17-02-2010
Hedelberto López Blanch
Rebelión
Aunque ejecutivos y funcionarios de la Casa Blanca insistan en que la crisis económica financiera que ha afectado durante los últimos años a Estados Unidos esta llegando a su fin, la realidad es que un conjunto de indicadores, entre los que aparece el desgaste en la atención de salud, lo contradicen.
El único hospital público de todo el populoso condado de Miami-Dade y el más grande del sur de La Florida se encuentra completamente en crisis y amenaza con cerrar sus puertas si no le llegan nuevos presupuestos federales.
Autoridades del sector concordaron en que el condado no puede permitir un desplome del abrumado Jackson Memorial Health System, aunque nadie tiene una idea clara sobre cómo mantenerlo funcionando, señaló una reciente información del diario El Nuevo Herald.
En el artículo, firmado por John Dorschner, aparecen varias declaraciones de miembros de la comunidad como la de Brian Keeley, presidente ejecutivo del Baptist Health, quien afirma que ese hospital “es una institución esencial para todo el sur de la Florida, y no se puede pensar que la Comisión del Condado permita que se desplome” .
Varias comunidades en Estados Unidos se han visto obligadas a cerrar hospitales públicos por falta de financiamiento lo cual ha profundizado las precarias condiciones de atención médica en que viven más de 50 millones de estadounidenses que no pueden pagar seguros médicos privados.
El Jackson tiene una plantilla de 12.000 empleados y padece los mismos problemas que muchos hospitales públicos del país pues debido a la crisis económica del sistema y sin recibir respaldo financiero adicional, debe atender cada día a más pacientes carentes de seguros médicos.
Aunque esos centros hospitalarios, como el Jackson, ofrecen servicios a pacientes de bajos ingresos, lo cierto es que los usuarios deben pagar cuotas más reducidas por la atención recibida. Por ejemplo, si necesitan un estudio de Rayos X que cuesta cerca de 500 dólares, el paciente tendrá que abonar alrededor de 200. Lo mismo sucede con las operaciones quirúrgicas y con los ingresos hospitalarios.
Ejecutivos del Jackson señalaron que perderán 229.000 de dólares en este año fiscal. Hasta el 30 de noviembre el sistema tenía 99,2 millones en efectivo, lo que equivale a 22 días para pagar cuentas. A ese ritmo de pérdidas, el Jackson quebraría para finales de junio.
La atención médica dentro del sistema de salud establecido en Estados Unidos resulta complicada pues se convierte en un negocio donde los beneficios van a parar a empresas aseguradoras y a hospitales privados.
En el caso del Jackson el centro contrata servicios médicos especializados con clínicas privadas a las cuales debe pagar sin falta pues si no lo hace éstas cortan la atención aunque el paciente sea el afectado.
Otro extenso artículo aparecido en la prensa miamense en enero pasado señalaba que “Decenas de pacientes de bajos recursos y sin seguro médico dejaron de recibir diálisis el 31 de diciembre en 36 centros privados del Condado de Miami-Dade subcontratados por el Hospital Jackson Memorial”.
Emelina García Cordoví, una de las afectadas por los recortes declaró al Herald: "No es ningún juego. Estamos hablando de la vida de personas que dependen exclusivamente de su diálisis, no sé qué vamos a hacer”.
García, de 67 años, forma parte de un grupo de 175 pacientes del sur de la Florida sin seguro médico y con insuficiencia renal que fueron notificados por escrito de la cancelación de la ayuda médica, debido a la crisis financiera del Jackson.
La asistencia general para estos pacientes incluía sesiones de diálisis al menos tres veces por semana a un coste anual de 4,2 millones de dólares, de acuerdo con información proporcionada por el Departamento de Relaciones Públicas del Jackson.
El hospital añadió que “los pacientes de diálisis que tienen seguro de enfermedad o Medicaid pueden recibir el tratamiento en los centros del condado de Miami-Dade y el estado de la Florida”, pero resulta que en Estados Unidos millones de personas carecen de esos seguros y por lo tanto los afectados de ese padecimiento quedan exentos de recibir atención.
El diario señaló que García, recibía diálisis desde hacía 11 meses en el Kidney Treatment Center of South Florida, un establecimiento médico privado que a su vez tiene un contrato de servicios con el Jackson. Sus sesiones de diálisis se interrumpieron durante la última semana de diciembre debido a la nueva política de ahorro que ha impuesto el mayor hospital público del sur de la Florida que manifiesta estar casi en bancarrota.
Emelina y su esposo, Pedro Valdés, de 66 años, han tratado de buscar ayuda pero nadie les tiende la mano y sienten que el tiempo se acaba. “Ningún centro hospitalario privado de la lista de 36 proporcionada por el Jackson nos ha querido atender, pues nos piden una tarjeta de seguro o la opción de pagar con nuestro dinero, pero eso es imposible”, acotó.
Vicky Tome, administradora de Kidney Treatment en el suroeste de Miami, quien lamentó la situación generada por los recortes masivos y dijo que la crisis está fuera del alcance de los contratistas privados que se administran como cualquier otro negocio.
En resumen, el único hospital público del Condado Miami-Dade se deshace en pedazos ante la mirada atónita de miles de pacientes. Mientras, el axioma del sistema estadounidense continúa expresando: pague primero y después se le atenderá.
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miércoles, 17 de febrero de 2010
Sistema de salud en Estados Unidos: Pague primero, después se le atenderá
miércoles, 25 de noviembre de 2009
La inexacta cobertura mediática de la reforma sanitaria de EEUU
26-11-2009
Vicenç Navarro
El Plural
Creo conocer bien EEUU, por haber vivido en aquel país durante más de cuarenta años. Y me preocupa enormemente la cobertura informativa de aquel país por parte de los medios de mayor difusión en España. En tales medios existen graves problemas de interpretación, basados en un conocimiento limitado de aquel país y en una idealización del sistema democrático estadounidense.
En el reportaje sobre la reforma sanitaria en EEUU, Antonio Caño (corresponsal en Washington del diario de mayor difusión de España, El País) que ha definido el sistema democrático estadounidense como muy dinámico (01.11.09), atribuye la falta de reforma sanitaria durante todos estos años en EEUU a “la animadversión congénita del pueblo estadounidense al Estado”, ignorando que, encuesta tras encuesta (la última, el 15 de noviembre, en CBS. Gallup Poll), muestra que la gran mayoría de la ciudadanía (68%) desea que el gobierno federal establezca un aseguramiento público en el que el estado reciba los fondos y contrate la asistencia sanitaria con los proveedores de los servicios médicos.
Es más, Medicare, el programa de aseguramiento público para los ancianos es, junto con la Seguridad Social, el programa de aseguramiento más popular de EE.UU., mucho más popular que el aseguramiento privado. Es más, cuando el Presidente Bush ofreció a los ancianos la posibilidad de cambiarse a compañías privadas de aseguramiento, la mayoría escogió permanecer en el sector público. Tales datos niegan la “animadversión congénita” de la que habla Caño.
En cuanto al supuesto “dinamismo” que Caño atribuye al sistema político, se olvida que han tenido que pasar setenta y seis años para que el Congreso de EEUU aprobara el establecimiento de un programa universal de salud, que dista mucho de ser comparable a los programas de cobertura universal existentes en la mayoría de países de la Unión Europea.
Fue en el año 1933 cuando el Congresista Dingell, del Estado de Michigan, introdujo la primera propuesta de ley para la universalización de la sanidad estadounidense. Su hijo, John Dingell junior, también del estado de Michigan, fue el que introdujo la propuesta de Ley el pasado 7 de noviembre que, por fin, fue aprobado por el Congreso. Considerando el tiempo que tardó en establecerse esta ley –repito, setenta y seis años-, hablar de dinamismo, refleja una excesiva hipérbole en el uso de este término.
Igualmente exagerado es el reportaje que se está haciendo en los medios de información de mayor difusión en España sobre la supuesta universalización de la sanidad aprobada en la Cámara Baja del Congreso. Universalizar en tal reforma quiere decir que todo el mundo tiene que asegurarse y contratar una póliza de seguros sanitarios, de la misma manera que cualquier persona que tenga un coche tiene que tener una póliza de seguro del automóvil.
Esta obligatoriedad de aseguramiento implica la mayor extensión del aseguramiento privado que se conozca en la historia de cualquier país. Se ha calculado que ello supondrá un aumento de 25 millones de nuevas pólizas a las compañías de seguro, que significarán unos nuevos ingresos a tales compañías de 70.000 millones de dólares. El estado subvencionará las pólizas para las personas y familias que no alcancen cierto nivel de renta. El precio de tales pólizas, sin embargo, permanecerán sin ser reguladas. Los fondos para pagar tales subsidios procederán primordialmente de un impuesto sobre la renta de las personas que ganen más de medio millón de dólares.
La otra fuente de ingresos procederá del mejoramiento de la eficiencia de los programas públicos Medicare y Medicaid (programa de atención a los pobres), medidas impopulares entre los beneficiarios de tales programas pues temen que estos “incrementos de la eficiencia” supongan una reducción de sus beneficios. Se calcula que tales “eficiencias” producirán 500.000 millones de dólares en diez años.
Según la Ley, el gobierno prohibirá que las compañías de seguros nieguen el aseguramiento (como ocurre ahora) a las personas con enfermedades crónicas, prohibiciones a las cuales las compañías aseguradoras se oponen. Ahora bien, el componente al cual estas compañías aseguradoras (que gestionan la mayoría de fondos sanitarios) se oponen más es a la aprobación por parte del Congreso de la opción pública, es decir, del establecimiento de una aseguradora pública –como Medicare-, pues temen perder grandes cotas de mercado. El aseguramiento público en EEUU ha mostrado poder ofrecer mayor y mejor cobertura sanitaria a menor coste que el aseguramiento privado.
Esta oposición a la opción pública se acentuará en el Senado, donde las compañías de seguro tienen mayor influencia (y muy en particular en el Comité de Finanzas, que es un comité clave en la aprobación de la Ley).
Según el centro Public Citizen (que publica los datos más detallados de la financiación del Congreso de EEUU), sólo en los primeros seis meses de este año 2009, las compañías de seguro han pagado más de 13 millones de dólares a los 23 miembros del Comité de Finanzas del Senado.
Es más, según Public Citizen, 28 profesionales de los lobbies de tales compañías de aseguramiento sanitario privado habían sido, antes de ser lobistas, empleados del Comité de Finanzas del Senado y de su Presidente.
Este entramado de influencias, con enormes cantidades de dinero transferidas de las compañías a los políticos, hacen dificilísimo que puedan aprobarse leyes que permitan responder a los deseos de la población, viciando enormemente la democracia estadounidense.
Ni que decir tiene que EEUU no es una dictadura. Pero el sistema democrático es tan sesgado en favor de los poderes fácticos empresariales y financieros que los cambios ampliamente deseados por las clases populares (como son la reforma sanitaria) se tergiversan, limitando enormemente su impacto reformador.
No es la animadversión congénita del pueblo norteamericano al Estado, sino la excesiva influencia de la clase empresarial y sus componentes, como las compañías de seguro, los que impiden una mayor reforma sanitaria. El esplendido inicio de la Constitución estadounidense “Nosotros el pueblo decidimos…” debiera tener una nota de pie de página que dijera “y las grandes empresas (que incluyen las compañías de seguros privadas) decidimos…”
La relevancia para España
Una última observación. Es comprensible que las derechas en España (siempre fieles representantes de los intereses del mundo empresarial y financiero) quieran permitir las contribuciones monetarias por parte de individuos y empresas a las campañas electorales de los partidos políticos. Saben que el mundo empresarial y las renta superiores siempre les favorecerán, dándoles ventajas en la competitividad política. Pero es muy preocupante e incoherente que voces de autores que se consideran progresistas estén apoyando la existencia de tales contribuciones que corrompen y limitan la democracia, pues discrimina automáticamente a las clases populars que tienen menos medios para aportar tales contribuciones.
Referirse, como varios autores han hecho recientemente, a las aportaciones individuales a la campaña de Obama como ejemplo de que la movilización popular puede neutralizar otras fuentes de ingreso a los políticos, es ignorar hechos tan básicos como:
1) las aportaciones del mundo empresarial a Obama fueron mucho más abundantes que las individuales. Estas últimas representaron (según Public Citizen, el Instituto de análisis de la financiación de las campañas electorales) menos de un 28% de todas las contribuciones recibidas en la campaña Obama; y
2) la gran mayoría de las contribuciones individuales procedieron de individuos del 30% de renta superior del país.
El claro sesgo, por clase social, refleja el enorme poder que los grupos empresariales y las rentas altas tienen en el proceso electoral estadounidense financiado predominantemente con fondos públicos, sesgo que discrimina claramente a las izquierdas. Una de las causas de que las izquierdas sean débiles en EEUU se debe precisamente a esta privatización del proceso electoral ¿Es esto lo que se quiere para España?
El autor es Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
(http://www.vnavarro.org/)
Vicenç Navarro
El Plural
Creo conocer bien EEUU, por haber vivido en aquel país durante más de cuarenta años. Y me preocupa enormemente la cobertura informativa de aquel país por parte de los medios de mayor difusión en España. En tales medios existen graves problemas de interpretación, basados en un conocimiento limitado de aquel país y en una idealización del sistema democrático estadounidense.
En el reportaje sobre la reforma sanitaria en EEUU, Antonio Caño (corresponsal en Washington del diario de mayor difusión de España, El País) que ha definido el sistema democrático estadounidense como muy dinámico (01.11.09), atribuye la falta de reforma sanitaria durante todos estos años en EEUU a “la animadversión congénita del pueblo estadounidense al Estado”, ignorando que, encuesta tras encuesta (la última, el 15 de noviembre, en CBS. Gallup Poll), muestra que la gran mayoría de la ciudadanía (68%) desea que el gobierno federal establezca un aseguramiento público en el que el estado reciba los fondos y contrate la asistencia sanitaria con los proveedores de los servicios médicos.
Es más, Medicare, el programa de aseguramiento público para los ancianos es, junto con la Seguridad Social, el programa de aseguramiento más popular de EE.UU., mucho más popular que el aseguramiento privado. Es más, cuando el Presidente Bush ofreció a los ancianos la posibilidad de cambiarse a compañías privadas de aseguramiento, la mayoría escogió permanecer en el sector público. Tales datos niegan la “animadversión congénita” de la que habla Caño.
En cuanto al supuesto “dinamismo” que Caño atribuye al sistema político, se olvida que han tenido que pasar setenta y seis años para que el Congreso de EEUU aprobara el establecimiento de un programa universal de salud, que dista mucho de ser comparable a los programas de cobertura universal existentes en la mayoría de países de la Unión Europea.
Fue en el año 1933 cuando el Congresista Dingell, del Estado de Michigan, introdujo la primera propuesta de ley para la universalización de la sanidad estadounidense. Su hijo, John Dingell junior, también del estado de Michigan, fue el que introdujo la propuesta de Ley el pasado 7 de noviembre que, por fin, fue aprobado por el Congreso. Considerando el tiempo que tardó en establecerse esta ley –repito, setenta y seis años-, hablar de dinamismo, refleja una excesiva hipérbole en el uso de este término.
Igualmente exagerado es el reportaje que se está haciendo en los medios de información de mayor difusión en España sobre la supuesta universalización de la sanidad aprobada en la Cámara Baja del Congreso. Universalizar en tal reforma quiere decir que todo el mundo tiene que asegurarse y contratar una póliza de seguros sanitarios, de la misma manera que cualquier persona que tenga un coche tiene que tener una póliza de seguro del automóvil.
Esta obligatoriedad de aseguramiento implica la mayor extensión del aseguramiento privado que se conozca en la historia de cualquier país. Se ha calculado que ello supondrá un aumento de 25 millones de nuevas pólizas a las compañías de seguro, que significarán unos nuevos ingresos a tales compañías de 70.000 millones de dólares. El estado subvencionará las pólizas para las personas y familias que no alcancen cierto nivel de renta. El precio de tales pólizas, sin embargo, permanecerán sin ser reguladas. Los fondos para pagar tales subsidios procederán primordialmente de un impuesto sobre la renta de las personas que ganen más de medio millón de dólares.
La otra fuente de ingresos procederá del mejoramiento de la eficiencia de los programas públicos Medicare y Medicaid (programa de atención a los pobres), medidas impopulares entre los beneficiarios de tales programas pues temen que estos “incrementos de la eficiencia” supongan una reducción de sus beneficios. Se calcula que tales “eficiencias” producirán 500.000 millones de dólares en diez años.
Según la Ley, el gobierno prohibirá que las compañías de seguros nieguen el aseguramiento (como ocurre ahora) a las personas con enfermedades crónicas, prohibiciones a las cuales las compañías aseguradoras se oponen. Ahora bien, el componente al cual estas compañías aseguradoras (que gestionan la mayoría de fondos sanitarios) se oponen más es a la aprobación por parte del Congreso de la opción pública, es decir, del establecimiento de una aseguradora pública –como Medicare-, pues temen perder grandes cotas de mercado. El aseguramiento público en EEUU ha mostrado poder ofrecer mayor y mejor cobertura sanitaria a menor coste que el aseguramiento privado.
Esta oposición a la opción pública se acentuará en el Senado, donde las compañías de seguro tienen mayor influencia (y muy en particular en el Comité de Finanzas, que es un comité clave en la aprobación de la Ley).
Según el centro Public Citizen (que publica los datos más detallados de la financiación del Congreso de EEUU), sólo en los primeros seis meses de este año 2009, las compañías de seguro han pagado más de 13 millones de dólares a los 23 miembros del Comité de Finanzas del Senado.
Es más, según Public Citizen, 28 profesionales de los lobbies de tales compañías de aseguramiento sanitario privado habían sido, antes de ser lobistas, empleados del Comité de Finanzas del Senado y de su Presidente.
Este entramado de influencias, con enormes cantidades de dinero transferidas de las compañías a los políticos, hacen dificilísimo que puedan aprobarse leyes que permitan responder a los deseos de la población, viciando enormemente la democracia estadounidense.
Ni que decir tiene que EEUU no es una dictadura. Pero el sistema democrático es tan sesgado en favor de los poderes fácticos empresariales y financieros que los cambios ampliamente deseados por las clases populares (como son la reforma sanitaria) se tergiversan, limitando enormemente su impacto reformador.
No es la animadversión congénita del pueblo norteamericano al Estado, sino la excesiva influencia de la clase empresarial y sus componentes, como las compañías de seguro, los que impiden una mayor reforma sanitaria. El esplendido inicio de la Constitución estadounidense “Nosotros el pueblo decidimos…” debiera tener una nota de pie de página que dijera “y las grandes empresas (que incluyen las compañías de seguros privadas) decidimos…”
La relevancia para España
Una última observación. Es comprensible que las derechas en España (siempre fieles representantes de los intereses del mundo empresarial y financiero) quieran permitir las contribuciones monetarias por parte de individuos y empresas a las campañas electorales de los partidos políticos. Saben que el mundo empresarial y las renta superiores siempre les favorecerán, dándoles ventajas en la competitividad política. Pero es muy preocupante e incoherente que voces de autores que se consideran progresistas estén apoyando la existencia de tales contribuciones que corrompen y limitan la democracia, pues discrimina automáticamente a las clases populars que tienen menos medios para aportar tales contribuciones.
Referirse, como varios autores han hecho recientemente, a las aportaciones individuales a la campaña de Obama como ejemplo de que la movilización popular puede neutralizar otras fuentes de ingreso a los políticos, es ignorar hechos tan básicos como:
1) las aportaciones del mundo empresarial a Obama fueron mucho más abundantes que las individuales. Estas últimas representaron (según Public Citizen, el Instituto de análisis de la financiación de las campañas electorales) menos de un 28% de todas las contribuciones recibidas en la campaña Obama; y
2) la gran mayoría de las contribuciones individuales procedieron de individuos del 30% de renta superior del país.
El claro sesgo, por clase social, refleja el enorme poder que los grupos empresariales y las rentas altas tienen en el proceso electoral estadounidense financiado predominantemente con fondos públicos, sesgo que discrimina claramente a las izquierdas. Una de las causas de que las izquierdas sean débiles en EEUU se debe precisamente a esta privatización del proceso electoral ¿Es esto lo que se quiere para España?
El autor es Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
(http://www.vnavarro.org/)
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