El dedazo que valió una corona

Hace 40 años, el 22 de julio de 1969, Franco decidió que Juan Carlos fuera su sucesor como jefe de Estado

FERRAN CASAS - BARCELONA - 22/07/2009 07:20

Eran poco más de las 19,00 horas del 22 de julio de 1969. Hoy se cumplen 40 años. Estados Unidos aún celebraba su alunizaje y aquella tarde, a 34 grados, el dictador Francisco Franco, de blanco y veraniego uniforme militar, llegaba a la Carrera de San Jerónimo. Estaba dispuesto a escenificar la respuesta de las Cortes al ¿y después de Franco qué?, una pregunta que durante una década atormentó a un régimen personalista y genocida.

La Ley de Sucesión a la Jefatura de Estado iba a dar solución en la persona de Juan Carlos de Borbón, nombrado Príncipe de España, al complejo proceso de designación del sucesor por el propio dictador. Franco pretendía perpetuar su régimen cuando no estuviera. La dictadura no sobrevivió a los setenta, pero el elegido se aseguró para él y los suyos una Corona que aún hoy ostenta.

A la mañana siguiente de aprobarse la ley, Juan Carlos aceptaría el encargo y, "recibiendo de Su Excelencia", dijo "la legitimidad política surgida del 18 de julio", juró el cargo de sucesor y los principios del Movimiento. Cuarenta años después hay quien ve en todo aquello una jugada maestra del actual jefe del Estado para atar en corto a los sectores del régimen refractarios al proceso democratizador que, de forma imparable, se abrió tras la muerte de Franco. Pero también están los que sostienen que fue la consolidación de una secuela del franquismo que, años más tarde, se blindó con una Constitución cuya reforma en lo referente al modelo de Estado sólo es comparable a un cofre de siete llaves.

Sea como sea, Juan Carlos I consiguió que los Borbones volvieran al trono pese a que ello le costó una trifulca familiar con su padre, Juan de Borbón, legítimo sucesor de Alfonso XIII (depuesto en 1931), a quien Franco vetaba. De Juan Carlos sí pensó el dictador, y así lo afirmó en las Cortes aquel día, que había dado "claras muestras de lealtad a los principios e instituciones del Régimen".

Los historiadores consultados por Público coinciden en que su nombramiento tuvo que ver con las presiones de capitostes del régimen como el entonces presidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco, o Laureano López Rodó. "Querían garantizar el franquismo sin Franco y estaban convencidos de que un príncipe que jurase fidelidad a los principios y leyes del Movimiento y traicionara a su padre sería fácil de pilotar", asegura Joan B. Culla, profesor de Historia de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Enrique Moradiellos, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura, constata la voluntad de "institucionalizar" el régimen. Y Julián Casanova, catedrático en la Universidad de Zaragoza, exhibe documentación donde, ya entonces, Carrero se refería a la "monarquía del Movimento Nacional".

El contexto no era baladí y era necesario transmitir imagen de renovación. Era el año del escándalo Matesa, seguía el enfrentamiento búnker-reformistas y la sociedad española hacía su particular transición social y cultural. Tendrían que pasar unos años para que la política diera respuesta a la realidad de la calle.
Sin muestras de apertura

Casanova señala que es difícil juzgar al príncipe de entonces con el prisma actual. "No hay duda de que el de ahora se parece más al de la Transición que al de hace 40 años. Entonces no se le veían atisbos de apertura", señala. De hecho, recuerda el catedrático, después de 1969 pasaron cosas graves, con penas de muerte que horrizaron al mundo, y el ahora rey calló.

En este aspecto ahonda más Iñaki Errazkin, periodista autor de Hasta la coronilla. Autopsia de los Borbones. "Fue nombrado sucesor del dictador y, antes de aprobar la Constitución, ejerció formalmente como tal. Franco delegó en él en dos ocasiones por salud, se puede hablar de él como dictador suplente", apunta. Le apoya el catedrático de la Pompeu Fabra Vicenç Navarro. Para él, Juan Carlos I nunca nombró gobiernos con prioridad democrática y estableció "la continuidad entre aquel régimen y el sistema actual". Fueron las demostraciones de fuerza en la calle y la tensión social y política "las que le obligaron a abrirse".

Hay acuerdo en que la legitimidad democrática no llegó, en todo caso, hasta la Constitución de 1978 que redactaron las Cortes tras las primeras elecciones democráticas. Moradiellos rechaza "prejuzgar" a una democracia y a una monarquía por cómo se instaura. En esta línea, sostiene que la democracia española es más garantista que la portuguesa, "que llegó tras una revolución y no tras una transición".
La Constitución, todo o nada

Al igual que Vicenç Navarro, discrepa Iñaki Errazkin. Apunta que la Constitución fue un trágala para salvar la monarquía. "Fue según él una operación de blanqueo e hipnotismo ejemplar: o te comes la manzana con gusano o no hay manzana". La Transición, compleja y cargada de renuncias, llevó al rey a ganarse "otras fuentes de legitimidad", admiten historiadores como Moradiellos. El momento clave fue el 23-F. Según Culla, pasó de ser "el rey de Franco al salvador de la democracia". Errazkin los enmienda: "En el 23-F se trataba de consolidar al rey ya fuera con el golpe o con su fracaso. Y se consiguió".

En todo caso, como zanja el catedrático de Derecho Constitucional Francisco Balaguer, en la Transición pocos pudieron "debatir entre monarquía o república; el tema era democracia o dictadura". Ganó lo primero. Pero con corona incorpodada.
El debate sobre la legitimidad del monarca

Julián Casanova. Catedrático de Historia
"Cuando se le nombró [Príncipe] no pensaba en democracia, eso fue una evolución lógica"

Francisco Balaguer. Constitucionalista
"La forma en que se le nombró sirvió para tener legitimidad en sectores del régimen"

Iñaki Errazkin. Escritor
"La última vez que en España se decicidió sobre la monarquía fue en 1931"

Enrique Moradiellos. Catedrático de Historia
"El rey sobrevivió la Transición porque, entre libertad y paz, la gente quería paz"

Joan B. Culla I Clarà. Profesor de Historia
"No ha sido el rey que quería Franco. Se ganó la legitimidad al margen del régimen"

Vicenç Navarro. Catedrático de Políticas
"Durante estos años, ha sido el símbolo del poder que retuvieron las derechas"


El rey juró lealtad a Franco y todas sus leyes

El dictador avisó que no restauraba la vieja monarquía sino que instauraba una propia

F. C. - BARCELONA - 22/07/2009 07:21

491 síes, 19 noes y 9 abstenciones. Fue el resultado que arrojó la votación nominal entre los procuradores y que nombró a Juan Carlos I sucesor de Franco y heredero de la corona. Lo aprobado no era más que oficializar más pronto que tarde el nombramiento del relevo, el atado y bien atado que buscaban los duros del franquismo. Los poderes del tirano eran totales y sólo él podía nombrar a su sucesor.

Aquel día lo hizo de acuerdo con la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado de 1947 y la Ley Orgánica del Estado de 1967. Ambas se aprobaron en referéndums con mayorías aplastantes, como marcan los cánones en una dictadura. Todo se regía por leyes que, recuerda Joan B. Culla, tenían "vocación de eternas". La Ley de Principios del Movimiento Nacional no contemplaba, por ejemplo, mecanismos de reforma.

Más allá de la anécdota, a Juan Carlos no se le darían nunca "todos" los poderes del Estado. Enrique Moradiellos recuerda que Juan Carlos no tendría las atribuciones de Franco, que tenía un poder "divino". Los decretos del Gobierno golpista de Burgos daban al Caudillo "todos los poderes" del Estado. Y esos, en tanto que divinos, no eran transferibles a otra persona.

Franco dejó claro en la ley de aquel 22 de julio que aquello no "era una restauración [de la monarquía caída en el 31] sino una instauración [de una monarquía surgida del 18 de julio]". En su artículo 1, exponía que "al producirse la vacante en la Jefatura del Estado, se instaurará la corona en la persona del Príncipe Juan Carlos de Borbón que la transmitirá, según el orden regular de sucesión". Afirmaba además que el rey debería jurar como sucesor, y así lo hizo el día siguiente, "lealtad a su excelencia el Jefe del Estado y fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional y demás leyes fundamentales del Reino".

Francisco Balaguer apunta que no se puede, pues, hablar en ningún caso de legitimidad, pese a que la ejerció durante la Transición, hasta la Constitución de 1978. "En todo caso señala la legitimidad difusa sí valió para que se convirtiera de forma indirecta en un freno a la involución".
Las portadas

Exultante de felicidad
El ‘Abc’ de la época estaba satisfecho y destacaba el amplio consenso con el que, en votación, fue elegido Juan Carlos.

Relevo tranquilo
‘La Vanguardia’ se hacia eco del discurso de Franco y de la arenga contra la “trágica” República frente a la “seguridad ante el futuro”.

Majestad, está usted despedido

La fuerte inversión publicitaria y el blindaje mediático ayudan al producto

ISAAC ROSA - 22/07/2009 08:00

Por experiencia histórica sabemos bien lo que cuesta echar a un rey. En España lo hemos intentado ya varias veces, pero reaparecen en cuanto bajas la guardia. La última vez que lo conseguimos fue en 1931, con Alfonso XIII, y aquí seguimos, con su nieto ejerciendo, y el bisnieto calentando en la banda.

Cualquiera pensaría que a estas alturas la monarquía es ya un producto viejo, pasado de moda. Pero lo cierto es que sigue contando con una cuota de mercado importante, y son muchos todavía los consumidores que valoran bien el producto. Juancarlistas los llaman. La clave del éxito está en la fuerte inversión publicitaria, claro, pero también en el blindaje mediático que lo protege. Lo que ya no está tan claro es que cuando llegue al mercado la última actualización del producto, Felipe 6.0, los usuarios mantengan el entusiasmo. Tal vez por eso sigue activa la vieja versión, pese a que ya empieza a tener fallos; porque no confían en las prestaciones del relevo.

Así que los republicanos podemos esperar sentados a que los consumidores se cansen y la empresa quiebre. O podemos pensar en otras vías. A mí se me ocurre una posibilidad, muy adecuada a estos tiempos: despidamos al rey. Echemos al rey por la vía laboral, mediante un despido en toda regla, con su preaviso, su finiquito y adiós muy buenas. Ya sé que parece poco serio derrocar un rey en la magistratura de trabajo, pero déjenme fantasear un poco.

¿No llevamos años escuchando que es un gran profesional, que está al servicio de los españoles? Pues muy bien: ya que no parece dispuesto a jubilarse ni dimitir, llamémosle hoy mismo al despacho y comuniquémosle el despido. Gracias por los servicios prestados, ha sido un placer, recoja sus cosas y adiós.

De entrada, echemos un vistazo a su vida laboral para estudiar el caso. En su expediente dice que fue contratado para el puesto un 22 de julio de 1969, aunque ya llevaba 20 años en período de formación. Pasó seis años de becario a la sombra de Franco, al que sustituyó un par de veces cuando enfermó. Por fin, tomó posesión del puesto un 22 de noviembre de hace treinta y cuatro años. Y en 1978 se le renovó en el cargo, se le hizo indefinido, y así hoy.

Con esta trayectoria, hay varias posibilidades para despedirlo. Podemos declarar el contrato en fraude de ley. Sobran los motivos para ello: no se ajusta a la legislación laboral vigente (que no contempla puestos de trabajo hereditarios) y, en caso de que lo sometamos a la ley monárquica, también hubo fraude, pues se saltó la sucesión natural,ya que le tocaba heredar a su padre.

Lo ideal sería que dejase la empresa de manera amistosa, por finalización de contrato o por realización de obra o servicio, pero ya vimos que tiene contrato indefinido. De manera que habrá que intentar un despido procedente, o de lo contrario nos saldrá por un pico. Hagan cuentas: una indemnización de 45 días por año trabajado, con cuarenta años de servicio son 1.800 días, es decir, cinco años de sueldo. Si pensamos que cada año recibe nueve millones de euros, la broma nos saldría muy cara. Y además, si declaran el despido improcedente tendremos que readmitirlo.

Más barato nos saldría un despido disciplinario, que de paso nos resarciría por tantos siglos de monarquía. Basta algún motivo de incumplimiento de contrato, como por ejemplo abuso de confianza. Para ello tendríamos que conocer cuánto hay de cierto en todos esos rumores que desde hace años adornan al rey, sobre sus negocios y amistades peligrosas, imposibles de comprobar por el blindaje informativo.

Si conseguimos despedir al rey, todavía nos quedará la extensa familia real. Para ella haría falta un ERE, un despido colectivo que incluya el cierre del negocio, o el traslado de la producción a otro país donde quieran contratarlos quizá alguna de esas petromonarquías con las que tienen buena relación.

En cuanto a los monárquicos, haría falta un plan de reconversión para recolocarlos. Es esperable que la mayoría de juancarlistas se recicle sin protestar cuando falte, pero siempre quedarán unos cuantos yonquis que necesitarán ayuda para superar el mono.


Todos pendientes de la nueva sucesión

Los sectores republicanos alimentan esperanzas de reabrir el debate cuando el rey pase el testigo

PERE RUSIÑOL - MADRID - 22/07/2009 07:25

40 años después de prometer fidelidad a Francisco Franco, el rey Juan Carlos I ha llevado a la Monarquía a un estado de excelente salud en apariencia: ganó legitimidad pilotando la transición y frenando el golpe de Estado que en parte impulsó su entorno, cuenta con el apoyo de los grandes partidos incluido el del PSOE, la principal formación de tradición republicana y, según las encuestas oficiales, goza de respaldo popular.

Y sin embargo, la realidad es más compleja: a los 71 años, Juan Carlos I ni siquiera se plantea ceder el testigo a su hijo para ayudarle a consolidarse como rey. Y la reforma constitucional para acabar con la discriminación de la mujer en el orden sucesorio está paralizada sine die. En ambos casos subyace el peligro, alimentado por sectores republicanos y aceptado tácitamente por los monárquicos, de que abrir un melón aparentemente inofensivo aliente el debate sobre la Monarquía misma. O sea: su salud no sería tan buena.

"Si hubiera libertad de expresión, la Monarquía no duraría ni diez minutos", opina el senador Iñaki Anasagasti, que tras años de contención se ha despachado ahora con la publicación de Una monarquía protegida por la censura (Foca). Y añade: "Si el rey tuviera encima la lupa que se pone a Berlusconi, se vería carne bastante putrefacta".

Su Partido Nacionalista Vasco sigue instalado en el accidentalismo ni monárquico ni republicano, pero la dureza de uno de sus militantes más destacados no es una anécdota: muestra las fisuras del gran consenso de la transición.

Izquierda Unida fue el primero en desmarcarse del consenso, cuando en la década de los noventa Julio Anguita desanduvo el camino del PCE y recuperó la bandera del republicanismo activo y militante. Ahora, la federación está entregada a la causa de la III República con la mirada puesta en el momento que todo el mundo juzga clave: la sucesión.
Utilidad

"Cuando acabe este recorrido y quiera pasarse el testigo habrá que poner el debate republicano sobre la mesa", opina también Joan Herrera, secretario general de Iniciativa. La izquierda alternativa no es la única que cree que aún hay partido: "La Monarquía ha demostrado utilidad, pero debe superar el reto de la sucesión y demostrar que puede seguir siendo útil", abunda Carles Campuzano, diputado de Convergència i Unió.

"Se forjó un mito en torno al rey que ha dado legitimidad carismática a lo que es un lastre democrático. Pero hay más juancarlistas que monárquicos y vete a saber qué pasará con el relevo", añade Joan Ridao, secretario general de Esquerra Republicana (ERC).

El juancarlismo esa especie de republicanismo presidido por el rey Juan Carlos tiene su gran caldo de cultivo en el PSOE. Pero en opinión de Salvador Clotas, diputado de este partido en el Congreso durante casi 25 años y ahora director de la Fundación Pablo Iglesias, no hay caso. Y menos después de que algunos sectores de la derecha, capitaneados por Federico Jiménez Losantos, exhiban su desafección al rey: "No existe necesidad de referéndum: tenemos una Monarquía parlamentaria, refrendada por la Constitución y claramente apoyada por el pueblo", subraya Clotas.

Las encuestas oficiales apuntan que la mayoría valora la Monarquía por encima del resto de instituciones. Pero un Publiscopio del pasado diciembre desveló que el 58% es partidario de poder volver a decidir entre Monarquía o República. "No sé cuánto se tardará, pero llegará el día en que la Monarquía se verá como una antigualla", concluye Cayo Lara, coordinador general de IU.
La Constitución blinda la Monarquía

La Constitución española de 1978 hace prácticamente imposible pasar de Monarquía a República. Teóricamente, incluye la posibilidad, pero exige requisitos mucho más duros que para los demás artículos.

La reforma exigiría el apoyo de 2/3 en ambas Cámaras, cuando la mayoría exigida para el grueso de reformas es de 3/5. Pero la dificultad es mucho mayor: a continuación, deberían disolverse las Cámaras, convocarse elecciones y lograrse de nuevo 2/3 de apoyos en el Congreso y el Senado. El último paso sería convocar un referéndum. Ninguno de estos pasos puede saltarse.

El mismo blindaje dificulta la reforma, presentada como técnica, de acabar la discriminación de la mujer en el orden sucesorio. Los criterios están detallados en el Título II, que regula la Corona y cuya reforma está blindada. La posibilidad de una Iniciativa Legislativa Popular no es aplicable a la Corona, como tampoco a las leyes orgánicas.

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