(especial para ARGENPRESS.info)
De todos los gobiernos de Europa, el más débil es el español. En primer lugar, porque la bancarrota capitalista se manifiesta allí con mayor intensidad. La deuda pública ha crecido una enormidad en sólo un año, esto como consecuencia de la recesión y de las operaciones de rescate capitalista a cargo del Estado. Más grave es aun la deuda externa: según el FMI es de 2,5 billones de dólares y según el Banco de España es de 1,7 billones de euros. El PBI ha caído a 990.000 millones como consecuencia de la crisis y de la devaluación del euro.
La deuda externa es principalmente privada, pues se encuentra en alrededor del 200% del PBI – unos dos y medio de billones de dólares, a lo que se suma un continuo déficit del balance de pagos, que no tiene financiación. La alienación del gobierno ‘socialista’ respecto a las masas, por un lado, y a la burguesía, por el otro, es completa. Es que además de una desocupación que se empina al 25% de la población activa, Zapatero se ha tenido que desdecir de todos los compromisos que asumió en cuanto a no aplicar un plan de ajuste. Lo hizo cambiar el rebenque de los bancos alemanes, que temen irse a pique con un ‘default’ español; a España la gobierna Frankfurt, no Madrid, o el FMI, o sea Nueva York, que presiona a Zapatero para que el ‘ajuste’ se haga sin concesiones.
Se aflojó la cuerda
Los capitalistas, por su lado, le han estado reprochando a Zapatero que no haya desarrollado una reforma laboral en perjuicio de los asalariados con contrato indefinido, que facilite los despidos y rebaje su costo, y que además reduzca en forma drástica las contribuciones patronales a la seguridad social. El conflicto de la burguesía con el gobierno se ha manifestado en todos los planos: los imparables ataques del clero, bajo el pretexto de la lucha contra la laicidad jurídica, y la ofensiva contra el juez Garzón para impedir el esclarecimiento de los crímenes del franquismo son parte de este proceso. Zapatero ha comprendido que se ha quedado sin piso político para pilotear la crisis, por eso se ha apresurado a acatar las órdenes que le han impartido desde Alemania y el FMI. Esta falta de ‘pinet’ para gobernar se hizo patente cuando reculó en cuatro patas del anuncio de que iba a gravar a los grandes capitales para financiar una módica parte de la crisis. Zapatero desairó con su recule a todo el gabinete, que sin embargo hizo mutis por el foro cuando su jefe pegó el esquinazo, porque la burocracia del PSOE teme ser barrida con la expulsión de su jefe del gobierno. Nada de esto, sin embargo, aflojó la presión del capital financiero sobre Zapatero: a pesar del paquete de rescate anunciado por la Comisión Europea, por 750 mil millones de euros, el Estado español tuvo que pagar tasas de usura para renovar la deuda pública (más de 500 puntos por encima de la tasa alemana); es una evidencia de su agotamiento ante los llamados ‘mercados internacionales’. Otro síntoma de su debilidad irreversible es que Zapatero está presionando ahora a ‘las partes sociales’ para que sean ellas las que acuerden y pongan el sello de la colaboración de clases con el ajuste. Pero no logrará – ni con la burocracia sindical entreguista, que pierde margen de maniobra frente a los comités obreros de empresa, ni con la burguesía, que va por todo. El ala de las multinacionales que lo apoya (Telefónica, BBVA), no cree en ningún acuerdo y sólo espera que Zapatero imponga el ajuste por decreto tal como lo pide el FMI, descontando el fracaso de la tentativa de ‘pacto social’.
Cambio de gobierno y de régimen político
Antes de la crisis, la derecha buscaba la cabeza de Zapatero e incluso reclamaba elecciones anticipadas. Lo siguen pidiendo, pero en un tono más bajo y sin presentar una moción de censura, que sería vista como una censura a la Comisión Europea. Es cierto que la derecha no tiene los votos necesarios en el Parlamento, pero la censura sería una fuerte arma de agitación en medio de la crisis, lo cual los franquistas procuran evitar. Zapatero les ruega que vote a favor del ajuste en el Parlamento, pero todo indicaría que la derecha se abstendría, esto a pesar de que apoya sus términos. La abstención sería, de todos modos, una expresión del abandono de la política de reclamar la censura parlamentaria. El PP quiere retener su condición de alternativa política, pero al mismo tiempo no puede ir a fondo por esta vía. El jefe del PP, Rajoy, perro felpudo de la democristiana alemana Angela Merkel, no va a patear el plan de ajuste que ella dictó para España.
Los franquistas no pueden hacerse cargo de la crisis en caliente; no tienen política diferente a la de los ‘socialistas’, y además podrían desatar una rebelión popular. El desenlace de la bancarrota de Cajasur, una entidad bancaria de Andalucía, gobernada por el clero, es en este punto muy interesante: los curas rechazaron una fusión con otra Caja (con inclinaciones ‘socialistas’) y prefirieron la bancarrota, sin importarle que con ello agudizaban, aun a pesar de su reducido tamaño (0.6% del sistema financiero), la crisis financiera en toda Europa. El clero, con este caso, calcula que la crisis política es inevitable, y que podría pelear por su ‘patrimonio’ (negativo) en otras condiciones. Su debilidad, sin embargo ha quedado de manifiesto en la incapacidad de defender su dominio, que ejerce desde ¡1680! – aun cuando contaba con el apoyo del directorio clerical del Banco de España.
“Concentración Nacional”
Es redundante añadir que el campo de maniobra de los actuales gobernantes se estrecharía hasta el límite si las huelgas generales que están previstas se cumplen en forma masiva y son el detonante de una ulterior irrupción de luchas por empresa ante la concreción de los despidos. El Estado español se enfrenta al desafío de tener que refrendar el mandato de sus gobernantes, porque los actuales no tienen autoridad política como consecuencia de su responsabilidad y del ocultamiento que hicieron durante un largo tiempo. Precisamente, fueron los ocultamientos los que voltearon al PP del gobierno, cuando una rebelión popular de un fin de semana dio cuenta de él por ocultar la responsabilidad por los atentados terroristas en la estación ferroviaria de Atocha. Una caída de Zapatero obligaría, por la Constitución, a convocar a elecciones anticipadas. Sin embargo, es improbable que esto ocurra en caliente, de modo que si la crisis financiera se agudiza, la salida sería un gobierno de “unidad nacional”, pero de carácter ‘técnico’, esto para preservar a los líderes de los partidos. El gobierno ‘técnico’ de “concentración nacional debería incluir a algunos partidos de las regiones autónomas, incluso ante la dificultad que presenta que la CiU de Cataluña y el Partido Nacionalista, en el país vasco, se encuentran en la oposición a gobiernos de coalición con mayoría socialista. La necesidad, como se sabe, tiene cara de hereje. Por caso, un gobierno de “concentración”, sin la participación de Zapatero, enfrenta otros obstáculos jurídicos adicionales. Pero no hay estado capitalista donde no se respete la “necesidad y urgencia”, que la Corte Suprema de Argentina acaba de avalar, como sustituto criollo del ‘estado de excepción’. El gobierno de ‘unión’ tendría un carácter provisional hasta que se juzgue prudente el llamado a nuevas elecciones.
La etiqueta de la ‘unidad nacional’ serviría para establecer un gobierno que funcionaría en base a decretos o que convierta a decreto al Congreso de Diputados en mera oficina de registro de las decisiones del ejecutivo. Esta modificación implicaría el principio del pasaje a un nuevo régimen político – la transición hacia gobiernos bonapartistas o de colaboración de clases. Si la situación se radicalizara como consecuencia de la intervención popular, el gobierno de ‘unidad nacional’ podría, sin embargo, cambiar de fisonomía y convertirse en un gobierno de contemporización con las masas para neutralizar la presión de éstas. En este caso habría un gobierno de ‘unidad nacional’ con los sindicatos, la izquierda y un sector de los partidos nacionalistas. Esto colocaría al PP firmemente en la oposición y se romperían los acuerdos con el PSOE, por ejemplo en el País Vasco. La salida de Zapatero implicaría encumbrar en el PSOE un nuevo liderazgo, que ya se viene perfilando desde hace un tiempo.
La clase obrera
Una derrota sin mayor resistencia de parte de la clase obrera y de los sindicatos, que en todo caso sería provisional, podría detener o retrasar la caída de Zapatero, pero solamente por un tiempo, esto porque la bancarrota capitalista en España no puede ser superada a corto o mediano plazo. En tal caso, y sólo en ese caso, sería el turno de la derecha. Las encuestas de opinión ya registran una caída vertiginosa del PSOE, pero no una mejora para el PP; crecen los catalanes de CiU, Izquierda Unida y otras formaciones nacionalistas.
La izquierda del estado español ya está lanzando, con convicciones diferentes, la reivindicación de una huelga general del conjunto de los sindicatos. En plazo no muy distante se pondrá al día la consigna de la huelga indefinida. A estos y otros planteos de lucha debemos agregar, en función estratégica, la independencia de los trabajadores de cualquier gobierno de colaboración de clases y la agitación por un gobierno de los trabajadores. Como se ve, no se trata de ponerle un rótulo a la bancarrota capitalista sino de desarrollar una orientación política que permita derrocar, a término, al capitalismo. No estamos haciendo, como pretenden los marxólogos renacidos, una reivindicación del llamado ‘factor subjetivo’ salido de la academia o construido en abstracto, sino sacando las conclusiones últimas de las consecuencias de la bancarrota capitalista sobre todas las clases sociales y todos los regímenes políticos; la crisis que ella genera en las ideas recibidas o heredadas de la clase obrera; para desarrollar con estas conclusiones una orientación revolucionaria adecuada a las circunstancias históricas concretas.
