Ejecuciones extrajudiciales, tortura, detención ilícita prolongada y trato cruel, inhumano y degradante
16-01-2010
Amy Goodman
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Un juicio colectivo sin precedentes está teniendo lugar en un tribunal federal de Nueva York. El juicio involucra a víctimas del apartheid en Sudáfrica que demandan a empresas que, según ellos afirman, colaboraron con el régimen que gobernó hasta 1994. Algunas de las empresas multinacionales acusadas son IBM, Fujitsu, Ford, General Motors y las gigantes del sector bancario UBS y Barclays.
La demanda acusa a las empresas de “complicidad y/o participación consciente en crímenes cometidos durante el apartheid: ejecuciones extrajudiciales, tortura, detención ilícita prolongada y trato cruel, inhumano y degradante”. Los abogados pretenden el pago de 400.000 millones de dólares en compensación por los daños y perjuicios.
El difunto activista contra el apartheid, Dennis Brutus, fallecido apenas semanas atrás, es uno de los demandantes. En 2008 me dijo: “Se trata de discriminación consistente contra los negros basada en la raza, que da sus frutos, claro, en el pago de salarios de hambre. En algunos casos, las empresas contrataron espacios en periódicos para anunciar ‘Somos ciudadanos leales de Sudáfrica, aceptamos las leyes de Sudáfrica’. Entonces estaban declarando, en realidad, el hecho de que para ellos el apartheid fue un sistema muy bueno, y fue un sistema muy lucrativo”. Justo esta semana, en la que Estados Unidos conmemora el nacimiento de Martin Luther King Jr., celebra el primer aniversario de la asunción de un presidente afro-estadounidense y se encuentra en medio de un revuelo político a causa de la revelación de los comentarios racistas realizados en 2008 por el actual líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, el tema racial aparece en un lugar central y este caso se convierte en más oportuno e imperativo.
La Ley de Responsabilidad Civil Extracontractual para Extranjeros (ATCA, por sus siglas en inglés) data de la época de la guerra por la independecia de Estados Unidos y permite que personas extranjeras presenten en Estados Unidos una demanda contra otra parte por presuntos delitos cometidos fuera de Estados Unidos en un tribunal estadounidense. En los últimos años se presentaron casos contra el trabajo forzado en un oleoducto en Birmania, el asesinato de sindicalistas en Colombia y el asesinato de activistas en el delta del Níger. Esta demanda afirma que el régimen del apartheid no podría haber sido exitoso en su opresión violenta de millones de personas sin el apoyo activo de empresas extranjeras.
Ford y General Motors construyeron fábricas en Port Elizabeth, Sudáfrica, donde Dennis Brutus se crió. Él me dijo: “Estaban utilizando mano de obra negra, pero era mano de obra muy barata porque había una ley en Sudáfrica que decía que los negros no podían unirse a los sindicatos, y tampoco se les permitía hacer huelga, entonces eso los obligaba a aceptar cualquier salario que se les pagara. Vivían en guetos, y en algunos casos, cerca de donde yo vivía, de hecho vivían en las cajas en las que habían sido enviados los repuestos desde Estados Unidos para ser ensamblados en Sudáfrica. Entonces había una localidad llamada Kwaford, que significa ‘el lugar de Ford’, donde solamente había cajas de Ford con el nombre Ford impreso”.
Lo mismo sucedió con IBM y Fujitsu. La demanda afirma que “Las fuerzas de seguridad sudafricanas utilizaron computadoras proporcionadas por IBM y Fujitsu para restringir el movimiento de personas negras dentro del país, para rastrear a no blancos y disidentes políticos y para buscar a individuos particulares con el fin de reprimir a la población negra y perpetuar el sistema del apartheid”. Se emitían libretas de ahorros para los sudafricanos negros, que el régimen del apartheid utilizaba para restringir el movimiento y rastrear a millones de personas, lo que durante décadas posibilitó la ejecución de arrestos políticos y desapariciones.
La demanda afirma que UBS y Barclays “financiaron directamente a las fuerzas de seguridad sudafricanas que llevaron acabo los aspectos más brutales del apartheid”. El Comité Especial de las Naciones Unidas contra el Apartheid afirmó en 1979 “nos enteramos hoy que más de 5.400 millones de dólares fueron dados en préstamo en un período de seis años para fortalecer un régimen que es responsable de algunos de los más atroces crímenes jamás cometidos contra la humanidad”. Varios bancos, entre ellos UBS, fueron sancionados por ayudar a los Nazis durante la Segunda Guerra Mundial, de manera que la demanda por reparaciones en el caso del apartheid tiene un precedente.
Uno de los abogados de la parte demandante, Michael Hausfeld, habló acerca del caso: “¿Qué tipo de sujeto es una empresa y cuáles son sus responsabilidades? No solo ante los accionistas sino ante la comunidad a la que sirven y donde hace negocios. Si las empresas pueden afectar vidas, empeorar la situación de una serie de personas de modo tal que esas personas son reprimidas o atemorizadas, como afirmamos que hacía el régimen del apartheid con los negros sudafricanos, entonces cualquier sujeto que haya proporcionado las herramientas para llevar a cabo la represión y el terrorismo debe ser responsable. Si no se establece este principio, entonces, aunque quizá no sea posible lograr plena justicia para las víctimas en Sudáfrica hoy, básicamente se está atribuyendo a la eternidad el hecho de que en el futuro uno jamás podrá hacer eso y las empresas pueden actuar con impunidad e inmunidad”.
Sudáfrica atravesó un histórico proceso tras el apartheid, la Comisión de Verdad y Reconciliación (CVR), encabezada por el Premio Nobel de la Paz, el Arzobispo Desmond Tutu. Miles de personas asumieron la responsabilidad de sus acciones, así como también muchas empresas sudafricanas. Ninguna empresa multinacional aceptó la invitación a hablar en la Comisión. Marjorie Jobson, directora nacional del Grupo de Apoyo Khulumani, uno de los grupos que presentó la demanda, dijo “los bajos salarios, las malas condiciones de vida, los albergues para personas del mismo sexo donde la gente era trasladada a sus territorios nativos para que solo pudieran venir a los pueblos contratados y vivir en albergues durante el año y regresar a su hogar tres semanas al año, y todas las cosas terribles que fueron construidas por las empresas – empresas sudafricanas y empresas internacionales – con la connivencia del gobierno sudafricano. Y ninguna empresa reconoció ningún tipo de complicidad por esos hechos violentos. Entonces, básicamente, cuando la Jueza Scheindlin dio su opinión en abril del año pasado, fue muy alentador ver que dijo que esto trata de concretar el trabajo inconcluso de la Comisión de Verdad y Reconciliación”.
La elección de Barack Obama, de padre africano, fue un momento histórico en la lucha contra el racismo. Pero a menos que los tribunales estadounidenses estén abiertos a enfrentar las faltas cometidas tanto en el pasado como en el presente, las empresas continuarán sientiéndose libres de ir al extranjero y lucrar con las políticas racistas y represivas.
Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.
Fuente: http://www.democracynow.org/blog/2010/1/13/holding_corporations_accountable_for_apartheid_crimes
sábado, 16 de enero de 2010
Una demanda colectiva responsabiliza a empresas transnacionales de crímenes del apartheid sudafricano
miércoles, 25 de noviembre de 2009
Tras una investigación, Sudáfrica deporta a un oficial de las líneas aéreas israelíes
¿Se han infiltrado los espías israelíes en los aeropuertos internacionales?
25-11-2009
Jonathan Cook
CounterPunch
Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández
La semana pasada Sudáfrica deportó a un oficial de las líneas aéreas israelíes después de que se acusara al Shin Bet, la policía secreta de Israel, de haberse infiltrado en el aeropuerto internacional de Johannesburgo en un intento de recoger información sobre determinados ciudadanos sudafricanos, especialmente en el caso de viajeros negros y musulmanes.
La decisión del gobierno sudafricano se produjo tras una investigación llevada a cabo por la TV local en la que se mostraba cómo un periodista encubierto era ilegalmente interrogado por un oficial de El Al, la compañía de bandera de Israel, en una zona pública del aeropuerto de Tambo OR de Johannesburgo.
El programa ofrecía asimismo el testimonio de Jonathan Garb, un ex guardia de El Al, quien afirmaba que la compañía aérea era desde hacía muchos años una tapadera del Shin Bet en Sudáfrica.
Sobre la secuencia grabada del interrogatorio al periodista encubierto, Garb comentaba: “Aquí, en Sudáfrica, hay un servicio secreto que actúa por encima de la ley. Engañamos a todo el mundo. Hacemos exactamente lo que nos da la gana. Las autoridades locales no saben lo que estamos haciendo”.
Se ha sabido que el ministerio israelí de asuntos exteriores tuvo que enviar un equipo a Sudáfrica para intentar calmar la crisis diplomática abierta después de que el gobierno de Johannesburgo amenazara con deportar a todo el personal de la seguridad de El Al.
Las acusaciones del Sr. Garb se han visto apoyadas por una investigación llevada a cabo por el regulador para las industrias de seguridad privadas de Sudáfrica.
Grupos de derechos humanos en Israel han confirmado asimismo que el personal de seguridad israelí está realizando una serie de perfiles discriminatorios en base a la raza en muchos aeropuertos del mundo, al parecer sin que las autoridades locales tengan conocimiento alguno de sus actividades.
En Sudáfrica, la preocupación por las actividades del personal de El Al ha ido creciendo desde agosto, cuando el principal programa sudafricano de periodismo de investigación, Carta Blanca, trató de forma encubierta de probar las acusaciones del Sr. Garb.
Un cámara escondido captó cómo un oficial de El Al, situado en el vestíbulo de Salidas, afirmaba pertenecer a la “seguridad del aeropuerto” y le pedía al periodista encubierto que le entregara su pasaporte o tarjeta de identidad como parte de las actuaciones exigidas por la “normativa del aeropuerto”. Cuando el periodista protestó diciendo que no iba a volar sino que esperaba a un amigo, el gerente de la seguridad de El Al, identificado como Golan Rice, se acercó para interrogarle. El Sr. Rice le advirtió entonces que se encontraba en una zona restringida y que debía marcharse.
El Sr. Garb comentó en el programa: “Estamos entrenados para buscar la amenaza inmediata: el tipo musulmán. Puedes pensar que es un terrorista suicida, que está recogiendo información. Lo demencial es que estamos discriminando a la gente en virtud de razones raciales, étnicas e incluso religiosas… Eso es lo que hacemos”.
El Sr. Garb y otros dos trabajadores despedidos dijeron a los medios sudafricanos que los agentes del Shin Bet detienen rutinariamente a pasajeros negros y musulmanes, una afirmación que ha encendido la controversia en una sociedad que aún sufre el legado de décadas de gobierno de apartheid.
A los individuos sospechosos, dicen los ex trabajadores, les llevan a una habitación aneja, donde les interrogan, a menudo sobre asuntos que no tienen nada que ver con la seguridad del aeropuerto, e incluso les cachean mientras llevan su equipaje a otro lugar. También se realizan registros clandestinos de sus pertenencias y portátiles tratando de identificar documentos e informaciones útiles.
Todo esto se hace violando la ley sudafricana, que sólo autoriza a la policía, a las fuerzas armadas o al personal designado por el ministro de transportes a llevar a cabo tales registros.
Los ex trabajadores acusan también a El Al de introducir armas –con autorización de la embajada local israelí- por el aeropuerto para uso de sus agentes secretos.
El Sr. Garb hizo público después que le despidieron por haber dirigido una campaña para conseguir mejores salarios y beneficios médicos para el personal de El Al.
Un judío sudafricano ofreció también su testimonio declarando que el Shin Bet le había reclutado hacía diecinueve años. “Fuimos entrenados en un campo secreto [en Israel], el mismo en el que se entrenan las fuerzas especiales israelíes y te enseñan a utilizar revólveres, metralletas y cómo actuar en combates sin armas”.
Añadió que le asignaron a la “seguridad armada” a principios de la década de 1990. “La seguridad armada tiene que ser secreta, tienes que llevar un arma o un revólver y, aunque suene demencial, en aquella época llevábamos maletines Samsonite con una ametralladora Uzi dentro”.
El Sr. Garb afirmó haber hecho para Israel, a lo largo de los últimos veinte años, el perfil de unas 40.000 personas, incluyendo recientemente el de Virginia Tilley, una experta en Oriente Medio que es la investigadora-jefe del Consejo de Investigación de Ciencias Humanas de Sudáfrica. El think tank publicó recientemente un informe acusando a Israel de apartheid y colonialismo en los territorios palestinos.
“La decisión que nos llegó es que había que investigarla de la forma más dura posible debido a sus conexiones”, dijo el Sr. Garb.
La Sra. Tilley confirmó que el personal de El Al la había detenido en el aeropuerto y la había separado de su equipaje. El Sr. Garb manifestó que, durante ese período, un agente “fotocopió toda su documentación y después la remitió a Israel”. Piensa que para uso del Shin Bet.
Los oficiales israelíes se negaron a comentar estas acusaciones. Una carta presentada por el Sr. Garb –firmada por Roz Bukris, el administrador general de El Al en Sudáfrica- sugiere que fue el Shin Bet quien le empleó y no la línea aérea. El Sr. Bukris, según el programa televisivo, se negó a confirmar o negar la validez de la carta.
La Embajada israelí en Sudáfrica declinó discutir las pruebas que indicaban que, más que El Al, eran ellos quienes habían autorizado que los administradores de seguridad de la línea aérea utilizaran armas. La pasada semana, al peguntarle Ynet, el mayor portal de noticias de Israel, a Yossi Levi, portavoz del ministerio israelí de asuntos exteriores, sobre la deportación del oficial de la línea aérea, contestó que no podía “hacer comentarios sobre asuntos de seguridad”.
Un informe publicado en 2007 por dos organizaciones israelíes para los derechos humanos, la Asociación Árabe para los Derechos Humanos, con sede en Nazaret, y el Centro contra el Racismo, halló que el personal de la línea aérea israelí ejercía la discriminación racial en la mayoría de los aeropuertos más importantes del mundo al someter a pasajeros árabes y musulmanes a un trato discriminatorio y degradante, vulnerando tanto el derecho internacional como las leyes del país anfitrión.
“Nuestra investigación mostró que los controles efectuados por El Al en aeropuertos internacionales tenían todos ellos la marca de los interrogatorios del Shin Bet”, dijo Mohammed Zeidan, el director de la Asociación para los Derechos Humanos. “Normalmente, las preguntas se referían menos a la seguridad del vuelo y eran más un intento de reunir información sobre las actividades o simpatías políticas de los pasajeros”.
Los grupos para los derechos humanos se dirigieron a cuatro aeropuertos internacionales –Nueva York, París, Viena y Ginebra-, donde diversos pasajeros se habían quejado de haber sido sometidos a un trato discriminatorio, para preguntar bajo qué autoridad estaban actuando los servicios israelíes de seguridad. Los primeros dos aeropuertos se negaron a responder, mientras que en los de Viena y Ginebra dijeron que no era posible supervisar los procedimientos de El Al.
“Es sorprendente que esos países no hagan esfuerzo alguno para supervisar las acciones que el personal israelí de seguridad lleva a cabo en su territorio, especialmente a la luz de los procedimientos discriminatorios y humillantes que aplican”, afirma el informe.
Jonathan Cook es escritor y periodista. Vive en Nazaret, Israel. Sus libros más recientes son: Israel and the Clash of Civilizations: Iraq, Iran and the Plan to Remake the Middle East (Pluto Press) y Disappearing Palestina: Israel’s Experiments in Human Despair (Zed Books).
Su página en Internet es: www.jkcook.net. La versión original de este artículo apareció publicada en The National, en Abu Dhabi (www.thenational.ae).
Fuente:
http://www.counterpunch.org/cook11232009.html
miércoles, 4 de noviembre de 2009
Sudáfrica: REFORMA DEL SISTEMA SANITARIO
Sin la atención mediática que reciben los intentos de Obama de establecer una salud pública en EE UU, en Sudáfrica se vive un debate similar de intereses enfrentados.
Guillem Sànchez, Johannesburgo
4 de noviembre de 2009.
Diagonal
La portada del periódico sensacionalista Sowetan abre con una imagen del presidente sudafricano, Jacob Zuma, vestido de Tío Sam. “¿Quién pagará el nuevo Seguro Nacional de Salud?”, pregunta inquisitivamente el rotativo sudafricano.
El dedo amenazante de Zuma responde con claridad. Hoy en día en Sudáfrica aún es habitual que mueran bebés de diarrea porque sus madres no llegaron a tiempo a un puesto de salud y que la tuberculosis siga cobrándose miles de víctimas al año. Esto podría parecer algo normal en una nación africana, pero en un país con el 8% del PIB en gasto sanitario –una cifra similar a la española– es normal que surjan preguntas. De hecho, su servicio de salud es uno de los más desiguales del mundo, con una sanidad privada puntera (aquí se realizó el primer trasplante de corazón del mundo), junto a una pública que resulta totalmente insuficiente. Las cifras hablan por sí solas. Mientras el sistema público tiene un presupuesto de 56.000 millones de rands (5.600 millones de euros) para atender a más de 45 millones de personas, las corporaciones sanitarias recaudan cerca de 70.000 millones para encargarse de siete millones de pacientes. El nuevo Seguro Nacional de Salud (NHI, por sus siglas en inglés) que pretende implementar el nuevo Gobierno del Congreso Nacional Africano, elegido el pasado abril, se parece bastante a la seguridad social española. Una cobertura universal y pública bajo pagador único que garantice el derecho al tratamiento médico adecuado establecido en la constitución. O en palabras del ministro de Sanidad, Aaron Motsoaledi, “utilizar la salud para reducir desigualdades”.
La oposición a este ‘socialismo sanitario’ no se ha hecho esperar. Como en EE UU, su origen son los seguros médicos, potentes compañías con ingentes beneficios provenientes, no sólo de la casi obligación de contratar sus servicios ante el mal funcionamiento del sistema público, sino también de las deducciones fiscales de las que disfrutan. La base social de la campaña es, sobre todo, una clase media blanca que, si bien tiene dificultades para pagar el seguro médico, no quiere ni oír hablar de compartir cama con la mayoría pobre y además negra.
Como la segregación racial no es políticamente correcta en la nueva Sudáfrica, se utiliza un argumento especialmente demagógico: el de los pagadores de impuestos. Según esta teoría, aunque en el país hay unos 50 millones de habitantes, sólo siete de estos pagan impuestos directos y por tanto son los únicos con derecho a recibir prestaciones públicas. El resto, la gran mayoría, son tratados como una especie de parásitos que se aprovechan de los recursos ajenos. Sin embargo, Diane McIntyre, profesora de Economía de la Salud en la Universidad de Ciudad del Cabo, se revuelve contra este postulado: “Todos los sudafricanos pagan impuestos cada vez que llenan el depósito o se compran una camisa. Y proporcionalmente los pobres pagan muchos más que los ricos”. Pocas veces como ahora la brecha social y racial que aún divide Sudáfrica 15 años después del fin del apartheid ha quedado tan expuesta.
El bloque del sector privado
Desde las corporaciones se argumenta que no se tiene nada en contra del NHI, salvo que éste se quiera construir “desmontando el sector privado”, según el portavoz de Discovery, Adrian Gore, una de las empresas líderes en la materia. El profesor de Economía y asesor del proyecto gubernamental del NHI, Patrick Bond, replica que este argumento no es cierto: “El NHI acepta y reconoce la existencia de un sector privado fuerte. Pero estas empresas no quieren ver reducida su tasa de beneficio”. Bond también sale al paso de las acusaciones de ineficacia: “El sector privado, con ocho veces más recursos por paciente, es mucho menos eficiente que el público”. Para corroborar sus palabras un solo dato: más de mil millones de rands (unos cien millones de euros) del sector privado se invierten en pagar a los comerciales que captan clientes.
“No es posible tener una sanidad como la canadiense en Sudáfrica, sin tener su economía”, opina el doctor Chris Archer, y añade: “Para mejorar la salud primero hay que hacer crecer la economía”. Acérrimo defensor del modelo actual, blande la amenaza más habitual entre la minoría blanca sudafricana: “Si se les obliga a trabajar en los hospitales públicos, los médicos se marcharán al extranjero”. Pero, ¿para qué sirve tener médicos si tampoco van a atender a quien más lo necesita? Otro doctor, Trevor Fisher, director del hospital George Mukhari, responde irónicamente: “Los ricos sí que pueden ir a tratarse al extranjero”.
La fuerte campaña mediática contra el NHI no parece haber dado sus frutos. Las encuestas dan hasta un 76% de apoyo al proyecto, lo que no es raro si se tiene en cuenta que ésta fue una de las promesas de Zuma en las últimas elecciones, en las que logró casi dos tercios de los votos. De momento sindicatos y movimientos sociales se encuentran a la expectativa de que empiecen los debates parlamentarios. Jim Irvin, secretario general del sindicato de Metalúrgicos, es claro en este aspecto: “El NHI es una de las razones por las que los trabajadores votamos por Zuma y no vamos a dejar que caiga en saco roto.
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ENTREVISTA // NTOMBOZUKO KRAAI, PORTAVOZ DEL COLECTIVO ANTISIDA TAC “Habrá que movilizarse por la salud universal”
EL GOBIERNO QUE QUERÍA CURAR EL SIDA CON VITAMINAS Y EL ‘CAMBIO’ DE AL GORE Sudáfrica, año 2000. En plena Conferencia sobre el Sida de las Naciones Unidas, celebrada en el país africano, el Gobierno anfitrión defendía el uso de vegetales y vitaminas para frenar una pandemia que ya afectaba a más de cinco millones de sus ciudadanos. El Gobierno del entonces presidente Thabo Mbeki, junto a su ministra de Sanidad, Manto Thabalala-Msimang, se alió con personajes de dudoso perfil, como el médico alemán Mattias Rath, quien vendía unos complejos multivitamínicos de su creación que, según él, curaban el sida. Patrick Bond, profesor de Economía y asesor del actual Gobierno y del ex presidente Nelson Mandela durante la transición, sospecha que detrás de esta política se encontraba la ortodoxia financiera del Banco Mundial, que impedía al Gobierno incrementar su presupuesto en salud. Desde la Campaña de Acción por el Tratamiento (TAC, por sus siglas en inglés) destacan también la actitud de las farmacéuticas, que encarecían sus productos y boicoteaban la producción de genéricos. En el otro lado del mundo, en EE UU, en el año 2000 se estaba celebrando la campaña electoral. Al Gore se presentaba como presidente tras dos mandatos en la vicepresidencia que se habían caracterizado por el apoyo gubernamental a los intereses de las empresas farmacéuticas estadounidenses. En cada acto electoral, el candidato se encontraba con carteles con el lema ‘Gore mata bebés africanos’.
“Cuando se dio cuenta de que la mala publicidad de los carteles valía más que los dos millones de dólares que le habían dado las farmacéuticas, Al Gore cambió de postura y empezó a defender el derecho de los países del sur a fabricar sus propios genéricos”, cuenta Bond emocionado. “Es la muestra de solidaridad más efectiva que he visto nunca”, concluye.
viernes, 28 de agosto de 2009
Sudáfrica: "La oligarquía blanca compró a los negros"
28-08-2009
IPS
La estrategia del gobierno de Sudáfrica para fortalecer la economía de la población negra fue en realidad creada por la oligarquía blanca para comprar a los líderes del histórico movimiento de resistencia, sostuvo Moeletsi Mbeki, hermano del ex presidente Thabo Mbeki (1999-2008).
En su libro "Arquitectos de la pobreza: por qué se debe hacer frente al capitalismo de África", Mbeki critica a la elite gobernante señalando que la estrategia conocida como Potenciación Económica de los Negros (BEE, por sus siglas en inglés) paradójicamente ha sido un "golpe fatal contra la emergencia de un empresariado negro".
En realidad, sostiene, "crea una pequeña clase no productiva pero rica de capitalistas negros compinches constituida por políticos del CNA (Congreso Nacional Africano, partido gobernante), algunos retirados y otros no".
Sostuvo que la estrategia BEE, que entre otras cosas busca asegurar el acceso de la población negra al liderazgo de importantes empresas, no fue invención del CNA, sino que fue creada por oligarcas blancos para adquirir poder en el partido oficialista.
La iniciativa le aseguró a los oligarcas blancos asientos en la mesa principal del CNA donde se formulan las políticas económicas y le dio a sus empresas una parte de los contratos oficiales, afirmó.
Se promocionó la estrategia como una ayuda a los menos favorecidos, pero eso está lejos de la realidad, pues la elite política se ha quedado con los verdaderos beneficios, sostuvo.
IPS dialogó con Mbeki, vicepresidente del Instituto Sudafricano de Asuntos Internacionales, centro de estudios independiente con sede en la Universidad de Witwatersrand.
IPS: ¿Usted cree que la BEE fue un sistema bien conceptualizado que pudo haber concretado la meta de darle más poder a las masas?
MOELETSI MBEKI: Nunca fue un buen sistema. Nunca estuvo destinada a lograr el progreso de las masas. Tuvo el objetivo de comprar y atraer a líderes del movimiento de resistencia. La BEE no puede funcionar para la mayoría. Sólo tiene el objetivo de fomentar los intereses de unos pocos.
Las masas no están contentas con lo que está sucediendo, y estamos comenzando a ver esto en las revueltas (comunitarias). La gente comienza a reaccionar contra la desigualdad y se dirigen a las autoridades municipales, que son vistas como parte de la elite porque fueron elegidas por el CNA, que no están repartiendo (los beneficios).
IPS: Y sin embargo el CNA ganó una importante victoria en las urnas a comienzos de este año…
MM: El CNA perdió su mayoría de dos tercios. Yo perdí apoyo en todas las provincias excepto en KwaZulu Natal (lugar de origen del actual presidente Jacob Zuma y donde aún tiene un gran respaldo). El CNA está comprando a los pobres con beneficios sociales: 13 millones de personas en este país reciben subsidios.
El proyecto para recapacitar a aquellos que estaban en riesgo en el sector privado fue sólo un mero intento del gobierno de dar la imagen de que estaba resolviendo los problemas públicos. ¿Cómo van a ser recapacitadas estas personas? ¿Y en qué sector serán volcadas?
El gobierno se da cuenta que la gente está molesta e intenta calmarla con planes insostenibles.
El país afronta un conflicto de clase dentro de la población negra. Por un lado, están las elites políticas y por el otro las masas. Sudáfrica todavía es una "nación arco iris", pero el conflicto tiene potencial para agravarse.
IPS: Sudáfrica es visto como un ejemplo para otros países africanos. ¿Considera que esta visión está justificada?
MM: El sector privado sudafricano es muy poderoso. Es por eso que se encuentran compañías como Shoprite, MTN y el Standard Bank en varias otras naciones africanas. Esas corporaciones ofrecen grandes servicios y calidad.
Pero el Estado sudafricano va en declive. Hay un alto grado de corrupción, el sistema de salud está al borde del colapso y el educativo es deficiente.
Entre 2000 y 2008, Sudáfrica cayó 20 lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, del 34 al 54. La corrupción crece a un gran ritmo, y su impacto afecta severamente a los pobres. Las ganancias destinadas a los pobres son malversadas, lo cual significa que hay una falla en la distribución.
IPS: Algunas personas señalan que blancos capacitados dejan el país por la falta de oportunidades a causa de la estrategia BEE.
MM: Tanto los negros como los blancos se ven afectados. No hay incentivos para quedarse en el país si sabes que los principales trabajos van para la elite y para sus compinches. La acción afirmativa y la estrategia BEE se convirtieron en favoritismos para unos pocos elegidos.
En el momento hay 500.000 puestos vacantes para profesionales. Cada profesional empleado puede crear oportunidades laborales para otros menos calificados.
Sudáfrica se está convirtiendo en un país "desindustrializado". Dependemos de las importaciones más que de las exportaciones. En 1985, 31 por ciento de nuestro producto interno bruto provino del sector manufacturero. Ahora llega sólo a 16 por ciento. Miles han perdido sus trabajos. Nuestra industria del calzado colapsó y los que están calificados para fabricar han desaparecido. Vamos para atrás.
IPS: ¿Cómo se afrontan estos problemas?
MM: Necesitamos reformar el sistema electoral. Los parlamentos no deberían ser elegidos sobre una base de representación proporcional, sino representando directamente distritos específicos. Esto ayudaría a aumentar la responsabilidad. Actualmente no hay sistema para llamar a cuentas (a los legisladores).
El sistema educativo debe ser revisado. Necesitamos trabajadores calificados. Pero el dinero que va a la educación es usado para la BEE y dado a políticos que construyen grandes palacios y compran autos caros.
Los temas clave aquí son el incremento de la desigualdad económica y el aumento de la dependencia de las importaciones. La combinación de esos dos factores es letal. Está creando una tendencia al desempleo en Sudáfrica, lo que causa conflictos entre los negros. Y en el medio quedan atrapados los extranjeros, como se pudo ver en los ataques xenófobos del año pasado.
