En una charla ofrecida en Iruñea en enero de 2006, un juez de la Audiencia Nacional definió de modo muy nítido cuál es el papel de esta instancia. Un papel que va más allá del que corresponde a un tribunal, por muy especial que sea, en cualquier estado que se define como democrático y en el que, por tanto, las decisiones deberían ser tomadas por las instituciones elegidas por los ciudadanos.
«Como órgano especializado, arriesgamos y anticipamos la necesidad de reformas legislativas -confesó-. A veces nos parece que una ley tiene que cambiar; entonces, se abre esta opción con una sentencia y se hace que decida el Tribunal Supremo por la vía del recurso. Y a veces se revocan nuestras sentencias, pero se nos admite que eso se hace sólo porque `con la ley actual no se puede', y automáticamente ésta se reforma».
Aquel juez detalló que así habían procedido, por ejemplo, para ilegalizar a Batasuna: «Todo el mundo decía que no había opción de actuar ahí, pero encontramos el artículo 129 del Código Penal, hicimos una interpretación inexistente hasta entonces, y la suspendimos. Fue una solución práctica». A base de decisiones judiciales similares -ni siquiera sentencias firmes, sino meros autos de instrucción-, la Audiencia Nacional, autoconvertida en ariete represivo del Estado, ha ido atropellando a todo tipo de colectivos sociales vascos, desde instituciones como Udalbiltza a organismos solidarios como el movimiento pro-amnistía o la Fundación Zumalabe, desde partidos y listas electorales a diarios como «Egin» y «Egunkaria»...
Han tenido que pasar doce años -desde las redadas de 1998- para que Euskal Herria, y el sentido común, logren una victoria en ese territorio judicial decididamente enemigo. Doce años para que un tribunal de la propia Audiencia Nacional admita que uno de esos macroprocesos fue un montaje de grandes dimensiones y terribles efectos, imputable lógicamente al juez de esa misma Audiencia Nacional que lo avaló, a la Guardia Civil que lo cocinó y al gobierno de turno que lo alentó. Por eso, la sentencia absolutoria de «Egunkaria» es una noticia importante. Por eso y porque el firmante se llama Javier Gómez Bermúdez, es presidente de la Sala de lo Penal de ese tribunal especial, y también la persona que en aquella charla de Iruñea reivindicó el papel de avanzadilla para la Audiencia Nacional.
La excepción y la norma
Quizás la conclusión más inesperada de la sentencia para muchos vascos haya sido la de apreciar que incluso una instancia tan marcada como la Audiencia Nacional puede hacer sentencias justas, aunque sea tan tarde, tan mal y de modo tan insuficiente. Afrontar el conflicto en otros parámetros no deja de ser una cuestión de voluntad. Cuando quiere, el Estado puede. De momento, sin embargo, el desenlace del caso «Egunkaria» queda como una mera excepción dentro de la norma, una norma que la Audiencia Nacional, la Guardia Civil y el gobierno de turno rápidamente se han apresurado a apuntalar con una nueva redada que mantiene a once ciudadanos vascos en los calabozos.
Poco han aprendido algunos del fallo de «Egunkaria». De nuevo la incomunicación ocultando incluso por qué han sido llevados al hospital varios detenidos, de nuevo las versiones oficiales amplificadas al máximo y la presunción de inocencia reducida a la nada, de nuevo agresiones que alcanzan incluso a abogados y registros sin las mínimas garantías legales. Ingredientes todos ellos que han hecho que el Estado español sea señalado con el dedo por múltiples instancias internacionales. Unas instancias que son conscientes de que los mecanismos represivos del franquismo nunca han dejado de estar vigentes en el Estado español. Y sobre todo en lo que respecta a Euskal Herria, porque es aquí donde se incomunica, donde se ilegaliza o donde se prohíben consultas, aunque sean sobre el TAV o una línea de alta tensión.
De aquellos polvos, estos lodos
En ese ámbito internacional, la eficaz maquinaria propagandística que durante muchos años ha vendido la «transición» como un proceso modélico y al rey español como su héroe hace aguas ahora. Todo el mundo ha podido ver cómo un juez español que ha perseguido leyes de punto final por todo el planeta no puede investigar la propia ley de punto final impuesta en su país para cientos de miles de crímenes. Cuando su dedo acusador apuntaba a otros continentes lejanos, las fosas estaban justo debajo de sus pies. Y, lógicamente, de aquellos polvos vinieron estos lodos; de aquella impunidad, estos atropellos; de aquel TOP, esta Audiencia Nacional; de aquella gran chapuza, estos déficits democráticos.
Más extraño resulta que la progresía española ponga la misma cara de pasmo ante una realidad que lleva 35 años ante sus ojos y nunca ha querido ver. El desconcierto se palpa en las diferentes reacciones del PSOE: mientras en Madrid disculpa la actuación del Tribunal Supremo contra Baltasar Garzón, en Euskal Herria anuncia mociones de apoyo al juez y de repulsa de la Falange. Como si éste fuera un problema de filias y fobias de magistrados concretos y no de un marco trampeado, que sólo empezará su transición cuando deje de encerrar a la ciudadanía de Euskal Herria o Catalunya.
sábado, 17 de abril de 2010
La Audiencia Nacional se delata en Euskal Herria y el Estado español se retrata en el mundo
En una charla ofrecida en Iruñea en enero de 2006, un juez de la Audiencia Nacional definió de modo muy nítido cuál es el papel de esta instancia. Un papel que va más allá del que corresponde a un tribunal, por muy especial que sea, en cualquier estado que se define como democrático y en el que, por tanto, las decisiones deberían ser tomadas por las instituciones elegidas por los ciudadanos.
Otegi: "Es necesario que los independentistas y progresistas del país establezcamos una alianza estratégica"
Entrevista a Arnaldo Otegi, quien sigue siendo, a pesar de estar en prisión, el referente público de la izquierda abertzale.
Res Publica | Kaos. Euskal Herria |
www.kaosenlared.net
RES PÚBLICA ha podido obtener una entrevista en exclusiva con Arnaldo Otegi, quien sigue siendo, a pesar de estar en prisión, el referente público de la izquierda abertzale. En ella, y convencido de que "la mayoría de este pueblo es progresista", Otegi reivindica como "necesaria" la independencia de este país en un contexto pacífico y sin injerencias, proclama la posibilidad de "articular mayorías progresistas y abertzales", y envía un claro mensaje a la organización armada: "El conjunto de agentes del país, incluída ETA, tendrán que ver qué tipo de aportación pueden hacer para que el proceso democrático pueda desarrollarse".
Pregunta.- El Tribunal de Estrasburgo ha dado ya el carpetazo a la ilegalización de Batasuna, dando así por buena la Ley de Partidos. ¿A qué atribuye esta decisión? ¿Está la justicia en la Unión Europea tan politizada como lo está en el Estado español?
Respuesta.- En primer lugar debemos señalar que si bien es cierto que nos ha decepcionado profundamente dicha decisión tampoco es una decisión que no nos esperásemos. Nos ha decepcionado, en primer lugar, porque jurídicamente es una sentencia pobre, poco fundamentada y que ha sorprendido por su escasa construcción jurídica a muchos profesionales del derecho, hecho que no es habitual en la Corte. Ésto y el hecho de que no fuese aceptada para ser tratada por la Gran Sala, a pesar de que fuese la propia Sala que dictó resolución en el procedimiento la que consideró en su día el posible traslado de la causa a la Gran Sala por su importancia (a lo que se opuso el Reino de España) nos lleva a considerar que ha habido enormes presiones por parte del Estado que han podido influir en la decisión. Ya sabemos que para el Estado español el conflicto político vasco es la principal cuestión de Estado incluso a nivel internacional. Además el Estado español no es un Estado que se caracterice por su respeto hacia instituciones internacionales y los principios de independencia de poderes, justicia etc. El perfil de las personas que suele nombrar como jueces en la Corte lo atestigua: el actual juez con anterioridad a ser nombrado había colaborado con el PSOE, o la Fundación para la Libertad. Y su predecesor había sido antes representante del Estado en la Corte. Ciertamente no es que nombre a jueces de reconocido prestigio e imparcialidad para ejercer el cargo como es el caso de otros estados con amplio recorrido democrático. El hecho de que además no se sienta vinculado a las decisiones de la Corte, como lo acreditan numerosas sentencias condenatorias, reafirma este escaso respeto.
Pero no es nada nuevo, lo mismo pasa con las Naciones Unidas en relación a las resoluciones que dictan sus organismos, como ha sido el caso de Karmelo Landa, o los informes de diversos relatores o el Comite de DDHH.
Por otro lado debemos reconocer que no era el mejor momento a nivel internacional. No hay más que ver la deriva securitaria que viven muchos paises y que está influyendo en todos los sentidos en las diversas instituciones internacionales que velan por los derechos humanos. La sentencia es una mala noticia en general, creo yo, para todos aquellos que defienden los derechos humanos y las libertades básicas y tendrá consecuencias negativas como ya lo estamos viendo en las reiteradas referencias a la sentencia que por parte de los tribunales turcos se vienen realizando para justificar la ilegalización del DTP, por ejemplo.
P.- Ilegalizada. Sin poder reunirse ni convocar manifestaciones. Impedida de presentarse a las elecciones. La situación de la izquierda abertzale es realmente dificil en esta coyuntura histórica. ¿Cuánta parte de responsabilidad tiene en ello la propia estrategia de la izquierda abertzale?
R.- Mucha. Muchisima responsabilidad. Y no hay más que remontarse en los años para darse cuenta que los procesos de ilegalización contra la izquierda abertzale y su criminalización comienzan ya con el compromiso de Herri Batasuna de dar a conocer, por considerarlo de gran importancia, la Alternativa Democratica, que venía a señalar que, en definitiva, correspondía a la ciudadanía vasca por medio de las fuerzas políticas que le representan el llegar a acuerdos sobre las bases del conflicto, acuerdos que deberían ser respetados por todos. Y son las iniciativas políticas para promover el proceso de diálogo y negociación de bases democraticas como el acuerdo de Lizarra Garazi las que llevan al Estado a proceder a la represión e ilegalización de la izquierda abertzale. Porque el Estado sabe que la misma es el motor del cambio político del país. Cuanto más propuestas de solución del conflicto ha venido poniendo la izquierda abertzale sobre la mesa, más represión y endurecimiento del Estado. Sucedió con las detenciones en el anterior proceso de paz y sucedió hace escasamente meses. Ya nos los decía un compañero y amigo sudafricano, “cuanto más racionales sean vuestras propuestas, más irracional será la respuesta del Estado”. Pero nosotros seguiremos cumpliendo con el compromiso que tenemos con este país, el de darle soluciones al conflicto que padecemos, por el que en el futuro podamos confrontar las diversas opciones del país de manera democrática e igualitaria: que los independentistas podamos no sólo defender, sino materializar nuestros programas si esa es la voluntad de la mayoría del país, y que los unionistas constitucionalistas que deseen mantenerse unidos al Estado español también puedan hacerlo si esa es la voluntad del país.
P.- La manifestación de Donostia demostró que son muy amplios los sectores de la sociedad vasca que rechazan esa ley y rechazan la marginación de la izquierda abertzale. ¿Cuáles son, en su opinión, los pasos que deberían darse a partir de ahora?
R.- La sociedad vasca sabe que no se puede marginar a amplísimos sectores de la misma y entiende la naturaleza política del conflicto y la necesidad de resolverla a través del diálogo y la negociación. En este sentido nosotros venimos diciendo que las condiciones para el cambio político están dadas en el país. Ahora hay que materializar ese cambio político mediante un proceso democrático. Un proceso democrático que, desarrollado en ausencia total de violencia e injerencias, haga posible el alcanzar un nuevo escenario en el que todos los proyectos como ya he dicho sean no sólo defendibles sino materializables. Un marco en el que seamos los vascos los que decidamos libremente el modo de relación interna del conjunto de los territorios del país, que deberá basarse en la aceptación de los ciudadanos de dichos territorios, así como la relación que deseamos mantener como pueblo con el exterior. Eso es lo que hay que poner en marcha, el proceso democrático. Y en este sentido consideramos que su puesta en marcha no puede estar en manos del Estado, como un ejercicio de veto. Sin el Estado será más dificil, pero la puesta en marcha del mismo depende sólo de la capacidad que tengamos de acumular fuerzas e ilusión popular. De saber percibir, y creo que lo estamos haciendo, lo que la mayoría popular y democrática de este país demanda de la izquierda abertzale, para que, junto con otras fuerzas políticas y sociales, llevemos al país a un nuevo escenario.
P.- ¿Cuáles fueron las causas de fondo que dieron al traste con las últimas conversaciones para la paz? ¿Qué responsabilidad cabe achacar al PSOE y cuál a ETA? El proceso de Anoeta, ¿fracasó por mezclarse la Mesa política y la Mesa técnica?
R.- Como casi en todos estos procesos los motivos no son únicos y no atañen exclusivamente a una de las partes. Todos habremos cometido errores. Aún así, creo que el Estado empezó muy mal aquel proceso incumpliendo lo acordado con ETA, creando situaciones donde en vez de promover confianza hacía todo lo contrario, no habiendo previsto ni desarrollado una política dirigida a explicar a su país el proceso, no trabajando para que el mismo se entendiese y actuando en base a encuestas diarias y ante presiones. Entiendo que el Estado no hizo sus deberes, y eso, como digo, en vez de ir creando confianza la fue destruyendo. No fuimos además capaces de construir un dialogo entre partidos más allá de las reuniones secretas de Loiola y el trabajo previo para ello. Volvió a suceder lo que muchas veces sucede en estos casos: la impaciencia se adueña de las partes, hay necesidad de ver avances, y, claro, si lo que se ven son incumplimientos, pues esto mina el proceso y al final colapsa.
Creo que es necesario establecer bases sólidas para que un proceso avance, debe haber un ambiente jurídico político propicio para ello, unas condiciones mínimas, y si eso no se da y uno está a expensas de la decisión que pueda tomar o no un juez las cosas se complican. Debe haber, asimismo, mucha comunicación con las bases y la sociedad por parte de todos los actores. Debe haber sinceridad, honestidad y un trabajo por el que mutuamente vayamos construyendo el proceso y la solución. Si el proceso se plantea en términos de "yo gano, tú pierdes", se destruye, hay que crear escenarios en donde todos ganemos. Y esto es necesario explicárselo a la sociedad. Se necesita visión de país y de Estado para resolver este tipo de problemas, y si se está mirando en todo momento a cómo puede afectar en las previsiones electorales, en las encuestas, se empiezan a hacer cosas raras e inentendibles. Y por otro lado se necesita también paciencia. Mucha paciencia. Los bloqueos que se dan en este tipo de procesos es necesario solventarlos con paciencia y mucho trabajo, sin tirar la toalla o decir que no hay nada que hacer. Como dicen los irlandeses, hay que seguir pedaleando en la bicicleta porque en el momento en que paras de pedalear te caes. En definitiva, todos tenemos mucho que aprender, pero si hay voluntad todo es posible.
P.- Un rumor afirma que usted ha estado a punto de decidir el abandono de la actividad política. ¿Es cierto? ¿Se lo ha planteado alguna vez?
R.- Ya he manifestado que mientras tenga fuerzas y viva continuaré trabajando por el proyecto estratégico de la izquierda abertzale: un país libre de hombres y mujeres libres. Es decir, una república vasca independiente basada en la justicia social. Y aunque estemos cada vez más cerca de ello, queda todavía mucho por hacer, por lo que veo el retiro como algo muy lejano.
P.- Se observan ciertos cambios en el lenguaje utilizado por la izquierda abertzale. Por ejemplo, mientras que antes se definía a ésta como representación del pueblo vasco, ahora se habla de “una parte de un grueso ciudadano”. Estos cambios ¿son reflejo de una estrategia diferente compartida por toda la izquierda abertzale?
R.- Entiendo que la crítica que se hace a la izquierda abertzale es una crítica que haciéndola extensible al conjunto de las fuerzas políticas del país es real. Es decir, desgraciadamente el conjunto de fuerzas políticas hablamos siempre con demasiada facilidad de ser representantes del pueblo o sus portavoces. Siendo esto así, no es menos cierto que la izquierda abertzale viene en los últimos años realizando planteamientos básicos para el conjunto del país, propuestas referidas al proceso y marcos democráticos, propuestas inclusivas y no excluyentes, propuestas por las que se establezca en el país un marco jurídico-político igualitario para todos. Desde ese punto de vista, lejos de mesianismos o dirigismos, la izquierda abertzale viene ofertando propuestas de construcción de país, de integración. Propuestas y estrategias claramente compartidas por el conjunto de la izquierda abertzale.
P.- Díganos claramente cuáles son los pasos que debería dar, en su opinión, la izquierda abertzale en el futuro próximo.
R.- Los pasos a dar entiendo vienen determinados ya en el documento de debate de la izquierda abertzale que después de ser debatido barrio a barrio, pueblo a pueblo, ha obtenido el respaldo de una inmensa mayoría de nuestras bases. Es necesario articular y poner en marcha un proceso democrático por parte del conjunto de fuerzas democráticas del país, por el cual los vascos y vascas mediante el diálogo y la negociación podamos pasar del actual escenario agotado a un nuevo marco de carácter democrático en el que todas las opciones, incluida la independentista, puedan ser no sólo defendibles, sino materializables. Un nuevo marco en el que esté en manos de la ciudadanía vasca decidir el modo de relación que desea establecer en su seno, así como el modo de relación que desea mantener con los estados. Un proceso democrático que servirá para finalizar el conflicto actual y que, por supuesto, tendrá que dar respuesta asimismo a las graves consecuencias que el conflicto ha generado. Entendemos que para ello la metodología establecida en Anoeta es valida, así como son válidos y habrá que desarrollar los avances realizados en Loiola.
Pero para que esto sea posible es necesario también que los independentistas y progresistas del país establezcamos una alianza estratégica que trabaje por el proceso democrático desde una prespectiva nítidamente independentista. No porque ese sea el objetivo del proceso democrático (la independencia), sino porque desde el inicio debe quedar claro que el conjunto de visiones y opciones del país debe tener reflejo en el Acuerdo Democrático, por el que todos los proyectos políticos tengan las mismas opciones de materializarse.
Además, es necesario articular un movimiento amplio transversal que luche y se oponga al actual recorte de libertades básicas, y que vaya paso a paso restaurando el escenario democrático. Un movimiento que luche por los derechos de reunión, asociación, participación política, fin de la tortura, repatriación de los presos y su puesta en libertad etc… Un movimiento por el restablecimiento de las libertades públicas básicas que han sufrido una regresión importantísima en este país y que es necesario restituir para que el proceso democrático llegue a puerto.
P.- ¿Está la izquierda abertzale dispuesta a comprometerse con un proceso de paz bajo la premisa del previo abandono por parte de ETA de la lucha armada?
R.- La izquierda abertzale esta absolutamente comprometida con un proceso de paz que nosotros adjetivamos como democrático, y lo hacemos sin premisa o precondición alguna dentro del proceso democrático, que ha de desarrollarse por vías exclusivamente políticas y democráticas. La izquierda abertzale tiene una decisión clara al respecto, y ha quedado acreditado tanto en la Declaración de Altsasu como en la aprobación del documento de debate. El conjunto de agentes del país, incluída ETA, tendrán que ver qué tipo de aportación pueden hacer para que el proceso democrático pueda desarrollarse y alcanzar los objetivos que persigue. Pero reitero que nuestra voluntad es firme en la apuesta por el proceso democrático en las condiciones descritas de ausencia de todo tipo de violencia e injerencia.
P.- ¿Y está dispuesta a pagar su “precio por la paz” en forma de oposición o escisión de aquellos sectores que siguen convencidos de que cualquier proceso de paz viable precisa de la dirección de ETA y de la doble vía político-militar para asegurar su buen fin?
R.- Ya dijimos en el anterior proceso que conceptos como “precio por la paz” no son adecuados, pues tienen una carga negativa. Respecto a la pregunta, está claro cuál ha sido la respuesta de la amplia mayoría de las bases sociales de la izquierda abertzale la que ha definido las bases y principios del proceso que debemos echar a andar. Por tanto, los parámetros de debate y conclusión no se corresponden con los de la pregunta. De ahí que no es necesario tratar sobre situaciones que ciertamente no creo se den ni lleguen a darse.
P.- ¿Quiénes integrarían ese “polo soberanista” por el que, al parecer, apuesta al menos una parte de la izquierda abertzale? No parece que, además de EA, pudieran integrarlo otras formaciones políticas vascas, ¿no? ¿Debería estar ahí también la mayoría sindical vasca?
R.- El polo soberanista no es un conjunto cerrado de siglas. El polo soberaniasta o como llegue a denominarse hace referencia al conjunto de fuerzas y sectores del país que creen claramente que la solución a los problemas del país, que las necesidades de futuro del país pasan por constituirse en un Estado, una república independiente en Europa, como lo tienen previsto hacer los escoceses, los groenlandeses, catalanes o flamencos. Corresponde a las diversas fuerzas políticas, sindicales y sociales del país definirse sobre dónde se sitúan respecto a estos postulados, sobre si lo que buscan es una mera reforma estatutaria o creen que lo que hay que construir es el escenario que haga posible la indepndencia. Las fuerzas sindicales del país tienen también mucho que decir. Es necesario activar al pueblo vasco de izquierdas, al conjunto de sectores progesistas del país en el trabajo para alcanzar la plena soberanía que haga posible igualmente un reparto adecuado de las riquezas del país, y ahí la mayoría sindical tiene mucho que decir.
P.- ¿Piensa usted que, dada la actual correlación de opiniones y fuerzas en Euskadi, la independencia es simplemente posible o incluso deseable?
R.- No sólo creo que es posible y deseable creo que es necesaria. Tenemos un país que, no sólo por razones históricas que son importantes sino sobre todo por razones de futuro, necesita la independencia. Para que podamos desarrollar con plena capacidad nuestra identidad, nuestra lengua, nuestra cultura, necesitamos de instrumentos soberanos. Asimismo, el mundo globalizado que vivimos, la Europa que viene construyéndose, y que, como hemos señalado, nos nos complace en cuanto a objetivos y términos, deja claro que sólo los pueblos soberanos con capacidad de decidir e incidir con voz propia para el conjunto de problemas que les atañe pueden subsistir. No es de estrañar que escoceses, flamencos, catalanes, Islas Feroe o Groenlandia vean la necesidad de ser independientes, soberanos, y poder así incidir en las políticas globales que les afecten. Los vascos necesitamos del mismo modo ser soberanos, tener voz propia en el concierto de naciones, defender nuestros intereses, desarrollar las políticas que creemos son las más adecuadas para el desarrollo de nuestro pueblo. Y para ello la independencia es no sólo deseable sino necesaria.
P.- Si se conforma ese polo soberanista, y teniendo en cuenta que PSE y PP ya están actuando conjuntamente como bloque, ¿se correría el riesgo de crear una división civil en Euskal Herria?
R.- ¿Por qué? En Escocia no hay una division civil, tampoco en Feroe o Flandria, ni en Quebec. ¿Por qué puede haber una división civil en el país al conformarse un polo soberanista o independentista y no lo hay ahora cuando tenemos un marco jurídico que no satisface la voluntad de la mayoría del país? Si establecemos unas reglas democráticas de juego por el que este pueblo sea lo que la mayoría del mismo desee, no entiendo por qué debe haber divisiòn o fractura civil. Yo estoy dispuesto a aceptar que, si la mayoria del país desea continuar unida al Estado español, esto sea así, y por ello no se produciría ninguna fractura, sin más continuaría trabajando para convencer a mis compatriotas, pero nada más. Al fin y al cabo es ahí donde se verá el perfil democrático de cada uno.
P.- ¿Cómo calificaría la labor que está haciendo el PSE, con el apoyo del PP, en el Gobierno Vasco? ¿Y la del PNV?
R.- El PSE sabe que el suyo es un gobierno ilegítimo, nacido de una situación claramente antidemocrática, contrario a la realidad sociológica del país y sustentado además en un acuerdo antinatura que únicamente se entiende desde una perspectiva de razón de Estado. Los sectores constitucionalistas unionistas del país no tienen problema en abandonar todas sus divergencias con el objetivo, tanto en la CAV como en la CFN, promover políticas de asimilación y domesticación. Y con ese objetivo, y por ese objetivo, hoy día son además los únicos que defienden los marcos estatutarios establecidos con el objetivo de retrasar lo máximo posible lo que en términos históricos saben que es inevitable, que un día los vascos y las vascas decidiremos libremente el constituirnos en Estado propio. Al PNV, agotado el Estatuto, se le acerca la hora de decidir sobre cúal es en realidad su proyecto histórico, si es el vivir cómodos en España o si optan por volver a sus orígenes fundacionales. Pero es una decisión que ellos deben tomar y explicársela a sus bases, no es nuestro problema; nosotros tenemos un proyecto claro de país que ofrecer.
P.- ¿Observa síntomas de derechización y acomodamiento en la sociedad vasca? ¿Qué futuro tienen las opciones de izquierda y abertzales en este contexto?
R.- Es cierto que en el actual contexto de bloqueo pueda parecer que hay una derechización en el país, pero yo estoy convencido de que la mayoría de este país, de este pueblo, es progresista, con valores de fraternidad, de justicia social, de trabajo comunal muy enraizados. Hay un pueblo de izquierdas en sentido amplio que es mayoritario. Y estoy convencido de que, si por medio del proceso democrático somos capaces de llevar este pueblo a otro escenario, se verá que las opciones sociales y politicas de cambio tienen amplísimo respaldo en el país. Que hay posibilidades de articular mayorías progresistas y abertzales.
P.- Si usted empezara un discurso con la frase de Martin Luther King “He tenido un sueño…”, ¿cómo lo describiría?
R.- Pues ciertamente no sería un sueño que diferiese mucho del sueño de Martin Luther King, quizás sin reminiscencias religiosas pero en el fondo muy parecido. Deseo como Luther King que algún día los opresores y los oprimidos “nos sentemos juntos en la mesa de la fraternidad”. Que “la nación se pusiera en pie y sostuviese que todos los hombres y mujeres son iguales”. Que el país “se trasformase en un oasis de libertad y justicia”. “Que la libertad suene y llegue el día en el que todos seamos capaces de juntar las manos y cantar las palabras del viejo espiritual negro “Al fin libres, Al fin libres. Somos al fin libres.” Al fin y al cabo pueden cambiar las formas, los objetivos concretos, pero en el fondo todos los oprimidos buscamos lo mismo: la libertad.
http://www.rpublica.org/contenidos/473-entrevista-arnaldo-otegi-necesario-independentistas-progresistas-establezcamos-alianza-estrategica#
Martxelo Otamendi: «Nunca he creído que la justicia funcione»
Domingo 18 de abril de 2010. Nodo50
Otamendi no para nunca, pero desde el mediodía del lunes va como un bólido. Eso sí, feliz, porque, tras siete años de pelea, ha dejado de ser un «presunto inocente» y porque el diario que dirigió durante 10 años (1993-2003), ‘Egunkaria’, ha visto restituida una fama que jamás debió perder. Por eso, para celebrarlo, ayer se escapó un poco antes de ‘Berria’, el diario que funciona bajo su batuta, y se encerró con su gente en un establecimiento de su pueblo, Tolosa. Fue una fiesta
¿Qué recordará del tiempo que media entre el 20 de febrero del 2003 [día del cierre de Egunkaria] y el 12 de abril del 2010?
Recordaré la entrada de la Guardia Civil en mi casa a la una y media de la madrugada y la sensación de que un proyecto de muchas personas y mucha ilusión en favor del euskera se iba por el agujero del váter. Recordaré la solidaridad de los medios de comunicación catalanes y, muy especialmente, de EL PERIÓDICO. Antonio Franco, durante un acto público, me dijo: «Martxelo, te conocemos, te creemos y te queremos». Eso no se olvida nunca. No quiero parecer pelota, pero lo cierto es que, más allá de Euskadi, el apoyo que nos ha dado la sociedad catalana no nos lo ha dado nadie.
¿Qué es lo que más ha marcado esta larga espera de siete años?
El apoyo de la gente. De esa gente que no te conoce de nada y te para por la calle para preguntarte cómo van las cosas o el chófer de autobús que te pita y te grita: «Aurrera Egunkaria». Me daba la impresión de que compartían mi angustia.
Y su denuncia de torturas, ¿en qué situación está?
Está pendiente de ser admitida por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. La de Xabier Oleaga está ahora pendiente de que se pronuncie el Constitucional; la de Uria se cerró y la de Auzmedi debe estar en el limbo porque no sabemos nada. Por eso me reconforta especialmente que la sentencia reconozca entre líneas que dijimos la verdad y anote de forma expresa una falta de control judicial suficiente de las condiciones de la incomunicación.
¿Quién debe sacar conclusiones de esta historia?
Diría que el Estado –aunque es difícil ponerle cara–, y los que en él extendieron la moda de que todo es ETA y todo vale contra ETA. También tendría que sacarlas el magistrado que se tragó un informe policial de la manera más acrítica que se puede uno imaginar, y la Guardia Civil, severamente corregida por las consideraciones del tribunal.
¿Cree usted ahora que la justicia en España funciona?
Nunca lo he creído. Con los casos vascos de acento político hay un problema grave, y es que cualquier cosa que lleve la Audiencia Nacional termina en la cárcel. Es como una tendencia natural. Me parece que sería bueno que la sentencia que nos ha absuelto, y que firma el presidente de lo Penal, marcara un antes y un después. Interpreto que en ella hay una voluntad de advertir de que hay que ser más diligente en la instrucción de una causa, y que no se puede acusar de cualquier cosa sin pruebas. Todavía recuerdo el caso de De Juana Chaos y las palabras de un ministro que llegó a decir que si no había pruebas, las inventarían. Ese déficit tiene que cambiar y considero que el tribunal ha dado ahora algunos avisos para que ocurra.
Sostienen algunos que el caso Egunkaria demuestra que estamos en un sistema de garantías.
Yo les preguntaría si es una garantía que con un informe de la Guardia Civil se cierre un diario de la noche a la mañana, dejando en la calle a 150 trabajadores; si es prueba de un Estado garantista que uno de los ahora absueltos se pasara un año y medio en la cárcel, y otro, más de ocho meses; si es garantista que permanezcas siete años con tus bienes bloqueados a la espera de juicio...
¿Le alarma que las acusaciones populares siguieran todavía ayer vinculando Egunkaria con ETA?
Algunos son profesionales de la querella. Voy a respetar más a las víctimas que a quienes hablan en nombre de las víctimas y están acampados en la Audiencia Nacional para montar un lío gordo con todo lo que pasa en el País Vasco. Esos no están acostumbrados a perder y lo suyo es elevar el tono. Tienen derecho a recurrir. Si quieren, que lo hagan.
¿Le supondrá eso alguna zozobra?
Hombre, un recurso al Supremo nos va a ocupar y preocupar, pero la sentencia que firma la Sala de lo Penal es tan contundente y firme que resultará muy difícil obviar lo que dice. Y entre eso que dice, figura que no hay la más mínima prueba para sostener nuestro vínculo ni el del diario con ETA. Por eso, si hay que jugar este partido en el Tribunal Supremo, lo jugaremos.
¿Se ha planteado pedir un resarcimiento por el daño sufrido?
Hemos acogido muy positivamente que la sentencia no haga mención a posibles indemnizaciones. Ya dijimos que lo primero era la absolución, y después, la justicia. Estamos en el primer punto –en la absolución– y desconocemos si quienes han perdido optarán por recurrir. Cuando la sentencia sea irrebatible, hablaremos de lo demás.
Fuente: Kaosenlared
«Estas 11 personas son testigos y denunciantes de las atrocidades que genera la criminal política penitenciaria. El Gobierno español no quiere testigo
http://etxerat.info
Jone Artola (miembro de Etxerat):
"Etxerat quiere mostrar su absoluta solidaridad y reconocer el compromiso con la defensa de los derechos de los y las presas políticas mostrada durante la intachable trayectoria de las 11 personas arrestadas por la Guardia Civil. Asimismo, deseamos mostrar nuestra total preocupación por la situación por la que puedan estar pasando estas personas durante el periodo de incomunicación.
La noticia de que Erramun Landa y Saioa Agirre tuvieron que ser trasladados de madrugada al Hospital de Basurto nos congeló el corazón. En los últimos 30 años, cerca de 10.000 personas han denunciado haber sufrido torturas o malos tratos tras haber sido detenidas por los múltiples cuerpos policiales que actúan en Euskal Herria.
Lo sucedido el pasado miércoles es un nuevo reflejo del constante ataque que está sufriendo la solidaridad con los y las presas políticas vascas en los últimos meses. Un ataque furibundo y que tiene como objetivo aislar de la realidad social, política y cultural de Euskal Herria al Colectivo de Presos y Presas Políticas Vascas. Lo hemos dicho una y mil veces, quieren a nuestros familiares, amigos y amigas encarcelados ciegos, sordos y mudos. Para ello, les dispersan a miles de kilómetros, les aíslan y separan dentro de las propias prisiones, violan todas sus comunicaciones, restringen lo más posible quién les puede visitar o intentan cachear y humillar a sus allegados antes de los vis a vis para dejarles sin visita. Ahora, además, también pretenden que no tengan ningún tipo de defensa jurídica y que la vulneración constante de derechos que sufren no sea denunciada.
Creemos que se trata de una estrategia perfectamente diseñada y que responde a un nuevo impulso en el monumental y escandaloso chantaje que supone la criminal política penitenciaria vigente. Conscientes de su fracaso en los objetivos globales de su estrategia, los Estados aprietan ahora las tuercas en el flanco en el que consideran que los y las presas políticas vascas más pueden resentirse: el de la solidaridad.
No pueden estar más equivocados. La solidaridad y el trabajo en favor de los derechos de los y las presas políticas va a seguir más que presente. Aunque intenten acallar, detener e incluso aniquilar, la denuncia va a seguir vigente. No lo dudamos, ni tampoco lo duda el Ministerio de Interior español en su conjunto. Por eso, en pleno secreto sumarial, el Secretario de Estado para la Seguridad el señor Camacho no duda en juzgar a las personas arrestadas. Lo mismo que no le tembló en pedir a la televisión australiana que apagase la cámara cuando le preguntaron sobre las denuncias de Tortura en el Estado español.
Su jefe, el señor Rubalcaba, con unas fabulas que ni el mismísimo Goebbels hubiera firmado, alimentó la misma patraña horas después. Es consciente de su fracaso y de sus mentiras, pero conoce bien que una mentira mil veces repetida puede incluso calar. Por tanto, utiliza las intoxicaciones y las mentiras como complemento mediático de la criminal política penitenciaria vigente. Esa criminal política penitenciaria que ha provocado dos accidentes en apenas dos semanas, que ha llevado a que tres presos políticos vascos hayan sido brutalmente agredidos o a que determinados directores de prisiones se nieguen a dejar en suspenso la orden que posibilitaba los cacheos generalizados de familiares, amigos y amigos.
La denuncia de todo esto ha llevado a la detención de estas 11 personas. Testigos y denunciantes de las atrocidades que genera la criminal política penitenciaria vigente o de la muerte de Jon Anza. El Gobierno español no quiere testigos. No quiere testigos que puedan denunciar. Por eso ha detenido a estas 11 personas. El Gobierno español no quiere abogados que pongan en evidencia sus tropelías jurídicas ni que denuncien la situación en la que se encuentran los detenidos tras acabar el periodo de incomunicación. El Gobierno español no quiere que los familiares denunciemos. El Gobierno español no quiere a pintores que recuerden a amigos a los que han dejado morir en la cárcel por desatención médica. El Gobierno español no quiere que los y las ex presas trabajen en la calle y continúen por el camino de la solidaridad.
Esa es su receta, borrar a los testigos. En un momento en el que en Euskal Herria puede volver a abrirse una oportunidad histórica, el Gobierno español vuelve a aplicar sus mismas recetas represivas de siempre y vuelve a atacar a la solidaridad con los y las presas políticas vascas. Somos conscientes de que van a profundizar en dicha estrategia represiva y de que llegarán barbaridades de similar calado durante los próximos meses. Pero, somos igualmente conscientes de que la solidaridad y la denuncia serán constantes. Y es que, por mucho que intenten cortar todas las flores, la primavera será imparable en nuestro país. Se ha demostrado, por ejemplo, con la multitudinaria manifestación del pasado 2 de enero en Bilbao, a pesar de los intentos de impedirla.
Por nuestra parte, enviar un abrazo solidario a las 11 personas arrestadas y a todos sus familiares, amigos, amigas y compañeros de trabajo y llamar a la sociedad vasca a tomar parte en las movilizaciones de denuncia de los arrestos de Bilbao y San Sebastián."
Madrid: Manifestación por la III República, contra la crisis capitalista, contra la monarquía borbónica y por la autodeterminación
La marcha partirá de la plaza de Cibeles a las 18.30 horas y concluirá en la Puerta del Sol. Entrevista a Nines Maestro de Corriente. EL ACTOR WILLY TOLEDO LEERÁ EL MANIFIESTO
Kaos. Tercera Republica | 17-4-2010
Nines Maestro nos informa que en Madrid caen chuzos de punta pero que esa lluvia no detiene la manifestación sino todo lo contrario y miles de personas grita a favor del la III República y contra la monarquía borbónica. Los miles de manifestantes corean la consigna: Aunque llueva y se moje la República no se encoje !!.
Nies nos dice que según parece la manifestación es muy importante, incluso más que en años anteriores es decir cerca de 20.000 personas.
La intervención final correrá a cargo del actor Willy Toledo.
18:45.
Miles de personas se manifiestan por el centro de la capital, entre la Plaza de Cibeles y la Puerta del Sol, a favor de la Tercera República, convocadas por la Coordinadora Republicana de Madrid, y respaldada por más de una veintena de organización políticas y sociales.
Los manifestantes corean cánticos contra la monarquía, contra el rey Juan Carlos, y contra el heredero al trono, Felipe Borbón, y a favor de la Tercera República como salida a la actual crisis y contra la Constitución Monárquica de 1978.
La calle de Alcalá se ha llenado de banderas republicanas y podía verse también a algunas caras conocidas, como el actor Guillermo Toledo, encargado de leer el manifiesto de la marcha.
12:00.
Una manifestación convocada por más de una veintena de entidades, partidos y asociaciones recorrerá hoy el centro de Madrid por la III República al cumplirse esta semana 79 años de la proclamación de la segunda en España.
La marcha partirá de la plaza de Cibeles a las 18.30 horas y concluirá en la Puerta del Sol. En un manifiesto critican el modelo de jefatura del Estado, así como el paro, el sistema político, el Plan Bolonia, la discriminación de la mujer, la privatización de la Sanidad y la Ley de Extranjería.
"El Gobierno de Rodríguez Zapatero junto con las demás fuerzas del parlamento burgués (PP, UPyD, CIU, PNV...) han puesto a disposición de la banca 180.000 millones de euros y han añadido otra partida de 75.000 millones de euros para concentrar más el capital a través de la fusión de las cajas de ahorros", indicaron los convocantes.
Asimismo, critican la reforma laboral, la propuesta de elevar a 67 años la edad de jubilación y la subida de 15 a 25 años la cuota del cálculo de la pensión, la disminución del gasto público y la eliminación de impuestos como el de sucesiones y pensiones.
"El modelo de la Transición está agotado y con él la figura del rey a la cabeza. La constitución de 1978 que ampara el sistema económico y la estructura monárquica del Estado son una rémora para el desarrollo de un proyecto auténticamente democrático, liderado por las mayorías populares y que se posicione en la defensa de la soberanía popular y la solidaridad entre los pueblos, y ese es el marco de la III República que cada vez está más próxima".
CONTRA LA CRISIS CAPITALISTA, POR LA III REPUBLICA.
¿Qué pueden pensar los cerca de cinco millones de parados y los más de un millón de familias sin ningún ingreso de una monarquía sostenida generosamente por la hacienda pública y que ha amasado, sin que se sepa cómo, una de las fortunas más grandes de Europa? Lo que se siente en la calle es que la monarquía borbónica, integrante y heredera de la dictadura fascista, está más deslegitimada cada día.
Aún así, en aras de hacer tragar a la clase obrera, sin que se revuelva, las ruedas de molino que el capital ha preparado, el rey se dispone a ejercer el papel de maestro de ceremonias en la misa concelebrada entre patronal y cúpulas sindicales en aras de la salvación, económica, esta vez, de la patria.
No pueden echar mano ahora de la cobertura ideológica usada en otras épocas de crisis para descargar sobre las espaldas de trabajadores y trabajadores las durísimas medidas de ajuste que pretendían imponer. Ya no vale hablar de la corrupción de la dictadura como en 1977 o de la entrada en la CEE como en la “reconversión” industrial de 1984. Por ello es más necesario que nunca hacer presidir al fantoche real la comitiva de fuerzas políticas del marco institucional, “agentes sociales” y empresariales, para recuperar la esencia de los Pactos de la Moncloa, referente histórico de la llamada Transición: la paz social. Paz social y consenso fueron indispensables para perpetuar a las fuerzas más reaccionarias en los aparatos del Estado y para facilitar tres décadas de acumulación de beneficios por la burguesía, a partir de la intensificación de la explotación de los trabajadores y las trabajadoras.
De esos polvos vinieron estos lodos, dice el sabio refranero popular. La crisis capitalista no sólo afecta a los casi cinco millones de parados que contabilizan los organismos estatales. La realidad también se vuelve mucho más cruda para los trabajadores y trabajadoras activos, mediante el empleo masivo por la patronal de las herramientas que han puesto en sus manos las sucesivas reformas laborales: salarios miserables, precariedad en el empleo, contratos-basura, contratos por horas, pérdida de derechos por jubilación, enfermedad etc, que han debilitado y desvertebrado a la clase obrera con la “colaboración” inestimable y la claudicación de las cúpulas de los llamados “sindicatos mayoritarios”.
La violencia del sistema se muestra más criminal contra los sectores más desprotegidos de la población: jóvenes, trabajadoras e inmigrantes, que se ven constantemente acosados en todos los ámbitos. A la degradación general de las relaciones laborales se suma un proyecto educativo como el Plan Bolonia destinado a perpetuar a la juventud en unos modelos estrictamente mercantilistas del conocimiento, la creciente discriminación de la mujer con unos salarios que en algunos sectores suponen el 60% del que cobra un hombre por realizar las mismas funciones, y con una Ley de Extranjería que criminaliza a los inmigrantes y los persigue hasta lograr su expulsión, atentando incluso contra las normas internacionales humanitarias que dicen defender en sus foros. La privatización de la sanidad, con el objetivo de convertir la salud en un lucrativo negocio, al que pretenden añadir ahora el copago, atenta contra derechos esenciales duramente conquistados.
El gobierno de Rodríguez Zapatero junto con las demás fuerzas del parlamento burgués (PP, UPyD, CIU, PNV...) han puesto a disposición de la banca 180.000 millones de euros, han añadido otra partida de 75.000 millones de euros para concentrar más el capital a través de la fusión de las cajas de ahorros, han incentivado a las multinacionales de la automoción, han negado fondos para perseguir el fraude fiscal que inspectores de hacienda han valorado en 50.000 millones de euros al año, han mantenido a las grandes fortunas en las SICAV tributando al 1 % mientras los asalariados lo hacemos al 24%, han rebajado los impuestos a las inmobiliarias, etc. Ese mismo gobierno es el que apuesta por la reforma laboral para facilitar la contratación en términos cada vez más esclavistas, el que ha propuesto el llamado “pensionazo” de elevar la edad de jubilación de los trabajadores de 65 a 67 años, y aumentar de 15 a 25 años la cuota del cálculo de la pensión, el que ha acordado disminuir el gasto social en 50.000 millones de euros en cuatro años, el que ha permitido que los bancos “roben” hasta 80.000 viviendas de familias trabajadoras el año 2009 por desahucios, el que tolera a las eléctricas el corte de los suministros eléctricos de las viviendas más pobres, se ha eliminado el impuesto d Patrimonio, el impuesto de sucesiones, etc. En resumidas cuentas, el hacer cargar sobre las espaldas de los trabajadores y las trabajadoras la supuesta salida a la crisis capitalista.
El intento de recuperación de la crisis mediante la explotación y la violencia se muestra en el terreno internacional con la participación, a través de la UE y la OTAN, en las guerras de devastación que está desarrollando el imperialismo. La decisión del gobierno Zapatero de sacar a las tropas de Iraq fue pronto superada con la política de alineamiento total con los intereses criminales del imperialismo y contra los pueblos que deciden defender su soberanía y sus recursos naturales. El reciente reforzamiento del contingente español en Afganistán con otros 500 militares o la anunciada venta del aeropuerto de Ciudad Real a una empresa militar privada de EE.UU con actividades en Iraq y Afganistán, son señas de identidad de un gobierno que subordina cualquier atisbo de soberanía al imperialismo euro-estadounidense.
La pertenencia a la UE, espacio donde se siguen generando las legislaciones básicas contra los sectores populares concentradas en el Tratado de Lisboa, determina y refuerza actuaciones políticas de reducción del gasto y de mercantilización de todo lo público, de liquidación de derechos laborales y de fascistización, xenofobia y racismo. Ese, y no el que venden los medios de comunicación, es el marco definitorio del actual semestre de presidencia española de la UE.
En el marco estatal, la Audiencia Nacional continúa la labor del Tribunal de Orden Público franquista persiguiendo con la Ley fascista de Partidos entre otras, a la izquierda más consecuente por su actividad política, al más puro estilo de la Inquisición. Anarquistas, comunistas, antifascistas e independentistas son tratados como herejes y engrosan la cifra de casi un millar de presos políticos en las cárceles españolas.
La negación del derecho de autodeterminación de los pueblos, la guerra sucia, la represión, la persecución de los militantes y dirigentes y la tortura se muestran como las garantes del mantenimiento de la “unidad nacional” en torno a la figura de Juan Carlos I, llegando al esperpento encarcelando a activistas y a representantes que centran su propuesta en una solución política en un escenario sin violencia, mientras la lucha popular avanza en contenidos unitarios sin precedentes.
El modelo de la Transición está agotado y con él la figura del rey a la cabeza. La constitución de 1978 que ampara el sistema económico y la estructura monárquica del estado son una rémora para el desarrollo de un proyecto auténticamente democrático, liderado por las mayorías populares y que se posicione en la defensa de la soberanía popular y la solidaridad entre los pueblos, y ese es el marco de la III República que cada vez está más próxima."
¡¡Contra la crisis capitalista y la Monarquía borbónica!!.
¡¡Contra la constitución antidemocrática de 1.978!!.
¡¡Por la soberanía popular y la autodeterminación de los pueblos!!.
¡¡Viva la III República!!
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Irán Consigue Impresionantes Logros Nucleares Pese a las Sanciones
Texto:
¡Ya basta Vanunu!
No ves que estamos ocupados.
Al-Manar
10/04/2010 La República Islámica de Irán es un país del Asia Occidental con una posición estratégica fundamental debido a su localización en Oriente Medio y Eurasia central.
Irán tiene ya una larga historia en la esfera de la literatura, la medicina, la astronomía, las matemáticas y las artes y el país ha conseguido impresionantes logros en el campo nuclear, a pesar de las sanciones, que limitan la cooperación con otros países en este terreno.
Irán mantiene una importante posición en el tema de la seguridad energética internacional y la economía mundial como resultado de sus grandes reservas de petróleo y gas natural. Es también un miembro fundador de la ONU, el Movimiento de los No Alineados, la Organización de la Conferencia Islámica y la OPEP.
Desde que la Revolución Islámica derribó el régimen del Shah a finales de los años setenta, las naciones occidentales han estado tratando de aislar a Irán, liderado tras la Revolución por el Imam Jomeini, mediante la imposición de una serie de sanciones contra el país. Sin embargo, el vigoroso pueblo de Irán no ha renunciado a su objetivo de convertirse en un país que domine la energía nuclear, pero no en uno con armas nucleares.
En abril de 2006 se dio el gran paso. El presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, anunció entonces que Irán se había unido al club internacional nuclear. Su anuncio se produjo después de que los científicos iraníes lograran enriquecer el uranio existente hasta el grado necesario para ser utilizado en un reactor mediante el uso de 164 centrifugadoras. “Éste es el resultado de la resistencia de la nación iraní. En base a las regulaciones internacionales, seguiremos nuestro camino hasta que logremos alcanzar un enriquecimiento de uranio a escala industrial,” prometió Ahmadineyad.
Él reiteró que el enriquecimiento se había realizado por propósitos puramente civiles y no militares. Los países occidentales, incluyendo EEUU, alegan, sin ninguna evidencia que lo respalde, que Irán busca la fabricación de “armas nucleares” o una “capacidad suficiente para poder conseguir armas nucleares”, acusación ésta que Irán niega.
El 13 de abril de 2006, un día después de que la secretaria de Estado de EEUU, Condoleezza Rice, pidiera al Consejo de Seguridad que aprobara “ciertos pasos” para inducir a Teherán a cambiar el curso en lo tocante a su programa nuclear, el presidente Ahmadineyad prometió que Irán no dejará de enriquecer uranio y que el mundo debe tratar al país como una potencia nuclear. “El derecho de la nación iraní a enriquecer uranio no es negociable.”
Desde entonces, los logros de Irán en el campo nuclear no se han detenido. Un año después de alcanzar el nivel de enriquecimiento necesario para abastecer su reactor, Ahmadineyad anunció desde Natanz que Irán se había unido al club de los países que poseen un enriquecimiento nuclear de un nivel industrial. Unas 3.000 centrifugadoras comenzaron a operar en la planta de Natanz, en el centro de Irán. Ahmadineyad dijo que, en unos plazos determinados, el gobierno iraní utilizaría unas 20.000 centrifugadoras para extender la capacidad nuclear a los terrenos de la medicina, la agricultura y la industria.
Él añadió que las potencias mundiales no pueden detener el impulso iraní para desarrollar un programa nuclear pacífico. Sin embargo, la presión internacional sobre el país continúa.
Aunque Irán es un país signatario del Tratado de No Proliferación Nuclear, que le da a los países signatarios el derecho a enriquecer uranio, la República Islámica ha llevado a cabo varias ofertas para un compromiso, como gesto dirigido hacia los países occidentales.
La Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) de la ONU ha recibido permiso para inspeccionar las instalaciones nucleares iraníes y nunca ha encontrado evidencias de un programa nuclear militar.
Entre las ofertas iraníes estuvieron la de hacer funcionar el programa nuclear de Irán como un consorcio internacional, con la plena participación de gobiernos extranjeros. Irán se ofreció también a renunciar a la tecnología de extracción del plutonio con el fin de asegurar que su reactor de agua pesada en Arak no pueda ser utilizado para fabricar bombas nucleares.
Más recientemente, los iraníes ofrecieron también hacer funcionar centrifugadoras de uranio que se destruyen automáticamente si son utilizadas más allá del nivel que se requiere para los propósitos civiles.
Irán anunció asimismo que puede producir combustible de cualquier nivel de enriquecimiento, “pero dijimos a los países extranjeros a través de la AIEA que preferimos conseguir el combustible necesario en el extranjero. Sin embargo, resultó claro que, desgraciadamente, ellos no estaban preparados para una interacción con nosotros,” dijo el jefe de la Agencia de Energía Atómica de Irán, Ali Akbar Salehi, en enero de 2010.
Él se refirió luego al plan para el intercambio de uranio por combustible entre Irán y los países occidentales diciendo: “Nuestra oferta está todavía abierta y estamos preparados para recibir combustible del extranjero.”
El Consejo de Seguridad, bajo la clara influencia de EEUU, quiere que Irán abandone su programa, pero la República Islámica insiste en que no suspenderá su programa de enriquecimiento de uranio. Irán, a través de su representante en el Consejo de Seguridad, ha subrayado que el mismo hecho de que el Consejo aborde el tema “carece de cualquier base legal o utilidad práctica porque el pacífico programa de la República Islámica no supone ninguna amenaza a la paz y la seguridad internacional.”
A nivel de la opinión pública, las encuestas muestran que la mayoría de los iraníes están a favor del programa nuclear de su país, incluyendo el desarrollo del ciclo completo nuclear y también creen, al igual que el Líder Supremo de Irán Ayatollah Ali Jamenei, que las armas nucleares son contrarias a las enseñanzas del Islam y, de este modo, Irán no puede adquirirlas.
La República Islámica ha conseguido más logros que han sorprendido a sus enemigos.
Más recientemente, el 9 de febrero de 2010 y según fuentes gubernamentales, Irán anunció que produciría uranio enriquecido hasta el 20% con el fin de atender a las necesidades de un reactor de investigación utilizado para producir isótopos médicos mediante el procesamiento ulterior de sus stocks de uranio enriquecido al 3,5%.
Dos días más tarde, durante las celebraciones en Teherán por el 31 aniversario de la Revolución Islámica iraní de 1979, el presidente iraní dijo: ¿Por qué piensan (los estados occidentales) que el 20% es algo tan enorme? Justo ahora en Natanz tenemos la capacidad de enriquecer uranio más allá del 20% y del 80%, pero debido a que no necesitamos hacer esto, no lo haremos. Si quisiéramos fabricar una bomba, lo anunciaríamos,” añadió.
Hoy en día EEUU está buscando nuevas y más duras sanciones contra Irán. Además, junto con Israel, está amenazando a Irán con un ataque militar.
La nueva política del presidente estadounidense, Barack Obama, reduce nominalmente los supuestos en los que EEUU podría utilizar armas nucleares. Dicha política estipula que Washington utilizaría sólo armas nucleares en “circunstancias extremas” y que no atacaría a los estados no nucleares que cumplan con sus obligaciones del Tratado de No Proliferación, pero Obama advirtió que podrían ser hechas excepciones con Irán y Corea del Norte.
El presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, advirtió por su parte a Obama de una “dura respuesta de las naciones del mundo” y condenó la nueva política nuclear de EEUU, que amenaza abiertamente a Irán. “Ten cuidado. Si sigues el camino de (George W.) Bush, la dura respuesta de las naciones será la misma que ellas dieron a Bush,” dijo el presidente iraní.
Teherán ha expresado su disposición a defender su programa nuclear a cualquier precio y advirtió a EEUU que “ninguno de sus soldados en la región volverán a casa vivos si Irán es atacado.”
Pese a las Presiones de EEUU, China y Rusia siguen Favoreciendo la Diplomacia con Irán
Al-Manar
14/04/2010
China ha señalado que favorece el diálogo para resolver la disputa en torno al programa nuclear de Irán, porque las sanciones no ayudarán a resolver el asunto.
“China cree siempre que el diálogo y las negociaciones son la mejor forma de tratar este asunto. La presión y las sanciones no pueden resolverlo,” dijo la portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Jiang Yu, el martes.
“Las acciones del Consejo de Seguridad deberían ayudar a dar un giro a la situación y resolver el asunto adecuadamente a través del diálogo y las negociaciones,” dijo Jiang a AFP.
Otro portavoz del Ministerio, Ma Zhaoxu, dijo que China todavía espera que sea posible un acuerdo entre las potencias occidentales e Irán, sin la aprobación de sanciones. “China espera que las partes continúan llevando a cabo esfuerzos diplomáticos y buscando vías efectivas para resolver el tema nuclear iraní a través del diálogo y las negociaciones,” dijo Ma a los reporteros.
Estos comentarios se produjeron poco después de que el presidente chino, Hu Jintao, y el presidente de EEUU, Barack Obama, mantuvieran conversaciones sobre este asunto en Washington.
Hu dijo que China reconocía “el igual derecho de todos los países al uso pacífico de la energía nuclear.”
Obama reconoció el martes que China no estaba “totalmente a bordo” en lo que respecta al intento norteamericano de aprobar duras sanciones contra Irán en lo que respecta a su programa nuclear.
Un día después de que la Casa Blanca anunciara que el presidente chino, Hu Jintao, había accedido a cooperar en la redacción de las sanciones contra Irán, resultó claro que China no había aceptado un compromiso. Hu accedió sólo a enviar a negociadores a Nueva York para conversaciones dirigidas a elaborar un borrador de sanciones, pero no aceptó en ningún momento presionar a Irán por esta vía.
En otra señal de los límites a la cooperación con EEUU en este tema, el presidente ruso, Dimitri Medvedev, dijo que Rusia no apoyaría sanciones “que castiguen al pueblo”, rechazó sanciones en el campo de la energía y precisó que, en todo caso, aquellas deberían ir dirigidas a favorecer la no proliferación.
Yukiya Amano, jefe de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, dijo a Reuters que estaba preocupado por la posibilidad de que Irán pueda reducir su cooperación con los inspectores de la agencia, si se aprueban más sanciones contra el país.
