21-07-2009
Pascual Serrano
Rebelión
Con lo de Honduras, estamos ante el segundo golpe de Estado que apoya el Partido Popular en esta década. Lo que ha sucedido en este país centroamericano es que unos militares entraron por la noche en la casa del presidente que habían elegido los hondureños, lo sacaron encañonado de la cama en pijama, lo metieron en un avión y lo expulsaron del país. Todos los gobiernos e instituciones internacionales calificaron lo sucedido de golpe de Estado. Como no podía ser de otra manera, condenaron a los responsables y no han reconocido al gobierno que quiere suplantar al legítimo presidente Manuel Zelaya. En cambio, la Fundación FAES, del Partido Popular y presidida por José María Aznar, difundía en su web un documento de su director adjunto, José Herrera, que defendía sin fisuras su apoyo al golpe de Estado.
Para FAES lo sucedido es sólo que “el ejército hondureño ponía fin de manera prematura al mandato”. Suponemos que si hubieran matado a Zelaya el eufemismo hubiera sido que ponía fin de manera prematura a su vida.
La tesis de FAES es que el presidente hondureño “decidió adscribir al país a las filas del populismo revolucionario” “con el anuncio de un giro del país al socialismo” y “desmantelar la democracia liberal”. El golpe lo justifica el Partido Popular porque al “promover una convocatoria de un referéndum sobre la reelección presidencial, Zelaya se exponía con carácter automático a ser cesado e inhabilitado por diez años, perdiendo además su condición de ciudadano de la república”. Es mentira que se trataba de un referéndum para la reelección de Zelaya, ni siquiera la reforma de la constitución. Lo que se votaba era un referéndum no vinculante para preguntar a los hondureños si les gustaría que en las próximas elecciones, en las de noviembre, se votase también la creación de una asamblea constituyente que reformase la carta magna. Es decir, algo tan lícito y democrático como preguntar si se podía preguntar por reformar la constitución, pero que para la Fundación presidida por Aznar es motivo para secuestrar a un presidente, expulsarlo del país y quitarle la ciudadanía. El apoyo sin ambages al golpe lo demuestran con el final del documento: “La salida de Zelaya ha supuesto el primer retroceso importante para los intereses de Hugo Chávez. Por primera vez, las instituciones de un país han dado la espalda a un líder populista y han salido en defensa de la democracia. La Constitución ha funcionado. Se ha evitado el vaciamiento de la democracia liberal”.
El informe del directivo de la Fundación del Partido Popular denuncia una conjura internacional para condenar el golpe y apoyar a Chávez que quiere dominar el continente: “Estados Unidos, la Unión Europea, el Sistema de la Integración Centroamericana, la Asamblea General de la ONU, la Organización de los Estados Americanos y la Secretaría General Iberoamericana se ha posicionado del lado del opuesto presidente y han jugado, de manera intencionada o no, un papel meramente subsidiario de los intereses de Hugo Chávez en Honduras” (…) “los organismos multilaterales y financieros han sido más activos secundando los intereses de Hugo Chávez en Honduras”. Leer esa paranoia iluminada en las instituciones del Partido Popular solo puede provocar escalofríos al pensar qué gente gobierna en el primer partido de la oposición.
No olvidemos que ya en el año 2002, el gobierno de Aznar formó parte de la conspiración para el golpe de Estado contra Hugo Chávez, así lo revelaron los telegramas cifrados desde el ministerio de Asuntos Exteriores a nuestra embajada en Caracas que hizo públicos Moratinos en el Congreso.
Nos toca pensar que si en el Partido Popular son capaces de tramar y justificar golpes de Estado a miles de kilómetros sólo porque el presidente no era de su simpatía hasta dónde podrían llegar aquí, en el país donde ellos quieren gobernar.
www.pascualserrano.net
martes, 21 de julio de 2009
El golpismo del Partido Popular en Honduras
viernes, 22 de mayo de 2009
PSOE y PP se alían con Israel
La Jurisdicción Universal por encima de las razones de Estado
Antonio Segura/Santiago González
Rebelión
22-05-2009
El pasado 19 de mayo, nos despertamos con la noticia de que el PSOE y el PP se aliaban para recortar la aplicación de la Justicia Universal. La verdad es que no sorprendió a nadie. El Ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos ya prometió cambiar la ley que permite la persecución de crímenes de guerra a la entonces Ministra israelí, Livni, cuando todavía no se habían apagado los fuegos de los bombardeos israelíes en Gaza.
El Ministro laborista Barak ya dijo, cuando se admitió la demanda en la Audiencia Nacional contra siete responsables israelíes por la masacre de Al Daraj (de 2002) que apelaría al ‘compañero’ Zapatero de su misma Internacional Socialista a cambiar las leyes españolas para que se cerrase esa y las demás posibles demandas que afectan a la política de estado israelí de llevar la ocupación hasta sus extremos más criminales.
Si se ha pedido que se haga justicia es porque ha fracasado la acción política. Ha habido razones de estado y la complicidad de la comunidad internacional, incluyendo a los Gobiernos españoles, para fortalecer la ocupación y la impunidad israelí. ¿Cuántos hechos consumados israelíes ha habido, hay y habrá y cuánto premio ha recibido la impunidad israelí en todos estos años?
Así como suena, cuando afectó a Israel una demanda, es cuando el Gobierno español y la mayoría de los diputados se doblegan y dicen que hay que cambiar la actual ley española para no tener que procesar a unos criminales de guerra. Y decimos criminales de guerra porque ni las autoridades israelíes, ni el Fiscal español que se opone a la investigación en la Audiencia Nacional del asunto de la masacre de Al Daraj han argumentado que no lo sean, lo que han dicho es que España no es competente, eludiendo sus responsabilidades. Y como España según las Convenciones de Ginebra, en concreto la cuarta, según el artículo 96.1 de la Constitución, según el artículo 23. 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y según la sentencia del Tribunal Constitucional 327/2003, (caso Guatemala), no puede eludir la aplicación de la Ley sobre esos criminales, y según las normas emanadas de su propio parlamento es competente, los diputados del PSOE y del PP deciden cambiar la ley para dar impunidad a estos criminales.
A estos y a todos aquellos que han cometido crímenes tan horrendos, pues no debemos olvidar que la Jurisdicción Universal es para esos crímenes y no para todos los delitos, los crímenes más graves contra la humanidad, humanidad que no olvidemos somos todos.
El asunto es de tal gravedad que si cambiamos el delito al que se le pretende dar impunidad, sería como decir que porque el Ministro de un estado x, ha sido sorprendido traficando con sustancias estupefacientes, los partidos mayoritarios se alían para cambiar la ley sobre el tráfico de drogas, o porque un presidente de una comunidad autónoma se apodera del dinero público en su beneficio, vamos a cambiar el código penal para darle impunidad.
Es evidente que ese actuar sería no solo una falta de respeto al parlamento que en su día legisló lo que ahora se intenta recortar, si no y además, y esto es lo importante, sería incluso constitutivo de delito, pues a nadie se le escapa que se esta legislando para dar impunidad a delincuentes, saltándose a la torera todas las normas nacionales e internacionales que obligan al juzgamiento. Este tipo de actuar, aunque emane de los diputados de un parlamento, está también tipificado en nuestro Código Penal, y por ello hay que recordar a las señorías el contenido de su Artículo 451 que deberían conocer, o cambiar, que a lo mejor se les ocurre:
‘Será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años el que, con conocimiento de la comisión de un delito y sin haber intervenido en el mismo como autor o cómplice, interviniere con posterioridad a su ejecución, de alguno de los modos siguientes:
1.Auxiliando a los autores o cómplices para que se beneficien del provecho, producto o precio del delito, sin ánimo de lucro propio. 2.Ocultando, alterando o inutilizando el cuerpo, los efectos o los instrumentos de un delito, para impedir su descubrimiento. 3.Ayudando a los presuntos responsables de un delito a eludir la investigación de la autoridad o de sus agentes, o a sustraerse a su busca o captura, siempre que concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1. Que el hecho encubierto sea constitutivo de traición, homicidio del Rey, de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, de la Reina consorte o del consorte de la Reina, del Regente o de algún miembro de la Regencia, o del Príncipe heredero de la Corona, genocidio, delito de lesa humanidad, delito contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, rebelión, terrorismo u homicidio. 2.Que el favorecedor haya obrado con abuso de funciones públicas. En este caso se impondrá, además de la pena de privación de libertad, la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a cuatro años si el delito encubierto fuere menos grave, y la de inhabilitación absoluta por tiempo de seis a doce años si aquél fuera grave.’
En noviembre del 2003, se aprobó una ley orgánica en la que se introdujo la circunstancia primera que habla de que el encubrimiento lo sea de un delito de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos, justo lo que ustedes están haciendo.
De aprobar esa modificación del artículo 23.4, no solo los diputados estarían dando cobijo a la impunidad encubriendo unos criminales y por tanto delinquiendo según las leyes vigentes, sino y además estarían incumpliendo las Convenciones de Ginebra, las cuales se han comprometido a respetar y hacer respetar sin olvidar las obligaciones contraídas en el ámbito de la Asamblea General Naciones Unidas que les impiden actuar tomando este tipo de medidas legislativas, en concreto las obligaciones contraídas en la Resolución 3074 (XXVIII) de la Asamblea General de 3 de diciembre de 1973, en la cual se determinaron los Principios de cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra, o de crímenes de lesa humanidad, y en concreto y para el caso en su punto 8 se dice: “ Los Estados no adoptarán disposiciones legislativas ni tomarán medidas de otra índole que puedan menoscabar las obligaciones internacionales que hayan contraído con respecto a la identificación, la detención, la extradición y el castigo de los culpables de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad “. Precisamente lo que los diputados que aprobaron la Resolución mencionada pretenden hacer.
Por ello, de aprobar semejante modificación legislativa, esos diputados se convierten en auténticos delincuentes tanto en el ámbito interno como a nivel internacional. Aunque sea por esta argumentación, ya que evidentemente no les importan los derechos humanos, al menos piensen en ustedes y recapaciten en su actuar, dejando la ley como está, ya que la misma solamente perjudica a los criminales y beneficia al resto de la humanidad.
Antonio Segura. Abogado, autor entre otros de la querella contra siete responsables israelíes por un bombardeo en Gaza, contra los autores intelectuales de Guantánamo y de la demanda de los Españoles víctimas en Mauthausem.
Santiago González, es miembro del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe.
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sábado, 4 de abril de 2009
Receta para un atentado islamista
5 de Agosto de 2008
En primer lugar, véndasele a la población española que las bombas del 11-M se montaron en una casa de Morata propiedad de un miembro de Al Qaeda (Mohamed Needl Acaid). Eso sí, a ese miembro de Al Qaeda no sólo no se le imputa en la causa (debe de ser que las bombas se montaron en su casa por casualidad), sino que ni siquiera llega a tomársele declaración durante la fase de instrucción.
Luego, preséntese a dos hermanos sirios (Mouhannad y Moutaz Almallah) como los jefes de un peligrosísimo comando islamista cuya base de operaciones era un local en la C/ Virgen del Coro donde se habrían ido adoctrinando los que luego pondrían las bombas. Eso sí, como esos sirios, según todos los indicios, trabajan para nuestros propios servicios de información, luego se les absuelve de todos los cargos una vez que han cumplido su papel.
Deténgase a un centenar de magrebíes y árabes diversos, parte de ellos delincuentes comunes, parte de ellos confidentes y los restantes simples indigentes, hasta conseguir que todo el mundo se haga un auténtico jaleo con tanto Abdelramán, Abdelkader, Abdallah y Abdelilah. Luego condenamos sólo a tres imputados, uno de ellos español, pero como ya la gente se ha perdido y ha desconectado del tema, nadie se va a enterar.
Láncense unas cuantas intoxicaciones convenientemente elegidas que completen el decorado: terroristas cantando en círculo antes de hacerse estallar, llamadas de despedida dramáticamente interrumpidas por la explosión suicida, libros coránicos dispersos acá y allá, testigos vestidos de moro Muza, confidentes que huyen al extranjero, marroquíes que discuten con la guardia civil mientras un agente les multa por transportar explosivos demasiado rápido...
Con eso, se habrá conseguido que una mitad de la población acepte sin dudar el carácter islamista del atentado. Para la mitad restante, déjense unas cuantas pistas lo más ridículas posible que parezcan apuntar a que ETA estaba detrás de los "islamistas" autores de los atentados y déjese que quienes investigan el asunto mareen un poco la perdiz con esas chorradas.
Finalmente, si a alguien se le ocurre cuestionar las pruebas en que está basada la atribución del atentado a los supuestos "islamistas", procúrese enmarañar lo más posible el tema, para que al final nadie sepa si la Kangoo tenía Titadyne contaminado, si la mochila de Vallecas apareció en Alcalá tres meses después de los hechos o si el Skoda fue desguazado 48 horas después de que el piso de Leganés estallara.
Para evitar que el guiso se corte, procúrese dedicar el personal suficiente (no en vano hemos aumentado la plantilla de La Casa en un 50%) a enredar sin descanso en el terreno de las organizaciones de víctimas y movimientos cívicos, tratando de crear el máximo posible de malestar interno, no sea que a alguien se le ocurra organizarse para empezar a hacer preguntas.
Una vez ligada la salsa, dese carpetazo al asunto y sírvase con una sentencia bizcochada.Nota: El plato debe comerse caliente, que se nos echa el tiempo encima y todavía no hemos podido aprobar los nuevos estatutos.
Tengo una pregunta para usted
1 de Abril de 2009 -Luis del Pino
