La nueva Ley de Extranjería sólo permite su regularización si logran que se condene al agresor. Según varias organizaciones, la medida las discrimina y no responde a la realidad del maltrato.
Joana García Grenzner
Redacción Diagonal
Jueves 10 de diciembre de 2009.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) critica que la violencia de género “es el único delito que implica la apertura de un expediente de expulsión” si lo denuncia una sin papeles. Asegura que ello “desincentiva la presentación de denuncias –que de por sí son menos que el número de agresiones– por el miedo de las víctimas a ser sancionadas por su situación irregular”.
Afirma que implica “desconocimiento de la realidad del maltrato, que muchas veces no se condena por la falta de pruebas o porque algunas mujeres retiran la denuncia antes del fin del proceso”. María Naredo, investigadora de violencia de género en Amnistía Internacional (AI), coincide en que “hay un nivel de archivo y de absoluciones impresionante en casos de violencia de género. Según el Consejo General del Poder Judicial, en 2008 se archivaron el 46% de las denuncias. En juzgados de lo penal se absolvió al 48% de acusados de maltrato”. Naredo remarca que “con una sentencia condenatoria, el expediente se extingue y la mujer podría incluso acceder a un permiso de residencia por circunstancias excepcionales, pero si no la hay, el expediente de expulsión se reabre y puede resultar en una orden de expulsión o sanción económica”. Además, explica que “no son muchas mujeres en situación irregular las que denuncian y obtienen la residencia, y el número de expulsadas por este motivo no se conoce”. Tanto CEAR como AI constatan la dificultad de obtener datos oficiales al respecto.
La Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía denuncia que la Ley “prima la condición de mujer inmigrante sobre la de mujer víctima de violencia de género”, pero valora que brinde un permiso provisional de residencia y trabajo a las ‘sin papeles’ que puedan acreditar la violencia de género. AI también considera un avance que tanto las ‘sin papeles’ que acrediten el maltrato, como las que obtengan permiso de residencia por reagrupación familiar reciban un permiso de trabajo. Desde 2003, AI venía reclamando equiparar a ambos colectivos y, junto con la residencia, darles permiso de trabajo “para paliar la falta de autonomía económica”, dado que ésta es un factor que posibilita la violencia de género.
ENTREVISTA // MARÍA NAREDO, INVESTIGADORA Y ACTIVISTA DE AMNISTÍA INTERNACIONAL
“Se les está diciendo que aguanten”
María Naredo, investigadora y autora de varios informes sobre violencia de género en Amnistía Internacional, habla sobre la significación de la nueva Ley de Extranjería.
DIAGONAL: ¿Cómo valoras que la nueva Ley de Extranjería ordene abrir expediente de expulsión a las inmigrantes sin papeles que denuncien violencia de género? M.N.: Hasta la reforma de la Ley, eso venía regulado por una norma de rango menor, la instrucción 14/2005 del Secretario del Estado de Seguridad. En nuestras investigaciones vimos que muchas dependencias policiales lo incumplían, por lo que las mujeres no tenían tanto miedo e incluso algunas abogadas recomendaban ir a denunciar donde no la aplicaban. Ahora se ha convertido en ley orgánica y los mandos policiales que hasta ahora podían hacer la vista gorda probablemente, no la hagan. La espada de Damocles del expediente, la orden de expulsión y la sanción está sobre las sin papeles que se decidan a denunciar. El Secretario de Estado de Seguridad siempre dice que no hay ninguna inmigrante expulsada por este motivo, pero hace poco estuve en un municipio donde los funcionarios de policía me dijeron que abrían expedientes de expulsión a mujeres en situación irregular que sabían que sufrían maltrato para forzarles a denunciar y a ver si obtenían sentencia condenatoria. El Gobierno y algunas organizaciones se escudan en que no se las expulsa, pero es muy importante denunciar que pueden hacerlo y tienen órdenes para ello. Estas mujeres no tienen seguridad jurídica si dependen de que el policía de turno quiera o no cumplir una ley abiertamente discriminatoria. Más allá de la retórica, al Gobierno le preocupa más controlar la inmigración irregular que proteger los derechos humanos de las mujeres. Es un incumplimiento de obligaciones del Estado al máximo nivel.
D: ¿Cómo puede incidir esto en el ciclo de la violencia de género? M.N.: Cuando se pone un obstáculo de tal envergadura ante la mujer que quiere denunciar, se le está diciendo “aguanta, ten cuidado con acudir a una comisaría”. Si ya tiene las trabas internas y externas de la desconfianza, de la presión de la familia, del agresor, esto la desincentiva totalmente y la invisibilidad propicia la impunidad de los abusos. El ciclo de la violencia es in crescendo: cuanto más dura, más fuerte es la violencia. Si vuelve con el agresor por falta de ayuda, de servicios de atención que le garanticen un apoyo en condiciones, todo ello se convierte en una mayor dosis de riesgo para ella.
D: Proponéis que la denuncia de violencia de género no sea condición para acceder a ayudas y se acredite el maltrato con mecanismos alternativos. ¿Se hace? M.N.: Galicia, Catalunya y Castilla- La Mancha reciben a mujeres en centros de acogida y en todo tipo de recursos sin necesidad de acreditar la denuncia ni la orden de protección. En cambio, en Madrid se pide la denuncia y, cada vez más, la orden de protección para entrar en centros especializados para la atención y la acogida de media, larga e incluso de corta estancia. He- CARLO GIULIANI. La violencia policial apenas ha sido cuestionada por la justicia. mos documentado casos de mujeres que siguen teniendo que acudir como único alojamiento seguro a centros inadecuados, no especializados, donde conviven mujeres y hombres… Los recursos no se adaptan a las necesidades, vivencias y situaciones de las mujeres y más aún de las migrantes. Éstas afrontan enormes trabas, no sólo por el peligro que les supone ir a una comisaría de policía si están en situación irregular, sino porque a cualquier mujer le cuesta entrar en el minuto cero de poner una denuncia.
D: ¿Hay un doble rasero en la protección de los derechos de las mujeres en función de si son autóctonas o inmigrantes? M.N.: Yo lo veo clarísimo. Me pregunto qué alarma social generaría que a una española que va a denunciar violencia de género el comisario de turno le empezara a investigar si defrauda a Hacienda. Sería impensable, la gente diría que la violencia de género es mucho más importante. Y es mucho más grave defraudar a Hacienda, que es un delito, que estar en situación irregular, que es una mera infracción administrativa. Algo que nos parecería una traba inadmisible en el caso de las españolas se está tolerando a nivel político, legislativo y social con las extranjeras. Además, si el Estado no palia las desventajas añadidas que trae consigo toda mujer inmigrante, se convierten en discriminaciones: desconocer el idioma en muchos casos, la institucionalidad, las instancias jurídicas, no tener redes de apoyo... Por ejemplo, el Plan estatal de prevención y atención a la violencia de género en población inmigrante ni menciona a los intérpretes, cuando hemos constatado que son una traba fundamental para que las que no entienden el idioma puedan acceder en igualdad a información sobre derechos o a un juicio justo. No hay formación, debería existir un grupo de intérpretes especializado para atender con la debida empatía y garantías a las que sufren maltrato.
sábado, 12 de diciembre de 2009
Las sin papeles que denuncien maltrato se enfrentarán a un expediente de expulsión
viernes, 10 de julio de 2009
Inmigrantes, chivos expiatorios de la crisis
LEY DE EXTRANJERÍA Y DE ASILO NUEVOS ATAQUES A LA LIBERTAD DE MOVIMIENTO CON LA CRISIS Y LOS DISCURSOS SECURITARIOS DE FONDO
En junio el Gobierno sacó adelante con el apoyo del PP una nueva Ley de Asilo. Este mes se ha puesto en marcha el debate de enmiendas al proyecto de Ley de Extranjería elaborado por el Gobierno, en un proceso que el Ejecutivo espera cerrar a finales de año.
Diego Sanz Paratcha
9 de julio de 2009.
Ambas normativas vuelven a endurecer unas políticas ya restrictivas y criticadas por limitar y castigar la libertad de movimiento de las personas. DIAGONAL analiza cómo los aspectos más destacables de ambas normas tienen su origen en los discursos que apelan a la escasez de recursos y el miedo al otro. En el fondo, subyace la afirmación: “los españoles, primero”.
Desde la primera propuesta del Gobierno para reformar la Ley de Extranjería hasta el texto enviado al Congreso a finales de junio han pasado seis meses. En nombre de la lucha contra la crisis, en ese tiempo el Gobierno ha salvado de la quiebra a Caja Castilla La Mancha, ha financiado las obras municipales pendientes de ejecución y ha aprobado las ayudas al sector del automóvil.
Ninguna de las 46 páginas del proyecto de Ley sobre “derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social” hace referencia al hecho de que más de uno de cada tres desempleados de la Encuesta de Población Activa es extranjero. Al mismo tiempo, la reforma sí consagra explícitamente “la política de inmigración que vincula la llegada de nuevos inmigrantes a las necesidades del mercado de trabajo”.
“Se trata de una ley con cierto carácter populista y anticrisis”, corrobora Joan Tardá, diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso. Parecido enfoque mantiene Izquierda Unida, que en su informe sobre el proyecto compara la propuesta del Gobierno con “una reforma laboral encubierta” dirigida a la población migrante.
A ras de tierra, las organizaciones que trabajan en asesoría legal a migrantes constatan que esta reforma silenciosa se está produciendo desde la segunda mitad de 2008 en forma de denegaciones para renovar el permiso de trabajo y con la reducción hasta el mínimo del catálogo de puestos de difícil cobertura, aquellos a los que puede aspirar un inmigrante que necesite cambiar de tarjeta o conseguirla por primera vez.
Los sindicatos de concertación, que podrían hacer visible esta realidad oculta en la reforma, dieron el visto bueno al borrador del Gobierno a través del informe del Consejo Económico y Social, uno de los ocho organismos a los que el Ejecutivo ha remitido el texto. Este informe justificaba la orientación general de la reforma por el “contexto de crisis económica”, una relación que no aparece ni siquiera en el texto del Gobierno, que lo oculta en la exposición de motivos aludiendo a la necesidad de adaptar la Ley “a la nueva realidad migratoria existente en España que presenta unas características y plantea nuevos problemas respecto de los que existían cuando se aprobó la última reforma”.
En el Parlamento, la correlación de fuerzas no posibilita cambios sustanciales a este enfoque. El PP reaccionó al borrador de diciembre reclamando la autoría del 80% de las medidas previstas por el Gobierno del PSOE. Pese al discurso de confrontación con el que los populares han recibido la propuesta aprobada en el último Consejo de Ministros de junio, lo más probable es que las dos principales formaciones pacten el texto definitivo.
“La nueva Ley de Asilo ha marcado un precedente nefasto”, apunta Tardá en referencia al consenso entre social-liberales y conservadores para endurecer el acceso de refugiados al Estado español. “En los próximos meses Zapatero y Rajoy se van a disputar el espacio del centro político”, pronostica el congresista republicano, para quien este juego de equilibrios se presta a un nuevo consenso entre Gobierno y oposición conservadora, esta vez en materia de extranjería.
Sin embargo, el Gobierno puede tener margen de maniobra para pactar enmiendas en un sentido garantista, como mínimo con el nacionalismo de izquierda de ERC y BNG, y también con Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. La esencia de la normativa española de extranjería, que es la asimilación de los flujos migratorios a las estadísticas laborales, no será cuestionada tampoco por la izquierda, tal y como reconoce Tardá a DIAGONAL. La dureza de la reforma deja suficiente espacio para una regulación más suave del periodo de reclusión en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), un tratamiento más benigno a los menores no acompañados o la eliminación de las multas y expulsiones para quienes empadronen en su casa y falsamente a personas sin papeles.
El tercer actor
El único actor capaz de situar la cuestión de la extranjería más allá del discurso de los derechos humanos, el propio movimiento migrante, ha tenido hasta ahora una presencia discreta y dispar en el espacio público. Pese a los prometedores avances en las experiencias de autoorganización que se están extendiendo más allá de las experiencias de los trabajadores del campo en Andalucía, los grandes discursos y las grandes movilizaciones le siguen quedando grandes a un sujeto que debe, más que ningún otro, resistir a la represión cotidiana de los controles (con un crecimiento de las expulsiones de un 12% en 2008, según el Ministerio de Interior) y los efectos de la crisis. El relato en primera persona sobre cómo afectó la crisis de 2008/2009 a las primeras generaciones asentadas de inmigrantes tendrá que esperar.
La puntilla a los menores
Las expulsiones ilegales de menores inmigrantes no acompañados son una realidad en el Estado español desde hace años, aunque en algunas autonomías como Madrid y Cataluña la actuación de asociaciones pro derechos humanos ha conseguido parar estas prácticas. Ahora el Gobierno pretende terminar con el problema legalizando la expulsión de este sector de la población. Este ha sido uno de los aspectos más criticados de la reforma desde que se conoció el primer borrador. En el actual texto, el Gobierno admite la posibilidad de que algunos de estos menores puedan recurrir su expulsión ante los tribunales.
