18 de diciembre de 2009
Carlos Angulo Rivas
Seis meses han transcurrido desde que una enorme mayoría de ciudadanos peruanos exigió la dimisión presidencial debido a la masacre de nativos y policías ocurrida en Bagua, circunscripción de la amazonía peruana. Meses antes la habían pedido también, en concreto, por la enorme corrupción del gobierno aprista, descubierta a través del escándalo de los petro-audios, donde el presidente estaba directamente involucrado en multimillonarios negociados (caída del gabinete ministerial de Jorge del Castillo).
Alan García, quien ordenó el atropello y la matanza con las mismas artes genocidas de su primer gobierno (Lurigancho, El Frontón, Comunidades Campesinas), salió a la TV a condenar los "excesos" en Bagua, lo hizo tal cual lobo vestido con piel de oveja. De inmediato las maniobras mediáticas capearon el temporal hasta la caída del gabinete ministerial de Yehude Simon. Frente a las dudas en el número de víctimas de la matanza y las versiones periodísticas locales, filmadas y detalladas, el gobierno impuso la verdad oficial: 10 nativos muertos y 24 policías; y además, derogó dos decretos legislativos a fin de apagar el incendio.
La representante de las Naciones Unidas para los pueblos originarios, de visita en Bagua luego de la masacre instó al gobierno a una investigación imparcial e internacional sobre los luctuosos sucesos.
El Daily Mail del Reino Unido señaló que las fuerzas del orden tomaron el control de la ciudad de Bagua tras los violentos enfrentamientos y no permitieron trabajar a la prensa independiente.
El diario inglés aseguró que más de 60 personas perdieron la vida en la sangrienta jornada de ataques armados a la población civil desde helicópteros policiales, donde sí se contabilizaron oficialmente 182 heridos de bala.
El medio recogió además las versiones locales que aseguraban que "decenas de personas habían desaparecido" bajo la presunción de haber sido arrojadas al río Marañón para desaparecer los cadáveres.
En ese entonces la evaluación de las organizaciones nativas señaló que los indígenas muertos podían superar el centenar y en una entrevista publicada en el diario La República de Lima, la presidenta interina de la "AIDESEP", Daysi Zapata, lideresa de la etnia de los Yine (Atalaya) en reemplazo de Alberto Pizango, asilado en la embajada de Nicaragua, comentó que sus hermanos nativos muertos llegarían a 300, comprobables al haber firmado con cédulas de identificación el petitorio de derogatoria de los decretos anticonstitucionales firmados por Alan García (violación del Convenio 169 de la OIT.)
En todo momento, el gobierno de Alan García se ha negado a la investigación imparcial e internacional sugerida. Y a través de la Resolución 0664-2009-AG de fecha 7 de septiembre, creó el grupo de trabajo encargado de investigar los sucesos en Bagua ocurridos el 5 de junio que, por su composición oficialista, tenía las características de ser una comisión encubridora antes que investigadora.
No podía ser de otro modo, con el típico descaro; y la prepotencia gubernamental puesta en todos sus actos las conclusiones del informe, a entregarse el domingo 20 de diciembre, alcanzan lo inaudito. El informe exonera de toda responsabilidad al gobierno aprista, a Alan García, el principal instigador de la matanza perpetrada y a sus representantes, a Yehude Simon, ex primer ministro, a Ántero Flores-Aráoz, ex ministro de Defensa; a Mercedes Cabanillas, ex ministra del Interior; y los generales de la Policía, Javier Uribe y Luis Muguruza.
El ridículo informe de la comisión encubridora de Alan García llega al colmo de la manipulación de la verdad, pues trata de responsabilizar de la matanza habida en la amazonía y de los hechos sangrientos, nada menos que a las comunidades nativas y a los miembros de los vicariatos católicos, a quienes acusa de distorsionar su misión pastoral.
Felizmente, el montaje de semejante patraña ha sido desbaratado por la negativa a firmar y el retiro de la comisión de dos de sus miembros, no gubernamentales, la religiosa María del Carmen Gómez y el representante de los nativos, coordinador general de dicho grupo de trabajo, Jesús Manases.
Así la situación, la falta de transparencia subsiste en un acontecimiento tan grave como el ocurrido en la tragedia del 5 de junio pasado en la llamada Curva del Diablo y la estación 6 de explotación petrolera, cuyas características de "limpieza étnica" no tiene parangón en el país.
Este informe incompleto y operado por las versiones falsificadas del gobierno no posee validez alguna y desde ya viene siendo denunciado por los organismos de Derechos Humanos, nacionales e internacionales, ya que ni siquiera se ha recogido la información de la Dirección de Investigaciones Administrativas Disciplinarias de la Inspectoría General de la Policía ni los testimonios de los deudos y heridos del exterminio de nativos y policías; y menos de la fiscal titular de Bagua, destituida por insinuar la responsabilidad de los jefes policiales y la ex ministra del Interior, Mercedes Cabanillas.
Tanto es así que la Iglesia Católica a través de su representante, monseñor Miguel Cabrejos, ha rechazado la afirmación de que los misioneros hayan alentado la violencia; y Carlos Nava, coordinador de la Mesa 1 del Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, a su vez, también rechaza el informe final de la Comisión Encubridora de los sucesos en Bagua, a todas luces, redactado en Palacio de Gobierno.
Monseñor Miguel Cabrejos, arzobispo de Trujillo y presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, expresó su total rechazo a las insinuaciones del informe oficialista y protegió la labor que realiza monseñor Santiago García de la Rasilla, obispo del Vicariato Apostólico de Jaén; de la misma forma amparó a los misioneros y religiosas de dicha jurisdicción frente a las infundadas acusaciones del gobierno, pues ellos actuaron sólo a manera de socorro humanitario.
La autoridad eclesiástica informó acerca de una reunión con los obispos integrantes del comité permanente de la Conferencia Episcopal Peruana, donde decidieron expresar "su respaldo absoluto y total a monseñor Santiago García de la Rasilla, obispo de Jaén, y a su jurisdicción eclesiástica."
Las acusaciones del gobierno de Alan García son muy graves porque según el arzobispo, "desde siempre la Iglesia Católica ha actuado en defensa de la paz y nuestra lucha ha sido contra la violencia y el apoyo al más necesitado y al más desposeído".
Corresponde a la Cruz Roja Internacional y a los organismos de Derechos Humanos, asumir la responsabilidad de una investigación veraz, imparcial y documentada, que incluya un censo poblacional a fin de conocer la magnitud de este nuevo genocidio organizado y acordado por Alan García Pérez, limpieza étnica inaceptable en una nación civilizada. Las cifras encubiertas, para asombro del mundo, llegarán a ser alarmantes en tanto se sitúen en su verdadera dimensión.
El desprecio a la vida humana y la desproporción en la capacidad de fuego utilizada, nos mostrarán la vesania delirante de un mandatario con probados antecedentes de genocida.
La desaparición de cadáveres con el propósito de esconder de modo cobarde la dimensión los delitos de lesa humanidad, no es cristiana ni humana. Y peor aún cuando se pretende utilizar el sacrificio de los policías enviados, no a resguardar el orden público sino a eliminar, por mandato superior, a los nativos defendiendo sus tierras ancestrales frente al atropello de usurparlas a través de una legislación ilegal potenciada directamente por una mafia gubernamental groseramente enriquecida, encabezada por Alan García.
domingo, 20 de diciembre de 2009
Etnocidio en Bagua-Perú: Fallida comisión encubridora
miércoles, 10 de junio de 2009
Alan García Pérez camina por el sendero genocida de Pizarro y Sánchez de Lozada
10 de junio de 2009
Aureliano Turpo Choquehuanca
“Durante en estos 476 años de indoblegable lucha, al trance crítico de opresión colonial respondemos, con nuestra natural fuerza de resistencia comunitaria Tawantinsuyana, con haber de pérdidas humanas bastante costosas y esta frontal lucha de siglos hasta nuestros días continua.
El omnipresente debe ser para fortalecer la unidad y que nuestras Naciones proyecten su liberación”.
Teorema Inka de Liberación – Augusto Caña Mamani “Sinshi Cahuide”.
El gobierno aprista peruano ha reconfirmado la política entreguista y pro trasnacional de Fujimori y Toledo que impulsaron la privatización y la venta de los recursos naturales no renovables como los minerales, el petróleo, el gas y los recursos renovables, mediante el Tratado del Libre Comercio (TLC), que no es otra cosa que el “artimañado” TRATADO DE LIBRE COLONIZACIÓN para la enajenación de los recursos naturales que la Madre Tierra, que ha proveído a los constructores de la civilización comunitaria de ayllus del Tawantinsuyu y sus herederos los pueblos y naciones kechuas, aymaras y amazonenses del Perú Tawantinsuyano del tercer milenio.
El inició de la política genocida y colonizadora se dio con la presencia de los invasores españoles en 1532 en Taxamarka (Cajamarca), asesinando a mansalva a miles y miles de quechuas desarmados; en este episodio de sangre el Inka Atawallpa como gobernante del Estado Confederado del Tawantinsuyu, fue tomado prisionero y meses más tarde, una vez cobrado el tesoro de rescate, con aleve criminal fue asesinado. Este afrentoso genocidio que continuó con la sañuda política racista e inquisidora del Virrey Francisco de Toledo que mandó decapitar al Inka Felipe Túpac Amaru I (1572). Política carnicera que siguieron los mal llamados virreyes que cumplieron a cabalidad los mandatos del rey Español dejándonos miles de miles de hombres, mujeres y niños asesinados, de los que la historia registra, tanto con los testimonios denunciados por el fray Bartolomé de las Casas a los que no se puede negar. También hay otros actores de la guerra de resistencia como es el caso de Juan Santos Atawallpa, José Gabriel Condorcanqui Tupak Amaru II, Pedro Willka Apaza, Túpac Katari. Desde la declaratoria de la falaz “independencia” no siendo ajena a lo acontecido en el período republicano de los españoles americanos, los criollo-mestizos que hoy ejercen la administración del Estado colonial como Alan García Pérez, presidente de los peruanos latinizados e hispanizados.
En esta etapa del tiempo y del funesto historia opresión en que vivimos; el colonizado mental de Alan García y su gabinete ministerial, acompañado por sus congresistas apristas y sus aliados vergonzantes de los partidos en el poder legislativo racista y discriminador, hoy se rasgan las vestiduras hipócritamente por la masacre cometida por las fuerzas del “desorden” colonial peruano, contra los pueblos y naciones amazónicas de Bagua Chico, el pasado 5 del presente mes de junio, comenzando por los lloriqueos de la Ministra Cabanillas y toda la prensa oligárquica limeña, que el General del Pueblo Juan Velasco Alvarado lo había nacionalizado para el pueblo, pero, los hayayeros del imperio la volvieron a privatizar. La prensa manejado por la entelequia capitalista y colonizadora ha descargado su verborrea insana y sañuda en contra de los líderes amazónicos, sobre todo, contra el hermano Alberto Pizango que se puso al frente de su pueblo para luchar contra la política entreguista del gobierno aprista que mediante los decretos supremos (1090 entre otros), entregaba (regalaba) a las trasnacionales estadounidenses, las riquezas naturales del pueblo amazónico del Perú Tawantinsuyano.
La protesta amazónica y de todo el pueblo y las naciones ancestrales del Perú Tawantinsuyano, han levantado su voz de protesta contra esta política entreguista y pro imperial del APRA en el poder colonial republicano; así este mandatario de opereta criolla, impulsó que el Congreso Nacional debata nuevamente la legalidad de éstos decretos legislativos, que contravenían la CPE y las leyes del Estado oligárquico criollo mestizo limeño, sobre todo, los derechos humanos de la tercera generación, sancionados y defendidos por la ONU, como también, el espíritu de la declaración de los derechos de los pueblos indígenas y el Convenio 169 de la OIT, que garantizan, el buen vivir de los pueblos indígenas del Perú y del mundo.
Ante la indolencia y la indiferencia del legislativo y del ejecutivo aprista por no responder positivamente a las demandas del pueblo amazónico y sus organizaciones de lucha por más de 57 días, fue de tensa calma y desconcierto ante la “mesa de diálogo”, que fue un distractivo para que el gobierno arremetiera con inspiración hitleriana y franquista contra la pacífica protesta amazónica, cuyo saldo político-social es de más de 35 muertos amazónicos y varios centenares de heridos y desaparecidos, frente a 24 policías muertos en circunstancias aun no esclarecidas pero satanizadas por la prensa oficiosa y oligárquica, que culpa al pueblo amazónico de haber cometido, bárbara masacre, contra los “defensores de la libertad”, lenguaje acuñado por el señor George W. Bush.
Las noticias son aún tergiversadas y alineadas al poder de la derecha cabernaria de los criollos mestizos de la Lima Virreinal, sin embargo, personalidades informadas de los hechos como la señora Victoria Touli Corpuz, Presidenta del Foro Permanente para los Asuntos Indígenas de la ONU, haya condenado el genocidio cometido por el gobierno alanista, como también acompañan a esta condena personalidades y organizaciones de los pueblos y naciones ancestrales del mundo, de manera especial las del subcontinente tawantinsuyano, la hoy mal llamada América del Sur.
Es importante recoger la experiencia del hermano pueblo kechuaymara de la república de Bolivia, en el sentido de que su lucha contra la política neoliberal, que impuso el gobierno de Sánchez de Lozada, lo llevó a un punto insano y genocida que escenificó la MASACRE DE OCTUBRE NEGRO de 2003, que finalmente provocó la EXPULSIÓN DEL GOBIERNO al movimientista pro imperio norteamericano del agringado Gony Sánchez de Lozada, el carnicero de Bolivia. Alan García el doctorado de la Sorbona de París y filipillo de George W. Bush, aleccionado en la política neoliberal en su condición de escudero de las trasnacionales provocó la MASACRE DE BAGUA CHICO, el pasado 5 de junio del 2009.
El genocidio perpetrado por Alan García, gobernante de las trasnacionales y virrey de la criollada limeña, en la Amazonía del Perú Tawantinsuyano, antigua Región del Antisuyu Tawantinsuyano, se constituye en el señuelo del SENDERO GENOCIDA PIZARRISTA Y ALMAGRISTA que sigue, como buen alumno de Sánchez de Lozada, lo que confirma la actitud política neoliberal que se desarrolló y se desarrolla en los mal llamados países en “vías de desarrollo”. En esta hora CUMBRE de los Pueblos y Naciones ancestrales del Perú Tawantinsuyano: Se debe demandar con toda prioridad la CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE COMUNITARIA y allí se sancione las nuevas reglas de convivencia entre los pueblos y expresiones étnico culturales, que se expresan en los kechuas, aymaras, amazonenses y mestizos empobrecidos de las grandes ciudades y de las provincias marginadas por el centralismo limeño que se arroga y disfruta el 70% del presupuesto nacional.
En esta hora de prueba histórica y política de los pueblos y naciones ancestrales del Perú Tawantinsuyano, exigimos que se proyecte una respuesta de reordenamiento político administrativo gubernamental como primer paso, de los desheredados del país, en el convencimiento de que el colonialismo interno y la política neoliberal no es la solución a los grandes problemas creados por la invasión colonial euroespañola y anglosajona.
El reto político e histórico de los kechuas, aymaras, amazonenses y mestizos del Perú Tawantinsuyano es el construir un proyecto político e histórico en el marco del respeto a la diversidad y la convivencia comunitaria, inspirada por el Apu Pachakutiq y el Inkarri, anulando de esta manera la “lucha de clases” que no es otra cosa que el autogenocidio que los clasistas y los gobiernos oligárquicos la utilizan a su conveniencia, perdiendo el valor cultural de reconocer al ser humano como constructor del destino de los pueblos y naciones del mundo.
¡¡LOS DELITOS DE LESA HUMANIDAD NO PRESCRIBEN!!, en consecuencia, el presidente García Pérez y su Gabinete Ministerial deben renunciar y dar paso a un Gobierno de Transición y de inmediato convocar a la Asamblea Constituyente Comunitaria, para la pacificación y la implementación de la justicia histórica y social de los pueblos y naciones ancestrales de los kechuas, aymaras, amazonenses y mestizos empobrecidos y que las organizaciones intergubernamentales de las Naciones Unidas y de las organizaciones de los Derechos Humanos sean la garantía del restablecimiento de la soberanía de los pueblos del Perú Tawantinsuyano.
