El robo israelí de las propiedades palestinas

10-01-2010
Stephen Lendman
Uruknet
Traducido del inglés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos

Adalah, que significa “justicia” en árabe, es el Centro Legal para los Derechos de la Minoría Árabe en Israel que se ocupa de demandas ante el Tribunal Supremo israelí, de juicios y recursos de apelación en los tribunales de distrito, civiles y laborales, de pre-demandas ante la Fiscalía General y de otras formas diferentes de servir a su circunscripción en una nación en la que sólo los judíos tienen derechos.

También elabora publicaciones e informes sobre problemas vitales que afectan a los palestinos, incluyendo dos recientes sobre el robo de sus propiedades, una violación del derecho internacional actual [que se lleva a cabo] desde la “Guerra de Independencia” de Israel (una atrocidad que duró seis meses y expulsó a unas 800.000 personas, masacró a muchas otras, destruyó 531 pueblos, 11 barrios urbanos en ciudades como Tel Aviv, Haifa y Jerusalén y robó el 78% de la Palestina histórica como primer paso a robarla toda para uso exclusivamente judío).

Durante más de sesenta años Israel lo ha hecho de forma despiadada, creciente, sistemática e ilegal, con el objetivo de dejar en la mayor medida posible a los palestinos recluidos en cantones y rodeados de vallas en las partes menos valiosas del territorio mientras que el resto queda para uso exclusivo de los judíos.
Este escritor ha abordado las políticas territoriales discriminatorias en un artículo anterior, parte del cual se reproduce más abajo como introducción a lo que sigue.

Poco después de su “Guerra de Independencia” se aprobaron varias leyes [en Israel] para legitimar el robo de tierra palestina para uso exclusivo de los judíos.
La Ordenanza de Áreas Abandonadas de 1948 se refería a “cualquier área o lugar conquistada por las fuerzas armadas o que se rindiera ante ellas, o abandonada por todos o parte de sus habitantes”. Daba al gobierno israelí derechos de jurisdicción exclusiva, incluyendo “la expropiación y confiscación (autoridad sobre) bienes muebles e inmuebles dentro de cualquier área abandonada”. Esto significaba que se prohibía a los palestinos desplazados retornar a y reclamar sus propiedades, que por ley ya no eran suyas.

La Ordenanza del Área de Jurisdicción y Poderes de septiembre de 1948 estipulaba que “toda ley que se aplica al conjunto del Estado de Israel” se aplica también “al conjunto del área que incluye... cualquier área de Palestina que el ministerio de Defensa ha definido por proclamación como controlada por el Ejército de Defensa de Israel”. Esto significaba que los palestinos perdían todos sus derechos y estaban sujetos a aquello que promulgaran las leyes de Israel.

En marzo de 1950 la Ley de Propiedades Ausentes (ABL, en sus siglas en inglés, como todas las siglas que vienen a continuación) definía a un ausente como “una persona que en cualquier momento entre el 29 de noviembre de 1947 y el 19 de mayo de 1948 dejó de existir y ya no era el propietario legal de cualquier propiedad situada en el área de Israel...”.

La ABL transfería los derechos de los propietarios a la Custodia de las Propiedades Ausentes. Ésta reconocía al propietario real el valor [de la propiedad] pero le prohibía retornar a su tierra. La ley israelí aseguraba que los palestinos que permanecieron en Israel, realojados y declarados “ausentes”, ya no eran los propietarios legítimos de sus propiedades.

En julio de 1950 la Ley de la Autoridad de Desarrollo (Transferencia de Propiedades) fue una estratagema legal para proteger a Israel de ser acusado de haber confiscado las tierras palestinas abandonadas y de todo lo que hubiera en ellas.

La Autoridad de Desarrollo (DA) se estableció como un organismo independiente para comprar, vender, arrendar, reparar, construir, desarrollar y/o cultivar las propiedades confiscadas. En lo sucesivo sólo se permitieron transacciones entre judíos o entidades judías. Se entendía que “bajo ninguna circunstancias se permitiría a los árabes (expulsados) retornar a Israel”.

En julio de 1960 la Ley de Administración de Tierras de Israel establecía una “Administración de Tierras de Israel (ILA)”. Al mismo tiempo la Ley Básica de Israel afirma que “la propiedad de las tierras de Israel, al ser las tierras en Israel del Estado, de la Autoridad de Desarrollo o del Keren Kayemet Le-Israel (KKL, en sus siglas en hebreo – Fondo Nacional Judío, JNF), no serán transferidas ni por medio de la venta ni de ninguna otras manera”. Se entendía por tierras “la tierra, casas, edificios y cualquier cosa permanente fijada a la tierra”.

La ILA afirma en su página web que controla el 93% de las tierras israelíes como “dominio público, esto es, o bien propiedad del Estado, o del Fondo Nacional Judío (JNF) o de la Autoridad de Desarrollo (DA)”. La ILA “es la agencia del gobierno responsable de administrar esta tierra que comprende 4.820.500 acres (19-508.000 dunams). La 'propiedad' bienes raíces suele significar arrendar los derechos a la ILA por 49 o 98 años”.

El marco legal de la ILA se basa en “cuatro piedras angulares”:
- la Ley Básica de 1960: Tierras de Israel;
- la Ley de las Tierras de 1960 ;
- la Administración de la Tierra de Israel de 1960; y
- La “Cláusula entre el Estado de Israel y la Organización Sionista Mundial (Fondo Nacional Judío)” de 1960.

El Consejo de la Tierra de Israel (ILC) determina la política de la ILA. El presidente del Consejo es el “vice-primer ministro, ministro de Industria, Comercio, Trabajo y Comunicaciones”.

El ILC está formado por 22 miembros, 12 procedentes de ministros del gobierno y representantes del JNF.
Las funciones de la ILA incluyen:
- asegurar que la tierra nacional se use conforme a las leyes israelíes;
- proteger y supervisar las tierras del Estado;
- hacerlas disponibles para uso público;
- planificar, desarrollar y administrar las reservas de tierra del Estado;
- entablar planificación y desarrollo, incluyendo el realojamiento de los ocupantes existentes, lo que significa desalojar a los palestinos para dejar el sitio a los judíos;
- regular y administrar el registro de las tierras del Estado;
- autorizar contratos y acuerdos con otras partes; y
- proporcionar servicios al público en general.
Los objetivos de las políticas de la ILA incluyen:
- designar las áreas de tierra para necesidades públicas y estatales;
- asegurar la disponibilidad de reservas de tierras para futuras necesidades;
- preservar las tierras agrícolas;
- administrar el uso de la tierra de acuerdo con la ley; y
- salvaguardar las tierras estatales.

En su conjunto, las leyes israelíes y la política de la ILA prohíbe a los árabes comprar, arrendar o usar tierras reservadas exclusivamente para judíos. El 21 de mayo de 1997 el periódico de mayor tirada de Israel, Yediot Ahronot, citaba las siguientes palabras de Yasser Arafat: “Israel siempre ha confiscado la tierra a los árabes y los ha desposeído de sus propiedades. La tierra siempre va de los árabes a los judíos” y calificaba de traidores a los palestinos que vendían sus tierras a judíos.

Un informe de Adalah con fecha de septiembre de 2009 titulado “ De saqueo en saqueo: Israel y las propiedades de los refugiados palestinos” explicaba que Tel Aviv viola el derecho internacional (y sus propias leyes) que permite a un Estado congelar la tierra de refugiados “enemigos” durante la época de guerra pero prohíbe su expropiación. Las naciones deben salvaguardar esta propiedad y después devolverla al acabar el conflicto.

En más de una ocasión los tribunales israelíes han afirmado esto, pero en recientes confiscaciones Israel ha violado sus propias normas y cometido saqueo en violación de la Regulación 46 de las Convenciones de La Haya que prohíbe explícitamente la expropiación.

Más recientemente, el 3 de agosto de 2009, el [Parlamento israelí] Knesset autorizó una nueva forma de saqueo al aprobar la Ley de Administración de la Tierra (la nueva Ley de Reforma de la Tierra, LRL) que empezará un proceso de privatización en áreas construidas y otras destinadas al desarrollo. Están en juego unos 800.000 dunams o aproximadamente el 4% del territorio israelí que incluye muchas propiedades que pertenecen a refugiados palestinos dentro de Israel, los Territorios [Palestinos Ocupados] y el Golán, actualmente bajo la Custodia de Propiedades de Ausentes y la Autoridad de Desarrollo.

Esta acción negará a los refugiados toda esperanza de recuperar sus propiedades y violará sus derechos legales según el derecho internacional y las leyes israelíes. Adalah afirma que esto no es sólo preservar la mayoría judía, sino también legitimar las “injusticias históricas”, perpetuar la “situación de refugiados de los palestinos” y la “continua perpetración de injusticias”.

Esta práctica está excluida del debate público, aunque los israelíes están desconcertados por la reluctancia de los palestinos a reconocer a Israel como un Estado judío. Éste niega la “Nakba”, prohíbe a los árabes israelíes conmemorarla, aunque quiere que sus víctimas reconozcan su propia legitimidad según leyes y prácticas que violan “el derecho humanitario internacional referente a los derechos de los refugiados palestinos”, a sus propios ciudadanos árabes y a todos los palestinos de los Territorios [Palestinos Ocupados].

El informe de Adalah de noviembre de 2009 se titula “Defender tanto derechos como lugares: los intentos de Israel de destruir y evacuar el pueblo beduino árabe en el Naqab (Negev)”.
Hace más de dos años este escritor abordó la difícil situación de las decenas de miles de ciudadanos israelíes beduinos en los llamados “ pueblos no reconocidos” en el desierto de Galilea y del Negev, declarados ilegales según la ley israelí. Son “no reconocidos” porque se considera a sus habitantes refugiados internos, obligados a huir durante la “Guerra de Independencia” de Israel y se les prohibió retornar cuando ésta acabó.

La de Israel de Ley de Planificación y Construcción de 1965 los deslegitima para establecer un marco regulatorio y un plan nacional para el desarrollo futuro declarando la tierra para uso residencial, agrícola e industrial. A consecuencia de ello, prohíbe la construcción sin licencia, prohíbe su uso agrícola y estipula dónde pueden vivir árabes y judíos.

Las comunidades existentes están circunscritas en un mapa con lineas azules en torno a ellas. Las áreas dentro de las líneas se pueden desarrollar, las que están fuera no. Las comunidades judías tienen una gran libertad para expandirse, las palestinas no la tienen. Su tierra fue declarada agrícola, lo que significa que se prohíbe la construcción. A consecuencia de ello comunidades enteras se convierten en “no reconocidas” y todas las estructuras que están en ellas se consideran ilegales, incluyendo el 95% de las construidas antes de la ley de 1965. Puede que sean demolidas y sus habitantes desplazados al antojo de los altos cargos israelíes para que estén disponibles para uso exclusivo de los judíos.

En la actualidad a las “pueblos no reconocidos” existentes se les niegan servicios municipales esenciales, incluyendo agua limpia, electricidad, carreteras, transporte, servicios sanitarios, educación, atención sanitaria, servicios postales y telefónicos, recogida de basuras y otros porque según la Ley de Planificación y Construcción son ilegales.

A consecuencia de ello:
- sólo los beduinos que tienen pozos disponen de agua limpia;
- pocos cuentan con atención sanitaria;
- muchos no tienen cuartos de baño y no se conceden permisos para construirlos;
- sólo los residentes que tiene generadores privados tienen electricidad, que sirve solo para el alumbrado;
- ningún pueblo está comunicado con la red de carreteras;
- algunos pueblos están rodeados de vallas y a sus residentes se les prohíbe acceder a sus tierras tradicionales;
- a la mayoría de los niños se les niega la educación; y
- cuando se ordena demoler una casa, los palestinos deben hacerlo ellos mismos o pagar una multa por desacato al tribunal y enfrentarse a un año de cárcel; también puede que tengan que pagar cuando la demuelen los bulldozers israelíes con lo que en son penalizados dos veces.

Uno de los pueblos afectados es Atir-Umm al-Hieran, situado a 50 km al norte de Avdat. Se estableció en 1956 con la autorización del gobierno militar bajo el que los árabes israelíes eran gobernados en la época. Hoy sus mil residentes no tienen otro hogar y sin embargo se enfrentan al desalojo, un proceso que empezó a principios de 2004 cuando recibieron cartas enviadas por el Estado pidiendo su evacuación seguidas de órdenes de demolición.

En los pleitos ante el tribunal civil de Be'er Sheva se calificó a sus residentes de “intrusos” sin especificar por qué debían ser desalojados.
En agosto de 2009 el tribunal aceptó dos demandas desalojo, ordenó a las familias afectadas [desalojar] sus casas y empezó un proceso para eliminar docenas de casas más.

El 21 de octubre Adalah apeló y presentó varias demandas, la principal de las cuales era que el tribunal “debería haber rechazado las órdenes de desalojo cuando se estableció que de hecho los habitantes del pueblo no eran invasores sino que de hecho habían estado viviendo en el pueblo después de que el Estado les ordenara trasladarse ahí en la década de 1950. Dado que el Estado no había (citado) ningún interés público para (desalojarlos), se deberían haber interpuesto otras consideraciones, que se pueden resumir en una palabra: justicia”.

Los habitantes de Atir-Umm al-Hieran han vivido ahí durante más de cincuenta años, cuando fueron autorizados por el gobierno militar para hacerlo, han invertido en sus propiedades y vidas desde entonces, y tienen el derecho legal a conservar lo que poseen y han desarrollado.

Durante el desarrollo del juicio se supo que Israel quería la tierra de pueblo para una nueva comunidad judía, llamada Hiran, que, por supuesto, será exclusivamente para judíos.

El Comité Goldberg de Israel consideró una propuesta de principios de 2008 del Centro sobre Alojamiento y Desalojos (COHRE) según las provisiones de la Resolución del Consejo de Ministros Nº 2491, con fecha del 29 de octubre de 2007 que afirma que “el comité presentará recomendaciones para un programa expansivo, integral y realizable que establezca las pautas para los planes de asentamiento beduino en el Negev – incluyendo niveles de compensación, planes alternativos de distribución – y que incluyan recomendaciones para la legislación”.

El COHRE expresó su preocupación por los desalojos forzados, la demolición de casas y otros asuntos referentes a la seguridad y bienestar de los residentes beduinos. Urgió al Comité Goldberg a asegurar “la dignidad humana de los habitantes beduinos, basada en el respeto a sus derechos humanos inalienables”. El Informe del Comité recomendó que se reconocieran los pueblos “no reconocidos” del Negev.

Sin embargo, todo el pueblo de Atir-Umm al-Hieran puede ser arrasado y sus habitantes desalojados sistemáticamente para dejar vía libre a la planificada comunidad judía. Según Adalah, la apatía pública acerca de esta cuestión es sorprendente e hipócrita, y se minimiza en el discurso público, como ocurre siempre en relación a cuestiones que conciernen a los árabes en un Estado que únicamente favorece los intereses de los judíos.

Stephen Lendman es un investigador asociado del Centro para la Investigación sobre la Globalización (Centre for Research on Globalization). Vive en Chicago y se puede contactar con él en lendmanstephen@sbcglobal.net. Tiene también un blog, sjlendman.blogspot.com y el programa de radio Lendman News Hour en RepublicBroadcasting.org de lunes a viernes a las 10AM hora central estadounidense, un programa de debate con invitados ilustres sobre cuestiones mundiales y nacionales. Todos los programas están archivados para facilitar su audición.
Fuente: http://www.uruknet.info/?p=61931

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Oficina del Censo de EE.UU. confirma aumento de la pobreza, caída de los ingresos y el creciente número de no asegurados

20-09-2009
Stephen Lendman
Global Research
Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens
A principios de septiembre, la Oficina del Censo de EE.UU. publicó su nuevo informe intitulado: “Ingresos, Pobreza y Cobertura de Seguro de Salud en EE.UU.: 2008 (pdf) que muestra datos inquietantes que presagian otros muchos peores bajo un presidente y un Congreso que no hacen nada por encarar la situación.

En 2008, la pobreza llegó a un 13,2% de la población, su nivel más elevado en 11 años, resultado de que millones perdieran sus puestos de trabajo durante el primer año de la crisis económica más grave desde los años treinta. Para los afroestadounidenses, la cifra fue casi doble: 24,7% y un 31% de todos los estadounidenses estuvieron empobrecidos durante por lo menos dos meses entre 2004 y 2007, años de expansión económica.
A fines de 2008, incluso según las mediciones conservadoras de la Oficina, 39,8 millones de personas estuvieron empobrecidas, el mayor nivel desde 1960, y 17,1 millones vivieron en extrema pobreza a menos de la mitad del límite oficial. Además, por primera vez desde los años treinta, el ingreso promedio por grupo familiar no aumentó durante un período de diez años de 1999 a 2008.
La Oficina del Censo señala que “presenta cálculos anuales de ingresos y pobreza promedio por grupo familiar por Estado y unidades geográficas más pequeñas basados en datos recolectados por la Encuesta de la Comunidad Estadounidense (ACS)” que cubre áreas de población de 20.000 o más. El programa de Estimados de Ingreso de Pequeñas Áreas y Pobreza (SAIPE) de la Oficina también produce cifras anuales “para Estados y todos los condados, sí como cálculos de población y pobreza para distritos escolares.” Utiliza datos de una variedad de fuentes, incluidos estudios, registros administrativos, cálculos de población entre censos, y datos de ingresos personales publicados por la Oficina de Análisis Económico.
Los críticos sostienen las cifras oficiales del gobierno pueden subestimar la gravedad de la crisis actual, y la Oficina dice:
“Los límites oficiales de pobreza fueron desarrollados hace más de 40 años y han sido criticados por no tener en cuenta el aumento (o desde los años setenta la caída ajustada a la inflación) de los niveles de vida, de gastos como la atención a los niños que son necesarios para mantener un puesto de trabajo, las variaciones en los costes médicos a través de grupos de población (que han aumentado rápidamente a escala nacional y que ahora son incosteables para millones), y las diferencias geográficas en el coste de la vida.”
Además, los cálculos de ingresos y de pobreza son antes de impuestos y excluyen prestaciones sin desembolso de efectivo, usualmente suministradas por el empleador. El ingreso personal disponible, después de impuestos a la renta, a la nómina, a ventas, a la propiedad y otros, revela un nivel de pobreza mucho más elevado que el informado por la Oficina del Censo y una crisis mucho más grave para cada vez más millones a medida que se profundiza la decadencia económica.
La Oficina informó que el ingreso promedio (ajustado a la inflación) por núcleo familiar de 2008 cayó un 3,6%, la mayor disminución en un solo año registrada, a su nivel más bajo desde 1997 y que sigue cayendo a medida que las condiciones siguen empeorando.
Las dificultades de los pobres y empobrecidos aparecen en numerosos otros informes que pintan un cuadro más sombrío que la Oficina del Censo y sugieren que la situación empeorará considerablemente:
Una creciente disparidad sin precedentes en los grupos de ingresos muy ricos y otros;
La investigación de los economistas Thomas Piketty y Emmanuel Saez que muestra que el 1% superior de los núcleos familiares recibió dos tercios del crecimiento del ingreso nacional durante la última recuperación, una parte mayor que en ningún momento desde los años veinte;
Los sueldos perderán terreno debido a la inflación;
Millones de niños dependen de los almuerzos escolares para recibir una comida caliente;
Un cálculo del Instituto de Política Económica de que un cuarto de todos los niños vivirán en la pobreza a fines del año 2009;
La continua erosión de las prestaciones suministradas por los empleadores y el gobierno, incluidos los niveles estatales y locales; la creciente crisis de los no asegurados es discutida a continuación;
Más grupos familiares no pueden enfrentar sus gastos, incluso cuando dos miembros de la familia trabajan;
Aumento de la presión por los recortes en los presupuestos estatales;
Cantidades récord de receptores de estampillas para alimentos;
Persistente aumento del hambre y de la falta de viviendas; y
Pérdidas de puestos de trabajo, y mayor desempleo, que continuarán durante muchos meses más y algunos analistas predicen cantidades récord antes de llegar al pico.
Un artículo de Joshua Ramo de Kissinger Associates publicado el 11 de septiembre en la revista Time destacó el problema. Intitulado “Jobless in America: Is Double-Digit Unemployment Here to Stay" [¿Llegó para quedarse la desocupación de dos dígitos en EE.UU.?], citó las observaciones de Larry Summers de julio pasado ante el Instituto Peterson de Economía Internacional sobre la inquietante tasa de pérdida de empleos. Sugirió que estaba sucediendo algo extraño, imprevisto por los expertos:
“No creo que alguien entienda completamente este fenómeno,” dijo. ¿Aumentarán las pérdidas de empleos durante más tiempo de lo que se espera? Al terminar la “recesión” ¿vendrán bajas cifras de empleos nuevos, y persistirá y seguirá siendo común el desempleo de dos dígitos?
Sin decirlo, Summers se preguntaba si se había roto el modelo económico estadounidense, y si era así cómo podía ser arreglado. ¿O puede ser arreglado? Según Jacob Kirkegaard del Peterson Instituto: “Es perfectamente posible que lo que comenzó como un aumento cíclico en el desempleo pueda terminar como un problema enraizado.”
Summers logró su reputación como teórico del empleo. Ahora cree que los antiguos puntos de vista sobre desempleo son “erróneos de modo importante. Pensé que si pueden existir con un desempleo sustancial a largo plazo, eso provoca algunas cuestiones sobre el funcionamiento de los mercados.”
En 1986, escribió un artículo intitulado: “Histéresis y el problema del desempleo europeo.” Histéresis es la palabra griega para retrasarse (hysteres), refiriéndose a lo que sucede cuando algo se rompe y no puede ser reparado. Es una idea que los economistas desaprueban en su aplicación a las economías, ya que prefieren citar normales altibajos de los ciclos económicos. Sin embargo en 1986, Summers argumentó que el desempleo europeo puede ser crónico y persistir en tiempos de crecimiento.
Los altibajos actuales son otra cosa en tiempos de un paisaje económico cambiante lo que tal vez sugiere que la histéresis enfrenta a EE.UU. y que muchos puestos de trabajo perdidos no volverán, especialmente los mejor remunerados. Es el punto de vista de Kirkegaard cuando dice que el crecimiento no devolverá trabajo a los estadounidenses, y que los nuevos puestos de trabajo creados serán de inferior calidad a los antiguos.
¿Qué se puede hacer por lo tanto para avanzar? A diferencia de los años treinta, las máquinas hacen ahora gran parte del trabajo que hacía entonces la gente en proyectos de infraestructura. Y es mucho más difícil convertir a empleados de oficina en obreros. Además, la propia investigación de Summers concluye que el modelo económico occidental tradicional no aliviará la crisis del empleo, ¿qué, entonces, lo hará?
Summers no lo dice, pero fuera de una reforma total de la economía de “libre mercado”, probablemente nada lo logrará y tal vez ése sea el futuro de EE.UU., con cada vez más millones consignados a una permanente clase inferior, mientras unos pocos en una elite en la cima se hacen más ricos, hasta que un día la “histéresis” rompa el sistema en una convulsión destructiva y el modelo antiguo desaparezca de la escena, y nada vuelva a ser lo mismo.
Más evidencia de presión económica en el último informe federal de investigación sobre el crédito al consumo
El 8 de septiembre, la Reserva Federal informó que el crédito total al consumo cayó en un récord de 21.600 millones de dólares en julio (el sexto mes consecutivo de baja mensual) e interanualmente en 2,47 billones de dólares o sea un 10,4%. Según Bernard Baumohl, economista jefe global de The Economic Outlook Group:
“Es una señal importante más de que los consumidores no van a contribuir mucho a la economía durante el resto de este año y probablemente durante (por lo menos) una buena parte del próximo año.” El impacto de la contracción del crédito en el consumo indica una economía en desmejora. Se pone de manifiesto en la creciente pobreza, la reducción de los ingresos, y más dificultades para cada vez más millones de ciudadanos, que con seguridad se reflejarán en el informe de la Oficina para 2009.
Continua erosión de la cobertura de la atención sanitaria
En 2008, la Oficina también recolectó datos sobre la cobertura del seguro médico, calculando la cantidad de no asegurados del año pasado en 46,3 millones (15,4% de la población), o sea un aumento de 682.000 respecto a 2007. Fue el octavo año consecutivo en el que menos trabajadores obtuvieron cobertura suministrada por el empleador, y en el que los que la tenían tuvieron que pagar una mayor parte del coste.
Otros cálculos son mucho más sombríos. Algunos, incluida la Oficina Presupuestaria del Congreso, calculan que el total actual de no asegurados es de más de 50 millones, y un estudio de mayo de 2009 de Todd Gilmer - Richard Kronick calcula que 191.670 más pierden su cobertura cada mes, 2,3 millones al año al ritmo actual, y 6,9 millones más (sobre 2007) de estadounidenses no tendrán seguro a fines del año 2010 si continúa la tendencia actual.
A estos hay que sumar los que no tienen suficiente seguro. Según la Asociación Estadounidense de Salud Pública, por lo menos otros 25 millones corren gran riesgo si enfrentan un serio problema de salud no cubierto por su plan actual. Además, Families USA estima que unos 90 millones de estadounidenses no tuvieron seguro de salud durante alguna parte de 2007 o 2008. La Henry J. Kaiser Family Foundation informó que más de un 80% de los insuficientemente asegurados provienen de familias de trabajadores, y la Agency for Healthcare Research and Quality estimó que un 27% de los estadounidenses bajo 65 años carecen de cobertura.
Otros cálculos extrapolan hasta 60 millones sin seguro si la comúnmente mencionada tasa de empleo U-3 [Personas desempleadas de 25 años o más, como porcentaje de la fuerza de trabajo civil] llega a 10%, y el Urban Institute prevé cerca de 66 millones sin cobertura para 2019, en vista de la actual tendencia en la que los crecientes costes obligan cada vez más a los empleadores a hacer recortes.
Datos de la Oficina del Censo muestran que la cobertura disminuyó en la mayoría de los sectores de la población, incluidos los trabajadores a tiempo completo y la clase media, resultado de la decadencia económica y de años en los que los empleadores transfirieron una mayor carga a su fuerza laboral.
Desde por lo menos 2001, el porcentaje de trabajadores con seguro suministrado por el empleador ha disminuido continuamente, y es el principal motivo para la creciente cantidad de no asegurados y de insuficientemente asegurados. En 2008, un 61,9% de la población bajo los 65 años tenía cobertura suministrada por su trabajo, en comparación con un 67% en 2001, que sigue bajando debido a reducción de costes, la continua pérdida de puestos de trabajo, y la tendencia a puestos de menor remuneración.
Además, tener trabajo ya no garantiza la cobertura. Los planes ofrecidos han sido reducidos enormemente, y los gastos médicos son en la actualidad la principal causa de bancarrotas personales. EE.UU. es el único país industrializado del mundo que niega a sus ciudadanos una cobertura universal, pero gasta en promedio más del doble de otros países de la OCDE y suministra menos a cambio por seguros privados inasequibles y medicamentos demasiado caros.
Nada de lo que se debate en Washington encara esta situación, de manera que sea cual sea la legislación que emerja empeorará un sistema disfuncional, para un público estadounidense traicionado por un “estafador callejero de mucha labia” – como describe el analista Bob Chapman a Obama, o según James Petras, “el mayor engañador en la historia reciente.” Hay que decirlo en plural ante un Congreso bajo dirección demócrata o republicana, porque ambos partidos están obligados a los intereses corporativos que son sus dueños y son indiferentes a las crecientes necesidades del público.
Desde que asumió el cargo en enero, Obama ha descartado la reforma, quitado toda probabilidad de éxito al cambio progresista, y logrado lo imposible al gobernar peor que George Bush en virtualmente todas sus políticas interiores y exteriores. Junto con el saqueo del Tesoro federal, de la destrucción de la economía, de la entrega a Wall Street, y de la continuación de las guerras imperiales, la reforma del sistema de salud es la pieza central de su programa fracasado y una traición a la confianza del público.
El 9 de septiembre, presentó su visión a una sesión conjunta del Congreso, reconfortando a los proveedores de que sus intereses están seguros. Rechazando la cobertura de un solo pagador, dijo que “tiene más sentido basarse en lo que funciona y arreglar lo que no lo hace, en lugar de tratar de construir un sistema enteramente nuevo desde el comienzo.” Y aunque está a favor de una “opción pública,” aseguró a los aseguradores privados que no es alguien que rompa los acuerdos, y garantizó que ningún plan final la incluirá porque no es posible conseguir suficientes votos en el Senado.
También es esencial la reducción de costes mediante:
El recorte de cientos de miles de millones de dólares en prestaciones de Medicare y Medicaid como preludio a la eliminación o el considerable debilitamiento de esos programas, lo que tal vez sea seguido por la Seguridad Social y otras conquistas sociales;
Colocación de límites a las pruebas y tratamientos que pueden suministrar los médicos;
Colocar guardabarreras “expertos médicos” a cargo de decidir la atención más económica, impidiendo así que los médicos receten lo que es mejor para sus pacientes y negando a la gente el derecho a tomar sus propias decisiones de atención sanitaria si su coste excede lo que Washington permita;
Gravar los así llamados planes “Cadillac” [de lujo] (que cubren sobre todo a empleados estatales, miembros de los sindicatos municipales, y otros trabajadores, no sólo a los súper-ricos) para alentar a los empleadores a proveer menos prestaciones, aumentando así la carga de los trabajadores; obligando a todos a tener seguro; y colocando un recargo sobre los no cumplidores con ingresos entre 100 y 300% del nivel de pobreza bajo el plan Baucus en el Senado;
Crear un “gatillo de déficit” para reducir el aumento de los gastos de Medicare y Medicaid si no se logran los ahorros previstos; y
Hacer responsable a cada cual por su propia atención obligándole a cubrir una parte más grande del coste a cambio de menos cobertura cuando más la necesitan.
Numerosos detalles siguen ocultos al público, pero el objetivo del plan de Obama es obvio. Es una artimaña para racionar la atención sanitaria; cobrar más a la gente; enriquecer a los aseguradores privados, a las compañías farmacéuticas, y a las grandes cadenas de hospitales; imponer el seguro para todos; y castigar a los no-cumplidores. La indignación pública debe detenerlo.
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Stephen Lendman es Research Associate del Centre for Research on Globalization. Vive Chicago y se le puede escribir a: lendmanstephen@sbcglobal.net
Visite también su sitio de blog: sjlendman.blogspot.com
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=15053

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