La Asociación Canaria de Solidaridad con el Pueblo saharaui protesta ante el Consulado de Francia y exige el cumplimiento de la legalidad internacional
M.L. González
Rebelión
28-05-2010
La sede del Consulado francés en la capital grancanaria fue escenario ayer de una concentración en la que representantes de la Asociación Canaria de Solidaridad con el pueblo Saharaui, miembros de la comunidad saharaui en la isla, así como integrantes de distintas organizaciones sociales y de solidaridad de la isla mostraron su protesta ante la decisión del Gobierno de Nicolás Sarkozy de oponerse a la inclusión de los Derechos Humanos en la lista de objetivos de la MINURSO (Misión de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental).
En este sentido, el texto entregado en la sede diplomática gala afirma que tal actitud es rechazada con la mayor firmeza por gran parte de la ciudadanía de Europa, en el entendimiento de que tales gestos de obstrucción e intransigencia “no comprometen sólo a los intereses y a la imagen de Francia sino a la del conjunto de la Unión Europea”.
Asimismo, la misiva llama la atención sobre el hecho de que la inclusión de la observancia de los DDHH entre los cometidos de la MINURSO ha sido “una petición expresada por varios países miembros del Consejo (de Seguridad de la ONU) y avalada por la recomendación de Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones Defensoras de los Derechos Humanos, entidades solidarias con el pueblo saharaui y miles de ciudadanos anónimos, que se han mezclado en este reclamo con intelectuales, personalidades de distintos ámbitos y artistas, y a la que la representación de Francia se ha negado, ejerciendo el derecho de veto que, todavía, mantiene dentro de dicha instancia”.
Diálogo entre iguales
En la parte final del texto, la Asociación Canaria de Solidaridad con el Pueblo Saharui, firmante del mismo, señala que avanzar en la resolución de este conflicto pasa necesariamente por favorecer la distensión y el diálogo entre las partes.
La distensión –dice la carta- no será posible “mientras no se preserve la integridad física y moral, la dignidad y los derechos de unos ciudadanos saharauis amenazados y coaccionados por las fuerzas de seguridad del país ocupante cuando no por colonos al servicio de las autoridades marroquíes”.
Y en cuanto al diálogo, se afirma que “éste será inviable mientras que la ONU y los llamados países “amigos” no establezcan una política de igualdad real entre ambos interlocutores desde el respeto, el tratamiento y la atención imparcial hacia las partes o, en otro caso, propiciando el reconocimiento como estado miembro de pleno derecho de la República Árabe Saharaui Democrática con entidad nunca menor que la de otros estados contemporáneos como Kosovo, San Marino, Luxemburgo, el Estado Vaticano o Mónaco”.
Por último, el texto exhorta al Gobierno francés a “apoyar la vía de la defensa de la legitimidad y la justicia y el compromiso del respeto de los derechos humanos y la integridad física y la dignidad de los pueblos y las personas”, en el plano general y en el caso concreto del pueblo saharaui, como única forma de cruzar la frontera que separa “el ejercicio del autoritarismo de la auténtica hegemonía moral”.
Texto íntegro de la carta:
Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de mayo de 2010
De la Asociación Canaria de Solidaridad con el Pueblo Saharaui
Excmo. Sr. D. NICOLÁS SARKOZY Presidente de la República Francesa Palais de l’Elysée 57, Rue de Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS, FRANCIA
Respetado Sr. Presidente:
Una vez más queremos dirigirnos a Vd. para manifestarle nuestra más profunda y enérgica repulsa hacia la política que el Estado francés –nos negamos a creer que la ciudadanía francesa se haga cómplice de ello- viene desarrollando sistemáticamente en relación con el proceso de descolonización del Sáhara Occidental. Una actitud de apoyo y respaldo a las posiciones de quien no es sino el usurpador, por el engaño y la fuerza de las armas, de la voluntad y la representatividad soberana de la población saharaui: el Reino de Marruecos.
Cierto es que la política francesa ha dejado hace tiempo de desarrollarse como una estrategia enmarcada en el plano internacional, proyectada hacia la construcción del sistema de relaciones de un futuro orden mundial, para municipalizarse y reducir todas sus estrategias y posicionamientos a cuestiones de mera política interior, como si su país fuera el centro o el ombligo de no sabemos qué, y que el juego político contemporáneo les ha llevado a confundir, de forma permanente, el autoritarismo con el ejercicio de la verdadera auctoritas o la defensa del privilegio con el hecho de detentar una auténtica hegemonía moral.
Sin embargo, aún esperamos y confiamos en la posible rectificación de un político que decía buscar la regeneración de la vida política para que ese deseo no se convierta en mera palabrería retórica y una actitud más firme y decidida en defensa de la legalidad internacional por parte del país que lideró ideológicamente el proceso de modernización y cambios que nos han abierto nuestro presente y en el que se elaboró y defendió una declaración de los derechos del hombre y de la mujer que todavía es referencia y anhelo para la mayoría de los ciudadanos del mundo.
Por ello, le reiteramos no sólo que esta cuestión sigue pendiente e inconclusa sino que, en ella, la legalidad internacional exige que se cumpla con el ejercicio de un derecho de autodeterminación que le otorgue la soberanía y la capacidad de decisión a quienes son los legítimos ciudadanos de ese territorio: los hombres y mujeres que integran al pueblo saharaui. Cualquier posible acuerdo que eluda u obvie esta consulta carecerá de efectividad y legitimidad.
Pero además, en los años que han seguido a la elaboración del Plan de Arreglo y a la consiguiente creación de la MINURSO, casi veinte, Marruecos ha reprimido duramente tanto a los partidarios del independentismo como a los defensores de los derechos humanos entre la población saharaui provocando muertes, torturas y encarcelamientos en base a una política represiva y a la discutible aplicación de su propio derecho a una población sojuzgada y sometida por la fuerza. Esa política de abusos y conculcación de derechos que hace presuntos reos de traición a ciudadanos que defienden posiciones políticas aceptadas y reconocidas por las Naciones Unidas, de las que Marruecos forma parte, se ha visto absurdamente ratificada por la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de ampliar, por un año más, la misión y las funciones de la MINURSO sin que, entre ellas, se recoja la vigilancia y defensa del respeto a los derechos humanos tanto en el Sáhara ocupado como en los campamentos de Tinduf. Una petición expresada por varios países miembros del Consejo y avalada por la recomendación de Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones Defensoras de los Derechos Humanos, entidades solidarias con el pueblo saharaui y miles de ciudadanos anónimos que se han mezclado en esta petición, con intelectuales, personalidades y artistas, y a la que la representación de su país se ha negado, ejerciendo el derecho de veto que, todavía, mantiene dentro de dicho Consejo.
Una actitud que repudiamos y rechazamos con la mayor firmeza recordándole que, a día de hoy, ciudadanos en común de una misma Unión Europea, su actitud obstruccionista e intransigente no compromete tan solo a los intereses y a la imagen de Francia sino a la del conjunto de la Unión, en la que, muchos, somos también los que no dejamos de deplorar y condenar semejantes actuaciones.
Favorecer la resolución de este dilatado contencioso pasa necesariamente por favorecer la distensión y el diálogo entre las partes. Aquella difícilmente será posible mientras no se preserve la integridad física y moral, la dignidad y los derechos de unos ciudadanos saharauis amenazados y coaccionados por las fuerzas de seguridad del país ocupante cuando no por colonos al servicio de las autoridades marroquíes. Éste será inviable mientras que la ONU y los llamados países “amigos” no establezcan una política de igualdad real entre ambos interlocutores desde el respeto, el tratamiento y la atención imparcial hacia las partes o, en otro caso, propiciando el reconocimiento como estado miembro de pleno derecho de la República Árabe Saharaui Democrática con entidad nunca menor que la de otros estados contemporáneos como Kosovo, San Marino, Luxemburgo, el Estado Vaticano o Mónaco.
A día de hoy estamos en un tiempo en el que las decisiones y las responsabilidades contraídas por la clase política no sólo reforzarán o debilitarán su credibilidad como tal sino que implican auténticas exigencias de sometimiento a la ley en el plano personal. Esperemos que Vd. sepa rectificar sus posiciones y apoyar la vía de la defensa de la legitimidad y la justicia y el compromiso del respeto de los derechos humanos y la integridad física y la dignidad de los pueblos y las personas tanto en el plano general como en el caso saharaui, en particular.
Fdo. María de la Luz Rodríguez Reyes
Presidenta de la ACSPS
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