24 de noviembre de 2009
Alberto Ampuero
(especial para ARGENPRESS.info)
¿Cómo piensa Obama salvar a Micheletti del fuego, sin quemarse?
Se lo cuento
La parte más importante para superar la crisis y avanzar hacia el futuro es “el reconocimiento de los comicios”, dice el subsecretario de Estado adjunto para América Latina, Craig Kelly. Con lo que cierra toda posibilidad de que Honduras vaya a elecciones con su presidente legítimo.
El siguiente paso (siempre con el plan Kelly), es el establecimiento con rapidez de un gobierno “de unidad”. Luego el Congreso hondureño, dominado por fuerzas de derecha, decidirá sobre la restitución del presidente Zelaya, que se realizará después de los comicios
Kelly dice que Zelaya debe ser restituido (aunque sea en el último día de su mandato) para legitimar al próximo gobierno, y nada más.
Veamos los detalles
El plan contempla que el presidente de facto de Honduras, Roberto Micheletti, deje el poder por unos días (entre el 25 de noviembre y el 2 de diciembre) para facilitar los comicios generales y resolver la crisis política iniciada el 28 de junio pasado tras el golpe de Estado contra el presidente constitucional Manuel Zelaya
“Nos satisface que se tome una licencia”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Robert Wood, sobre Micheletti; “para que la atención se centre en los comicios generales y no en la crisis política”.
“Las elecciones del 29 de noviembre van a ocurrir, van a ser un hecho real,y nosotros le deseamos buena suerte a Honduras y a su pueblo ese día”, declaró el embajador USA en Tegucigalpa,Hugo Llorens
Nadie (de la oposición) lo aceptó, por supuesto.De hecho, la canciller zelayista Patricia Rodas declaró en Caracas que cualquier medida que lleve a cabo la dictadura es completamente ilegal y nula por provenir de un proceso inconstitucional y antidemocrático. Significa un intento de blanquear el golpe de Estado militar, que además trata de ocultar todas las violaciones contra el pueblo.
Rodas agregó que la única manera de restablecer la democracia en Honduras es mediante la restitución de Zelaya, para que convoque una Asamblea Constituyente cuyo protagonista sea el pueblo.
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos se reúne en estos días para analizar la situación en Honduras y buscar una posición común para después de los comicios. Pero Brasil ya adelantó que no reconocerá las elecciones organizadas por ese gobierno.
“Desde el punto de vista legal, él nunca debía haber estado en el gobierno. Entonces, que ahora diga que se va a alejar provisionalmente, para mí suena raro”, aseguró el canciller Celso Amorim
Como raro es el ambiente que se respira en Honduras a días de las ‘elecciones’,cuando no hay nada qué elegir. Más cuando una aspirante de entre tres candidatos a la vicepresidencia por el Partido Liberal, Margarita Zelaya Rivas, renunció a su postulación junto con otros seis candidatos a otros cargos, en solidaridad con el presidente Zelaya.
La observación internacional es otro problema. ¿Cuáles observadores y con cuáles credenciales técnicas y democráticas calificarán si la elección reúne las normas internacionales de justicia y transparencia?.
A saber, porque hasta ahora, los únicos que han anunciado que vendrán son los amigos de ultraderecha y derecha simple del régimen golpista. Ni los legisladores republicanos de Estados Unidos podían venir porque no hay demócrata que los acompañe, informó Arturo Cano de La Jornada de México.
Aunque, al parecer, una “doblada de mano” de última hora a los demócratas, por los extremistas de Washington,los obligaron a acompañarlos.
De esa forma, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de la bancada demócrata, estaría prácticamente anunciando que legitimaba observadores electorales el 29 de noviembre.
Las consignas de la Resistencia al boicot (para hacer que las elecciones sean nulas) crecen todos los días que Micheletti ordenó taparle los oídos al pueblo, sacando del aire la señal del canal de televisión 36 de Honduras, que simpatiza con Zelaya.
El gobierno de Micheletti lo niega, pero el canal ya sufrió cortes en su transmisión en varias ocasiones desde la asonada, e incluso fue cerrado tres semanas en septiembre por los golpistas al amparo de un decreto que permitía suspender a medios que atentaran contra la paz y el orden público. Así que, antecedentes, hay.
Alberto Ampuero es periodista radicado en Riverside, California, Estados Unidos.
Autor imagen: Carlos Latuff
martes, 24 de noviembre de 2009
Honduras: Los abogados del diablo
24 de noviembre de 2009
Alberto Ampuero
(especial para ARGENPRESS.info)
¿Cómo piensa Obama salvar a Micheletti del fuego, sin quemarse?
Se lo cuento
La parte más importante para superar la crisis y avanzar hacia el futuro es “el reconocimiento de los comicios”, dice el subsecretario de Estado adjunto para América Latina, Craig Kelly. Con lo que cierra toda posibilidad de que Honduras vaya a elecciones con su presidente legítimo.
Irán: El presidente Ahmadineyad critica al Consejo de Seguridad de la ONU durante su visita a Brasil
24 de noviembre de 2009
El presidente de Irán, Mahmud Ahmadineyad, arremetió contra el Consejo de Seguridad de la ONU y las entidades financieras internacionales durante su visita a Brasil.
"El orden establecido tras la Segunda Guerra Mundial ha fracasado. El Consejo de Seguridad de la ONU no ha cumplido su misión y no puede garantizar la seguridad en el mundo", dijo ayer Ahmadineyad durante un encuentro con los parlamentarios brasileños en Brasilia, la capital del país.
Según el mandatario iraní, quien arribó al país latinoamericano para reunirse con su homólogo brasileño, la ineficacia del Consejo de Seguridad de la ONU radica en el derecho de veto, que posee un "reducido número de países".
El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional también fueron el blanco de las críticas del presidente iraní, quien acusó a las mencionadas entidades de "ineficacia al momento de proponer medidas para salir de la crisis financiera mundial".
Al mismo tiempo, Ahmadineyad aprovechó la intervención ante los legisladores brasileños para manifestar que el pueblo palestino no debe pagar por los crímenes perpetrados contra los judíos durante la Segunda Guerra Mundial.
"El pueblo palestino no participó en esa guerra y no tiene ninguna relación con la muerte de 60 millones de personas", afirmó el líder iraní.
Al respecto, Ahmadineyad insinuó que si se juzga a alguien por estos delitos, tienen que pagar "los que desataron la guerra, y no un pueblo inocente".
En el marco de la visita a Brasil del Presidente iraní, Mahmud Ahmadinejad, el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, reafirmó que considera un derecho de Irán tener un programa nuclear con fines pacíficos, pero le pidió con firmeza que colabore en la búsqueda de una solución justa y equilibrada al problema.
Lula y Ahmadinejad mantuvieron una reunión de más de tres horas en la sede de la cancillería, como parte de la gira del mandatario iraní que incluye Bolivia y Venezuela. Como se sabe, la comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos e Israel, acusan a Irán de impulsar un programa nuclear con fines militares, algo que rechaza Teherán, pues asegura que su programa es pacífico.
Unión Europea: El mercado laboral profundamente afectado por la crisis
24 de noviembre de 2009
El mercado laboral de la Unión Europea (UE) fue profundamente afectado por la actual crisis financiera y económica, y el desempleo a largo plazo continúa siendo una amenaza seria, según un reporte publicado el lunes.
"La crisis actual está afectando a los mercados laborales de la UE y está revirtiendo la mayor parte del crecimiento del empleo logrado desde 2000", dijo la Comisión Europea en su reporte anual sobre el empleo en Europa.
El reporte mostró que el empleo en la UE ha disminuido en más de cuatro millones de empleos desde el inicio de la crisis, todos los Estados miembros de la UE, excepto Luxemburgo, han experimentado una contracción en el empleo, principalmente en los Estados bálticos, Irlanda y España.
Al mismo tiempo, la tasa de desempleo en la UE ha mantenido una tendencia al alza desde la primavera del año pasado y para septiembre de 2009 había aumentado 9,2 por ciento, un aumento de 2,5 puntos porcentuales en comparación a la primavera de 2008.
En particular, el desempleo a largo plazo sigue siendo una preocupación para los legisladores ya que entre más tiempo pase alguien sin empleo, menos posibilidades tendrá de reintegrarse al empleo, dijo el reporte.
En años recientes, cerca del 45 por ciento de todos los periodos de desempleo duraron más de un año en la UE en comparación con sólo el 10 por ciento en EEUU.
"Combatir este tema se ha vuelto más urgente desde el inicio de la crisis", dijo la comisión.
Sin embargo, el reporte encontró que el nivel de desempleo en la UE ha permanecido relativamente resistente considerando la fuerza de la recesión.
En otras palabras, la caída total en el empleo ha sido relativamente limitada y significativamente más débil que el descenso en la actividad económica, en parte por los extensos recursos para crear empleos temporales y por otras medidas para combatir el impacto de la crisis.
La UE se está moviendo hacia una economía competitiva baja en carbono, lo cual se convertirá en una importante fuerza de impulso desde una perspectiva del mercado laboral.
Aunque la creación total neta de empleos podría no ser tan grande como la creación de nuevos trabajos "verdes" o hacer que los trabajos existentes sean más verdes, en parte será compensada por la pérdida de empleos existentes, los cambios estructurales subyacentes involucran el reacomodo de trabajadores en todos los sectores económicos y según los tipos de habilidades.
En consecuencia, el cambio climático y las medidas políticas relacionadas tendrán un impacto importante en la futura demanda de habilidades, dijo el reporte.
El compromiso de Caracas
24 de noviembre de 2009
Olmedo Beluche
(especial para ARGENPRESS.info)
El 19 y 20 de noviembre de 2009 se realizó en Caracas, Venezuela, el Encuentro Internacional de Partidos de Izquierda, convocado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Este encuentro reunió 52 organizaciones políticas de los cinco continentes del más variado espectro, desde socialdemócratas moderados hasta la izquierda radical, pasando por algunos partidos comunistas.
La preocupación central en torno a la cual fue convocado el evento y que fue centro de los debates, es la contraofensiva reaccionaria lanzada en todo el mundo, pero de manera particular en Latinoamérica, por el imperialismo norteamericano, apoyada por las oligarquías nacionales y la extrema derecha, junto a los medios de comunicación a su servicio.
Contraofensiva reaccionaria que tiene en nuestro continente dos componentes esenciales: uno militar, con la instalación de bases militares, en especial en Colombia y Panamá, y otro político, cuya cabeza de playa ha sido el golpe de estado hondureño contra el presidente legítimo, Manuel Zelaya, y que también amenaza a la democracia y al presidente legítimo de Paraguay, Fernando Lugo.
En el marco de la crisis capitalista mundial, el gobierno de Barack Obama, apoyándose en sectores militares y retardatarios, intenta revertir los avances políticos y sociales de la región producidos por la movilización popular a principios de esta década, como respuesta a las consecuencias sociales de la fase neoliberal.
Utilizando lo que la secretaria de Estado, Hillary Clinton, ha denominado "estrategia inteligente", es decir, usar la fuerza militar donde las condiciones se lo permiten (como Irak y Afganistán) y las maniobras políticas donde no, Estados Unidos pretende recuperar el terreno perdido de su influencia en el mundo, combinando todas las tácticas a la vez.
En América Latina, la escalada peligrosa no sólo se dirige a cancelar por cualquier vía a los gobiernos que cuestionan el modelo neoliberal y las imposiciones de Washington, sino que ahora preparan una estrategia de agresión militar contra la vanguardia de los procesos de cambio en el continente: el gobierno bolivariano de Venezuela, encabezado por el presidente Hugo Chávez.
Para ello han reactivado la IV Flota y el Comando Sur, y han procedido a firmar acuerdos para la instalación de bases militares conjuntas que se convertirán en la plataforma de agresión contra Venezuela y otros países. De allí que el centro de las denuncias adoptadas por el Encuentro son las bases militares, principalmente las de Colombia (y Panamá, agregamos nosotros) que han convertido a ese país, a decir del ex presidente Ernesto Samper, en un "portaaviones" militar que amenaza seriamente a Venezuela.
Hablando ante el Encuentro Internacional, el presidente Hugo Chávez, señaló con claridad que estas amenazas militares, y las provocaciones que ya ha iniciado el gobierno colombiano de Álvaro Uribe, deben tomarse en serio ya que parecen indicio certero de un inevitable de un conflicto armado, el cual habría que evitar para bien de nuestros pueblos. De allí la urgencia de exigir la anulación del acuerdo de bases militares.
En este sentido, el Encuentro acordó una Jornada Internacional de lucha contra las bases militares la semana del 12 al 17 de diciembre próximos. Campaña que debe incluir desde movilizaciones hasta foros y conferencias que obliguen a reflexionar sobre la peligrosidad de la situación creada por estas bases militares.
Otro eje de trabajo urgente adoptado por el Encuentro es la denuncia del golpe de Estado en Honduras y su intento de legitimarlo por la vía de elecciones espurias este 29 de noviembre próximo. Hay que sostener la exigencia del retorno a la legitimidad política en Honduras, mediante el retorno del presidente legítimo Manuel Zelaya, única garantía para la realización de elecciones libres y democráticas en aquel país.
Para coordinar el conjunto de la campaña mundial contra las bases militares y los intentos reaccionarios de socavar las reformas democráticas, el Encuentro acordó la constitución de una plataforma permanente que articule las campañas y actividades.
Reflexionando sobre la situación internacional, el presidente Hugo Chávez, sorprendiendo a los presentes lanzó la idea de constituir una V Internacional socialista, en la línea de recuperar las tradiciones de internacionalismo y solidaridad de organizaciones de este tipo desde Carlos Marx, Federico Engels, Vladimir Lenin y León Trotsky.
En este sentido, el Encuentro Internacional acordó que los delegados y delegadas informaran a sus respectivas organizaciones y que, quienes estuvieran de acuerdo, volverían a reunirse en el mes de abril de 2010, en Caracas, para decidir la forma y el programa que adoptaría esta V Internacional.
Interviniendo a nombre del Partido Alternativa Popular de Panamá, señalamos nuestro compromiso de estar a la vanguardia de la lucha contra las bases militares y la política exterior del gobierno empresarial y derechista de Ricardo Martinelli, es particular su reconocimiento a los golpistas hondureños.
El pueblo panameño cuenta con ciento cincuenta años de experiencia en la lucha contra las bases militares norteamericanas, y ha sido víctima reiterada de ellas, con decenas de invasiones e intervenciones militares yanquis, la última de ellas el 20 de diciembre de 1989, que produjo centeneras de muertos, miles de heridos y decenas de miles sin hogar.
La lucha contra las actuales cuatro bases militares que ejecuta el ministro de gobierno, Raúl Mulino, no será la excepción, como ya lo demostró la movilización estudiantil del pasado 18 de noviembre, en que la juventud panameña actual demostró ser digna heredera del antiimperialismo que ha caracterizado a nuestro pueblo.
El Partido Alternativa Popular (PAP) hace parte desde ahora de la plataforma común adoptada en el Compromiso de Caracas, y se compromete a debatir democráticamente la posibilidad de integrar la V Internacional propuesta por el presidente Chávez.
Emanuel fuerza el consejero jurídico de la Casa Blanca a dimitir
24 de noviembre de 2009
El abogado Greg Craig, consejero jurídico de la Casa Blanca, presentó nuevamente su renuncia al presidente Obama, quien decidió aceptarla. Abogado de envergadura mediática, Gregory Craig se dio a conocer gracias a varios casos célebres.
En 1977 asumió la defensa del ex director de la CIA Richard Helms, acusado de falso testimonio ante el Senado por haber ocultado la responsabilidad de la CIA en el golpe de Estado de Chile. Helms sólo recibió una condena a prisión con remisión de pena y una multa de 2 000 dólares.
En 1981 defendió a John Hinckley, Jr., un amigo de la familia Bush que había tratado de asesinar al presidente Ronald Reagan para que George Bush padre lo reemplazara en la presidencia. Logró que el acusado fuera declarado mentalmente irresponsable.
En 1997 defendió a su amigo el presidente Bill Clinton, acusado de acoso sexual hacia Paula Jones. Logró que se cerrara el caso, que posteriormente fue retomado con Monica Lewinsky.
En el año 2000 defendió al padre del niño cubano Elián González, llevado a Estados Unidos por su madre, quien había perecido en el mar. Logró que se reconocieran los derechos del padre, quien pudo así recuperar a su hijo para regresar con él a Cuba.
En 2004 defendió los intereses de Kofi Annan, acusado ante la Comisión Paul Volker como consecuencia del escándalo «Petróleo contra alimentos». En 2008 defendió al ex presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada y al ex ministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín, acusados ambos de haber provocado la muerte de 67 manifestantes. Logró sustraerlos a la justicia.
Además de su actividad como abogado, Greg Craig se ha desempeñó (desde 1984 hasta 1988) como consejero del senador Edgard M. Kennedy en cuestiones de Defensa, Relaciones Exteriores y Seguridad Nacional. En 1997-98, Madeleine Albright lo nombró director de Planificación Política en el Departamento de Estado. Se implicó de forma especial en la cuestión del Tibet. En 1998, el presidente Clinton lo convirtió en su consejero principal para enfrentar el proceso de destitución en su contra, consecuencia del caso Lewinsky.
Muy cercano a Barack Obama, a pesar de sus vínculos de vieja data con los Clinton, Greg Craig rápidamente se implicó junto al senador de Illinois. Como muestra de agradecimiento, Obama lo incluyó en su equipo de trabajo al llegar a la Casa Blanca.
Encargado de la cuestión de Guantánamo, el abogado Greg Craig descubrió con espanto las torturas aplicadas allí con la participación de equipos médicos de las fuerzas armadas estadounidenses [1].
Permitió entonces la llegada de documentos reveladores a la comisión competente en el seno del Senado, provocando así la cólera del secretario general de la Casa Blanca, Rahm Emanuel. Fue en definitiva éste último quien obtuvo su cabeza, cerrando así el expediente de los crímenes cometidos en Guantánamo para cubrir los crímenes cometidos el 11 de septiembre de 2001.
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[1] «ТАЙНА ГУАНТАНАМО», por Thierry Meyssan, Октябрь, 06 de noviembre de 2009. Ver «El secreto de Guantánamo», Red Voltaire.
Afganistán: Estados Unidos en medio del pantano
24 de noviembre de 2009
Néstor Núñez
(AIN, especial para ARGENPRESS.info)
Mientras por un lado la Casa Blanca estudia cuidadosamente las inmediatas variantes militares en Afganistán, donde hace ocho años Estados Unidos y sus aliados viven uno de sus más perniciosos desgastes, por el otro la máxima dirección norteamericana insiste en que la sinuosa Al Qaeda es la mayor amenaza terrorista y debe ser descoyuntada en suelo afgano, y ahora también en Paquistán.
Así las cosas, lo cierto es que cuesta vaticinar cuál será finalmente el derrotero de la aventura militar intervencionista en aquellos predios centroasiáticos.
Se trata de una suerte de tira y encoge donde bullen y saltan los más variados intereses, no pocas veces encontrados, frente a la cara de un gobierno que, evidentemente, parecería quedar bien con Dios y con el Diablo.
De hecho los socios de la intervención armada norteamericana en suelo afgano titubean, se retiran o buscan fórmulas para acabar con el insostenible y costoso diferendo.
Hace muy poco el gobierno de Australia dijo que no remitirá un uniformado más a Kabul, y horas después el primer ministro británico, Gordon Brown, si bien apoyó la presencia militar de su país en la cruzada agresiva, insistió en celebrar en enero próximo, con sede en Londres, una conferencia sobre tan peliagudo tema.
La realidad es que no menos de 230 soldados ingleses han perecido en el escenario afgano, y la sociedad de Gran Bretaña no ve con buenos ojos semejante precio, mucho menos por liarse en disputas que considera ajenas.
En concreto, Brown desea “fijar un nuevo marco militar y político” sobre Afganistán, en el ánimo de transferir a los afganos el asunto de su “seguridad interna” y salirse definitivamente de la gravosa guerra en términos materiales, humanos y políticos.
La agenda del premier propone que dicha transferencia se ponga en marcha en el propio 2010, lo cual indica que en el número 10 de Downing Street el apuro es grande.
Mientras, Washington se debate entre hacerle caso a los mandos y políticos derechistas que insisten en llevar más soldados al matadero, o tomar en cuenta con toda seriedad el hecho de que 56 por ciento de los norteamericanos está contra ese despliegue, y el 58 por ciento se opone a prolongar las hostilidades en Afganistán. Las próximas horas son decisivas.
El poder de la Iglesia en España
Marcos Roitman Rosenmann
24-11-2009 La Jornada
En España, durante el franquismo, la Iglesia jugó un papel relevante en la consolidación del régimen. Hoy su protagonismo no ha disminuido y su poder se mantiene intacto a pesar que la Constitución de 1978 en su artículo 16.3 señala el carácter aconfesional del Estado.
Durante la transición, la Iglesia católica no estuvo dispuesta a perder ninguno de los privilegios ganados durante 40 años de dictadura. Para sus miembros fue mejor reconocer el carácter aconfesional que pasar a una fórmula de Estado laico. Fue una solución de compromiso de los constituyentes que dejaba claro el papel de la Iglesia y los límites de la reforma política. No se ponía en cuestión su función garante de la moralidad de los españoles.
Lo que Franco ató, siguió atado. Así, la Iglesia católica podría seguir gozando de un trato de favor a la vez que se marginaban otras confesiones. La enseñanza de la religión en los colegios públicos se dejó en manos del clero. Así, el Estado paga la educación católica de los colegios privados concertados, cuya cifra de alumnos supera el millón. La ley franquista de 1970 que lo avala no ha sido derogada. Igualmente, el episcopado confecciona sus programas de estudio y contrata a sus profesores pagados por el Estado.
En otro orden de cosas, los hospitales públicos mantienen en su plantilla sacerdotes y las universidades cuentan con una capilla. Ni que decir que no hay ni mezquitas ni sinagogas, ni templos budistas. Los rituales políticos utilizados por el poder civil para asumir los cargos de representación popular están sometidos a ceremonias donde el crucifijo preside las ceremonias. No menos importante es su presencia en los medios de comunicación social públicos. Televisión Española transmite todos los domingos una misa, amén de un programa llamado Pueblo de Dios. Tampoco debemos pasar por alto que la mayoría de los días festivos forman parte del credo católico. Semana santa, la inmaculada, los reyes magos, la Almudena, etcétera.
Asimismo, el episcopado posee una radio de ámbito estatal, la cadena COPE, utilizada como medio para arremeter contra el poder político y dar rienda suelta a sus campañas contra el aborto, los homosexuales, el uso del preservativo y la asignatura educación para la ciudadanía donde se apoya una visión progresista de las relaciones sexuales, de la inmigración, de la tolerancia religiosa o de los matrimonios gays.
En este caso han llamado directamente a la objeción de conciencia. Un sin sentido.
No menos importante es su poder económico. Y no me refiero al patrimonio cultural atesorado en los monumentos de interés nacional, hago mención a los terrenos urbanos y rurales, los edificios, las casas, mansiones y el conjunto de propiedades cuyo origen es la donación testamentaria. Sin menospreciar las empresas subsidiaras y sus inversiones en la bolsa. El uso de su capital para fines especulativos ha quedado al descubierto con los escándalos de Afinsa, entre otros. Sus turbios negocios han salido a la luz cuando los imputados han debido declarar quiénes eran sus principales inversores.
La Iglesia desde 1993 controla 40 por ciento de las universidades privadas. Jesuitas, dominicos, escolapios, Opus Dei, legionarios de Cristo o franciscanos gozan de los fondos públicos para sus proyectos. Mientras tanto la enseñanza aconfesional y pública sufre los envites del clero cuando se trata de subvenciones.
Su poder es tan grande que ningún gobierno del PSOE, hasta la fecha, quiere tomar el toro por los cuernos. Incluso algunos destacados militantes como el ex ministro de Justicia y creador de jueces para la democracia Alberto Belloch, hoy alcalde de Zaragoza, ha considerado ejemplar dedicar una calle al fundador del Opus Dei, Escrivá de Balaguer, amén de obligar a los concejales del consistorio a participar del rosario y las misas cantadas en honor a la patrona de la ciudad en la catedral el día 12 de octubre. Sus actos no son sino otra manera de poner en cuestión el carácter aconfesional del Estado.
Pero sin ir más lejos, la próxima visita del papa Benedicto XVI a España será sufragada en 50 por ciento por Hacienda. Desde la seguridad, el transporte, una parte de la publicidad, la estancia y el conjunto de la parafernalia, tanto como ser considerada una visita de Estado. Son muchos millones de euros los que se invertirán en apoyar a la Iglesia católica. En contrapartida, sus máximos responsables deciden bajar los decibelios en la crítica a la nueva ley de aborto.
Si hacemos memoria, los orígenes de su actual poder están ligados al golpe de Estado contra la Segunda República, en 1936. Para los alzados, el gobierno del Frente Popular fue una suma de políticos masones, judíos y comunistas interesados en destruir la unidad de España, era necesario combatirlos y la iglesia se convirtió en la mano derecha de Franco. Éste gobernó con la Iglesia y la Iglesia gobernó para el régimen. La guerra civil se consideró parte de una cruzada, y su objetivo consistió en aniquilar al enemigo. Ellos avalaron los fusilamientos de miles de republicanos, socialistas, anarquistas y comunistas.
La Iglesia aupó a Franco a la categoría de caudillo por la gracia de Dios y desde esa atalaya lució una aureola cercana a la santidad. Un enviado del Señor cuya tarea consistía en blandir su espada contra los comunistas, representantes del demonio en la tierra. Su triunfo se consideró por la Iglesia católica la primera derrota del comunismo internacional y el renacer de España como la reserva espiritual de Occidente.
Era un enviado y no podía renunciar a su tarea, los obispos se encargaron de recordárselo siempre. Él hubiese preferido llevar una vida sencilla y en familia. Pero los hechos lo situaron en el papel de salvador de la patria. Se transformó en un martillo de herejes bajo la mano férrea de una Iglesia católica, apostólica y romana que hasta hoy no ha perdido ningún ápice de su poder real. La España actual sigue teniendo miedo a realizar una reforma que relegue a la Iglesia católica a su única función, ser un refugio para sus creyentes a título de fe y al margen de la esfera de lo público.
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2009/11/21/index.php?section=mundo&article=018a1mun
El ataque de Arabia Saudí contra el Yemen
Aventurerismo, oportunismo y temeridad
Rannie Amiri
CounterPunch
24-11-2009
Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández
“Ante los recientes bombardeos del ejército saudí contra el muy amado pueblo yemení, sentimos un gran disgusto y tristeza. La intervención de Arabia Saudí no hace más que alimentar un inútil baño de sangre en su frontera con el Yemen”.
Mahdi Akef, Presidente de los Hermanos Musulmanes de Egipto, 9 de noviembre de 2009.
“¿Cómo puede el Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas del Islam [el rey Abdullah de Arabia Saudí] permitir el asesinato de musulmanes inocentes en los meses prohibidos?”.
Ali Larijani, Portavoz del Parlamento iraní, 15 de noviembre de 2009. (El Islam prohíbe emprender la guerra durante cuatro meses a lo largo del calendario lunar, uno de ellos es el de Dhu al-Qidah, que coincide este año con el mes de noviembre).
Si es que había algún interrogante acerca de cuál era el país que estaba interfiriendo en la guerra civil del Yemen, Arabia Saudí proporcionó la respuesta cuando sus aviones de combate F-15 y Tornado atacaron hace dos semanas las posiciones rebeldes Zaidi en la montañosa región fronteriza entre los dos países y más allá.
Los combatientes Zaidi, conocidos como Houthis, se han visto envueltos desde 2004 en luchas esporádicas con el gobierno del Yemen; un conflicto que volvió recientemente a estallar de nuevo el pasado mes de agosto (Para más información, véase “Saada Ander Siege”).
Al parecer, el ataque saudí se produjo en venganza del asesinato de un guardia fronterizo cometido por los rebeldes a primeros de noviembre. Sin embargo, los Houthis acusan a Arabia Saudí de permitir que el ejército del Yemen lance ataques desde territorio saudí y de que ellos mismos participen en asaltos transfronterizos
¿Irán o Arabia Saudí?
En efecto, la acusación que más se intercambia entre los Houthis y el gobierno del Presidente yemení Ali Abdullah Saleh gira alrededor de qué país está proporcionando apoyo material al otro. Una acusación que viene ya de largo –aunque aún no se ha comprobado-, y que tanto el Yemen como Arabia Saudí formulan es que Irán está financiando a la insurgencia Houthi, proporcionándole dinero, armas y entrenamiento.
En realidad, la mayor parte de las armas que han encontrado su camino hacia el norte del gobernorado de Saada y hacia manos rebeldes es muy probable que provengan de soldados yemeníes desafectos (muchos de los cuales son Zaidi), que no desean combatir a sus paisanos, o de quienes sencillamente han abandonado sus puestos y han huido.
El pasado octubre, supuestamente, Yemen apresó a un buque iraní que llevaba armas a los Houthis, arrestando a cinco miembros de su tripulación. Aunque se prometió dar públicamente detalles de la subsiguiente investigación, desde entonces no se ha sabido prácticamente nada. El gobierno iraní negó que ninguno de sus buques hubiera sido capturado en aguas yemeníes, describiendo todo el incidente como una “fabricación de los medios”.
El 11 de noviembre, en un artículo del Christian Science Monitor titulado “¿Está jugando Irán algún papel en el conflicto del Yemen?”, Joost Hilterman, director adjunto del programa para Oriente Medio del International Crisis Group en Washington D.C., dijo: “Probablemente, no hay nada que se parezca a una implicación iraní. No he visto pruebas de ello y es realmente querer llegar un poco demasiado lejos”. Seguía diciendo: “Los iraníes son francamente brillantes. No juegan ningún papel en absoluto, pero consiguen todo el reconocimiento…”
Pero si hay alguien que con toda certeza se lleva el reconocimiento por su intromisión es Arabia Saudí.
Preocupada de que los Houthis –en su búsqueda por poner fin a la discriminación política y socioeconómica de la comunidad Zaidi como consecuencia de la invasión wahabi y de la presencia de Al-Qaida- pudieran ellos mismos transformarse en un grupo parecido a Hizbollah, los saudíes han decidido utilizar todo su sofisticado armamento contra ellos y el empobrecido pueblo del norte del Yemen. Esas armas incluyen aviones y helicópteros de combate, misiles tierra-aire y posiblemente algo más siniestro.
¿Fósforo blanco?
Los Houthis aseguran ahora que el ejército saudí ha estado disparando proyectiles de fósforo blanco contra zonas civiles. Como AFP informó, un asesor no identificado del gobierno saudí dijo que eran meramente bengalas (lo mismo que dijeron los israelíes en la guerra contra Gaza).
En respuesta, Amnistía Internacional emitió el siguiente comunicado:
“Hay informaciones que acusan a la fuerza aérea saudí de arrojar bombas de fósforo blanco. No está claro si ha muerto alguien en esos bombardeos y, si así fuera, si hay civiles entre los muertos, pero sí sabemos que alrededor de 300 familias huyeron después de la zona.
Las bombas de fósforo blanco son armas altamente incendiarias y suponen graves riesgos para los civiles. Nunca deberían utilizarse cerca de lugares donde haya civiles”.
El día posterior al mencionado ataque, Amnistía Internacional escribió al Ministro saudí de Defensa, S.A.R. el Príncipe Sultan bin Abdul Aziz Al-Saud, preguntándole si se habían utilizado bombas de fósforo y, si lo habían hecho, de qué forma y qué tipo de precauciones se adoptaron para asegurar no poner en riesgo las vidas de los civiles. Hasta el momento, la organización no ha recibido respuesta alguna.
Las cifras de muertos
El ataque saudí contra el norte del Yemen es el epítome del aventurerismo y oportunismo militar. Les permite utilizar –por vez primera- armas avanzadas compradas en Estados Unidos contra un grupo de rebeldes mal equipados en medio de una población destituida, desnutrida y desplazada. Las consecuencias humanitarias de esta temeraria ofensiva están ya a la vista.
UNICEF indica que han sido evacuados alrededor de 240 pueblos del lado saudí de la frontera y que los residentes civiles se han visto forzados a dirigirse a campamentos de refugiados. En la parte yemení, el número de personas internamente desplazadas aumentó, en cuestión de semanas, hasta 25.000, y alcanza ya la cifra de 175.000 desde que el conflicto comenzó. Es imposible saber el número de personas asesinadas debido al apagón mediático impuesto por el gobierno saudí.
A pesar de esa falta de información, todas las señales avisan de un desastre inminente. Signad Kaag, Director Regional de UNICEF para Oriente Medio y Norte de África dijo: “Durante los pasados tres meses, los niños afectados por el conflicto en el norte han visto como se violaban todos sus derechos básicos. La falta de agua potable, nutrición e higiene están atacando su salud y bienestar y amenazan su misma supervivencia, una situación que sólo puede empeorar con la llegada del invierno”.
Arabia Saudí no da señales de amainar sus ánimos. Sus autoridades han declarado que van a intentar crear una “zona-tapón” de unos diez kilómetros de profundidad en territorio yemení y han impuesto un bloqueo naval contra su costa norte.
Tomando partido
Poco después de los ataques aéreos saudíes, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ian Nelly, afirmó:
“Bajo nuestro punto de vista, no puede haber una solución militar a largo plazo en el conflicto entre el gobierno yemení y los rebeldes”.
Pero, la pasada semana, EEUU firmó un acuerdo de cooperación sobre inteligencia militar y entrenamiento con el gobierno de Saleh, convirtiéndose así en parte en el conflicto. Esto les coloca, para colmo de ironías, en el mismo lado que los elementos de Al-Qaida utilizados por Saleh para combatir a los Houthis.
Aunque las monarquías del Golfo y otras dictaduras árabes han proclamado su apoyo al Yemen y a la “integridad territorial de Arabia Saudí”, el tono adoptado tanto por los grupos musulmanes sunníes como chiíes de Oriente Medio, como la Sociedad del Seminario de Profesores de Qum de Irán y los Hermanos Musulmanes de Egipto, ha sido el de lamentar las hostilidades y subrayar la necesidad de la reconciliación (esto en agudo contraste con el vitriolo abiertamente hostil anti-iraní y anti-chií del establishment religioso saudí, que hizo un llamamiento a que su gobierno combatiera a los “desviados” Houthis “con mano de hierro”).
Esta irresponsable demostración de poderío por parte de Arabia Saudí sólo sirve para exacerbar las tensiones sectarias y regionales, colocando la solución al conflicto aún más fuera del alcance. Está claro que la única solución tiene que ser la diplomática. Hace tiempo ya que la Liga Árabe, la Organización de la Conferencia Islámica y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas deberían haber intervenido en el conflicto para evitar que su concomitante espiral de costes humanitarios escape de todo control.
Y si los saudíes están preocupados de que los Houthis se hayan convertido, o se puedan convertir, en otro Hizbollah, deberían ser prudentes y recordar lo que Hizbollah le hizo al ejército israelí cuando éste decidió su demente ataque y dejar al Yemen en paz.
Rannie Amiri es un comentarista independiente de cuestiones sobre Oriente Medio. Puede contactarse con él en: rbamiri@yahoo.com
Fuente: http://www.counterpunch.org/amiri11232009.html
El gobierno de Zimbabue retira el ejército de las minas de Marange, acusado de haber cometido abusos
Umoya
24-11-2009
Zimbabue ha empezado a retirar los soldados de los campos de diamantes en el este del país, después de las recomendaciones hechas por el Proceso Kimberley y las críticas por abusos de los derechos humanos, según los medios estatales.
El gobierno desplegó soldados en la insegura región de diamantes, en Marange, en 2008, para sellar la zona y tomar medidas drásticas contra la minería ilegal, pero los activistas de derechos humanos aseguran que esto ha resultado en graves abusos de los derechos humanos cometidos por el ejército.
Una reunión celebrada en Namibia, a principios de noviembre, del Proceso de Kimberley, que regula el comercio mundial de diamantes, votó para permitir a Zimbabue seguir explotando y vendiendo diamantes pero le dio seis meses para mejorar las condiciones en Marange.
“Como se puede comprobar en la zona (Marange), no hay oficiales del ejército ni de policía”, declaró el ministro de Minas, Obert Mpofu, al periódico controlado por el gobierno, Herald, durante un tour por Marange, realizado por los ministros del gobierno.
El gobierno, a través de su Corporación de Desarrollo Minero, está explotando diamantes en Marange, en una empresa conjunta con dos compañías surafricanas, poco conocidas, Core Mining y Grandwell Holdings.
Mpofu asegura que todavía hay espacio para más inversores extranjeros para que busquen diamantes en la zona de Marange y por todo Zimbabue. “Quiero pedir a todos los inversores interesados en la minería de diamantes u otras actividades mineras que vengan a Zimbabue y trabajen con el gobierno”, señaló.
En septiembre, Mpofu dijo que el gobierno insistiría en tener un 50 % de las acciones en todas las operaciones empresarias mineras, pero no está claro qué porcentaje de acciones tiene el gobierno en la explotación de Marange.
Mpofu está consultando a oficiales de la industria para un ansiado y esperado proyecto de ley sobre minas, del que los inversores esperan que se quite el requisito de las mineras extranjeras de vender la mayoría de las acciones a los zimbabuenses.Fuente: http://www.umoya.org/index.php?option=com_content&task=view&id=4669&Itemid=34
El hiper presidencialismo en Estados Unidos: cuando la república peligra
David Swanson
TomDispatch
24-11-2009
Desde la elección de George Washington, el poder presidencial en Estados Unidos se ha extendido mucho más allá de lo previsto en la constitución y de lo que en el fondo exige un gobierno de, por y para el pueblo. Esta expansión, especialmente visible tras la segunda guerra mundial, se disparó durante la co-presidencia de G. W. Bush y Dick Cheney.
La concentración de poder que Bush consiguió a costa del Congreso, los tribunales, los Estados y nosotros mismos, el pueblo, ha remitido, en ámbitos concretos, a partir de la llegada de Obama. En otros, en cambio, se ha agudizado. El patrón común, en todo caso, es la consolidación, cuando no la expansión, de los poderes presidenciales, y la conformación de un legado que quedará a disposición de presidentes futuros. Así las cosas, no es difícil entrever escenarios pocos halagüeños derivados de un poder presidencial que se acerca, cada vez más, al poder absoluto.
Los medios de comunicación no parecen demasiado interesados en esta historia. A lo sumo abordan la cuestión de manera superficial, hablan de los diversos “zares” nombrados por Obama o publican artículos sobre la importancia de reformular o de enmendar aspectos marginales de la Ley patriótica (Patriot Act).
La desidia del Congreso es, si cabe, todavía mayor. Nada de esto sorprende, ya que los tres poderes de gobierno han sido reemplazados por el poder de los dos grandes partidos. Así, medio Congreso elige como líder a un presidente que supuestamente debería ejecutar su voluntad. Y la otra mitad de congresistas se resigna con frecuencia a obedecer a unos “líderes” partidarios cuyo interés primordial es elegir uno de los suyos como próximo presidente.
Ambos partidos, en el fondo, ven el poder presidencial como algo de lo que pueden servirse en el presente o bien en el futuro, cuando su propio candidato resulte elegido. La disputa de fondo, en definitiva, gira en torno a la herencia de esta suerte de presidencia imperial, no a su limitación.
En un contexto así, los proyectos orientados a la creación de comisiones que investiguen los abusos presidenciales, a la introducción de controles jurisdiccionales a los secretos de estado, a la limitación del recurso a las declaraciones presidenciales interpretativas de leyes o a la posibilidad de requerir informes clasificados al ejecutivo, no parecen ser una prioridad para ninguno de los grandes partidos.
Actualmente, la vieja idea de controlar los abusos del ejecutivo o de disposiciones normativas existentes a través de órdenes de comparecencia en el Congreso o del propio juicio político se ha convertido en Washington en algo escandaloso e inadmisible.
El Congreso sentó en el banquillo a un juez que había acosado a sus empleados, pero Jay Bybee, que firmó memorándums secretos en los que se proponía legalizar la guerra de agresión y la tortura, goza de un puesto vitalicio en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito gracias, precisamente, a su paso por el poder ejecutivo (y a la complicidad de Fox News en relación con su posible enjuiciamiento).
En abril, el Senador Patrick Leahy, presidente del Comité Judicial del Senado, exigió la comparecencia de Bybee. Pero el juez se negó, al igual que muchos de sus antiguos colegas de la administración Bush entre 2007 y 2008. Lo más probable es que Leahy no esté dispuesto a emitir una orden que incluso el nuevo Departamento de Justicia podría negarse a ejecutar.
El Departamento actual, de hecho, permitió que el Consejo de la Casa Blanca negociara el cumplimiento parcial de una orden del Comité Judicial de la Cámara de Representantes impulsada por el ex consejero presidencial, Karl Rove. Y si Leahy se parece a la mayoría de miembros del Congreso, ni siquiera considerará la posibilidad de recurrir a la policía del Capitolio para ejecutar la orden, algo que el Comité no ha hecho en 75 años.
Todo el poder al presidente
Cualquier descripción realistas de los actuales poderes presidenciales en Estados Unidos debería incluir facultades crecientes para elaborar leyes, para hacer la guerra, para gastar dinero, para asegurar la impunidad de ciertos crímenes, para actuar en secreto, para espiar sin garantías, para detener sin cargos e incluso para torturar.
Es el Congreso, en efecto, quien todavía elabora las leyes. Pero éstas pueden reescribirse a partir de declaraciones interpretativas del presidente, esto es, a través de declaraciones en las que el presidente hace explícito su propósito de vulnerar determinadas disposiciones de la ley que le compete sancionar.
Ni el Congreso ni el presidente Obama han impugnado buena parte de las extensas declaraciones interpretativas firmadas por Bush con el objeto de alterar el sentido de las leyes. De hecho, Obama ha anunciado que sus colaboradores revisarán las declaraciones interpretativas de su predecesor sólo en la medida en que sea estrictamente necesario.
Puede que esta política tranquilice a aquéllos que imaginan que la administración Obama siempre acertará a la hora de mantener o rechazar una declaración interpretativa de Bush. Lo grave, sin embargo, de esta decisión, es que mantiene incólume el poder presidencial de interpretar, rehacer o alterar el contenido de nuevas leyes. Obama, de hecho, ya ha emitido sus propias declaraciones interpretativas.
Otra manera que tienen los presidentes de determinar la política nacional en estos tiempos son las órdenes ejecutivas, lo que les permite gobernar el país desde la Casa Blanca y prescindir de diferentes órganos encabezados por funcionarios que cuentan con el aval del Congreso. Los presidentes también determinan la agenda legislativa del Congreso, sin que sus miembros o el público en general manifiesten mayor oposición a lo que es una auténtica perversión de nuestro sistema constitucional.
Y luego están los informes secretos. A través de ellos, los abogados de Bush en el Departamento de Justicia “legalizaron” con diligencia numerosos actos ilegales, incluyendo las guerras de agresión y la tortura.
A despecho de los años de tira y afloja entre la Casa Blanca y el Congreso respecto de la prohibición de la tortura, la complicidad con su práctica ya era un delito en el derecho penal estadounidense bajo la Ley Contra la Tortura, que autorizó la entrada en vigor de la Convención contra la Tortura firmada por el presidente Ronald Reagan.
Lo peor de todo es que, con independencia de lo estipulado legalmente, fueron los informes secretos del Departamento de Justicia los que tuvieron la última palabra en la materia. Obama ha ordenado a este Departamento no perseguir a los más altos responsables de la elaboración de estos informes.
Al mismo tiempo, ha admitido que se considerará –es difícil saber si seriamente o no- la persecución de un grupo de funcionarios de bajo rango que se extralimitaron en la ejecución de las políticas esbozadas en los mismos.
Esta decisión implica conferir inmunidad a criminales prominentes y revertir el principio defendido por Estados Unidos en los juicios de Nüremberg, con arreglo al cual era necesario comenzar por los máximos responsables. Pero sobre todo, sienta un peligroso precedente de cara al futuro. Si un presidente puede legalizar un crimen a través del informe de un abogado del Departamento de Justicia ¿cómo no ver en ello un avance hacia el poder absoluto?
Quienes deciden ir a la guerra, hoy, son los presidentes y no el Congreso, previa consulta, o no, del informe de Jay Bybee sobre el asunto.
Deciden ir a la guerra sin que haya una declaración de guerra del Congreso, y se sirven para ello de leyes vagas que permiten aparentar la aquiescencia del Congreso, aunque luego actúen por fuera de dichas reglas.
Más allá de su ilegalidad (y de su inconstitucionalidad), estas guerras suelen dar lugar a ocupaciones permanente que incluyen la construcción de gigantescas bases militares desde las cuales es posible iniciar nuevas guerras. A lo largo de este proceso, los soldados suelen ser reemplazados por mercenarios que, en su calidad de “contratados privados”, acaban actuando más lejos aún del control legal del Congreso.
Para invadir Iraq, el presidente Bush desvió dinero afectado a otros propósitos. También se auto-otorgó el poder de transferir dinero a “presupuestos en negro”, sin otro visto bueno que el de unos pocos miembros del Congreso, y de usarlo para operaciones secretas con el consentimiento de algunos de sus funcionarios.
Por supuesto, la existencia de fondos secretos reservados al presidente no son nada nuevo, pero se han disparado de manera inconstitucional e insostenible.
El 6 de octubre, los líderes de los dos partidos se reunieron con el presidente Obama y, a través del líder de la mayoría en el Senado, Harry Reid, le hicieron saber que podía finalizar, reducir, mantener o intensificar las operaciones militares en Afganistán y Pakistán, si lo consideraba conveniente.
La semana anterior, el Senado había aceptado que el comandante Stanley Mc Chrystal no compareciera a explicar el desarrollo de la guerra hasta tanto el presidente no determinara su política militar, lo que por supuesto quería decir una política militar para todos los norteamericanos.
Dos días después, en un sorpresivo gesto de disidencia, el presidente de la Comisión de Gasto Público de la Cámara de Representantes, David Obey, emitió unas declaraciones en las que sugería que, contra lo sostenido durante años, el Congreso tenía el poder de no financiar estas guerras y, en consecuencia, de finalizarlas.
Cuando el declive de su presidencia era ya un hecho, G. W. Bush celebró, prescindiendo de la ratificación del Senado, un tratado no oficial (al que llamó Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas Armadas) con el gobierno del Iraq ocupado por Estados Unidos que autorizaba tres años más de guerra. Desde entonces, el ejército de Estados Unidos no ha dejado de vulnerar los términos de dicho documento.
De hecho, los principales jefes militares de la operación han hecho pública su intención de permanecer en Iraq más allá de 2011, es decir, fuera de los límites establecidos en la normativa. Este tratado, por su parte, ha permitido a los nuevos ocupantes de la Casa Blanca fortalecer la ocupación ilegal de Iraq, que ya cuenta con 120.000 soldados estadounidenses y decenas de miles de mercenarios contratados al efecto.
¿Ha entrado el Congreso en un declive imparable?
Cuando se temía que Bush pudiera absolver a sus subordinados por los crímenes que el mismo había autorizado, los miembros del Congreso y los académicos llegaron a la conclusión mayoritaria de que, en efecto, podía hacerlo.
Pero tanto Bush como Obama han ido bastante más allá. Con la cobertura otorgada por leyes como la de comisiones militares o la de enmiendas a la Ley de Vigilancia del Servicio Exterior de Inteligencia, consiguieron garantizar la impunidad de numerosos criminales sin siquiera dar a conocer sus nombres o lo que habían hecho.
El Departamento de Justicia de Obama ha decidido comparecer o apelar en diversos tribunales con el objeto de mantener en secreto los abusos de los funcionarios de gobierno y de las corporaciones involucradas en torturas y en casos de espionaje ilícito.
Recientemente, el Departamento de Justicia ha sostenido que, en casos que involucren la denegación de información a un tribunal o al público en general, las empresas de telecomunicación deben ser consideradas como parte de la rama ejecutiva del gobierno federal.
Ya a comienzos de año, de hecho, el gobierno de Estados Unidos amenazó al británico con suspender los intercambios en materia de inteligencia si revelaba pruebas sobre tortura.
El Presidente Obama anunció que sólo invocaría el derecho a ocultar información a los tribunales en caso de que, según los abogados del Departamento de Justicia, estuvieran en juego importantes “secretos de estado”.
Esto podría considerarse un avance en comparación con la gestión de Bush –algo no muy difícil de conseguir-, pero en realidad se trata de una posición que no cede un ápice del poder que el ejecutivo ha obtenido a costa de otras ramas de gobierno.
De hecho, no es casual que los abogados de Obama hayan invocado la existencia de “secretos de estado” con el propósito, no ya de denegar información puntual sobre un tema, sino de bloquear casos completos antes los tribunales.
Si bien el presidente actual se ha mostrado dispuesto a ceder modestos ámbitos competenciales reclamados por el presidente anterior, ha mantenido una intransigencia cerril en lo que al poder presidencial se refiere.
A diferencia de Bush, por ejemplo, el presidente Obama se comprometió a hacer pública la lista de visitas a la Casa Blanca.
Esta medida, sin embargo, dejaba fuera buena parte de las visitas ya registradas –incluidas las de ejecutivos de compañías de seguros médicos- así como todas aquellas que el propio presidente considerara peligrosas para la “seguridad nacional”. En otros términos: se propone un cambio, modesto, pero se deja en manos del presidente decidir qué listas pueden hacerse públicas.
Esta administración ha hecho públicos, ciertamente, algunos de los informes secretos utilizados por el Departamento de Justicia durante la era Bush para justificar la tortura. Y el Departamento de Justicia, de hecho, ha resistido fieramente para que esto no ocurriera, enmendando secciones significativas de estos documentos antes de que se hicieran públicos.
Bush exigió poder presidencial para detener personas sin cargos o sin el debido proceso, y lo utilizó. Obama reclamó un poder similar en los Archivos Nacionales de Washington, en abierta violación del derecho de habeas corpus consagrado en la manoseada y maltrecha constitución de Estados Unidos.
El Director de la CIA, Leon Panetta, y el consejero presidencial, David Axelrod, también han dejado claro que el presidente aún ostenta el poder para autorizar “técnicas duras de interrogatorios” aunque no lo utilice.
De esta forma, la tortura ha pasado de ser un crimen a convertirse en una política pública opcional. El mensaje parece ser que si queremos parar temporalmente la tortura debemos votar por los demócratas. Pero esto es adentrarse en terreno pantanoso.
Probablemente sea ingenuo esperar que los presidentes resignen el poder acumulado por el ejecutivo. Pero ¿no sería lógico esperar que el Congreso trabaje para recuperarlo, en beneficio de todos?
Cuando Alberto Gonzales renunció a su cargo de Fiscal General, lo hizo por un grupo creciente de miembros del Congreso puso en marcha un proyecto en el que ordenaban al Comité Judicial de la Cámara de Representantes investigar los fundamentos para un juicio político.
Una posición similar frente al actual juez Jay Bybee podría ayudar a restaurar la autoridad del Congreso en otros ámbitos, así como a presionar al Departamento de Justicia para que cumpla con la ley y haga pública la información de que dispone, sin poder oponer a ello los “privilegios” del ejecutivo. La información requerida en un juicio político debe ser diligentemente producida, so pena de incurrir en otros delitos también susceptibles de enjuiciamiento político.
Posiblemente haya muchos entre nosotros que consideren al presidente actual un mejor tipo que nuestro diputado local. Pero eso no quita que influir a un presidente, o incluso a un senador, a través de la presión ejercida “desde abajo” es infinitamente más difícil que influir en un diputado de la Cámara de Representantes.
No pretendo con esto formular descubrimiento alguno. Después de todo, ¿no es ésta la razón por la cual la constitución confía a la Cámara poderes en materia impositiva o de juicio político?
Su mayor cercanía a los electores hace a este cuerpo, por naturaleza, más susceptible a la presión democrática. Si queremos, por tanto, recuperar la capacidad de incidencia real en la política nacional, nuestra mejor opción –admitiendo que se trataría de un trabajo cuesta arriba- sería centrarnos en la persona que nos representa en la Cámara.
La cuestión, sin embargo, está en presionar a cada uno de estos representantes para que hagan algo que, como órgano, parecen tener miedo de hacer: recuperar el poder que originariamente se les confirió, no en beneficio de su partido, sino de su papel institucional, de la constitución que juraron y de los propios soberanos de esta nación: nosotros el pueblo.
Si esto no ocurre, el legado de la era Obama, al igual que el de sus predecesores inmediatos, no será sino la consolidación de una presidencia cada vez más imperial y el deslizamiento, cada vez más pronunciado, de la república al imperio.
David Swanson fue secretario de prensa de D. Kucinich en su candidatura presidencial de 2004. Actualmente dirige la página electrónica AfterDowningStreet.org y ha sido el impulsor de Impeachbybee.org. Recientemente, ha publicado, Daybreak: Undoing the Imperial Presidency and Forming a More Perfect Union (Seven Stories Press).
Traducción para www.sinpermiso.info: Gerardo Pisarello
Fuente: http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=2916
