Mientras Taro Aso y las víctimas de las bombas atómicas firman un problemático acuerdo de ayuda.
6 de agosto de 2009
La ciudad japonesa de Hiroshima recordó el jueves el 64º aniversario del lanzamiento de la bomba atómica en esa ciudad por parte del ejército estadounidense a finales de la Segunda Guerra Mundial.
El alcalde de la ciudad, Tadatoshi Akiba, emitió una declaración por la paz, instando a la abolición de las armas nucleares en 2020.
"Las hibakushas (o víctimas de la bomba atómica) todavía sufren un infierno que aún continúa" dijo el alcalde.
"El gobierno nipón debe apoyar a los hibakushas, incluidas las víctimas de la lluvia negra y las que viven en el exterior", señaló Akiba.
"El gobierno japonés debería apoyar a los 'hibakusha', incluyendo a aquéllos que fueron víctimas de la lluvia negra y a los que viven en el extranjero".
Akiba también dijo que "el año 2020 es importante porque deseamos entrar en un mundo sin armas nucleares".
"Instamos al mundo a unir fuerzas con nosotros para eliminar todas las armas nucleares en 2020", manifestó.
El referencia a movimientos como los ecologistas, Akiba dijo que "la democracia global que respeta la voluntad del mundo y respeta el poder del pueblo ha empezado a crecer".
"Tenemos el poder. Tenemos la responsabilidad. Somos la 'obamajority'. Y podemos abolir las armas nucleares. Sí, podemos", dijo el alcalde.
Japón: Taro Aso y víctimas de las bombas atómicas firman un acuerdo de ayuda
El primer ministro japonés Taro Aso y las víctimas de enfermedades ligadas a radiación causadas por las bombas atómicas lanzadas en 1945 en Hiroshima y Nagasaki, firmaron este jueves una acuerdo de ayuda ofreciendo una resolución general a 306 querellantes.
El acuerdo se produjo después de seis años de batallas legales que involucran a 306 querellantes, de los cuales 109 aún debe ganar reconocimiento, incluyendo a 63 que no lograron obtener una certificación en la corte o quienes esperan por la decisión judicial.
Las nuevas medidas de ayuda estatales garantizan una certificación a los querellantes después de su victoria oficial a nivel de cortes distritales, aún cuando altos tribunales aún deben entregar su decisión sobre los casos.
La certificación oficial brinda a las víctimas tratamiento médico con recursos públicos, al igual que una pensión médica mensual.
Bajo el acuerdo, el gobierno compensará a los querellantes que fallaron en sus intentos por ganar un reconocimiento legal en sus primeros juicios, estableciendo un fondo que será realizado a través de una nueva legislación.
Sin embargo, la incertidumbre permanece sobre si el acuerdo realizado bajo la administración de Aso será mantenido más allá de las elecciones de la cámara bajo programadas para el 30 de agosto, según observaron analistas.
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