Eduardo Andrade Bone
(AIP, especial para ARGENPRESS.info)
Y no podía ser de otra manera, mientras los grandes empresarios y la oligarquía económica y financiera del país, junto a la mafia del Fondo Monetario Internacional se ríen a boca batiente del pueblo español, el Partido Socialista “Obrero” Español y su gobierno encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero, terminaron finalmente por someterse y arrodillarse ante la UE y el FMI.
Una vez más la crisis generadas por los inversionistas y especuladores del sistema capitalista español o de cualquier otro lugar del mundo, han logrado doblarle la mano a aquellos que se dicen “socialistas”, pero que gobiernan bajo los dictados del FMI, el Banco Mundial y las políticas económicas ultra neoliberales del sistema capitalista mundial, para favorecer a la clase económicamente dominante de sus países.
El PSOE y el gobierno de Zapatero, junto a los grandes empresarios del sector manufacturero y las mafias financieras locales, tienen a España con una cifra oficial del 20,6 % de desempleados y con una deuda pública del 11,2%, deuda además que crece gradualmente, debido a los dineros fiscales que se han invertido para salvar a los empresarios y al sistema bancario y financiero del país.
El paquete de medidas draconianas tomadas por el gobierno de Zapatero y el FMI, apuntan a que el sacrificio de la recuperación económica tienen que pagarlo finalmente los de siempre, vale decir los estratos sociales con menor poder adquisitivo del país, y que son la gran mayoría.
La prensa española destaca que el paquete de medidas significara una reducción paulatina de empleados del sector público, una rebaja y congelación de salarios. Se indica además la suspensión para 2011 de la revalorización de las pensiones, excluyendo a las no contributivas y las pensiones mínimas y la eliminación del régimen transitorio para la jubilación parcial. También se destaca que los hogares se verán afectados con la eliminación del llamado "cheque bebé" a partir del 1 de enero de 2011.
Las exigencias de los sostenedores del capitalismo en la Unión Europea y desde el FMI, le han exigido a España medidas económicas que no se diferencia mucho de las exigidas a Grecia y otros países que forman parte del espacio europeo. Lo que en realidad se privilegia y se busca es que el sistema financiero del capitalismo no colapse definitivamente, al costo del empeoramiento de las condiciones de vida de los pueblos europeos.
Las medidas exigidas por los sostenedores del capitalismo europeo (UE) no garantizan por si misma, que se vaya a producir la anhelada estabilidad y recuperación económica de los países que han sido duramente golpeados por la crisis de sus capitales especuladores.
Los medios de prensa de la península ibérica destacan además que al llamado sector progresistas del PSOE no le ha gustado para nada que sean "los funcionarios, los pensionistas y las madres" quienes tengan que pagar "las veleidades" del mercado. Pero estas declaraciones no pasan de ser de buena retórica, pues la realidad que tiene que vivir el común de los españoles en su día a día, es mucho más duro que las palabras de buena crianza.
Mientras tanto la postura de las dos centrales obrera más importantes, CC.OO. y UGT, su posición no pasa más allá de expresar unas cuantas declaraciones tibias de criticas hacia el gobierno, que no interpretan el sentir del conjunto de la clase trabajadora española, que viene pidiendo a gritos la huelga general contra las medidas antipopulares de la UE, el PSOE, su gobierno y el FMI.
Las medidas del gobierno rompen además con el acuerdo al que Gobierno y sindicatos llegaron en septiembre de 2009 y que suponía una subida salarial paupérrima del 0,3% para el presente año, revisable con el IPC.
Ahora el llamado a huelga general de UGT y CC.OO es tardío y solo busca neutralizar y apaciguar la rabia de los trabajadores públicos, a favor del paquete de medidas de los sostenedores del capital.
Cayo Lara, coordinador general de Izquierda Unida ha manifestado a los medios de prensa locales que en su opinión las “medidas tienen que ver con que "el poder financiero internacional que ha puesto de rodillas a los Estados" y ahora "propone más sufrimiento para los trabajadores".
Mientras tanto el Partido Comunista de España rechaza el recorte de derechos sociales planteado por el Gobierno porque supone una "agresión sin precedentes" a los intereses de los trabajadores y llama a una gran movilización general. En un comunicado difundido ha propósito del paquete de medidas neoliberales, el PCE critica al Gobierno porque no plantea ninguna propuesta que afecte a los "verdaderos causantes de la crisis, que son la banca y las grandes empresas", y no toma medidas contra el fraude fiscal, la eliminación de los paraísos fiscales, el recorte de los grandes salarios y el control de los elevados beneficios de la banca.
De allí que el deterioro de las condiciones de vida del pueblo español es inminente y no descarta que la rabia de la clase trabajadora terminen por sobrepasar a las actuales directivas de las centrales obreras que suelen negociar con el gobierno y los empresarios, a espaldas de lo que piensa la gran masa laboral española.
Pero no solo eso, los sostenedores del capitalismo europeo como americano, vale decir Ángela Merkel y el decepcionante y alicaído Barack Obama y otros líderes de centro derecha europeos, han aplaudido a rabiar las medidas en beneficio de los capitales. Medidas que son toda un provocación a la clase trabajadora y los estratos sociales con menor poder adquisitivo de los países europeos. Los representantes de los capitales en los gobiernos europeos están apretando fuerte el acelerador de medidas y ver así hasta donde pueden llegar con su política de sometimiento económico de los pueblos europeos.
Y como no se podía esperar otra cosa, pues ellos saben muy bien lo que tienen que hacer en estos casos, el representante de la patronal española (CEOE), el cuestionado Gerardo Díaz Ferrán, también ha aplaudido con furor las medidas draconianas del gobierno “socialista”, pero las ha considerado insuficientes. Además ha propuesto la reducción de la ayuda a los países en “vías de desarrollo”, ha sugerido terminar con las subvenciones a determinados servicios públicos y la entrega de otros servicios a la voracidad de los capitales privados. Pero en ninguna parte de su exposición ante el presidente Zapatero planteo que la clase económicamente dominante del país, los grandes empresarios y la oligarquía más rica, debieran sacrificar parte de su riqueza en aras del bien común, eso no estuvo en la agenda del representante de los capitales españoles.
Mientras tanto el líder del franquismo y la derecha española, Mariano Rajoy (PP), cuenta con un paquete de medidas aún más a la extrema derecha que los socialistas, pues ellos apuestan por una reducción completa de las diversas entidades del aparato del Estado, privatizar todo lo que haya que privatizar, además de la reducción de los subsidios a los sindicatos y partidos políticos.
Y mientras continua profundizándose la crisis europea, cabe tomar las palabras de Martine Aubry, primera secretaria del Partido Socialista francés vertidas para medios de prensa españoles cuando expresa que “da la impresión de que para salvar a los pueblos, como en el caso griego, nadie es capaz de ponerse de acuerdo. Pero cuando peligran las bolsas y los mercados, sí”.
Así parece ser, pues las fuerzas progresistas, humanistas y de izquierda europeas y de otros lugares del mundo, se encuentran divididas, atomizadas, neutralizadas, reducidas a su minima expresión, sin capacidad de agitación y sin propuestas o alternativas claras ante la clase trabajadora y los pueblos mientras que los capitales en crisis y sus representantes siguen con sus embestidas contra los pueblos del mundo.
viernes, 14 de mayo de 2010
Zapatero y el PSOE se arrodillan frente al FMI
jueves, 10 de diciembre de 2009
El Sáhara Occidental, moneda de cambio del PSOE
Del apoyo a su autodeterminación de acuerdo a la legalidad internacional, a su apuesta por la autonomía
10-12-2009
Héctor Rojo Letón
Diagonal
Tras los Acuerdos de Madrid en 1974, en los que la España franquista decidía repartir ilegalmente el Sáhara Occidental entre Marruecos y Mauritania, el pueblo saharaui todavía no ha logrado ejercer su legítimo derecho a la determinación.
En estos 35 años, la población saharaui se ha visto obligada a vivir bajo la ocupación militar en los territorios ocupados de Marruecos, en campamentos de refugiados de Argelia o en las zonas liberadas. Un pueblo olvidado, especialmente para el PSOE, que ha pasado en los últimos 30 años de mostrar su apoyo a la causa desde la oposición al Franquismo a apoyar la postura marroquí.
“Como parte del pueblo español, sentimos vergüenza de que el Gobierno [franquista] no haya sólo hecho una mala colonización, sino una peor descolonización entregándoos en manos de gobiernos reaccionarios como los de Marruecos y Mauritania”, afirmaba en 1976 Felipe González (PSOE) en los campamentos de refugiados saharauis en Argelia.
Más de 30 años después no descubrimos nada al decir que la descolonización del Sáhara Occidental no ha terminado, único caso en África, y que la potencia administradora de este territorio, según la ONU, es el Estado español.
Tampoco, si hablamos de los más de 120.000 refugiados saharauis que desde 1974 pueblan la hammada argelina. Allí huyeron de los bombardeos indiscriminados de napalm y fósforo blanco posteriores a la ocupación de su territorio por parte del ejército del reino alauita.
Un muro de 2.700 kilómetros rodeado de minas antipersonas divide los territorios de la antigua provincia y colonia española. A un lado, las zonas liberadas que el Frente Polisario intenta poblar; del otro, los territorios ocupados, donde la población saharaui sufre la ocupación militar de marroquí.
“Especialmente desde que el 6 de noviembre Mohamed VI en su discurso conmemorativo de la Marcha Verde declarara que sólo hay dos tipos de personas: marroquíes o traidores. La represión ha aumentado: detienen a gente por recibir a abogados internacionales, a activistas de los derechos humanos les han quitado sus papeles...”, denuncia El Mami Amar Salem, vicepresidente del Colectivo Saharaui de Defensores de Derechos Humanos.
El Mami sigue muy de cerca la situación de Aminetu Haidar, pero tampoco se olvida de los siete activistas que desaparecieron en octubre a su vuelta de una visita a los campamentos. “Siguen en la cárcel de Salé, aislados y a la espera de ser juzgados en un Tribunal militar”, denuncia Khadad Emhamed, coordinador saharaui ante la Misión Internacional de Naciones Unidas para la celebración de un Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO), que se creó en 1991.
Una misión inconclusa y, de nuevo, paralizada. A primeros de diciembre se debía celebrar una nueva ronda de negociaciones que no tendrá lugar, “las detenciones de activistas saharauis y la expulsión a Lanzarote de Aminetu Haidar hacen que estas sean imposibles”, apuntilla Khadad a este periódico.
¿Apoyo a la causa saharaui?
Aun así la postura oficial de la dirección del PSOE es la de defender la causa saharaui que pelea por el derecho a su autodeterminación. Es decir, un referéndum en el que puedan elegir sobre su independencia o integración en Marruecos.
¿Igual que en 1976? “No hemos modificado ni una coma nuestra postura”, explica a este periódico Elena Valenciano, secretaria de Política Internacional de este partido.
¿Y qué opinan de Marruecos? El propio González formó parte de la comisión que intentó que Marruecos organizara el Mundial de Fútbol de 2010. También es conocida su intermediación ante Mohamed VI en favor de que Telmex, empresa de Carlos Slim, entrase en el mercado alauita. O para que en 2006 Chile y Colombia decidieran no reconocer a la República Árabe Saharaui Democrática.
Eso sí, la Agencia Española de Cooperación Internacional no ha dejado de nutrir a los campamentos de refugiados. “Preferimos que llegue un comunicado político que ejecute la legalidad internacional, a toda la ayuda que mantiene a nuestro pueblo en campamentos de refugiados”, reconoce Khadad.
“Marruecos es un tapón para la inmigración del África Subsahariana; empresas españolas realizan dumping social allí, al instalar sus centros y rebajar así las condiciones laborales de sus empleados; los armadores de barcos españoles pueden pescar en sus caladeros gracias a los acuerdos con la UE. Pero todo esto no me parece motivo suficiente para que el pueblo saharaui sea una moneda de cambio. Tampoco que altos cargos del PSOE como el propio Felipe tengan intereses personales”, explica perplejo Fernando Peraíta, de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Sevilla.
Otra de estas posibles monedas de cambio es el comercio de armas. Desde 1984, todos los gobiernos han vendido o regalado material bélico a Marruecos. Tanto en plena guerra, como en la actual situación de alto fuego. En 2008 recibieron el obsequio de seis torpedos MK46 MOD-2 y una venta cifrada en 113, 9 millones de euros. La monarquía marroquí se convirtió en el tercer cliente de la industria militar española.
Los cambios en la ONU
"Desde el Franquismo, los únicos gobiernos españoles que se han abstenido en una votación por la descolonización del Sáhara Occidental han sido el de Franco y el de Zapatero”, reconocía en 2006 a DIAGONAL Mohamed Y. Beissat, embajador del Polisario en Argelia, tras la actuación del Gobierno.
Tan sólo un año después de la llegada de Zapatero a la Moncloa las cosas estaban muy claras. En marzo de 2007, en su visita a Marruecos, Zapatero conoció su última apuesta por la autonomía. “La parte española ha acogido esta propuesta con interés y considera que podría generar una nueva dinámica de diálogo”, según recogía entonces Asuntos Exteriores.
“Hay mucha gente del PSOE en las asociaciones de defensa del pueblo saharaui, incluso alcaldes o concejales. Esto debe crear contradicciones en el partido. La cúpula está del lado de Marruecos y la base en contra”, reconoce Peraíta.
Según el actor Willy Toledo, presidente de la Plataforma Todos con Aminetu, que lleva en Lanzarote desde el 17 de noviembre, así se han manifestado también parlamentarios vascos del PSE o el secretario de Movimientos Sociales, Pedro Zerolo. Sin embargo, Valenciano no reconoce ninguna tensión. “Decir que hay un movimiento crítico es demasiado, hay mucha gente preocupada y nos pide que hagamos cosas”, apostilla.
El expolio, una traición más
Desde 2007 a los caladeros saharauis han vuelto los pesqueros europeos, especialmente españoles y franceses.
“La historia no tiene marcha atrás”, afirmaba este verano López Aguilar, ex ministro de Justicia y candidato al Parlamento Europeo por el PSOE, sobre las posibilidades de ratificar el Nuevo Acuerdo de Asociación de la Unión Europea con Marruecos.
Al menos el conflicto saharaui ha vuelto a la “agenda internacional”.
“Hay otros muros en el mundo que deben caer”, denunciaba el presidente hace unas semanas en el vigésimo aniversario de la caída del muro de Berlín. Como dirían en tierras de Zapatero: “Una cosa es predicar y otra dar trigo”. Los 2.700 kilómetros de muralla del Sáhara siguen levantados. Y la valla de Ceuta y Melilla también.
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/El-Sahara-Occidental-moneda-de.html
viernes, 22 de mayo de 2009
PSOE y PP se alían con Israel
La Jurisdicción Universal por encima de las razones de Estado
Antonio Segura/Santiago González
Rebelión
22-05-2009
El pasado 19 de mayo, nos despertamos con la noticia de que el PSOE y el PP se aliaban para recortar la aplicación de la Justicia Universal. La verdad es que no sorprendió a nadie. El Ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos ya prometió cambiar la ley que permite la persecución de crímenes de guerra a la entonces Ministra israelí, Livni, cuando todavía no se habían apagado los fuegos de los bombardeos israelíes en Gaza.
El Ministro laborista Barak ya dijo, cuando se admitió la demanda en la Audiencia Nacional contra siete responsables israelíes por la masacre de Al Daraj (de 2002) que apelaría al ‘compañero’ Zapatero de su misma Internacional Socialista a cambiar las leyes españolas para que se cerrase esa y las demás posibles demandas que afectan a la política de estado israelí de llevar la ocupación hasta sus extremos más criminales.
Si se ha pedido que se haga justicia es porque ha fracasado la acción política. Ha habido razones de estado y la complicidad de la comunidad internacional, incluyendo a los Gobiernos españoles, para fortalecer la ocupación y la impunidad israelí. ¿Cuántos hechos consumados israelíes ha habido, hay y habrá y cuánto premio ha recibido la impunidad israelí en todos estos años?
Así como suena, cuando afectó a Israel una demanda, es cuando el Gobierno español y la mayoría de los diputados se doblegan y dicen que hay que cambiar la actual ley española para no tener que procesar a unos criminales de guerra. Y decimos criminales de guerra porque ni las autoridades israelíes, ni el Fiscal español que se opone a la investigación en la Audiencia Nacional del asunto de la masacre de Al Daraj han argumentado que no lo sean, lo que han dicho es que España no es competente, eludiendo sus responsabilidades. Y como España según las Convenciones de Ginebra, en concreto la cuarta, según el artículo 96.1 de la Constitución, según el artículo 23. 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y según la sentencia del Tribunal Constitucional 327/2003, (caso Guatemala), no puede eludir la aplicación de la Ley sobre esos criminales, y según las normas emanadas de su propio parlamento es competente, los diputados del PSOE y del PP deciden cambiar la ley para dar impunidad a estos criminales.
A estos y a todos aquellos que han cometido crímenes tan horrendos, pues no debemos olvidar que la Jurisdicción Universal es para esos crímenes y no para todos los delitos, los crímenes más graves contra la humanidad, humanidad que no olvidemos somos todos.
El asunto es de tal gravedad que si cambiamos el delito al que se le pretende dar impunidad, sería como decir que porque el Ministro de un estado x, ha sido sorprendido traficando con sustancias estupefacientes, los partidos mayoritarios se alían para cambiar la ley sobre el tráfico de drogas, o porque un presidente de una comunidad autónoma se apodera del dinero público en su beneficio, vamos a cambiar el código penal para darle impunidad.
Es evidente que ese actuar sería no solo una falta de respeto al parlamento que en su día legisló lo que ahora se intenta recortar, si no y además, y esto es lo importante, sería incluso constitutivo de delito, pues a nadie se le escapa que se esta legislando para dar impunidad a delincuentes, saltándose a la torera todas las normas nacionales e internacionales que obligan al juzgamiento. Este tipo de actuar, aunque emane de los diputados de un parlamento, está también tipificado en nuestro Código Penal, y por ello hay que recordar a las señorías el contenido de su Artículo 451 que deberían conocer, o cambiar, que a lo mejor se les ocurre:
‘Será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años el que, con conocimiento de la comisión de un delito y sin haber intervenido en el mismo como autor o cómplice, interviniere con posterioridad a su ejecución, de alguno de los modos siguientes:
1.Auxiliando a los autores o cómplices para que se beneficien del provecho, producto o precio del delito, sin ánimo de lucro propio. 2.Ocultando, alterando o inutilizando el cuerpo, los efectos o los instrumentos de un delito, para impedir su descubrimiento. 3.Ayudando a los presuntos responsables de un delito a eludir la investigación de la autoridad o de sus agentes, o a sustraerse a su busca o captura, siempre que concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1. Que el hecho encubierto sea constitutivo de traición, homicidio del Rey, de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, de la Reina consorte o del consorte de la Reina, del Regente o de algún miembro de la Regencia, o del Príncipe heredero de la Corona, genocidio, delito de lesa humanidad, delito contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, rebelión, terrorismo u homicidio. 2.Que el favorecedor haya obrado con abuso de funciones públicas. En este caso se impondrá, además de la pena de privación de libertad, la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a cuatro años si el delito encubierto fuere menos grave, y la de inhabilitación absoluta por tiempo de seis a doce años si aquél fuera grave.’
En noviembre del 2003, se aprobó una ley orgánica en la que se introdujo la circunstancia primera que habla de que el encubrimiento lo sea de un delito de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos, justo lo que ustedes están haciendo.
De aprobar esa modificación del artículo 23.4, no solo los diputados estarían dando cobijo a la impunidad encubriendo unos criminales y por tanto delinquiendo según las leyes vigentes, sino y además estarían incumpliendo las Convenciones de Ginebra, las cuales se han comprometido a respetar y hacer respetar sin olvidar las obligaciones contraídas en el ámbito de la Asamblea General Naciones Unidas que les impiden actuar tomando este tipo de medidas legislativas, en concreto las obligaciones contraídas en la Resolución 3074 (XXVIII) de la Asamblea General de 3 de diciembre de 1973, en la cual se determinaron los Principios de cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra, o de crímenes de lesa humanidad, y en concreto y para el caso en su punto 8 se dice: “ Los Estados no adoptarán disposiciones legislativas ni tomarán medidas de otra índole que puedan menoscabar las obligaciones internacionales que hayan contraído con respecto a la identificación, la detención, la extradición y el castigo de los culpables de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad “. Precisamente lo que los diputados que aprobaron la Resolución mencionada pretenden hacer.
Por ello, de aprobar semejante modificación legislativa, esos diputados se convierten en auténticos delincuentes tanto en el ámbito interno como a nivel internacional. Aunque sea por esta argumentación, ya que evidentemente no les importan los derechos humanos, al menos piensen en ustedes y recapaciten en su actuar, dejando la ley como está, ya que la misma solamente perjudica a los criminales y beneficia al resto de la humanidad.
Antonio Segura. Abogado, autor entre otros de la querella contra siete responsables israelíes por un bombardeo en Gaza, contra los autores intelectuales de Guantánamo y de la demanda de los Españoles víctimas en Mauthausem.
Santiago González, es miembro del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe.
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