Alan García suspende también durante 120 días a varios diputados por apoyar las luchas indígenas.
22-01-2010
Gonzalo Sánchez
Tercera Información
Durante el pasado verano el gobierno de Alán García ordenó a la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DINOES) atacar sin miramientos a la población indígena que protestaba en Bagua contra el Tratado de Libre Comercio. El resultado fueron decenas de indígenas asesinados, desaparecidos y cientos de heridos, algunos policías muertos y también dos periodistas perdieron la vida.
Los indígenas estaban tratando de evitar la privatización de la amazonia, ya que el Tratado de Libre Comercio (TLC) establece que los recursos naturales de la amazonia peruana serán privatizados. Alán García mientras llamaba a una negociación ordenó masacrar a los indigenas que estaban protestando.
Ahora, varios meses después una cadena de televisión no complaciente con el gobierno derechista de García ha sido eliminada del aire. La cadena llamada Radio Oriente tiene su sede en el norte del país, ha emitido los videos de la masacre y eso no ha gustado a Alan García, el cual le ha retirado la licencia justificandose en que la cadena no habia adquirido el material necesario para transmitir al año siguiente de conseguir la licencia.
Desde Radio Oriente se responde que se recibió el permiso para los equipos en el año 2006, el cual fue ratificado en 2007.
La defensora del pueblo ha pedido explicaciones al respecto y desde varios sectores se tilda esta medida como un atentado a la libertad de expresión.
Alan García también ha suspendido durante 120 días a varios diputados y a otros los ha sancionado de diferentes maneras por apoyar las luchas de los indígenas. Muchos de estos diputados pertenecen al Partido Nacionalista Peruano, del líder opositor Ollanta Humala.
Fuente: http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article12405
viernes, 22 de enero de 2010
Presidente de Perú cierra un canal de televisión por mostrar imagenes de la represión de su gobierno contra ls indígenas
domingo, 20 de diciembre de 2009
Etnocidio en Bagua-Perú: Fallida comisión encubridora
18 de diciembre de 2009
Carlos Angulo Rivas
Seis meses han transcurrido desde que una enorme mayoría de ciudadanos peruanos exigió la dimisión presidencial debido a la masacre de nativos y policías ocurrida en Bagua, circunscripción de la amazonía peruana. Meses antes la habían pedido también, en concreto, por la enorme corrupción del gobierno aprista, descubierta a través del escándalo de los petro-audios, donde el presidente estaba directamente involucrado en multimillonarios negociados (caída del gabinete ministerial de Jorge del Castillo).
Alan García, quien ordenó el atropello y la matanza con las mismas artes genocidas de su primer gobierno (Lurigancho, El Frontón, Comunidades Campesinas), salió a la TV a condenar los "excesos" en Bagua, lo hizo tal cual lobo vestido con piel de oveja. De inmediato las maniobras mediáticas capearon el temporal hasta la caída del gabinete ministerial de Yehude Simon. Frente a las dudas en el número de víctimas de la matanza y las versiones periodísticas locales, filmadas y detalladas, el gobierno impuso la verdad oficial: 10 nativos muertos y 24 policías; y además, derogó dos decretos legislativos a fin de apagar el incendio.
La representante de las Naciones Unidas para los pueblos originarios, de visita en Bagua luego de la masacre instó al gobierno a una investigación imparcial e internacional sobre los luctuosos sucesos.
El Daily Mail del Reino Unido señaló que las fuerzas del orden tomaron el control de la ciudad de Bagua tras los violentos enfrentamientos y no permitieron trabajar a la prensa independiente.
El diario inglés aseguró que más de 60 personas perdieron la vida en la sangrienta jornada de ataques armados a la población civil desde helicópteros policiales, donde sí se contabilizaron oficialmente 182 heridos de bala.
El medio recogió además las versiones locales que aseguraban que "decenas de personas habían desaparecido" bajo la presunción de haber sido arrojadas al río Marañón para desaparecer los cadáveres.
En ese entonces la evaluación de las organizaciones nativas señaló que los indígenas muertos podían superar el centenar y en una entrevista publicada en el diario La República de Lima, la presidenta interina de la "AIDESEP", Daysi Zapata, lideresa de la etnia de los Yine (Atalaya) en reemplazo de Alberto Pizango, asilado en la embajada de Nicaragua, comentó que sus hermanos nativos muertos llegarían a 300, comprobables al haber firmado con cédulas de identificación el petitorio de derogatoria de los decretos anticonstitucionales firmados por Alan García (violación del Convenio 169 de la OIT.)
En todo momento, el gobierno de Alan García se ha negado a la investigación imparcial e internacional sugerida. Y a través de la Resolución 0664-2009-AG de fecha 7 de septiembre, creó el grupo de trabajo encargado de investigar los sucesos en Bagua ocurridos el 5 de junio que, por su composición oficialista, tenía las características de ser una comisión encubridora antes que investigadora.
No podía ser de otro modo, con el típico descaro; y la prepotencia gubernamental puesta en todos sus actos las conclusiones del informe, a entregarse el domingo 20 de diciembre, alcanzan lo inaudito. El informe exonera de toda responsabilidad al gobierno aprista, a Alan García, el principal instigador de la matanza perpetrada y a sus representantes, a Yehude Simon, ex primer ministro, a Ántero Flores-Aráoz, ex ministro de Defensa; a Mercedes Cabanillas, ex ministra del Interior; y los generales de la Policía, Javier Uribe y Luis Muguruza.
El ridículo informe de la comisión encubridora de Alan García llega al colmo de la manipulación de la verdad, pues trata de responsabilizar de la matanza habida en la amazonía y de los hechos sangrientos, nada menos que a las comunidades nativas y a los miembros de los vicariatos católicos, a quienes acusa de distorsionar su misión pastoral.
Felizmente, el montaje de semejante patraña ha sido desbaratado por la negativa a firmar y el retiro de la comisión de dos de sus miembros, no gubernamentales, la religiosa María del Carmen Gómez y el representante de los nativos, coordinador general de dicho grupo de trabajo, Jesús Manases.
Así la situación, la falta de transparencia subsiste en un acontecimiento tan grave como el ocurrido en la tragedia del 5 de junio pasado en la llamada Curva del Diablo y la estación 6 de explotación petrolera, cuyas características de "limpieza étnica" no tiene parangón en el país.
Este informe incompleto y operado por las versiones falsificadas del gobierno no posee validez alguna y desde ya viene siendo denunciado por los organismos de Derechos Humanos, nacionales e internacionales, ya que ni siquiera se ha recogido la información de la Dirección de Investigaciones Administrativas Disciplinarias de la Inspectoría General de la Policía ni los testimonios de los deudos y heridos del exterminio de nativos y policías; y menos de la fiscal titular de Bagua, destituida por insinuar la responsabilidad de los jefes policiales y la ex ministra del Interior, Mercedes Cabanillas.
Tanto es así que la Iglesia Católica a través de su representante, monseñor Miguel Cabrejos, ha rechazado la afirmación de que los misioneros hayan alentado la violencia; y Carlos Nava, coordinador de la Mesa 1 del Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, a su vez, también rechaza el informe final de la Comisión Encubridora de los sucesos en Bagua, a todas luces, redactado en Palacio de Gobierno.
Monseñor Miguel Cabrejos, arzobispo de Trujillo y presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, expresó su total rechazo a las insinuaciones del informe oficialista y protegió la labor que realiza monseñor Santiago García de la Rasilla, obispo del Vicariato Apostólico de Jaén; de la misma forma amparó a los misioneros y religiosas de dicha jurisdicción frente a las infundadas acusaciones del gobierno, pues ellos actuaron sólo a manera de socorro humanitario.
La autoridad eclesiástica informó acerca de una reunión con los obispos integrantes del comité permanente de la Conferencia Episcopal Peruana, donde decidieron expresar "su respaldo absoluto y total a monseñor Santiago García de la Rasilla, obispo de Jaén, y a su jurisdicción eclesiástica."
Las acusaciones del gobierno de Alan García son muy graves porque según el arzobispo, "desde siempre la Iglesia Católica ha actuado en defensa de la paz y nuestra lucha ha sido contra la violencia y el apoyo al más necesitado y al más desposeído".
Corresponde a la Cruz Roja Internacional y a los organismos de Derechos Humanos, asumir la responsabilidad de una investigación veraz, imparcial y documentada, que incluya un censo poblacional a fin de conocer la magnitud de este nuevo genocidio organizado y acordado por Alan García Pérez, limpieza étnica inaceptable en una nación civilizada. Las cifras encubiertas, para asombro del mundo, llegarán a ser alarmantes en tanto se sitúen en su verdadera dimensión.
El desprecio a la vida humana y la desproporción en la capacidad de fuego utilizada, nos mostrarán la vesania delirante de un mandatario con probados antecedentes de genocida.
La desaparición de cadáveres con el propósito de esconder de modo cobarde la dimensión los delitos de lesa humanidad, no es cristiana ni humana. Y peor aún cuando se pretende utilizar el sacrificio de los policías enviados, no a resguardar el orden público sino a eliminar, por mandato superior, a los nativos defendiendo sus tierras ancestrales frente al atropello de usurparlas a través de una legislación ilegal potenciada directamente por una mafia gubernamental groseramente enriquecida, encabezada por Alan García.
jueves, 19 de noviembre de 2009
Controversia chileno-peruana. Alan García en el sendero de la derecha
19 de noviembre de 2009
Juan Francisco Coloane
(especial para ARGENPRESS.info)
La controversia chileno-peruana en el caso del supuesto espionaje chileno en Perú, revela un cuadro de situaciones en donde lo subyacente es cada vez más relevante que lo que se ve o expresa públicamente.
El actor principal de la controversia es claramente Alan García, el mandatario peruano, insólitamente intentado elevar la temperatura al tema a pocos días de celebrase en Chile una elección presidencial trascendental.
Sin embargo, la pregunta más obvia no ha trascendido: ¿Por qué todo ocurre a pocos días de una elección presidencial en Chile? La elección es el próximo 13 de diciembre.
Por los antecedentes dispersos e inconclusos, el acto publicitario de divulgarlo a pocos días de una elección en un país vecino, con el cual se mantienen controversias históricas como Chile, conduce a pensar que se trataría de un montaje político.
En el rubro del espionaje, la infiltración y la inteligencia, los códigos tienen múltiples lecturas y los acontecimientos están siempre ocurriendo sin que se descifren a la opinión pública.
Para los intereses del estado, mientras menos se sepa públicamente qué sucede en ese mundo hermético de la inteligencia y el espionaje, políticamente es mejor y más útil.
Cuando un hecho de esta naturaleza se hace público, se debe principalmente a la búsqueda de un objetivo, que no es precisamente el que aparenta ser.
El espionaje por definición no es un hecho público y en esa medida no es un hecho político por definición también.
Cuando se hace público, es porque se quiere enviar un mensaje específico en ese momento.
Es el ejemplo paradigmático de la red de espionaje soviético en el Reino Unido en la cual estaban Burgess, Mac Lean, Blunt y Philby. El hecho se hace público después de una década, en los años 60, a pesar de las defecciones de los dos primeros nombrados a comienzos de los años 50.
El Estado decide hacerlo público cuando el Reino Unido reestructura su foco de contención a la expansión soviética, y decide mandar un mensaje de radicalización de su política de protección. Es un mensaje también a los gobiernos laboristas izquierdizantes, de que se avecinan tiempos más duros. Está muy bien expuesto en My Silent War de Kim Philby.
La red de espionaje soviética se conocía en el Reino Unido desde los años 40 y se mantuvo como secreto de estado por dos décadas en cuanto a su magnitud.
Es el mundo invisible y paralelo de este segmento del poder que cuando estalla en noticia es muy probable que se busque un objetivo que no tiene nada que ver con el espionaje en sí mismo, en este caso.
Si se analiza el momento en que se da a conocer el problema, en el caso de comprobarse que las piezas del puzzle sean ciertas, no se descarta que pueda ser una estrategia política.
El gobierno que encabeza Alan García está incontenible por usar un término, en cuanto a su dependencia política de lo que suceda o haga Chile.
En este caso específico es grave porque a todas luces intenta trascender en el proceso eleccionario chileno y desestabilizar la popularidad del actual gobierno, y afectar por cierto a la Concertación y sus posibilidades en la elección presidencial.
La denuncia no tiene nada que ver con el espionaje en su naturaleza intrínseca.
Perfectamente el estado peruano podría haber postergado la noticia para después de la segunda vuelta en la elección presidencial chilena el 13 de enero de 2010.
La elección presidencial en Chile encuentra al candidato de la derecha Sebastián Piñera liderando en la última encuesta del Centro de Estudios Públicos, por un porcentaje de 10 puntos (36%) por sobre el candidato de la Concertación Eduardo Frei (26%), representado a la coalición de centro izquierda que ha gobernado en Chile por 20 años.
Una tercera fuerza ha emergido en el candidato Marco Enríquez Ominami – con 19% de adhesión- un independiente ex socialista en alianza con una poderosa corriente neoconservadora chilena e internacional, y que exhibe una decidida orientación de “desalojar” a la Concertación del gobierno y quebrarla en el proceso. Otra característica en este candidato es haber sabido atraer el histórico anticomunismo de la izquierda y de sectores moderados o de centro.
El candidato de una coalición de izquierda allendista liderada por el Partido Comunista, Jorge Arrate, obtuvo el 5% en la misma encuesta.
En Chile se ha producido una situación paradójica porque la presidenta Michelle Bachelet que encabeza a la Concertación muestra un nivel de adhesión superior al 70%, y que debería traducirse en el último recurso del candidato de esta coalición – Eduardo Frei- para que obtenga un porcentaje superior al 35 % en la primera vuelta, y así tener posibilidades en la segunda vuelta el 13 de enero.
De ser consistentes y ajustados a la realidad los resultados de las últimas encuestas, en Chile podría repetirse el fenómeno de adhesión política que fermentó la crisis y derribó a Allende con un golpe de estado en 1973.
El golpe esta vez es por la vía electoral. Como lo dijo uno de los tantos profesores primarios que manejan taxi porque no le alcanza: Chile está ad portas para elegir el fascismo. Es duro pero algunos lo sienten así.
La derecha y la tercera fuerza estarían obteniendo casi un 56 % de la votación. La Concertación no vencería ni siquiera con el apoyo de los eventuales votos del candidato de la izquierda allendista y comunista.
Esta no es una elección presidencial más, sino que es una que puede inclusive provocar un desajuste significativo en el armazón político chileno que ha sido tan elogiado universalmente.
Por lo tanto, dar a luz pública un caso de supuesto espionaje chileno en el Perú en un momento crítico de la política chilena, excede la gravedad intrínseca del hecho, que en todo caso está siendo investigado y se trata todavía de una hipótesis.
Claramente, el estado peruano, al hacer pública una materia que puede mantenerse reservada hasta después que finalice el proceso de elecciones en Chile, de una manera no muy sutil está perturbando a un gobierno y a la coalición que lo encabeza, que necesita de una máxima concentración en la aspiración de mantenerse en el poder.
Ese es el tema central de esta controversia y es lo que llama a sospecha. ¿Por qué estalla ahora el tema del espía peruano al servicio de Chile, y no esperan las autoridades peruanas para hacerlo público simplemente después de la segunda vuelta.
Para muy pocos es misterio de que Perú necesita de la inestabilidad política interna en Chile. También para muy pocos es misterio que la derecha peruana especialmente, y las derechas en América Latina, necesitan urgentemente de una reafirmación de su rol a través de un vuelco político en Chile, convertido precisamente por su estabilidad política de centro izquierda en un país pivote en la región.
Un Chile con gobierno de derecha es que lo esperan las fuerzas neoconservadoras en la región lideradas por el partido republicano en EEUU.
Alan García voluntariamente o no, está contribuyendo, al agitar la controversia del espionaje, a que el actual gobierno en Chile se vea afectado por una suerte de crisis internacional con el “enemigo tradicional”.
La tesis más socorrida de la derecha peruana ha sido que un gobierno de derecha en Chile le hace bien al Perú. Fuentes periodísticas consultadas en Lima indican que esa idea es “pan para hoy y hambre para mañana”. Y la historia lo demuestra.
La tesis, a la cual el actual presidente Alan García se acopla para sustentarse con el apoyo de la derecha, navega contra los vientos regionales de estabilidad e integración que han promovido los gobiernos de la Concertación.
A juzgar por la conducta del estado peruano, Alan García sería el primer social demócrata peruano, si alguna vez lo fue, que en calidad de jefe de estado estaría beneficiando las posibilidades de triunfo de un candidato presidencial de la derecha en Chile.
miércoles, 28 de octubre de 2009
A 3 años de su asunción: la política represiva de Alan García
27 de octubre de 2009
Mónica Bruckman
(REVISTA MARIÁTEGUI - PRENSA DE FRENTE)
A 3 años de su asunción, el presidente peruano Alan García ha endurecido fuertemente la represión contra los movimientos sociales, indígenas, ambientalistas y la izquierda, que se oponen a su política “modernizadora”.
El gobierno pretende legalizar la impunidad de las fuerzas armadas, en momentos en que Perú reviste una importancia estratégica como freno ante la consolidación de los gobiernos progresistas de la región. De 2004 a 2009, al menos 55.350 militares estadounidenses ingresaron en territorio peruano. Perú reviste una importancia estratégica para las derechas tanto estadounidense como latinoamericanas.
En febrero de 2008, dos campesinos fueron ejecutados por miembros de la policía que reprimía el bloqueo de rutas durante un paro nacional agrario en la región de Ayacucho. Algunos días más tarde, el presidente peruano Alan García declaraba: “La policía ha actuado con mucha convicción y decisión, y yo felicito a la policía, está muy bien que defienda al Perú (…) Que sirva de lección a los que promueven públicamente el paro y a la agitación; que sepan a dónde conduce esto” (1).
Estas amenazas se sustentan en un aparato legal creado bajo el gobierno de Alberto Fujimori, después endurecido por el gobierno de García, que permite la criminalización de los movimientos sociales y la impunidad de las fuerzas armadas en sus acciones represivas. Los militares, igual que la policía, se sienten autorizados a utilizar libremente sus armas contra los que protestan, sin tener que responder ante la justicia por las heridas o las muertes causadas.
Calificados de “extorsionadores”, los manifestantes se exponen a veinticinco años de prisión. Las autoridades que sostienen las huelgas son condenadas también por“extorsión”. Cualquier persona puede ser arrestada sin orden judicial y quedar incomunicada durante diez días. La policía puede intervenir en la investigación sin el aval del procurador… El gobierno de Fujimori recurrió a grupos paramilitares; Alan García creó un cuerpo legal que legitima su accionar.
Efectos sociales del neoliberalismo
Fundada en los años 20, la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), el partido oficialista, experimentó a lo largo del tiempo importantes transformaciones ideológicas. A la concepción anti-imperialista de su fundador Víctor Raúl Haya de la Torre sucedió la doctrina de García, llamada del “perro del hortelano”: el perro que no come ni deja comer (2). Ya en 2007, amonestaba a los pobres: “Es necesario que dejen de pedir; eso los hace parásitos” (3). El presidente García definió a los movimientos sociales, los indígenas, los ambientalistas y la izquierda como los enemigos de su política “modernizadora”, asimilándolos a ese “perro del hortelano”.
Esta modernización fue elaborada en gran parte en el marco de las negociaciones bilaterales del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con Estados Unidos el 4 de diciembre de 2007. Allí se reúnen los ingredientes clásicos del neoliberalismo: privatización de los recursos naturales y energéticos; tala por concesionarios en el corazón de la selva amazónica para atraer el capital privado; venta de tierras de las comunidades campesinas e indígenas; intensificación de la industria minera gracias a la disminución de los impuestos que pesan sobre esa actividad; privatización del agua destinada al riego agrícola… Incluso el mar está cedido por lotes a grandes empresas.
Tratándose de Perú, la privatización de las tierras indígenas no plantea solamente un problema económico, algo que, de por sí, sería ya suficientemente grave; atenta contra una manera de ver el mundo. Para los indígenas, la tierra representa no sólo un medio de producción que les ha sido expropiado desde el comienzo de la colonización europea, sino un espacio donde, como dicen, “nuestros hijos pueden vivir” y “ser felices”. Una filosofía en la cual defender la preservación del medio ambiente equivale simplemente a defender la vida.
De allí la lucha que dirigen contra los Decretos Nº 1.090 (ley de bosques y de fauna silvestre) y Nº 1.064 (régimen jurídico para la explotación de las tierras agrícolas) que ratifican la mercantilización del Amazonas y de las tierras de las comunidades. Doce meses de protestas populares dirigidas por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) para exigir la derogación de esas leyes precedieron a un paro regional de casi sesenta días. A la propuesta de una mesa redonda hecha por la Aidesep para entablar negociaciones, el Gobierno respondió con la instauración del estado de emergencia. El 5 de junio, en Bagua, una intervención de las fuerzas del orden decididas a desalojar a miles de indígenas que bloqueaban las rutas principales se convierte en una tragedia: veinticuatro policías y diez civiles muertos (además de un número indeterminado de personas desaparecidas). García denuncia a los elementos “subversivos”, menciona “una agresión cuidadosamente preparada contra el Perú” y culpa implícitamente al presidente boliviano Evo Morales y al venezolano Hugo Chávez, de haber fomentado la revuelta indígena.
Pero el Gobierno rechaza la formación de una comisión de investigación reclamada por el movimiento indígena. Y con razón… El 7 de agosto, valientemente y por propia iniciativa, la procuradora Luz Marlene Rojas Méndez abre la instrucción contra dieciséis oficiales (entre los cuales figuraban dos generales), todos miembros de la policía nacional, a los que acusa de un uso desproporcionado de la fuerza, cuando los “indígenas sólo utilizaron para su defensa armas rudimentarias (lanzas), de uso común, objetos contundentes como piedras y palos” (4).
Centro de operaciones
En el plano geopolítico, Perú reviste una importancia estratégica para las derechas tanto estadounidense como latinoamericanas. Allí pueden operar libremente contra los gobiernos de izquierda que amenazan sus intereses. Así es que le fue concedido el asilo político a Manuel Rosales, el antiguo candidato de oposición en la elección venezolana, prófugo desde que se abrieron las causas por enriquecimiento ilícito. O, incluso, a Jorge Torres Obleas, ex ministro boliviano perseguido por la justicia de su país por su presunta implicación en la muerte de sesenta y tres personas, cuando ocurrieron las manifestaciones contra el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, en El Alto, en 2003.
El territorio peruano se convirtió también en un centro de operaciones de las fuerzas armadas estadounidenses. Una observación atenta de los desplazamientos de sus tropas y unidades navales revela que, de 2004 a 2009, al menos 155.350 militares estadounidenses ingresaron en el territorio peruano (5). Y que la duración media de la estadía se alarga a partir de 2006: de cien a doscientos setenta y siete días cada entrada. Actividades de información, “apoyo informativo”, “entrenamiento contra el narcoterrorismo”, etcétera, las actividades de estas patrullas se concentran en zonas de fuerte conflicto social: la jungla y su periferia.
La costa oceánica, por su parte, hace ahora las veces de centro de operaciones para la cuarta flota de Estados Unidos en el Pacífico. Sus fragatas lanzamisiles y otras unidades navales realizan ejercicios de entrenamiento para la guerra de superficie, la antisubmarina y la aérea, en cooperación con sus homólogos de Perú.
Los puertos son utilizados para el reaprovisionamiento de barcos y el descanso de las tripulaciones. A esta situación de subordinación estratégica frente a Washington se agrega la integración militar creciente entre Perú y Colombia. Se concretiza en maniobras comunes en las zonas fronterizas, maniobras que incluyen operaciones aéreas, el establecimiento de canales de comunicación y de procedimientos de coordinación así como el entrenamiento de los estados mayores. Durante el primer semestre de 2009, se realizaron cuatro ejercicios conjuntos, precisamente en la región donde operan las patrullas del ejército de Estados Unidos.
El apoyo total del Gobierno peruano a la inauguración de bases militares estadounidenses en Colombia y el estrechamiento constante de vínculos con el presidente Álvaro Uribe colocan a Lima en el dispositivo continental de freno al avance de la izquierda en Ecuador, en Bolivia y en Venezuela.
Históricamente, los movimientos sociales peruanos disponen de una enorme capacidad de movilización y de protesta. En 1978, provocaron la caída de la dictadura militar de Francisco Morales Bermúdez; en 2000, la del régimen fujimorista. En 1985 les faltó poco para llegar al Gobierno, con Alfonso Barrantes, candidato de la Izquierda Unida (IU). Al sostener la campaña de Ollanta Humala en las últimas elecciones de 2006, permitieron al Partido Nacionalista convertirse en la segunda fuerza del país. Por la polarización que engendra, la política brutal de García crea las condiciones para una ofensiva de estas organizaciones políticas progresistas. La represión es un arma poderosa, pero también muy peligrosa: puede volverse en contra de quien la usa.
Notas:
1) La República, Lima, 21-2-08.
2) Alan García, “El síndrome del perro del hortelano”, El Comercio, Lima, 28-10-07.
3) “Perú: el presidente Alan García pide a los pobres ‘que dejen de pedir’”, 25-2-07. En: www.eldiarioexterior.com
4) http://peru.indymedia.org/news/2009/08/45463.php
5) Esta cifra comprende las entradas previstas hasta fines de 2009. Las estadísticas fueron elaboradas tomando como fuente las resoluciones legislativas de autorización de entrada del personal militar y unidades navales extranjeras sobre el territorio peruano aprobadas por el Congreso; los cálculos fueron efectuados con todos los registros disponibles en su base de datos. Sin embargo, la cifra real podría ser superior: algunas autorizaciones no indican ni el número de hombres ni el equipamiento militar que entran en el país. En el año 2005 en particular, un año electoral, no hay anexos disponibles.
Monica Bruckman es Socióloga e investigadora en Ciencias Políticas, red Unesco, Universidad de las Naciones Unidas sobre la Economía Global y el Desarrollo Sostenible, Río de Janeiro.
Traducción: Florencia Giménez Zapiola
miércoles, 14 de octubre de 2009
Perú: Gobierno indigno
13 de octubre de 2009
Gustavo Espinoza
NUESTRA BANDERA
Apenas dijo que Arturo “Zambo” Cavero había mejorado, el destacado músico peruano, falleció en medio de la mayor consternación de los peruanos. A eso le llaman aquí ser “salao”; es decir, buscar algo y provocar lo contrario; anunciar lo bueno y constatar lo malo.
Era una característica de la personalidad de un anterior Presidente, don Manuel Prado quien en cierta ocasión envió “buenos augurios” a la ciudad del Cusco, minutos antes que ocurriera allí un devastador terremoto.
Pero éste es distinto, No sólo es “salao”, sino que también preside un gobierno indigno.
Finalmente el primer mandatario se salió con la suya. Desoyendo la demanda sensata de muchos ilustres peruanos, el pasado 7 de octubre dispuso que el consorcio chileno Terminales Portuarios Euroandinos, tomara el control del Puerto de Paita.
No un muelle, ni una zona de servicio, sino el Puerto. Todo, completo. Y por eso, en uso de sus facultades, la empresa sureña, comenzó por dejar en la calle a los trabajadores de ENAPU-PERU, consumando un nuevo atropello que quien puede atribuirse a su soberbio desdén por los peruanos.
Los propietarios de Terminales Portuarios Euroandinos, como lo señalara recientemente Manuel Dammert, son los hermanos Enrique y Carlos Loret de Mola, también directivos de “Cosmos” y “Neptunia”, vinculados al grupo chileno Von Appen; y se adueñaron del Puerto de Paita no solo por razones comerciales, sino también con claros objetivos de orden estratégico.
Desde allí podrían jugar un rol decisivo en el tema de las relaciones entre Chile y Perú en la eventualidad de conflictos de cualquier tipo.
Se consumó entonces una dolorosa afrenta a la dignidad nacional, al legado de Miguel Grau y a los intereses del país; que se había expresado en opiniones diversas y en documentados estudios referidos tanto a la importancia del puerto desde el punto de vista de la seguridad nacional, como del valor del negocio que estaba en marcha y que no debió cerrarse en términos tan desfavorables a nuestro país.
Es claro por cierto, que la ciudadanía no pasará por alto esta perfidia consumada a espaldas del Perú por un gobierno que ha pasado por encima de las consideraciones más elementales en su afán servil de beneficiar al capital foráneo.
El tema del acuerdo económico suscrito en provecho del consorcio mapochino tiene dos variantes. Una, alude al marco económico y la otra al político.
Desde el punto de vista económico, el primer ganador ha sido la empresa chilena que ha obtenido el control virtual de un puerto en el que podrá operar sin limitación alguna para todas las tareas de embarque y desembarque eludiendo controles aduaneros peruanos y pagando a los trabajadores salarios de hambre.
También por cierto, los oscuros personajes del gobierno que se han prestado a otorgarle al consorcio chileno un beneficio material que no había soñado alcanzar.
No deben haberlo hecho gratis, por cierto, ya que se ha tratado de un “negocio” convenido a la sombra y a la espalda de los organismos fiscalizadores del Perú y en el que las “comisiones” de estilo no deben haber estado ausentes.
Y en el plano político quienes han batido palmas han sido los portavoces de la llamada “inversión extranjera” que viven dispuestos a regalar el integro del patrimonio nacional a cambio de una palmada sobre el hombro.
En esa área se sitúan los funcionarios del régimen, pero también los domesticados propietarios de los medios de comunicación y sus voceros más calificados que no han cumplido sino una función: exaltar hasta el paroxismo la importancia del consorcio chileno y la necesidad de que arribe a nuestros puertos en busca de fortuna.
Curiosamente, la fecha del acuerdo no podría haber sido más desafortunada. Hace 41 años, en efecto, un día cercano a este - el 9 de octubre- fue proclamado como el Día de la Dignidad Nacional.
Y éste, que en todo caso podría haber sido el Día de la Indignación Nacional, ha quedado convertido más bien en un verdadero Día de la Indignidad.
Hace 41 años la áspera voz del general Juan Velasco Alvarado trasmitió una buena nueva: tropas de la Primera Región Militar haciéndose eco del clamor de la nación, ingresaron al campo de Talara para tomar posesión de todo el complejo de la IPC y hacer flamear el emblema nacional, “como expresión de nuestra más indiscutida soberanía”
Fue ese, en efecto proclamado como el Día de la Dignidad Nacional porque confirmo la idea de que un pueblo -y un gobierno- podían recuperar para el país el patrimonio entregado por una oligarquía envilecida en provecho foráneo.
Fue el 9 de octubre, pero también pudo ser otro, el considerado Dia de la Dignidad Nacional.
El 8 de octubre de 1879, por ejemplo pudo haber sido considerado fecha simbólica porque ocurrió el sacrificio de Miguel Grau Seminario, el héroe de la Armada Peruana y la gran figura de la Guerra del Pacífico. Ese día, en efecto, en el combate de Angamos fue abatido este valeroso Caballero de los Mares, ejemplo incontrastable de nobleza y valentía.
También pudo haber sido el 4 de noviembre, rememorando la fecha en la que, en 1780 se alzó en armas José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru II, Cacique de Surimana, Tungasuca y Pampamarca para enfrentar el poder español, dando inicio así a una gesta de innegable trascendencia continental.
Pero además, pudo haber sido considerado el Día de la Dignidad Nacional cualquiera otro en el que la lucha de los trabajadores y el pueblo, los estudiantes, los campesinos o las mujeres; se expresó en acciones descollantes en las que brilló con luz propia la conciencia nacional y la fuerza de los peruanos.
El Presidente García podrá usar las exequias del “Zambo” Cavero para declarar un “duelo nacional”, copar los medios de comunicación y trajinar su imagen hasta el cansancio, pero el país no olvidará nunca lo que hizo.
miércoles, 19 de agosto de 2009
¿Qué busca Israel en Estados Unidos? (I)
20-08-2009
José Steinsleger
La Jornada
El genocidio palestino en Gaza, la llegada al poder de un régimen de ultraderecha y el cambio de administración en Washington han puesto en serias dificultades a Israel. En Europa, las pérdidas a raíz de los boicots portuarios ascienden a 21 por ciento de las exportaciones, y en países árabes aliados de Estados Unidos, como Egipto y Jordania, crecen los obstáculos para el flujo normal de sus inversiones y mercaderías.
Necesitado de socios comerciales, el gobierno del premier Benjamin Netanyahu dispuso en los últimos días de julio que el impresentable Avigdor Lieberman, ministro de Relaciones Exteriores, emprendiera una gira por cuatro países estratégicos de América del Sur: Brasil, Argentina, Perú y Colombia.
Lieberman fue recibido por el presidente Lula, uno de los pocos gobernantes del mundo que apoyaron a Mahmud Ahmadinejad frente a las denuncias de fraude en las pasadas elecciones iraníes. Mohsen Shaterzadeh, embajador de Teherán en Brasilia, aprovechó la ocasión para advertir al visitante que Brasil se caracteriza por “… una diplomacia fuerte y altiva y que no es influenciable por las ideas de un país pequeño, racista y que no es reconocido por todo el mundo” (Página 12, 22/7/09).
Valter Pomar, secretario de Relaciones Exteriores del Partido de los Trabajadores (oficialista, PT), calificó a Lieberman de racista y fascista. En cambio, el presidenciable de derecha José Serra, gobernador de Sao Paulo, lo agasajó con una comida que tuvo lugar en la poderosa Federación de Industrias del estado brasileño. Por fin, negocios son negocios: Brasil, que en los pasados seis años aumentó en 50 por ciento el presupuesto militar, compró a Israel ocho aviones no tripulados para vigilar las fronteras. En tanto, organismos de derechos humanos de Rio de Janeiro pedían a las autoridades que dejasen de usar el Caveirao, mortífero vehículo blindado que en los territorios ocupados mata indiscriminadamente a los palestinos, y en las calles cariocas intimidan las manifestaciones políticas.
En Argentina, donde el peso electoral del sionismo y la fuerza del American Jewish Committee consiguieron que el gobierno torciera nuevamente el curso de las investigaciones destinadas a esclarecer los atentados dinamiteros contra la embajada de Israel y la mutual judía AMIA (1992/1994), Lieberman fue recibido por el canciller Jorge Taiana, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli; el jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri, y la Unión Industrial Argentina.
El intercambio argentino-israelí se ubica en cuarto lugar después de Brasil, Colombia y México. No obstante (y a despecho de la opinión de miles de judíos antisionistas que repudiaron la presencia del funcionario israelí), Tel Aviv cuenta con poderosos aliados entre la alta y mediana burguesía argentina, a los que ahora hay que sumar a la novel Asociación de Amigos de los Soldados de Israel, fantasmagórico sello político que acaba de constituirse con la presencia en Buenos Aires del general (R) Yitzhak Gershon.
En Perú, Lieberman empezó a relajarse. Una semana antes se había visto con el ex presidente peruano Alejandro Toledo, quien declaró en Jerusalén lo que un político correcto debe declarar: que las relaciones entre Irán y Venezuela, y gobiernos como el de Bolivia, Venezuela y Nicaragua representan una amenaza para América Latina.
La amistad de Toledo con Shimon Peres, presidente de Israel, permitió el blanqueo de los escándalos financieros con los papeles de la deuda externa peruana durante el primer gobierno de Alan García (1985-90). Así como después, progresivamente, se silenció el contrabando de armas llevado a cabo por Vladimiro Montesinos (jefe de seguridad del ex presidente Alberto Fujimori, 1990-2000, actualmente en prisión) y sus socios israelíes Illan Weil, Roni Lerner y Moshe Rotschild.
Los principales bancos en los que Montesinos depositaba su dinero eran el Fibi Bank y Leumi Bank, una de las entidades financieras más poderosas de Israel, con tantas oficinas como el Banco de Crédito del Perú. Pero después, asesorado por sus propios gurús (el magnate peruano Yosef Maiman, el empresario israelí Adam Pollak y el especulador húngaro George Soros), Toledo organizó la famosa y ridícula Marcha de los Cuatro Suyos contra las pretensiones releccionistas de Fujimori (julio 2000).
Todo quedó en familia. El general Walter Ledesma (ministro de Defensa de Fujimori) solía decir que los militares israelíes “… son más devotos de la eficacia que del saludo militar y las condecoraciones y los desfiles”. Al asumir el mando, Toledo anunció la restructuración de las fuerzas armadas, nombrando en la cartera al parlamentario David Weisman, mientras Jacques Rodrich, un diputado de su movimiento Perú Posible, juraba el cargo en hebreo (julio 2001). Invitado de honor: Shimon Peres.
Lieberman conoció la hipócrita sonrisa del presidente Alan García (genocida de indígenas y presos políticos), la del servil canciller José A. García Belaúnde y la del presidente del Congreso Luis Alva Castro. El municipio de Lima lo ungió como huésped ilustre.
viernes, 17 de julio de 2009
Perú: Gabinete de guerra
16 de julio de 2009
Alberto Ampuero (especial para ARGENPRESS.info)
El presidente Alan García bendijo su tercer Gabinete ministerial desde que ganó las presidenciales de 2006. No es para menos. Está en juego su puesto de mejor garante del modelo neoliberal en el país.
A diferencia de los gabinetes anteriores, “La prioridad de este gabinete será poner orden”, dijo.
La duplicación de los conflictos sociales de un año a otro (132 en el 2008 a 273 en lo que va del 2009) es alarmante. No solo aumentaron, sino que se hicieron más agresivos, señaló Perú-Cámaras.
Son conflictos entre empresas y comunidades, con gobiernos regionales y con el Gobierno Central.
A veces se piensa que detrás de los conflictos existe un actor único que manipula todo y no es así. En el Perú hay líderes y grupos radicales, pero ellos no crean las situaciones, las capitalizan. No es exacto atribuir a los radicales la generación del conflicto. El motivo de la protesta es algo real, concreto, afirmó Rolando Luque, de Defensoría del Pueblo.
El temor está en su avance
El impresionante despliegue militar y policial durante la Jornada Nacional de Protesta del 8,9 y 10 de julio, y el pago de 20 nuevos soles otorgados a los trabajadores para que no participen en el paro, demuestra el temor del Presidente y sus aliados a la articulación de los movimientos sociales, cuyas plataformas como parte de un proceso histórico se van integrando poco a poco, apunta Mario Huamán , secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP)
El nuevo premier, Javier Velásquez Quesquén, dijo tener el arma eficaz para curar los males. “Vamos a fomentar el diálogo, con plazos y resultados, respetando el principio de autoridad y del orden”, dijo
Las comunidades indias desconfían del mandatario y de su nuevo equipo. Existen 32 mesas de diálogo que se instalaron después del estallido de la violencia de Bagua, pero la mayoría de los conflictos no se soluciona y retorna.
Los partidos de derecha prefieren esperar. “Nosotros —el Partido Popular Cristiano y Unidad Nacional— vamos a mantenernos con absoluta independencia del Gobierno y en la oposición selectiva al Gobierno, declaró Lourdes Flores Nano, presidenta del PPC.
Mientras el sector de centro-derecha (Castañeda, Toledo), insta al soberbio gobierno aprista a reconocer que no están representando al ciudadano cabalmente y que esa es la primera causa de los conflictos. Piden reducirlos y evitar que se repitan una y otra vez estableciendo canales de diálogo que ayuden acercar el Estado a la población.
“El Gobierno no puede exponer al país a esta polarización”, advirtió el diario conservador El Comercio.
Habida cuenta de la grave crisis económica y del aumento de la polarización social, lo último que quiere la derecha peruana en su conjunto, es un peligroso malestar interno estimulado por los discursos confrontacionales del presidente.
Es evidente que el Gobierno ya no tiene la capacidad de convocatoria luego de la crisis de Bagua y se ha refugiado en su propio partido, declaró Lourdes Flores.
Alan García recurrió a un militante del partido para recomponer su gabinete. El nuevo premier Velásquez Quesquén viene de ser presidente del Congreso y su conducción ha sido duramente criticada por su manejo autoritario. De hecho, se negó a derogar las leyes que motivaron la rebelión de los indígenas amazónicos y castigó a siete legisladores de la oposición que se declararon en huelga de hambre en apoyo a los nativos. Velásquez ha acusado reiteradamente al presidente venezolano, Hugo Chávez, de promover las protestas sociales en el Perú.
Además de dirigentes del oficialismo, el nuevo gabinete está formado por políticos vinculados con el fujimorismo y la derecha y por empresarios ligados a grandes grupos de poder económico, lo que ratifica las alianzas que ha sustentado García desde su inicio.
"El país espera orden e inclusión social", dice García. Pero si no hay cambios en la política económica del gobierno, el paisaje puede resultar así.
Que será un gabinete para poner orden (ante las protestas) y de olvido a la inclusión social.
Que van a afirmar el modelo de desarrollo económico actual.
Que el crecimiento de las protestas sociales, relacionadas con falta de empleo, bajos salarios, establecimiento de leyes que amenazan la propiedad de tierras y los recursos naturales de las comunidades indígenas andinas y amazónicas, así como los reclamos ambientalistas de poblaciones afectadas por la minería, impulsarán al gobierno a imponer mano dura antes que aceptar la atención de las demandas. Ya que si antes podian hacer concesiones ante los disturbios populares, hoy no están realmente dispuestos a someter sus políticas y poder a las demandas populares
Aquí están de acuerdo todos
“Me parece fundamental que en esta etapa el Gobierno muestre orden, autoridad y flexibilidad. No hay que seguir bajando la valla y cediendo en negociaciones sino tener claridad hasta dónde se puede ceder y en qué cosas se puede decir “no” con toda claridad”, afirmó Lourdes Flores
“Y si hay que ser duro para exigir que se cumpla con la ley, por respeto a los ciudadanos que quieren vivir en paz, pues habrá que ser duro”, completó el nuevo ministro de Defensa, Rafael Rey.
Alberto Ampuero es periodista peruano.
jueves, 9 de julio de 2009
Protestas, bloqueos y paros en Perú contra políticas de Alan García
Lima, 8 de julio.
Miles de trabajadores marcharon hoy en Perú para
exigir un cambio en la política económica del gobierno, luego de paralizar
labores y sumarse a una jornada de protestas que se cumple con huelgas
regionales y bloqueos carreteros, un día después de que el presidente Alan
García anunció que prepara un nuevo gabinete ministerial presionado por los
conflictos sociales.
García enfrentó la mayor protesta en junio con una movilización de
indígenas amazónicos en rechazo a sus políticas de explotación de tierras de
los pueblos originarios, que se saldó con la muerte de 24 policías y 10
indios y obligó a su gobierno a dar marcha atrás en esa política al derogar
las leyes que favorecían a trasnacionales.
Mientras, se informó que el gobierno de Nicaragua concedió asilo
político a Servando y Saúl Puerta Peña, dirigentes indígenas peruanos que se
refugiaron el lunes en la embajada nicaragüense en Lima.
En momentos en que existen en el país 226 conflictos sociales activos,
según la Defensoría del Pueblo, transportistas y maestros paralizaron
labores este miércoles y se sumaron a la marcha de la Confederación General
de Trabajadores de Perú (CGTP) -la mayor central sindical del país-, en
tanto que en algunos puntos periféricos de Lima se reportaron algunos
bloqueos, que fueron despejados por la policía.
En total 156 personas fueron arrestadas por bloquerar arterias en Lima
y otras ciudades, donde además quemaban neumáticos, informó el general de la
policía, Miguel Hidalgo.
La ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, informó que han sido
desplegados unos 32 mil policías y unos 6 mil militares para velar el orden
en el país. La policía y militares resguardaban plazas, empresas públicas,
vías estratégicas, puentes, estaciones de autobuses y algunos aeropuertos
del país.
No obstante, las autoridades afirmaron que el paro fue menor en Lima y
reconocieron que en el interior del país había algunos problemas.
Un sector de los transportistas inició un paro de 48 horas a escala
nacional, que afectó parcialmente las actividades en la capital, aunque se
siente con mayor fuerza en provincias, según los reportes policiales.
No es sólo un cambio de hombres, es fundamental el cambio de política
económica en Perú para revertir la pobreza y generar más empleo, declaró
Mario Huamán, presidente de la (CGTP, izquierda), que convocó a las marchas.
Además, las actividades escolares quedaron paralizadas por un paro
nacional de 24 horas decretado por el Sindicato Unico de Trabajadores de la
Educación (Sutep), acatado por unos 300 mil maestros estatales, según el
gremio.
En paralelo se cumple el segundo día de un paro de 72 horas en
diversas regiones del país.
En la ciudad surandina de Cusco, donde hubo algunos episodios de
violencia, la empresa Perú Rail suspendió el servicio de trenes hacia el
santuario arqueológico de Machu Picchu, principal atracción turística del
país, como medida de protección a los turistas extranjeros.
Manifestantes bloquearon caminos en esa ciudad, al igual que en Puno,
Arequipa, Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, así como en las norteñas Tumbes
y Chiclayo, en la norandina Huaraz y en Pucallpa (nororiente). En esta
ciudad se presentaron intentos de saqueo a mercados.
miércoles, 10 de junio de 2009
Alan García Pérez camina por el sendero genocida de Pizarro y Sánchez de Lozada
10 de junio de 2009
Aureliano Turpo Choquehuanca
“Durante en estos 476 años de indoblegable lucha, al trance crítico de opresión colonial respondemos, con nuestra natural fuerza de resistencia comunitaria Tawantinsuyana, con haber de pérdidas humanas bastante costosas y esta frontal lucha de siglos hasta nuestros días continua.
El omnipresente debe ser para fortalecer la unidad y que nuestras Naciones proyecten su liberación”.
Teorema Inka de Liberación – Augusto Caña Mamani “Sinshi Cahuide”.
El gobierno aprista peruano ha reconfirmado la política entreguista y pro trasnacional de Fujimori y Toledo que impulsaron la privatización y la venta de los recursos naturales no renovables como los minerales, el petróleo, el gas y los recursos renovables, mediante el Tratado del Libre Comercio (TLC), que no es otra cosa que el “artimañado” TRATADO DE LIBRE COLONIZACIÓN para la enajenación de los recursos naturales que la Madre Tierra, que ha proveído a los constructores de la civilización comunitaria de ayllus del Tawantinsuyu y sus herederos los pueblos y naciones kechuas, aymaras y amazonenses del Perú Tawantinsuyano del tercer milenio.
El inició de la política genocida y colonizadora se dio con la presencia de los invasores españoles en 1532 en Taxamarka (Cajamarca), asesinando a mansalva a miles y miles de quechuas desarmados; en este episodio de sangre el Inka Atawallpa como gobernante del Estado Confederado del Tawantinsuyu, fue tomado prisionero y meses más tarde, una vez cobrado el tesoro de rescate, con aleve criminal fue asesinado. Este afrentoso genocidio que continuó con la sañuda política racista e inquisidora del Virrey Francisco de Toledo que mandó decapitar al Inka Felipe Túpac Amaru I (1572). Política carnicera que siguieron los mal llamados virreyes que cumplieron a cabalidad los mandatos del rey Español dejándonos miles de miles de hombres, mujeres y niños asesinados, de los que la historia registra, tanto con los testimonios denunciados por el fray Bartolomé de las Casas a los que no se puede negar. También hay otros actores de la guerra de resistencia como es el caso de Juan Santos Atawallpa, José Gabriel Condorcanqui Tupak Amaru II, Pedro Willka Apaza, Túpac Katari. Desde la declaratoria de la falaz “independencia” no siendo ajena a lo acontecido en el período republicano de los españoles americanos, los criollo-mestizos que hoy ejercen la administración del Estado colonial como Alan García Pérez, presidente de los peruanos latinizados e hispanizados.
En esta etapa del tiempo y del funesto historia opresión en que vivimos; el colonizado mental de Alan García y su gabinete ministerial, acompañado por sus congresistas apristas y sus aliados vergonzantes de los partidos en el poder legislativo racista y discriminador, hoy se rasgan las vestiduras hipócritamente por la masacre cometida por las fuerzas del “desorden” colonial peruano, contra los pueblos y naciones amazónicas de Bagua Chico, el pasado 5 del presente mes de junio, comenzando por los lloriqueos de la Ministra Cabanillas y toda la prensa oligárquica limeña, que el General del Pueblo Juan Velasco Alvarado lo había nacionalizado para el pueblo, pero, los hayayeros del imperio la volvieron a privatizar. La prensa manejado por la entelequia capitalista y colonizadora ha descargado su verborrea insana y sañuda en contra de los líderes amazónicos, sobre todo, contra el hermano Alberto Pizango que se puso al frente de su pueblo para luchar contra la política entreguista del gobierno aprista que mediante los decretos supremos (1090 entre otros), entregaba (regalaba) a las trasnacionales estadounidenses, las riquezas naturales del pueblo amazónico del Perú Tawantinsuyano.
La protesta amazónica y de todo el pueblo y las naciones ancestrales del Perú Tawantinsuyano, han levantado su voz de protesta contra esta política entreguista y pro imperial del APRA en el poder colonial republicano; así este mandatario de opereta criolla, impulsó que el Congreso Nacional debata nuevamente la legalidad de éstos decretos legislativos, que contravenían la CPE y las leyes del Estado oligárquico criollo mestizo limeño, sobre todo, los derechos humanos de la tercera generación, sancionados y defendidos por la ONU, como también, el espíritu de la declaración de los derechos de los pueblos indígenas y el Convenio 169 de la OIT, que garantizan, el buen vivir de los pueblos indígenas del Perú y del mundo.
Ante la indolencia y la indiferencia del legislativo y del ejecutivo aprista por no responder positivamente a las demandas del pueblo amazónico y sus organizaciones de lucha por más de 57 días, fue de tensa calma y desconcierto ante la “mesa de diálogo”, que fue un distractivo para que el gobierno arremetiera con inspiración hitleriana y franquista contra la pacífica protesta amazónica, cuyo saldo político-social es de más de 35 muertos amazónicos y varios centenares de heridos y desaparecidos, frente a 24 policías muertos en circunstancias aun no esclarecidas pero satanizadas por la prensa oficiosa y oligárquica, que culpa al pueblo amazónico de haber cometido, bárbara masacre, contra los “defensores de la libertad”, lenguaje acuñado por el señor George W. Bush.
Las noticias son aún tergiversadas y alineadas al poder de la derecha cabernaria de los criollos mestizos de la Lima Virreinal, sin embargo, personalidades informadas de los hechos como la señora Victoria Touli Corpuz, Presidenta del Foro Permanente para los Asuntos Indígenas de la ONU, haya condenado el genocidio cometido por el gobierno alanista, como también acompañan a esta condena personalidades y organizaciones de los pueblos y naciones ancestrales del mundo, de manera especial las del subcontinente tawantinsuyano, la hoy mal llamada América del Sur.
Es importante recoger la experiencia del hermano pueblo kechuaymara de la república de Bolivia, en el sentido de que su lucha contra la política neoliberal, que impuso el gobierno de Sánchez de Lozada, lo llevó a un punto insano y genocida que escenificó la MASACRE DE OCTUBRE NEGRO de 2003, que finalmente provocó la EXPULSIÓN DEL GOBIERNO al movimientista pro imperio norteamericano del agringado Gony Sánchez de Lozada, el carnicero de Bolivia. Alan García el doctorado de la Sorbona de París y filipillo de George W. Bush, aleccionado en la política neoliberal en su condición de escudero de las trasnacionales provocó la MASACRE DE BAGUA CHICO, el pasado 5 de junio del 2009.
El genocidio perpetrado por Alan García, gobernante de las trasnacionales y virrey de la criollada limeña, en la Amazonía del Perú Tawantinsuyano, antigua Región del Antisuyu Tawantinsuyano, se constituye en el señuelo del SENDERO GENOCIDA PIZARRISTA Y ALMAGRISTA que sigue, como buen alumno de Sánchez de Lozada, lo que confirma la actitud política neoliberal que se desarrolló y se desarrolla en los mal llamados países en “vías de desarrollo”. En esta hora CUMBRE de los Pueblos y Naciones ancestrales del Perú Tawantinsuyano: Se debe demandar con toda prioridad la CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE COMUNITARIA y allí se sancione las nuevas reglas de convivencia entre los pueblos y expresiones étnico culturales, que se expresan en los kechuas, aymaras, amazonenses y mestizos empobrecidos de las grandes ciudades y de las provincias marginadas por el centralismo limeño que se arroga y disfruta el 70% del presupuesto nacional.
En esta hora de prueba histórica y política de los pueblos y naciones ancestrales del Perú Tawantinsuyano, exigimos que se proyecte una respuesta de reordenamiento político administrativo gubernamental como primer paso, de los desheredados del país, en el convencimiento de que el colonialismo interno y la política neoliberal no es la solución a los grandes problemas creados por la invasión colonial euroespañola y anglosajona.
El reto político e histórico de los kechuas, aymaras, amazonenses y mestizos del Perú Tawantinsuyano es el construir un proyecto político e histórico en el marco del respeto a la diversidad y la convivencia comunitaria, inspirada por el Apu Pachakutiq y el Inkarri, anulando de esta manera la “lucha de clases” que no es otra cosa que el autogenocidio que los clasistas y los gobiernos oligárquicos la utilizan a su conveniencia, perdiendo el valor cultural de reconocer al ser humano como constructor del destino de los pueblos y naciones del mundo.
¡¡LOS DELITOS DE LESA HUMANIDAD NO PRESCRIBEN!!, en consecuencia, el presidente García Pérez y su Gabinete Ministerial deben renunciar y dar paso a un Gobierno de Transición y de inmediato convocar a la Asamblea Constituyente Comunitaria, para la pacificación y la implementación de la justicia histórica y social de los pueblos y naciones ancestrales de los kechuas, aymaras, amazonenses y mestizos empobrecidos y que las organizaciones intergubernamentales de las Naciones Unidas y de las organizaciones de los Derechos Humanos sean la garantía del restablecimiento de la soberanía de los pueblos del Perú Tawantinsuyano.
Genocidio en Perú: La Sangrienta herencia de Bush en la Dictadura de Alan García
10 de junio de 2009
Alfredo Seguel
El neoliberalismo es un modelo estéril y una guerra contra los Pueblos, de incremento de la explotación y sobre explotación de bienes naturales y del fin del rol del aparato público para dar paso al control de Corporaciones económicas en los estados y de poner fin a las economías locales.
Eso es Perú, un eje de dicho mal instalado por el imperialismo neoliberal reflejado fehacientemente en la administración Bush y que continúa teniendo sus coletazos contra los Derechos Humanos y en contra del Medio Ambiente. El extremo de este modelo, el Ultra Neoliberalismo, está reflejado en Sud América en Países como Chile, quien lo inició, luego Colombia, y por supuesto, Perú, el último de los experimentos extremos.Alan García. Un Gobierno que entró por votación “democrática” y que se transformó en una violenta DictaduraFujimori hizo las labores de “limpieza” para la instalación del germen neoliberal. Toledo lo mantuvo; Y García lo expande e intenta consolidarlo a costa de abusos, arbitrariedades, ilegalidades y de corrupción.En un sistema verdaderamente democrático, los poderes del Estado deberían funcionar, la participación existe y los ideales de libertad, justicia e igualdad no son mera retórica. Sin embargo, el Gobierno de Alan García asume facultades legislativas tal cual lo hace un Gobierno de facto, pasando a llevar la Constitución y el propio Congreso de la república. En el presente, esa acción significa la imposición de decretos legislativos que buscan la destrucción sistemática de la vida comunitaria, la enajenación de tierras para intereses de grupos económicos, minifundio, micro-parcelas insuficientes para la subsistencia, emigración, acorralamiento por industrias extractivas y sobreexplotación Bienes Naturales a cargo de poderosos grupos económicos; y una violenta represión estatal, criminalización y judicialización de la protesta social para controlar cualquier animadversión que invoque la defensa de tierras y Derechos colectivos por parte de los indígena.Estados de emergencias, de sitio y toques de queda, son otras de las prácticas que asume activamente Alan García para hacer frente a la protesta social, reprimiendo y haciendo desaparecer cualquier mecanismo que asegure el derecho de participación y por supuesto, el consentimiento de los Pueblos y comunidades frente a las políticas públicas del estado, lo que se hace mucho más “eficaz” frente a liderazgos sociales caudillistas, que facilitan la tarea represiva y de desmovilización.Decenas de asesinatos, centenares de judicializados y reprimidos, principalmente campesinos e indígenas en protestas sociales, son algunos de los saldos arrojados por el Gobierno de Alan García que sin lugar a dudas, junto a Uribe de Colombia, son considerados como uno de los más violentos y genocidas de la región.Otro aspecto característico de los Gobiernos de facto neoliberales, son, los altos índices de corrupción y sometimiento a los intereses de las Corporaciones económicas. Toda dictadura en el continente se ha caracterizado por esto. El rastrerismo ilustrado, el de terno y corbata y/o uniformados, a punta de cañón y fuego, para permitir el saqueo de los bienes colectivos de un País.En efecto, uno de los tantos escándalos que ha debido enfrentar el Gobierno peruano, es el llamado “Petro Audios” que involucra a altos funcionarios del Ejecutivo por recibir coimas para otorgar concesiones a ciertas empresas que obtendrían el control de ciertos lotes petrolíferos. El Presidente ha intentado distanciarse pero hay una responsabilidad política ineludible. Perú Petro y el Ministerio de Energía están corrompidas por el dinero de las grandes trasnacionales y que significó la mismísima caída del Ministro , que incluso, en los últimos petro audios dados a conocer en algunos medios tocan al propio Alan (1).Casi como anécdota es el mensaje que versa en la supuesta entidad pública “Peru Petro”, que dice: “Perú, un País para Invertir” o bien, su promoción de establecer a Perú como País “Petrolero”. Perú Petro es la "empresa" estatal dependiente del Ministerio de energía quien es juez y parte en las negociaciones y concesiones de los lotes petroleros. Negocia directamente con las transnacionales y luego es quien, post procesos de postulación para las concesiones, define si las otorga o no, lo que es un absurdo y cuyo rol ha quedado en evidencia recientemente sobre los niveles de corrupción que se puede llegar con este tipo de políticas, fuera de toda ética y lícito.Otra referencia con relación a los intervencionismos foráneos, es el que sostuvo comercialmente Alan García para la “inversión” con el poderoso grupo económicos de Chile CMPC (Grupo Matte) para su traslado al Perú, grupo muy cercano a la dictadura Militar de Pinochet, sindicado además de haber sido uno de los instigadores del Golpe de Estado en este País junto al empresario Edwards y la CIA. En efecto, fue uno de los grupos económicos más beneficiados durante el régimen militar y ha sido denunciado en la actualidad de mantener relaciones con empresas externas de seguridad que resguardan sus intereses, con integrantes ex uniformados que habrían estado vinculados a la CNI (Central Nacional de Inteligencia del Gobierno de Pinochet) y que hoy actuarían como sicarios o mercenarios. El objetivo de dicha empresa, coludidamente con el grupo económico peruano “Romero” es la Amazonía para fines de bio combustibles e industria forestal. (2)Las Operaciones estadounidense de la administración Bush en el PerúLa praxis de represión a los Movimientos sociales y formas de levantamiento de información en el Perú para intereses de las corporaciones no es aislada. Muchas de ellas se cruzan con el intervencionismo que tuvo la administración del ex Presidente de Estados Unidos George W. Bush y que se siguen reproduciendo hasta el presente.En Junio de 2008 el Presidente de Bolivia Evo Morales denunciaba sobre el peligro de bases militares de Estados Unidos en el Perú y señalaba a la prensa: “Algunos imperios tratan de humillarnos (...) y con el pretexto de lucha contra el terrorismo, con el pretexto de lucha contra el narcotráfico (...) quieren poner bases militares” en países sudamericanos, aseveró Morales en un mitin (3), lo que fue desmentido y duramente criticado por la administración de Alan García.Al respecto, son varios los enlaces que han tenido unidades militares de estados unidos en suelo de Perú. Uno de los últimos fue de 213 efectivos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, para participar en actividades comprendidas en el programa de entrenamiento combinado conjunto con milicias peruanas denominado “Nuevos Horizontes”, que se realizó en la selva ayacuchana, según lo dispuso la resolución Ministerial 705-2008-DE/SG, que precisa que el personal militar norteamericano estará en territorio peruano entre el 12 de julio y el 15 de setiembre del 2008, por motivos de “Acción cívica humanitaria” en la región Ayacucho.En las subsiguientes fechas, el ministro de defensa expide las siguientes autorizaciones en el segundo semestre del 2008 (4):20 de junio-RM –Nº 606-2008/DE/SG……… 158 militares “sin armas”27 de junio- RM-Nº 636-2008/DE/SG………… 27 militares “sin armas”11de julio- RM-Nº 705-2008/DE/SG……………… 213 militares “sin armas”Otro caso, es en la Región de Ucayali, Amazonía de Perú, donde se encuentra la base principal de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), con numerosos equipos, funcionarios, oficinas, helicópteros, entrenamientos y llama la atención que oficiales del ejército peruano “camufladamente” presten servicios activos a dicho organismo estadounidense. No es un misterio tampoco del nivel de relación que ha tenido dicho organismo con la Central de Inteligencia (CIA) no solo para su “lucha contra las drogas” sino frente a los movimientos sociales en diferentes Países donde se presentan los intereses de grandes compañías para ejecutar proyectos de industrias extractivas como la minería e hidrocarburíferas.Otro inminente intervencionismo que se convirtió en un secreto a voces, a pesar de que siempre el gobierno negó en todos sus extremos la posibilidad de la instalación de una base militar estadounidense; fue el que denunció el diario LA PRIMERA quien en el 2008 tuvo acceso a un documento oficial que acredita que el Ministerio de Defensa coordinó con el ex comandante general del Ejército, Edwin Donayre, a solicitud de Estados Unidos de América, la construcción de un Centro de Operaciones e Inteligencia Conjunto en la base de Pichari en el Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE). Se señala “Mediante el oficio 058 VPD/A/SEC, fechado el 10 de marzo del 2008, la viceministra de Políticas para la Defensa, Nuria Esparch Fernández, manifiesta a Donayre que el ministerio del sector coordinó con el Comando Sur, a través del Grupo Consultivo y de Ayuda Militar de los Estados Unidos de América, el proyecto de construcción de “un Centro de Asistencia Médica y un Centro de Operaciones e Inteligencia Conjunto en el terreno donde se encuentra estacionado el Ejército en Pichari”. Pichari es un pueblo ubicado en el sector oriental de los Andes centrales de Perú, cerca al pueblo de Siva y en el borde de la región Ayacucho, junto al río Apurímac (5).Otro hecho conocido, es el de las gestiones de traslado de la base militar de estados unidos desde Manta a Loretos, en la Amazonía, que según la información oficial, se trataría sobre “cooperación bilateral en áreas como asistencia humanitaria, prevención de desastres y operaciones de paz, así como los esfuerzos antidrogas de ambos países. Será la segunda visita que realiza el almirante Stavridis al Perú en su calidad de jefe del Comando Sur desde que asumió el cargo en octubre de 2006”.El especialista en temas de drogas e investigador del Transnational Institute (TNI) con sede en Holanda, Ricardo Soberón, señaló sobre este hecho en el 2008: /"Existe la intención de ubicar un centro de coordinación en una zona estratégica de la Amazonía, pero el problema es que cuando los norteamericanos hablan de 'coordinación' es que están pensando en un espacio multipropósito” (6)/Para Soberón La instalación de ese centro en el Perú es estratégico desde el punto de vista militar estadounidense porque mientras la base de Manta era estratégica por la cercanía con Colombia y la llamada guerrilla, en Loreto se tiene una equidistancia respecto de los tres núcleos de política alternativa que hay en este momento en el continente: Caracas, Quito y La Paz.En lo cívico, es escandaloso el nivel de intervencionismo de la Agencia Internacional para el Desarrollo, más conocida como USAID y la encubierta acción de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en cada uno de los países “subdesarrollados” donde interviene. Solo un hecho a modo de ejemplo, fue lo ocurrido en Bolivia, donde USAID operaba desde la localidad de Santa Cruz tendiente al derrocamiento del Gobierno de Evo Morales, financiando complot y sedición a través de organismos privados (7)En Perú así como en diversos lugares, USAID con la política de “regresión” ha utilizado a numerosas instituciones sobre todo privadas para ejecutar sus planes y canaliza dineros sin que se note mucho. Fundaciones, Ongs, Corporaciones, sociedades, asociaciones, quienes, quizás, algunas de ellas, actuando de “buena fe”, reciben financiamiento por este organismo para realizar diversos trabajos en bases sociales, principalmente rurales, desde donde se levanta numerosa fuente informativa que va desde zonas de interés para industrias extractivas y energéticas; liderazgos sociales (“enemigos internos”); zonas de conflictos o resistencia social (desde donde se interviene para los quiebres sociales y por ende la desmovilización); levantamientos topográficos y sistemas de información geográfica (SIG); “acompañamientos” a comunidades para incidir en políticas (neutralización de bases); Iniciativas para la Conservación Amazónica-Andina, cuyos resultados son receptadas por dicho organismo a través de informes, reuniones o publicaciones como parte de los cierres de proyectos a los que se comprometen y que han sido “claves”, particularmente durante la administración “Bush”.Barack Obama, actual Presidente de Estados Unidos, fue uno de los principales opositores que tuvo Bush y ha señalado que actuará con firmeza para terminar con el genocidio en diferentes países y de cambios radicales en materias ambientales y derechos humanos, por ello, de existir consecuencia con esto, se hace indispensable que ante el genocidio que se vive en Perú hacia los Pueblos Indígenas y, la complicidad que ha tenido su antecesor en estos hechos para la planificación represiva, haga una completa revisión de los actuales “operadores” que aún quedan en este País sudamericano y de los programas que se han mantenido, en caso contrario, seria extender la complicidad.Amazonía en Perú: Entre el Saqueo y el GenocidioLo que ocurrió en Bagua, con la violenta represión de las fuerzas especiales de la policía llamada DINOES y la matanza de decenas de indígenas quienes bloqueaban una carretera estratégica para el traslado del “crudo” como medida de protesta por la defensa de sus derechos colectivos ante las arbitrariedades del Gobierno, son parte de las políticas de genocidio estatal para asegurar los intereses de corporaciones económicas.En este último tiempo, diversos llamados de alerta y de emergencia han realizado las organizaciones indígenas desde la amazonía ante las atrocidades y atropellos sistemáticos a sus Derechos Humanos como Pueblos indígenas, ante la consecuencia de las políticas, acciones e inacciones del Estado peruano que han causado las arremetidas de sicarios madereros y grupos económicos petroleros que siguen devastando sus territorios y atentando contra derechos fundamentales de las comunidades, incluso atentando o amenazando derechos tan esenciales como es la vida de las personas principalmente de sus lideres.La situación que enfrentan los Pueblos Indígenas en todo el Perú es grave y escandalosa, que viola gravemente los Derechos Indígenas consagrados en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por Perú; y el Convenio de la OIT N° 169, tratado internacional de rango Constitucional, como asimismo, los diferentes pactos y tratados internacionales en general, relativos a los Derechos Humanos. En la amazonía la situación se agrava por el saqueo que se está haciendo.Los territorios dentro de los límites fronterizos del Estado peruano tiene como parte la selva de la amazonía que se comparte con otros países, la que sólo por el lado del Perú tiene una superficie que supera los 75 millones de hectáreas con una riqueza única en biodiversidad y ecosistemas.Sin embargo, el panorama que se enfrenta a consecuencia del conflicto de las industrias de hidrocarburos, controladas por empresas transnacionales es grave y crítico, a quienes el estado peruano les ha concedido lotes que abarcan cerca del 75 % de toda la selva amazónica, las que se encuentran en proceso de explotación, exploración o negociación, siendo unas 55 millones de hectáreas que se encuentran en esta situación en lotes (8), muchas de las cuales se sobreponen a tierras de comunidades sin que se considerase el Derecho a consulta o al consentimiento previo, libre e informado. También, se encuentran afectados los pueblos indígenas en aislamiento voluntario que son negados por el Gobierno y Empresarios. El propio Presidente de la República, Alan García, a través de una publicitada carta denominada "El síndrome del perro del hortelano" en el 2007, los señalaba como los "No conectados" y como invenciones de conservacionistas (9).Los indígenas en aislamiento voluntario, son numerosos pueblos que viven en gran parte de las extensiones de la cuenca amazónica, quienes prefieren la existencia aislada que han mantenido durante siglos, y evitan todo contacto con extraños, intuyendo y evidenciando el grave peligro que corren ya sea por una enfermedad que se les contagie a la cual no tienen defensa, o ante el asesinato de madereros ilegales y/o por la arremetida de las empresas petroleras.Cabe mencionar, que existen graves casos de contaminación, saqueo y destrucción en los territorios de la Amazonía. Uno de ellos fue el derrame desde el 2006 en el alto amazonas en el río corrientes, con impactos a todo el ecosistema del lugar y la contaminación a más de 8.000 personas de los pueblos indígenas mayoritariamente Achuar. Casos de intoxicación en la sangre, huesos, sistemas nerviosos, órganos con materiales pesados como el plomo o cadmio, como consecuencia de filtraciones de hidrocarburos y vertimientos de aguas saladas de crecimiento en el río y sus afluentes ocasionado por una empresa transnacional Pluspetrol, son el fiel reflejo de lo que está ocurriendo.Estos hechos se han venido repitiendo en diversos lugares de la amazonía. Ya son más de 25 las empresas transnacionales ubicadas en la selva para los procesos de exploración o explotación de crudo, a lo que se agrega la arremetida de la industria de Bio Combustibles de palma aceitera o de Pino piñón, nefastas por su monocultivo, destrucción y reemplazo de bosques nativos o suelos agrícolas.Medio Ambiente, soberania popular y alimentariaSon ecosistemas únicos, economías y seguridad alimentaria y la soberania de Pueblos y de un País la que está en juego. Si se proyectaran actividades de turismo y de seguridad alimentaria, perfectamente podría ser gran un aporte a las economías locales y a diversos lugares del planeta donde hay hambre. El turismo, las variedades de alimentación y frutas que tiene la Amazonía, en vez de potenciarse, están siendo reemplazada por actividades petroleras, madereras y de biocombustible. Todo un desastre con riquezas mediáticas siendo los únicos beneficiarios las grandes corporaciones.Justamente, uno de los impactos vía contaminación o sobreexplotación de bienes Naturales y que causan cambios en las formas de producciones locales y tradicionales, es la pérdida de ésta soberanía y seguridad alimentaria, derecho fundamental para combatir el hambruna y el alza de costo de vida, lo que, como ya se dijo, no sólo generaría el beneficio para el Perú, sino a la humanidad entera. Estos territorios son de gran importancia en la riqueza alimentaria y de biodiversidad, vitales para la existencia del planeta, principalmente ante la actual emergencia que vive la humanidad a consecuencia del calentamiento global, por sus fuentes de agua y grandes extensiones de bosques para oxigenar, sin embargo el ultraneoliberalismo de Alan García insiste en la destrucción y en la muerte, pero por lo visto, la resistencia continúa y la esperanza de un cambio profundo también.Fotos: Perú, Bagua - Represión a los indígenas ordenada por Alan García.Notas:1) Petro Audios:Los Nuevos Petro Audios – Utero de Marita:http://utero.pe/2009/01/27/los-nuevos-petroaudios/Audio que involucra a Alan García:http://www.youtube.com/watch?v=Ku07JFLkmTIPetroaudios – Voz - Video: http://www.youtube.com/watch?v=gXRbn9L3Mhc2) CMPC, la llegada a Perú y su cuestionamiento en Chile / Leer Más: http://www.periodistadigital.com/ultima_hora/object.php?o=899896 / http://argentina.indymedia.org/mail.php?id=610658&comments=yes / http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=24243) Evo Morales: “Estados Unidos instalará sus bases militares en Perú” / Leer Más: http://www.aporrea.org/internacionales/n116171.html4) Los enlaces Militares de Estados Unidos en Perú: http://alainet.org/active/25619&lang=es5) Ver: Centro de Operaciones e Inteligencia USA en VRAE / Leer Más: http://www.diariolaprimeraperu.com/online/politica/centro-de-operaciones-e-inteligencia-usa-en-vrae_36734.html6) EE.UU. trasladará base militar de Manta a Loretos Perú / Leer Más: http://www.no-bases.org/show_news/ee_uu_trasladara_base_militar_de_manta_al_peru7) La USAID y los proyectos separatistas en Bolivia – Leer Más: http://www.boliviaenvideos.com/2009/05/la-usaid-y-los-proyectos-separatistas.html / Ver documentos desclasificados en su formato original y en español – Leer Más: http://www.jeremybigwood.net/BO/2008-USAID8) 22 Lotes petroleros están en proceso de selección a cargo de: Petro Perú – Ver Presentación de la "Empresa" Estatal: http://www.perupetro.com.pe/downloads/Lanzamiento%20Bases%20PS%202008%20junio-061008.pptAlfredo Seguel es integrante de la Red autónoma de Comunicación y del Grupo de Trabajo por Derechos Colectivos.
domingo, 7 de junio de 2009
Alan, el Apra y su verdadero rostro asesinoy antidemocrático
Por Jorge Agurto
5 de junio de 2009
La masacre de indígenas armados de palos y lanzas realizada hoy por las fuerzas especiales de la Policía confirma la naturaleza fascista y autoritaria del régimen aprista, hoy más servil que nunca al interés de las transnacionales y totalmente reñido, en contenido y forma, con la democracia demoliberal
El gobierno ha preferido disparar balas a quemarropa contra líderes indígenas antes que derogar normas inconstitucionales que han sido impuestas violando tratados internacionales de derechos humanos como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Para el régimen aprista no ha tenido ningún valor que una comisión multipartidaria haya concluido que los decretos legislativos deben ser derogados por inconstitucionales o que la Comisión de Constitución haya dictaminado en igual sentido derogar el D.L. 1090, uno de los más cuestionados por la parte indígena. Tampoco, que un organismo imparcial y legítimo como la Defensoría del Pueblo haya respaldado la petición indígena.
El gobierno y su bancada parlamentaria han venido dilatando -con argucias criollas “a lo Mulder”- la única solución legal y pacífica al conflicto, porque para el régimen aprista los argumentos jurídicos o las formas democráticas no tienen ningún valor ni ideológico ni práctico en sí mismos. Lo único que pesa en sus decisiones políticas es servir de la mejor manera al gran capital transnacional. Ejemplos al canto: Se lotiza casi toda la amazonía para extraer gas y petróleo no para abaratar el consumo de los peruanos, favorecer a nuestra industria nacional o promover la reconversión energética, sino para venderla a otros países, aún a riesgo de generar una crisis energética que nos llevará dentro de poco a comprar combustible a un precio mayor que el que lo vendemos.
- Se favorece, alienta y defiende en foros internacionales a los productos transgénicosa, a pesar que todas las opiniones sensatas recomiendan que no son aconsejablea en un país megadiverso como el Perú y amenaza la producción orgánica de nuestros productos nativos, uno de nuestras ventajas competitivas en el mercado mundial. Esto se hace únicamente para favorecer a poderosas empresas como Monsanto que usufructúan el mercado mundial de transgénicos. No hay que olvidar que una comitiva de Monsantose se reunió en privado el año pasado con el propio Jefe de Estado.
- Se ha incluido en la Ley 29317, que aprueba y modifica el decreto legislativo 1090, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y que dice a la letra:“Artículo 6.- (…) No habrá cambio de uso en las tierras que pertenecen al patrimonio forestal cualquiera sea su categoría, salvo cuando se trate de proyectos declarados de interés nacional en cuyo caso la autoridad encargada de determinar la procedencia del cambio de uso es el Ministerio del Ambiente en coordinación con la entidad del sector público correspondiente.”
Esas diez palabras resaltadas en negrita son precisamente las que desnaturalizan la Ley Forestal y de Fauna Silvestre porque el gobierno ha declarado ya de interés nacional los agrocombustibles para producir etanol. Es decir, se está abriendo paso a un modelo agroindustrial de monocultivos que significará precisamente la destrucción de los bosques tropicales.
No está demás recordar, como lo advirtió el diario La Primera,que el poderoso Grupo Romero -muy amigo del inquilino de Palacio de Gobierno- está detrás de estas y otras inversiones amazónicas como los bonos por captura de carbono.
Basta con interpretar un poco de información sobre lo que hace el gobierno aprista para darnos cuenta que el trasfondo de sus acciones no es defenderla patria, los intereses nacionales, o los trabajadores del campo o la ciudad, ni mucho menos asegurar un desarrollo sostenible para el país,sino gobernar para los amigos de Palacio de Gobierno, aquellos que sin participar en las elecciones políticas, ni perder su tiempo en el parlamento, al final terminan tomando entre bambalinas las principales decisiones de Estado.
¿Quién votó o eligió a Ántero Flores-Araoz para que haga y hable disparate y medio como Ministro de Estado en la cartera de Defensa? ¿Quién votó o eligió a Mercedes Araoz para que firme tratados de libre comercio con Chile, Singapur, China, Japón y todo país que se le ocurra, sin la aprobación siquiera del Congreso de la República y comprometiendo el porvenir de todos los peruanos?
La tendencia fascista y autoritaria del gobierno no es una simple ocurrencia o algo adjetivo o circunstancial del régimen actual. El Apra-como partido- no practica la democracia, ni hacia adentro ni hacia afuera. Siempre ha sido un partido caudillesco, mafioso, de cúpulas y zancadillas.
La última y más fehaciente prueba han sido sus elecciones internas. Con planillones fraguados, con tribunales electorales recompuestos a pocas horas de las elecciones, con militantes de larga trayectoria desaforados o expulsados, e innumerables vicios que demuestran el grado de corrupción y lenidad a que ha llegado el partido de la estrella.
No olvidemos que el Apra es el partido cuyo Secretario General y persona de alta confianza de Alan García recibió dinero contante y sonante de Vladimiro Montesinos para un “plan” que nunca ha sido esclarecido. A Don Agustín Mantilla se le encontró cuentas por varios millones de dólares en el exterior, sin que hasta ahora haya explicado su proveniencia. Pero ahí está, don Agustín, paseándose como hombre fuerte del partido e incluso observando discretamente los mítines de la Fraternidad que celebra el Apra anualmente.
No son pocas las ocasiones en que voceros del partido aprista han expresado la conveniencia de salirnos de la jurisdicción de la Corte interamericana, liquidar el Tribunal Constitucional, aplicar la pena de muerte, entre otras medidas reñidas con un régimen democrático.
Por lo expuesto, no nos debe sorprender que el Apra haya decidido llenarse las manos de sangre y preferir la muerte -de policías e indígenas- antes que un diálogo sincero y democrático que lo lleve a cautelar los interes del país antes que favorecer a los grupos de poder a quienes sirve con obsecuencia.
La justa y pacífica protesta amazónica ha obligado a que el Apra y Alan García se saquen la careta democrática -muy útil en épocas electorales- y hoy muestren al Perú y al mundo su verdadero rostro fascista y asesino, a quién no le importa la vida ni de humildes civiles ni de efectivos policiales.
Comentarios sobre un drama que se debió evitar
Fernando Eguren
Director de la Revista Agraria
No podemos desligar la protesta de las poblaciones nativas y los luctuosos hechos de Bagua, que ha cobrado hoy día la vida de pobladores y de la policía, del discurso presidencial expuesto en el manifiesto “El síndrome del perro del hortelano”.
Recordemos algunos pasajes del artículo de Alan García publicado por El Comercio el 28 de octubre del año 2007 (las cursivas son mías):
“Hay millones de hectáreas para madera que están ociosas, otros millonesde hectáreas que las comunidades y asociaciones no han cultivado nicultivarán, además cientos de depósitos minerales que no se puedentrabajar y millones de hectáreas de mar a los que no entran jamás lamaricultura ni la producción.” “Para que haya inversión se necesita propiedad segura [de la tierra], perohemos caído en el engaño de entregar pequeños lotes de terreno a familiaspobres que no tienen un centavo para invertir…” “Pero la demagogia y el engaño dicen que esas tierras no pueden tocarseporque son objetos sagrados y que esa organización comunal es laorganización original del Perú…”. “Este es un caso que se encuentra en todo el Perú, tierras ociosas porqueel dueño no tiene formación ni recursos económicos, por tanto su propiedades aparente. Esa misma tierra vendida en grandes lotes traería tecnologíade la que se beneficiaría también el comunero….” “..aquí todavía discutimos si la técnica minera destruye el medioambiente, lo que es un tema del siglo pasado, claro que antes lo destruíay los problemas ambientales de hoy son básicamente por las minas de ayer,pero en la actualidad las minas conviven con las ciudades sin que existanproblemas…” “..el viejo comunista anticapitalista del siglo XIX se disfrazó deproteccionista en el siglo XX y cambia otra vez de camiseta en el sigloXXI para ser medioambientalista.” “…existen verdaderas comunidades campesinas, pero también comunidadesartificiales, que tienen 200 mil hectáreas en el papel pero solo utilizanagrícolamente 10 mil hectáreas y las otras son propiedad ociosa, de 'manomuerta', mientras sus habitantes viven en la extrema pobreza y esperandoque el Estado les lleve toda la ayuda en vez de poner en valor sus cerrosy tierras, alquilándolas, transándolas porque si son improductivas paraellos, sí serían productivas con un alto nivel de inversión o deconocimientos que traiga un nuevo comprador.” Con claridad el presidente García va al fondo del problema: ¿quién debedisponer de los recursos naturales del país que, constitucionalmente, sonde toda la nación? La gran inversión. ¿Quiénes no deben disponer de ellos?Las comunidades. ¿Por qué? Porque no tienen ni la educación ni losrecursos económicos suficientes. Y como no tienen educación ni economía,sus derechos de propiedad no son plenos, son aparentes. Los decretos legislativos de junio del 2008 son la expresión normativa deeste discurso, que es claramente excluyente de las comunidades campesinasy poblaciones nativas amazónicas. La reacción de estas poblaciones escontra la violación a sus derechos sobre sus tierras y territorios. Loscanales formales para atender la de-manda de que estos decretoslegislativos sean cambiados desgraciadamente no han funcionado y más bienhan mostrado que las mesas de concertación han servido para ‘mecer’ a laspoblaciones, corrompiendo lo que debía ser un legítimo método denegociación. No es de extrañar que, entonces, se hayan utilizado otros medios, como lasmovilizaciones y tomas de carreteras, pues la experiencia ha mostrado quesólo con medidas de fuerza el gobierno y el Congreso prestan atención.Vistas así las cosas, los principales responsables de estas movilizacionesson el gobierno y el Congreso. Tampoco es de extrañar que, si a pesar de estas manifestaciones deprotesta sigue la ‘mecida’, éstas se radicalicen hasta llegar,lamentablemente, a la situación actual que ha cobrado la vida de decenasde ciudadanos, entre pobladores amazónicos y policías. ¿De quién es laresponsabilidad principal? De quienes toman las decisiones políticas: elgobierno y el Congreso. ¿Qué hacer? Un camino es negociar de verdad. Con lo ocurrido, el Ejecutivoy el Congreso han perdido legitimidad como interlocutores. La únicainstitución pública con legitimidad es la Defensoría del Pueblo, quedebería tomar la iniciativa y convocar a dicha negociación con losrepresentantes de las poblaciones amazónicas. Además, deberían renunciardos de los principales responsables políticos del drama que estamosviviendo, el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simons, y laministra del Interior, Mercedes Cabanillas.
MANIFIESTO AL PUEBLO PERUANO
COMUNICADO SOBRE LA MASACRE EN PERÚ DEL PARTIDO SOCIALISTA REVOLUCIONARIO (PSR)
Primero.- Hoy, informaron los dirigentes de AIDESEP, que el gobierno de Alan García Pérez, acaba de cometer un acto más de genocidio, en la ciudad de Bagua, la policía nacional desde cuatro helicópteros baleó con armas de guerra a los manifestantes, matando a más de 25 personas, entre ellos al dirigente Santiago Magnui Valera, expresidente del Consejo Aguaruna-Huambisa y Presidente del Frente de Lucha de Condorcanqui, y causando cientos de heridos, todos ellos pertenecientes al sector más pobre y olvidado del Perú.
También, en esta sangrienta acción del estado murieron 7 policías, lo que nos puede llevar a una imparable espiral de violencia. Con estas muertes, este gobierno ya tiene en su haber más de 45 compatriotas muertos por reclamar sus derechos a la vida y al trabajo, cosa que los peruanos honrados no podemos permitir
Segundo.- Con este acto tan repudiable, ha demostrado el gobierno que se encuentra de espaldas al país y totalmente al servicio de las empresas extranjeras y de la oligarquía peruana
Tercero.- Una vez más, ha quedado demostrado que este régimen es un peligro para nuestra patria, porque para hacer valer el TLC con Estados Unidos y cumpliendo con su famoso artículo "El perro del hortelano", estátalizando parte de nuestro país, sólo en la amazonía a los grandes grupos económicos internacionales y nacionales les ha rematado 44 millones de hectáreas, lo que representa el 68% del territorio amazónico, poniendo en peligro la existencia de las comunidades amazónicas, permitiendo que con el saqueo y la brutal explotación petrolera y gasífera se vaya destruyendolos bosques, contaminando las aguas, crezca el narcotráfico y se multiplique la corrupción
Cuarto.- Este hecho de sangre contra peruanos humildes, que estaban haciendo uso de su derecho constitucional a la protesta y que se encuentran protegidos por el CONVENIO 169-OIT, en el cual se estipula la protección del Estado al derecho a la vida y la tierra de los pueblos originarios, debe ser investigado y sancionado como ACTO DE GENOCIDIO, cayendo todo el peso de la ley sobre los verdaderos responsables políticos de esta barbarie
Quinto.- Por todo lo manifestado, a la Dirección Nacional del PSR, le llama poderosamente la atención que gran parte de la bancada congresal del PNP y UPP no se hayan encontrado en el momento en que se discutía la derogación del DL 1090.
Lamentable, muy lamentable, esta acción de irresponsabilidad de sus integrantes, para quienes solicitamos se investigue y sancione por los más altos organismos de estos partidos, que ha permitido que la bancada aprista y fujimorista se salga con la suya
Sexto.- Saludamos la actitud valiente y patriótica de las nacionalidades amazónicas, especialmente de los dirigentes de AIDESEP y llamamos a las organizaciones populares, a las de defensa de los derechos humanos, a los partidos políticos e iglesias, a defender la vida y la integridad física de Alberto Pizango, Saúl Puerta, Marcial Mudarra (CORPI), Teresita Antazú López (Yanesha), Marzano Campos (OIRA) y Servando Puerta (ORPIAM), los que han sido injustamente denunciados penalmente por el Procurador del Consejo de Ministros.
Séptimo.- Emplazamos al gobierno para que deje de mentir y calumniar a los dirigentes de AIDESEP, e intentar destruir a esta organización, con el consabido cuento del mal uso de los fondos económicos. Y es falso que ellos esten al servicio del narcotráfico, tal como lo ha manifestado la ministra de Comercio Exterior, Mercedes Araoz.
Finalmente, el PSR, heredero del General Juan Velasco Alvarado, recuerda al país, que cuando estuvo al frente del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, dio la Ley de Comunidades Nativas, con la que se protegía y garantizaba la propiedad comunal, y su reconocimiento como un país multiétnico y lingüístico.
La Dirección Nacional del PSR, ha orientado a su Militancia que trabaja en el área de conflicto, de apoyar las justas reivindicaciones de nuestros hermanos amazónicos
Llamamos al PUEBLO PERUANO, A LOS PARTIDOS DE IZQUIERDA, A LOS MOVIMIENTOS REGIONALES Y COMUNALES, ha constituir un gran FRENTE NACIONAL, para hacer nuestra soberanía y recuperar nuestras riquezas de la voracidad de las transnacionales y de la oligarquía nativa
Lima, 05 de Junio de 2009
¡POR LA PATRIA, CON EL PUEBLO!
¡VELASCO VIVE!
COMITÉ EJECUTIVO CENTRAL
