promocionan sus productos en sus espacios, tienen gran influencia en la configuración del contenido y la orientación de la mayoría de programas que emiten, siendo su influencia mayor incluso que la que les correspondería por el tiempo comprado para anunciar sus productos. Los equipos directivos de las corporaciones televisivas, así como los diseñadores de programas, son plenamente conscientes de los intereses, no sólo particulares y específicos de cada compañía que promociona sus productos, sino también de los intereses generales que tales compañías tienen como parte de una clase empresarial que trabaja en un determinado sector. Por ejemplo, se vio claramente que había una relación entre anunciantes de productos específicos alimentarios y el tratamiento de la cadena televisiva hacia la industria agroalimentaria, excluyendo cualquier tipo de crítica de tal industria en sus canales. De ahí el escasísimo número de programas críticos con tal industria en las mayores cadenas de televisión, habiéndose producido y emitido análisis críticos hacia tal industria sólo en cadenas televisivas públicas, carentes de apoyo financiero por parte de tal industria.
Esta situación tiene enorme relevancia en el debate que se ha producido en nuestro país sobre si la televisión pública en España y en sus CCAA debieran estar financiadas, en parte, por los anuncios comerciales. La evidencia existente muestra claramente que la financiación privada inhibe la actitud crítica de la cadena hacia los grandes grupos empresariales que se anuncian en tales cadenas televisivas, como lo atestigua la falta de programas y actitudes críticas, no sólo en las televisiones privadas, sino también en la televisión pública, financiada en parte privadamente (como es la televisión pública catalana, TV3), hacia la industria agroalimentaria o sobre la industria farmacéutica o sobre la Banca (o sobre las Cajas) o sobre las compañías energéticas y de telecomunicación, por citar cinco de los sectores que tienen más anuncios en TV3. Tal televisión pública catalana tiene no sólo una “costra nacionalista”, como muy bien ha dicho Joan Ferran –dirigente del PSC-, sino también una “costra neoliberal” (ver mi artículo “Las entrevistas de Mònica Terribas y la Televisión Pública Catalana”, El Plural, 20.04.10), que se refleja constantemente en los mayores programas de tal televisión. El último de una larga lista de ejemplos es un programa donde si discutieron las medidas a tomar para salir de la crisis que –como era de esperar- se centraron en bajar los salarios, reducir el sector público y disminuir los costes del despido, con un único economista presente en el debate, promoviendo el dogma neoliberal. La actitud crítica hacia grupos de poder económico y financiero brilla por su ausencia, en contraste con la televisión pública española que, a base de financiarse públicamente, ha comenzado a emitir varios programas críticos sobre algunas vacas sagradas en España, como El Corte Inglés. Es fundamental que, para tener una televisión pública plural, ésta deje de depender de aportaciones de grandes grupos empresariales. Es sorprendente y profundamente erróneo que un gobierno de izquierdas, como lo es la Generalitat de Catalunya, y con un Parlamento en el que las izquierdas son mayoría, se favorezca la comercialización de la cadena de televisión pública.
Otra conclusión de los trabajos publicados en EEUU sobre los medios citados anteriormente, es que cada medio radiofónico o televisivo configura su propia audiencia, lo cual explica el tono partidista encaminado a movilizar su propia audiencia. Esto aparece claramente en TV3 y Catalunya Radio en la que un gran número de programas enfatizan un nacionalismo conservador y neoliberal muy acentuado, que ha creado su propia audiencia, una audiencia que no es representativa de la totalidad de la población en Cataluña que, por cierto, es la que, a través de sus impuestos, contribuye a financiar tal cadena televisiva. Esta “audiencia cautiva” explica que cuando Antoni Bassas, el director del programa “El matí de Catalunya Radio”, profundamente nacionalista conservador-neoliberal de TV3, dejó la dirección del programa, su audiencia bajó significativamente. De esta manera, las audiencias se crean y se configuran según los intereses de la radio o de la cadena televisiva. Y tal como aquellos estudios documentan, si esta radio o cadena es privada o está financiada parcialmente con fondos privados se intenta configurar una audiencia de capacidad adquisitiva superior a la media, pues es la que atrae mayor número de grandes grupos empresariales que quieren anunciar sus productos. Y esto es lo que ocurre en nuestros medios públicos o privados.
Una consecuencia de esta comercialización de la televisión pública es la dilución de la función pública, evaluándose el éxito de la televisión pública por la audiencia conseguida, más que por la utilidad social del programa televisivo. Esto ha llegado al extremo de que programas de gran valor informativo, como Millennium, o documentales especiales, como Los Espías de Franco se hagan a altas horas de la madrugada, cuando la mayoría de la población trabajadora está durmiendo, o a horas que no son de fácil acceso para la gente que trabaja. De esta manera la televisión pública va adquiriendo características de la privada, centrándose en el entretenimiento, con la diferencia de que sea en catalán. El objetivo de tal cadena pública TV3, se convierte primordialmente en promover el catalán. Un objetivo loable. Pero hay muchas maneras de hacerlo, y tal como se está haciendo, reproduce un pensamiento conservador y neoliberal nacionalista, que el gobierno y el Parlamento no se han atrevido a cambiar, pues el poder corporativista de la Televisión y Radio Catalanas es enorme y ni las izquierdas, ni la mayoría de la intelectualidad en Cataluña, se han atrevido a denunciar, lo que es, por otra parte, ampliamente conocido. Todo el mundo lo sabe, pero pocos los denuncia. Y así va nuestro país.
El determinismo demográfico, ciencia o ideologia
03-06-2010
Vicenç Navarro
Revista Temas
En cualquier área de conocimiento científico se requiere que los autores sean capaces de rebatir las tesis que cuestionan sus propias tesis. Ignorar las críticas, sin contestarlas, es perder credibilidad, pues transforman el proyecto científico en mera propaganda política, por mucho que se vista de científica.
Esta observación se aplica a gran número de tesis catastróficas del sistema de pensiones, que basan su visión de insostenibilidad del sistema de pensiones públicas en un determinismo demográfico, que ha sido cuestionado extensamente. Puesto que estos cuestionamientos son ampliamente conocidos, ignorarlos implica una violación de la integridad que se requiere en cualquier proyecto científico.
Si un investigador continuara promoviendo un tratamiento médico, a pesar de que la evidencia científica existente mostrara que este tratamiento es dañino, sería cuestionado y sus credenciales científicas se retirarían. Pues lo mismo debe aplicarse en los análisis que continúan utilizando la evolución demográfica como causa de la inviabilidad de las pensiones.
Me parece muy bien que tales tesis continúen escribiéndose y gocen de cajas de resonancia en los medios, pero para que sean tomadas en serio, deberían contestar a los argumentos de aquellos que hemos mostrado el error de los supuestos en los cuales se basan tales proyecciones de insostenibilidad. La respuesta a tales trabajos, mostrando que son erróneos, sería el paso necesario para ganar la credibilidad científica con la que se presentan, y de la que hasta ahora carecen. Ignorar tales trabajos, y continuar repitiendo las tesis catastróficas, transforma sus tesis en mera propaganda ideológica.
Para aquellos lectores interesados en el tema me permito sugerirles que lean artículos que cuestionan los supuestos de las tesis del determinismo demográfico, concretamente la necesidad de:
1. No confundir esperanza de vida promedio en un país con la longevidad de sus ciudadanos, confusión que constantemente se hace por parte de los deterministas demográficos. El hecho de que la esperanza de vida haya crecido sustancialmente en España se debe primordialmente al descenso de la mortalidad infantil, más que al crecimiento de años de vida de los ancianos, el cual ha sido mucho menor que el incremento de la esperanza de vida promedio del país (ver Navarro, V., Torres, J. y Garzón, A. ¿Están en peligro las pensiones públicas? Las preguntas que todos nos hacemos. Las respuestas que siempre nos ocultan. Publicado por ATTAC, Marzo 2010).
2. La longevidad de las personas en España varía según su clase social. España es uno de los países con mayores desigualdades sociales en la OCDE (el club de países más ricos del mundo). Un burgués vive diez años más que un trabajador no cualificado con más de cinco años en el paro. Existe un gradiente de mortalidad según la clase social. De ahí que retrasar obligatoriamente la edad de jubilación es profundamente injusto, pues implica que los trabajadores no cualificados estarán trabajando dos años más para pagar las pensiones de personas más pudientes que les sobrevivirán muchos años. Es injusto, por ejemplo, que la mujer de la limpieza de la Universidad tenga que trabajar dos años más para pagar mi pensión, cuando yo, Catedrático de Universidad le sobreviviré ocho años más (ver Navarro, V. Las Pensiones son viables, Julio-Agosto 2009, en www.vnavarro.org).
3. Los autores que proponen retrasar la jubilación dos años más pertenecen todos ellos a una clase social que en su mayoría disfruta en su trabajo. Ésta no es la situación de la mayoría de la clase trabajadora en este país.
4. El punto clave para determinar la viabilidad del sistema de pensiones no es –como erróneamente se asume- el número de trabajadores cotizantes por pensionistas. Esta cifra no es la cifra determinante de la viabilidad del sistema. En aquellos sistemas de pensiones basados en aportaciones procedentes del mercado de trabajo, el punto clave es la cantidad de aportaciones al sistema de Seguridad Social, que depende más de la productividad que del número de trabajadores, así como del contexto político. Supóngase el lector que hace cuarenta años (cuando para producir todo el alimento que España consumía se necesitaba el 30% de la población activa) hubiera habido voces alarmistas señalando que en cuarenta años, no habría suficientes personas trabajando en el campo para alimentar a toda la población española, pues la gente estaba desplazándose a las ciudades. Pues bien, hoy el 4% de la población activa produce lo que hace cuarenta años producían el 30% y hay, además, un excedente en la producción de alimentos. Aplíquese este símil y sustituyan alimento por pensiones. El incremento de la productividad hará que en cuarenta años, el PIB haya crecido enormemente (será más del doble del actual), con lo cual habrá más recursos para pensionistas y no pensionistas que ahora, aunque el porcentaje del PIB en pensiones públicas pase del 8% al 15% (ver mi artículo “La Seguridad Social en España es viable. Réplica a David Taguas” 24.02.10, en www.vnavarro.org). En realidad, hace cuarenta años, España se gastaba en pensiones sólo un 4%. Hoy se gasta más del doble, el 8%, y los no pensionistas tienen más recursos ahora que antes.
5. No hay nada escrito en la Biblia, incluyendo las Biblias económicas, que indique que las pensiones tienen que basarse en aportaciones del mercado de trabajo. En muchos países, como Dinamarca, proceden de los fondos generales del Estado. Y es muy dudoso que un programa tan popular como las pensiones no pueda encontrar fondos para sostenerse.
No hay duda de que el sistema de pensiones debiera reformarse, dificultando las excesivas prejubilaciones (que benefician al empresario, dañando al trabajador), facilitando la integración de la mujer en el mercado de trabajo, permitiendo voluntariamente el retraso de la edad de jubilación y otras medidas. Pero, concluir a partir de la necesidad de estas reformas que el sistema es inviable, debido a la transición demográfica, es insostenible en bases científicas. Creo que los catastrofistas no pueden continuar proyectando catástrofes sin, al menos, contestar a aquellos que cuestionan los supuestos en los que se basan sus tesis.
Vicenç Navarro. Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y Profesor de Políticas Públicas de The Johns Hopkins University.
Fuente: publicado en el número de junio de 2010 de la revista TEMAS
viernes, 28 de mayo de 2010
El problema de la eurozona no está en la periferia sino en el centro
revista digital SISTEMA
28 de mayo de 2010
Este artículo señala que la llamada crisis del euro no radica en el inexistente despilfarro de gasto público y supuesta escasa disciplina fiscal de los países periféricos –Grecia, Portugal, España e Irlanda- sino en la escasa demanda doméstica de los países del centro (y muy en particular de Alemania) consecuencia de la gran reducción de las rentas del trabajo en aquellos países, y exuberante explosión de las rentas del capital que se dedicaron primordialmente a comprar deuda pública de los países periféricos (enormemente endeudados) y a prestar dinero a los bancos de estos últimos países, facilitando la aparición de burbujas especulativas. La gran recesión no se resolverá a base de austeridad en los países periféricos sino mediante un aumento de la demanda (resultado de la recuperación de las rentas del trabajo) de los países centrales y periféricos.
Estamos viendo estos días una enorme avalancha por parte del establishment europeo (Consejo Europeo, Comisión Europea y Banco Central Europeo), acentuando la necesidad y urgencia de que los países periféricos –Grecia, Portugal, España, e Irlanda- sigan políticas de gran austeridad de gasto público (incluyendo gasto público social, disminuyendo así su protección social) moderando a su vez sus salarios (a través de una gran desregulación de sus mercados de trabajo, que en la práctica significa posibilitar una gran reducción salarial). Todas estas medidas se presentan necesarias para ayudarles a salir de la Gran Recesión y evitar también el contagio a otros países de la UE y, por ende, cuestionar la propia existencia de la unidad monetaria y del euro.
El mensaje que se transmite en esta avalancha es que los países periféricos, debido a su indisciplina por un lado, y excesiva exhuberancia del gasto público, por el otro, han creado un enorme problema de exceso de deuda (tanto pública como privada), que dificulta la salida de la recesión, no sólo de ellos, sino de toda la eurozona y de la UE, amenazando la propia viabilidad del euro.
Esta interpretación, sin embargo, es profundamente errónea, pues el mayor problema que tiene la eurozona y la UE no está en la periferia sino en el centro, es decir, en Alemania. La pieza clave y problemática de la Eurozona es Alemania, no Grecia, ni Portugal, ni España, ni Irlanda. Veamos los datos.
Alemania ha estado en una situación estancada desde hace ya quince años. En realidad, su crecimiento económico anual ha sido (durante el periodo 1990-2009) mucho menor que el crecimiento de los países periféricos. Y en los últimos años (2007-2009) el descenso del PIB alemán ha sido mucho más acentuado que en los países periféricos (excepto Irlanda).
En 2009, la tasa de descenso del PIB fue un -4,3% (uno de los más acentuados en la UE-15).
El desempleo desde el 2004 al 2007 fue mayor que el de los países periféricos, aún cuando España y Portugal le sobrepasaron a partir de 2008, siendo, a partir de aquel año, el desempleo ligeramente superior en Portugal y Grecia y muy superior en España.
La tasa de inversión de capitales (“Gross Fixed Capital Formation as % of GDP”) fue en Alemania, durante el periodo 1995-2008, más baja que en los países periféricos (siendo España, el que durante estos últimos años tuvo mayores inversiones).
Y un indicador de gran importancia, pues explica en gran manera el escaso crecimiento económico de Alemania, es que la demanda causada por el consumo doméstico (“household consumption”) en Alemania fue más baja que la de los países periféricos.
Esta baja demanda ha sido constante desde 1995 y se debe al estancamiento de los salarios y de los costes laborales. Sólo España ha tenido un menor crecimiento, lo cual no puede atribuirse, en el caso alemán, a un estancamiento de su productividad.
En Alemania, la productividad ha crecido, aún cuando el crecimiento ha sido menor que en la mayoría de los países periféricos (excepto España). Resultado de que la productividad ha crecido más rápidamente que los salarios (lo cual ha ocurrido también en España) vemos que el porcentaje de las rentas del trabajo como porcentaje de las rentas totales ha ido descendiendo, siendo Alemania –junto con España- el país donde tal descenso ha sido más acentuado durante el periodo 1995-2008.
Las rentas del capital, sin embargo, han crecido astronómicamente en Alemania (lo cual también ha ocurrido en España). Ello se traduce en que la capacidad de ahorro también ha aumentado considerablemente. Pero este ahorro procede del capital exportador y de las rentas superiores.
Puesto que la demanda interna no ha sido el motor del crecimiento económico, tal crecimiento se ha basado durante el periodo 1995-2008 en las exportaciones.
Alemania es uno de los países más exportadores del mundo (junto con EEUU y China). Ahora bien, es importante aclarar que la competitividad del capital exportador no se debe a una mayor inversión, sino a un crecimiento salarial muy reducido. Ahí está la clave de la economía de las exportaciones alemanas.
Ahora bien, para que Alemania exporte se requiere que otros países importen. Y la mayoría de los países que compran los productos alemanes son de la UE. Dos terceras partes de las exportaciones se dirigen a los países de la UE, incluyendo los países periféricos, que naturalmente pagan en euros. Una consecuencia de ello es que Alemania tiene millones de euros a su favor en la balanza comercial y en su balanza de pagos. ¿Y qué ha hecho Alemania con este dinero?
Una opción, que era la que Oscar Lafontaine, entonces Ministro de Economía del gobierno Schröder deseaba realizar, era distribuir este dinero en Alemania entre los trabajadores y aumentar el gasto público social. Ello hubiera aumentado la demanda interna, estimulando la economía de Alemania y la de otros países de la UE, incluyendo los países periféricos, pues las clases populares alemanas habrían incrementado el consumo de productos más baratos, procedentes de los países periféricos europeos, disminuyendo a la vez la excesiva importancia de las exportaciones sobre la economía alemana y su excesiva balanza de pagos positiva. No era bueno, ni para Alemania ni para la UE, que hubieran unas diferencias tan marcadas en la balanza comercial y de pagos de los países de la Unión.
El gobierno Schröder, sin embargo, no aceptó esta alternativa (causa de que Lafontaine abandonara el gobierno y el partido social demócrata). En su lugar, y en respuesta a la enorme influencia de la banca alemana, del Banco Central Alemán (Bundesbank) y del mundo empresarial exportador, decidió gastarse la enorme plusvalía del euro en:
1) comprar deuda externa de los países periféricos a intereses muy favorables
2) prestar dinero a la banca de los países periféricos, que se endeudaron hasta la médula –realizando actividades claramente especulativas, como las inmobiliarias en España, contribuyendo a la creación de las burbujas inmobiliarias- y
3) invirtiendo directamente en actividades especulativas, la mayoría también inmobiliarias, destrozando, por cierto, partes de la costa mediterránea con planes de viviendas de carácter especulativo.
En realidad, esta exportación de dinero (euros) se acentuó con la compra de deuda pública de los países periféricos, pues se consideró tal compra como una gran ganancia, creando una cierta burbuja de deuda pública (y también privada).
A los gobiernos de los países periféricos les era más fácil pedir prestado dinero a los bancos alemanes (y franceses) que aumentar los impuestos de las rentas superiores, muchas de ellas escasamente gravadas, contribuyendo en gran manera al fraude fiscal.
La elevada regresividad fiscal y el fraude fiscal eran las características de las políticas fiscales de los países periféricos.
Esta exportación de dinero alemán, prestado o invertido en el extranjero, llegó a representar más del 25% del capital bancario alemán, lo cual ya es una cifra más que respetable. La dependencia de la banca alemana de estos fondos era muy grande. Y ahí radica parte del problema. No es bueno para la UE, ni tampoco para Alemania, que haya unas desigualdades de renta tan acentuadas dentro de Alemania y dentro de la UE. No es bueno que las clases populares alemanas tengan tan poca capacidad de demanda (que estimule la economía) y no es bueno que Alemania tenga tanto dinero para exportar y que los países periféricos tengan tan poco para importar, endeudándose tanto.
Se crean así enormes dependencias que debilitan a todo el sistema europeo.
En este momento, la banca alemana, la francesa y la de otros países del centro de la Eurozona, han prestado 1,4 trillones de euros a los países periféricos (una cantidad imposible de pagar por parte de los países periféricos). Y ahí está el problema.
La banca alemana y sus aliados en el establishment europeo, incluidos el BCE y el FMI, han puesto como objetivo central de la recuperación económica el forzar a los países periféricos a que paguen sus deudas, tanto públicas como privadas, a sus bancos. Y el objetivo fundamental de la mal llamada ayuda a los países periféricos por parte de la UE y del FMI es, en realidad, ayuda a los bancos alemanes (franceses y de otros países del centro de la Eurozona), prestándoles dinero a los estados periféricos para que paguen su deuda.
Esta situación podría haberse prevenido si se hubiera seguido otra vía, tal como apuntó Lafontaine en su día. Y tal como pidieron las izquierdas en España en 1993.
Recordemos que en 1993, las izquierdas fueron marginadas, tanto dentro del gobierno PSOE como fuera de él.
La reducción del déficit del Estado (necesario según el Pacto de Estabilidad) se hizo a base de reducir el gasto público y de aumentar el endeudamiento privado, en lugar de aumentar los impuestos, realizando la muy necesaria y siempre pospuesta reforma fiscal progresista, tal como habían pedido las izquierdas.
Es más, en lugar de redefinir el Pacto de Estabilidad, estimulando más el componente de crecimiento, se siguieron políticas monetarias de escaso impacto estimulante. El crecimiento económico en España pasó a estar centrado en el endeudamiento privado y de carácter especulativo. Y así estamos.
España social a la cola de la UE
diario PÚBLICO
27 de mayo de 2010
Este artículo analiza las causas del subdesarrollo social de España que se basan en la herencia de cuarenta años de una dictadura caracterizada por su escasa sensibilidad social y por la manera como se hizo la integración de España a la eurozona. La exigida reducción del déficit público, mandada por el tratado de Maastrich, se hizo a costa de reducir en términos absolutos (en el periodo 1993-1995) y en términos relativos (en el periodo 1996-2004) el gasto público social, con el consiguiente aumento del déficit de tal tipo de gasto por persona en España relativo al promedio de los países de la UE-15. Tal déficit se redujo durante el periodo 2004-2007 para aumentar de nuevo con los recortes de gasto público social, colocando a España, de nuevo, a la cola de la Europa Social.
Mírese como se mire, España está a la cola de la Europa social. Es decir, nuestro Estado del bienestar (que incluye desde las pensiones hasta los servicios públicos, tales como sanidad, educación, servicios sociales, escuelas de infancia, servicios domiciliarios para las personas con dependencias, vivienda pública y otros) es el que, junto con Grecia y Portugal, está menos financiado entre los países de la Unión Europea de los Quince (UE-15), el grupo de países con un nivel de desarrollo económico más próximo al nuestro.
Si miramos el gasto público social, vemos que tal gasto representa sólo un 21% del PIB, el más bajo (incluso más bajo que Grecia y Portugal) de la UE-15, cuyo promedio es del 27%. Si analizamos el gasto público social por habitante nos encontramos con la misma situación. España es, junto con Grecia y Portugal, el país que tiene un gasto más bajo de la UE-15. Y si nos fijamos en el porcentaje de la población adulta que trabaja en los servicios públicos del Estado del bienestar, el resultado es el mismo. España, con sólo un 9,5%, es el país con un empleo público más bajo de entre los países de la UE-15, cuyo promedio es del 15%. No es cierta la aseveración promovida por autores liberales (que tienen enormes cajas de resonancia en los medios de información y persuasión españoles) de que hay demasiados empleados públicos. Es precisamente al revés: nuestro país, junto con Portugal, es el país que tiene el sector público –incluido el empleo público en el Estado del bienestar– más bajo de la UE-15.
Tales datos muestran la gran falsedad del mensaje que están transmitiendo las derechas (y algunas voces confusas de las izquierdas): que España está viviendo por encima de sus posibilidades y que hay que ajustarse el cinturón. En realidad, España se gasta mucho menos en su Estado del bienestar de lo que le corresponde por su nivel de riqueza. El PIB per cápita de España es ya el 94% del promedio de la UE-15 y, en cambio, el gasto público social por habitante es sólo un 74% del promedio de la UE-15. Lo que esto quiere decir es que España se gasta 66.000 millones de euros menos de lo que le corresponde por el nivel de riqueza que tiene. No es, pues, que no haya recursos en el país. Los hay. Lo que ocurre es que el Estado (tanto a nivel central como autonómico y municipal) no los recoge.
¿Por qué estamos a la cola de la Europa social? Una de las causas es el enorme dominio que las derechas han tenido sobre la vida política de España y que se tradujo en una dictadura de 40 años que careció de sensibilidad social. Cuando el dictador murió en 1975, España tenía (junto con Grecia y Portugal, que tuvieron regímenes totalitarios semejantes) el gasto público social como porcentaje del PIB más bajo de la UE-15 (14%, comparado con el 22% de promedio de los países que más tarde constituyeron la UE-15).
Ahora bien, 32 años después de haber terminado la dictadura, no puede considerarse que esta haya sido la única causa de que España esté a la cola de la Europa social. Para explicar este retraso tenemos que entender cómo se realizó la integración de España a la UE y al euro. En realidad, el enorme déficit de gasto público social se fue reduciendo de una manera muy significativa durante el periodo 1978-1993, de manera que, al terminar este periodo, la diferencia de gasto público social entre España y el promedio de la UE-15 se había reducido a la mitad. Tal reducción tomó lugar predominantemente en los últimos años de la década de los años ochenta y principios de los noventa (consecuencia, en gran parte, de la presión popular, y muy en especial de las huelgas generales, que forzaron un notable incremento del gasto público social).
En 1993, el PSOE perdió la mayoría parlamentaria y se alió con la derecha catalana (CiU), tomando decisiones encaminadas a integrar a España en la eurozona. Entre ellas estaba la necesidad de reducir el déficit público del Estado (siguiendo el mandato de Maastricht) para alcanzar la mágica cifra de 3% del PIB. Tal reducción del déficit se hizo a base de la mayor reducción del gasto público (incluyendo el social) conocida en cualquier país de la UE. El gasto público social por habitante bajó del 3.039 euros estandarizados en 1993 a 2.904 en 1995, lo que afectó de una manera muy notable a las transferencias y servicios públicos del Estado del bienestar, una de las causas de la derrota del PSOE en las elecciones de 1996.
Tales políticas de austeridad continuaron durante el periodo 1995-2004, con lo cual la diferencia del gasto público social por habitante entre España y la UE-15 se disparó, pasando de 1.812 euros estandarizados a 2.242. Lo que esto quiere decir es que España iba gastando mucho menos en su Estado del bienestar que el promedio de la UE-15, y ello debido a que los ingresos al Estado, que entre 1978 y 1993 se habían destinado a reducir el déficit de gasto público social que tenía España en relación con la UE-15, fueron, a partir de 1993, a cubrir el déficit del presupuesto del Estado. De esa manera, cuando en 2003 el Gobierno de Aznar mostró, lleno de orgullo, que España estaba ya alcanzando el equilibro de las cuentas del Estado, más de un dirigente europeo le recordó que lo había conseguido a base de empobrecer el sufrido y escasamente desarrollado Estado del bienestar español. En realidad, el euro se construyó a base de empobrecer a la España social, siendo las clases populares –las que utilizan más el Estado del bienestar– las que pagaron el coste de que España se integrara en la eurozona.
A partir de 2004, la diferencia del gasto público social por habitante respecto a la UE-15 bajó como consecuencia de la mayor sensibilidad social del Gobierno socialista, presionado por los partidos a su izquierda. Pasó, entre 2004 y 2007 (último año que Eurostat publica datos comparables a nivel de la UE), de 2.242 euros estandarizados a 1.938, cifra todavía más elevada de déficit que el existente en 1993 (1.789). Y la situación empeorará más con los recortes sociales que están ocurriendo ahora, con lo que España continuará a la cola de la Europa social.
miércoles, 26 de mayo de 2010
¿Es el PP franquista?
diario digital EL PLURAL
24 de mayo de 2010
Este artículo critica la incoherencia del Partido Popular que, por una parte, niega cualquier identificación con el franquismo pero por otra parte se opone al enjuiciamiento de los asesinatos cometidos por aquella dictadura. El artículo señala que lejos de ser un partido homologable a las derechas conservadoras y liberales europeas (cuyos medios han denunciado al Tribunal Supremo español por haber inhibido la investigación de los crímenes cometidos por la dictadura, realizada por el Juez Garzón), el PP es un partido más próximo a la ultraderecha europea que a la derecha democrática de nuestro continente. El artículo analiza las consecuencias de este hecho para la democracia española.
A primera vista tal pregunta parecería una provocación, pues el Partido Popular es un partido que se define como demócrata, participando en la vida política según las reglas del juego electoral definido en el Parlamento español, las Cortes, que según la narrativa oficial es la máxima expresión de la voluntad popular. Añádase a ello el hecho de que tal partido condenó, en las Cortes Españolas (el día 17 de Noviembre del año 2002), junto con los demás partidos, el golpe militar del 18 de Julio de 1936 en una resolución en la que se reconocía a quienes padecieron la represión de la dictadura. Parecería, pues, que el PP no se considera heredero del franquismo, al cual ha condenado, siendo un partido demócrata como cualquier otro. Hasta aquí el entendimiento reproducido por la sabiduría convencional del país.
Sin embargo, hay múltiples indicadores de que hay una distancia entre la narrativa oficial y la realidad que tal narrativa intenta describir, comenzando ya por su oposición a referirse al franquismo de una manera explícita en aquella resolución condenatoria, limitándose a la utilización de un rechazo genérico a todos los “intentos de utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regimenes totalitarios narrativa que tuvo que excluir referencias al golpe militar de 1936 para que el PP aprobara tal resolución. Implícita en aquella resolución existía, también, el supuesto de que en España habría podido aparecer una dictadura de opuesta ideología, supuesto erróneo que no quedaba avalado por ninguna evidencia. El PP, pues, nunca ha condenado el golpe militar y la dictadura que estableció, llamándola por su nombre.
El segundo indicador de sus raíces en el pasado franquista es que, a pesar de su discurso de apoyo a las víctimas de aquel régimen totalitario, en la práctica tal partido se ha opuesto a que se entierren y honren a los 150.000 asesinados por el bando golpista cuyos cuerpos están enterrados sin que se conozca todavía hoy -treinta años en democracia- el lugar donde se encuentran. Es fácil de entender que las familias de los desaparecidos no podrán encontrar, enterrar y homenajear a sus seres queridos, sin un mandato del Estado. El PP lo sabe y, a pesar de ello, se opone a que sea el Estado quien instruya tal mandato. Era fácil de prever que cuando el Tribunal Supremo admitió la denuncia de la Falange (el partido fascista de los golpistas) para enjuiciar al Juez Garzón por su intento de encontrar tales cuerpos y a los responsables de aquellos asesinatos, los jueces de instancias inferiores detendrían la búsqueda de los desaparecidos, tal como ha ocurrido. El PP no puede alegar ignorancia de las consecuencias de su apoyo al enjuiciamiento de Garzón. Y no se encontró incómodo en que fuera precisamente la Falange la que llevara a los tribunales al Juez Garzón. Antes al contrario, utilizó a la Falange para hacer el trabajo sucio que ellos deseaban que se hiciera. El PP quería y quiere parar el caso Gürtel, que muestra el grado de corrupción en el que se encuentra tal partido.
Durante la dictadura, los grupos económicos y financieros, así como los grupos corporativos, como la Iglesia (que también era, por cierto, un grupo económico, pues era uno de los mayores terratenientes afectado por la Reforma Agraria llevada a cabo por la República) que realizaron el golpe militar de 1936 y controlaron la dictadura (conocida como una de las más corruptas que ha habido en Europa) utilizaron a la Falange para hacer el trabajo sucio (el de asesinar a los que sostenían el estado demócrata de aquel tiempo). Salvando las distancias (pues existía una dictadura entonces y hay una democracia –aunque muy limitada- ahora) la relación entre la derecha española y la Falange (siendo esta última la responsable de silenciar a los adversarios) continúa. El instrumento político de las derechas utiliza ahora al partido fascista para silencias a sus adversarios. La oferta de ayuda a las familias de los vencidos, llevada a cabo incluso por la Presidenta de la Comunidad de Madrid, la Sra. Esperanza Aguirre, y realizada en un tono condescendiente e insultante (de lo cual es probable que ni ella fuera consciente), es un hecho que no puede ocultar la sistemática oposición que el PP ha expresado hacia tales ayudas, como también lo demuestra que no hayan colaborado con el gobierno central en la preparación del mapa de las tumbas de los cuerpos desaparecidos, y se haya votado en contra de la enmienda a la Ley de la Memoria Histórica que instruía al estado a encontrar a los desaparecidos y homenajearles.. Ni que decir tiene que hay excepciones y ha habido autoridades de tal Partido que han ayudado a las familias a encontrar a los desaparecidos. Pero la gran mayoría no lo ha hecho.
Tal comportamiento, sin embargo, es comprensible. Esta oposición del PP a que sea el Estado el que se encargue de facilitar el enterramiento de los desaparecidos es predecible, pues desenterrar estos cuerpos y darles el honor merecido incluye inevitablemente la crítica y la denuncia de aquellos que los asesinaron y el régimen que apoyó tales asesinatos. Y ello escocería al PP. En realidad, el mejor indicador de que el PP es un partido con identificación, simpatías y raíces franquistas es que se opone sistemáticamente a que se mire el comportamiento de aquel régimen, en el que sus antecesores (no sólo biológicos sino ideológicos) son responsables de aquellos crímenes. Estos descubrimientos debilitarían la fuerza del partido, a lo cual, lógicamente, se oponen.
Cuando el PP indica que no hay que mirar al pasado y centrarnos en el presente, está diciendo que desea continuar su enorme poder intelectual-cultural-político en este país, cuya vida política está más a la derecha que el resto de la UE, como consecuencia de que la derecha española se corresponde a la ultraderecha europea. Hoy la gran mayoría de fuerzas conservadoras y liberales en Europa (sean del signo que sean), y los medios próximos a ella, han condenado sin paliativos el hecho de que el Tribunal Supremo impidiera al Juez Garzón que investigara los crímenes políticos cometidos bajo el régimen franquista, que aún permanecen impunes. No así en España. La dirección del PP, unánimemente, se ha opuesto, como también lo ha hecho el 53% de sus votantes (según la encuesta Publicoscopico). La esperanza de las fuerzas democráticas es que la minoría de votantes de tal partido, el 34% que favorece tal investigación, llegue un día a convertirse en mayoría y que cambie la dirección ultraderechista de aquel partido, convirtiéndose en la derecha democrática europea, que España se merece, pero que todavía no tiene. Esperemos que, por el bien de todos, ello ocurra.
viernes, 21 de mayo de 2010
El fracaso del nuevo laborismo y del socioliberalismo
Vicenç Navarro
revista digital SISTEMA,
21 de mayo de 2010
Este artículo critica las políticas económicas, fiscales y sociales de los gobiernos Blair y Brown que, distanciándose claramente de las políticas públicas que han caracterizado a la socialdemocracia, adoptaron políticas liberales (con algunos componentes tradicionales de la democracia cristiana) causa de su gran declive electoral (que ocurrió desde sus inicios). El artículo muestra la evidencia que cuestiona la imagen promocionada por sus apologistas (como Anthony Giddens) de que la Tercera Vía fue muy popular en la Gran Bretaña. Los datos no avalan tal diagnóstico.
Durante muchos años, el gobierno laborista británico (llamado New Labour) se convirtió en un punto de referencia muy importante entre los partidos de centro-izquierda europeos, habiendo influenciado en gran manera los cambios profundos ocurridos en el seno de la socialdemocracia europea. El hecho de que New Labour permaneciera en el gobierno durante un periodo de trece años (uno de los periodos de gobierno socialdemócrata más longevos en Europa) era motivo de admiración, atribuyéndose esta longevidad al éxito de sus políticas, que se transformaron en modelos a seguir en gran número de círculos dentro de los partidos socialdemócratas, tanto de los que gobernaban como de los que estaban en la oposición. En muchos partidos socialdemócratas que estaban en la oposición, se propuso seguir el modelo Blair para ganar las elecciones. Uno de los últimos ejemplos, entre muchos otros, fue la candidata a la Presidencia de Francia del Partido Socialista Francés en las últimas elecciones de aquel país, que explícitamente se refirió a la Tercera Vía como su punto de referencia.
En España la influencia de la Tercera Vía ha sido considerable, no sólo en sectores del PSOE y del PSC, sino también en otros partidos que consideraron atrayentes muchos elementos de la Tercera Vía. Liderada, esta influencia, por los abundantes escritos de Anthony Giddens (uno de los autores extranjeros más visibles en los medios españoles), la Tercera Vía se presentó como la necesaria alternativa a la que, en términos un tanto despectivos, se definía como “socialdemocracia tradicional” (que era la manera amable de llamarla anticuada).
Lo que es sorprendente es que esta visión de éxito político se promocionara cuando la evidencia empírica, fácilmente obtenible, mostraba precisamente lo contrario. El gran triunfo de la Tercera Vía fue en 1997, cuando New Labour ganó por primera vez las elecciones británicas. Tal Partido consiguió el 43% del voto popular (es decir, de la población que votó), que significó el 33% del total del electorado (es decir, de toda la población que podía votar), resultado –como indicaron las encuestas a pie de urna- del enorme rechazo popular hacia las políticas del partido conservador, imbuido de thatcherismo. Pero a partir de aquel año, el descenso del apoyo electoral fue espectacular. En las siguientes elecciones, en el año 2001, el Partido Laborista ganó sólo el 25% del total del electorado, y en el año 2005, descendió más, al 22%. Es sorprendente que en base a estos datos pudiera definirse tal experiencia como exitosa.
Los que llegan a este diagnóstico de “exitoso” utilizan los resultados electorales, no en base a la votación popular, sino en base al número de parlamentarios, ignorando que el sistema electoral británico no es proporcional sino profundamente sesgado y no refleja la voluntad popular. Así, en 1997, el Partido New Labour, con el 33% del total del electorado, consiguió el 64% de todos los escaños del Parlamento Británico. En el año 2001 sufrió un enorme bajón, debido en gran parte al aumento de la abstención (sobre todo entre la clase trabajadora), recibiendo sólo el voto del 25% del total del electorado, (disminuyendo también el porcentaje del voto popular, pasando a ser un 40%). A pesar de estos descensos, el número de escaños sólo bajó de 418 a 413 (de un 63% a un 62% de todos los escaños) dando una impresión errónea de mantener una elevada popularidad. En realidad, si Gran Bretaña hubiera tenido un voto proporcional, la prensa habría hablado de descalabro, que continuó en 2005, cuando el porcentaje de voto del total del electorado fue sólo de un 22%, consecuencia del incremento de la abstención (sobre todo entre la clase trabajadora), experimentando también una disminución notable del voto popular (pasando de 40% a 35%), perdiendo también escaños, pero manteniendo un 55% de todos ellos (356), permitiéndole gobernar en mayoría. El sesgo del sistema electoral estaba ocultando el gran descalabro del New Labour. En 2010, sin embargo, el voto popular bajó al 29%, perdiendo la mayoría de escaños. Tales datos muestran que el New Labour nunca fue muy popular, una falta de popularidad todavía más acentuada entre las clases populares que habían sido su base electoral más sólida durante el siglo XX. La victoria del New Labour no era tanto el “éxito” de sus políticas, sino la situación caótica en la que se encontraba el Partido Conservador (cuyas políticas habían dejado muy mal sabor de boca entre aquellas clases populares, y cuyas luchas internas sobre su postura anti Unión Europea, habían creado enormes tensiones dentro de aquel partido) y el sistema electoral que, potenciando a New Labour, discriminaba abusivamente al Partido Demócrata Liberal, que no tenía posibilidades de poder gobernar. Ni que decir tiene que los apologistas de la Tercera Vía, como Anthony Giddens, nunca citaron tales datos.
La escasa popularidad de New Labour fue consecuencia del abandono de las políticas socialdemócratas (tales como las políticas redistributivas y las políticas de carácter universal encaminadas a extender a toda la ciudadanía los limitados y poco desarrollados derechos laborales y sociales), adoptando en su lugar medidas de corte liberal (en las áreas económicas) y cristianodemócrata (en las áreas sociales). Entre las primeras resaltan la prioridad que New Labour dio al sector financiero en la economía británica. A partir del New Labour el desarrollo económico iba a basarse en un gran crecimiento del capital financiero británico. Siguiendo las políticas del Presidente Clinton (con el cual New Labour tuvo grandes semejanzas), desreguló la banca de una manera muy notable (tal como hizo Clinton al anular la Ley Glass-Steagall), permitiendo, estimulando y facilitando el crecimiento de los comportamientos especulativos de la banca, políticas favorecidas también por la independencia que otorgó al Banco de Inglaterra en el diseño de la política monetaria. El Sr. Gordon Brown, el ministro de Economía, indicó –con orgullo- en más de una ocasión que el mercado financiero en Gran Bretaña estaba entre los menos regulados del mundo desarrollado. En realidad, Londres –la City- se convirtió en el centro del banco en la sombra (the shadow banking), el componente bancario, centrado en la actividad especulativa (los hedge funds), que consideraba a la City más permisiva incluso que Wall Street, lo cual explica que se conociera a la City como “Wall Street’s Guantánamo”. Esta situación permitió la burbuja especulativa, mayor incluso que la que ocurrió en EEUU. Consecuencia de tales políticas, el capital financiero llegó a representar el 32% del PIB, casi tan alto como EEUU, el 33% (el promedio de la OCDE es el 28%). Este crecimiento se hizo a costa del sector industrial, que bajó de un 20% del PIB -cuando el New Labour inició su mandato en 1997- a un 12% actualmente, lo cual explica el deterioro de la manufactura y con ello el fin de los salarios altos y el debilitamiento de los sindicatos más fuertes y militantes –los sindicatos del sector manufacturero-, siendo el mercado de trabajo británico “uno de los mercados más desregulados existentes hoy en el mundo desarrollado” (según expresó, de nuevo, con orgullo el Primer Ministro, Sr. Toni Blair, según cita Tony Word en su análisis de las políticas económicas del Blairismo en su artículo “Good Riddance to New Labour” NLR. 62. pp 5-28. 2010).
En una situación semejante a la existente en España, el boom del capital financiero determinó una gran actividad especulativa, dentro de la cual la actividad inmobiliaria, relacionada con la construcción, lideró el crecimiento económico británico, un crecimiento anual (2,7% del PIB), sólo ligeramente superior al que tuvo lugar durante el gobierno conservador anterior. Parte de tal crecimiento, sin embargo, fue artificial, pues se basaba en una especulación que enriqueció a la banca, sin necesariamente traducirse en crecimiento de la economía real.
Otra influencia liberal se dio en la privatización de los servicios públicos. New Labour empezó comprometiéndose a no subir el gasto público en sus primeros tres años, promesa que mantuvo. No fue hasta el 2000 que se incrementó el gasto público de una manera muy marcada para parar el gran deterioro de los servicios públicos que “las políticas de austeridad” thatcherianas, llevadas a cabo por los gobiernos conservadores y continuadas por New Labour, habían estado causando. En el Servicio Nacional de Salud (N.H.S.) el crecimiento anual del gasto público sanitario fue, a partir del año 2000, de un 7%. Pero este notable incremento se gastó en realizar las reformas liberales que consistían en privatizar las inversiones en el sector sanitario. En lugar de que las instituciones nuevas, como hospitales, fueran realizadas con gasto público, se animaba a que fueran las empresas privadas las que hicieran tal inversión, pagándoles el N.H.S. parte de las hipotecas correspondientes, lo que encareció tales inversiones, con lo cual, el coste total para el sector público (hipoteca más intereses) resultaba más elevado que si se hubieran construido directamente con fondos públicos. Es un arreglo semejante a lo que ocurre en Cataluña con las autopistas de pago, con el agravante de que el pago hipotecario lo hace el Estado.
La privatización conllevó también un notable crecimiento de los costes administrativos en el sector público (que representa un 10% del gasto total). Por otra parte, la aparición de un sistema concertado basado, en parte, en las ventajas fiscales del aseguramiento privado, reprodujo un sistema semejante al ya existente en Cataluña, con una sanidad polarizada por clase social, en la que el sistema privado concertado (subsidiado con fondos públicos) atiende a las clases de rentas superiores, dedicándose los servicios públicos a las clases populares.
En el sistema educativo se inició un sistema polarizado semejante al sanitario, estableciéndose escuelas privadas (muchas de ellas religiosas) concertadas y escuelas públicas, habiendo introducido sistemas de pago en las públicas, eliminando a la vez las ayudas de tipo universal y sustituyéndolas por ayudas asistenciales para familias de bajos ingresos. Y en las universidades, el criterio de evaluar la investigación priorizó los proyectos que favorecieron los beneficios de la economía, la comercialización de nuevos productos y la creación de nuevas empresas. Todos ellos objetivos loables, pero que se transformaron en prioritarios bajo New Labour.
En todo este discurso desapareció cualquier referencia a la clase trabajadora, sustituida en el discurso por la clase media, la base social –según tal discurso- de tal Partido. De esta manera, el estado del bienestar, en lugar de estar basado en la alianza de la clase trabajadora con las clases medias, condición para que se establezca el principio de universalidad, se transformó en el instrumento asistencial (de clara tradición cristiano demócrata) de ayuda a los pobres y prevención de la exclusión social.
No es sorprendente que el mayor descenso de apoyo electoral se haya dado entre la clase trabajadora, siendo, por otra parte, un hecho muy importante que apenas ha aparecido en los medios, teniendo lugar un espectacular declive de la militancia y del número de miembros del Partido Laborista, habiéndose reducido a la mitad desde que New Labour inició su mandato. Hoy, tal Partido tiene sólo 166.000 miembros, el número más bajo entre los grandes partidos de la socialdemocracia europea. El italiano tiene 800.000, el francés 200.000, y el alemán 400.000. Tal Partido tiene difícil recuperación cuando el grupo de militancia es tan reducido. La sustitución de la militancia por una dependencia en los grupos mediáticos –como el Sr. Murdoch, el gran empresario mediático, definido como el 28º miembro del Gabinete New Labour- le hace enormemente vulnerable a estos grupos mediáticos. Su abandono, como ha ocurrido en las últimas elecciones, disminuyó notablemente la capacidad de movilización de aquel Partido.
Todos estos datos tendrían que alertar a los partidos socialistas y progresistas de los elevados costes económicos, sociales y políticos que representan el tomar como modelo el socioliberalismo representado por la Tercera Vía.
